Radio Progreso
Para los ojos del mundo, Honduras se ha convertido en sinónimo de impunidad, violencia, corrupción, narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado.
Para quienes vivimos en este país, dicho escenario representa la muerte violenta de 20 personas diarias que se ensaña principalmente contra los más vulnerables de la sociedad. Así, desde el año 1998 hasta la fecha se han registrado 7,400 asesinatos a menores de 23 años, de acuerdo con datos de Casa Alianza.
Sólo en el período del gobierno de Lobo Sosa se han registrado 2,090 asesinatos. Antes de junio de 2009 en que se da el golpe de Estado, se registraba un aproximado de 30 a 35 asesinatos mensuales de menores de 23 años y en el gobierno de facto de Roberto Micheletti las cifras aumentaron a 60 y 70. Una vez que Lobo Sosa tomó posesión de la presidencia, dichas muertes violentas se incrementaron a 90 mensuales.
Por otro lado, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia, entre enero y junio de este año se reportaron 278 muertes violentas de hondureñas, y ya en los primeros tres meses del segundo semestre el incremento pasó a dos crímenes diarios de mujeres.
Si siguen así las cosas, el año 2012 concluiría con un aumento de más del 30 por ciento con relación a 2011 cuando se registraron 512 femicidios. Para la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios, de 2005 a la fecha hay un crecimiento en femicidios de un 192 por ciento, lo cual resulta escandaloso e intolerable.
Frente a esta violencia que azota a la ciudadanía, la clase política sigue adoptando medidas perversas e inservibles que en muchas ocasiones sólo agravan la situación y sólo responden a un enfoque restrictivo de la seguridad ciudadana que privilegia la intervención de las fuerzas policiales y del sistema judicial, e ignora un enfoque amplio que requiere de medidas de garantía de otros derechos humanos como a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, entre otros.
Cualquier medida sobre seguridad ciudadana será un rotundo fracaso si no se centra en la construcción de mayores niveles de ciudadanía y en políticas públicas cuyo objetivo central sea la persona humana y el desarrollo humano.
Los hondureños y hondureñas no nos merecemos una clase política corrupta e inescrupulosa que utiliza la situación de violencia para generar el miedo suficiente con el fin de mantener sus privilegios y su poder.
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