miércoles, 29 de febrero de 2012

¿Conmoción y pavor?: Qué persigue la campaña de terror en Honduras



Por Searapio Morazán

Como si de un juego de video se tratara -resident evil 5 u otro- el uso de armas de guerra altamente letales ha dejado de ser pura ilusión en Honduras. Los incendios recientes del Penal de Comayagua y de los mercados de la capital con saldo de 360 muertos no pueden achacarse a simples cortocircuitos, colchones quemados o bombas molotov.

Demasiadas coincidencias entre los dos incendios para pensar en casualidades. El terror que los dos incendios han desatado en la población hondureña, nos obliga a pensar en que hay sectores oscuros, criminales implicados en ambos hechos y que no han sido a causa de accidentes ni descuidos.
El 14 de febrero, pasadas las 10 de la noche, luego de una explosión, según los testigos -incluido el único que pudo filmar el desastre desde una azotea cercana-, se desató el infierno. Si uno no lo supiera, podría pensar que era un depósito de combustible, una fábrica de productos químicos o una bodega de productos plásticos. Pero era la cárcel de Comayagua. Por cómo se inició, la rapidez con que se propagó y la intensidad del fuego se puede llegar a la conclusión que no fue un accidente. Las versiones oficiales insisten en darle valor a un colchón quemado como el inicio del pavoroso incendio. Esto es simplemente imposible de creer. Ningún colchón puede hacer arder un penal entero en forma tan rápida y pavorosa.
Prófugos de la cárcel mencionan una o varias explosiones en los “hogares” 6 y 7 como el origen del fuego. Dicen que fue premeditado y que, además de un plan fuga organizado por algunos privados de libertad con elevados pagos al jefe del penal, se quería asesinar al Dr. Jorge Constantino Ypsilanti y su dos amigos, sicarios contratados por aquel para asesinar a su ex amigo, el ciudadano español Ángel García Rubio en 2009.
Esta trama se inició cuando el extranjero, casado con una hondureña fue demandado por ésta para recibir una pensión alimenticia, cansada de los maltratos del español. Para evitar el embargo de sus bienes, éste los traspasó a su amigo que terminó asesinándolo para no devolverle lo que en parte, ya había gastado. Por testimonio de dos prófugos del penal, la venganza por parte de familiares del español, sería el motivo para incendiar el penal. Casualmente el incendio se inicia en el “hogar” 6, donde se encontraba el referido doctor.
Dada la naturaleza y vínculos criminales que ha ido cultivando -con esmero- la policía hondureña en los últimos años y agravada después del golpe de estado, donde parece, se les dio luz verde para actuar a sus anchas, no sería extraño pensar que los creativos policías hayan querido hacer negocio doble: le cobraron a los familiares del español y también al asesino para dejarlo libre. De paso, le ofrecieron la posibilidad de fugarse a otros privados de libertad. El incendio sería la coartada perfecta para cubrir cualquier duda posible de los que pagaron. Así podían quedar bien con todos sin ninguna sospecha. Los prófugos aseguran que elevados montos fueron pagados por los familiares de Ángel García al director del penal y también ochenta y cinco presos que se fugarían en medio del incendio. Todo parecía perfecto, para los criminales investidos de uniforme, poder, soberbia y desprecio por la vida, solo que algo salió mal.
El elemento clave de toda esta cuestión es la forma en que se desató el incendio. De nuevo los testigos -sobrevivientes y externos al penal- muestran detalles de esta tenebrosa trama criminal que ya deja como saldo 360 personas muertas de la forma más brutal. El testimonio de los prófugos no deja lugar a dudas:
“Cuando llegó la hora de ejecutar la fuga, los custodios de turno provocaron las explosiones dentro del módulo seis, tiraron bombas molotov por los barrotes de los baños, y se extendieron a la bartolina siete, dijo.” 
Como ellos estaban dormidos, no pueden estar seguros de si fue con bombas molotov que se inició el fuego. Solo escucharon las explosiones y vieron el fuego iniciándose en la celda 6 que rápidamente se propagó a la siete y al resto de módulos. 
