jueves, 31 de agosto de 2017

Continúa la demanda de justicia por el crimen de Margarita Murillo



A tres años de impunidad en el crimen de Margarita Murillo, su familia y compañeras del Foro de Mujeres por la Vida, continúan denunciando el sistema donde la mujer ha sido replegada por tantos años, y donde la violencia se ensaña y la impunidad permite la repetición y el aumento de estos hechos sin que el Estado de una respuesta.

Margarita Murillo fue asesinada por la espalda un 27 de agosto del 2014, en medio de un conflicto agrario que sigue cobrando la vida de campesinas y campesinos. Fue asesinada por varios disparos, en el país más peligro para los defensores de derechos humanos y bienes naturales según la organización Global Witness. También fue asesinada en el país donde cada 14 horas una mujer sufre su mismo destino.

Al momento del crimen las autoridades policiales encontraron una carta con una invitación a un encuentro de organizaciones campesinas, que también tenía una amenaza para que dejara de luchar por la tierra o tendría un derramamiento de sangre.

Al final su sangre fue derramada por las manos de sicarios al servicio de los grupos económicos que tienen en el control de las tierras y que se prestan a criminalizar en contubernio con el Estado a los campesinos y campesinas, denuncia el Foro de Mujeres por la Vida.

Margarita pertenecía a la Empresa Asociativa Campesina “Las Ventanas de la Producción”, en la que desde hace nueve años se organizaron para recuperar terrenos en el departamento de Cortés, y de esa forma ponerlo en manos de los campesinos tanto para cultivarla como habitarla.

Según la Central Nacional de Trabajadores del Campo-CNTC-, En Honduras la tierra está concentrada en pocas manos, del lado más desfavorable hay más de 350 mil familias campesinas que no cuentan con un pedazo de patria para cultivar ni para instalar una pequeña vivienda.

A pesar de la crisis actual, el gobierno lejos de buscar una solución sigue entregando el territorio y bienes naturales a inversionistas nacionales y extranjeros para su explotación.

Este 27 de agosto las mujeres organizadas en el Foro de Mujeres de Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara y Yoro, realizaran un acto de protesta, en la comunidad garífuna Barra Vieja en Tela, para denunciar la impunidad por el asesinato de Margarita y el despojo territorial que están sufriendo las mujeres de la costa.

Aumenta violencia hacia las mujeres

En Honduras la mujer es víctima de varios tipos de violencia. Una violencia cultural producto de la clase de sociedad donde predomina el machismo y la desvalorización de la mujer por el simple hecho de ser mujer. Una violencia política en la que no se le permite participar en igualdad, a pesar de tener igual o más capacidad que los hombres. Y una violencia estatal donde se le reprime con leyes y se violenta su cuerpo y territorios al tomar decisiones en contra de su dignidad.

“Toda esa violencia estamos viviendo las mujeres sin que las autoridades y organizaciones sociales digan algo al respecto”, denunció Jessica Sánchez del Movimiento Feminista de Honduras durante un conversatorio que realizó el Foro de Mujeres por la Vida.

En el país según las organizaciones de derechos humanos cada 14 horas una mujer es asesinada. En lo que va de 2017 se contabilizan casi 200 asesinatos de mujeres, y en los últimos 13 años se han registrado 5, 135 femicidios; los casos se encuentran sumergidos en el 96 por ciento de impunidad.

“Pareciera que el país está en guerra”, agregó Jessica, asegurando que las mujeres se sienten abandonadas por parte del movimiento social y popular en Honduras, quienes según la analista no se pronuncian respecto.

"Es él, mata a ese hijo de puta"



“Lo que querían no era robar, era asesinar”, ha dicho esta mañana a la prensa el director fundador del periódico hondureño El Libertador, Jhonny Lagos (foto en texto), luego de que la noche del jueves fuera víctima de un atentado junto a su esposa.

Según el testimonio del reconocido periodista, los antisociales dispararon en cinco ocasiones, uno de los proyectiles alcanzo a herir a su esposa; por otro lado, de las pertenencias en el vehículo no se llevaron todas e incluso rechazaron despojar el celular que fue ofrecido. 

“Es él, mata a ese hijo de puta”, fueron las palabras que Lagos escuchó de los individuos mientras uno de ellos parecía dudar de su identidad, ya que al tenerlo encañonado, éste rechazó la orden de su cómplice. 

Redacción Central / El Libertador

Tegucigalpa. “Es él, mata a ese hijo de puta”, fueron las palabras de uno de los tres individuos que anoche atentaron contra la humanidad del director fundador de periódico El Libertador, Jhonny José Lagos y su esposa.

Según el testimonio del director, a eso de las 7:40 pm se prestaban para partir rumbo a su hogar, haciendo escala en la pulpería ubicada a unos 120 metros de las oficinas del periódico, él iba en el vehículo como acompañante y su esposa conducía. “Cuando bajo, en ese instante veo que bajan tres individuos fornidos con pistola en mano, uno de ellos se acercó a mí”.

“Vos hijo de puta” fue lo que le dijo el individuo a lo que Lagos respondió “que pasa”, fue entonces cuando escucho a otro de los antisociales decir “es él, mara a ese hijo de puta”. Relata que el hombre le pidió la billetera y al confesarle que no utiliza, ya que su trabajo es escribir y le resulta incómodo usar una, fue entonces que le exigió el celular, “tampoco tengo” le respondió.

Lagos menciona que observó al individuo luego de que le pidiera todos los papeles de sus bolsillos, al momento de entregarlos el otro individuo le grito a su cómplice “te está mirando la cara, te está reconociendo, mátalo es él”. Se percató que el atacante alzo la mano, por lo que tuvo la reacción de lanzarse al suelo, al tiempo escuchó una detonación y cuando yacía en el suelo un segundo disparo hizo que le caerá tierra en la cabeza.

“En ese instante escucho lo que dice el otro ‘mata a esa vieja hija de la gran puta’ refiriéndose a mi esposa, posteriormente se lanza a la puerta del conductor donde estaba mi compañera y escuche una detonación en el carro, luego la segunda, que es la perforación que tiene el carro en el lado del conductor”.

En el atentado, su esposa resultó herida, antes de amenazar con las armas, estos individuos estacionaran justo enfrente de su automóvil, como para intentar bloquear el paso. “básicamente eso fue, son segundos pero en términos de relatividad uno siente que pasa mucho tiempo”.

“Las palabras más repetidas de estas personas fueron ‘remátalo’, de hecho me hicieron tres balazos a mí y dos a mi esposa”. Confiesa que en ningún momento se resistieron cuando entregaron los bienes personales y que el tercer balazo fue cuando los antisociales se prestaban para escapar de la escena cuando uno gritaba “remátalo dale en la cabeza”.

Por otro lado, el individuo que encañonó a Jhonny Lagos, dudó en su momento sobre la identidad del reconocido periodista, ya que su compañero le gritaba “mátalo, es él, dispárale”, pero éste desobedeció.

De momento, el director ha manejado el tema como un posible atentado al ejercicio periodístico y a la razón social de El Libertador; no obstante, asegura que sería subjetivo afirmarlo, ya que aún no hay una prueba científica.

“Pero lo que sí es cierto, es que hubo cinco balazos, hay una persona herida y tampoco hay que olvidar el contexto del país, es inseguro y la política de seguridad ha fallado en este gobierno”. Reafirma que por ahora no se puede confirmar que haya sido un asalto por robo o un atentado.

Sin embargo, en Honduras de 2003 a 2017, ha registrado más de 70 periodistas asesinados, de los que el 95 por ciento han quedado en impunidad; a juicio del director de El Libertador, lo ocurrido anoche en su contra “fue un atentado porque claramente venían a asesinarnos”.

Lo que confirmaría esta teoría, es el hecho de que del carro únicamente se llevaron algunas de las maletas que estaban en la parte trasera y en su momento hasta rechazaron un celular que la esposa de Lagos les ofreció “por eso digo, lo que querían no era robar, era asesinar”.

Ante la duda que nació sobre quién pudo haber pedido su ejecución, el periodista ha dicho que volverse un “objetivo”, viene por el contexto la auditoria social de El Libertador, que con 14 años de publicaciones reforzadas por la investigación, puede llegar a tocar intereses políticos, sectores financieros y privados.

Recuerda que a través de la historia han sido muchos los atentados, que van desde ataques cibernéticos que han destruido tres páginas web del periódico hasta asalto y robo a las oficinas. Para el caso, el último atraco se dio en julio de 2016.

“La oficina de la dirección estaba inundada de papeles en el suelo, había tecnología cara, pero se llevaron solo dispositivos de información”, entre los aparatos destacan tres cámaras, varias memorias USB, celulares con los contactos de los clientes y computadoras portátiles.

