miércoles, 28 de febrero de 2018

Policía Nacional intimida a campesinos de Potrerillos, Cortes



Por Riccy Ponce

La Policía Nacional intimida a campesinos afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de la comunidad de El Triunfo, municipio de Potrerillos, Cortés, así  lo denunciaron a defensoresenlinea.com pobladores de esa comunidad.
Esta es una población campesina muy bien organizada y afiliada a la CNTC, pero a partir del día 22 de diciembre de 2017 la Policía Nacional inicio una jornada de intimidación, ya que de forma constante, ellos penetran a la  comunidad.

En término de los últimos 59 días la Policía Nacional ha penetrado 15 veces y en algunas ocasiones con hasta 6 patrullas totalmente llenas de agentes policiales enmascarados y haciendo recorridos a pie por las calles de esa pequeña comunidad, lo que provoca nervios y miedo e intimidación a la población, agregaron los campesinos de la comunidad de  El Triunfo.

Los pobladores preocupados denunciaron que el día miércoles 14 de febrero la Policía Nacional nuevamente ingresó en dos  ocasiones en el mismo día, a las 10:00 am con una acción de exploración y levantando perfiles, ya que a Ovidio Ramos Paz lo interceptaron lo interrogaron acusándolo de ser parte de las personas que se toman las carreteras y a su vez fotografiándole su tarjeta de identidad.

La denuncia de los campesinos  finaliza diciendo que ese mismo día siendo  las 10:30 de la noche, nuevamente entraron 6 patrullas con policías fuertemente armados y encapuchados, y el día  miércoles 21 de febrero de 2018 siendo las 10:00  de la mañana ingresó a la comunidad un vehículo color blanco de la fiscalía a tomar fotografías de las personas y la comunidad.

Organizaciones exigen liberación de presos políticos


Rel-UITA
Foto: Cofadeh

Por Giorgio Trucchi

Lejos de resolverse, la crisis originada por el gigantesco fraude electoral denunciado por la alianza opositora sigue sumando más víctimas. Según un comunicado difundido por organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos serían más de 20 los presos políticos recluidos en diferentes centros penales
Un grupo de ocho organizaciones campesinas, sindicales, magisteriales y de derechos humanos comprometidas con la libertad, la integridad y la vida, conformaron recientemente el Comité Nacional por la Liberación de Prisioneros Políticos en Honduras.
De acuerdo con el planteamiento presentado ante medios nacionales e internacionales [1], el Comité exige la liberación inmediata de todas las personas que están encarceladas “por participar en las acciones de rechazo a la imposición de resultados electorales fraudulentos, y la juramentación de autoridades impostoras, ilegales e ilegítimas”.
A raíz de la crisis post-electoral, en Honduras se ha generado una situación sistemática de privaciones de libertad de opositores políticos y líderes sociales comunitarios.
Más asesinatos: Activistas bajo acecho
Hasta el momento, la represión ha dejado un saldo de 39 asesinatos por razones políticas, 22 presos políticos y 80 criminalizados judicialmente (datos Cofadeh).
En días pasados, el joven Luis Fernando Ayala, de 16 años, activista del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) en el municipio de Gualala, en el noroccidente del país, fue brutalmente torturado, mutilado y asesinado por desconocidos.
De acuerdo con un pronunciamiento de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras [2], el joven había participado activamente tanto en la lucha contra una concesión minera indefinida para la extracción de yeso, como en la protesta contra el fraude electoral.
En su más reciente informe [3], la organización británica Global Witness advierte que Honduras se ha transformado en el país más peligroso de la última década para quienes protegen la tierra y el entorno natural de la agresión del extractivismo.
Las casi 40 personas asesinadas en el marco de las elecciones fraudulentas también eran luchadores y luchadoras contra el continuismo y el modelo extractivista.
¡Los queremos libres! No para la persecución sistemática
Durante la actividad, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), dijo que el Comité surge también con el objetivo de “dar acompañamiento a los familiares de los prisioneros políticos para que no se sientan solos, ni desprotegidos”.
Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys) y miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, manifestó que se pretende crear y fortalecer una instancia técnica especializada que sepa atender todos estos casos.
“La problemática de los presos políticos no se resuelve solamente gritando ‘Fuera JOH’, sino estudiando cada caso, preparando la defensa que corresponde, sensibilizando la opinión pública nacional e internacional”, aseguró Reyes durante la conferencia de prensa [4].
El Comité dijo surgir en el peor momento del contexto hondureño, en medio de una estrategia internacional “de ataque político militar a la soberanía de países latinoamericanos, que utiliza al régimen impostor de Honduras como punta de lanza y base de una (posible) invasión”, se lee en el comunicado.
También lamenta que dicha estrategia sirva a engañar a la opinión pública nacional e internacional, asociando de manera malintencionada la resistencia y movilización popular contra el fraude electoral con bandas delincuenciales y el crimen organizado.
Tras casi tres meses de la realización de los comicios, Honduras sigue sumida en una profunda crisis.
Ante esta situación, el Comité Nacional hará uso de los mecanismos de denuncia y las estrategias de alianza con actores internacionales, “para movilizar las voluntades a favor de la disidencia social y política que está en peligro en las garras de la dictadura”.

Notas
[4] Realizado con material de Defensores en Línea

Otro pozo para Honduras



La historia del Aguán se cuenta de llegadas. La llegada de los primeros pobladores, la de la transnacional bananera, la de la reforma agraria. La de los centros regionales de adiestramiento militar contra insurgente, la del crimen organizado, la de los narcotraficantes, la del lavado de activos y ahora la del soborno político. Es decir, al Aguán llegamos todos y todas con intenciones distintas. Y lo curioso es que mientras en otras latitudes la gente migra, al Aguán siguen llegando. Hoy llegan campesinos y campesinas en busca de tierra, obreros en busca de empleo, saqueadores internacionales en busca de los bienes naturales y, por su puesto, narcos para hacer sus rutas y operaciones militares con su estela de sangre. Recientemente nos informan la llegada de un Pozo (cárcel de máxima) con las que se impone el miedo a los opositores al gobierno.
Solo a las mentes perversas en el gobierno se les puede ocurrir una cárcel como solución a una crisis de injusticia social como la que hay en el Aguán. Porque, en el fondo, y lo debe saber el mundo entero, no es la cárcel la que a ellos les importa, sino el terror que infunde y la impunidad que les permite la presencia de esos monumentos a la tortura para actuar contra los defensores de derechos humanos, opositores de su forma de gobierno, comunicadores sociales alternativos que se oponen a su pacificación violenta y corrupción desmedida. 

Son tan bestias que prefieren llevarle una cárcel a mi pueblo en vez de la universidad que siempre hemos exigido. Por años las jóvenes y los jóvenes abandonamos el hogar, pagamos alquiler, vivimos entre extraños, por que el Estado no ha querido cumplir con su obligación de ponernos una universidad en Tocoa. Muchos jóvenes se quedan sin estudios superiores, terminan como mano de obra barata aún con el potencial para ser profesionales exitosos o trabajando entre palmeras, y en el peor de os casos enfilándose en el crimen organizado por que sus esperanzas educativas no permiten otras opciones de superación. Pero para el energúmeno gobierno una cárcel de máxima impunidad - en la Tocoa de mis amores - sigue siendo más importante que la oportunidad de estudiar para los jóvenes de mi pueblo.

De fondo la propuesta de construcción de la cárcel en Tocoa responde a tener una excusa para negársela a los campesinos, un grupo que desde hace unos meses intentan reclamarla para procesos de reforma agraria. Esos mismos, que, en los últimos días, han sido parte permanente de la resistencia pacífica del Aguán en contra del continuismo que Juan Orlando impone. De manera que al saberlo sus opositores prefieren una cárcel de máxima impunidad para someterlos, a una tierra libre para trabajar y vivir con dignidad.

La responsabilidad de todos y todas en el Aguán - y de Tocoa en particular - es defender el territorio y no permitir la construcción de esa cárcel. Todos y todas debemos saber que esa cárcel destruirá la poca esperanza que nos queda. El partido Nacional es un asco cuando tiene el poder y esto debería ser suficiente elemento para convencer a los que todavía apoyan las acciones de ese partido que tienen que abandonarlo. Algunos se están quedando en evidencia, porque diciendo que aman a Tocoa hoy han salido en defensa de esta atrocidad que nos quieren imponer. Sin duda lo peor que le puede pasar a Honduras en su afán democrático es la existencia de este partido y ante la posibilidad de una sociedad civilizada y garante de derechos un nacionalista con poder es la peor amenaza a la humanidad. 