“…nosotros estábamos dormidos, escuchamos las explosiones en la seis y luego empezó el incendio”
Las preguntas obligadas y sin respuesta aún son ¿Cómo pudo extenderse el fuego de una manera tan rápida y brutal por el resto de las celdas? ¿Por qué el encargado de las llaves de las celdas las tiró a la enfermería y abandonó los pabellones? ¿Por qué los custodios en lugar de abrir las celdas y ayudar a evacuar a los privados de libertad, les dispararon al ver que escapaban por los techos? ¿Por qué el familiar de dos asesinados en el incendio asegura que estos enviaron días antes, cartas de despedida anticipándose a lo que temían, ocurriera ese día? ¿Por qué se insiste en la hipótesis del colchón incendiado sabiendo que ésta no explica ni la magnitud, ni la rapidez con que se propagó el incendio?
Habiendo adelantado los motivos del incendio, lanzaremos nuestra hipótesis de lo que salió mal. Está claro que el director del penal estaba ausente para cubrir su culpa. Lo que causó el incendio no fueron bombas molotov. Estas pueden iniciar un incendio pero no pueden explicar la magnitud ni la rapidez con la que se propagó el mismo. Nuestra hipótesis es que se usó un artefacto de uso militar para garantizar que el incendio borrara las huellas de los perpetradores y las identidades de quienes morirían. Esto era su objetivo para cumplir con quienes habían pagado la fuga y la venganza. Pero ¿qué artefacto puede cumplir semejante cometido?
La respuesta más probable es que se usó una o varias granadas incendiarias de uso militar. Una muy posible es la M14 TH3. Sus características técnicas y capacidades pueden muy bien explicar el pavoroso incendio desatado en el penal de Comayagua. Esta granada está compuesta por poderosos químicos capaces de mantenerse encendidos aún bajo el agua y alcanza una temperatura de hasta 2 mil grados Celsius, lo que hace imposible controlar sus efectos. Está diseñada para ser lanzada hasta 25 metros de forma manual y se usa -entre otras cosas- para iniciar incendios. La palabra la tienen los expertos que analizan los escombros. La huella química dejada por el uso de esta arma debe ser imposible borrarla. Uno de los compuestos, fue usado en la voladura de las torres gemelas. Como en ese hecho tampoco salió a luz, pese a las conclusiones de muchos expertos independientes que piden una nueva investigación, aquí, por las implicaciones políticas, probablemente tampoco salga a luz la verdad. Los investigadores de la oficina de Tabaco, Armas y Alcohol de Estados Unidos, ATF son sólo eso. Quienes deciden tienen otros intereses. Seguramente éstos darán explicaciones menos comprometedoras y más light .
El uso de esta arma militar explicaría el pavor que causó no solo a los detenidos, sino a quienes la lanzaron. Estos estaban encargados de iniciar el incendio y después abrir las celdas para que se fugaran los complotados. Al ver el terrible efecto de las granadas, entraron en pánico y corrieron para salvar sus vidas, dejando tras sí, el infierno y a las víctimas inocentes consumiéndose en vida. Esto explicaría también la rapidez y magnitud del terrible siniestro. Finalmente esto calza con la explicación de cómo el único testigo que filmó el impresionante incendio se despertó al escuchar una fuerte explosión, pese a la distancia a la que se encontraba, aproximadamente 150 o 200 metros en línea recta desde el penal. Imposible escuchar la explosión de una molotov a esa distancia. Cualquier estudiante universitario involucrado en huelgas y tomas que la haya usado lo puede corroborar.
