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viernes, 26 de noviembre de 2021

Bolsonaro, el depredador de Brasil y del mundo


Rebelión

Por Hedelberto López Blanch *

A Emir Sader, el reconocido sociólogo y politólogo brasileño le sobran razones para decir que su país “tiene el presidente (Jair Bolsonaro) más ridiculizado, la víctima más burlada en los medios de comunicación del mundo… son los peores mil días que hemos tenido en nuestras vidas”.

Las declaraciones de Sader se reafirmaron cuando en la reciente Cumbre del G-20, el ultraderechista magnate resultó sistemáticamente ignorado por los demás jefes de Estado.

Los medios de comunicación señalaron que fue tratado como un aguafiestas y durante la mayor parte del tiempo solo pudo hablar con sus propios asesores o con los camareros del evento. Finalmente acabó sentado en uno de los bancos del fondo de la sala sin tener a nadie con quien interactuar.

Con los desaires recibidos en la Cumbre del G-20 y los antecedentes de ser el mayor depredador de la Amazonía, catalogada como el pulmón natural del mundo, Bolsonaro desistió de participar en la Cop-26 sobre cambio climático pues sería el hazme reír de todos los participantes.

Bajo el régimen de Bolsonaro, solo de agosto de 2019 a julio de 2020, la pérdida de bosque en esa región fue de 9,5 %, según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe). La eliminación de cobertura vegetal ascendió a los 11 088 kilómetros cuadrados. En 2020 resultaron arrasadas 21 000 kilómetros cuadrados, o sea, similar superficie a El Salvador en Centroamericana.

Desde su llegada al poder en 2019 ha eliminado las regulaciones de protección ambiental y ampliado el desalojo de los pueblos indígenas, a la par que estimuló el arribo de invasores de tierras, mineros, madereros ilegales, lo cual ha impulsado el asesinato de numerosos pobladores nativos.

El Inpe informó de que en 2019 se registraron 99 586 incendios en la Amazonía brasileña y solo en mes de agosto de 2021 ocurrieron 2 308, la peor cifra registrada desde 2007.

Este desastre medioambiental motivó a la ONG AllRise presentar una denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el presidente brasileño por «crimen contra la humanidad» debido a su implicación en la deforestación del extenso territorio.

Asimismo, el equipo de expertos de esa ONG estima que las emisiones que se pueden vincular con las decisiones del Gobierno en materia de deforestación provocarán 180 000 muertes adicionales este siglo, debido al aumento de las temperaturas en el mundo.

Si funesto ha sido su desempeño en relación con la Amazonía, lo mismo ha ocurrido con las absurdas respuestas que ha dado sobre la pandemia de Covid-19.

El epidemiólogo Pedro Hallal quien participó en una investigación del Congreso brasileño sobre el manejo de la enfermedad, denunció que “si el país hubiera logrado dar una respuesta medianamente buena a la pandemia, más de 400 000 personas seguirían vivas”.

Hasta finales de octubre habían muerto por esa causa en el gigante sudamericano 607 400 habitantes. El informe recomienda que se acuse al mandatario, a sus tres hijos y a otros funcionarios de alto nivel de nueve delitos, entre ellos: el uso irregular de fondos públicos, violación de los derechos civiles, delitos contra la humanidad, abuso de poder para hacer circular información falsa.

Hace pocos días el Departamento de Comunicación Social admitió que les pagó a influyentes en las redes sociales para que elogiaran medicamentos ineficaces contra la Covid.

El documento del Congreso que se conformó durante seis meses, agrega que el Gobierno retrasó la compra de cientos de millones de vacunas de fuentes apropiadas, mientras  trataba de negociar con intermediarios dudosos la obtención  de una vacuna no autorizada.

Todos los analistas consideran que será difícil aprobar una medida contra el mandatario pues el fiscal general del país, Augusto Aras, amigo del presidente y quien lo impuso en ese cargo, no dará vía legal a ninguna sanción. Es la democracia de la derecha capitalista.

Mientras esto ocurre, Bolsonaro sigue con sus desafortunadas declaraciones al manifestar que hizo lo correcto desde el primer momento; desestima el uso de cubrebocas, a la par que continúa promoviendo medicamentos ineficaces como la hidroxicloroquina y que “las personas que recibieron todas las dosis de la vacuna son más vulnerables al VIH”.

El panorama nacional también es desalentador: 40,1 millones en la miseria; 45 millones en inseguridad alimentaria; 15 % de desempleo (durante el Gobierno de Ignacio Lula da Silva solo era de 4,7 %); eliminó el programa Más Médicos para la atención de los brasileños y también el de Luz para Todos.

El politólogo Emir Sader aseguró que entre los parados y las personas que viven en condiciones precarias (formas inseguras de sobrevivir, sin contrato de trabajo, sin vacaciones pagadas, subsidio por maternidad), están hoy la mayoría de los habitantes.

Por todas estas barbaridades no es de extrañar que según una encuesta de Data Poder el excapitán admirador del dictador chileno Augusto Pinochet tiene el rechazo del 64 % de la población. El depredador de Brasil y del mundo está en baja y solo apuntalado por la ultraderecha brasileña y el Gobierno de Estados Unidos.

* Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.


miércoles, 24 de noviembre de 2021

La amenaza neofascista y las estrategias de contención democrática


Fmdelacuadra.blogspot.com

Por Fernando de la Cuadra 

El chileno José Antonio Kast junto al presidente brasileño Jair Bolsonaro. Créditos: redes sociales

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, junto con el chileno José Antonio Kast y el argentino Javier Milei, son representantes de la amenaza neofascista en América Latina. En este artículo el autor analiza su discurso y su acción y anima a construir un frente contra estas fuerzas que amenazan a la propia humanidad.

Después de la sucesión de gobiernos progresistas que surgieron en el continente a partir de mediados de los años noventa del siglo pasado, podemos observar que en este último periodo se ha producido un recrudecimiento de expresiones de ultraderecha que superan a la propia derecha liberal y democrática. En parte, las grandes expectativas creadas por estos gobiernos entre la población se vieron frustradas por la avalancha de demandas acumuladas durante décadas que no pudieron ser concretizadas.

En Brasil, a pesar de todos los avances logrados por las administraciones del Partido de los Trabajadores a partir del año 2003, los millones de personas que fueron incorporadas a los programas de Fome Zero o Bolsa Familia aspiraban legítimamente a mejorar sus condiciones de vida: tener un trabajo seguro, estable y bien remunerado, una vivienda digna, una educación de calidad, una atención en salud apropiada y expedita, un sistema previsional que les permitiese vivir el futuro sin incertidumbres, etc. Parte de estas conquistas anheladas por los ciudadanos y ciudadanas pudieron ser satisfechas con la ampliación de políticas de inclusión, el mejoramiento del salario mínimo y el acceso al crédito subsidiado. Aunque por lo mismo, la política de inclusión del PT utilizó más este mecanismo de crédito fácil que la inserción de la clase trabajadora a una estructura productiva en expansión.

Su política macroeconómica privilegiaba especialmente el control de la inflación y el superávit primario, con lo cual la inversión estatal pesada en industrias de manufacturas quedó rezagada en función de un tipo de cambio favorable a la importación de bienes de consumo. Las personas comenzaron a consumir más sin una ampliación significativa del parque industrial. Al final, las deficiencias del aparato del Estado y el déficit estructural en la provisión de servicios a la población implicaron que los esfuerzos desplegados para ampliar la protección de los ciudadanos no resultaron suficientes para satisfacer las aspiraciones de la población y, consiguientemente, una onda de malestar se fue diseminando por todo el territorio. Esta acumulación de frustraciones tuvo su expresión más clara y concreta en las manifestaciones que ocuparon las calles de las principales ciudades durante la realización de la Copa de las Confederaciones en junio de 2013.

En el marco de estas movilizaciones aparecieron grupos que enarbolaban banderas con la esvástica y hacían el saludo característico del nazismo. En ese momento, pocos pensaron que una figura mediocre y odiosa como Jair Bolsonaro pudiera constituirse en una alternativa para gobernar un país como Brasil, una nación que a pesar de sus enormes problemas se encontraba transitando dentro del ciclo socialdemócrata inaugurado por Fernando Henrique Cardoso en 1994 y profundizado por los gobiernos del PT hasta el año 2016, cuando Dilma Rousseff fue apartada del cargo a través de un Golpe jurídico-político.

Durante la votación de destitución de la mandataria, el entonces diputado Bolsonaro dedicó su voto a favor del impeachment a uno de los mayores torturadores de la dictadura cívico militar, el Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, homenajeándolo como “el pavor de Dilma”. Lejos de salir detenido desde el hemiciclo de la Cámara de Diputados por su apología al terrorismo de Estado y la tortura, Bolsonaro emergió de ese juicio como un patriota anticomunista que deseaba salvar a Brasil del yugo de los izquierdistas del PT. El huevo de la serpiente del fascismo ya se estaba incubando. El resto de la historia se fue construyendo por el hartazgo de la población con la corrupción endémica, la falta de servicios decentes para atender sus necesidades fundamentales, la violencia y la criminalidad cotidiana, la crisis de los sistemas de representación política, la carestía y el desempleo y un largo etcétera. Si a eso le sumamos el bombardeo de noticias falsas inventadas y difundidas a través de las redes virtuales por Steve Bannon y su empresa Cambridge Analytica a millones de electores, nos deparamos con un escenario propicio para el fortalecimiento de un pensamiento fascista que se encontraba en estado larvado en la cabeza de millones de brasileños.