El amor a Tocoa y al Valle del Aguán nos exige coherencia. Se hace menester poner resistencia y defenderlo de esta vergüenza que se nos impone con el nombre de El Pozo III. Esa tierra de Zamora que ayer exponía el poder del narcotráfico y la muerte como una forma de gobierno debe, de ahora en adelante, ser la puerta a la sabiduría, la ciencia y el desarrollo humano que permite la educación de calidad con una universidad pública y competente y no, como quiere Juan Orlando, una cárcel de máxima impunidad en donde reina la muerte y se socava la esperanza.

Dirigente sindicalista denuncia persecución y amenazas a muerte



Por Riccy Ponce

Lino Hernández, tesorero del Sindicato de Trabajadores de la Fábrica Star S.A (SITRASTAR), con sede en El Progreso, Yoro, se vio obligado a renunciar a su cargo, debido al nivel de hostigamiento y persecución en su contra  que se agudizaron en las últimas semanas.

Lino Hernández anteriormente se desempeñó como presidente del sindicato y actualmente era el tesorero, cargo al que renunció recientemente por las amenazas a muerte que recibió días atrás.

“El lunes 12 de febrero (2018)  me hicieron amenazas directas, se me acercaron dos personas desconocidas que se trasportaban a bordo de una motocicleta y me dijeron que me cuidara o que mejor me perdiera de El Progreso”, denunció el sindicalista en comunicación con defensoresenlinea.com.

Hernández afirmó que “mis compañeros querían que yo siguiera en el puesto, pero ya había sido dos periodos presidente y creí conveniente no seguir en el cargo con los acontecimientos  que me han estado ocurriendo”.

El dirigente sindicalista dijo  a defensoresenlínea.com que el nivel de persecución es muy alto y se ha agudizado en los últimos días a través de cuentas falsas en redes sociales como Facebook,  visitas a su casa de camionetas extrañas, persecución dentro de la maquila donde  trabajaba por militares vestidos de civil afuera de la planta y presencia de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en su colonia, cuando nunca habían llegado a realizar operativos.

Hernández, agregó que su situación personal se ha agudizado en los últimos días  debido a la crisis política del país que  “el dictador de Juan Orlando Hernández ha implementado para desestabilizar las organizaciones  y el movimiento social, que se ha levantado en contra del fraude electoral que se fraguo el pasado 26 de noviembre”.

Asimismo añadió que “el año pasado tuvimos  350 despidos y que desde allí, ha venido   formando grupos de choque  al interior de la empresa en contra del sindicato, haciendo amenazas, calumnias  en contra de mi persona y el compañero Waldin Banegas”.

Según Lino Hernández, el mayor nivel de hostigamiento se hace a través de un perfil falso de Francisco Guard, donde se les informa a las personas y también a los militares donde viven y que la persecución no viene desde ahorita, pero que se ha agudizado en los últimos días.

La importancia del pensamiento crítico en el 2018: una visita a La dialéctica de la Ilustración

Rebelión

Por Alberto Betancourt Posada

El inicio del año nuevo anuncia retos difíciles para el movimiento popular: el ascenso de distintos tipos de fascismo; el hambre del minotauro global (una economía estadounidense que ha decidido aumentar competitividad mediante un incremento en su déficit fiscal); las presiones norteamericanas  para que Jerusalén sea reconocida como capital de Israel, aunque ello viole la legalidad internacional; la crisis nuclear en la península de Corea; y el reflujo de los movimientos político electorales que habían promovido la integración latinoamericana.  A ello debemos sumar la consolidación de un bloque histórico que promueve intensamente un sentido común ultraconservador. En ese contexto el pensamiento crítico puede jugar un papel muy importante en varios sentidos: puede ayudar a comprender procesos históricos complejos, construir alternativas y sobre todo tratar de influir positivamente en el curso de la historia viva. Por ese motivo considero importante revisitar un texto clásico: la dialéctica de la Ilustración de Teodoro Adorno y Max Horkheimer.

La enciclopedia editada entre 1751 y 1765, por Denis Diderot  y Jean Le Rond D’Alambert, prometió mejorar el mundo a través del conocimiento. El dueto de filósofos franceses publicó  17 volúmenes de La Enciclopedia, artefacto que propició el movimiento intelectual y político conocido como la Ilustración. Sus autores la concibieron como una máquina de guerra contra el despotismo y explicitaron el objetivo de cambiar la manera de pensar de los seres humanos. En la introducción D’Alambert planteó la intención de mejorar el mundo mediante el conocimiento útil. La audacia de los editores casi los condujo a la muerte. En 1752 un consejo discutió la posibilidad de condenar a muerte a los editores, aunque finalmente turnó el asunto a William Christian Lamoignon Malesherbes, censor del rey, quien, por simpatizar con la publicación, se limitó a nombrar censores especiales. Años más tarde, en 1784, Kant señaló: “La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. El mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Atrévete a saber”. 
Pero la promesa, de un pensamiento emancipador, no se cumplió. En el libro Fragmentos filosóficos de 1944, reeditado en 1947 como Dialéctica de la Ilustración, Max Horkheimer y Teodoro Adorno se preguntan: “Por qué la humanidad, encarrerada en un notable progreso técnico, en vez de alcanzar un estado más humano se hunde en la barbarie”. La Ilustración se propuso quitar a los hombres el miedo y convertirlos en señores, pero, afirman los pensadores alemanes, la Tierra resplandece bajo la luz de una calamidad. 
La racionalidad capitalista no nos ha conducido al paraíso soñado por la Ilustración. De acuerdo a Horkheimer y Adorno el iluminismo se convirtió en una promesa libertaria incumplida, que mutó en cruel positivismo, en un pensamiento patriarcal, autoritario, y un monoculturalismo que disfrazó el universalismo de su verdad en un esfuerzo por “vencer la superstición”. El positivismo desencantó la naturaleza, dejándola lista para ser explotada. El saber es poder. La ilustración devenida en religión se convirtió en un saber técnico que produjo amos. La Dialéctica de la Ilustración advierte de los peligros provocados por el la conversión del pensamiento en mercancía. El pensamiento que se somete a los poderes existentes. Muchos autores han ligado su pensamiento al poder económico, a los explotadores, lo cual ha propiciado el surgimiento de un pensamiento débil y una virtual renuncia a la posibilidad de una inteligencia al servicio del ascenso de la conciencia humana.  El cerebro humano ha producido cosas extraordinarias: máquinas, prodigios químicos y capacidad organizativa. Sin embargo, nos recuerdan Adorno y Horkheimer, la especie humana ha usado su inteligencia de una manera instrumental, para explotar a la naturaleza y a otros seres humanos. Nuestra especie ha usado su pensamiento para refinar sus formas violencia, la cual alcanza niveles tan extraordinarios que podría conducir a la autodestrucción de la especie humana  e incluso a la destrucción de la vida en la Tierra. Gisela Catanzaro ha dicho en su reseña del libro Marxismo tardío de Fredric Jameson que los autores de la Dialéctica de la Ilustración, plantean la necesidad de mantener la práctica de la lectura como estrategia de resistencia frente al pensamiento sin problemas. 
2018 nace cargado de retos intelectuales y políticos. El pensamiento crítico puede jugar un papel muy importante en el proceso histórico actualmente en curso, para evitar la autodestrucción, reencantar la naturaleza, conjurar el sufrimiento humano y superar una forma de organización del trabajo basado en la explotación. En ese contexto vale la pena revisitar a los clásicos y entre ellos, sin duda: la Dialéctica de la Ilustración. 
Pd. Escribo este texto en los linderos de la exFundidora Monterrey, que jugó un papel central en la construcción del alma de acero del capitalismo mexicano y en la conformación de un mundo bajo los designios patronales, pero también, en las luchas obreras contra el sindicalismo blanco y la lucha obrera por la democracia. 

La manipulación de elecciones de las derechas latinoamericanas



Por Flor Niti

La agencia de noticias Bloomberg efectuó una entrevista a un hacker colombiano, condenado por espionaje y alteración de campañas electorales. En Cómo un Hacker gana una elección (1) Andres Sepúlveda menciona como trabajó junto a J.J. Rendón en la manipulación de la opinión pública para que las derechas lleguen al poder en diversas elecciones.

