jueves, 31 de enero de 2019

El último cartucho frente al FMI


Por Javier Suazo

Donald Trump y el Embajador de Honduras en Estados Unidos, Marlon Tabora

Foto: Diario la Prensa.hn

“Un sector estratégico es el energético, con recursos que si se manejan bien pueden financiar el desarrollo futuro del país; son el patrimonio de nuestros hijos y nietos. No dejemos que se mal vendan o se lo roben”

Jaime Rosenthal Oliva

Hemos manifestado que lo realizado por Juan Orlando Hernández (JOH) con la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) fue una “puercada”, de la cual el Fondo Monetario Internacional (FMI) es cómplice al avalar muchas de las decisiones tomadas por el Ejecutivo, como el nombramiento de director/gerentes y Comisionados de Energía sin cumplir con el principal requisito para el cargo, o sea capacidad técnica, profesionalismo y honradez demostrada. Incluso, marginando a prominentes miembros del Partido Nacional, caso particular del Dr. Luis Consensa Jiménez, un experto mundial en temas de energía y consultor de organismos multilaterales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), fiel a su política de “no interferencia” en las decisiones de los gobiernos, argumenta a su factor que la crisis financiera de la ENEE ha sido ampliamente documentada por las misiones técnicas que han visitado Honduras, siendo de conocimiento de la gerencia de la empresa, gabinete económico y Presidencia de la República; al grado que, en caso de la coyuntura actual donde existe interés del gobierno por suscribir un nuevo acuerdo de mediano plazo con la Institución que blinde la gestión de JOH para 2018-2022, la situación de la empresa eléctrica es una de las piedras en el zapato que no permite avanzar en forma rápida.

Desde que se promulgó la Ley General de Industria Eléctrica (decreto N. 404-2013) de mayo de 2014, se ensayaron varias estrategias para superar la crisis financiera, pero ninguna tuvo el resultado esperado. Una que sigue vigente, es la creación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) con autonomía técnica, financiera y presupuestaria, cuya función principal es la revisión y autorización de los pliegos tarifarios cada tres (3) meses. Es coordinada por tres (3) Comisionados propuestos al presidente de la República por una Junta Nominadora (integrada en su mayoría por instituciones y organizaciones controladas por el gobierno) para que él escoja de una nómina de candidatos.

La conclusión es que la CREE luce débil y “urge” ser fortalecida, por lo que hay que acelerar la contratación de estudios técnicos en el tema regulatorio y volver analizar la capacidad técnica y profesional del personal.

La otra es la propuesta de modernización de la ENEE emanada de la Ley y avalada por el FMI. El artículo 29 establece que la ENEE debe (¿debió?) estar modernizada (¿privatizada?) antes de julio de 2015, entendiendo la modernización como la partición (escisión) en tres (3) empresas: generación, trasmisión y operación, y al menos una de distribución. Hoy se habla que parte del Plan creíble que se presentará al FMI en forma conjunta (gobierno, sector privado e incluso con aval de Embajada Americana) para poder sentarse a negociar un nuevo convenio, incluye un calendario para la conformación de dichas empresas.

Como parte de la política de estabilización económica contentiva del acuerdo anterior firmado con el FMI, se contempló el despido de más de 2,100 empleados de la ENEE, lográndose el 120.4% de la meta, o sea 2,530 empleados despedidos (ENEE, 2017), pero ello no implicò que contratara nuevo personal, ya que la ENEE observa un crecimiento alarmante de personal administrativo-burocrático, producto del activismo y clientelismo político (STNEE, 2018). Se espera que la nueva partición de la ENEE, ayude a cumplir o superar la meta inicial, aunque las promesas del gobierno es que los empleados serán reasignados.

Otra solución clásica es la recurrente renegociación de los contratos con las empresas térmicas, pero que también no ha dado frutos. A finales de 2018, todavía la ENEE seguía dependiendo de la energía térmica y mantenía deudas superiores a los 1,500 millones de lempiras, cuando se pensó que la renegociación de los contratos era una solución de corto plazo mientras empezaba a contratarse energía de fuentes renovables.

El nuevo marco institucional de apoyo a la generación de energía renovable y fuentes sustitutas de petróleo y derivados, se tradujo en que la mayor parte de los contratos suscritos también resultaron leoninos. Honduras es uno de los países de Latinoamérica donde curiosamente la energía de fuentes renovables es demasiado cara para las finanzas del Estado y ENEE, por lo que la deuda crece y los pagos se retrasan. A finales de 2018, más de 5,100 millones de lempiras se adeudaban a estas empresas, donde el precio pactado por kilovatio-hora de energía renovable llegó a cerca de 19 centavos/dólar (Ver como ejemplo proyecto hidroeléctrico Cuyumapa). Lo mismo sucede con la energía eólica con contratos de 15.36cts/dólar/ kilovatio, la generada por biomasa con un costo de 15.70cts/dólar/kilovatio, y de plantas solares con costos por decreto (precio fijado por el Congreso Nacional) superiores a los 14 centavos/dólar/ kilovatio, más 3ct/dólar/kilovatio con incentivo fiscal por generar cada empresa más de 300 megavatios (EL Heraldo, 23/07/2018).

No ha cuajado el anuncio del gobierno de reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE, donde se han ensayado varias soluciones, incluyendo la militarización de la Empresa, campañas de ahorro de energía, condonaciones de multas por mora y mejoramiento de la infraestructura. La última solución es la creación de una nueva empresa de distribución denominada Empresa Energía Honduras (EEH), responsable del control tarifario, pagos de los usuarios y reducción de pérdidas. En 2018, la meta era reducirlas en un 3%, pero solo logró 1,54% (Manitoba Hydro). De allí que, además de la penalización, la confianza del Ejecutivo con la eficacia de la EEH sea cuestionada, ya que nadie cree, ni el propio JOH, que se cumplirá con la meta de largo plazo, o sea reducir las pérdidas de la ENEE en un 17.05% entre 2016 y 2025.

Ante estos ensayos fallidos, la solución frente al retraso en los pagos (mora) al final del año, es el endeudamiento. Cada fin de año hay que pagar deudas acumuladas con las empresas de energía, por lo que se recurre a préstamos de la banca internacional y colocación de bonos, en su defecto a la banca nacional con autorización del Congreso de la República. Esta práctica es dañina para las finanzas del Estado, ya que además de la presión adicional sobre los ingresos fiscales, legitima contratos leoninos muchos de los cuales fueron autorizados en forma poco transparente. En diciembre de 2018, los diputados del Congreso Nacional autorizaron la contratación de un crédito por un monto máximo de 6,500 millones de lempiras para pagar deudas de la ENEE con empresas generadoras de energía, en cuya votación también participaron la mayor parte de los diputados de partido LIBRE, aun sabiendo que era seguir con el juego del endeudamiento navideño de la ENEE.

Se ha buscado reducir la mora de energía con la ENEE que mantiene la empresa privada, el gobierno y las alcaldías. Se habla de una mora documentada de 7,000 millones de lempiras, de la cual un 62% es irrecuperable. También, una medida de política que le gusta al FMI, la focalización de subsidios, ha permitido que cerca de 630,000 personas pierdan el subsidio anterior y, en su defecto, se otorgue un bono para aquellas personas con consumos menores de 300 kilovatios hora/mes, lo que ha permitido a la empresa un ahorro de 700 millones de lempiras.

El presidente Juan Orlando Hernández cumplirá el próximo 27 de enero de 2019, el primer año de gobierno de su segunda legislatura, considerada fraudulenta y violatoria de la norma constitucional. Está consciente que no podrá sostenerse en el poder solo con la militarización y represión a manifestantes, el control del Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía, prensa mediática y tarifada, dirigentes de organizaciones empresariales, Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), organizaciones gremiales, campesinas y de sociedad civil afines; ocupa también un apoyo más visible de la Embajada Americana ( El presidente Donald Trump no está muy contento que Honduras sea el país con mayor número de migrantes a USA), pero también del FMI.

Uno de las últimas cartas de JOH frente a la crisis de la ENEE, es el nombramiento del Dr. Marlon Tàbora, Embajador de Honduras en EEUU y representante al BID, como coordinador del Gabinete Económico, con objeto de elaborar un plan que solvente la crisis de la ENEE, en especial financiera, integrando una agenda de trabajo amplia con el sector privado, empresas generadoras de energía, organizaciones gremiales y dirigentes del Sindicato de la ENEE en su versión patronal. Este nuevo cargo, el cual ya había desempeñado a inicios del primer gobierno de JOH, convirtiéndose en el interlocutor en las negociaciones con el FMI para ejecutar el programa de ajuste económico draconiano con recortes de gasto, aumento progresivo de impuestos y tarifas de servicios públicos, despidos de empleados, devaluación programada, aumento de la tasa de política monetaria, reducción del crédito interno a sectores productivos y mayor endeudamiento, lo asume sin renunciar a los otros cargos; o sea, que el Dr. Tàbora tendrá tres o más sombreros.

Todos estos problemas y soluciones fallidas deben tener un tratamiento en el plan, principalmente orientado a cambiar el perfil financiero de la deuda de la ENEE, pero lo fundamental es la eliminación del llamado riesgo del retorno, o sea seguir solucionando problemas financieros cada año que los paga el pueblo-pueblo, mientras las empresas siguen proveyendo energía a la ENEE a altos costos (rentas por decreto), las perdidas no se reducen y las ineficiencias del manejo administrativo y técnico continúan.