Esta es la misma estrategia que están utilizando algunas figuras emergentes del neofascismo en el cono sur, con especial destaque para José Antonio Kast en Chile y Javier Milei en Argentina. El primero se encuentra posicionado en segundo lugar para las próximas elecciones presidenciales en ese país y ha desplazado -según las encuestas de opinión política- al candidato de la derecha tradicional, Sebastián Sichel. Con una postura de apariencia mesurada e imperturbable, Kast es un defensor de construir zanjas en las zonas de frontera para combatir la migración, de excluir a las mujeres de hogares monoparentales de los beneficios y subsidios que otorga el Estado a las familias de escasos recursos, de la derogación de la Ley del aborto por 3 causales promulgada en septiembre de 2017[1], del indulto a criminales y violadores de los Derechos Humanos durante la dictadura (1973-1990) o de la declaración de Estado de excepción ilimitada en la Macrozona Sur (Territorios Mapuche). Kast es un neofascista cínico que por detrás de su máscara de “persona gentil” y amante de la libertad se esconde un adulador de Pinochet y de la obra de la dictadura cívico-militar, con un oscuro pasado de su familia que participó activamente en las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas luego del Golpe de Estado de 1973.

En el caso de Javier Milei, nos encontramos ante un publicista y divulgador de un pseudo pensamiento libertario que, con un lenguaje agresivo y un discurso contra el Estado, la política y sus “castas” privilegiadas ha conseguido crecer electoralmente, obteniendo el 17 por ciento del apoyo en las últimas elecciones legislativas en Argentina, siendo escogido diputado y encaminándose para la próxima contienda electoral de 2023 en ese país. Milei al igual que Bolsonaro y Kast se alimenta del hartazgo de una parte significativa de la población y de una juventud desengañada en el porvenir y en sus posibilidades de realización en medio de la crisis estructural de la civilización del capital por la que atraviesan las sociedades contemporáneas, agudizadas al extremo por la pandemia que devasta al planeta.

Ante los obstáculos de un Estado incapaz de resolver los problemas de la ciudadanía, Milei aparece como un redentor iluminado que va a conseguir contornar la crisis económica y llevar a la Argentina hacia una fase de prosperidad, crecimiento y mayores oportunidades individuales. En ese sentido, él promueve un tipo de individualismo exacerbado y se erige como un oponente de decisiones colectivas tales como la vacunación contra el Covid, siendo también un adversario de la mayor igualdad de género o defensor del genocidio provocado por la última dictadura argentina. Su individualismo antisocial lo lleva a plantear la futilidad de cualquier proyecto de bien común que tenga un espíritu de colaboración, para apostar en la acción de emprendedores atomizados y en permanente competencia, principios de un liberalismo recalcitrante que se asemeja a la concepción hobbesiana de la “guerra de todos contra todos”.

La producción artificial del miedo y la respuesta de las fuerzas democráticas

Un elemento común de los proyectos de ultraderecha en la región y en el mundo, consiste en la propagación constante del miedo y la incertidumbre entre las personas. El bombardeo mediático diario de noticias sobre asaltos, crímenes y pandillas de narcotraficantes es parte de un proyecto de inculcación del terror cotidiano en las personas, para que visualicen la inevitabilidad de la salida por la derecha o la extrema derecha como la mano dura necesaria para poner límites a la violencia y la criminalidad. En un escenario de profundas transformaciones, pandemia e inseguridad las formulas neofascistas resultan atractivas para los electores mayoritarios: el rechazo al pensamiento crítico y de representación compleja del mundo, el temor a la diferencia y lo desconocido, el nacionalismo burdo, el desprecio por los extranjeros, las tesis conspirativas de cualquier índole, la lucha constante contra los “otros”, el machismo atávico y la homofobia, el elitismo, la aporofobia y el sentimiento antipopular. De esta manera, las fuerzas de la ultraderecha avanzan en un contexto de mayor precarización laboral y de incertezas de la vida cotidiana.

Al analizar el fenómeno del fascismo en la Italia de la década del 20 del siglo pasado, Antonio Gramsci, señalaba que aquellas sociedades que se encuentran en una etapa de transición se ven enfrentadas a fases grises, de indefiniciones, donde lo viejo no ha terminado de desmoronarse y no nuevo no emerge con total claridad. En esos periodos sombríos se crean las condiciones propicias para el surgimiento de figuras mesiánicas que se arrogan la salvación de la patria, libertadores de estirpe autoritaria que vienen a llenar el vacío dejado por la inestabilidad del cambio y que responden a los deseos de identidad perdida y de sentido de futuro de las y los habitantes. Ese destino común anhelado por las personas se nutre muchas veces de lo más elemental y vulgar de esa búsqueda de pertenencia (la nación, la raza, la bandera, la tradición, los mitos) que es invocada por el líder predestinado que va a ser capaz de refundar el país y derrotar a sus enemigos. Es indudablemente una narrativa que convoca a muchos seguidores y electores como se puede constatar a lo largo de la historia.

Ante ello, ¿qué pueden hacer las fuerzas democráticas para detener el avance de estas modalidades de neofascismo? Primero que nada, denunciar por todos los medios posibles la sucesión de mentiras propagadas por los profetas del miedo y del caos, para generar las condiciones que permitan recuperar la confianza y la cooperación de las y los ciudadanos. Junto con ello debemos contrarrestar la embestida autoritaria por medio de la formación de un “bloque histórico antifascista” que congregue a todas las fuerzas democráticas que deseen participar de este esfuerzo destinado a consolidar las instituciones de la República.

Junto con ello, es necesario restaurar el tejido social y organizacional de la nación. Generar debates y cabildos ciudadanos en diversas instancias, implantar escuelas de formación política con el apoyo de los gobiernos locales progresistas, pero también con las propias organizaciones existentes en el espacio local, crear redes y diseminar la actividad cívico-política entre las comunidades, fundar talleres de diversa índole, centros culturales, grupos de teatro, asociaciones de artesanos y artistas, formaciones de equidad de género, organizaciones de jóvenes, de adultos mayores, de pueblos originarios y afrodescendientes, grupos ecologistas, etc.

Los partidos políticos cumplen un papel trascendente en este proceso, tanto en la denuncia de los embates despóticos de la ultraderecha como en la construcción de canales de participación de la gente, no solamente en la vida partidaria, sino que fundamentalmente en las expresiones extrapartidarias presentes en la vida de los territorios y espacios vecinales. La articulación entre los partidos y los movimientos sociales debe superar las desconfianzas mutuas que han sido estimuladas por el relato de la extrema derecha que se declara apolítica y anti partidaria.

La amenaza neofascista en América latina y en todo el mundo es un hecho que debe alertarnos y motivarnos para la acción mancomunada contra estas fuerzas deletéreas de la humanidad, pues tal como nos advirtió hace décadas el gran escritor italiano y víctima del nazismo, Primo Levi: “Si el horror ha sucedido, puede volver a suceder, y esto es la esencia de lo que tenemos que decir”.

Notas

[1] Las 3 causales que despenalizan la interrupción voluntaria del embarazo son: a) Cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; b) Cuando el feto padezca una patología congénita adquirida o genética que inviabilice su vida extrauterina independiente; y c) Cuando el embarazo es el resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación.

* Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales, editor del blog Socialismo y Democracia y autor del libro De Dilma a Bolsonaro: itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña (editorial RIL, 2021).

viernes, 16 de julio de 2021

A Marielle Franco la asesinaron con una subametralladora alemana


CADTM

Por Sergio Ferrari 

Jóvenes y personas racializadas, principales víctimas

Las imágenes del ejército y la policía operando a gran escala en las favelas son cada vez más frecuentes y viralizadas. El flash del asesinato a mansalva de la dirigente feminista Marielle Franco, en marzo del 2018, marca aún la cotidianeidad de los movimientos sociales brasileros.

Brasil es uno de los países más violentos del continente sudamericano. Latinoamérica, a la vez, es una de las regiones más violentas del mundo y acapara casi 1 de cada 2 víctimas – en realidad el 42 %- de los homicidios a escala planetaria, según datos de las Naciones Unidas de 2019.

La violencia en Brasil, además de fenómeno social, se expresa con ciertas particularidades. Por ejemplo, impactar principalmente a los jóvenes negros. Así lo destaca el informe Violencia armada, violencia policial y comercio de armas, elaborado por el Instituto brasilero Sou da Paz y las ONG Terre des hommes (Tierra de Hombres) de Alemania y de Suiza, difundido recientemente.

Según los investigadores, en 2019, Brasil alcanzó una tasa de 21.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si bien significa una baja con respecto a los datos del 2017, que fue un año pico, el impacto de la violencia sigue siendo muy alto. El estudio, por el momento solo publicado en alemán, analiza esas particularidades, presenta casos emblemáticos y articula conclusiones y recomendaciones dirigidas tanto al Estado brasilero como a la comunidad internacional, fuente de aprovisionamiento de una parte de las armas que circulan en el país. (https://www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/polizeigewalt/)

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe de julio de 2019, con datos actualizados hasta fines del 201, señalaba que países como Argentina, Uruguay, Perú, y Chile estaban en la parte baja de la tabla de porcentajes en Sudamérica. Y subrayaba que Brasil, entre 1991 y 2017, acumuló la cifra récord de 1.200.000 homicidios (https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html ).

Principales objetivos de la violencia

Los jóvenes y las personas negras son las principales víctimas de esta violencia. En 2019, el 79% de los homicidios que se produjeron corresponde a la franja etaria de 15 a 29 años. Ese mismo año, el 74% de las víctimas fue gente de color, ya sea negros o mestizos. El 99% son hombres.

Se muestra, también, de forma evidente, la responsabilidad institucional en esta violencia. El Anuario Brasilero de Seguridad Pública devela que una de cada diez muertes violentas -exactamente el 13 % de los casos- ha sido, en 2019, resultado de la intervención policial. En algunos Estados particularmente conflictivos, como Río de Janeiro, llega hasta el 30%. Tendencia en aumento, sin pausa, desde 2013 hasta la actualidad.