No es descabellado suponer que se pueda haber utilizado esta arma ya que ha sido usada antes en varias ocasiones. El 19 de abril de 1993 para desalojar a los miembros de la secta Davidiana atrincherados en un rancho en Waco, Texas, el FBI usó granadas incendiarias que desataron un pavoroso incendio que acabó con la vida de 80 personas incluido el jefe de la secta, David Koresh. Más recientemente han sido usadas por los sicarios y narcotraficantes en la guerra que han desatado en México. Se lanzaron en casinos y centros nocturnos en Acapulco y se usaron en el incendio en el Casino Royale en Monterrey en agosto del año pasado donde fallecieron 61 personas. Este caso fue atribuido a los Zetas, quienes se sabe, operan en el territorio centroamericano, especialmente en el triángulo norte. Este asesinato masivo fue ejecutado según versiones, porque los dueños del centro nocturno no quisieron pagar el impuesto de guerra. Las conexiones y los motivos de Los Zetas con la policía hondureña son muy posibles.
Casi cuatro días después de la matanza en el penal de Comayagua se desata otro infierno. En cosa de minutos, y como lo mencionan testigos, simultáneamente en las cuatro esquinas del mercado Colón el fuego toma una fuerza tan inusual que magnifica su propagación a los mercados vecinos Álvarez, San Isidro, Quinta Avenida y otros. El mismo alcalde contribuye a la versión que “algo raro pasó” en este incendio. Estos vetustos mercados, ya habían sufrido incendios antes, pero jamás de esta forma. La rapidez de la propagación y la magnitud de las llamas hizo imposible apagarlo. Miles de vendedores en minutos perdieron su forma de sustento.
Conmoción y pavor se llama la nueva doctrina del Pentágono. Se trata de la dominación rápida del enemigo por el uso masivo e indiscriminado de medios de guerra tan superiores que dejan al adversario no sólo destruido en poco tiempo sino que quienes sobreviven con la idea de la imposibilidad de hacer frente a semejante despliegue de fuerza. Se puso en práctica por primera vez en Irak. ¿Qué motivos tienen para usarlo en Honduras y de esa forma?
¿Qué cosas coinciden en uno y otro incendio? Primero, la rapidez con que se propagaron y la magnitud del fuego. Segundo, los testimonios de testigos que aseguran que el fuego se inició de una manera alarmantemente rápida. Tercero, los bomberos no pudieron controlar el fuego. Cuarto y más importante, ambos incendios causan conmoción y pavor, principalmente a nivel nacional. El terror usado como arma ¿A quién se quiere intimidar? ¿Para qué están preparando a la población hondureña con estos terribles actos? ¿Qué viene después?
El golpe de estado en Honduras en junio de 2009 no sólo trajo asesinatos, secuestros, torturas y represión masiva. Trajo el despertar de la conciencia de la mayoría del pueblo hondureño que ha pasado a la organización de una alternativa ante un modelo de ejercicio del poder que no sólo no ha resuelto sus más básicas necesidades de vida digna, sino que ha acabado con sus esperanzas de cambio.
El narcotráfico que se ha apoderado de toda la institucionalidad estatal y ha permeado a sectores a todo nivel en la sociedad hondureña, es una forma de control social.
Ahora que el pueblo se organiza y por primera vez en toda la historia del país desafía a las elites desnacionalizadas que controlan todo, es más que factible que actúen con todas las opciones posibles “sobre la mesa” para detener la posibilidad de que la “gallinita de los huevos de oro” salga de su control.
El mensaje va directo para la resistencia. Esa fuerza enorme, genérica, de alguna manera amorfa, inorgánica aún, que está poniendo en jaque a aquellos que han implantado un modelo de país que ha enriquecido a unos pocos y ha excluido a la mayoría. El terror como arma se quiere imponer a un pueblo pacífico pero que ya no es idiota. Lo que no saben es que el tiro les puede salir por la culata. No se equivoquen. El pueblo ha decidido que ya es suficiente. No lo sigan puyando con vara corta. Las lecciones de la historia, son contundentes.
Como colofón a estas tragedias y crímenes, unos gringos con aspecto de marines, han empezado a dejarse ver corriendo (entrenándose) por las calles de Tegucigalpa, seguidos de cerca por supuesto de las camionetas suburban con guardaespaldas armados. Pareciera que quieren acostumbrarnos a su presencia. La declaración de estado fallido sería muy conveniente para su intervención abierta. Con Froylán Turcios y Visitación Padilla, digamos ¡No a la intervención! Y opongámonos con todos los medios posibles.