¿Quién es J.J. Rendón? 

Según una investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en “Radiografía de dos asesores clave en la construcción de los liderazgos de las Derechas del siglo XXI” (2), Juan José Rendón es un asesor de las derechas que trabaja para gobiernos de América Central y el norte de América del Sur. Actualmente radicado en Miami, EEUU, es uno de los mayores enemigos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela según declaraciones del fallecido Hugo Chávez. Asimismo, J.J. Rendón, tiene lazos estrechos con Jaime Duran Barba, asesor estrella de Mauricio Macri. Durante 2014 Rendón fue acusado de recibir U$S12 millones de narcotraficantes para interceder ante el gobierno de Colombia. Por esta situación, renunció a la campaña por la reelección de Juan Manuel Santos y en 2016 EE.UU. le otorgó asilo político.

¿Cómo manipular las redes sociales? 

Los equipos de Sepúlveda como informa Bloomberg, trabajaron en las elecciones presidenciales de Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala y Venezuela. Peña Nieto, actual presidente de Méjico se menciona como uno de sus empleadores y se indica que el monto abonado en las últimas elecciones asciende a U$S600.000.

Según declara Sepúlveda, escribió un software, llamado Depredador de Redes Sociales, para administrar y dirigir un ejército virtual de cuentas falsas de Twitter. Con estas cuentas falsas podía dirigir las conversaciones masivas de Twitter y generar opiniones contrarias hacia un candidato o favorables a otro.

Actualmente la manipulación de la opinión pública no es solo de los medios masivos de comunicación, con la revolución de las redes sociales, es posible generar una opinión pública a partir de la interacción de miles de perfiles creados para este fin. Si se ingresa a los Trending Topic por ejemplo de Argentina, es posible ver como muchas opiniones favorables al gobierno de Mauricio Macri son por usuarios sin imágenes reales de personas, no obstante; gracias al uso de las mismas palabras un usuario real verá la información vertidas por estas cuentas ficticias.

Fallo contra Duran Barba en Argentina por manipulación en una elección 

En el año 2012 la jueza federal con competencia electoral Maria Servini de Cubría, procesó a Duran Barba y dos de sus asesores por violar el artículo 140 del Código Electoral. Este fallo fue por las elecciones para Jefe de Gobierno del año 2011, donde a partir de una encuesta ficticia se vinculó al candidato del FVP Daniel Filmus con el sindicalista Hugo Moyano, y Sergio Schoklender. En su fallo la jueza expresa que hay “una clara intencionalidad de sobrepasar el pequeño ámbito de la elecciones local de autoridades vecinales, para lograr influir en la intención de voto del electorado a nivel de la próxima elección presidencial” asimismo “Los nombrados organizaron y realizaron una campaña tendiente a inducir el voto mediante engaños, a una cantidad indeterminada de ciudadanos”.

La campaña fue enviada a unos 600.000 usuarios telefónicos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, asimismo la campaña fue acompañada por menciones en la red social Twitter. La justicia resolvió en forma posterior que la causa debía ir al fuero de la Ciudad de Buenos Aires y no al fuero nacional. La misma recayó en el fiscal interino de Buenos Aires Martín García Berro, ligado al ex fiscal general de Buenos Aires y actual Ministro de Justicia, German Garavano.

Los casos de Brasil, Honduras y Paraguay: Golpes palaciegos 

La construcción de subjetividad con los medios masivos de comunicación y las redes sociales no alcanzó a las derechas en algunos casos para obtener triunfos electorales. Las prácticas democráticas de estos países difieren en las formas, pero no en la efectividad. En los últimos años, gobiernos electos a partir del voto popular fueron destituidos mediante golpes institucionales. Sectores políticos alineados con las derechas y grandes empresarios utilizaron herramientas constitucionales para lograr deponer los gobernantes por políticos afines.

Notas:




martes, 27 de febrero de 2018

Berta Oliva: “Centros de tortura disfrazados de Cárceles manejado por las FF.AA”


Cárcel conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara

El gobierno de la República de Honduras presidido por el presidente Juan Orlando Hernández,  inició la construcción de cárceles de máxima seguridad, en la zona oriental, central y occidental de Honduras,  para  trasladar a los reos de mayor peligrosidad, según él, para solventar el problema de las cárceles sobre pobladas del país.

Los familiares que tienen algún ser querido recluido en alguno de los diferentes presidios  recién construidos no pueden entrar a verlos como antes lo hacían, si no que tienen que  llenar una serie de requisitos, además de eso tendrán que pagar la cantidad de 3,500  lempiras para obtener un carnet que después de comprada, su duración  es  de seis meses, luego tendrán que pagar la misma cantidad para volver a renovarla.

Es una burla para los hondureños que tiene un familiar recluido en dichos centros penales por cualquiera que sea el motivo, ya que es otro nuevo impuesto más  donde  tendrán que pagar 7,000  lempiras al año si quieren ir a  visitar a su ser querido, donde la mayoría son gente de escasos recursos.

Por otra parte las cárceles de máxima seguridad han sido el arma de las autoridades políticas  para  frenar la lucha que se emprendió después del fraude electoral del pasado 26 de noviembre, donde no se respetó la voluntad del pueblo y exigiendo su derecho a elegir salió a las calles a protestar.

La coordinadora del Comité de Familiares  de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, expresó que desde la Convergencia contra el Continuismo le han estado dando especial interés y especial seguimiento a temas de derechos humanos como es el tema de los presos políticos y de los asesinados políticos.

Berta Oliva  expresó que “el COFADEH  vio la necesidad para entrar en materia, para ir consolidando los espacios de trabajo por temas específicos y como ese tema se enmarca dentro del accionar del comité y además tenemos la representación legal de uno de los casos más emblemáticos que hasta ahora han registrado los privados de libertad, que es el caso de Edwin Róbelo Espinal”.

“Nos ha interesado ir viendo no solo en el acompañamiento legal sino también la parte de las condiciones de sus detenciones y  es impresionante ver como hacen una estrategia, también diseñada desde el Estado, para justificar sus acciones y vender imagen de respeto de derechos humanos a nivel internacional, que nos quedamos impávidas, agregó Oliva.

La  coordinadora del COFADEH agregó que hay leyes que  permiten a los y las defensoras de derechos humanos visitar y verificar las condiciones en las que se encuentran, pero estas leyes  no se cumplen.

“Tenemos una Ley de los Privados de Libertad donde las diferentes instancias e instituciones que hay, nos confiere dicha ley la potestad a las organizaciones de derechos humanos especialmente a defensoras y defensores de derechos humanos  que podemos hacer visita a los centros de detención el día que estimemos conveniente para auditar y verificar las condiciones de los privados de libertad”.

Oliva dijo a defensoresenlínea.com que  una cosa es que exista la ley y otra  que se cumpla.

“Hemos hecho  intentos de que la ley se cumpla de ir a visitar a  Edwin, en este caso quien está en el centro penal  conocido como La Tolva, ubicada en Moroceli, El Paraíso, que  ese no es un centro  penal, ni El Pozo  ni los demás no son centros penales, esos son centros de tortura manejados por las  fuerzas armadas y disfrazados de centros de detención o centros penitenciarios y como uno tiene la lógica de  que el centro  penitenciario es para que la gente pague algún delito cometido  y que cuando salga pueda reinsertarse en la sociedad”.

Ya suman 23 presos políticos recluidos en los diferentes centros penales del país, nombres de estos líderes y lideresas sociales que se encuentran recluidos por el hecho de defender la democracia del país ante un gobierno ilegitimo.