Más del 70% de los homicidios se produjeron con armas de fuego. Lo que conduce a los responsables del estudio a subrayar la importancia de analizar “las dinámicas internas de circulación de armas” en el país. Según el Foro Brasilero de Seguridad Pública se contabilizaron 106.000 armas incautadas por parte de los diferentes cuerpos policiales en 2019. En su mayoría: revólveres, pistolas y rifles. El 6% de las mismas proviene de diversos países europeos.

Dato fundamental del informe es la baja tasa de esclarecimiento de los homicidios en el país, que según el Instituto Sou da Paz puede representar solo el 11% de los casos en algunos Estados. Esta impunidad se ve alimentada por “discursos políticos populistas que relativizan o, incluso, incentivan al uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado”, enfatiza el estudio difundido esta semana.

Impunidad, no investigación de los hechos, e incluso ocultamiento de pruebas, son algunas de las inquietudes que en estos últimos meses repiten diferentes representantes de la comunidad internacional.

En mayo, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su particular preocupación por la operación policial antinarcóticos en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). La ONU denunció entonces posibles intentos de las fuerzas de seguridad cariocas para impedir que se lleve a cabo una investigación independiente sobre los hechos.

«Hemos recibido informes preocupantes según los cuales, tras lo ocurrido, la policía no tomó las medidas necesarias para preservar las pruebas en la escena del crimen, lo que podría dificultar la investigación de esta trágica y letal operación», señaló entonces Rupert Colville, portavoz de la institución. La ONU, pidió en ese momento, que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre este hecho teniendo en cuenta las normas internacionales.

Al menos 25 personas —entre ellas un agente de la policía— perdieron la vida en esa operación, la más cruenta en la historia de Río de Janeiro. Según informaciones oficiales, la redada policial tuvo por blanco una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos. La favela es base del Comando Rojo, principal grupo de narcotraficantes de la ciudad.

La oficina de la ONU señaló que la operación confirma «una prolongada tendencia al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en las favelas, barrios pobres y marginados habitados predominante por población afrobrasileña”.

Mercado de armas en expansión

El Gobierno federal, aprovechando una etapa de cierta inestabilidad en la regulación del mercado de armas, publicó entre 2019-2020 veinte decretos sobre el tema. Los mismos facilitaron el aumento en un 65% de las armas registradas que llegaron a 1.100.000 de unidades. En ese periodo fue significativo el incremento de armas registradas por civiles, las que pasaron de 346.000 a 595.000. También aumentó en un 58% — de 351.000 a 556.000— el registro de los cazadores, coleccionistas o tiradores deportivos. Un tirador deportivo puede comprar hoy hasta 60 armas de fuego y 180 mil municiones por año en el país sudamericano.

Según el informe elaborado por el instituto brasilero y las ONG europeas, la situación es todavía más preocupante debido a que esa flexibilización en el registro se acompañó de “retrocesos en los mecanismos de fiscalización y control de circulación de armas y municiones y de los mecanismos para enfrentar el crimen organizado”.

No menos importante en el informe presentado la primera semana de junio es el análisis del “discurso autoritario” que se ha venido intensificando desde la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno. El actual presidente afirmó en diversas ocasiones en su carrera política y en su campaña presidencial, que había que matar a los criminales, y relativizó prácticas como la tortura, señala el informe.

El “Paquete Anticrimen”, elaborado por el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, proponía ampliar la lista de circunstancias por las cuales los policías podían ser exentos de cualquier castigo por causa de una muerte. Sugería, incluso, reducir a la mitad las penas por uso excesivo de violencia policial en circunstancias de “sorpresa o violencia emocional”. La intensa movilización de la sociedad civil y de sectores parlamentarios contra esta propuesta determinó su rechazo legislativo. Sin embargo, en el Congreso Nacional, están en curso de debate iniciativas semejantes.

Responsabilidad internacional

El Foro Brasilero de Seguridad Pública contabilizó en 2019 más de 106.000 armas en posesión ilegal recuperadas por las fuerzas de seguridad pública, lo que representa la cifra más baja de los últimos 3 años –en 2015 fueron 130.000. El informe de Sou da Paz y Terre des hommes subraya “que la presencia de armas extranjeras es relevante, en especial entre las de mayor potencia ofensiva como fusiles y subametralladoras”.

De las unidades secuestradas cuyo origen pudo ser individualizado – algo más de un tercio del total— las armas provenientes de Europa constituyen entre un 6 y un 7%. Las originarias de Estados Unidos representan el 5.3%. De Argentina llega el 1.9%.

Austria, con un 5.1% de las armas secuestradas que pudieron ser rastreadas, constituye el país europeo más proveedor. De Turquía llega el 1.7% y de Italia el 1.3%. Aunque con porcentajes menores, hay unidades provenientes de Alemania, República Chica, España, Bélgica, Montenegro, Rusia, Francia y Suiza.

El informe concluye con recomendaciones claras y exigentes. A los representantes extranjeros —gobiernos, empresas y organizaciones en general—les recuerda que la circulación de armas tiene un impacto directo en la cantidad de homicidios y en la violencia social. Lo que aumenta la violación del derecho a la vida, sobre todo en sectores específicos de la población: personas negras, adolescentes y jóvenes.

Por tal motivo Sou da Paz y las ONG Terre des hommes de Alemania y de Suiza, llaman a un mayor control de todo lo que se refiere al comercio internacional de armas que involucre a Brasil. Incorporando en toda transacción una profunda evaluación de riesgo y de los impactos negativos eventuales que podría conllevar esa actividad o negocio en el respeto de los derechos humanos.

Para matar a mansalva a Marielle Franco, dirigente feminista negra, referente LGBT y lideresa de la oposición, en marzo del 2018, en Río de Janeiro, el sicario usó una subametralladora alemana Heckler y Koch MP5. El homicidio requiere un medio. Los más usados, son las armas de fuego. La industria armamentística europea, y norteamericana, las producen, las venden y facilitan su acceso, también, en países como Brasil. Todos somos responsables de todo, alegato conclusivo – tácito— de esta radiografía sobre la violencia brasilera.


viernes, 14 de mayo de 2021

La sombra del poder


El Tabano Economista

Por Alejandro Marcó del Pont 


La historia no se repite, pero rima 

Mark Twain

Cuando personajes perturbadores, como el presidente de Brasil, o dignatarios incapaces en su momento, como lo fueron en Argentina Mauricio Macri y en Estados Unidos D. Trump, transitaron sin problema su gobierno, mucha gente se cuestionaba y preguntaba ¿cómo es posible que se mantengan en el poder? ¿Es imaginable que semejantes maquinarias de desaciertos, ignorancia y torpeza fijen el rumbo de una sociedad?

A decir verdad, la pregunta es inexacta, no hay que preguntarse cómo, sino quién los mantiene. Cada uno de estos personajes es solo la cubierta visible y fácilmente prescindible del verdadero poder, del poder real en cada país. Y aunque se muestren como una productiva maquinaria de torpezas para la mayoría de la sociedad, para una minoría que los colocó en donde están, no cometen equivocaciones políticas, menos aún económicas que afecten sus bolsillos.

La lógica, aparentemente errática, de estos caballeros que, por ejemplo, un fin de semana publican una Carta abierta de economistas y banqueros contra Bolsonaro, apoyados por más de 500 firmas, exigiéndole tomar medidas inmediatas ante el COVID-19, y tres días después lo ovacionan en una cena, no suena como el hilo de un relato que contenga una línea razonable. Pero, desde Berlín de 1933 a Latinoamérica en la actualidad, las diferencias en los actores que simbolizan el poder real no han cambiado en nada.

Algunos pasajes del libro “El orden del día” de Eric Vuillard nos servirán de guía para entender quienes enarbolan, mantienen o abandonan a los visibles exponentes de las miserias humanas. Ningún Bolsonaro llega al poder por azar. El orden del día suele ser la agenda o al plan de trabajo que contiene los asuntos que se van a considerar en la sesión del Congreso. En este caso, la reunión que se llevaría a cabo el 4 de febrero de 1933 entre los veinticuatro mayores pesos pesados ​​de la economía alemana en el Reichstag (parlamento) con su presidente, el Ministro de Economía y el nuevo canciller, no se encontraba en la agenda de ese día.

Alrededor de la mesa van a sentarse los hombres más destacados de la economía alemana, el poder real, que para nuestro artículo no importa sus nombres, pero sí lo que representan: Bayer, Opel, BASF, Agfa, Siemens, Telefunken, IG Farben,  entre otros. El presidente del Parlamento será a la postre un destacado nazi: Hermann Göering, nombrado comandante en jefe de la Luftwaffe (Fuerza Aérea) y creador de la Gestapo, policía secreta de la Alemania nazi (Geheime Staatspolizei). Hjalmar Schacht será el genio económico de la reactivación alemana, posteriormente denostado como el economista de Hitler, pero delicadamente olvidado como el creador del Banco de Bancos Centrales del mundo, Bank of International Settlements (BIS). Y por último, el nuevo canciller, el Führer Adolf Hitler.

Cuenta la historia que Goering rodeó la mesa con una palabra para cada uno de los presentes, tomando cada mano y dándole un apretón de bienvenida. Los 24 hombres del establishment escucharon atentamente. “La campaña electoral será crucial”, anunció el presidente del Reichstag. Era hora de deshacerse del régimen de Weimar de una vez por todas. “La actividad económica”, subrayó Göering,”requiere calma y estabilidad”. Los veinticuatro caballeros asintieron solemnemente. “Y si el Partido Nazi gana la mayoría”, agregó Göering, “estas serían las últimas elecciones en diez años, incluso, agregó entre risas, en cien años….”.