El Plan debe ser del agrado del FMI, lo que presupone de entrada acelerar la privatización de la ENEE, conformando las tres (3) empresas del proceso de partición que lleva un retraso de más de 3 años y medio. En ello, la palabra que el gusta al Dr. Tàbora, pero no a muchos funcionarios de gobierno, empresarios y sindicalistas, es transparencia (hay empresarios que no quieren renunciar a toda la renta que obtienen con el contrato de la ENEE). Supone la elaboración de un calendario de trabajo creíble, donde se identifiquen las actividades que cada parte/actores realizará hasta la fecha en que se concluyan las licitaciones y se adjudique cada contrato y firmen los documentos. Podría pensarse que este trabajo lo coordine COALIANZA, tal como se hizo con la contratación de la EEH, pero hay poca credibilidad en esta institución, incluso de parte de funcionarios del FMI; de allí que el propio Dr. Tàbora debería coordinar o supervisar el proceso.

Esto debería ser del agrado del FMI, facilitando las negociaciones para la suscripción de un nuevo acuerdo o convenio antes de 2020 y, sobre todo, blindar el periodo de gobierno de JOH con aval de toda la banca multilateral. Sin embargo, a mediano y largo plazo, no resuelve el problema, sino que lo empeora. Después del golpe de Estado (junio de 2009), el país entró en un proceso de pérdida de capacidades internas para financiar su propio desarrollo, a diferencia de países como Bolivia, donde el Estado es quién lidera aquellas inversiones de apoyo a los sectores productivos con rezago (economías campesinas e indígenas, por ejemplo) generadores de bienes salarios, la salud, alimentación, educación y vivienda con cobertura amplia. Si bien la dependencia de ingresos por venta de recursos naturales y materias primas, necesita de una transformación industrial (agregar mayor valor a los bienes) para enfrentar de mejor manera la inestabilidad de mercados y precios, la capacidad de generar recursos internos facilita el ingreso de inversión externa de varias fuentes ligado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional.

Contrario a ello, el llamado sector energético ampliado (incluye bosques y bienes ambientales) de la economía hondureña, un sector estratégico para financiar el desarrollo, ha venido siendo privatizado, en tanto no solo se entregan los recursos naturales, sino también ingresos captados por el Estado a empresas privadas, muchas de ellas transnacionales, que demandan operar con el menor riesgo posible.

Es una práctica institucional poco transparente y ética que el FMI ha denunciado, pero a puertas cerradas. La pérdida de parte del patrimonio interno que implica la eventual privatización de la ENEE, profundizará aún más la dependencia de la economía hondureña de las fuentes de financiamiento externo, bajo el consuelo de recibir más inversión extranjera directa (IED) y captación de más ingresos generados al modernizarse el subsector eléctrico, un cuento chino aparecido en 1994 con el gobierno de la Revolución Moral.

Los partidos de oposición al gobierno de JOH, deberían generar propuestas alternativas al Plan que coordina el Dr. Tábora que, de antemano, tiene el aval del FMI. Ello puede ayudar a alimentar a los diputados del Congreso de la República para que en forma consciente e informada analicen toda la documentación generada y socialicen con las organizaciones de sociedad civil que han trabajado el tema, incluyendo a la UNAH. Hay que buscar y validar la mejor opción, ya que, tal como los supuso Jaime Rosenthal, el desarrollo futuro de Honduras está en riesgo.

Casa Alianza: En noviembre se registraron 75 muertes violentas de jóvenes



Por Sobeyda Lovo

El Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras de Casa Alianza, en su informe mensual reportó que en el mes de noviembre del año 2018, se registraron 75 muertes violentas de jóvenes menores de 30 años.
Durante noviembre los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 154 personas, lo que representa una cifra de 5 muertes violentas por día. De ese total de muertes, 117 fueron del sexo masculino y 37 del sexo femenino.

De ese total de muertes violentas registradas por Casa Alianza – Honduras, 75 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 48.7 por  ciento de las víctimas.

Un 66.8 por ciento de los asesinatos fueron perpetrados con armas de fuego, las producidas por arma blanca y las causas no determinadas alcanzaron el 23.4 por ciento, las provocadas por un objeto contuso con el 3.8%, y finalmente las producidas por asfixia o estrangulación con el 5.1%.

En lo que corresponde a las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que para noviembre se registró un total de 42 casos, de los cuales, 33 corresponden al sexo masculino y 9 al sexo femenino.

De los 42 casos registrados en noviembre, la principal causa de muerte fue la provocada por heridas de arma de fuego con el 58%, seguida por las causas no determinadas y las  producidas por arma blanca que comparten el mismo porcentaje del 7.1%, las provocadas por asfixia o por estrangulamiento con el 9.5%.

Si se comparan las muertes violentas de  noviembre (42 casos) con las de octubre (50 casos) se registra una disminución de 8 casos.

Los homicidios múltiples registrados en los medios de comunicación escrita, suscitados durante noviembre, reportan la muerte en forma violenta de 15 personas, las que ocurrieron en 3 matanzas, detalla el informe de Casa Alianza-Honduras.

En el régimen de Juan Orlando Hernández, (JOH) se han registrado 3 mil 664 muertes violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.

Casa Alianza asegura que de acuerdo al monitoreo realizado en el periodo comprendido entre enero de 2016 a noviembre de 2018,  los medios de comunicación escrita del país registraron un total de 183 matanzas con un saldo de 660 decesos.

Los municipios que presentan la mayor cantidad de casos de muertes violentas de menores de 23 años son: El Distrito Central con 14, y San Pedro Sula con 5 casos.

Entretanto los departamentos del país en los que se registró un mayor número de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de menores de 23 años son: Francisco Morazán y Cortés con 17 y 11 casos respectivamente. Entre los dos departamentos concentran el 66% de los sucesos a nivel nacional.

En relación a los casos en los cuales se encuentran cadáveres dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas (a los que la población popularmente denomina encostalados) continúan apareciendo; en noviembre se contabilizaron 10 sucesos, nueve de ellos de sexo masculino y uno de sexo femenino, 3 personas pertenecían a menores de 23 años, se identificó que 2 eran del sexo masculino y 1 del sexo femenino.

De la información recopilada durante noviembre, en el 78.5% de los casos se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que muestra el alto grado de impunidad con el que operan  quienes cometen estos crímenes.

En el régimen de Juan Orlando Hernández, (JOH) se han registrado 3 mil 664 muertes violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.

Casa Alianza Honduras lleva un registro de las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias desde el año 1998. Estos registros se han clasificado según las diferentes administraciones de gobierno que se han sucedido desde entonces. El propósito es reflejar la evolución de la problemática del derecho a la vida de las niñas, niños y jóvenes en el país en el transcurso del tiempo.

Durante los últimos 20 años, particularmente entre febrero de 1998 y noviembre de 2018 se han registrado en el país 12 mil 778 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.

En el transcurso de los cincuenta y ocho meses (segundo período) de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 3,664 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país

Este registro se basa solamente en los datos obtenidos mediante el monitoreo de los medios de comunicación escrita del país, por lo que la cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente han sucedido, destaca el informe de casa Alianza-Honduras

Casa Alianza es una organización no gubernamental con una trayectoria de treinta años en la atención y protección de los niños, niñas y jóvenes que viven en graves situaciones de riesgo y desamparo en Honduras.

La condena de un periodista envía un mensaje directo de la dictadura a la ciudadanía



Por Marvin Palacios

Con la ratificación de la condena a 10 de reclusión por seis delitos de difamación constitutivos de injurias, emitida por la sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el director de Radio Globo, el periodista David Romero, se envía un claro mensaje de parte del régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández al pueblo hondureño, en el sentido que tanto la libertad de expresión como el derecho a la información, pueden ser conculcados a su antojo.
Así lo dio a conocer la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, durante su comparecencia en el  programa radial “Voces contra el Olvido”, que se transmite por la cadena Radio Globo todos los sábados a las 7:00 pm.

Siempre hemos creído que la libertad de expresión es un tema fundamental y que es el eje o la columna vertebral para que se puedan sostener las democracias en los países, sostuvo Oliva en la emisión del sábado 12 de enero de 2019.

“Cuando se atenta como se ha venido atentando en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información, y lo hacen a través de periodistas o a través de medios que no necesariamente recogen la orden desde la dictadura, lógicamente se enfrentan a situaciones como éstas”, señaló Oliva.

Oliva añadió que me parce que en todo esto, es un mensaje también para todos los que hacemos uso del tema del derecho a la información y la libertad de expresión.

“A nosotras no nos extraña por el momento en que estamos viviendo, recuerden que estamos a pocos días para que se cumpla un año de la toma ilegal y arbitraria del control del estado de Honduras por una fuerza dictatorial y eso entonces se traslada en ir viendo cómo se mandan mensajes y ataques directos a las personas, organizaciones y gentes que puedan colocar este tema como fundamental en la fecha que se avecina”, sostuvo la Coordinadora del COFADEH.

El editorial del COFADEH, divulgado en la emisión de radio afirma entre otras cosas que:  “…aquí lo que está sobre nuestras cabezas, las de todos y todas, es una guarizama filosa en manos del crimen organizado que desde el Estado quiere azorarnos para dejarnos quietas…”.