Dos mujeres  Privadas de Libertad en el Centro Penal de Tela
1.    Lourdes Johana Gómez Núñez.
2.    Aquilina Mejía Guerra
Dos Personas Privadas de Libertad En el Centro Penal de Moroceli, conocido como la Tolva
1.    Edwin Robelo Espinal
2.    Raúl Eduardo Álvarez
Nueve Personas Recluidas en el Centro Penal de la ciudad de El Progreso.
1.    Arles Saúl Cardona Saavedra.
2.    Gustavo Adolfo Cáceres Ayala.
3.    Jhony Andrés Salgado Fuentes.
4.    Dany Javier Banegas Reyes.
5.    Olvin Nahúm Villanueva Avilés.
6.    Omar Enrique Velásquez Yánez.
7.    Néstor Armando Almendarez Rodríguez.
8.    Marvin Antonio Godoy Arias.
9.    José Gabriel Godínez Avelar
11  Personas de Pimienta: Recluidos en el Centro Penal de Ilama conocido como el Pozo.
1.    Daniel Eduardo Santos Ordóñez
2.    José Orlando Santos Ordoñez
3.    Edwin Nahún Amaya Sánchez
4.    Maynor Ariel Reyes Mejía
5.    Roque Jacinto Alvarenga Corea
6.    Wilfredo Cáceres Sagastume
7.    Francisco Miguel Gómez Martínez
8.    Melvin Mauricio Chávez Pérez
9.    Jonathan Ricardo Perla López
10.    Santos Ramón Paredes Quiroz
11.    Argelio Pineda

Por amenazas de muerte renuncia sindicalista



El tesorero del sindicato de trabajadores y trabajadoras de la fábrica Star, SitraStar, ubicada en Zip Porvenir, El Progreso, Yoro, Lino Hernández, renunció a su cargo sindical y laboral por constantes amenazas a muerte. El hecho más reciente ocurrió el 12 de febrero cuando cuatro desconocidos en motocicletas lo interceptaron en la carretera que conduce de El Progreso a Tela, al norte de Honduras. 

Lino es fundador del primer sindicato de trabajadores en la maquila de El Progreso. En sus primeros 10 años, el sindicato ha logrado la aprobación de cuatro contratos colectivos, mejorando las condiciones laborales de casi dos mil empleados y empleadas. 

Lino, junto al presidente del sindicato Waldin Banegas han denunciado que son víctimas de amenazas, hostigamiento, persecución y vigilancia dentro de la empresa maquiladora y en sus propias casas. 

Los sindicalistas responsabilizan al dueño del parque industrial Zip El Porvenir, Nicolás Chaín, quien públicamente los ha acusado de organizar las tomas de carretera contra el gobierno ilegal e ilegitimo de Juan Orlando Hernández, y al grupo denominado de “choque” creado por los ejecutivos de la corporación Gildan. 

En reunión de emergencia, Lino notificó a la junta directiva del sindicato su renuncia irrevocable, lamentando la falta de seguridad y protección por parte del Estado hondureño. Ante las constantes amenazas los sindicalistas solicitaron ayuda al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos pero su solicitud aún está en proceso. 

Lino, fue obligado abandonar su casa junto a su familia para salvaguardar la vida. Es padre de tres menores y su esposa, víctima de amenazas, también renunció a su puesto de trabajo en la empresa Star. “Es una pesadilla lo que estamos viviendo”, expresó entre lágrimas asegurando que es difícil sobrevivir sin trabajo en una Honduras que no garantiza la vida de sus ciudadanos.

El SitraStar es el primer sindicato de la maquila en El Progreso, al norte de Honduras. Las amenazas contra los líderes se originaron desde su creación, debido a las denuncias por despidos injustificados, actos de corrupción y la situación precariedad laboral que viven los empleados de la industria maquiladora en Honduras. 

En el país unas 147 mil personas trabajan en la maquila, devengando un salario mensual de casi 7 mil Lempiras (290 dólares). Y tienen que trabajar 11 horas diarias para poder cubrir sus necesidades primarias. La mayor parte de la clase trabajadora son jóvenes mujeres, de estas el 80 por ciento son madres solteras. 

La libertad de asociación es un derecho fundamental que gozan las personas y consiste en agruparse como un colectivo para defender intereses comunes lícitos. Su expresión jurídica en el mundo laboral es la libertad sindical. En Honduras, la libertad de asociación se encuentra recogida en el artículo 78 de la Constitución y, específicamente, la libertad sindical está garantizada por el artículo 128 numeral 14 de la Constitución. Este derecho está amparado en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

El SitraStar ha denunciado las repetidas acciones que Gildan ha empleado para desintegrar el sindicato. La empresa despidió en 2017 a más de 350 personas base de la organización. Los sindicalistas aseguran que la empresa ha creado un grupo de choque que pretende desarticular el sindicato. “Responsabilizamos a esas personas por la vida de Lino y el resto de compañeros”, asegura Waldin Banegas presidente de SitraStar, quien sostiene que la salida de Lino es un duro golpe para la organización sindical en el país.

"No nos vamos a ir, solo muertos nos van a sacar"

ALBA SUD

Por Giorgio Trucchi

Lorenzo Aguilera
Foto: Amada Ordoñez | Conexihon

Los habitantes de Isla Exposición, en el Golfo de Fonseca, ambicionada por proyectos turísticos, viven pendientes de la amenaza de desalojo, Continuamos la cobertura del caso iniciada en el anterior reportaje, con una entrevista a Lorenzo Aguilera, poblador de la isla. 
Cuando, hace más de dos décadas, Fernando Tomé Abarca recibió en concesión del Estado de Honduras, Isla Exposición – una de las 13 islas que integran el Parque Nacional Marino “Archipiélago del Golfo de Fonseca” (PNMAGF) –, decidió contratar al señor Lorenzo Aguilera para que cuidara la isla y comenzara a trabajar en la limpieza de sus playas. “A mí me contrató a finales de los años 90 mi buen amigo Jonathan Espinoza, quien era el consuegro del señor Fernando Tomé Abarca. Cuando llegué por primera vez, la isla ya estaba habitada pero sus playas estaban como abandonadas. Había un gran espinero que imposibilitaba el acceso. Nos pusimos a trabajar, limpiamos todo y comenzamos a echar a andar pequeños proyectos productivos y de cría. Ahora tenemos vacas, ovejas y hasta logramos introducir venados, iguanas, garrobos”, explicó Aguilera a Alba Sud.
Lorenzo Aguilera, de 60 años, firmó un contrato de usufructo en el marco de la concesión otorgada a Tomé Abarca. Los últimos 20 años los ha pasado en la isla donde vive con su familia. “En mi familia somos siete personas. Nunca hemos tenido problemas. Siempre hemos trabajado y vivido en paz. Pero desde que, hace cuatro años, tomó posesión el nuevo presidente, Juan Orlando Hernández, no ha parado el hostigamiento. Aquí en la isla ha llegado la Fiscalía del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la República y hasta el comandante que está al mando de las Fuerzas Armadas en la zona sur. Ya por último llegó una jueza, acompañada por militares y policías, a decirnos que teníamos que desalojar”, dijo preocupado.
Entre 2014 y 2015, la PGR y el Ministerio Público presentaron dos demandas contra Tomé Abarca. Ante la presión, el titular de la concesión decidió solucionar el conflicto a través de una conciliación, aceptando devolver la isla a la Procuraduría. La jueza Iris Hernández, encargada del caso, resolvió poner Isla Exposición bajo la protección de la Guardia Naval y advirtió a sus habitantes que tenían cuatro meses para abandonar el lugar. El plazo venció el pasado mes de enero y en cualquier momento podría darse el desalojo. 
“Como que fuéramos delincuentes”
“Somos personas humildes y de bajos recursos. Mi familia y yo hemos invertido lo poco que teníamos para poder limpiar las playas y desarrollar los proyectitos que nos dan de vivir. Todo el mundo nos conoce y sabe que somos personas honradas, que vivimos de nuestro trabajo. Nunca le hemos hecho daño a nadie. Ahora llega esta gente y pretende sacarnos como que fuéramos delincuentes”, lamentó Aguilera.
En 1999, el Parque Nacional Marino, ubicado en la jurisdicción de los municipios de Nacaome, Amapala y Alianza en el sur de Honduras, fue declarado por el Congreso Nacional como un área natural protegida. En estos tres municipios se instalará la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudad modelo. Según organizaciones locales, como el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida) y la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), que defienden el territorio y los bienes comunes de la voracidad del gran capital nacional y transnacional, detrás de la ofensiva judicial existiría una trama oculta para entregar las islas que integran el PNMAGF al capital turísticos transnacional. Este plan afectaría a unas 70 personas que viven en la Isla Exposición y a cientos más que pueblan otras 5 islas y parte de la península de Zacate Grande (vea aquí el reportaje completo). 
Lo mismo de siempre
“Dicen que van a abrir un parque zoológico, que van a traer elefantes y osos. Me parece una locura y me resisto a creer que haya alguien tan desquiciado que esté pensando en hacerlo. La verdad es que se está repitiendo lo de siempre: los ricos y famosos de Honduras y el gran capital transnacional quieren apropiarse de tierras y playas donde vivimos los pobres, para gozar de forma exclusiva de las bellezas naturales y montar sus negocios. Ya controlan varias playas, prácticamente las tienen privatizadas. Con esto de la ZEDE va a ser peor. Se van a llevar todo”, advirtió Lorenzo Aguilera.
La mayoría de las personas que viven en la Isla Exposición tiene más de medio siglo viviendo en el lugar. En la isla han nacido, se han criado. Cerca de sus humildes casas descansan los restos de sus padres y demás seres queridos. Tienen un arraigo muy fuerte. Además, no tienen adonde ir, no tienen alternativas.
“La isla queda sólo a unos 15 minutos de lancha del Coyolito. Después de tanto trabajo y tantos sacrificios pudimos garantizar el acceso y el aprovechamiento de La Playona, una de las más lindas playas de la zona. Para año nuevo llegaron más de 100 lanchas cargadas de personas que venían a disfrutar del lugar. La gente aprovecha de estos momentos para vender pescado y otro tipo de alimento, y con esto se ayuda. Lamentablemente, quienes han puesto sus ojos en la isla piensan en un turismo para ricos, y no para el pueblo pobre del Golfo de Fonseca, que se va a hundir más en la miseria”, manifestó Aguilera.
Para él, la única solución es resistir. “Ya uno de mis hijos no aguantó la presión y decidió irse ‘de mojado’ a los Estados Unidos. Y ahora cayó preso. He hablado con las demás familias que viven en la isla y hemos coincidido en que de aquí no nos vamos a ir. Sólo muertos nos van a poder sacar. Vamos a necesitar del apoyo de las organizaciones amigas y de la gente para que respalden nuestra lucha por la vida”, concluyó Lorenzo Aguilera.
Este artículo se publica en el marco del proyecto «El Objectius de Desenvolupament Sostenible i el turisme: estratègia d’educació per al desenvolupament», ejecutado por Alba Sud con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (convocatoria 2017).