Una ola de aprobación recorrió los asientos. En ese momento, se oyó un ruido de puertas y el nuevo canciller finalmente entró en la sala. Los que no lo conocían sentían curiosidad por verlo en persona. Hitler sonreía, relajado, luego silencio. “La idea básica era la siguiente: tenían que acabar con un régimen débil, alejar la amenaza comunista, eliminar los sindicatos y permitir que cada empresario fuera el Führer de su propia empresa”. El discurso duró media hora.

La aprobación fue unánime, y cito en cursivas las partes del libro que no fueron ficción, sino realidad. El establishment alemán aprobó a Hitler, lo apoyó, equilibró y potencializó la economía con ese acuerdo a grado tal que, en 1938, la revista Times nombró a Hitler el hombre del año en su tapa. La ilusión de seguridad fue perfecta. El nivel de vida ha mejorado para todos, incluidos los desempleados. Pero los verdaderos dueños del poder estaban dispuestos a hacer concesiones en cierta medida siempre y cuando el Estado se movilice para asegurar sus privilegios. Lo demás es conocido. Cada uno de estas empresas se volvió más grande de lo que ya era, mientras que los alemanes, y el mundo, sufrían al Führer.

Casi noventa años después del acuerdo que encaminó a Alemania a la Segunda Guerra, muchos economistas y empresarios publicaron una dura carta abierta tildando de incompetente al presidente Bolsonaro, entendiendo que la gestión de la pandemia del Covid-19 ha sido pésima. Brasil es hoy el epicentro mundial del COVID-19. “El país exige respeto, el sistema de salud está sobrepasado y colapsando por la recesión que está causando la pandemia y no se superará si esta no es controlada por una postura competente del gobierno federal”. No podemos esperar una recuperación económica si la pandemia no está bajo control.

Más allá de la falsedad de que la recesión fue causada solo por la pandemia, la postura de banqueros y empresarios parecía implacable y firmemente crítica hacia el accionar del gobierno. Bancos como el Credit Suisse, Bradesco, Banco do Brasil, Itau, hasta la Federación de Industriales de San Pablo rubricaron la demanda a incompetente gestión sanitaria del gobierno nacional o, al menos, eso dieron a entender al mundo.

Pasados solo unos días de tan sólido cuestionamiento a las políticas sanitaria, el propio presidente acompañado de sus ministros Paulo Guedes (Economía) y Marcelo Queiroga (Salud), fueron ovacionados en una cena que tuvo lugar en la mansión Washington Cinel, propietaria de la empresa de seguridad Gocil. Sin poner nombres, se los puede encontrar en “emprendedores que ovacionaron a Bolsonaro”. Destacan los sectores que dieron su aprobación: bancos, empresas de seguridad, agronegocios, delivery, medios, y farmacias, entre otros. La mayoría de los sectores está haciendo un gran negocio (agroindustria) o está consiguiendo flexibilizaciones laborales nunca antes soñadas. O sea no importa si es Hitler o Bolsonaro a quien apoyar, importa el negocio.

La pandemia de coronavirus redujo en un 6,15% las exportaciones de Brasil en 2020, pero las ventas del poderoso sector agroindustrial están en auge. Las exportaciones agrícolas de Brasil aumentaron el año pasado un 6%, totalizando 45.300 millones de dólares, el 20% de total de ventas al exterior. Pero si tomamos la facturación externa del agronegocio que engloba los productos agrícolas, la industria agroalimentaria y el transporte, superó los U$S 100.800 millones de dólares, una cifra sin precedentes desde 2013, apuntó la Confederación Nacional Agrícola (CNA).

Los dueños de ese excedente son ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, Monsanto, JDB, Copersuca (azúcar y etanol). Solo a ADM le corresponde el 75% de la producción de oleaginosa de Brasil. El sistema financiero, por su parte, otro de los sectores que aclamó a Bolsonaro, ganaron durante la epidemia casi U$S 12.000 millones. Se quejaron, es verdad, por su caída, durante el 2020, del 24% de sus beneficios, pero la parte que no se cuenta es que en 2019 habían registrado el mejor resultado agregado de toda la serie histórica, que comenzó a medirse en 1994.

Quienes hacían la vida más tolerable a la desastrosa gestión del expresidente argentino Mauricio Macri fueron jugadores muy parecidos a los que aplauden a Bolsonaro. Recordemos: ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus están en Brasil, si los incorporamos, porque también son los mayores exportadores de Argentina, para llegar a la decena se le suman Cofco, Vicentin, Aceitera General Deheza, Glencore, ACA y Molinos Agro. Estas diez empresas tienen en su poder más del 90% de los granos, harinas y aceites que se exportan, y por ende, de los dólares que ingresan. Son los que se sientan sobre sus stocks a la espera de mejores precios internacionales, cambios en los esquemas de retenciones o para forzar una devaluación, aunque se les de todo. La presidencia anterior no terminó bien aunque les dio todo.

También se sentaron, extorsionaron al gobierno actual con la liquidación de dólares, y siguen haciéndolo con la inflación, pero una particularidad del coctel actual es que los industriales que apoyaron al gobierno anterior, y fugaron dólares por U$S 86.000 millones, aplaudieron al actual Ministro de Economía como a Bolsonaro en su cena. Llaman la atención los aplausos de Techint que encabeza a los fugadores de divisas con tres empresas: Siderar, Tecpetrol y TGN. Algunos otros fugadores y alentadores de deuda quieren sentarse para llevar sus ganancias al exterior, como lo hicieron el agro, medios, el propio laboratorio de vacunas Pfazer, energéticas, servicios públicos y el sistema financiero.

Este último uno de los más agraciados durantel los 4 años del gobierno anterior. El sistema financiero tuvo más del doble de ganancias que durante los 12 años del kirchnerismo. Los datos surgen del Informe sobre Bancos que elabora el Banco Central, y en total el sistema se embolsó U$S 25.000 millones. Para mantener a Macri en el poder, la mayoría tenía que perder, pero el sistema financiero era uno de los que más ganaba.

Los bancos que mantuvieron sus escandalosos negocios con el anterior presidente deben haberse sentado a la mesa de negociaciones con alguien, porque el actual gobierno insiste en disminuir el déficit fiscal, pero permite el déficit cuasi fiscal, “cuando las Leliq, antes LEBAC (letras de Liquidez del BCRA),más los pases pasivos (que es plata que los bancos le prestan al BCRA) suman en total al 30 de marzo de 2021, 3,1 billones de pesos, superando a la Base Monetaria que es el total de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA”, según el excelente articulo Horacio Rovelli en el Cohete a la Luna.

“Esa masa de dinero inmovilizada devenga intereses todos los meses, que en marzo de  2021 ascendieron a unos $ 90.000 millones que paga religiosamente la autoridad monetaria”. O sea, unos U$S 15.000 millones al año, ante lo que nadie presenta objeción alguna, ni gobierno ni desde oposición. Si por el déficit fiscal es posible eliminar sin sobresaltos el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para no incomodar el acuerdo con FMI, por qué no hacerlo con el pago de intereses al sistema financiero.

Si tomáramos los intereses pagados a los bancos y se los diéramos en un IFE de 300 dólares por persona, el gobierno podría garantizar esos ingresos por un año para 4.166.667 de ciudadanos, lo que garantizaría durante la pandemia los niveles de consumo. Pero estos ciudadanos no se sientan a negociar fuera de “El orden del día”, no son invitados, solo cuan hay votación y cada vez con menos insistencia.

La historia muestra que los poderosos se quedan más vigorosos y los soldados en las tumbas. Nadie recuerda el apoyo de las grandes empresas para que Hitler llegara al poder y se produjera el milagro alemán que derivó en la guerra. Tampoco nadie recuerda quiénes fueron los que solventaron semejante locura. Tampoco la de Bolsonaro y, dios nos guarde, la de Macri. Lo cierto es que si son idiotas, son nuestros idiotas y que cuidan el negocio.

@Eltabanoeconomi


sábado, 20 de marzo de 2021

La mentira como forma de acción política

FM de la Cuadra

Por Fernando de la Cuadra *

Bolsonaro dándose un baño de masas. Créditos: Alan Santos/PR. Fotos Públicas

El autor sostiene en este artículo que la verdad, en manos de gobernantes como Bolsonaro, puede ser vaciada de todo contenido, haciendo de la mentira una forma de gobernar y de hacer política.

Es bastante conocida la frase difundida por el principal ideólogo del nazismo, el ministro de Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, quien declaró en innumerables oportunidades que “Una mentira mil veces repetida, se transforma en verdad” o también aquel eslogan que difundía frecuentemente y que se ha transformado en una especie de mantra de los apologistas del llamado paradigma de la posverdad: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.

Pero no es necesario remitirnos al régimen nazista para conocer los estragos de la mentira descarada en la vida democrática de las naciones. En la política contemporánea tenemos innumerables ejemplos esparcidos por el planeta. Quizás el caso más representativo de la mentira en la vida política actual, sea el de Donald Trump, quien tiene – según el Washington Post– el increíble récord de haber diseminado más de 25.000 mentiras durante sus 4 años en la presidencia de Estados Unidos. Hasta el final de su mandato -en que mintió descaradamente sobre la existencia de un fraude en las elecciones que le dieron el triunfo a su adversario demócrata-, el ex presidente Trump mintió prácticamente en todas las materias sobre las que se pronunció o en las que fue consultado. Mintió sobre el sistema de salud, sobre los inmigrantes, sobre la economía, sobre el medioambiente, sobre el origen y la gravedad de la covid-19 y sobre un largo etcétera. Entre mentiras grandes y pequeñas, mentiras groseras y mentiras “piadosas”, su arsenal de falsedades es tan grande que sería un despropósito enumerarlos con detalle en esta breve columna.