En la escena había huellas de zapatos, los atracadores además dejaron varias computadoras encendidas y llamó la atención que una cámara comprada ese mismo día quedo empaquetada en un sofá de la dirección y no fue robada.

A lo largo de los años El Libertador ha denunciado ante el Ministerio Público y las autoridades correspondientes, pero hasta la fecha no se ha informado nada sobre los procesos de investigación. “En mi caso he tendido a no querer hacer escándalo y creo que de alguna manera los hondureños hasta cierto punto hemos perdido ese sentido de querer denunciar porque a final de cuentas nos enteramos que todo queda en una investigación”.

En repetidas ocasiones, Jhonny Lagos ha sido mencionado como “terrorista informático”, esto por varias páginas de supuestos periódicos que atacan a todo periodista o activista social que publica contenido que expone la realidad de Honduras.

Ante la pregunta de la prensa que acudió esta mañana a las oficinas del periódico, Lagos sostiene que lo único que espera a partir de lo suscitado anoche, es un mejor país “uno seguro, porque de nada sirve que me puedan proporcionar medidas de seguridad personales, el hecho es que es un pueblo el que está en inseguridad” –sentencia– “la política de seguridad ha fallado”.

Luego de darse a conocer lo sucedido en las redes sociales de este rotativo, varios organismos de derechos humanos, periodistas, políticos y hondureños que apoyan la causa de El Libertador, hicieron llegar sus mensajes esperanzadores ante este oscuro capitulo en la vida del “primer auditor social de Honduras”.

Asimismo, varias organizaciones de seguridad se han hecho presentes a las oficinas del periódico para proceder con medidas que velen por la seguridad del personal de empleados, así como de las instalaciones.


Justicia hondureña criminaliza y condena a campesinos de la Zona Sur



Luego de varios meses de estar procesados, los campesinos de la isla de Zacate Grande, Abel Pérez y Santos Hernández fueron sentenciados a cinco años y un mes de prisión, acusados de los delitos de usurpación, daños a la propiedad y amenazas, en perjuicio del señor Jorge Luis Cassís Leiva.

La sentencia contra los campesinos ordena que los dos luchadores por la tierra enfrenten 3 años de prisión por daños a la propiedad, 2 años por usurpación y 30 días por amenazas constitutivas de falta haciendo un total de 5 años y 30 días de prisión. Anteriormente el año 2016, Abel Pérez y Santos Hernández fueron encarcelados 110 días (del 19 de mayo al 30 de agosto).

El coordinador de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Pedro Canales, dice que detrás de la sentencia está la presión que ejerce el poder económico y político en el país sobre los encargados de impartir justicia. 

“Lo que quieren estos empresarios es tener los territorios libres para ponerlos a la venta, quieren instalar en nuestras comunidades grandes ciudades para aumentar su capital económico”, dice Canales.

La concesión y venta del territorio para la construcción de proyectos turísticos, mineros e hidroeléctricos está criminalizando y acabando con la vida de la ciudadanía que se opone a esos megaproyectos.

La región sur del país fue identificada para instalar la primera ciudad modelo del país. Alrededor de 25 municipios en los departamentos de Choluteca, Valle y el sur de Francisco Morazán están amenazados con la construcción de proyectos extractivitas (Planteles de generación de energía solar, mineras, represas hidroeléctricas, complejos turísticos y ciudades modelos).

Pedro Canales asegura que las 10 comunidades que comprenden la península de Zacate Grande están siendo invadidas totalmente por esos proyectos de destrucción que llegan para arruinarle la vida a la población.

“Es una situación terrible para la zona sur, los mega proyectos no traen beneficio, únicamente generan división, miseria y más pobreza”, apuntó el dirigente.

En el sector hasta la fecha, hay 54 campesinos que han sido criminalizados, 31 que terminaron procesos judiciales y recibieron su carta de libertad, todos han sido acusados por el delito de usurpación de tierras, por oponerse a entregar a manos de empresarios poderosos el territorio que legítimamente les pertenece.

El terrateniente Cassís Leiva, continúa reclamando las tierras en la comunidad Playa Blanca, en la península de Zacate Grande. Los campesinos y campesinas temen que, frente a la política entreguista del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aumente la criminalización y persecución en contra las comunidades.

El propio gobernante ha sido el encargado de promover los megaproyectos extractivistas argumentando que los mismos servirán para sacar a Honduras de la pobreza en la que se encuentra.

Agresiones

Un aumento en la criminalización de defensores y defensoras de Derechos Humanos se ha registrado en los últimos meses en Honduras. La mayoría de los casos se da en el contexto de extracción de los recursos naturales y megaproyectos.

Yessica Trinidad, representante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, dice que la situación es preocupante y que la mayoría de agresiones se están registrando en los sectores donde la ciudadanía se resiste a entregar el territorio y bienes naturales a manos de empresarios.

La defensora lamenta la complicidad de Estado frente a las múltiples violaciones a Derechos Humanos que se registran. En ese sentido dice que debería garantizar el derecho que tiene la ciudadanía de protestar libremente.

