Fraude institucional

Diario Tiempo

En lo que se refiere a la práctica de las elecciones primarias, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) establece en el segundo párrafo de su artículo 113: “Las elecciones primarias se realizarán bajo la dirección, control y supervisión del Tribunal Supremo Electoral con el apoyo de la Comisión Nacional Electoral del Partido Político respectivo”.

Eso quiere decir, en buen romance, que la responsabilidad central de lo que sucede en las elecciones primarias corresponde al TSE, y, en segundo lugar, “al Partido Político respectivo”, que, en este caso desempeña un papel supletorio, de apoyo, muy limitado, por cierto. De hecho, la Comisión Nacional Electoral de los partidos queda sometida a la voluntad del Tribunal Electoral, y, efectivamente, así sucede siempre.

Decimos esto para poner en su justo lugar la actuación del TSE en las elecciones primarias del domingo 18 de noviembre/12, cuando trata de hacerse creer que la culpabilidad del desastre electoral debe atribuirse exclusivamente a los partidos, lo que no es cierto, tal como se explica con la simple lectura de la segunda parte del artículo 113 de la LEOP.

Con la experiencia —lamentable, pero aleccionadora— de estas elecciones primarias, que ofrece una visión gráfica del sistema de corrupción electoral, hay ahora en la ciudadanía una conciencia profunda de la farsa de democracia que predomina en nuestro país con elecciones formales, por principio ilegítimas. La consecuencia es, como todo el mundo lo comprende ahora, el colapso de la institucionalidad.

En este sentido, la crisis política e institucional puesta en escena por el golpe de Estado 28-J de 2009 ha obtenido su solución de continuidad, que claramente se advierte en el fortalecimiento del golpismo y sus estructuras políticas, elitistas y partidarias. La perspectiva es, por distintas vías, de una mayor polarización en la población hondureña y un incremento en la confrontación de clases sociales.

Frente a esa percepción colectiva del fraude institucional, por así decirlo, es muy difícil volver por los fueros de la legitimidad electoral. El hecho es que, con el resultado real de las elecciones primarias, se puso de relieve la podredumbre del sistema político-electoral, y, por lo tanto, su inutilidad para conducir a la construcción democrática.

Si bien es cierto que la responsabilidad de la práctica de las elecciones primarias es, sin excusa, del TSE, también lo es que el problema de la ilegitimidad electoral va más allá, pues, de acuerdo con el sistema, el TSE constituye lo que en política se denomina “brazo de partido”. Son los partidos, en efecto, los que hacen la ley electoral a su conveniencia, y, por supuesto, los que nombran los integrantes (magistrados) de dicho tribunal, con el respectivo reparto alícuota del organismo, incluyendo en ello al Registro Nacional de las Personas.

De cara a las elecciones generales, no puede verse un cambio de situación con las reglas probadas, constitutivas del fraude institucional, a menos que se diera un cambio radical del sistema, ciertamente impensable una vez que el tren electoral está en marcha. A menos que surgiera, casi mágicamente, un cambio de sistema que trascienda el común señuelo de las reformas cosméticas que, lo hemos visto, solamente sirven para reforzar el tradicional establecimiento político.

Noviembre 27, 2012