Ciudades modelo son inconstitucionales


Ha trascendido que el Ministerio Público ha dictaminado que las Redes Especiales de Desarrollo (RED) o Ciudades Modelo, creadas por decreto legislativo, son inconstitucionales porque cambian la forma de gobierno y atentan contra la soberanía del Estado de Honduras.

El dictamen del Ministerio Público, emitido el 25 de enero de 2012, fue remitido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que lo solicitó para tener un criterio ilustrativo útil a la emisión del fallo sobre un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de abogados en noviembre de 2011.

El comentario editorial de TIEMPO, el Diario de Honduras, “Ciudades Modelo”, publicado el 30 de julio de 2011, cuya parte medular reproducimos a continuación, coincide plenamente con el dictamen del Ministerio Público de referencia:

“El congreso nacional aprobó la Ley del Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y, al hacerlo, ha cambiado la forma de gobierno del Estado de Honduras.

“El significado de esta decisión, que va mucho más allá de lo que corresponde a una asamblea legislativa ordinaria, es, prácticamente, el desconocimiento de la Constitución de la República, ya que se convierte al territorio hondureño y a la soberanía nacional en sujetos proclives de subasta internacional.

“Por el hecho de existir la figura del plebiscito en la legislación hondureña, este caso debió, por lo menos, haber sido sometido a la consulta directa popular, dada la trascendencia para la vida de la nación y el destino de nuestro país. Al ignorar, deliberadamente, ese procedimiento, el congreso nacional se ha arrogado competencias de asamblea nacional constituyente.

“La Constitución de la República de Honduras establece, en su artículo 2, que “la soberanía corresponde al pueblo” y “la suplantación de la soberanía popular” es traición a la Patria, o sea que “la responsabilidad en estos casos es imprescriptible”. El hecho de haber obviado el plebiscito puede interpretarse, en este caso, como una extralimitación, máxime cuando esa ley de la RED es de naturaleza constitutiva.

“El artículo 13 de la Constitución dice, en relación con la soberanía y la jurisdicción sobre el territorio nacional, el espacio aéreo y el subsuelo, que “el dominio del Estado es inalienable e imprescriptible”. La violación de estos mandatos constituye delito de traición a la patria. La mayoría de los diputados, ante la duda de lo que hacían, justificaron su acción con el argumento de que “era mejor arriesgarse a hacer algo, que no hacer nada”.

“Esa Ley del Estatuto Constitucional de las RED da a los enclaves que se establezcan en Honduras más prerrogativas y dominio que al enclave bananero del siglo pasado, por el que nuestro país pasó a ser paradigma de “República Bananera”. Ahí no hay jurisdicción del Poder Judicial: los jueces serán nombrados por el congreso nacional, a propuesta de los dueños del enclave.

“Las “ciudades modelo” serán territorios autónomos, con su propio fuero jurisdiccional, con sistemas administrativos propios, casi a perpetuidad porque su duración será de 99 años prorrogables. Como estados virtuales, podrán firmar convenios y tratados internacionales de comercio y otras materias, aunque, para taparle el ojo al macho, requerirán la ratificación del congreso nacional.