U.S.-Trained Police Are Hunting Down and Arresting Protesters Amid Post-Election Crisis in Honduras



Por Sandra Cuffe

It was the middle of the night when they broke down the door. The children, aged 3 and 6, and their parents were all fast asleep in their home in Pimienta, a town 18 miles south of San Pedro Sula, in northwestern Honduras.
“They arrived at three in the morning,” said the mother of two whose home was raided. U.S.-trained and supported special forces agents, known as TIGRES, as well as criminal investigation officers searched the family home, flipping over the beds and ripping pillows apart while she and her children watched. Her partner had already been handcuffed and taken outside.

“My kids were frightened and crying,” she told The Intercept outside a San Pedro Sula courthouse. “They treated us like criminals, pointing their weapons at us.”

According to Honduran law, search warrants should only be executed between 6 a.m. and 6 p.m., but there have been numerous reported cases of nighttime raids by security forces over the past several months, as the Honduran government cracks down on protests against the contested elections that delivered the presidency to incumbent Juan Orlando Hernández in November.

The Honduran Secretariat of Security claims that the raids and arrests in Pimienta were conducted legally, based on reports from the community, covered by arrest warrants, supervised by a prosecutor, and carried out during the hours allowed by law. Bulletproof police vests and looted items were confiscated during searches, a spokesperson for the Secretariat wrote in response to questions from The Intercept.

Yet all of the accounts of the raids and arrests from Pimienta residents and witnesses tell a different story: nighttime and dawn raids, terrified children, and TIGRES involvement. Some residents were told there was a search warrant and others weren’t, but no one remembered seeing one.

All in all, security forces carried out 10 raids in the early hours of December 26 and arrested 11 Pimienta residents on charges related to property destruction and assault on police officers in the context of protests against election fraud.

TIGRES special forces have been controversial since their founding in 2013, and their short history has been dogged by allegations of theft and corruption involving drug traffickers. Trained in Honduras and in the United States by Green Berets from the 7th Special Forces Group (Airborne), the TIGRES receive substantial support from the U.S. State Department. And they have been active participants in government repression during the current political crisis in Honduras.

Hernández was sworn in for his second term on January 27, two months after the November 26 general elections were marred by widespread reports of fraud. An early 5-point lead favoring opposition candidate Salvador Nasralla evaporated after the election data transmission system went offline for hours. Observers from the Organization of American States documented a host of irregularities and refused to endorse Hernández’s victory, claiming it was impossible to have any certainty about the outcome.

Within days of the elections, opposition supporters took to the streets around the country, defying a state of exception and curfew to protest election fraud. The rallies, marches, and highway blockades that rocked the country for two full months still continue here and there.

The government response has been an ongoing violent state crackdown, with security forces opening fire on protesters on multiple occasions. More than 35 protesters and bystanders have been killed by security forces and other unknown perpetrators, hundreds injured, and more than 1,000 detained. At least 22 people remain in jail in different parts of the country on charges related to protests.

The Trump administration has supported Hernández — a longtime U.S. ally in the region — as the victor of the election, and security assistance continues to flow. The State Department issued a certification back in November, two days after the contested election, allowing Honduras to receive millions of dollars of aid that was conditioned on progress with regard to human rights and corruption.

“El error más grande de los progresismos fue no haber tocado la riqueza"



Por Raphael Sanz

El año termina en todo el continente con enormes retrocesos para la clase trabajadora de nuestros países. Macri y Temer profundizan ajustes y aceleran mega-proyectos de minería y soja en sus países, Chile por su vez ve un aumento en la intensidad de su consolidado modelo neoliberal y Venezuela sigue inmersa en una grave crisis. En el campo y en la ciudad, el avance de las derechas y la incapacidad de las izquierdas en articularse son factores importantes de esta coyuntura. Sobre estas cuestiones y la perspectiva de las luchas populares, entrevistamos a Raúl Zibechi, periodista y analista político uruguayo que estudia los movimientos sociales de todo el continente desde hace 20 años.
-Correio da Cidadania: En setiembre de 2016 traducimos un artículo tuyo aquí en Correio titulado “El escenario regional después de Dilma”, en el cual afirmabas que el cierre del ciclo progresista en Brasil tendría una especie de efecto dominó en toda América Latina. ¿Qué opinas hoy?

Raúl Zibechi: Sin dudas vivimos un proceso de derechización muy fuerte en todo el continente. Ese proceso de derechización, a mi modo de ver, comienza con las protestas masivas de junio de 2013 en Brasil, porque la izquierda no fue capaz de comprender que había una demanda de la sociedad por más igualdad y democracia, y así dejó el campo libre a la derecha.

Después vino la derrota de Kirchner en Argentina y el triunfo de Macri. Y luego un proceso de cambio fuerte en Ecuador, donde a pesar de que ganó el partido de Correa (Alianza País), Lenin Moreno hace un giro, primero contra Correa y todavía no se sabe si hacia la derecha o no.

Pero si, podemos decir que el progresismo ha llegado a un límite. Incluso en un país como Venezuela es evidente que el proceso de gobernabilidad tiene muchas dificultades y son los sectores populares los que están enfrentando estas dificultades.

Finalmente tenemos la situación actual en Honduras que muestra también que hay una fuerte presencia de la derecha que es quien esta gestando este fraude electoral.

Esta ofensiva de la derecha tiene dos partes. Por un lado, el ascenso de una nueva derecha, mucho más militante, mucho más activa en las calles como es el caso del Movimento Brasil Livre (MBL) y de la Escola Sem Partido (ESP) en Brasil. Por otro lado, es una derecha que se aprovecha de las debilidades de la izquierda. La izquierda no fue capaz de tomar la ofensiva contra la derecha y sus medios de prensa, contra la estructura social y económica que favorece al gran capital. Y de ese modo dejó el campo abierto para la ofensiva que estamos viviendo.

-Correio da Cidadania: ¿Qué defines como “modelo extractivista” y cómo este modelo contribuyó para la derrota de los gobiernos progresistas?

Raúl Zibechi: El extractivismo es un modelo económico, político, social y cultural, no solo económico. En el terreno económico consiste en la transformación de los bienes comunes – el agua, la vida – en mercancías. Se puede definir como un proceso de hegemonía del capital financiero y la acumulación por despojo, o sea, robo.

El extractivismo es el robo de los bienes naturales y el principal efecto social es que destruye las relaciones sociales. Destruye el tejido social y comunitario.