Mercosur y Estados de América Latina rechazan uso de la fuerza en Venezuela



Por Nicolás Boeglin

Ante las declaraciones dadas a conocer el pasado 11 de agosto por parte del Presidente de Estados Unidos sobre una "opción militar" en el caso de Venezuela (véase nota de prensa), varios Estados de América Latina así como los Estados Miembros del MERCOSUR han reaccionado de forma inmediata o casi. 
En sus declaraciones a la prensa, el Presidente de Estados Unidos señaló que: "No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo".
Bolivia emitió el mismo 11 de agosto este comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores. A diferencia de los demás comunicados que veremos a continuación (y que no refieren expresamente a Estados Unidos como tal), el texto circulado por Bolivia rechaza las declaraciones y recrimina directamente al Estado autor de esta amenaza militar. Lo reproducimos de forma integral: 
Bolivia condena declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América 
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia condena enérgicamente las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, del día viernes 11 de agosto de 2017, mediante las cuales, amenazó con una posible opción militar a la hermana República de Venezuela. 
Bolivia censura este tipo de declaraciones que ponen en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como cualquier intento de intervención militar en el mundo bajo el pretexto de querer proteger los derechos humanos en Estados soberanos. 
Es reprochable que un Mandatario de un país considerado desarrollado asuma que el resto del mundo se encuentra bajo su tutela y que por lo tanto cree tener el derecho de intervenir países, violando toda norma y principio del Derecho Internacional. El Estado Plurinacional de Bolivia hace un urgente llamado a la Comunidad Internacional a rechazar este tipo de intimidaciones y a salir en defensa de los principios del respeto a la soberanía, la libre autodeterminación e independencia de los Estados". 
Las intervenciones militares por parte de Estados Unidos en América Latina han convulsionado a la región a lo largo de toda su historia: la última intervención norteamericana es la acaecida en Panamá en 1989, precedida por un histórico fallo de 1986 de la Corte Interacional de Justicia (CIJ) con relación a las acciones militares y paramilitares de Estados Unidos contra Nicaragua (véase texto de la sentencia). En este último caso, se obtuvo la condena por parte de la CIJ de las acciones norteamericanas; no obstante, el 12 de setiembre 1991, la misma Nicaragua retiró la demanda indemnizatoria, dando por concluído este asunto (véase ordenanza de la CIJ del 26 de setiembre de 1991). 
Cuando se procede a una reprobación oficial de las acciones de Estados Unidos en contra de un Estado, esta se manifiesta casi siempre recurriendo a un léxico que evita designar expresamente a Estados Unidos. En el 2016, una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de "desagravio" a República Dominicana por la intervención de Estados Unidos en 1965 se refiere a los "acontecimientos de abril de 1965" (véase nota publicada en el OPALC con texto final de la resolución adoptada). 
La reacción colectiva de los Estados del MERCOSUR
Menos de 24 horas después de pronunciadas las palabras del Presidente Trump, los Estados del MERCOSUR se manifestaron rechazando de forma vehemente toda solución que implique el uso de la fuerza en Venezuela, al afirmar en un comunicado con fecha del 12 de agosto que: 
"El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales" (véase texto completo del comunicado conjunto circulado del 12 de agosto reproducido al final de esta nota).
Estas declaraciones del Presidente Trump se dan en el marco de la escalada verbal con Corea del Norte. Nótese que pese a su peculiar estilo, es la primera vez en su mandato que el Presidente norteamericano alude públicamente ante medios de prensa a una opción militar para resolver la situación en Venezuela. El pasado 26 de julio, las infidencias del responsable de la agencia norteamericana de inteligencia sobre Venezuela indicaron de acciones concertadas con Estados de América Latina, sin precisar el tipo de opciones valoradas (véase nota del Miami Herald sobre declaraciones de Mike Pompeo). 
Es de notar que en la Declaración de Lima adoptada por 12 Estados (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) el pasado 8 de agosto, se lee (punto 5) que estos 12 Estados expresaron: "Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza" (véase nota con texto reproducido). 
Será de sumo interés observar si estos 12 Estados, a título individual (o bien en forma colectiva), condenan ahora las declaraciones dadas por el Presidente de Estados Unidos. 
Las reacciones oficiales no colectivas de otros Estados 
El Estado anfitrión, Perú se adelantó al circular el mismo 12 de agosto el siguiente comunicado, titulado "Perú rechaza cualquier amenaza al uso de la fuerza en Venezuela - Comunicado Oficial 028 - 17, en el que se puede leer que:
"Una negociación de buena fe, con objetivos claros y plazos precisos, es la única vía aceptable para recobrar la democracia en Venezuela. Todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, así como los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El Perú rechaza cualquier amenaza o el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". 
De igual forma, Colombia emitió el siguiente comunicado en la misma fecha del 12 de agosto, sugiriendo una mediación del Secretario General de Naciones Unidas en Venezuela, y que reproducimos a continuación de manera integral: 
"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha sido explícito en su condena a la ruptura constitucional de Venezuela. Considera urgente mantener la postura adoptada por varios países y las declaraciones y decisiones individuales y colectivas en la región para restablecer las instituciones democráticas en Venezuela, tal y como lo hicimos en la Declaración de Lima del 8 de agosto pasado. 
A pesar de las dificultades actuales para lograr una salida pacífica y negociada, seguimos creyendo que este camino es el adecuado para encontrar soluciones de largo plazo para el pueblo venezolano. En este contexto y respetando los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, hemos hecho llamados al Secretario General de Naciones Unidas para que utilice los mecanismos de solución pacífica de controversias y buenos oficios para crear las condiciones que se requieren para una negociación que ponga fin a la crisis de ruptura democrática en Venezuela.
En este sentido, rechazamos medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional. Todas las medidas deben darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas". 
De manera similar, pero con un contenido distinto, este mismo 12 de agosto, México se ha manifestado en los siguientes términos mediante un comunicado de su diplomacia titulado "México continuará trabajando por una solución pacífica a la crisis en Venezuela", en el que se lee que: 
El gobierno de México, con pleno apego a las normas y principios de derecho internacional contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa su rechazo al uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y afirma que la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones militares, internas o externas. 
El 8 de agosto, 12 países, México entre ellos, adoptaron la Declaración de Lima en la que condenan la ruptura del orden democrático en Venezuela, no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y expresan que los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado. De igual manera, los países firmantes de la declaración de Lima rechazaron de manera enérgica la violencia y el uso de la fuerza. 
México reitera el contenido de la Declaración de Lima y seguirá haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que se restaure la democracia en Venezuela a través de una salida pacífica y negociada". 
Por su parte, Ecuador, Estado que no participó al encuentro en Lima, expresó mediante comunicado de su cancillería que: 
"El gobierno de Ecuador reitera la necesidad de respetar, dentro del marco del Derecho Internacional, los principios de libre determinación, de no injerencia y de convivencia pacífica entre las naciones. 
Recuerda a la comunidad internacional que la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz implica el compromiso de todas las naciones por preservar nuestro territorio común libre de amenazas o intervenciones militares de cualquier tipo. 
En este contexto, expresa su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y rechaza cualquier amenaza sobre una posible intromisión militar en su territorio. 
Ecuador reitera el llamado al diálogo como única forma de solucionar la situación del hermano pueblo venezolano". 
Finalmente, El Salvador, en un comunicado del 13 de agosto, señaló que: 
"El Salvador reitera su llamado a la solución pacífica en Venezuela 
El Salvador, como país que vivió un conflicto armado, sigue firmemente convencido que la solución a la crisis en Venezuela es a través del diálogo y la negociación en la que participen todos los sectores sin excepción. 
Ante el nivel de polarización al que se ha llegado en la sociedad venezolana, el diálogo es la única y mejor opción para evitar mayor sufrimiento y derramamiento de sangre. 
Esta vía debe prevalecer sobre cualquier acción que vaya en detrimento al respeto a la soberanía de Venezuela y en contra de los principios que establece la Carta de las Naciones Unidas, instrumento que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza y el empleo de la misma como alternativas. 
En ese sentido, consideramos que la mayor contribución de la comunidad internacional debe dirigirse a promover una salida pacífica y a no fomentar más la polarización o alguna medida que genere más violencia." 
A modo de conclusión 
Estas y posiblemente otras reacciones oficiales en América Latina condenando el uso de la fuerza son entendibles: mucho menos lo es el silencio en estos casos. Como bien se sabe, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza constituyen ambos actos sumamente graves, al contravenir a su expresa prohibición, contenida en el Artículo 2 la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945 (y en el primer artículo de la Carta de la OEA de 1948). Se trata de una regla más que fundamental, fundacional del ordenamiento jurídico internacional contemporáneo. Además de ser repudiable (y repudiada), la amenaza del uso de la fuerza de un Estado en contra de otro Estado activa una serie de mecanismos, tanto en el marco de las Naciones Unidas como en el seno de la OEA. 
Comunicado del MERCOSUR extraído de enlace en el sitio del Palacio del Itamaraty (Brasil)
Venezuela: el MERCOSUR rechaza el uso de la fuerza para restablecer el orden democrático 12 de agosto del 2017 
La decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR fue adoptada, el 5 de agosto, como consecuencia de la constatación de una grave ruptura del orden democrático en ese país. Desde entonces, aumentaron la represión, las detenciones arbitrarias y el cercenamiento de las libertades individuales. Las medidas anunciadas por el gobierno y por la Asamblea Nacional Constituyente los últimos días reducen aún más el espacio para el debate político y para la negociación. 
Los países del MERCOSUR continuarán insistiendo, individual y colectivamente, para que Venezuela cumpla con los compromisos que asumió, de manera libre y soberana, con la democracia como única forma de gobierno aceptable en la región. El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se restablezca la democracia en el país. 
Al mismo tiempo, los países del MERCOSUR consideran que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia. El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales.

La luna de miel de Trump y la oposición

Investig’Action

Por Alex Anfruns

La “opción militar” de Trump contra Venezuela se ha puesto a la orden del día una vez constituida la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Tiene lugar también cuando la oposición vuelve a manifestar su división. Sin embargo esta injerencia no la improvisa un presidente desquiciado, sino que desde el principio formaba parte del escenario violento de una parte de la oposición.

Esa oposición antidemocrática es la representada, entre otros, por el presidente de la Asamblea Nacional en desacato Julio Borges, quien visitó al general McMaster el 6 de mayo para acordar “la fuerte necesidad de un desenlace rapido y pacífico a la crisis” (entiéndase una intervención extranjera); por María Corina Machado, quien no puede postularse a la vida politica al haber sido destituida de su cargo de diputada; por Leopoldo López, quien fue condenado y se ha beneficiado de condiciones de arresto domiciliario, a pesar de haber intentado sabotear el proceso democrático del 30J; por Freddy Guevara, quien ha alentado repetidamente la violencia de los guarimberos contra las instituciones del estado, con el objetivo explícito de provocar su “ingobernabilidad”, etc

De este modo, puede considerarse que la oposición, al rechazar la mesa de diálogo con el gobierno en enero de 2017, lanzando a sus partidarios un mensaje de odio intransigente, es en gran parte responsable de las cerca de 120 víctimas mortales y centenares de heridos. El unico método que le ha permitido alcanzar una apariencia de unidad fue una estrategia de violencia en las calles. Pero tras las elecciones de la ANC, esa precaria unidad se ha resquebrajado inmediatamente, como lo muestran las recientes declaraciones de Henry Ramos Allup yFreddy Guevara frente a las elecciones regionales.

En este contexto, la Comisión por la Verdad, una de las primeras iniciativas lanzadas por la Asamblea Nacional Constituyente para esclarecer las responsabilidades de todos los actores de la violencia, ya sean de la oposición o de las fuerzas del orden, es una prueba más del compromiso por la paz del gobierno de Nicolás Maduro. Otra de las tareas encomendadas a esta Comisión, es la de determinar las responsabilidades de la Asamblea Nacional -presidida por la oposición desde diciembre de 2015- en la guerra económica, en particular al realizarpeticiones favorables a las sanciones internacionales contra el estado venezolano, como se ha puesto en evidencia en el reciente caso de Crédit Suisse.

Los lazos estrechos y duraderos entre la oposición venezolana y altos dirigentes de Estados Unidos.




Arriba, Lilian Tintori junto a Donald Trump y el senador Marco Rubio, en febrero de 2017. En el medio, Julio Borges en visita al consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, mayo de 2017.
Abajo, Maria Corina Machado junto a George W. Bush Jr. en mayo de 2005.