Sin embargo, vale la pena recordar algunas de sus mentiras más emblemáticas: A pesar de existir pruebas fotográficas en su contra, dijo desconocer a una mujer que lo acusó de violación. En el caso de la conspiración y espionaje realizada junto con el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, mintió y pudo finalmente ser absuelto de un impeachment gracias a la “lealtad” de sus correligionarios republicanos en el Congreso. En la última acusación con relación a haber convocado una invasión al Capitolio, Trump desconoce su propia proclama a las huestes de seguidores, la que fue asistida por millones de televidentes en su país y en el resto del mundo. Trump hizo de la mentira su forma de gobernar y continúa mintiendo a pesar de que ya no ocupa el cargo de presidente. No es esperable de él ningún gesto que reivindique –aunque sea por una vez- el honor a la verdad.

Su principal admirador y acólito en el continente sudamericano es sin duda Jair Bolsonaro. El excapitán ha mentido descaradamente desde que asumió la presidencia hace más de 2 años. Formado en la escuela de Goebbels y Trump, Bolsonaro insiste en afirmar –después de la irrefutable evidencia en su contra– que el coronavirus es un resfriadinho que se encuentra en franco declive. Negándose a escuchar las recomendaciones de los médicos, epidemiólogos, infectologistas y la comunidad científica en general, el presidente desestimula el uso de máscaras, del aislamiento social y la efectividad de la vacuna para proteger a la población ante un posible contagio.

Las mentiras de Bolsonaro son tan groseras que a veces cuesta imaginar el nivel de desparpajo con que son expuestas. Después de arengar en plaza pública a sus huestes con el discurso de que es urgente cerrar el Congreso y el Supremo Tribunal Federal para realizar los cambios que Brasil requiere, el ex capitán sale al otro día afirmando –sin ninguna muestra de pudor- que él más que nadie respeta las instituciones democráticas de la república. Luego, en una reunión de su gabinete, amenazó con destituir al Superintendente de la Policía Federal porque dicha institución hostigaba a sus hijos y amigos. Así lo hizo, pero después negó que ese fue el motivo principal, a pesar de que su alocución en ese encuentro ministerial fue grabada y expuesta posteriormente para todo el país.

Con la campaña de vacunación no ha sido diferente. Primero difundió falsedades sobre los efectos que tendría la inoculación sobre la población, llegando a decir que quien toma la vacuna aparece al día siguiente transformado en jacaré (sic). Debido a una política criminosamente negligente y omisa, Brasil se encuentra actualmente con falta de vacunas y ha debido suspender el proceso de vacunación en muchos estados de la Federación. Con más de 224 mil fallecidos y de 10 millones de infectados, el ejecutivo insiste en decir que la pandemia está siendo controlada. El ministro da Salud, prometió que llegarían 230 millones de vacunas hasta fines de julio, pero gobernadores y alcaldes no le creen. Lo que es peor, simulan creerle para que la ciudadanía se quede tranquila, aunque entre bambalinas afirman que los datos entregados por el general Pazuello no son fidedignos ni dignos de crédito.

Al igual que Trump y otros líderes políticos, Bolsonaro sigue en rigor el precepto de que, mintiendo en repetidas oportunidades, sus palabras se transformarán en verdad y de esta manera viene actuando hace más de 30 años en la escena pública brasileña. Parece que en la política no hay espacio para la verdad, especialmente en los regímenes totalitarios o con claras inclinaciones autoritarias, como es el caso de Brasil. La falsa ideología como forma de aprender la realidad se va diseminando en las mentes de los ciudadanos a partir de una batería de mecanismos de penetración que hoy están disponibles, especialmente las redes sociales virtuales. Quizás como nunca suena pertinente la advertencia realizada hace algunos años por Hannah Arendt respecto de que la verdad y la política nunca se llevaron demasiado bien y que nadie incluye la veracidad entre las virtudes de la política.

En principio, el enunciado de la filósofa alemana es muy pesimista, pero a juzgar por la manera en que es tratada y maltratada la verdad en el campo de la política, su sentencia constituye algo enteramente pertinente. La mentira ostensible hecha en forma reiterada posee una eficacia enorme y ya está suficientemente comprobado que el falsear la realidad y manipular los hechos ha sido un recurso poderoso de la política desde que ella existe. Sin embargo, quizás como nunca hasta ahora la mentira se despliega con tanta convicción y falta de pudor entre quienes desean convencer a la población sobre la modalidad en que los “fenómenos” ocurren. Y, además como nunca existieron tantas herramientas para engañar a los ciudadanos y a los electores sobre la existencia de una realidad paralela. La verdad termina siendo tan subjetiva que ella es vaciada de todo contenido y vínculo con aquello que efectivamente está sucediendo, dejando el terreno para controversias interminables sobre lo que puede o no puede ser real. Esto lo saben muy bien los profetas de la ficción delirante y los demagogos que, como Bolsonaro, han hecho de la mentira una forma de gobernar y de hacer política.

* Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales y editor del blog Socialismo y Democracia.


miércoles, 11 de noviembre de 2020

Depredadores ambientales dominan el Gobierno en Brasil


IPS

Por Mario Osava 

El vicepresidente Hamilton Mourão, un general retirado, supervisa desde el aire la situación de la sierra de Carajás, en la Amazonia de Brasil. Él comanda ahora las operaciones contra la deforestación y los incendios en la ecorregión, en desmedro de las funciones del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, sin credibilidad fuera del gobierno por su sistemática acción de desarticulación del sistema brasileño de protección ambiental. Foto: Roméiro Cunha/VPR-Fotos Públicas

La cuestión ambiental concentra muchas de las dificultades del actual gobierno de Brasil para convivir con la realidad y evitar justificadas acusaciones de cinismo, especialmente al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.

Tantas medidas y actitudes contra el ambiente adoptó Salles, que el Ministerio Público Federal (fiscalía general) decidió en julio denunciarlo por improbidad administrativa y pedir a la Justicia su destitución.

El hecho no le impidió intentar un nuevo golpe el 28 de septiembre, cuando reunió el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama) para revocar cuatro resoluciones que protegían los manglares, dunas y restingas, vedaban la quema de basura tóxica en hornos de la industria de cemento e imponían normas de eficiencia a la irrigación.

Pero una jueza de Río de Janeiro, Maria Amelia de Carvalho, suspendió la revocación debido a los posibles “daños irreparables al medio ambiente”, en fallo preliminar que debe ser ratificado o anulado por una instancia superior.

Los manglares son ecosistemas costeros esenciales para la vida marina y en Brasil se estima que ya perdieron la mitad de su área original. Además el año pasado un derrame petrolero contaminó buena parte de sus áreas en el noreste brasileño, con daños aún sin terminar de evaluar.

El Conama es un órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), pero sus resoluciones sobre permisos y control ambiental tienen fuerza legal.

La revocación de las normas fue posible porque, desde mayo de 2019, al Consejo se le redujeron sus miembros de los anteriores 96 a solo 23, la mayoría provenientes del sector empresarial y del gobierno. La sociedad civil, antes representada por 22 miembros, ahora solo cuenta con cuatro, además reemplazados cada año.

Esa reducción de la representatividad se hizo por decreto presidencial, en coincidencia con lo que parece ser la misión de Salles, la de desmantelar el sistema de protección ambiental de Brasil.

Los dos institutos que ejecutan la política ambiental, el del Medio Ambiente (Ibama) y el de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), sufrieron la disminución de personal, presupuesto y poder, desde que el ultraderechista Jair Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero de 2019.

En abril de este año el ministro despidió a dos coordinadores de inspección del Ibama después que ellos comandaron operaciones de expulsión de mineros ilegales que habían invadido tierras indígenas en la Amazonia oriental.

Eso culminó un proceso de sustitución de muchos experimentados funcionarios de ese instituto por policías militares de São Paulo, que poco conocen, por ejemplo, la Amazonia y otros biomas. El mismo Salles confesó que nunca había visitado las tierras amazónicas antes de hacerse ministro.

Depredadores ambientales dominan el gobierno en Brasil

El Pantanal tiene mucha agua, pese a la sequía, pero eso no evitó la multiplicación y propagación de los incendios provocados por la acción humana. La destrucción fue la más extensa sufrida por el mayor humedal del mundo y serán necesarias varias décadas para su recuperación si no se repiten sequías tan graves como la actual. Foto: Mayke Toscano/Secom-Fotos Públicas

Otras de sus medidas ya habían sido anuladas por la Justicia, cuando intentó anular las multas y flexibilizar las reglas ambientales para la Mata Atlántica, el bioma forestal de gran parte del este costero brasileño que en algunas puntos avanza centenares de kilómetros al interior.

Hubo una alta caída de las multas y castigos a infractores ambientales durante la gestión de Salles, que suele justificarse diciendo que faltan recursos financieros y humanos a sus institutos, sin reconocer su propia responsabilidad en la baja capacidad operativa del ministerio que dirige hace 21 meses.

La actuación del ministro ha tenido como una de sus respuestas una campaña por redes sociales, bajo la etiqueta #Tchausalles, que en breves días ha generado ya 244 702 mensajes, que solicitan a un juez de especial que destituya a Salles del cargo.

Pero la degradación de la política ambiental brasileña, que perdió el prestigio internacional que disfrutaba en el reciente pasado, es una sobre todo una hazaña del presidente Bolsonaro.

Percibido como potencia ambiental, Brasil era un protagonista en las negociaciones globales y fue elegido sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 (Rio-92) y en su repetición en 2012.

En la Amazonia, bioma de fuerte repercusión internacional, el país logró reducir la deforestación de 27 772 kilómetros cuadrados en 2004 a 4571 kilómetros cuadrados en 2012, según los datos del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).

Siguió luego un incremento gradual que culminó con un explosivo aumento en 2019, cuando la deforestación afectó a 9672 kilómetros cuadrados, 29,5 por ciento más que en el año anterior. Especialistas ambientales consideraron este dato un reflejo del discurso y las medidas de Bolsonaro, de menosprecio o negación de la crisis ambiental y climática.