Más adelante sostiene que: “…Con el golpe de Estado, desde 2009 hasta la fecha, esa misma dinastía coludida con los nuevos apellidos Hernández, Rivera y Oliva reformaron la ley para poner toda la información pública en condición de reservada y secreta. Pusieron un candado al derecho de la gente a pedir acceso a lo público…”.

Y finalmente, el editorial destaca que: “…Paralelamente, esta colusión del crimen organizado aprobó normas violatorias a la libertad de expresión como la ley antiterrorista, ley de escuchas, ley de inteligencia y la aplicación de programas electrónicos de invasión a la secretividad de las comunicaciones, entre otras…”.

“…El individualismo autoritario del Mitch y el golpismo, juntos, han creado una amenaza brutal a la libertad de expresión que se expresa en nuestros días en un sistema de medios de comunicación bajo el control absoluto de la Casa Presidencial. Una especie de cartel organizado para el terrorismo mediático, que impone la agenda de la muerte, del chiste tonto y la falsa normalidad, incluyendo el silencio delincuencial como convenga…”.

“…Ese silencio también tiene su propia ley. Se llama la Ley del Cange Publicitario. Las empresas de comunicación no pagan impuestos al Estado pero a cambio deben divulgar todo lo que el gobierno ordene, y callar todo aquello que sea inconveniente a sus intereses mutuamente compartidos. Un verdadero bozal, vergonzozo, condenable, que debe ser eliminado bien pronto…”.

“….Las excepciones a esa barbaridad existen por supuesto. Sin embargo, la regla es contra la sociedad. Por eso no podemos aceptar en nombre del honor, la fama y el buen nombre, que la dictadura del crimen organizado utilice el derecho penal para criminalizar la libertad de expresión…”.

“…En las últimas horas ha sido bien explicado. Los excesos de la libertad de expresión contra personas naturales, que no sean funcionarios públicos sujetos a la veeduría pública, deben ser resueltos en el ámbito civil como corresponde pero, no utilizar nunca las cortes para criminalizar un derecho colectivo, de naturaleza absolutamente social como es la libertad de expresión…”.

“…Ningún Estado debe repetir prédicas moralistas para hacer libertad responsable ni emitir opinión objetiva. Eso no le corresponde a ustedes, señores. Los efectos ulteriores en el ejercicio de este derecho le corresponden a las partes, ellas saben que las pruebas de la real malicia deben ser aportadas ante juez por la parte acusadora. Igual, ningún Estado debe imponer el honor por encima de la libertad. El Estado debe atenerse al escrutinio público, siempre…”.

“….Claro, esto es irónico porque el de Honduras no es un Estado… es un cartel…”. Así finaliza el editorial emitido por el COFADEH durante la emisión del programa Voces contra el Olvido, correspondiente al sábado 12 de enero de 2018.

Sigue la persecución y hostigamiento para los sacerdotes de la zona sur que apoyan al pueblo en su lucha



La zona sur de Honduras se encuentra permanentemente en lucha y resistencia  en contra de la dictadura, y esta lucha es apoyada por sacerdotes que si están a favor del pueblo, pero a raíz de su apoyo están siendo hostigados por las cúpulas religiosas de la zona.

Se trata de los sacerdotes Eulogio Álvarez y Florentino Hernández, quienes están congregados en la parroquia de El Triunfo, Choluteca, y que por estar a favor del pueblo los están hostigando para que acepten el  traslado a otra parroquia.

En comunicación con el programa Voces contra El Olvido, el padre Eulogio Álvarez expresó que tiene 7 años de haberse ordenado como sacerdote y que ha estado trabajando en la parroquia de Pespire, en la parroquia de San Lorenzo y en el último año en la parroquia de El Triunfo.

“Siempre he estado en la lucha para defender a los más pobres, a los marginados, a los excluidos, a los que no tienen voz y desde el día que me ordené le pedí a Dios ser un defensor de los derechos humanos y defensor de los que están totalmente marginados por la sociedad, y de manera particular por los poderes”, apuntó Álvarez.

Álvarez dijo que el marginamiento y persecución comenzó desde el principio de su ordenación y que las causas por las cuales el obispo Charbonneau está solicitando su remoción de la parroquia de El Triunfo, es por su acompañamiento al movimiento social de Choluteca que desde hace un año se mantiene en las calles en protesta por la ilegalidad del régimen, las industrias extractivas y los altos costos de la vida.

“La gente por muy humilde que sea ve eso, con el padre Florentino Hernández hemos trabajado juntos de la mano acompañando al pueblo de Dios, de manera particular a los más necesitados, a los más pobres, a los más marginados, y el padre Florentino recibió una nota en el mes de marzo del año pasado donde el obispo le dice que debe ser trasladado de la parroquia porque él anduvo haciendo campaña política a favor del partido Liberal, y en contra del partido Nacional, entonces hace ver que ésta es una cuestión política”.

Luego el sacerdote Eulogio Álvarez comentó que su colega, el padre Florentino, recibió una segunda carta en la que se le ordena salir de la parroquia y dirigirse a la parroquia de Nacaome como Vicario.

“En el caso mío me envían de Vicario a la parroquia de Orocuina, pero yo mismo he pedido que debo de seguir luchando y trabajando acá, porque lo último que hicimos aquí en la Parroquia de El Triunfo fue la consulta ciudadana el pasado 2 de diciembre, en donde hemos declarado el municipio de El Triunfo libre de minería, y estamos en un proceso con la Corporación Municipal para que ellos den la declaratoria”, explicó.

Alvarez añadió que después de esto, el pasado 26 de diciembre el obispo tomó la decisión de removerlo a él y al padre Florentino de la parroquia.

“Eso al pueblo no le ha gustado porque ha visto que en esto hay una situación política, económica y religiosa, unida a los poderes para querernos trasladar a nosotros”, sostuvo el padre Eulogio.

Consultado acerca de los pedidos que le hizo el obispo  Charbonneau, relacionados a que se acerque a la conversión y a la obediencia, el padre Álvarez dijo que “en primer lugar todos estamos llamados a la conversión, yo mismo le podría llamar a él a la conversión, porque todos necesitamos, ya que ellos están apegados a un poder político, un poder económico y un poder religioso. Mi único pecado es dedicarme a defender a los más pobres, a los marginados y ser la voz de los que no tienen voz; y si ese es un pecado y él me está llamando a una conversión en ese sentido, pues creo que estaría bastante mal, porque Jesucristo para eso vino a este mundo, para estar con los más pobres”.

“Pero si es que me está llamando a una conversión donde me pliegue, o esté apegado al poder económico, al poder político, al poder religioso y esté sumiso a todo eso para estar bien, pues tampoco me parece correcto. Entonces lo que yo estoy haciendo como siervo de Dios  me parece que es lo justo, lo que Jesús vino a instaurar a este mundo es el Reino de Dios y su justicia y creo que de eso no me he salido y creo que es el camino correcto”, resaltó el sacerdote.

El padre Eulogio dijo a Voces contra El Olvido que el pueblo de Dios desde que se dio cuenta de esta fatal noticia, de que nos mueven a los dos sacerdotes de El Triunfo, el mismo pueblo se ha tomado la parroquia y ha dicho que no nos dejarán ir.

“Después de eso, de que el pueblo se ha volcado a acompañarnos, entonces el obispo hizo una carta pública a los medios de comunicación, haciendo una denigración de nuestras personas, llamándonos desobedientes, que somos rebeldes y muchas cosas más, entonces él empezó a hacer una campaña usando todas las herramientas y todas las estructuras que tiene en los poderes, para denigrarnos. Eso le ha indignado a la feligresía católica del municipio quien nos dice: Hoy, más que nunca, debemos de acompañarlos, protegerlos y cuidarlos nosotros”, detalló el padre Eulogio.

Consultado sobre el contenido de la carta en la cual el obispo afirma que el pueblo no tiene el derecho a decidir sobre la permanencia de un sacerdote, el padre Eulogio respondió que “eso es porque totalmente ellos están aparte de la voz de Dios que está en el pueblo. En la edad media dijeron los santos padres de la Iglesia que la voz del pueblo era la voz de Dios, y ellos como no quieren obedecer a la voz de Dios que está en el pueblo, sólo quieren obedecer en línea vertical, jerárquica”.

El padre Eulogio comentó sobre el documento de “Aparecida” (Brasil) que es la V Conferencia Latinoamericana que se dio en el 2007, “en donde nos habla de una iglesia renovada, una iglesia que debe ser distinta, una iglesia que se vaya  renovando  en todas las estructuras, de hecho llama estructuras caducas a las que no están en un proceso de conversión, en un proceso de dinamismo diferente, porque ya estamos en un siglo distinto; entonces al ver y decir así de esa forma, me parece que no estamos escuchando la voz de Dios que está en el pueblo”.