Frente al rechazo del diálogo y la verdad ¿qué le queda a una oposición que dio la espalda al pueblo, mostrándose favorable a la doctrina injerencista del “cambio de régimen”? Ahora es cuando necesitaba imperiosamente el aliento de la muerte del imperio, y es así como puede entenderse la declaración de Trump :

“Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario (…)Tenemos tropas en todo el mundo en lugares muy lejanos, Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo”.

Trump no ha anunciado otra cosa que un “remake” del golpe de estado contra Allende. Sin embargo, esta es un arma de doble filo, ya que de ahora en adelante se hace todavía más evidente cual es la agenda antidemocrática de los gobiernos neoliberales, y hacia donde conduce la reciente Declaración de Lima. También se hace diáfana la manipulación mediática que presenta a la oposición como democrática, mientras que en realidad ésta considera desde hace tiempo la posibilidad de una intervención militar.

A lo largo de estos 18 años, la Revolución Bolivariana ha conducido un proceso ejemplar en lo relativo al respeto de la democracia y los derechos humanos -entendidos en su sentido más amplio y no en el que ha sido instrumentalizado de manera selectiva para atacar a Yugoslavia, Afganistán o Libia-.

Las elecciones regionales anunciadas para el mes de octubre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), son también una oportunidad para la oposición, que debe escoger entre el golpismo o la democracia, entre el injerencismo o la soberanía nacional.

Separar entre la paja y el trigo es la tarea histórica del pueblo venezolano y nuestroamericano.

miércoles, 30 de agosto de 2017

Villa de San Francisco resiste a mega proyecto de la azucarera Tres Valles



A 55 kilómetros al oriente de Tegucigalpa se sitúa la Villa de San Francisco. Un municipio de Francisco Morazán que basa su economía en la ganadería, la agricultura y la cosecha de caña de azúcar. A la Villa de San Francisco la vigila desde lo más alto el Parque Nacional La Tigra, el único pulmón de la capital Tegucigalpa, y quizás de todo el Distrito Central.

Ahí, desde hace 40 años, vive don Mario Paguaga. Decidió dejar Tegucigalpa para formar una familia en un lugar alejado de las prisas y con la naturaleza característica de un valle. “Mi esposa es de aquí, pensé que tenía hecha mi vida, una vida tranquila sin ningún sobresalto y resulta que nos sale está gente con esto”.

Esa estabilidad, la que don Mario nos describe a mitad de una toma pacífica por la defensa de la vida, entró en amenaza cuando el gobierno de Juan Orlando Hernández otorgó una licencia ambiental a la azucarera Tres Valles.

“Nos quieren freír los sesos”

En 2015, la Secretaría del Ambiente (MiAmbiente) dio luz verde a la azucarera Tres Valles, propiedad del empresario Mateo Yibrín, para la generación de energía eléctrica a través de biomasa. El proyecto requiere la instalación de cables de alta tensión por la principal arteria vial.

“Por eso estamos en la lucha, no queremos estos postes, serían 104 mil voltios los que estarían pasando las 24 horas del día, prácticamente nos freirían los sesos”, afirma don Mario, frente a unos los agujeros donde la azucarera Tres Valles pretenden instalar los postes de concreto. La comunidad ha cercado con palos y piedras el lugar, y le ha llamado “el hoyo de la dignidad”.

De acuerdo a un informe técnico de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), el monto de inversión del proyecto suma trece millones cuatrocientos ochenta y un mil novecientos dólares.

José Jorge Aguilar, presidente del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO), comenta que a pesar de las recomendaciones presentadas a la empresa Tres Valles y autoridades municipales, insisten en el desarrollo del proyecto: “son postes voluminosos que están puestos en las orillas, hasta adentro de las casas, esto implica un riesgo muy grande para nosotros porque esos cables en cualquier momento puede caer y esto puede provocarnos un cáncer a través de la radiación electromagnética”.

En julio de 2017, el comité ambiental CAPIRHRO presentó ante la secretaría MiAmbiente una solicitud de cancelación del proyecto energético señalando que la ruta de las líneas de transmisión pasará por la carretera de terracería que conduce desde el municipio de San Juan de Flores, Cantarranas, Francisco Morazán, hasta Yuscarán, en el departamento de El Paraíso (26.50 kilómetros), “olvidándose los técnicos y funcionarios que en el marco de dicho tramo a recorrer por la línea de transmisión, está comprendida la calle principal o boulevard de la ciudad de la Villa de San Francisco”.

La Villa de San Francisco cuenta con una población de 10 mil personas. A lo largo de la calle principal viven unas mil personas, las que estarían expuestas a la radiación electromagnética.

Sin consulta

Frente a esa realidad, la comunidad de la Villa de San Francisco mantiene una toma parcial de la carretera para evitar la instalación de los postes en los que se colocarán los cables de alta tensión.

Nolvia Pineda, pobladora afectada, recuerda que el empresario Mateo Yibrín y el acalde Janio Borjas “jamás les consultaron” si estaban de acuerdo con el proyecto que busca generar energía a través de la biomasa.

“Cuando ya venía lo estaban instalando fue que nosotros comenzamos a protestar, tenemos más de 18 meses de andar en esta lucha porque este proyecto no se sociabilizó, como que nosotros no existíamos”, dice doña Nolvia, parafraseando la frase del mandatario nacionalista, Juan Orlando Hernández: “nadie está por encima de la ley”. Le pide a Hernández que “tome cartas en el asunto”.

Rafael Ponce, regidor en la alcaldía de la Villa de San Francisco, reconoce que la azucarera Tres Valles nunca ha solicitado un permiso municipal que avale la puesta en marcha el proyecto energético que tendrá conexión al sistema de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

“En la corporación no han solicitado ningún permiso, entonces, la corporación municipal tomó la decisión que el cable se iba a pasar por abajo del pueblo, pero ellos están porfiando por acá. La empresa lo que está haciendo es un financiamiento al Estado, las autoridades de más arriba son las que están permitiendo, la corporación no tiene nada que ver”, declaró el regidor.

El comité ambiental CAPIRHO mostró en la solicitud de cancelación del proyecto, dirigida al ministro de MiAmbiente, José Galdámez, que los terrenos donde están ubicadas las subestaciones de la azucarera Tres Valles la titularidad corresponde a los vecinos o pobladores de la Villa de San Francisco, dictamen emitido por el Instituto Nacional Agrario (INA) el siete de junio del año dos mil; los títulos datan desde el año 1,706.

Don Mario, junto a sus vecinos, se abraza a la bandera de Honduras golpeada por los intereses mezquinos de las élites económicas y de poder, aguarda frente al "hoyo de la dignidad", la respuesta de las autoridades que entregaron esa tranquilidad que vivió al lado de familia.

"Vamos a defender nuestros proyectos de agua con todo"



A Carlos Galo Chicas le preocupa que la nueva Ley General de Agua ya se está implementando en Honduras y que poca gente ha reaccionado ante la privatización de este derecho. Cree que es necesario que toda la población entienda la ley para defender los proyectos comunitarios, porque no le han costado nada de dinero ni al gobierno ni a la municipalidad, siempre se han mantenido con esfuerzo de la gente.

Galo Chicas es presidente de la Junta de Agua de la comunidad de Las Flores, un pequeño caserío que se ubica en el sector ex campos bananeros, municipio de El Progreso, Yoro, Norte de Honduras.

Y es que la realidad en las zonas rurales es similar a lo que pasa en la ciudad, la mayor parte de la gente está acomodada, no se integran a la organización. En palabras de la presidenta de la Junta de Agua de la comunidad 19 de Mayo, Petronila Ventura: “Parece que a mucha gente no le interesa organizarse, porque quiere que todo le lleven a su casa, los politiqueros a veces llegan a dar migajas con esa bolsita solidaria que solo les dura para una comida. Les prometen cosas y así se queda la gente, esperando y no acciona”.

Ante esto, varios representantes de las directivas de juntas de agua de los sectores Sur, Guaymas y Ex campos bananeros han iniciado un proceso de formación para fortalecer sus organizaciones y para la defensa del derecho humano al agua. La formación es parte de una serie de actividades para articular acciones que se desarrollarán en diferentes partes del país.

Otras iniciativas son concientizar a las comunidades para dar pasos para la construcción de un nuevo modelo de vida, que incluye, dejar de comprar productos innecesarios, sembrar semillas para cultivar alimentos saludables y llevar una buena administración de los proyectos de agua. Además de ir trabajando en la cultura de dar rendición de cuentas todos los meses y no tener mora en el pago del agua.