Lo que dicen el presidente y el ministro Salles reflejan una visión sesgada, fuera de la realidad. Parecen vivir en un Brasil paralelo, expresión incluso elegida por una empresa que produce documentales de apoyo al gobierno, que busca revisar la historia del país con una mirada derechista.

Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), asociadas a otros entes no identificados, “comandan los delitos ambientales en Brasil y en el exterior”, acusó, por ejemplo, el presidente en su mensaje por teleconferencia a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad del miércoles 30 de septiembre.

Ya en 2019 el mandatario había atribuido a las ONG los incendios amazónicos que alanzaron una dimensión preocupante y volvieron a despertar la atención mundial. El actor estadounidense Leonardo Di Caprio sería uno de los financiadores de esos grupos incendiarios.

Bolsonaro sostuvo que la Operación Verde Brasil-2, protagonizada por los militares, estaría reduciendo la deforestación y los incendios en la Amazonia este año. Los datos satelitales indican el contrario.

Depredadores ambientales dominan el gobierno en Brasil

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles (al centro de espaldas), visita brigadas que combaten los incendios que ya destruyeron más de 20 por ciento de la vegetación del Pantanal, mayor humedal del mundo, que sufre la peor sequía de la historia y la consecuente propagación de las llamas. La mortandad de la fauna, numerosa y diversificada, agrava la tragedia en cuya prevención y mitigación poco hizo el ministro, más preocupado en desmantelar su cartera y las instituciones que de ella dependen. Foto: Christiano Antonucci/Secom-Fotos Públicas

Pero el gobernante, su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, y los otros generales de su gabinete, que son sus ministros más allegados, tampoco creen en los datos sobre deforestación del Inpe, basados en el monitoreo de satélites.

En julio de 2019, Bolsonaro acusó el entonces director de ese Instituto de Estudios Espaciales, Ricardo Galvão, de difundir datos falsos, “quizás a servicio de alguna ONG”, para denigrar a Brasil ante el mundo.

El físico, bajó al ring para tildar la actitud presidencial de “pusilánime, cobarde”, al usar términos inaceptables de parte de un presidente y en relación a una institución científica respetada internacionalmente. Dos semanas después Galvão fue despedido.

Ahora es el vicepresidente Mourão el encargado de conducir el combate a la deforestación como jefe del Consejo de la Amazonia, un nuevo órgano militar, que quiere crear un centro de monitoreo castrense ante la desconfianza del gobierno en el Inpe.

Bolsonaro sostuvo que “la codicia internacional sobre nuestra Amazonia” promueve “las informaciones falsas e irresponsables” que “desconsideran las importantes conquistas ambientales que alcanzamos en beneficio de Brasil y del mundo”, una convicción al parecer compartida con sus generales.

En el discurso inaugural de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre y también en un mensaje pregrabado, Bolsonaro negó la magnitud de los incendios amazónicos. Los admitió solo en la periferia ya deforestada, en pequeña escala debido al uso “cultural” del fuego por parte de “indígenas y caboclos” (mestizos de indígenas que viven en áreas silvestres).

Con los incendios que destruyen también los bosques y pastizales del Pantanal, el humedal en el centro-oeste de Brasil que se extiende por Bolivia y Paraguay, la cuestión ambiental y climática se tornó dramática.

El récord de sequía en el mayor humedal del mundo facilitó la propagación de las llamas en el Pantanal, del que Brasil contiene 62 por ciento del territorio y donde se han producido la mayoría de los incendios, Bolivia 20 por ciento y Paraguay el restante 18 por ciento.

Esa situación sin precedentes puede ser consecuencia de la deforestación de casi 20 por ciento de la Amazonia brasileña. Esa ecorregión es reconocida actualmente como la fuente de buena parte de las lluvias en el centro-sur de Brasil y partes de Argentina y Paraguay.

Es un conocimiento científico nuevo, rechazado por el bolsonarismo, los militares y el ministro Salles incluidos, y que tiende a identificar conspiraciones antinacionales en los avances de la ciencia, del periodismo, de la cultura y la moral desde el ocaso de la dictadura militar (1964-1985), cuya supuesta grandeza quieren emular desde el poder.

ED: EG


lunes, 2 de noviembre de 2020

La tercera década latinoamericana

Rebelión

Por Emir Sader 

Kirchner, Morales, Lula y Chávez, protagonistas del cambio en la primera década latinoamericana. 
Créditos: Antonio Scorza/AFP via Getty Images. Fotos Públicas

El siglo XX se anunciaba como un siglo de revoluciones y contrarrevoluciones ya en su primera década, con la masacre de la Escuela de Santa María de Iquique y la Revolución Mexicana. La segunda década contó con la Reforma Universitaria de Córdoba y las movilizaciones populares que propiciaron la fundación de los Partidos Comunistas y Socialistas. La tercera década fue abierta con las sublevaciones populares lideradas por Sandino y por Farabundo Marti, en Nicaragua y en Salvador. Todo confirmaba los presagios del cambio de rumbo del siglo.

El siglo XXI comenzaba en un contexto de viraje conservador en el mundo, con sus reflejos en Latinoamérica, territorio dónde se concentra la mayor cantidad de gobiernos neoliberales, en sus modalidades más radicales. La última década del siglo XX fue la del auge de la hegemonía neoliberal en el continente, que se imponía como consenso, en el marco internacional del Consenso de Wáshington y del pensamiento único. El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, que aceptó sacar los zapatos para entrar en un aeropuerto de los EE UU [N. de ed.- en referencia a Celso Lafer, ministro de Fernando Henrique Cardoso], y el deseo de Carlos Menem de establecer “relaciones carnales” con EE UU, son símbolos de la postura de total subordinación de los gobiernos del continente con Washington en aquella década.

Pero la primera década del siglo XXI en Latinoamérica sorprendió, con una ola de reacción a los gobiernos neoliberales, cambiando radicalmente el escenario político en el continente y constituyéndose, una vez más, en el epicentro de las luchas en el plano internacional. Al solitario triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela, todavía a fines del siglo, vino a sumarse la victoria de Lula en Brasil. Chávez compareció en la toma de posesión del nuevo presidente brasileño, manifestando que, finalmente, dejaría de estar solo en la lucha.

El abrazo de Lula a Néstor Kirchner, en la toma de posesión de NK, durante el transcurso del primer año del nuevo gobierno brasileño fue un hecho que marcaría la primera década del siglo en Latinoamérica. Los dos gobiernos se convertirían en el eje de los procesos de integración regional que nacían en aquel momento. Cuando los dos fueron a la toma de posesión de Tabaré Vázquez, en Uruguay, ya tenían claro que nacía un proyecto con dimensiones estratégicas para Latinoamérica. A ese proceso se sumarían después Bolivia, con el extraordinario triunfo de Evo Morales, y Ecuador, con el de Rafael Correa, quién ha manifestado que ya no se trataba de una nueva época de cambios, sino de un cambio de época.

Esos seis gobiernos han protagonizado, en la primera década del nuevo siglo, la lucha contra el neoliberalismo y la construcción de gobiernos postneoliberales. A contramano del capitalismo a escala mundial, lograron disminuir las desigualdades en esos países, fortalecieron la presencia del Estado y desarrollaron procesos de integración regional e intercambio Sur-Sur. Tuvieron un extraordinario éxito, haciendo de ésa, la década más importante de la historia de esos países.

Con el tránsito hacia la segunda década del siglo XXI se empezaban a notar elementos de recuperación de la iniciativa de la derecha y algunas debilidades de esos gobiernos postneoliberales, que supusieron que la segunda década estuviese marcada por una contraofensiva de la derecha, que logró restablecer gobiernos neoliberales en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia e Uruguay, desarticulando el eje de gobiernos antineoliberles que macara la primera década.

A lo largo de la década, el neoliberalismo demostró el escaso recorrido que tienen sus políticas, hasta el punto de que, en Argentina, en las primeras elecciones presidenciales que tuvieron lugar, el neoliberalismo ha sido desplazado de nuevo del gobierno. En otros países como Ecuador y Brasil, se ha confirmado que la derecha sólo dispone del modelo neoliberal, puro y duro, que les está llevando al fracaso. Que tienden a ser derrotados en disputas electorales democráticas, frente a lo cual han puesto en práctica su estrategia de judicialización de la política, poniendo en práctica nuevas formas de golpes, como ejemplifican los casos de Brasil y de Bolivia, que muestran la debilidad de la derecha antes que su fuerza.

Cuando llegamos al final de la segunda década, hay una disputa abierta sobre el carácter que tendrá la tercera década en Latinoamérica. Las elecciones en Bolivia y Ecuador, así como el desenlace de la crisis brasileña, definirán los rasgos de esa nueva década. En caso de que la izquierda triunfe, esos nuevos gobiernos se sumarán al de Argentina, contando, en cierta medida también con el de México –limitado por los tratados de libre comercio que tiene con EE UU-, así como el de Venezuela, para recomponer el eje de gobiernos antineoliberales. En la medida que la derecha mantiene el neoliberalismo como su bandera, esos gobiernos tendrán que caracterizarse, ante todo, por su antineoliberalismo.

Cuando surgió la crisis de esos gobiernos, hace algunos años, Rafael Correa convocó a una reunión en Guayaquil, una reunión de balance sobre los cambios que se aproximaban, en la que participaron también, entre otros, Pepe Mújica y representantes de Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay. Se tomó la decisión de publicar un libro con el balance de la situación y las perspectivas de los seis gobiernos. Yo coordiné en aquel momento la publicación del libro que tomó por título Las vías abiertas de América Latina (Octubre, 2016), publicado en Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

En ese libro Álvaro García Linera, Rene Ramírez, Ricardo Forster, Constanza Moreira, Alfredo Serrano, Manuel Canelas, Juan Guijaro y yo, presentamos nuestras visiones de cada país, introducidos por un análisis general de la tendencia en todo el continente. Este es el momento de hacer algo semejante, con un proyecto de investigación ambicioso, que haga el balance de la primera y la segunda décadas en esos países y proyecte la tercera década.