El pueblo del departamento de Choluteca ha estado en permanente resistencia contra el régimen y sus abusos, y “creo que los pueblos van despertando, y es lo que está pasando en la zona sur, es un despertar en todos los sentidos. Y creo que de manera particular en la zona sur, hay un despertar a nivel social, a nivel político y a nivel religioso y creo que eso les preocupa muchísimo  a los poderes que nos están dominando, porque ya el despertar es grande, y eso es lo que están haciendo con los que tenemos un nivel de liderazgo, para acallar nuestras voces, porque ellos tienen mucho miedo que todo lo que se está dando en el sur de Honduras, con una liberación y una resistencia en el sentido de la palabra, la resistencia cristiana ante tantas cosas que nos han hecho, creo que eso les ha llevado a que ellos se apresuren a movernos de aquí injustamente, violando nuestros derechos humanos, creyendo que somos piezas de ajedrez y no personas.

A mi me parece que no podemos dejar de analizar (la libertad de expresión) si no  vemos las  denuncias reiteradas y ataques que han venido sufriendo los sacerdotes del sur del país,  Eulogio Alvarez y Florentino Hernández, dijo la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva.

En el sur se ha cumplido un año de resistencia permanente, coordinada y acciones de condena, por lo que hemos estado enfrentando en todo este tiempo, que es la pérdida de la democracia, el irrespeto a la Constitución de la República y por ende el irrespeto total y violaciones muy fuertes a los derechos humanos.

Entonces no es para  nosotras, hechos aislados, tenemos que vincularlos y se están tocando puntos fundamentales, que pueden generar acciones coordinadas, porque la apuesta es hacer acciones en diferentes partes del país para conmemorar (el 27 de enero próximo) la tragedia que estamos viviendo en Honduras.

Así pues que lo sucedido al sacerdote Eulogio Hernández y al sacerdote Florentino Hernández no es a nuestro juicio una obra del obispo Guy Charbonneau meramente, de una acción local, sino una acción nacional que se está traduciendo a través del obispado de la zona.

Los feligreses no van a estar en ningún momento de acuerdo con las decisiones adoptadas por el obispo Charbonneau, respecto a la pretensión de remover a los sacerdotes, puesto que la palabra que emiten los sacerdotes son “proféticas”, es decir que recogen el mensaje de acompañamiento de la iglesia con el movimiento social de Choluteca, manifestó Bertha Oliva.

Cabe señalar que las homilías de los sacerdotes Álvarez y Hernández son escuchadas por gran cantidad de personas en los templos católicos y reuniones al aire libre que se celebran en El Triunfo, Choluteca, y en la Península de Zacate Grande.

El Obispo Charbonneau ha llamado a los sacerdotes a la conversión, a la sujeción de las autoridades superiores, les ha ordenado no criticar ni cuestionar las acciones emitidas por el obispado o la cúpula de la Iglesia Católica y que acepten abandonar los cargos que actualmente desempeñan para trasladarlos a otras parroquias.

En ese sentido Oliva dijo que las cartas emitidas por el obispo van impregnadas de descalificación y de descrédito hacia los presbíteros, “y eso es peligrosísimo porque los coloca en vitrina para ser víctimas de ataques de cualquier persona, y lo otro que me llama la atención es que los exhorta y le pide a la feligresía que le ayuden para que ellos (los sacerdotes) salgan dócilmente, que no hablen y que se sometan a una obediencia impresionante, eso es violentar el derecho que tienen la libertad de expresión y violentar el derecho que tiene el pueblo católico a la información.

Uno de los párrafos de una carta enviada por el obispo Charbonneau al sacerdote Eulogio Alvarez dice: “cuando fuiste ordenado diácono y luego sacerdote, prometiste obediencia a tu obispo y a sus sucesores, desde entonces cada miércoles santo has renovado tus promesas sacerdotales. Te pido ahora que pongas en práctica esas promesas de obediencia filial como tu obispo, además te pido que evites hacer críticas negativas contra la Iglesia y la jerarquía de la misma”.

Al respecto Bertha Oliva dijo que eso es un bozal, eso se está convirtiendo en una dictadura dentro de un espacio que no debería de ser para ese propósito, y máxime con unas personas que no son queridas por la oligarquía de la zona, pero si son queridas y acompañadas por el pueblo, por la población que está haciendo defensa de su territorio, que está haciendo defensa de la vida en la zona sur.

Eso es un reflejo que la palabra profética del padre Eulogio, como seguidor de la teología de la liberación y de Monseñor  Arnulfo Romero, el Santo de América, está teniendo las consecuencias que ahora conocemos.

“Él está siguiendo el ejemplo de San Romero de América y está haciendo su trabajo, no desde la comodidad de una oficina en la capilla, sino desde acompañar con sudor el peregrinaje y el accionar del pueblo que está demandando mejores condiciones de vida en la zona sur”, sostuvo la reconocida defensora de derechos humanos.

Por su parte Pedro Canales, defensor de derechos humanos de la zona sur, en comunicación con el programa Voces contra El Olvido expresó que “quiero felicitar al padre Eulogio porque es un líder religioso en la zona sur, yo solo quiero decir que la situación  se ha vuelto difícil para estos dos compañeros que son los que han estado de frente en todo este proceso de lucha”.

Canales dijo que “hay una presión muy fuerte para los obispos por parte del clero católico, para los sacerdotes de la zona sur, en Choluteca los que están presionando para que el obispo actúe de esa forma son los sacerdotes que siguen la línea de los ricos y famosos, gente que está a su servicio”.

“Yo así lo digo porque fui celebrador de la palabra durante 35 años y conozco bien la situación de los sacerdotes que luchan en este caso, los sacerdotes  Eulogio y Florentino, que son los que de verdad han dado la cara por parte de la iglesia en todo este proceso difícil que estamos viviendo en el sur, añadió el defensor de derechos humanos.

La persecución para estos compañeros es bueno que se publique y que bueno que el COFADEH esté pendiente, porque esto viene más fuerte y el hecho que el pueblo se haya tomado la iglesia de El Triunfo eso indica que es el pueblo que quiere que Eulogio y Florentino se queden en el lugar que están. La mayor parte de los delegados de la palabra de la zona sur están con Eulogio y Florentino, que están haciendo una verdadera labor profética en la zona sur, finalizó Canales.

Otra vez la Libertad de Expresión



En los siguientes minutos que tomará esta columna editorial, no vamos a defender el derecho de libre expresión violado con una sentencia al periodista David Romero, porque él sabe bien cómo defenderse; vamos a defender a partir de esa sentencia, el derecho que todos nosotros tenemos a gozar de la libertad, sin que nos condenen a cárcel en el ámbito penal.

Al hacer esta defensa colectiva, luego de la confirmación de la sentencia condenatoria contra Romero en la Corte de Casación, tampoco estamos haciendo una condena hacia la abogada Sonia Gálvez, víctima de los excesos de la libertad de expresión por el acusado.

Lamentablemente es común aquí en nuestro país confundir los términos. Ocurre con frecuencia que la reacción de los corruptos y criminales después de las denuncias es atacar al mensajero, para desviar la fuerza del mensaje. Y en materia de libertad de expresión, una defensa del derecho colectivo es confundida generalmente como una defensa de la persona cuestionada por sus excesos en la práctica de este derecho.

Aclarado lo anterior, pasemos al asunto principal. Aquí lo que está sobre nuestras cabezas, las de todos y todas, es una guarizama filosa en manos del crimen organizado que desde el Estado quiere azorarnos para dejarnos quietas.

Romero ha dicho claramente que la sentencia condenatoria de esta semana, que proseguiría con su captura y encarcelamiento, fue ordenada por Juan Orlando Hernández hacia su empleado el señor Argueta, porque intentan impedir la divulgación de nueva información que sacudiría la estructura criminal este mes.

Pero desde hace mucho tiempo atrás esta misma élite política, la más sinvergüenza de la nación, viene ocupando pedazo por pedazo el territorio de la libertad, por diferentes medios. El objetivo es impedir la vigilancia colectiva de sus acciones perversas. El objetivo es poner el honor sobre la libertad, el buen nombre sobre el derecho colectivo a la información pública. El silencio, al fin. Porque es un excelente negocio para el crimen.

Después del huracán Mitch, el presidente de la Asociación de Medios de Comunicación Tradicionales de Honduras, el señor Carlos Flores Facussé, impuso las cadenas de radio y televisión desde la Casa Presidencial, y el control de las agendas editoriales de todos los medios, para cerrar todo espacio posible a la disidencia y a la crítica.

Adicionalmente, Facussé ordenó al Congreso Nacional de Pineda Ponce que reformara el Código Penal para declarar delitos penales las informaciones inexactas sobre las finanzas públicas. Y un ministro de compensación social de la época llegó a plantear, inclusive, que en el marco del post huracán toda crítica al Presidente debía ser considerada una crítica a la Patria. Y, por tanto, un delito de lesa Patria. ¡Hábrase visto!

Aquella semejante estupidez era coherente con una línea política definida para impedir a la sociedad hondureña la auditoría de la corrupción sobre los ministros de Flores Facussé, que hacían tropelías con las llamadas obras de reconstrucción. Un capítulo pendiente para la justicia penal hondureña.

En aquella época, el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos, Leo Valladares, se atrevió a realizar ejercicios de vigilancia al proceso de solidaridad internacional con la Honduras devastada y el señor Flores Facussé le ordenó ir a contar los granos de frijol y maíz que llegaban en aviones y barcos al país. Y ordenó a su PINPON que reformara la ley del Comisionado para expulsar del cargo a Leo. La gente en las calles impidió semejante embuste de aquél ex ministro de ROSUCO.