Otras juntas de agua, como la de Arena Blanca, están reforestando la zona donde nace el agua. Han formado un comité de vigilancia para cuidar el bosque y para que no haya delincuencia en el lugar. Asimismo hacen caminatas por la montaña para concientizar a la gente de que se debe mantener bien limpia la cuenca.

“El agua es un derecho y solo unidos vamos a poder defender este vital líquido de la privatización, Y agradecemos a Trocaire, al ERIC y a Radio Progreso porque nos ayudan en esta formación, que para nosotros es muy valiosa”, dijo el presidente de la Junta de Agua de la Comunidad de La Fragua, Francisco del Cid, quien junto con otros miembros de la directiva están dando pasos hacia adelante para que el agua no solo sea accesible, sino que también sea de calidad y en abundancia.

Llamamiento a la Conciencia Nacional



Hondureñas y hondureños:

El presente llamamiento procede de diversas  organizaciones Sociales  y de compatriotas que  se articulan como Convergencia contra el continuismo  con el  propósito de  que  tomemos conciencia sobre la necesidad de hacer  frente a los graves problemas actuales e históricos que nos  aquejan como  pueblo, al efecto  de procurar la transformación política, económica, social  y cultural indispensable para  avanzar hacia una Sociedad libre, fundada en democracia participativa e incluyente.

Hacemos un llamamiento a rechazar la reelección por su ilegalidad, porque la Constitución de la República de  Honduras la prohíbe y porque representa el continuismo  para  la profundización del  modelo neoliberal  que  desmantela   el Estado  de Derecho,  ahonda   la pérdida   de la soberanía nacional  y la violación permanente  de  los derechos   humanos,   económicos,    políticos,  sociales  y culturales.

Para imponer  la reelección,  la Corte  Suprema de Justicia,  al margen  de sus atribuciones,     declaró inaplicables varios artículos que  la prohíben,   y el Congreso  Nacional, por su parte,   rechazó la solicitud para que dicha decisión fuese tomada por voluntad  soberana directa,    mediante plebiscito.  Una  decisión ilegal  porque ninguno  de los poderes del  Estado   puede   sustituir al pueblo,  que  es el soberano.

Ante  esta  situación de abuso  de poder, la Constitución de la República reconoce el derecho a la desobediencia  civil  y a la  insurrección  popular  y obliga a las  Fuerzas  Armadas   a garantizar la alternatibilidad  en el ejercicio de la Presidencia  de la República.  Como  hasta  ahora  ninguna de las reacciones  planteadas  se han  realizado, el  proceso   electoral  conserva   incólumes    sus vicios  de nulidad  plena,  y, por consiguiente,  su desarrollo conlleva una fuerte carga de disolución política y social,  de  consecuente    riesgo  imprevisible por  la consumación  del  fraude   electoral.  Más  aún cuando, la posición declarada de un sector   de la comunidad    internacional  es la de  recomendar, de  manera   acomodaticia, la reglamentación de  la reelección    presidencial, con  lo  cual  se avala una  novedosa   modalidad de golpe de  Estado  por  vía electoral.

La escalada  continuista,  concretada en la reelección  presidencial,  se fundamenta  en el binomio corrupción-impunidad  como  mecanismo   de acumulación  de capital,  indispensable  para sostener el  régimen neoliberal.  En términos  económicos,  el  proyecto gubernamental   “Plan   de  País”  se sustenta   en el asistencialismo que  elimina   políticas públicas  sociales.  Basta con ver  el contenido del  Presupuesto  General  de la República  y demás  iniciativas   del  régimen:   plan  20-20  para  atraer inversión  extranjera   transnacional, favorecida  con políticas de empleo      precario con tercerización;  plan  “con  chamba  vivís  mejor”,  un programa  de subsidio salarial  a los empresarios que  genera  inestabilidad  laboral;  programas publicitarios de caridad  pública   totalmente ajenos al  desarrollo social  sostenible;  combate a la criminalidad basado  en  el exclusivismo militarista, de  hecho  fracasado; manoseo   informativo  masivo  para  esconder   el incremento de  la pobreza, de   la desigualdad  social,  de la criminalidad, de  la violación de los   Derechos  Humanos especialmente  en materia laboral; y, en fin,  el colapso  económico    merced   al brutal  aumento  de la deuda  pública internacional,  al robo  sin freno   del erario  y de los demás  bienes  nacionales.

Algunos,  por  conveniencia  o por ingenuidad, se  permiten  darle crédito  y  hasta entusiastas aplausos  al concierto de los medios  de comunicación corporativos que  resaltan la mentira   oficial, con  las estadísticas del  engaño, y que  mantienen  soterrada  la espantosa  realidad   en  que  vive cerca   del  70 por  ciento  de  la población hondureña,  sin  posibilidad de cambiarla     bajo el continuismo reeleccionista.  Son los comparsas del  régimen,  cómplices directos  del  atraso  y de la desgraciada perspectiva a que  apunta el actual  proceso electoral.

Los  hondureños   y hondureñas,   independientemente  de  las  ideologías, de  las  afinidades    y militancias políticas, de las diversidades  sociales  y culturales,  no debemos   ser indiferentes     a tal situación  y lo que  ésta  depara  al futuro   de nuestra   Sociedad.  No debemos   ser indiferentes   a los problemas  de las comunidades  que  defienden  sus bienes  comunes,   como  sus ríos, sus bosques, sus  minerales,  sus carreteras.  Rechazamos   tajantemente   a los que  impunemente  judicializan, persiguen  o  matan  -como  en  el  caso  de  Bertha   Cáceres-a      personas   y organizaciones  que reclaman justicia,  protegen sus territorios,  su tierra   y  patrimonios  comunes.

Tampoco debemos  ignorar  problemas que  se engloban en  la privatización de los  sistemas   de salud, de  educación,  de  los servicios públicos, en  el desempleo  y la falta de oportunidades      de vida segura  y digna  que  afecta de  manera  directa   a la niñez,  a las mujeres,   la juventud    y todas las  poblaciones llevadas   a situación de  vulnerabilidad.  No  debemos, asimismo,    dispensar    el asalto  y la desarticulación a las instituciones como  la de seguridad   social;   así como  la parcelación del  territorio nacional en ciudades modelo, algo  que  equivale al desmembramiento del  Estado de  Honduras y a la eliminación  de  la nacionalidad hondureña    en favor   de  la globalización y del bloqueo a la necesaria  integración  regional y latinoamericana.

Hondureñas y hondureños:

En virtud  del  sucinto  enfoque sobre  la situación nacional aquí  expuesto,  esta  Convergencia contra el continuismo de diversas  organizaciones  y articulaciones sociales considera, por  el bien nacional y la salvación de Honduras,  nuestra   Patria,  que  ha llegado  el momento de unirnos en  una sola voz y en un solo  esfuerzo   para  el rescate  de nuestra   institucionalidad y la superación del  atraso  y la dependencia.   Es éste  un  momento  crucial, de urgente acción  de soberanía  para atajar el continuismo  dictatorial, la reelección,  por todos   los medios  constitucionales  y acciones ciudadanas posibles.

Este llamamiento  político no es de naturaleza  ni intención electorera.  Es de imperiosa razón de ciudadanía  y de  país,  de  pueblo   consciente y organizado. Es de  genuina unidad nacional. De auténtica  representatividad  democrática, profundamente legítima,  construida a  base de consensos  en todos   los órdenes   de  la vida  y del  desarrollo integral de la nación, y finalmente refrendado  a través  de  un Gran  Pacto  Político, Económico, Social  y Cultural   que  responda   a las necesidades,   anhelos   y perspectivas  de cambio  del  pueblo   hondureño.

Honduras, 19 de agosto  2017


Las “Chicas del Radio”

Rebelión

Por Luciano Andrés Valencia *

A comienzos de la década de 1920, Mollie Maggia, de 24 años, sufrió “una muerte dolorosa y terrible” tras haber padecido quebraduras espontáneas y la extirpación de su mandíbula. La causa oficial de su muerte fue atribuida a la sífilis, enfermedad con un fuerte estigma social debido a su trasmisión sexual. En 1922 la cajera de banco Grace Fryer empezó a sufrir la pérdida inexplicable de dientes y su mandíbula presentaba inflamación y degradación ósea. Ambas tenían algo en común: habían trabajado en la United States Radium Corporation, siendo expuestas a contaminación por radio.
El Radio (Ra) fue aislado por primera vez en estado puro por Marie Sklodowska de Curie en 1898, estableciendo su condición como el elemento número 88 de la Tabla Periódica. El trabajo de experimentación con material radiactivo le valió a la científica dos premios Nobel (el primero en colaboración con su esposo Pierre Curie) y una anemia aplásica que acabaría con su vida. Aún hoy sus cuadernos y anotaciones deben ser manipulados con protección porque la radiactividad de sus isótopos más estables perdura por 1620 años.