Al destruir el tejido social y comunitario este modelo genera un reposicionamiento de las clases medias, altas y de la burguesía; una despolitización de los sectores populares que son integrados a través del consumo – el consumismo despolitiza y desorganiza – y de esa manera contribuye a los dos aspectos principales de la coyuntura actual que es la ofensiva de una nueva derecha y a un debilitamiento muy profundo del campo popular, o sea, de los movimientos sociales.

Esas dos razones tienen mucho que ver con el triunfo del modelo extractivo.

-Correio da Cidadania: ¿Cuál fue la responsabilidad de los gobiernos progresistas en la formación de la alianza entre elites y clases medias, especialmente en Brasil y Argentina?

Raúl Zibechi: Yo creo que la alianza entre las clases altas y medias es una alianza política para la lucha de clases vista desde la derecha. Ésta aprendió que tiene un enemigo.

Hoy en Brasil ese enemigo, por ejemplo de la Escola Sem Partido, son los profesores, los docentes – es Paulo Freire en concreto y todo lo que sea la politización de la pedagogía. El MBL también tiene sus enemigos. Mientras que el PT, por ejemplo, en ningún momento fue capaz de decir “éste es mi enemigo”. Lula siempre decía que “Brasil no tiene enemigos”. Y su gobierno tampoco los tenía. Entonces Lula negociaba con la Red Globo, y finalmente la Globo jugó un papel importante en el derrocamiento de Dilma.

El hecho de no distinguir un enemigo implica que no hay una organización para luchar contra ese enemigo. No hay un objetivo político determinado. Lula se planteó gobernar sin conflicto, sin lucha de clases, negociando permanentemente y eso funcionó mientras la economía crecía. La economía comenzó a tener problemas cuando el ciclo de las commodities se terminó y ahí tendrían que haberse realizado cambios profundos, estructurales.

Al final de cuentas, el “milagro lulista” y el de los otros progresismos latinoamericanos, consistió en “mejorar” la condición de los pobres, sin plantear reformas estructurales. Entonces, cuando se el ciclo de los precios altos de las commodities finaliza, no queda más margen para seguir “mejorando” la situación de los pobres sin tocar la riqueza. Y ese es el paso que ni el lulismo, ni el kirchnerismo, se atrevieron a dar, porque afectarían los intereses de la burguesía, del capital financiero y del agronegocio. De hecho, hasta el último día, el agronegocio integró el gobierno de Dilma. Y eso quiere decir que había una apuesta a seguir profundizando el modelo extractivo sin atacar los intereses de las elites.

Eso ha generado una grave crisis política, por la cual el PT y el kirchnerismo, no han sido capaces de indicarle a los sectores populares quien es el enemigo. En ese sentido, si miramos medio siglo atrás, por ejemplo la última carta de Getúlio Vargas, cuando se suicida, claramente designaba un enemigo. Perón y Eva Perón también fijaban un enemigo. El imperialismo, la oligarquía y sus aliados...El no presentar un enemigo dice que estás renunciando a la lucha. Y no se puede vivir en el mundo sin combatir, sin luchar.

Las fuerzas políticas de izquierda o centro-izquierda que no luchan contra un enemigo quedan atrapadas por las fuerzas políticas y sociales que si definen un enemigo. La derecha, el capital, si lo hacen. .

-Correio da Cidadania: ¿Qué tienen en común las luchas populares de hoy?

Raúl Zibechi: Yo creo que lo común es que luchan contra el extractivismo y la hegemonía del capital financiero sobre sus vidas.

Los Mapuches contra las empresas forestales en Argentina, los estudiantes en Brasil contra el modelo neoliberal aplicado a la educación, los indígenas ecuatorianos y bolivianos y los campesinos paraguayos contra el agronegocio y la minería. Contra los fondos de pensión privados en Chile. Es decir, son luchas que enfrentan al capital financiero transnacional en sus diversas formas de explotación/expoliación.

Entonces, lo que están indicando estos movimientos sociales es que para construir un futuro colectivo, primero hay que derribar el modelo neoliberal, financiero, extractivo. Y ese modelo no se puede derribar desde los gobiernos, desde la institucionalidad. Se tiene que derribar desde abajo, en la calle.

Eso implica que los sectores populares, para poner fin al modelo neoliberal, deben movilizarse en las calles y poner en cuestión la gobernabilidad burguesa. Igual sucedió durante los ciclos de las luchas antiprivatizadoras, cuando la gobernabilidad neoliberal fue desestabilizada. Aunque ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Venezuela, el proceso haya culminado en una nueva fase. Por eso, hay que poner en cuestión la gobernabilidad actual. Esto no se puede hacer de forma “gradual” desde los gobiernos, hay que realizarla de forma combativa en la calle.

Ustedes, en Brasil, saben muy bien que las medidas reaccionarias de Temer (apoyado por todo el parlamento y los poderes mediáticos), no se pueden neutralizar desde la institucionalidad. Si mañana otra vez gobernara Lula, las contrarreformas no se van a anular. Solo las puede anular una lucha popular masiva y en la calle.

-Correio da Cidadania: ¿Podemos afirmar que las destituciones de Lugo en Paraguay y Zelaya en Honduras, fueron una especie de laboratorio para esta retomada de la hegemonía derechista en países centrales como Brasil y Argentina?

Raúl Zibechi: Es probable que sí. Y es probable que los casos de Paraguay y Honduras – con Lugo y Zelaya – hayan sido laboratorios para destituir gobiernos democráticos, sin sacar los tanques a la calle, como eran los clásicos golpes de Estado. Entonces lo que hay en común por ejemplo con el caso de Brasil es activar, poner en juego mecanismos constitucionales, legales pero no legítimos, para derribar o cambiar un proceso político.

Es imposible saberlo porque la burguesía internacional no lo dice claramente, pero es muy probable que podamos pensar que los casos paraguayo y hondureño, en la medida que fueron exitosos, sean un “modelo” para otras burguesías.

-Correio da Cidadania: ¿Qué tipo de elites se está apropiando del poder? ¿Estás de acuerdo con el término de “lumpenburguesía” dado por el economista argentino Beinstein?

Raúl Zibechi: Para comprender esta situación hay que tener en cuenta que el mundo está viviendo un cambio hegemónico muy profundo. Y ese cambio implica que las viejas burguesías ya no tienen la fuerza o la capacidad de articular a la sociedad, como tuvieron en su momento.

En ese periodo de transición, parece que surgen sectores oportunistas. Como decía Fernand Braudel, que caracterizaban a la burguesía como una ave de rapiña, que aprovecha el momento para capturar su presa. Y ahí tenemos personajes muy curiosos, como el Movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri y otros que realmente no vienen de la burguesía de los viejos políticos del DEM (Demócratas), de PMDB (Partido de Movimiento Democrático Brasileño) o los tucanos (Partido de la Social Democracia Brasileña) Y aunque dialoguen con ellos, no se puede decir que vienen del mismo lugar.

Es el mismo en el caso de Macri, que viene de una burguesía que nace al amparo de los negocios del Estado. Es otro tipo de fracción dominante y es probable que eso lleve a una ampliación de las clases dominantes, con elementos que podrían caracterizarse como “lumpemburguesia”, que crecen a la sombra del Estado y ligados a la corrupción o a negocios muy dudosos.

Y la izquierda no es muy ajena de este proceso, ¿verdad? Si miramos el caso de Odebrecht y de los hermanos Batista en Brasil, vemos una alianza entre esta nueva burguesía y el gobierno del PT. Una burguesía oportunista, no es la clásica burguesía especializada en un sector productivo; sino una burguesía oportunista que aprovecha los momentos. Y bueno, si, probablemente tenga razón Beinstein. Estamos en un proceso de transición también en el terreno de las clases dominantes.

-Correio da Cidadania: En tu artículo “El fin de las sociedades democráticas en América Latina” (Correio da Cidadania, 26-10-2017), posicionas cuatro puntos que argumentan lo que llamas de erosión de las bases culturales y políticas de las democracias. Entre esos puntos, destacas en el cuarto: “nosotros que queremos derrotar el capitalismo debemos tener en cuenta que el sistema se está desintegrando y también que nuestro activismo ha estimulado la ascensión de los gobiernos derechistas”. ¿De qué manera es posible notar esta desintegración capitalista en un momento cuyos analistas, de izquierda inclusive, apuntan hacia una mayor consolidación del mismo?