En el período de Manuel Zelaya la sociedad organizada propuso al Congreso Nacional la ley de transparencia y acceso a la información pública, pero el mismo señor Flores Facussé puso en 2006 a su hija Lizy Flores a dirigir la sesión del Congreso y ocurrió lo peor. La dinastía Facussé-Callejas creó un nuevo triunvirato para controlar la Ley. Pusieron a sus defensoras personales al frente: Elizabeth Chiuz, Arturo Echenique y Gilma Agurcia.

Con el golpe de Estado, desde 2009 hasta la fecha, esa misma dinastía coludida con los nuevos apellidos Hernández, Rivera y Oliva reformaron la ley para poner toda la información pública en condición de reservada y secreta. Pusieron un candado al derecho de la gente a pedir acceso a lo público.

Paralelamente, esta colusión del crimen organizado aprobó normas violatorias a la libertad de expresión como la ley antiterrorista, ley de escuchas, ley de inteligencia y la aplicación de programas electrónicos de invasión a la secretividad de las comunicaciones, entre otras.

El individualismo autoritario del Mitch y el golpismo, juntos, han creado una amenaza brutal a la libertad de expresión que se expresa en nuestros días en un sistema de medios de comunicación bajo el control absoluto de la Casa Presidencial. Una especie de cartel organizado para el terrorismo mediático, que impone la agenda de la muerte, del chiste tonto y la falsa normalidad, incluyendo el silencio delincuencial como convenga.

Ese silencio también tiene su propia ley. Se llama la Ley del Cange Publicitario. Las empresas de comunicación no pagan impuestos al Estado pero a cambio deben divulgar todo lo que el gobierno ordene, y callar todo aquello que sea inconveniente a sus intereses mutuamente compartidos. Un verdadero bozal, vergonzoso, condenable, que debe ser eliminado bien pronto.

Las excepciones a esa barbaridad existen por supuesto. Sin embargo, la regla es contra la sociedad. Por eso no podemos aceptar en nombre del honor, la fama y el buen nombre, que la dictadura del crimen organizado utilice el derecho penal para criminalizar la libertad de expresión.

En las últimas horas ha sido bien explicado. Los excesos de la libertad de expresión contra personas naturales, que no sean funcionarios públicos sujetos a la veeduría pública, deben ser resueltos en el ámbito civil como corresponde pero, no utilizar nunca las cortes para criminalizar un derecho colectivo, de naturaleza absolutamente social como es la libertad de expresión.

Ningún Estado debe repetir prédicas moralistas para hacer libertad responsable ni emitir opinión objetiva. Eso no le corresponde a ustedes, señores. Los efectos ulteriores en el ejercicio de este derecho le corresponden a las partes, ellas saben que las pruebas de la real malicia deben ser aportadas ante juez por la parte acusadora. Igual, ningún Estado debe imponer el honor por encima de la libertad. El Estado debe atenerse al escrutinio público, siempre.

(Claro, esto es irónico porque el de Honduras no es un Estado… es un cartel)

Latinoamérica, más allá de Occidente



Por Alfredo Serrano Mancilla *

El mundo se mueve geoeconómicamente y aún no lo dimensionamos lo suficiente. Seguimos mirando hacia los mismos polos creyendo que son los únicos. Nadie duda de que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón aún conforman un triángulo clave en materia económica, pero no es el único espacio existente. Gracias al creciente protagonismo de los países emergentes, de los BRICS, se abrió algo más el ángulo de la cámara. Sin embargo, a pesar de ello, todavía hay mucho más detrás de ese muro construido por los centros convencionales del poder económico.

Es cierto que la economía global no pasa por su mejor momento. La tasa de crecimiento del PIB mundial prevista, por ejemplo, por la OCDE para los dos años próximos, es del 3,5%. La productividad está a la baja y el comercio también. La economía real no despega, y todo ello dificulta el escenario a enfrentar por las economías latinoamericanas. Pero si la región se empecina en intentarlo únicamente con los bloques económicos de siempre, el objetivo se tornará aún más complejo. No es momento para dejar de relacionarse con el otro gran campo de posibilidades existente más allá del orden económico y financiero dominante.

No percatarse de la importancia económica de Indonesia, Malasia, Vietnam, Corea del Sur, Turquía, Irán, Nigeria, Egipto o Camboya, y de tantos otros países más, sería un error estratégico garrafal en clave geoeconómica. China ya se dio cuenta de este fenómeno hace más de una década y actuó en consecuencia, diversificando sus relaciones económicas y dándole mayor prioridad a este nuevo mundo prominente. Latinoamérica debe hacerlo cuanto antes para construir una alternativa a la única que le ofrecen los países centrales tradicionales, que tiene como base el creciente endeudamiento externo sin reactivación productiva. Si no se esquiva a tiempo el derrame de deuda externa provocado por el gran boom de impresión en esta última década (10 billones emitidos entre Estados Unidos, Unión Europea, Inglaterra y Japón), la región quedará atada de pies y manos, con la condena de tener un modelo de desarrollo fuertemente financiarizado, vacío de economía real, sin demanda interna y altamente dependiente.

El otro grupo de países mencionados están en fase de expansión y esto ha de ser aprovechado como oportunidad para la nueva inserción estratégica y eficiente a la que deben aspirar los países latinoamericanos. Entre todos, Indonesia es el país más importante, como lo manifiesta el último informe de la OCDE. El año pasado Indonesia se situó como la decimosexta economía en el mundo por el tamaño de su PIB; y como la séptima a nivel global si se ajusta su PIB por paridad de poder adquisitivo, según datos del Banco Mundial. Para las las proyecciones de la OCDE, Indonesia será la cuarta economía global para 2060. Y, a pesar de esta importancia, la relación comercial entre América Latina y el Caribe y este país es ínfima (del total de importaciones de la región en 2017, apenas el 0,3% provino de Indonesia).

Pero esta no es la única economía a considerar en el nuevo mapa geoeconómico con el que relacionarse. Por ejemplo, Malasia hoy está a las puertas de convertirse en un país de altos ingresos (lugar 27 en el ranking de las economías globales, con crecimiento previsto del 5,5% para este año 2018); Vietnam logró una tasa de crecimiento promedio del 6,4% en el periodo 1985-2015; Corea del Sur ocupa el puesto 12 en importancia económica en el mundo y el sexto en exportaciones; Turquía aparece en el lugar 18 en el mundo por su PIB (en 2017 su PIB creció un 7,4%); Nigeria ha promediado un 7% de crecimiento económico en la última década; Egipto está creciendo a una tasa del 5%; Camboya ha crecido con un constante 7% en los últimos tres años.

Estos son algunos datos que confirman que hay otro mundo más allá de Occidente, y que no estamos mirando hacia él. Los mencionados países están en fase de expansión y crecimiento, y presentan una ventaja fundamental: son economías aún por desarrollar y, por tanto, es más fácil encontrar una relación de complementariedad más simétrica en materia productiva, comercial y financiera con ellas. Representan potenciales aliados económicos con mayores similitudes en tamaño y desarrollo, lo que permite diseñar hojas de ruta específicas para que ambas partes puedan salir ganando, o sea, sobre una base de intercambio menos desigual, sin tanta dominancia ni supremacía de uno sobre otro.

El nuevo paradigma ganar-ganar en las relaciones económicas internacionales para Latinoamérica reside en este otro universo naciente por explorar, sin que ello signifique que se abandone el relacionamiento con los BRICS ni con las economías centrales.

* Alfredo Serrano Mancilla. Doctor en Economía, Director CELAG

Washington no podrá con dos guerras frías


Diario ¡Por esto! (Mérida)