En 1902 el inventor William J. Hammer visitó el laboratorio del matrimonio Curie y se llevó como obsequio algunas sales de radio. Por entonces se desconocía el peligro de la radiación, pero su brillo verdoso era algo que resultaba asombroso. Al combinarlo con pegamento y sulfuro de zinc, Hammer obtuvo una pintura que brillaba en la oscuridad. El producto fue conocido como Undark e inmediatamente pasó a tener numerosas aplicaciones industriales. En Suiza se decía que los pintores de radio eran reconocidos en la calle, porque brillaban en la oscuridad.

En 1914 se constituyó en New York la Radium Luminous Material Corporation, que más tarde cambiaría su nombre por US Radium Corporation. Con el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917 las operaciones de la compañía se expandieron rápidamente por la concesión de contratos militares para pintar con radio diversos objetos de las fuerzas armadas: relojes que permitían ver la hora en la oscuridad sin necesidad de prender la luz y delatar la posición, velocímetros para automóviles, y puntas de mira para pistolas. Al final de ese año la empresa contaba con 300 trabajadores y trabajadoras en sus plantas de Newark, Jersey City y Orange en el estado de New Jersey. En los años siguientes llegó a tener más de 4000 personas empleadas y comercializaban sus productos para uso no militar como números de las casas, interruptores de luz y ojos luminosos para muñecas.


Anuncio de la compañía promocionando su pintura a base de radio.

Fue en la planta de Orange en donde ingresó el mayor número de jóvenes trabajadoras en los años siguientes a la guerra. Por ese entonces había pocas empresas que daban empleo a mujeres y el salario era superior a otros lugares, por lo que unas 70 jóvenes se acercaron alentadas por la idea de que estaban ayudando a sus familias y sirviendo al país.

El trabajo consistía en pintar a mano con un pincel de pelo de camello las manecillas y diales de los relojes y contadores, sin la protección adecuada, cobrando 1,5 centavos de dólar por cada producto. Por indicación laboral, debían chupar el pincel para afilar la precisión de las pequeñas brochas. Les decían que un poco de radio era beneficioso para la salud y que los únicos efectos secundarios eran unas mejillas más rosadas.

Aunque hoy nos parezca extraño en Estados Unidos y Gran Bretaña se comercializaban productos comestibles como leche, chocolate y manteca mezclados con radio para “para mejor bienestar de los clientes”. En tiendas británicas era posible hallar cosméticos a base de radio para obtener “belleza brillante”. Había tabletas energéticas de radio y ropa interior radiada para mejorar la vida sexual.

Pese a esta creencia generalizada, los directivos de la compañía sospechaban de sus posibles efectos adversos y se protegían con máscaras y guantes de plomo. Entre 1921 y 1923 se desempeñó como Director del Laboratorio de Investigaciones de la compañía el doctor Víctor Franz Hess, quién en 1936 sería galardonado con el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiación cósmica. Esto nos lleva a pensar que la patronal conocía los peligros a los que exponía a sus trabajadoras, pero no actuó en consecuencia, privilegiando sus ganancias por sobre las vidas obreras.

Desconociendo sus consecuencias, las trabajadoras se pintaban las uñas y los dientes o se frotaban el cabello con radio para sorprender con el brillo a sus parejas. Con esto llevaban la radiación a sus hogares y sus familias.

Al poco tiempo las trabajadoras comenzaron a enfermar de anemias, neoplasias, necrosis de los huesos y la degradación bucal que sería llamada “Mandíbula de Radio”. Cuándo Grace Fryer enfermó en 1922, decidió buscar a sus antiguas compañeras para iniciar una demanda. Les costó años encontrar a un joven abogado de Newark recién recibido de Harvard, Raymond Berry, que aceptó representarlas en contra de la poderosa compañía. En 1927 se presentó la demanda de Grace por daños y perjuicios, a las que se unieron otras cuatro trabajadoras y dos hermanas de la fallecida Mollie Maggia. 

Recordemos que la Radium Corporation era contratista militar del gobierno estadounidense por lo que poseía dinero e influencias. Redactaron informes en donde señalaban que la dosis de radio era muy baja para ser tóxica. Si bien esto era cierto para los productos que se comercializaban, no era así para los talleres en donde la exposición era mayor. En el cuerpo de las obreras la concentración de radio era de una dosis de 50 a 500 veces superior a la que actualmente se considera inofensiva para la salud. También pagaron a profesionales de la salud para que dieran fallos a su favor, y se atacó a las trabajadoras con argumentos machistas y moralistas diciendo que la causa de su muerte fue la sífilis contraída por la vida sexual que llevaban.

La presión mediática logró que el caso llegara a juicio. La compañía trató de retrasarlo, esperando la muerte de las trabajadoras enfermas. En enero de 1928 comenzó el juicio de las “Radium Girls”, como las bautizó la prensa, contra la US Radium Corporation. Cuándo Grace Fryer se presentó ante el Tribunal era incapaz de andar, necesitando de un corsé ortopédico para sostenerse y había perdido los dientes. El resto de las demandantes presentaba patologías similares, lo que les dificultó prestar juramento.

Sin embargo el estado de salud de las trabajadoras no fue prueba suficiente, por lo que se autorizó la exhumación de los huesos de Mollie Maggia. Se procedió a colocar los restos en un cuarto oscuro cubierto de papel fotográfico. En la misma habitación colocaron los huesos de una persona no afectada a modo de “caso testigo”. Al cabo de diez días el papel fotográfico que estaba sobre el cuerpo de la pintora fallecida se había velado, mientras que en el otro caso no mostró ninguna impresión. Esto se debe a que el radio se comporta de manera similar al calcio, acumulándose en los huesos y llevando a su necrosis. También afecta la médula ósea provocando anemias y sangrados.

Mientras se desarrollaba el juicio Marie Curie envió una carta desde París en donde expresaba que “estaría feliz de cualquier ayuda que necesitara” y explicaba que es imposible destruir la sustancia una vez que entra al cuerpo.

A la siguiente audiencia, que se llevó a cabo en el mes de abril, las demandantes no pudieron asistir dado que el estado de sus huesos hacía que se rompieran al intentar incorporarse. Pese a las objeciones del abogado Berry, el juez pasó la audiencia al mes de septiembre porque los directivos de la empresa se hallaban veraneando en Europa. El editor del New York World, Walter Lippman, catalogó a esto como una “parodia de justicia”.

La indignación popular hizo que la audiencia se realizara el mes de junio. En esa oportunidad, el juez del distrito William Clarck aceptó realizar una mediación por fuera del Tribunal. Pese a conocer que el juez era accionista de la corporación, Berry y las “Chicas del Radio” aceptaron la mediación que fijo una indemnización por 10 mil dólares (habían solicitado 25 mil), más gastos médicos y legales, y un pago anual de 600 dólares durante el resto de su vida a cada una de las afectadas.

Sin embargo la mayoría no llegaron a cobrar esta indemnización porque murieron al poco tiempo, incluida la iniciadora de esta lucha Grace Fryer. La última de las “Chicas del Radio” en fallecer fue Katherine Schaub en 1933 a la edad de 30 años. Había ingresado a los 15 años en 1917 y soñaba con convertirse en una escritora famosa. Al año siguiente falleció la descubridora del radio Marie Curie.

El tener que pagar una indemnización bastante onerosa para la época y la toma de conocimiento de los peligros del radio provocó que poca gente quisiera trabajar en la Radium Corporation, lo que llevó al cierre de la compañía.

Siguiendo el ejemplo de las trabajadoras de Radium Corporation, las obreras de Radium Dial en Ottawa (Illinois) iniciaron una demanda que culminó en la condena de la empresa por “negligencia grave” en 1938. Su lucha también influyó para que en 1949 el Congreso de los Estados Unidos aprobara una ley por la que todas las enfermedades laborales eran indemnizables, y ampliaba los tiempos para descubrir la enfermedad y realizar las reclamaciones. También se modificaron los procedimientos para la manipulación de sustancias radiactivas.

La pintura undark se siguió utilizando hasta 1968, aunque hacía muchos años que se habían comprobado sus efectos radiactivos.

En la actualidad todavía se puede medir la radiación emitida desde las tumbas de las “Chicas del Radio”.