“Asimismo, controlarán la navegación marítima y aérea, el manejo de los puertos, aeropuertos en los territorios de su jurisdicción, y podrán establecer su propio régimen tributario, con sus propios impuestos y tasas. El artículo 12 de la Constitución insiste en que “El Estado ejerce soberanía y jurisdicción en el espacio aéreo y en el subsuelo de su territorio…”

Arroz Amargo



Por Julio Escoto

En 1988 el sector arrocero generaba en Honduras 150,000 empleos directos e indirectos, y para 1990 el número de productores había ascendido a 25,000, según datos del Censo Nacional Agropecuario, convirtiendo a este artículo alimenticio en uno de los más prometedores para el sustento de la economía nacional.
De proseguir esa ruta podía ocurrir que en una década el arroz equiparara al café en cuanto a volumen de quintales colectados ––y que en la actualidad es exitoso generador de empleo gracias a la acción de sus 120 mil familias caficultoras, además de generoso socializador monetario y disolvente de la extrema pobreza.
Pero ese panorama oscureció súbitamente en 1991 cuando, según OXFAM, en plena cosecha el gobierno “decidió reducir bruscamente el arancel a las importaciones de arroz para cubrir el déficit provocado por una sequía. Esa medida provocó que se importaran en pocos meses más de 30,000 toneladas de arroz oro (sin cáscara) y 11,000 toneladas granza (con cáscara o en bruto) desde EUA.
Tales cantidades equivalían al consumo total de los años anteriores, por lo que los productores se encontraron súbitamente sin mercado en plena salida de la cosecha”. La biografía de la corrupción identifica a ese episodio como el arrozazo, de terrible daño ya que la avalancha del cereal estadounidense desgració y quebró en escasos meses a la generación local, con lucro delictivo para cierta élite de inescrupulosos políticos.
Para 1994 el valor del arroz hondureño había caído al mínimo y el gobierno prosiguió importándolo de Estados Unidos, que lo cultiva bajo subsidios y cuyo precio internacional es 20% menor que el costo de producción, obviamente un dumping constante. En 1998, contra pretextos del huracán Mitch, la importación se triplicó, por lo que al cabo de la década la producción interna se contrajo en 86 por ciento y el número de productores bajó a menos de 2000.
Y contrario a lo que se esperaba, que el precio favoreciera al consumidor, más bien se incrementó en 15% durante el mismo período.
Debido al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC+DR) ––cuyos 22 capítulos con 3014 artículos resolvió en una sola noche el ilustrado congreso nacional de 2004–– los aranceles por ingreso de arroz estadounidense caerán a cero en pocos años y entonces será la debacle. Culminaremos el descenso de país productor —incluso de su dieta básica— a importador, atornillando así la dependencia y la entrega de la soberanía alimentaria. Nuestra destrucción será triunfo de la doctrina neoliberal y de políticas agrícolas malamente conducidas por la casta de ineptos, caterva de improvisados, que por una centuria condujeron los asuntos de la nación.
Fracasos en producción de maíz, arroz, vegetales (los importamos millonariamente de Guatemala), frijoles (traídos de Nigeria), sorgo, soya, frutas, y carencia de proyectos autogestionables de desarrollo rural; mientras que se exportan pescado y mariscos (cuya abundancia es acá legendaria), se les expende caro localmente; captamos US$ 120.00 por cada onza de oro que otros venden a US$. 1,800.00 en EUA y que debían integrar la reserva nacional.
En fin, estúpidos hemos de ser para consentir tanta torpeza… Y si el café no sufre similar ordalía es porque Estados Unidos no cultiva café…
Fracasos en explotación forestal, que puede salvar pueblos enteros: una plantación municipal socializada de mil hectáreas de caoba, para corte a 30 años, puede ser vendida tras su primer lustro y sostener al pueblo durante dos décadas, incluyendo los márgenes esenciales de necesidad social (escuelas, clínica, colegio, bomberos y casa comunitaria de cultura). Es, pues, hora de abandonar lo cierto y volcarnos a la esperanza, a lo iluso e impensable: darle vuelta a este país, como calcetín, para que acabe el lento perecer y se componga o descomponga todo de una vez. Si esta generación no lo hace, ni lo merece.

Cortina de humo



El proceso de depuración de la policía preventiva parece estancado y “muy poco transparente”, según lo plantea la rectora de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH).