Por Manuel E. Yepe

Patrick Joseph Buchanan es un escritor, locutor y comentarista político estadounidense clasificado -por su orientación ideológica- de fascista y paleoconservador. Comenzó su carrera política con Richard Nixon y pasó luego a trabajar como asesor principal de Gerald Ford y Ronald Reagan. Se postuló en varias ocasiones para la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos. En 1982 comenzó a trabajar en el programa de televisión Buchanan-Braden auspiciado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y se convirtió en voz principal de CNN, MSNBC y Fox News hasta que en 2012 fue echado por racista.
Con tal currículo, se comprende por qué Pat Buchanan se pregunta el 18 de diciembre en su sitio Web oficial ¿Pudiera Estados Unidos llevar a cabo una política de contención de Guerra Fría contra las otras dos grandes potencias militares actuales, manteniendo sus compromisos de defensa con decenas de países de todo el mundo? Y, de ser así, ¿por cuánto tiempo podríamos seguir haciéndolo y a qué precio? Atribuye sus dudas a tres motivaciones: “Primero, porque hemos intervenido militar y repetidamente en un Oriente Medio donde ningún interés vital de Estados Unidos estaba en peligro, quedando atrapados en la guerra eterna de esa región musulmana.
“En segundo lugar, por haber ampliado la alianza de la OTAN a Europa Oriental, los Balcanes y el Báltico, desencadenando así una Segunda Guerra Fría con Rusia.
“Y tercero porque Estados Unidos ha estado sustentando a China durante décadas antes de reconocer que se estaba convirtiendo en una superpotencia cuyas ambiciones en Asia y el Pacífico sólo podrían realizarse a expensas de países amigos de Estados Unidos”. La pregunta que ahora se hace Buchanan es otra: ¿Puede EEUU Estados Unidos llevar a cabo una política de contención de Guerra Fría contra las otras dos grandes potencias militares de nuestro tiempo, incluso mientras mantiene sus compromisos de Guerra Fría respecto a decenas de países de todo el mundo? Y, de ser así, ¿por cuánto tiempo podemos seguir haciéndolo y a qué precio?
“Tarde ha reconocido el establishment estadounidense –dice Buchanan- la locura histórica de haber acompañado a China en el escenario mundial tratando de comprar su amistad duradera con la venta de billones de dólares de nuestros excedentes comerciales desde Bush hasta la actualidad”.
Para Buchanan, el problema reside en que China no ha correspondido debidamente al cortejo de Estados Unidos y no en el impresionante auge económico que el Gigante Asiático ha estado logrando sin el ahogo a que estuvo sometido por Occidente hasta al fin de la guerra fría. “Beijing ha reafirmado su soberanía en el Mar del Sur de China, ha construido bases aéreas y de misiles en media docena de islotes en disputa, y ha advertido a los barcos y aviones de Estados Unidos que se mantengan alejados.
“China ha construido y arrendado puertos y bases desde el Océano Índico hasta África. Ha prestado miles de millones a países pobres de Asia y África, como las Maldivas, para luego exigirles el cumplimiento de los compromisos contraídos como base para esas concesiones cuando estas naciones no cumplieron con las deudas contraídas para construir sus instalaciones”.
China ha enviado cientos de miles de estudiantes a colegios y universidades de Estados Unidos, y Buchanan supone que muchos de ellos se han dedicado al espionaje. Buchanan acusa a China de todos los males que ha estado confrontando el sistema capitalista a escala global. Considera que Beijing mantuvo su moneda por debajo de su valor de mercado para mantener su ventaja comercial y atraer a China a las corporaciones estadounidenses donde, según calcula, son presionadas para que les transfieran sus secretos tecnológicos.
Entre otras culpas, atribuye a China la participación en robos cibernéticos de archivos de personal de millones de solicitantes y empleados federales de Estados Unidos, de los números de tarjetas de crédito y pasaportes de millones de huéspedes de los hoteles estadounidenses en todo el mundo a lo largo de los años, e incluso de las fallas en la ciberseguridad que facilitaron el robo de datos sobre los aviones F-22 y F-35 de Estados Unidos, información que se supone ha jugado un importante papel en el desarrollo de la quinta generación de cazas de combate de Beijing.
“Durante décadas –dice Buchanan- hemos estado financiando el desarrollo de una China cuya ambición es expulsarnos de Asia Oriental y el Pacífico Occidental y reemplazarnos como la primera potencia del mundo”. Sin embargo, el compromiso de Washington con China ha fracasado y le ha dejado enfrentado a un nuevo adversario con una población y una economía diez veces mayores que las de Rusia.

La Habana de Alejo



Por Graziella Pogolotti

Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

No alcanzaba Carpentier la mayoría de edad cuando el abandono del padre le impuso la necesidad de procurarse el sustento. Después de vencer muchos obstáculos, consiguió una columna dedicada a la reseña de obras maestras en La Discusión. Más tarde, por vía de suplencia, le entregarían la sección consagrada a los espectáculos. Tenía que asistir a las funciones y, avanzada la noche, redactar sus comentarios en el solitario local del periódico, situado en la Plaza de la Catedral. Al terminar el trabajo, regresaba caminando a la casa. En ese andar, iba descubriendo, entre las sombras de la ciudad, la singularidad de La Habana colonial.

Los objetos permanecen a nuestro alrededor hasta que la mirada del observador revela sus contornos, establece un diálogo que le permite escapar de la indiferencia y el anonimato. Por eso, mucho después de su fundación, La Habana fue redescubierta por visitantes y nativos.

Con los apuntes de los escritores costumbristas, las letras de los extensos cancioneros, las crónicas de los periodistas y las imágenes de los pintores, se fue nutriendo un imaginario. La ciudad adquirió un halo mítico.

En el andar obligado a través de la noche habanera empezó Carpentier a desentrañar las claves de la ciudad vieja. Se le iban presentando los perfiles de una arquitectura que, en un proceso de adaptación al clima, a los recursos disponibles y a las habilidades de sus artesanos, había ido configurando un diseño propio con sus vitrales coloreados para filtrar la violencia de luz solar, con sus guardavecinos y guardacantones, con el moderado barroquismo de su catedral.

Rescató las leyendas que rodeaban el Convento de Santa Clara, de donde escapó más de un siglo antes, María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, condesa de Merlín. Comprendió que las calles estrechas propiciaban una sombra protectora que proseguía en el interior de las casas con sus persianas y mamparas, razón de intercambio permanente entre el espacio público y el privado.

Carpentier afirmó alguna vez que llevaba un músico dentro. De esa pasión nació una estrecha relación de trabajo con los compositores Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla. La ley proscribía los rituales de origen africano. De vez en cuando, se producía una requisa de tambores.

A pesar de la represión latente, la percusión recorría las calles de la ciudad. Carpentier, Roldán y Caturla se involucraron en el estudio de esas expresiones de la cultura popular con el propósito de incorporarla a la música de concierto. Por ese camino llegaron hasta Regla, al otro lado de la bahía, sitio que dejaría imantado para siempre al escritor cubano. Allí encontró fuentes para adentrarse en el mundo secreto de las creencias, entró en contacto con ejecutantes prodigiosos y con la imaginería desplegada en los altares.

Había aprendido a mirar la ciudad. Fue detectando el singular maridaje entre lo monumental y lo cotidiano, el transcurrir sumergido de cultura popular. Percibió los pregones y el vocerío de la gente, la interconexión entre el hogar y la calle, la presencia viva de la historia, las sensaciones olfativas, el contrapunto entre la luz y la sombra. Eran los componentes de la multiplicidad de contextos, concepto que definiría en términos teóricos mucho después, llegado ya a la edad madura.

Con esa visión renovada, el caminante franqueó los límites del casco histórico. Tropezó con el carretón de Oquendo, altorrelieve de autor anónimo situado en la calle de ese nombre. Valoró la mezcla de estilos en las columnas que sostienen los portales y en los edificios que ocupan buena parte de la ciudad moderna.

En ese crecimiento anárquico, La Habana se emparentaba con una América Latina donde la urbanización se expandía con rapidez. Comprendió al cabo que, sobrepasados los tiempos de “la novela de la tierra”, tocaba a los escritores abordar la compleja realidad de nuestras extensas ciudades sin estilo, de reconocer y legitimar sus valores.

Según Alejo Carpentier, La Habana era el ámbito privilegiado de lo real maravilloso, lo que significaba para él el espacio de la maravilla, condición arraigada en la presencia natural de lo insólito, de lo singular, de lo sorprendente. El escritor había nacido el 26 de diciembre de 1904. Pasó su infancia en el entorno todavía rural de Loma de Tierra. Conoció lo más íntimo del entramado urbano. Viajó. Permaneció durante años en París y en Caracas. Cada regreso propiciaba nuevos descubrimientos que dejaron huellas en infinidad de artículos periodísticos, así como en su clásico ensayo La ciudad de las columnas.

También aparece de soslayo en algunas de sus novelas. Puede haber algo de La Habana en la ciudad sin nombre de Ecué- Yamba- Ó. Es el hogar de los protagonistas de El siglo de las luces. Mucho tiene todavía de aldea El camino de Santiago. De paso hacia Europa, el indiano de Concierto barroco encuentra en Regla al que será su compañero de andanzas, descendiente de Salvador Golomón, el personaje de Espejo de paciencia. Algo del machadato y de la construcción del Capitolio en El recurso del método. En la voz del arquitecto Enrique, La Habana ocupa buena parte de La consagración de la primavera.

La víspera del medio milenio y el aniversario del nacimiento de Alejo Carpentier nos convocan al recuento de las obras de los escritores y artistas que contribuyeron a la construcción del mito de La Habana.

miércoles, 30 de enero de 2019

No queremos un turismo que genere más despojo y exclusión”