Para hablar de dictaduras está prohibido olvidar


Rebelión

Por Pablo M. Medina J. *

Durante todo el Siglo XX hubo regímenes dictatoriales en la región, con características varias: respondían a una etapa agitada en los países (crisis económicas, sociales, políticas), muchas de ellas creadas por fuerzas internas o externas, obtenían el apoyo logístico y material de cierto vecino norteño, con el objetivo único de conservar cierto "orden social" que garantizara y ampliara sus beneficios económicos. Las clases dominantes de los países de América Latina organizaron, promovieron golpes de estado llevados a cabo casi siempre por fuerzas militares, estableciendo posteriormente dictaduras, en franca ruptura y opresión de la voluntad popular. Muertos, desaparecidos, encarcelados, torturados: se perseguía de manera flagrante a quien se manifestara en contra del régimen instalado, violando sistemáticamente toda clase de derecho a la ciudadanía. Garantizada la supresión de toda clase de derecho fundamental: libertad de expresión, de reunión y asociación, de manifestación, culto, prensa, el derecho a la vida y a la integridad de la persona. 
Ejemplos sobran. Sólo con el de Trujillo sería más que suficiente para ilustrar lo mencionado, sin embargo, puesto que estamos en un ejercicio de hacer memoria, aquí vamos. Trujillo en República Dominicana, Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua, Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay, Ríos Montt en Guatemala, Noriega en Panamá, Pinochet en Chile, los Duvalier en Haití, Pinilla en Colombia, Banzer en Bolivia, Pérez Jiménez en Venezuela… En todos estos regímenes reinó la forma autoritaria con que se impusieron leyes, con que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, en el uso constante de la fuerza. La oligarquía, la iglesia católica y los del norte, cómplices y actores. 
No olvidemos además, para los que insisten en actuales "petrodictaduras" en algún país latinoamericano, que es en ese país donde más procesos electorales se han realizado en un período de casi 20 años, desde referendos hasta elecciones parlamentarias y presidenciales. 
Si la oposición (oligarca dueña de los medios de comunicación) gana entonces todo marcha excelente y la prensa nacional e internacional se vuelca en elogios para estos ganadores; si gana el voto popular apoyando al gobierno, entonces es una dictadura. Recordemos que el mismo Consejo Nacional Electoral, ente que rige el poder electoral) que confirmó cierto triunfo asambleísta en diciembre de 2015 es el que hoy es desconocido por la oposición en el proceso de hace una semana y escasos días… proceso además certificado y avalado por enésima vez como un proceso con uno de los sistemas de votación más fiables y blindados de todo el mundo, certificado además por misiones de observación internacionales, que allí concurren, una y otra vez, durante casi 20 procesos electorales desde que hubo un cambio de mando hace casi dos décadas. 
No olvidemos tampoco que el actual mandatario es el presidente elegido constitucionalmente, dando cuenta una vez más del proceso democrático allí instalado y que se quiere quebrantar. Debe respetarse el derecho a la autodeterminación de los pueblos, su soberanía, y su integridad territorial y que bajo ninguna circunstancia se repita lo ocurrido en República Dominicana en 1965, en Granada en 1982, en Guatemala en 1954, en Haití, Cuba, Puerto Rico, Panamá. No. 
No nos contentemos con repetir lo que los medios de comunicación oligárquicos nos imponen, sin un mínimo de razonamiento y sin ir más allá. Lo impuesto por unos cuantos sin tomar en cuenta la voluntad del colectivo, eso sí es dictadura. 
Pablo M. Medina J. Especialista en Relaciones Internacionales. 

Cómo no dar una noticia



Por Ángeles Diez Rodríguez *

El 30 de julio tuvo lugar un acontecimiento político de gran trascendencia histórica: un pueblo asediado internacionalmente y sometido a la violencia paramilitar interna, ha salido a la calle para expresar su doble rechazo a la injerencia internacional y las aspiraciones de las élites locales de recuperar el poder.
Hace menos de veinte años, en el siglo pasado, un acontecimiento de tal magnitud habría sido la noticia de portada de todos los informativos del mundo. Los medios masivos, públicos y privados, lo habrían destacado en sus titulares, sin duda manipuladores, pero éstos habrían hablado del desafío del pueblo venezolano a las amenazas imperiales. Habrían mostrado imágenes, no muchas, pero seguramente alguna de las infinitas colas de pueblo venezolano en los colegios electorales, como las del Poliedro de Caracas, o a la gente caminando por montes y cruzando ríos en Táchira, o de Mérida donde los colegios sitiados por guarimberos armados obligaron a la gente a desplazarse buscando centros de contingencia donde poder votar, muchos se quedaron sin poder hacerlo. Seguramente los pies de fotos habrían tergiversado las imágenes y propuesto una lectura acorde con el desespero de la oposición golpista incapaz de aceptar una derrota. Pero habría habido alguna imagen, algún comentario, alguna noticia chiquita que hablara de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano contra todo pronóstico y contra todo cálculo racional.

Cualquier periodista digno de tal nombre hubiera querido registrar, analizar, verificar e incluso manipular este acontecimiento. Más aún en momentos donde las redes sociales hacen circular infinidad de imágenes que rellenan los vacíos gráficos de las noticias. Donde los medios masivos ocultan una imagen las redes ponen cientos. Sin embargo, el día 31 de julio la noticia sobre las elecciones venezolanas a la Asamblea Constituyente fue esquivada por los medios masivos españoles. Se dio otra noticia en su lugar.

La no noticia que suplantó el acontecimiento venezolano fue construida sobre la matriz ya existente (violencia y caos) y fue: nueva jornada de violencia en Venezuela. Todos los titulares se dirigieron, con más o menos adjetivación, a conformar una imagen que se correspondiera con la propaganda destilada durante los meses anteriores. Después fueron eclosionando las esporas diseminadas por la no noticia, que ya habían sido distribuidas por las agencias imperiales: autogolpe, fraude, menos votos de los que dice el gobierno, opositores nuevamente detenidos, aislamiento internacional…

El acontecimiento de una jornada electoral que movilizó a millones de venezolanos que fueron a votar a sus candidatos Constituyentes fue demasiado contundente como para ser silenciado; los ríos de pueblo venezolano encontraban infinidad de ventanas digitales por los que emerger. De modo que el sistema de propaganda de guerra de los medios masivos españoles, que se mantiene muy bien engrasado por las agencias de prensa estadounidenses, activó uno de sus resortes más sutiles. No enfrentó la noticia silenciándola, aunque también lo hizo; tampoco manipuló imágenes como sí lo hizo con el fraudulento plebiscito de la oposición el día 16 de julio (el diario El país tuvo que rectificar una imagen del ensayo electoral para la Constituyente a la que puso un pie de foto afirmando que eran colas para votar en el plebiscito de la oposición). En este caso, la técnica de propaganda mediática empleada de forma mayoritaria fue sustituir el acontecimiento noticiable por otro/os que atrajeran la atención de las audiencias.

Los titulares hablaron de violencia, dictadura y condena internacional: “En una jornada marcada por la tensión, manifestaciones, el rechazo internacional y la violencia, los venezolanos votaron para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente” (CNN en español); “Maduro consuma un autogolpe en Venezuela en la jornada electoral más violenta” (El País); “Condena internacional al desproporcionado uso de la fuerza en Venezuela. Al menos 10 personas han muerto en las protestas durante las elecciones a la asamblea constituyente apoyada por Nicolás Maduro” (Televisión Española).

Ni una sola imagen de los más de 14.500 centros electorales donde más de 8 millones de venezolanos esperaban turno para votar. Fueron, después de las elecciones presidenciales del 2012 en las que se eligió a Hugo Chávez, las más concurridas y masivas. Sin embargo, cuando se consulta el archivo gráfico de las elecciones del diario El País, nos encontramos con un curioso fenómeno: de 30 imágenes seleccionadas por el periódico, 7 son de explosiones, barricadas y actos violentos, en 2 aparecen los opositores, otras 2 el presidente Maduro y el resto aparecen solitarios venezolanos votando con un primer plano de la urna, pequeños grupos mirando los listados o sentados esperando para votar; sólo hay una fotografía en la que se da una visión muy lejana de coches y personas con un pie de foto donde se habla de “filas” para votar. La misma falta de imágenes significativas se dio en Televisión Española. Es decir, en los medios masivos españoles, las imágenes, cuando aludían al acto de votar lanzaban un mensaje contrario a la realidad que circulaba por las redes sociales, las imágenes decían: pocos venezolanos fueron a votar. Fueron imágenes seleccionadas cuidadosamente para apoyar la versión de la oposición y para no dar la noticia del masivo apoyo del pueblo venezolano a la Constituyente.

En estos tiempos de redes sociales, donde los políticos no hacen declaraciones, twitean, la volatilidad de información digital prevalece sobre el papel y las televisiones replican las redes sociales, las formas de mentir y tergiversar se hacen cada vez más complejas. Más eficaz que ocultar una noticia es dar otra distinta que ocupe el lugar de la noticia real. Llamaremos a esto la “no noticia”.