Esa comisión tripartita, en representación del Legislativo, el Ejecutivo y la UNAH, es la encargada de presentar la lista de los candidatos para la integración de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública que supervisaría la depuración y reestructuración de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Hasta ahora no se ha promulgado el decreto de creación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, y, aunque la comisión tripartita dice haber avanzado en la elaboración de su propuesta para el nombramiento de la Comisión de Reforma, el Ejecutivo va a paso cansino, como arrastrando los pies.

Cuando se habla de muy poca transparencia en la depuración y reestructuración de la policía, hay sobrada razón. La única acción visible al respecto fue, a principios de enero --cuando estaba aún en caliente el escándalo del asesinato de los estudiantes universitarios--, la destitución de 9 oficiales y 43 policías de la escala básica del Distrito Policial 1-6 (La Granja).

De esas destituciones no se dieron nombres y oficialmente únicamente se dijo que fueron expulsados por “faltas graves”. Lo de siempre, en Honduras hay corrupción, pero no hay corruptos.

Y así sucede, por ejemplo, con el escándalo del contrabando de arroz, pese a que el presidente de la República exige a sus secretarios de Estado, subalternos, los nombres de los implicados. La callada por respuesta, y todo queda en que, como dice la gente, no hay alcalde en el pueblo…

Mientras el tiempo pasa, el hipotético funcionamiento de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública va empantanándose por lo menos en lo relacionado con la depuración del sistema judicial, que es clave. La Federación Latinoamericana de Magistrados (FELAM) ha salido al quite y “observa con preocupación el proyecto de ley de supervisión de operadores de justicia”. Expresa el temor de que esto “pueda constituir un instrumento de subordinación política”.

Editorial Diario Tiempo
El anuncio, por parte del gobierno, de la separación de 24 oficiales de la plana mayor de la policía preventiva, supuestamente recomendada por los asesores colombianos y chilenos, no se cumple. En cambio, como para taparle el ojo al macho, hay una rotación de mandos policiales, básicamente a nivel departamental, que nada tiene que ver con depuración ni reestructuración.

Los terribles acontecimientos posteriores, el incendio de la Granja Penal de Comayagua y de los mercados de Comayagüela, han puesto una espesa cortina de humo sobre todo lo demás. Es la linda y milagrosa oportunidad para dar el esquinazo a los escándalos de corrupción y de seguridad nacional.

La mente colectiva, acogotada con las escenas dantescas de los incendios, saturada de imágenes de muertos, putrefacción y tragedia del pueblo, es un admirable ejemplo del rol mediático de manipulación calculada de la realidad para asegurar la supervivencia del sistema, apelando a la morbosidad y la explotación de la sensibilidad humana.

Una razón más de preocupación por el destino de nuestra fallida Honduras.

Del colonialismo del siglo XIX al imperialismo del siglo XXI


Por Rina Bertaccini *

Una serie de acontecimientos desarrollados en el último período en torno a Malvinas nos obliga a fijar la mirada en el Atlántico Sur, esa inmensa superficie marítima que vincula tres continentes: África, América y la Antártida. Una observación atenta nos indica que la cuestión Malvinas tiene su origen casi dos siglos atrás, pero se extiende al presente como parte del proyecto de la OTAN global.

En la mira del colonialismo
Desde el siglo XIX, las Malvinas y los otros archipiélagos argentinos del Atlántico Sur (Georgias del Sur y Sandwich del Sur) se encuentran en la mira del colonialismo. Producida la Revolución de Mayo (1810) y con ello la independencia respecto a la Corona Española, el gobierno patrio toma posesión del archipiélago como parte del territorio heredado de España (por sucesión de Estados en virtud del principio del Uti Possidetis Jure). Instala en 1823 un gobernador y en 1829 una guarnición militar encabezada por un comandante político y militar. Pero en los años 30, Gran Bretaña, con el apoyo activo de Estados Unidos, y tras una serie de actos agresivos, que culminan con el ataque a Puerto Soledad, desaloja a la guarnición argentina y concreta militarmente la ocupación de las Islas el 3 de enero de 1833. Esta puntualización es importante para arrojar luz sobre el absurdo de la pretensión británica de presentar el caso Malvinas como un tema de autodeterminación de los isleños.