Es hora de convocar a los intelectuales del pensamiento crítico latinomericano para sumarse a ese proyecto, que analice y apoye a las fuerzas políticas antineoliberales en la reconstrucción del eje de gobiernos con esa orientación, además de ofrecer análisis sobre las debilidades que han permitido la restauración de la derecha y los reveses de la izquierda, para retomar el proyecto antineoliberal con más profundidad y ampliación de sus plataformas de trasformación económica, política, social y cultural de Latinoamérica.

Un proyecto que puede tomar el libro Las vías abiertas de América Latina como referencia inicial, pero con mayor amplitud de análisis hacia atrás y hacia adelante. Que puede ser uno de los más importantes ejes de investigación en la era pospandemia, más allá de iniciativas más concretas y puntuales, que permita además recomponer un eje del pensamiento crítico latinoamericano, que tanta falta hace a día de hoy. Un proyecto que puede desembocar en un seminario –virtual o, a lo mejor, el primer seminario de nuevo presencial– y en un libro, publicado en América Latina y en otras regiones, dado que tenemos las experiencias más importantes de lucha antineoliberal. La tercera década lationoamericana puede ser el título que defina los marcos de ese proyecto, condición esencial para que volvamos a avanzar en Latinoamérica.


lunes, 27 de julio de 2020

El neoliberalismo es incompatible con la democracia



Por Emir Sader

El neoliberalismo nació en una dictadura, la de Pinochet, implementada por economistas de la Escuela de Chicago. Pero luego se extendió a gobiernos elegidos, en América Latina y Europa. Sin embargo, con el tiempo, el neoliberalismo ha demostrado ser incompatible con la democracia. Brasil es un buen ejemplo.

El primer proyecto neoliberal en Brasil fue el del gobierno de Collor, presidente electo, en 1989 aun con las manipulaciones antidemocráticas de Globo en el debate final con Lula. Collor centró su campaña en dos temas centrales para el neoliberalismo: los funcionarios públicos seríanmaharajás (reyes) y los automóviles producidos en Brasil serían carrozas. Comenzó con Collor la campaña para criminalizar al Estado y abrir la economía al mercado internacional.

Derrocado por las acusaciones de corrupción, el proyecto neoliberal fue retomado en el gobierno de Itamar Franco, y después por Fernando Henrique Cardoso, quien reformuló el modelo, pero lo continuó. Fue con este proyecto que Cardoso logró ser elegido y reelegido en las elecciones del 1994 y 1998, convenciendo a la mayoría de los brasileños de que el mayor problema en Brasil sería un gasto público excesivo, lo que generaría inflación. Hasta entonces, el neoliberalismo parecía compatible con la democracia.

La hegemonía neoliberal se debió a la descalificación del Estado, sus gastos, la exaltación del mercado y los empresarios. Se agotó por la crisis final del gobierno de Cardoso, y su partido nunca más pudo convencer a la mayoría de los brasileños de estas posiciones, perdió su capacidad hegemónica.

Al no hacer políticas sociales, creyendo que el control de la inflación sería suficiente para mejorar las condiciones de vida de los brasileños, el gobierno de Cardoso terminó agotado, con su imagen reducida a su nivel más bajo. Fue el último momento en que el modelo neoliberal sería puesto en práctica por un gobierno elegido en elecciones.

Tras la primera victoria de Lula, en 2002, las políticas neoliberales pasaron a ser rechazadas por la mayoría de la población, lo que continuó sucediendo a lo largo otras tres elecciones: 2006, 2010 y 2014. Los gobiernos del PT consolidaron la posición de la mayoría de los brasileños, quienes prefirieron democráticamente las políticas antineoliberales a las políticas neoliberales del PSDB.

Los brasileños consagraron que la democracia era totalmente compatible con el desarrollo económico acompañado de políticas sociales para la distribución del ingreso y la inclusión social. La democracia y el antineoliberalismo se casaron, en el período más virtuoso de la historia brasileña en mucho tiempo. Los cuatro gobiernos del PT han representado y acentuado la hegemonía del modelo antiliberal. Fue necesario romper la democracia, con un golpe de estado contra Dilma, sin ninguna base legal, para que las políticas neoliberales volvieran a ser puestas en práctica, en el gobierno de Michel Temer. Un gobierno ilegítimo, no elegido por el pueblo, asumió la reanudación del modelo antidemocrático neoliberal.

El gobierno de Bolsonaro y su política ultraliberal solo fueron posibles cambiando los temas de la campaña a otros temas que no sean económicos y sociales. Pero, además, por la monstruosa manipulación electoral: impidieron a Lula, favorito para ganar las elecciones en la primera vuelta -proponiendo el modelo antineoliberal– e instrumentalizaron las fake news para falsear el proceso electoral.

Muchas personas hoy están en contra de Bolsonaro –el 70%, según las encuestas-, sin estar en contra del neoliberalismo. Incluso aceptan que no vivimos una democracia plena, porque el presidente comete todos los delitos de responsabilidad, él y sus hijos están involucrados en casos de corrupción, pero las instituciones no trabajan para sacarlo de la presidencia. Los medios están frontalmente en contra de Bolsonaro, algunos incluso se pronuncian por la necesidad de sacarlo del gobierno, pero sin oponerse a la política económica neoliberal.

Sin embargo, no se dan cuenta de que solo sin democracia, solo con un estado de excepción, es posible tener un gobierno que implemente una política económica contra las necesidades de la gran mayoría de las personas. Una política económica que solo favorece a los bancos privados y al capital especulativo, promoviendo la recesión y la depresión económica, así como el desempleo y la precariedad a los que la gran mayoría de los brasileños están condenados.

Solo con un retorno a la democracia será posible que la mayoría de la población exprese su voluntad mayoritaria, lo que choca directamente con el modelo neoliberal, priorizando el desarrollo económico con distribución de ingreso, luchando en contra la pobreza, la miseria, el hambre y la exclusión social, solo son posibles con el retorno a políticas antineoliberales.


jueves, 23 de julio de 2020

Los miedos del siglo XXI



Por Oscar Oramas Oliva 

Es el primero de junio de 2020 y observo que los miedos y los odios van aflorando por doquier. He visto un enérgico discurso de Angela Merkel ante el parlamento alemán, cuando dijo que, cuando se habla con un lenguaje de odio hay que señalarlo.

Me llamaron la atención esas palabras en boca de una persona tan equilibrada y pensé que mis aprehensiones sobre algo que desde hace años se venía gestando en muchas sociedades, donde impera el neoliberalismo, tenía una fuerza que reclama enfrentarlo antes que sea demasiado tarde.

Desde finales del 2019 apareció el coronavirus y desde entonces no ha dejado de propagarse. Daba miedo lo que hoy es, con certeza, un flagelo universal de vastas consecuencias. No quiero hacer comparaciones con otras pandemias, pero esta ha golpeado duro a las personas, su psicología del comportamiento y a la economía de todos los países. Lo que ha hecho el virus es revelar las desigualdades existentes en nuestras sociedades, porque la crisis sistémica que se venía desarrollando ya había sido advertida por varios analistas y economistas. Por lo tanto la pandemia lo que ha hecho es acelerar ese dantesco fenómeno

El mundo de hoy no es el mismo de hace cuatro meses, el coronavirus ha cambiado muchas cosas, entre ellas costumbres sociales. Hay lugares donde el miedo al hambre ha provocada manifestaciones callejeras, como hemos visto en Perú, Bolivia, entre otros. ¿Y qué pasará cuando no tenga trabajo y deba llevar comida a mis hijos? Gritan muchos y las botas no acallan el hambre.

El caballo amarillo de la muerte desplegando el miedo prestará su indeseable servicio de liberar del inframundo a los más pobres y desnutridos de la región para llevarlos a descansar del sufrimiento al otro mundo, de Palmiro Soria Saucedo, exembajador de Bolivia en Cuba. En dicho país la pandemia es la coartada perfecta para sus crímenes imperfectos, represión de por medio, cubierto por una bastarda cortina de humo mediático, apuntó Ernesto Eterno en Resumen Latinoamericano, el pasado 30 de mayo.

Las fuerzas más conservadores o fascistoides vuelven a demostrar en Brasil su multiplicidad de tácticas para reapropiarse del poder.  Ignacio de Loyola Brandão publicaba en el periódico La jornada de México que ¨Cuando oí al presidente exclamar ‘¿Y qué?’ ante las muertes provocadas por el covid-19, me dieron ganas de vomitar. Enseguida pensé ‘es un monstruo’… No significamos nada para este señor Bolsonaro. Él siente desprecio, desapego, desinterés, desdén por nosotros, solo ama a sus cuatro hijos. Además de todo eso, siente desamor. Me sentí deprimido. No soy nadie, mi familia es nada, mis amigos no son, ningún brasileño tiene significado, ningún ser humano tiene derecho a la vida. A nuestro presidente no le importan un bledo nuestras existencias”.

En algunos países se han escuchado discursos radicalizados de políticos que apelan a todo tipo de violencias y a grupos de extrema derecha gritar barbaridades contra las medidas de aislamiento social indicadas por la OMS. No hay dudas de que estamos ante una crisis cuyas proporciones todavía no están muy claramente delineadas. Son los mismos que desestimaron la gravedad del coronavirus, que atacaron a la ciencia y que ahora acumulan el mayor número de muertos y contagios.