ALBA SUD

Por Giorgio Trucchi

En junio de este año, el gobierno de Honduras creó el Distrito Turístico de la Ruta del Sol. Su objetivo es potenciar el turismo y la generación de empleo en la zona del pacífico hondureño, en el sur del país. El nuevo distrito –el tercero después de Joya de los Lagos (centro) y Lenca Maya (occidente)– cuenta con un motor dinamizador que es la nueva Carretera del Sur. La obra, por la cual se invirtieron 157 millones de dólares en materia de infraestructura vial, une la capital Tegucigalpa a la localidad de Jícaro Galán, se complementa con el tramo que llega hasta San Lorenzo y continúa hacia las fronteras con Nicaragua y El Salvador.
Para el gobierno, potenciar el turismo en el sur significa también mejorar los hoteles existentes, los restaurantes, los medios de transporte terrestre y marítimo, así como atraer nuevas inversiones a medida que irá creciendo la demanda. De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) para la región del Golfo de Fonseca, Romel Oliva, las plazas de trabajo en la región podrían incrementarse en hasta un 70%. “Lo que pretendemos es dinamizar el rubro del turismo porque éste ofrece ventajas como la derrama económica que no se da en otros rubros. Cada día más en Valle y Choluteca el crecimiento de la planta hotelera y restaurantes se está haciendo más visible. Con esta carretera de primer mundo que tenemos ahora el sur va a convertirse en un polo de desarrollo”, aseguró el funcionario.
Ese gran proyecto se enmarca tanto en el Plan maestro para el desarrollo del Golfo de Fonseca, acordado entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, y la instalación en la zona sur de Honduras de la primera Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), mejor conocida como ciudad modelo [1], que tiene entre sus ejes la creación de distritos especiales de inversión turística y que ha despertado el interés tanto de grupos económicos nacionales como de grandes empresas transnacionales.
A ese propósito, en noviembre de 2018 se realizó en Managua la XVI Reunión Técnica Trinacional del Golfo de Fonseca, para evaluar el avance de los proyectos de inversión y desarrollo económico, la gobernanza trinacional, un cronograma de trabajo y una posible reunión de jefes de Estado. Entre los proyectos con claros fines turísticos y comerciales figuran un ferry que conecte los puertos de La Unión (El Salvador) y Corinto (Nicaragua), y un transbordador entre La Unión y las zonas de Amapala y San Lorenzo (Honduras) y Potosí (Nicaragua). Además, revisaron los avances de los planes de la ZEDE y el parque logístico en el Golfo de Fonseca que tendrá una extensión aproximada de unos 3.200 kilómetros cuadrados. 

No todo lo que brilla es oro
Fabián Ávila tiene 28 años y vive en una de las comunidades de la isla de Zacate Grande, convertida en península a finales de los años 60 cuando el gobierno de ese entonces decidió construir una carretera que la uniera a tierra firme. Igual que sus amigos y amigas tiene un vínculo muy fuerte con su tierra. La familia, en particular la madre, le transmitió el valor de luchar y defender esos lugares contra la voracidad de terratenientes, políticos sin escrúpulos y empresas.
Fabián es miembro de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y locutor de la radio La Voz de Zacate Grande, emisora fundada en el 2010 que ha venido denunciando sistemáticamente la represión sufrida por quienes luchan en defensa de la tierra y los bienes comunes. El 18 de abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a él y a los demás comunicadores de la radio. La solicitud de medidas cautelares indica que, desde la apertura de la emisora, sus comunicadores han sido objeto de hostigamientos y agresiones por parte de personas privadas y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo un ataque con arma de fuego contra el entonces coordinador de la radio, Franklin Meléndez [2].
“Con un grupo de compañeros y compañeras fuimos a La Esperanza, Intibucá, donde la organización Comunicadores y comunicadoras Populares por la Autonomía (COMPPA) impartía un taller de capacitación sobre comunicación. Era el 2008. Dos años después, en plena lucha contra el golpe de estado, se fundó La Voz de Zacate Grande. La represión a manos de terratenientes, guardias de seguridad privada, policías y militares fue inmediata. De las 18 personas que estuvimos capacitándonos, hoy quedamos sólo 6 en la radio. La mayoría tuvo que irse de Zacate Grande. Algunos se fueron hacia las ciudades y otros tuvieron que abandonar el país”, recuerda Fabián Ávila.
“Yo vengo de una familia que ha estado luchando por el derecho a la tierra, defendiendo nuestro territorio. Da tristeza ver como estos ricos se adueñan de todo, incluso de las playas donde crecimos, donde íbamos a jugar, donde disfrutábamos del tiempo libre con nuestras familias, con amigos y amigas. Da rabia ver cómo llega gente de afuera a decirte que la tierra que te vio nacer ya no es tuya, que tienes que irte so pena de ser desalojado. Mi mamá fue entre las personas que empezaron esta lucha y por eso fue acusada en los tribunales. Yo vi su compromiso y decidí seguir su ejemplo”, dijo el joven activista a Alba Sud. 

¿Reservas naturales en venta?
Durante el recorrido en lancha de Puerto Grande a la Isla Exposición, donde el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) iba a desarrollar un taller sobre transformación de conflictos y derechos humanos dirigido a miembros de las diferentes comunidades de Zacate Grande, Fabián iba señalando puntos de la costa donde ya no hay acceso para la población. Una sucesión interminable de mansiones detrás de una vegetación muy espesa marcando la pauta de nuestro viaje.
“Allá está la mansión de los Facussé y la de (Fredy) Nasser. Todos los ricos tienen sus mansiones aquí. Aquella con el embarcadero era del ex presidente (Rafael Leonardo) Callejas, pero ya la vendió. Esa es la isla Tigrito -explicó el joven-. Los Facussé se apoderaron de ella y de sus playas y hasta construyeron un terraplén para unir la isla a tierra firme. Nadie se puede acercar y los pescadores tienen que dar toda la vuelta porque no hay pasada. Lo mismo ocurrió con otras playas. Los muros que levantaron terminan hasta dentro el agua y la zona está llena de guardias armados”, dijo Fabián.
Tanto en la isla Exposición como en otras de las islas que integran el Archipiélago del Golfo de Fonseca aparecieron rótulos que advierten que se trata de ‘zona protegida’ [3]. “La pregunta es ¿para quién las están protegiendo? Seguro que no para la gente de las comunidades, ni para los jóvenes. Cientos de muchachos y muchachas que a diario deben abandonar sus tierras, sea por la falta de oportunidades que por la represión y criminalización de la lucha”, aseveró el locutor de La Voz de Zacate Grande.
Luis Méndez, coordinador de proyecto del CIPRODEH, explica que existe un fuerte interés de parte tanto del gobierno como de la empresa privada de hacer del sur de Honduras un enclave económico para las grandes corporaciones. Todo en el marco de la instalación de la primera ZEDE. “Hemos viajado varias veces a estas zonas y hemos visto como han venido militarizando el territorio, como la población está perdiendo sus lugares, como unas pocas familias han venido acaparando tierras y playas. Así que ‘protegen’ las islas para la llegada de quienes van a invertir en proyectos turísticos, igual lo hacen con los territorios que están en la mira de empresas que impulsan proyectos energéticos y la minería. Lo que el Estado debería hacer es proteger de verdad el territorio y los bienes comunes, así como la gente que sufre amenazas, represión, criminalización y judicialización”.
El experto capacitador advirtió que la situación en el sur de Honduras es muy grave. “Hay una gran cantidad de puntos críticos. Se están apoderando del territorio y lo hacen en contubernio con todo el aparato estatal, que está para servicio de los grupos económicos y no para defender los intereses y derechos de las comunidades. Lo que viene con la Zede y con estos programas dizque de desarrollo va a profundizar aún más el conflicto. Si bien es cierto que la represión no para, tampoco va a parar la resistencia”, aseguró el coordinador de proyectos del CIPRODEH.
“En toda la zona ha venido surgiendo una conciencia colectiva de las comunidades por la defensa de los territorios. Lo vemos en los conflictos que se están dando por la imposición de proyectos extractivos y agroindustriales. Lo vemos también con el sector turismo, donde la mirada está puesta en la generación de más y más ganancia para unos pocos y muy poco o casi nada para las comunidades y su gente”, agregó Méndez.
También para Fabián Ávila, el turismo podría ser algo muy importante para mejorar las condiciones de vida de la gente. “Siempre lo hemos dicho: los que luchamos por la defensa del territorio no nos oponemos al desarrollo. Queremos desarrollo, queremos trabajo, queremos que lleguen los turistas, que disfruten de las bellezas de nuestra isla, de estas bellas playas, de las aguas y el sol del sur de Honduras. Pero debe ser algo que beneficie a todos. Tenemos décadas viviendo aquí y las comunidades deben ser consultadas y participar de estos procesos. Queremos un turismo que nazca de las comunidades. El turismo ya no puede dejar solamente despojo y privatización. Estamos cansado de ello”, concluyó Ávila.

Notas: 
[1] Espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas, que estarán sometidos a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad. 
[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHMC 115/11 – Comunicadores de La Voz de Zacate Grande, Honduras. 
[3] Islas Exposición, Sirena, Inglesera, Violín, Coyote, Garrobo o San Carlos, Pacar, Comandante, Las Almejas, El Padre, Conejo, Los Pájaros, Zacate Grande. Este artículo se publica en el marco del proyecto «El Objectius de Desenvolupament Sostenible i el turisme: estratègia d’educació per al desenvolupament», ejecutado por Alba Sud con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (convocatoria 2017).

COPINH continúan en la defensa del Río Gualcarque y en contra del Proyecto "Agua Zarca"



A poco tiempo de cumplirse tres años del asesinato de Berta Cáceres, las comunidades articuladas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –COPINH- continúan la defensa del territorio y los bienes naturales, entre ellos el Río Gualcarque.

A través de un recurso de amparo, presentado en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el COPINH ha solicitado la cancelación de la concesión sobre el Río Gualcarque, otorgada a la Empresa de Desarrollos Energéticos S.A –DESA-.

El abogado Víctor Fernández, representante legal del COPINH, explica que con la concesión se han violentado los derechos a la consulta y a la autodeterminación de los pueblos, contenidos en el convenio 169 de la OIT.

“Una de las acciones que ha hecho falta contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es la acción de amparo en contra de los distintos actos administrativos, que en su conjunto han permitido que la empresa DESA tenga ese derecho sobre el Río Gualcarque”, explica Fernández, al indicar que el Instituto de Conservación Forestal –ICF- determinó que era viable el proyecto.

Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del COPINH, expresa que es clave quitarle la concesión al proyecto hidroeléctrico para encontrar verdadera justicia por el asesinato de Berta Cáceres.

“Para nosotras la justicia es mantener los territorios del pueblo lenca libres, hoy mismo se encuentra abierta una batalla grande contra distintos proyectos hidroeléctricos y mineros que están saqueando los territorios y ese es un deber que tenemos que cumplir”, comenta Zúniga.

Luego de captura de Sergio Rodríguez, ex gerente ambiental de DESA y ahora encontrando culpable por el asesinato de Cáceres, el proyecto “Agua Zarca” se ha paralizado, sin embargo, la empresa ha manifestado sus intenciones de reaperturarlo, cuenta Berta Zúniga.

“Lo hemos dicho, más allá de lo que pase, nosotros vamos a seguir defendiendo el río, que es el ejercicio que la compañera Berta Cáceres nos enseñó”, asegura Zúniga.

El recurso de amparo contra la concesión sobre el Río Gualcarque fue presentando por el COPINH en el marco de la audiencia de individualización de la pena contra las siete personas declaradas culpables por el crimen de Berta Cáceres e intento de asesinato contra el ambientalista mexicano, Gustavo Castro, hecho ocurrido el dos de marzo del 2016.

En dicha audiencia, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) solicitó la privación de libertad de por vida para los declarados culpables.

Los condenados por el asesinato de Berta Cáceres son Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex militar), Mariano Díaz Chávez (Mayor del ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Torres Velásquez.

La individualización de la pena se conocerá hasta que la Corte de Apelaciones resuelva los recursos de amparo interpuestos, tanto por la acusación privada como por la defensa de los imputados.

Golpe electoral y crisis política en Honduras



Por Carmen Elena Villacorta Zuluaga, Esteban De Gori et al

Tal como lo aseguran varios de los análisis aquí recogidos, la actual crisis política en Honduras es continuación y consecuencia del 28 de junio de 2009, día en el que las Fuerzas Armadas depusieron al presidente electo Manuel Zelaya, obligándolo a abandonar el país. Ocho años después, las mismas fuerzas golpistas impidieron fraudulentamente el arribo al Ejecutivo del candidato electo Salvador Nasralla en los comicios presidenciales de noviembre de 2017, perpetrando lo que el sociólogo hondureño Eugenio Sosa denomina un “golpe electoral”. Todos estos hechos han puesto a prueba el temple y la valentía del pueblo organizado de Honduras, que ha sabido mantener en alto, pese a la brutal represión, las banderas por el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, el retorno de la democracia, el cese de la corrupción y de la persecución a la oposición, la soberanía del territorio y, en definitiva, nada menos que la refundación de la nación. La contracara del sombrío panorama que hace difícil la vida y el ejercicio de las libertades en la sociedad hondureña es la fuerza de estos movimientos sociales diversos, capaces de llevar su hartazgo más allá del miedo en la lucha por un país que ofrezca dignidad y posibilidades. Como en diferentes lugares de Nuestra América y del mundo, en Argentina permanecemos en alarma y vigilantes ante la grave situación de Honduras. Sea esta contribución editorial un mensaje de solidaridad y esperanza.



Los derechos campesinos entran por casa


Por Javier Suazo

Foto: André de Assis/Flickr/cc

“La reforma agraria posible se hace con bandera y machete en mano”

Aníbal Delgado Fiallos, Ministro-director de INA

El Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe 2018 de la Organización de las Naciones Unida para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha prendido las alarmas sobre el aumento de la pobreza y la pobreza rural, en una coyuntura de grandes desafíos económicos, políticos y sociales, donde varios gobiernos (Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Honduras, Guatemala, Perú), para citar unos cuantos, asumen que las políticas de corte neoliberal en el agro son las solución no la causa que explica en gran medida el aumento de la pobreza.

La FAO y organizaciones como OXFAM ha reconocido además la importancia de la agricultura familiar campesina (AFC), para enfrentar el problema de la pobreza, y varios países han adoptado políticas de apoyo a este tipo de agricultura; sin embargo, la tierra se ha reconcentrado y miles de campesinos, campesinas e indígenas han sido expulsados de sus territorios, incluso criminalizados como delincuentes, encarcelados y muchos asesinados.

El 18 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU 73) adoptó la Declaración Universal sobre los Derechos Campesinos y demás personas que laboran en el campo, específicamente los que dependen del trabajo agrícola para la manutención de sus familias. Es el resultado de una lucha de largo tiempo, donde merece destacarse el trabajo realizado por la Vía Campesina y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La declaración fue aprobada por 117 votos a favor, 49 abstenciones y 7 países que votaron en contra. En la región centroamericana Honduras y Guatemala se abstuvieron, aun cuando son dos de los países con mayor población campesina e indígena en la región; igual sucedió con Colombia, Argentina y Brasil.

Esta declaración debe ser vista como un mandado para los Estados miembros, a efecto de ejecutar acciones destinadas a garantizar a los campesinos y campesinas el acceso a medios y recursos productivos (tierra, crédito, semillas, agua, bosque, tecnología y conocimientos), en forma irrestricta y respetando los valores ancestrales y culturas. En general, las políticas públicas vigentes en la mayor parte de los países latinoamericanos, son contrarias a una práctica institucional que recoge derechos a población rural históricamente despojada, explotada y marginada de las llamadas acciones del desarrollo, incluso cuando se pensó que el principal instrumento para lograrlo eran las reformas agrarias impulsadas desde el Estado.

Ello abre varios frentes de trabajo para cumplir con la declaración y las acciones que se ejecuten por los gobiernos. El primero, tal como lo manifiesta la Vía Campesina, es el fortalecimiento de las organizaciones de hombres y mujeres del campo, tanto a nivel de región como de países. El trabajo no ha sido ni será fácil, ya que muchas de estas organizaciones operan como apéndices de las políticas de gobierno, recibiendo recursos del Estado para ejecutar programas y proyectos de beneficio propio (¿dirigentes?) y afiliados, bajo el compromiso de no participar en marchas de protesta pública en contra de la violación de derechos adquiridos históricamente.

En Honduras, por ejemplo, dirigentes de organizaciones como la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) y la Unión de Campesinos de Honduras (UNC), celebran la política de gobierno de venta del territorio nacional y privatización de ríos y bosques, incluso cuando varios de sus compañeros de base, familias y comunidades campesinas y étnicas son perjudicados. Es más, aunque todavía está vigente la Ley de Reforma Agraria en lo que respecta al reclamo de los sobre techos agrarios, no exigen su cumplimiento ni la derogación de acuerdos y decretos parciales emitidos por las instituciones de gobierno.

El segundo tiene relación con las acciones de denuncia y protección frente a las violaciones de derechos adquiridos por los campesinos, campesinas y pueblos étnicos. Los desalojos violentos y criminalización de la protesta es la repuesta de los gobiernos y grupos de poder frente a la demanda, por lo que la documentación de las denuncias y violaciones es una tarea inmediata. En Honduras hay evidencia de campesinos presos al ser acusados de criminales (defensa de los territorios y recursos naturales), sin que exista evidencia plena que la persona participó de dicha protesta; o, en caso de haber participado, las evidencias han sido construidas desde las instituciones de Seguridad del Estado. Hay que conformar el Observatorio de Defensa de Derechos Campesinos a nivel de la región centroamericana, con una subsede en cada país.

La declaración también exige mayor compromiso de las Oficinas de los Comisionados de los Derechos Humanos, y de aquellas creadas con tales propósitos en los países de la región. Implica que, desde las organizaciones regionales y nacionales de campesinos y campesinas comprometidas con la reivindicación de derechos humanos, se conforme una veeduría social sobre las actuaciones de estas oficinas y funcionarios, con evaluaciones periódicas. En el tema campesino, varias de las organizaciones de derechos humanos creadas desde la sociedad civil han sido copadas por el gobierno, sin que exista un mecanismo que permita la denuncia permanente de sus actos. Supone un mayor acercamiento con aquellas agencias de cooperación externa que ejecutan proyectos con y para campesinos y campesinas, ya que destinan cuantiosos recursos para el funcionamiento de estas ONG “tarifadas” desde el Estado.

Las organizaciones que defienden los derechos campesinos y de población indígena, han tenido poca capacidad de incidencia en las políticas de gobierno a favor de estos sectores y población. En países como Honduras y Guatemala, este tipo de políticas emanan del gobierno, especialmente del presidente de la República. Los espacios que quedan, caso del Congreso de la República, son mal aprovechados, en tanto se avalan proyectos de ley que en la práctica no resuelven los problemas de falta de acceso a tierra productiva, crédito e inseguridad alimentaria, más bien lo agravan. En Honduras destacan dos experiencias: La aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), y la conformación de los fondos de inversión para la reactivación del sector agropecuario (FIRSA); ambos proyectos deben ser eliminados.

En la región centroamericana, la vigencia de la declaración de los derechos campesinos (as) y de los pueblos étnicos, implica una fuerte alianza entre organizaciones del campo, gremiales, institucionales y políticas, ya que el cumplimiento de dichos derechos está condicionado a la vigencia de espacios de participación social en democracia.