Comenzó entonces y continúa hasta el presente la usurpación británica de una parte de nuestro territorio nacional. Aquella acción pirata de 1833 también pone a la vista la fuerte alianza entre el gobierno de EEUU y la Corona británica, alianza que se consolidaría luego en el marco de la OTAN.

La guerra fría y los pactos agresivos
Otra necesaria referencia histórica nos lleva a mediados del siglo XX. Es pertinente recordar que, en 1947, Washington impuso a los países de la región el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un tratado que –según sus impulsores- protegería a nuestros países del ataque de alguna potencia extracontinental; y en 1948 promovió la fundación de la Organización de Estados Américanos (OEA), verdadero ministerio de Colonias al servicio de la política expansionista y el intervencionismo de los Estados Unidos en el continente.

A nivel mundial impulsó la firma de pactos militares en varias regiones así como la creación en abril de 1949 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), todos ellos instrumentos de naturaleza agresiva que minaban la idea de la seguridad colectiva basada en el principio de la coexistencia pacífica establecido en 1945 en la Carta de las Naciones Unidas. En la actualidad la OTAN ha crecido hasta integrar a 28 países, mucho más allá de los doce Estados del Atlántico Norte que le dieron nacimiento, y en la Cumbre realizada en Portugal, en noviembre de 2010 ha proclamado abiertamente su condición de poder militar global.

El Atlántico Sur y la expansión de la OTAN
En los años 80 del siglo XX todavía la OTAN no se había expandido. Al asumir la presidencia de Estados Unidos el 20 de noviembre de 1981, Ronald Reagan se planteó el objetivo de desplegar una política ofensiva de “recuperación de los espacios políticos, geográficos y estratégicos”, para lo cual iba a emprender un gigantesco programa de armamentismo y reactivación de la economía. Reclamando más atención de Washington hacia las Américas, Reagan insiste en que “los Estados Unidos deben asumir de nuevo su papel de fuerza de cohesión indesafiable en la construcción de una comunidad del Hemisferio Occidental”.

Con ese propósito la administración Reagan trabaja para la creación de “un acuerdo regional para la seguridad del Atlántico Sur”, un acuerdo que no llegó a concretarse -entre Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay- y que se visualizaba como una Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS), complementado con la participación de África del Sur entonces bajo el régimen del Apartheid.

Tales objetivos han sido explicitados tanto en el conocido Documento de Santa Fe (1980) como en otro documento aprobado ese mismo año por el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el denominado Free Oceans Plan (Plan para el Océano Libre) donde, explicando la importancia estratégica del Atlántico Sur, se afirma: “Aun cuando los Estados Unidos puedan contar con un apoyo efectivo y duradero de la Unión Sudafricana y de la República de Chile, y eventualmente de la Argentina (entonces bajo la dictadura de 1976/83), que facilite la ejecución de sus planes para el extremo sur de los tres océanos, es indispensable contar con el apoyo de Gran Bretaña (…) que debe ser nuestra principal aliada en esa área, no sólo porque es nuestra amiga más confiable en el orden internacional, sino porque todavía ocupa diversas islas en el Atlántico Sur que, en caso de necesidad, podrían convertirse en bases aeronavales, de acuerdo con el modelo de Diego García , o en punto de apoyo logístico como la isla Ascensión”.

Este es el trasfondo real de la posición yanqui en la Guerra de Malvinas: desde una política de fuerza, estratégica y militar, el gobierno norteamericano no tuvo dudas en alinearse con Gran Bretaña, su principal aliado en la OTAN, contra la Argentina, a pesar de que, en virtud del TIAR, debía haberla defendido frente a una “agresión extracontinental”. Washington se atuvo estrictamente a estos criterios. Y, al fin de la guerra de 1982, logra, entre sus objetivos militares, la construcción de una gran base militar en Malvinas que permitirá a la OTAN el control de las rutas oceánicas del Atlántico Sur y una posibilidad concreta de proyectar su poder hacia el continente Antártico.