Los disturbios de esta semana en Estados Unidos son los más graves que se reportan en el país desde 1968, cuando Martin Luther King Jr. fue asesinado. Las redes sociales publicaban que una activista decía en una manifestación que el negro en Estados Unidos ha aguantado 300 años el miedo, las humillaciones, los asesinatos a manos de los blancos y ya era suficiente con el asesinato del negro George Floyd (desempleado durante la pandemia del coronavirus) de 46 años, murió en Minneapolis el pasado 25 de mayo a manos de unos policías blancos. Eso es lo que explica que alrededor de 100 ciudades norteamericanas hayan sido escenarios de grandes disturbios, de ellas 40 han declarado toque de queda, y que desplegar la Guardia Nacional, usar balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta, estas son una variedad de tácticas policiales que pueden exacerbar una situación ya tensa. Pero esos métodos lejos de acallar la rabia e indignación la han redoblado. Ante ese volcán en erupción, el presidente Donald Trump anunció el despliegue del ejército en Washington para hacer frente a los manifestantes. Este último es un hecho sin precedentes. Ahora es el miedo al negro.

Destrucciones, incendios, brutalidad policial, miles de detenidos y heridos, además de otra persona muerta por disparos. Ese es el saldo de la chispa provocada por el asesinato de George Floyd. Y el presidente Trump acusa a los manifestantes, los insulta y amenaza. Anatematiza a Antifa, acusándolo de ser un grupo terrorista y prepara con ello las condiciones, para hacer arrestos indiscriminados y por largo tiempo para acallar las voces de discriminados.

Los manifestantes denuncian que la muerte de Floyd es un acto de discriminación racial y exigen que se tomen medidas para evitar que sucesos así se repitan y para que los otros tres agentes que estuvieron presentes durante el suceso sean llevados ante la justicia. Según la BBC, en varias ciudades algunos jefes policiales y agentes han sido vistos uniéndose a marchas y vigilias iniciadas por el caso de George Floyd, un afroestadounidense fallecido luego de ser arrestado por policías de Minneapolis, Minnesota. Y en las redes sociales se han visto imágenes de mujeres blancas acordonando a los manifestantes negros para evitar ser golpeados por la policía. ¿Qué está pasando en Estados Unidos?

Incendiar patrullas o estaciones policiales, arrastrar por los suelos a elementos policiales durante actos de protesta, en tiempos de pandemia, no son sólo acciones de repudio contra la Policía (como institución), sino contra el mismo Estado norteamericano, escribió muy acertadamente Itzamná Ollantay el pasado 31 de mayo, en Telesur. Hay que tomar nota de esa aguda reflexión, así como de las frases: ¨No puedo respirar¨, ¨Basta ya de asesinatos de negros¨ y ¨Abrir los ojos¨, pues dicen mucho y ya tienen, en ese contexto, un significado histórico y siglos detrás que las respaldan.

No se puede proclamar una política para todo el mundo y otra para su propia casa. No se puede atacar selectivamente a unos países, supuestamente por violar los derechos humanos, y el acusador violarlos brutalmente en su propia casa.

El desarrollo de los acontecimientos, la arrogancia del poder unipolar norteamericano y la necesidad de supervivencia interna del capitalismo y de las estructuras económicas internacionales hechas a su medida lleva, sin embargo, a pensar que Trump está encerrado en su laberinto, con todas sus consecuencias. Pero ante todos estos fenómenos uno podría preguntarse, ¿Errores de cálculos o desconocimiento de las realidades?

lunes, 6 de julio de 2020

La gripe española de 1918 y el ascenso del nazismo: Tomen nota



Por Juan Torres López 

Foto: Hospital militar de emergencia durante la epidemia de Gripe Española, en Camp Funston (Kansas, EEUU). Museo Nacional de Salud y Medicina

Los estudios científicos que han demostrado la alta correlación existente entre el deterioro de la vida económica y el ascenso de la extrema derecha son muy abundantes.

Más concretamente, se han podido demostrar algunos hechos que deberían ser tomados muy en cuenta por nuestros políticos y gobernantes.

En primer lugar, sabemos que el ascenso de la extrema derecha no se produce como consecuencia de cualquier tipo de crisis, sino de las financieras y cuando el periodo de recesión posterior a la crisis es duradero.

También sabemos que las políticas de austeridad, los recortes en el gasto público que llevan consigo disminución de las prestaciones sociales y deterioro de los servicios públicos, están altamente correlacionadas con el ascenso del la extrema derecha. Algo que se ha podido demostrar perfectamente en el caso alemán: tras las políticas de grandes recortes que se llevaron a cabo entre 1930 y 1932, el partido nazi multiplicó su voto, pasando de tener poco más del 2% en 1928 a casi el 45% en 1933.

Desde hace unos días sabemos un poco más sobre el ascenso del nazismo en Alemania pues un economista de la Reserva Federal de Nueva York, Kristian Blickle, ha publicado un estudio, todavía en versión preliminar, en el que se demuestra la gran influencia que la pandemia de gripe española tuvo en el éxito posterior de Adolf Hitler (puede leerse aquí).

Blickle ha analizado las muertes producidas por aquella pandemia en las diferentes regiones y ciudades alemanas y ha podido comprobar que allí donde la mortalidad fue más alta se registró tiempo después un mayor apoyo electoral a los partidos de extrema derecha y particularmente al nazi.

Su análisis pone de manifiesto que las ciudades y regiones donde hubo más muertos a causa de la pandemia registraron luego más desempleo y recortes de gasto público. Estos dos factores están claramente relacionados con el ascenso de la extrema derecha, según el análisis de Blickle, aunque igualmente demuestra que ni el mayor nivel de paro ni las políticas de austeridad fueron las únicas vías por las que la pandemia terminó produciendo un aumento del voto al partido nazi. De hecho, señala que otras enfermedades, como la tuberculosis, que producían más o menos las mismas muertes que provocó la gripe española, no tuvieron el mismo efecto sobre el electorado.

En su opinión, lo que ocurrió fue que aquella pandemia concentró principalmente sus efectos sobre la juventud, primero en cuanto a mortalidad se refiere y, más tarde y a consecuencia del recorte de gasto y del cambio demográfico, en la mentalidad y en las actitudes sociales. Blickle señala, por ejemplo, que los recortes afectaron a servicios disfrutados especialmente por la población más joven y que el origen foráneo del virus fomentó el resentimiento hacia los extranjeros que fueron vistos como responsables de la pandemia. De hecho, muestra que el porcentaje de votos para los extremistas de derecha aumentó particularmente en las regiones que históricamente habían culpado a las minorías de las plagas medievales.

En todo caso, el ascenso del nazismo seguramente no pueda explicarse sólo por ese tipo de razones económicas. También se ha comprobado que influyó decisivamente la enorme polarización social y política de aquel periodo. Leon Trotski retrató muy gráficamente lo que ocurría en esa Alemania donde germinaba el terror. Decía que era como una pirámide en cuyo vértice superior había una bola que la extrema derecha, por una parte, trataba de volcar hacia la izquierda para romper la espalda del movimiento obrero mientras que el partido comunista, por otra, la empujaba hacia el otro lado, para rompérsela al capitalismo.

Después de 2008 sufrimos una recesión larga y muy dura, durante unos años que han visto crecer la extrema derecha en casi todos los países del mundo, hasta el punto de que son bastantes los que están gobernados por líderes extremistas como Trump, Orban o Bolsonaro. El Royal United Service Institute, un centro de estudios inglés bastante conservador, acaba de publicar un pequeño informe en el que se indica que el nivel de amenaza del extremismo de derecha amplificado por la crisis global es alto (aquí). Por un lado, porque está extendiendo la idea de que «la reconstrucción de un orden mundial racialmente puro requiere avivar el caos mediante ataques masivos y tomar las armas para desencadenar una guerra racial»; y, por otro, por el riesgo de que un colapso económico provocado por las medidas necesarias para atajar la pandemia produzca disturbios civiles masivos que desestabilicen a los gobiernos y fuerzas de seguridad.

La covid-19 no es una pandemia exactamente igual que la provocada por la gripe española, pero deberíamos tener cuidado pues sus antecedentes y la situación que se está generando tienen casi todos los ingredientes que facilitaron la llegada al poder de los nazis: el deterioro económico es evidente, los recortes ya los hemos sufrido y otros nuevos están a la vuelta de la esquina, el desprecio de la política democrática como instrumento de gestión de los asuntos públicos es extraordinario, la polarización agobiante y la xenofobia tremenda. ¿Qué se puede esperar cuando nada más y nada menos que el portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la primera potencia mundial, Michael Caputo, dice que la covid-19 se produce porque «millones de chinos chupan la sangre de los murciélagos rabiosos como aperitivo y se comen el culo de los osos hormigueros», o que «los demócratas están presionando para que el virus mate a mucha gente»? (aquí).

A mi juicio, la conclusión ante estos estudios históricos y ante la situación en la que nos encontramos es bastante clara. Hay que ser muy pragmáticos porque lo mejor suele ser enemigo de lo bueno: hay que evitar, antes que cualquier otra cosa, que la economía, la situación de las empresas y las condiciones de vida de la gente se deterioren. Y, además, hay que luchar contra la polarización política y tratar de evitarla por todos los medios. Insistir hoy día en una estrategia de confrontación entre derecha e izquierda es la forma más rápida y segura de provocar un choque social de consecuencias nefastas que sufrirán en mayor medidas las clases trabajadoras y las personas menos favorecidas. Es imprescindible diseñar un proyecto político de mucha más amplia mayoría, basado en la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la transparencia, la libertad, la solidaridad y la justicia; un proyecto que sólo tenga enfrente a quienes se atrincheran en el búnker de sus privilegios y de su inmenso egoísmo, y no a la mitad de la sociedad.

* Juan Torres López es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Dedicado al análisis y divulgación de la realidad económica, en los últimos años ha publicado alrededor de un millar de artículos de opinión y numerosos libros que se han convertido en éxitos editoriales. Los dos últimos, ‘Economía para no dejarse engañar por los economistas’ y ‘La Renta Básica. ¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene?’