Raúl Zibechi: Por un lado se puede ver la crisis de desintegración del sistema a través de las crisis de las democracias. Por ejemplo el triunfo de gobiernos como el de Trump. O mismo lo que está sucediendo en Honduras. En el Brexit. En la reacción española con respecto a la independencia de Cataluña, y así tenemos muchos síntomas de esto.

Un síntoma claro es lo que Benstein apunta como la “lumpemburguesia”. Otro es que hoy los territorios no pueden ser gobernados sin narco y sin femicidios. Hay que entender el narcotráfico y el femicidio como una forma de gobernar, en el sentido de Foucault, de controlar a cielo abierto a los sectores populares cuando el panóptico ya fue desbordado desde abajo. Entonces me parece que aquí hay todo un terreno de análisis muy importante porque la crisis del panóptico y la crisis del fordismo y del Estado-Nación tienen mucha relación con este periodo de transiciones caóticas que estamos afrontando.

Yo creo que para comprender la desintegración de las sociedades hay que ver la situación actual comparada con lo que se vivía en nuestros países hace cincuenta años. En los 60, una favela era completamente diferente de lo que es hoy. Y las periferias urbanas de América Latina eran completamente diferentes.

Hoy, la mitad de la población bajo el modelo financiero extractivo no tiene derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, simplemente no tiene derechos. Tiene beneficios. El Bolsa Familia no es un derecho, es un beneficio. Y la diferencia de ser un ciudadano con derechos o ser un excluido con beneficios está marcando desde abajo la diferencia entre esos dos periodos, uno de cierta estabilidad en el sistema y otro periodo de desintegración sistémica, él que estamos viviendo.

-Correio da Cidadania: Aprovechando esta respuesta, ¿podemos decir entonces que el femicídio, el narcotráfico y la violencia en general son formas de control social, especialmente en Brasil, un país que llega a 60 mil homicidios por año?

Raúl Zibechi: Es importante ver que tanto el panóptico, como el fordismo fueron desbordados por los trabajadores y por los sectores populares. Las formas de control anteriores fueron desbordadas desde abajo. Y por eso yo digo que nosotros hemos jugado un papel en la crisis actual.

No creo que el panóptico haya caducado por razones tecnológicas, ni el fordismo. Fue la lucha que les neutralizó. Entonces, hoy en vez de fordismo, tenemos automatización. Robots en las fábricas de automóviles.

Y ahí lo que aparece es que la reorganización del capital se le asigna a las ONGs un lugar para jugar ese papel de control una vez que el panóptico fracasa. Y cuando digo panóptico, digo “familia, escuela, cuartel, fabrica y iglesia” a lo largo de toda la vida. Espacios de encierro y de disciplina. Entonces, en el momento que estamos es que la burguesía tiene, o busca, una gama muy amplia de formas de control que abarquen las personas que rompieron con el panóptico.

Las ONGs son una forma, otras es el endeudamiento de que hablaba Deleuze y que hoy en Brasil juega un papel muy importante – el endeudamiento es una forma de disciplinar y de controlar. Los femicidios, el narcotráfico y la Policía Militar, por supuesto, hacen el control por el miedo y la violencia. Hay una gama amplia de formas de control y la burguesía las está buscando ampliar a través de la inteligencia artificial, del rol cibernético, las nuevas tecnologías; y apagando experiencias como la educación popular de Paulo Freire.

La burguesía está buscando en muchos sentidos formas nuevas de control porque los partidos de izquierda y los sindicatos fueron también formas de control. De encausar la lucha popular e impedir que ocurran desbordes, en ese sentido el PT fue muy importante en Brasil. Pero cuando esos partidos y sindicatos empiezan a fracasar, aparece una multiplicidad de formas de control, para buscar evitar que los sectores populares se autonomicen del capital y del Estado.

-Correio da Cidadania: Pensando en esta crisis de los partidos y sindicatos, ¿cómo entra la cuestión de las ONGs como centros del activismo moderno?

Raúl Zibechi: Hay un modelo de ONG que es el de George Soros. Este modelo viene a tomar las mismas consignas de la izquierda, tomar las formas de acción y organización de la izquierda y de los movimientos sociales, para neutralizarlos. Las ONGs y el proyecto de Soros son como introducir un virus en las luchas populares.

Eso porque constituyen organizaciones que aparentemente son para la lucha pero lo que buscan es neutralizar la lucha. Esto genera una enorme confusión. Hay un sabio que dijo una vez que es más fácil salir del error que de la confusión. Y la burguesía a través de las ONGs y de movimientos confusos está introduciendo la confusión en el campo popular. Y esa confusión es muy potente y poderosa, abarca sectores que nunca imaginamos que iban a ampliar.

En Brasil, parte de esta confusión puede ser ilustrada por la organización “Fora do Eixo” de Pablo Capilé. No es un movimiento popular, ni social, ni político. Es una creación artificial hecha por las elites, en este caso progresistas, pero en el mismo sentido que las hacen Soros, para derribar la lucha popular cuando ya el sindicato y el partido no alcanzan para organizar a los jóvenes que están fuera de las organizaciones.

Esto es importante. En la época de Lula, hace cuarenta años, los jóvenes eran obreros y se organizaban en sindicatos, en comunidades eclesiales de base, en el PT y el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra). Hoy en día, hay una grand franja de jóvenes que están fuera de cualquier organización. Entonces hay una disputa de sentido para poder organizarlos. Y en ese sentido, el Fora do Eixo y el MBL juegan el mismo papel, cada uno, obviamente, para el lado donde, desde arriba, fueron concebidos.

-Correio da Cidadania: ¿Es posible un fortalecimiento de las resistencias que se opongan contundentemente a estos avances para 2018?

Raúl Zibechi: Sin duda hay condiciones para un fortalecimiento de las resistencias porque la ofensiva de las derechas es muy dura.

El caso de Ecuador se puede repetir en otros países. En Argentina hay un aumento de las luchas, en la mayoría de los países tenemos una situación de tensión muy fuerte porque los sectores populares rechazan reformas que proponen la derecha.

Pero aquí surge un problema: en el seno de estas luchas hay dos tendencias. En Argentina y en Brasil sobre todo. Hay quienes luchan para derribar las reformas de la derecha y hay quienes luchan para que vuelvan Cristina Kirchner y Lula al gobierno.

He observado en Brasil que la CUT (Central Única dos Trabalhadores) frena las luchas porque el objetivo no es derribar a Temer, sino sangrar a Temer para que pueda ganar Lula. Lo que quiero decir es que aunque hay condiciones para que haya un fortalecimiento de las luchas, también hay problemas internos dentro del campo popular que pueden desviar la lucha hacia el terreno electoral nuevamente.

-Correio da Cidadania: Concluyendo el pensamiento sobre el modelo extractivista y las luchas populares, ¿cómo ves la situación en la región amazónica, donde vemos la minería y sectores hidroeléctricos en verdadera ofensiva sobre territorios indígenas, cubiertos por las pretensiones de un de los ejes del plan IIRSA?

Raul Zibechi: Los pueblos indígenas son nuevamente la vanguardia de la lucha contra el modelo extractivo. No solo los indígenas, pero todos los pueblos originarios: ribeirinhos, pescadores, quilombolas, todos los pueblos originarios están interesados en derribar el modelo neoliberal. Y en este periodo empieza a surgir un nuevo actor político que son los pueblos afros, los negros. Y la lucha negra, en los quilombos rurales y urbanos, está empezando a jugar un papel también importante en estas resistencias.

Creo que al extractivismo se lo derrota localmente. La lucha contra la hidroeléctrica de Belo Monte, es en Belo Monte. No puedes luchar contra el extractivismo en el Palacio do Planalto, tienes que derrotar el extractivismo en cada uno de los lugares.

Como fue la lucha contra el fordismo de la clase obrera. Era en la fábrica. Bueno, entonces creo que estos actores, estos sujetos sociales y políticos son los que están cuestionando a fondo el modelo extractivo, las obras de la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), todo el proyecto de hidroeléctricas, de minería y de soja pues son los que están más afectados por ese modelo.