Parece, según se deduce de las investigaciones del CIS (Centro de investigaciones Sociológicas), que esto es habitual en los medios españoles. Como antecedente tenemos el informe de junio de 2016 en el que se señalaba que aunque el paro seguía siendo la mayor preocupación de los españoles, Televisión española le dedicó la mitad del tiempo que empleó en hablar de la crisis política en Venezuela (Los telediarios de ese mes dedicaron 71 minutos a la situación de Venezuela frente a los 31 que dieron sobre el paro en nuestro país); o el 7 de abril de este año en el que todos los informativos del mundo abrían con el titular del desarme de ETA y sin embargo Televisión española hablaba antes de Venezuela que del desarme de ETA.

Esta técnica de propaganda de guerra usada por los informativos españoles forma parte de otras más tipificadas como son: El doble rasero, tomar la parte por el todo, las noticias tóxicas, la parcialidad de las fuentes, la ocultación o la inversión causa efecto.

Para el caso de la noticia sustituta, la no noticia, tiene que cumplir ciertas características. En primer lugar, tiene que ser creíble, es decir tiene que estar en la misma lógica de la matriz ya conformada; en el caso de las elecciones a la Asamblea Constituyente esta matriz es: Violencia, golpe de estado, caos, emergencia humanitaria.

Además, ha de tener como base un hecho cierto como la quema de algún colegio electoral, algunas barricadas incendiadas, algún incidente aislado. Este hecho, desde el punto de vista de la relevancia social es anecdótico o no puede ser generalizado tomando el conjunto de la evolución de las votaciones. Sin embargo, para no dar la noticia relevante – la que sí es generalizable cuantitativa y cualitativamente-, es fundamental contar con este hecho que en manos de la guerra mediática funciona como los atentados de falsa bandera oautoatentados (esos que se cometen para poder culpar al enemigo y justificar una intervención). Así, en la jornada electoral venezolana hubo incidentes provocados por la oposición, un atentado contra la Guardia Nacional Bolivariana, emboscadas armadas para disuadir a los votantes y quema de colegios electorales. Pero tomada la jornada en su conjunto lo relevante fue la actitud pacífica y la determinación de los votantes para cumplir con su derecho al voto.

En tercer lugar, la noticia sustituta tiene que tener rango de espectacularidad tanto como la noticia real con el fin de captar toda la atención. La violencia es siempre una noticia espectacular en sí misma, es capaz de atraer la atención y relegar cualquier otro hecho. Por eso, incluso cuando no se dispone de imágenes de violencia se necesita que el periodista aparezca con chaleco antibalas, máscara anti-gas y casco, para que nuestro cerebro de credibilidad a los actos violentos que nos narra el reportero.

En cuarto lugar tiene que ser capaz de concentrar la atención de los críticos con los medios masivos para que todo el potencial contrainformativo se dirija hacia la denuncia del “mensajero” (los medios de comunicación masiva). Los intelectuales y analistas nos centramos en denunciar la tergiversación de los medios y dejamos de lado la difusión de la noticia real; por ejemplo, nos hemos centrado en la denuncia del atentado a la guardia nacional bolivariana que los medios han convertido en la “represión de Maduro”, o en denunciar la violencia de los paramilitares de la oposición saboteando las elecciones, en vez de hablar de los venezolanos elegidos para reformar la Constitución, su extracción social, su compromiso con las bases, las propuestas iniciales para la reforma de la Constitución, los problemas de impunidad que pretende resolver la nueva carta magna… En teoría de la comunicación esto se explica como laAgenda Setting, es decir, son los medios masivos los que imponen de qué se hablará, qué es lo importante, qué no debe aparecer en ningún medio, cómo dar la información. La agenda de los medios masivos se convierte en la agenda de la opinión pública.

Otra no noticia de estos días ha sido el “aislamiento internacional de Venezuela”. En Naciones Unidas, Venezuela ha obtenido el apoyo contundente en el Consejo de Derechos Humanos por parte de 57 países que aprobaron una resolución de reconocimiento de la Constituyente venezolana y demandaron la no injerencia. Entre estos países estaban los más poblados del mundo y algunos de gran peso internacional como Rusia, China, Irán, India o Paquistán.

La no noticia que sustituyó a esta fue “EEUU y los principales países de América Latina condenan la Constituyente de Maduro” (El País) también aparecida en la mayoría de los medios españoles el día después de las elecciones.

Pero esa técnica no funciona bien si no se cuenta con el personal especializado capaz de, casi espontáneamente, elaborar las no noticias, capaz de mirar para otro lado, bien pertrechado con el disfraz de “reportero de guerra”. Estos son los paraperiodistas, y a la cabeza de la profesionalidad internacional, los españoles, tanto de los medios masivos privados como de los públicos.

El año pasado ya definí qué entiendo por paraperiodistas: “Si paramilitar dícese de aquella persona afiliada a una organización civil dotada de estructura o disciplina militar podemos decir de los paraperiodistas que son aquellos periodistas afiliados a medios masivos que siguen una disciplina militar arrojando bombas informativas sobre los objetivos definidos por sus empresas”. En el caso de los paraperiodistas españoles la plantilla está bien nutrida tanto en los medios masivos privados como en los públicos. Entre estos últimos encontramos a Marcos López y Nuria Ramos, corresponsales de Televisión Española, que sin duda merecen una mención especial por su mal hacer periodístico, siempre dispuestos a colocarse del lado de los que arrojan cócteles incendiarios a la guardia bolivariana, capaces de negar con soltura las imágenes que recogen sus cámaras, dispuestos a hacerse las víctimas –al igual que la oposición- de la “represión del gobierno bolivariano”.

La gran ofensiva contra el gobierno de Venezuela por parte de los medios masivos españoles forma parte de la guerra global contra cualquier proceso que no se discipline ante los intereses imperialistas. Nuestros paraperiodistas cumplen su papel como parte del ejército vasallo. Estos días hemos comprobado que la guerra mediática contra Venezuela es una de las más feroces que se conocen, quizá porque la escalada bélica hoy no tiene precedentes y en realidad no existen distintos tipos de guerra sino sólo una que cobra distintos aspectos. Si como dijera el Papa Francisco estamos ante una Tercera Guerra Mundial de la que sólo vemos pedacitos, Venezuela es hoy uno de los objetivos de guerra priorizados por el imperio. La dificultad estriba en que, contrariamente a lo que nos venden las películas de Hollywood, hoy en día la guerra no se nos presenta de la misma forma que en el siglo pasado, nos es más difícil reconocer cómo se desarrolla y quiénes son sus nuevos y viejos ejércitos.

Esta guerra contra Venezuela trata de combatir los dos pilares sobre los que se asienta la Revolución bolivariana: la soberanía nacional y la utopía socialista. Se dirige   a minar la imagen de Venezuela en el exterior para contrarrestar dos de los rasgos más característicos de la revolución bolivariana: la vía pacífica y democrática para transformar el país y la utilización de sus recursos naturales para mejorar las condiciones socio-económicas de la población. Es decir, minar la imagen de un país que construye una alternativa al Capitalismo. En este sentido, Venezuela ha tomado también el relevo de Cuba como referente de lucha para otros pueblos. Se ha convertido, lo mismo que Cuba, en un mal ejemplo.

De ahí que los misiles que son lanzados constantemente desde los medios masivos para evitar el apoyo a la revolución bolivariana sean: la violencia y el autoritarismo. Se trata de dos torpedos que tradicionalmente se han dirigido a la línea de flotación de cualquier utopía socialista.

Con este objetivo, los medios de comunicación y todo el sistema de propaganda contra Venezuela se dirige muy específicamente hacia el campo de las campañas electorales y a cuestionar su democracia. Hay que tener en cuenta que las elecciones son la condición de la democracia para las élites políticas pero, sí solo sí, se puede garantizar que la gente vota lo correcto, es decir, si mediante la guerra de los medios de comunicación se logra convencer a la población de quienes han de ser sus gobernantes.

Las guerras no son cosa de los gobiernos, ni de las corporaciones, ni de los medios de comunicación, ni de los pueblos. Las guerras son el resultado de todos y cada uno de estos elementos. Los gobiernos declaran la guerra, pero antes, los pueblos asumen que “era inevitable”, pero antes, las corporaciones echan sus cuentas y hacen el balance de costes/beneficios, pero antes, los medios de comunicación crean las condiciones para que no haya resistencia.

Pero no todo está perdido: según un informe elaborado por la Universidad de Oxford en 2015 y publicado por el Instituto Reuters para el estudio del periodismo, de los 11 países europeos estudiados, los medios de comunicación españoles son los menos creíbles. A nivel mundial, cuando se analizan los públicos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, Italia, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Brasil, Japón y Australia, sólo los medios de comunicación estadounidenses tienen menos credibilidad que los españoles. 

  • Ángeles Diez Rodríguez es Doctora en CC. Políticas y Sociología, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, España.