Y también los movimientos que vienen de las periferias urbanas y de las populaciones de las favelas tienen un interés objetivo en luchar juntos. No juntos en la misma organización, sino de confluir en mismo objetivo. Por ejemplo, los habitantes de la Favela Alemão en Rio con la Ocupa Alemão; y los Munduruku en el Tapajós, o los que viven en la Volta Grande del Xingu, tienen los mismos intereses en derribar este modelo. Y sus luchas van en la misma dirección.

-Correio da Cidadania: ¿Qué está puesto para nuestro continente en el próximo período?

Raul Zibechi: A diferencia de lo que opinan los politólogos que creen que lo principal es echar a la derecha de los gobiernos, yo creo que lo fundamental es derribar el extractivismo. Porque este modelo es lo que está dañando a los sectores populares de la ciudad y del campo. Y es lo que está facilitando con que las derechas hayan regresado a los gobiernos y sigan ahí. En mi opinión la tarea principal del próximo periodo es organizar las fuerzas para derrotar el modelo extractivo de la misma manera que se luchó contra el modelo de las privatizaciones.

Imagino los próximos años luchando fuertemente en cada uno de los lugares contra este modelo. Contra la ferrovía de Carajás, contra las 300 hidroeléctricas que se quieren hacer en la Amazonia, la soja y todo lo que son los productos transgénicos, contra la violencia policial en las ciudades y por ahí va. Esta es la lucha principal que creo que nos van a ocupar en los próximos años.
Traducción de Raphael Sanz / Edición de Ernesto Herrera (Correspondencia de Prensa)

Latinoamérica rezagada en la lucha contra el asbesto



El control al uso del asbesto es una de las cuotas pendientes en Latinoamérica, donde solo seis países han vetado este material natural, altamente cancerígeno y que también afecta al medioambiente, según varios estudios de la OMS y de convenios internacionales que urgen a evitar su producción.

Chile, Argentina, Uruguay, Perú, República Dominicana y Brasil hacen parte de los 75 países, incluidos los de la Unión Europea, que le han declarado la "guerra" al asbesto, un mineral que tiene múltiples usos industriales.

Hace 25 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó el asbesto como un elemento cancerígeno de primer orden, pues incide en el desarrollo de cáncer de pulmón, de laringe, de ovario y otras patologías del aparato respiratorio y recientemente alertó que las enfermedades "siguen en aumento incluso en países donde fue vedado".

Para ese fin, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) busca crear un Atlas del Asbesto, para recopilar información sobre el uso y regulación en cada uno de los países que aún lo utilizan.

Según cifras de la OMS, al año se registran en el mundo "107.000 muertes por contacto directo con el mineral y 400 por la exposición no ocupacional, es decir por inhalación de las fibras de amianto".

Chile prohibió en 2002 la producción, importación, distribución, venta y uso de materiales que contengan cualquier tipo de este mineral. En ese año un 42,2 % de las casas estaban construidas con placas de pizarreño mezcladas con asbesto.

En el mismo año Uruguay prohibió la fabricación, introducción al territorio nacional bajo cualquier forma y la comercialización de productos que contengan amianto o asbesto, mientras que para determinados artículos que contengan ese mineral se debe solicitar autorización al Ministerio de Salud Pública.

En 2003 Argentina eliminó su producción y su uso en todas las presentaciones, al considerar que existen pruebas científicas sobre los efectos cancerígenos.

Perú prohibió el uso de asbesto anfíbol y reguló el uso del asbesto crisotilo en 2014. En el país andino se registran 50 casos al año de enfermedades como fibrosis pulmonar.

República Dominicana prohíbe el uso del amianto, en concordancia a que el país se ha adherido a varios convenios como el de Rotterdam, el Convenio 160 sobre asbestos y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la seguridad de los trabajadores.

A finales de noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Brasil prohibió la producción, comercialización o uso de cualquier tipo de amianto, incluyendo el llamado crisotila y calificó anticipadamente como inconstitucional cualquier ley que llegue a ser votada en el Congreso en favor de este material cancerígeno.

En otros países está regulado su uso, más no está prohibido.

Es el caso de Paraguay, donde al no encontrarse entre los materiales prohibidos por la ONU no aplican restricciones, dijo a Efe, Ovidio Espínola, jefe de normas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales. Sin embargo, el país obliga a los empresarios a garantizar la seguridad y salud de los empleados expuestos a partículas de amianto.

La utilización del asbesto en Colombia es legal, pero en el Congreso se debate un proyecto de ley para prohibirlo. La iniciativa lleva el nombre de Ana Cecilia Niño, quien abanderó la lucha contra el uso de ese material y murió el año pasado de cáncer, precisamente al estar expuesta a ese peligroso mineral.

La Ley sobre Sustancias, Materiales y Deshechos Peligrosos que rige en Venezuela establece que en caso de que sean utilizados ese tipo de materiales se debe contar con la aprobación del Ministerio del Ambiente o de Salud.

Desde 1989 en Bolivia está vigente una ley que ratificó un convenio de la OIT sobre la reglamentación y normas de seguridad aplicables a todas las actividades en las que los trabajadores estén expuestos al asbesto.

En México, la Ley General para la Salud y la Ley General para la Prevención Integral de los Residuos prohíbe el uso del asbesto y en 2011 la Ley General de Salud de la Ciudad de México adoptó medidas sobre el uso de ese material para limitar la exposición al mismo.

Una fuente del Ministerio del Ambiente de Ecuador dijo a Efe que se busca trazar una "ruta de trabajo para la eliminación y sustitución de este material en un mediano y largo plazo, así como también identificar las mejores técnicas para la gestión de los productos una vez que se convierten en desechos".

En Panamá, pese a que desde 2006 existen normas para la protección y manipulación del asbesto, sindicalistas se quejan de que su uso no está "regulado, restringido o prohibido".

Costa Rica fijó en 1996 el "Reglamento de Uso Controlado del Asbesto y Productos que lo Contengan", mientras en El Salvador está permitido bajo condiciones muy estrictas de transporte y manipulación.

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Sydney Samuels, dijo a Efe que "no hay una reglamentación" pero se está "conversando con especialistas" sobre el tema.

En Puerto Rico, el administrador de cualquier edificio público que contenga asbesto debe tener un plan que establezca los pasos a tomar para evitar la exposición a ese material.

lunes, 26 de febrero de 2018

Amnistía Internacional dice que los niveles de inseguridad en Honduras son altos



Los niveles de inseguridad en Honduras siguen siendo “altos” y la “impunidad generalizada” continúa debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia, según el informe de Amnistía Internacional (AI) 2017-2018.

“Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de las Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente”, añade el estudio de AI.

Cita que el Gobierno hondureño anunció la creación de un Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, que debía estar operativo en 2018, como en efecto ya está en marcha.

Sobre las protestas masivas derivadas del presunto “fraude” en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, según la Alianza de Oposición contra la Dictadura, AI señala que “fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad”, incluso con “armas letales”.

Además, centenares de personas fueron arrestadas o detenidas, y en diciembre se impuso un toque de queda de diez días.

Durante las protestas hubo al menos 31 muertos y se denunciaron múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o golpeadas por las fuerzas de seguridad, destaca el informe.

Agrega que los defensores de los derechos humanos, especialmente quienes defendían el medio ambiente y la tierra, seguían corriendo peligro de sufrir abusos.

Según el estudio, la gran mayoría de los ataques registrados contra defensores de los derechos humanos “seguían impunes, como consecuencia de los múltiples obstáculos que afrontaban las investigaciones y los juicios”.

Sobre la investigación del asesinato de la medioambientalista Berta Cáceres en marzo de 2016, “apenas se avanzó”, ni hay información sobre los progresos realizados por el Ministerio Público para identificar a los responsables de planificar su asesinato, según AI.

El organismo señala que aunque hubo algunos avances en la protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, seguían siendo insuficientes los esfuerzos por garantizar su protección integral.

Destaca además que seguía la vulneración de varios pueblos indígenas y persistían los conflictos por tierras para campesinos en el Valle del Aguán, en el noreste del país.

También denuncia que las mujeres, las niñas y las personas LGBTI (Lésbicas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales) seguían afrontando altos niveles de violencia de género, y que entre enero y octubre, el Centro de Derechos de las Mujeres registró 236 muertes violentas de féminas.

Sobre la violencia en Honduras, resalta que sigue siendo un factor clave de emigración forzada y que, según la Oficina de las Naciones Unidas para Refugiados, 14.735 hondureños habían solicitado asilo entre enero y octubre en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos, desde donde miles también son deportados.