Aparte de las razones geopolíticas ya mencionadas, la ocupación de los archipiélagos del Atlántico Sur tuvo y tiene para los imperialistas un interés adicional asociado a la explotación de los cuantiosos recursos naturales de la región. Al respecto, lo que realmente importa es la extensa plataforma continental argentina, el mar que rodea a las islas, la abundancia de peces, el krill, las riquezas del suelo submarino -petróleo y nódulos metalíferos de manganeso, cobre, hierro-. Algunos de esos recursos, particularmente el petróleo tienen una enorme y creciente importancia estratégica, y además ya en el presente les reportan grandes ganancias que obtienen de la venta ilegal de licencia de pesca y de exploración de petróleo, con la consiguiente depredación de bienes que pertenecen al pueblo argentino.

La militarización del Atlántico Sur
Terminada la Guerra de Malvinas, y desde que Inglaterra retoma el control total del archipiélago, el proyecto de instalar una base militar aeronaval se concreta con los trabajos de ampliación de las pistas y las instalaciones del aeropuerto de Mount Pleasant, en la Isla Soledad. Las obras concluyen en 1985 y la base comienza a operar en 1986. Hoy, la Fortaleza Malvinas que dispone también de una estación naval de aguas profundas –llamada Mare Harbour-- donde atracan submarinos atómicos, se ha constituido en uno de los cinco principales enclaves militares extranjeros del Hemisferio Occidental, y funciona en conexión con la red mundial de bases de control y espionaje que la OTAN tiene en el planeta.

La descripción y los alcances de esta Fortaleza merecen un artículo especial. Digamos por ahora que los buques y aeronaves militares que van y vienen desde Gran Bretaña, vía Isla Ascensión, son portadores de armas nucleares. En la actualidad, con la reactivación en 2008 de la IV Flota de guerra de los EEUU los peligros que se derivan de la instalación de la Fortaleza Malvinas a 700 kilómetros de nuestra costa patagónica, se han agravado considerablemente.

Las recientes medidas adoptadas por Gran Bretaña no hacen sino empeorar la situación. Nos referimos a la decisión de establecer alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur una zona de exclusión pesquera con una extensión de un millón de kilómetros cuadrados, zona que será patrullada por naves de la marina de guerra del Reino Unido; así como al envío del buque de guerra "HMS Dauntless", armado con misiles antiaire de alta tecnología, helipuertos y 60 marines, para reforzar la custodia de nuestras Islas.

Con ello, además de transgredir la Resolución de la ONU que reclama hacer del Atlántico Sur una Zona de Paz y Cooperación, agregan nuevas amenazas y tensiones, con las que intentan bloquear el necesario proceso de negociaciones políticas imprescindibles para avanzar en la solución del diferendo de soberanía y encontrar el camino pacífico de la descolonización de los archipiélagos del Sur.

A despecho de los planes del imperialismo, éste es el camino que ha elegido Argentina y cuenta hoy con el apoyo fundamental de la Unasur, el Mercosur, el ALBA, la CELAC y todos los pueblos de la región.
* Rina Bertaccini es presidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), de Argentina y vicepresidenta del Consejo Mundial por la Paz.

En defensa de la política

Pascual Serrano

Por Pascual Serrano *

La lógica y legítima indignación que la crisis económica y las políticas antisociales que están aplicando los gobiernos está provocando un rechazo mayoritario de importantes sectores ciudadanos a los políticos y la política sin distinción. Creo que debemos advertir sobre lo peligroso de esta deriva: la política es la forma en que se abordan los problemas colectivos y los políticos son los legítimos representantes elegidos para afrontar esos problemas. Estigmatizar todo ello, sin hacer distinción es un principio básico del fascismo, el dictador Francisco Franco, cuando alguien de su entorno le intentaba transmitir alguna discusión o su disconformidad con alguna iniciativa le respondía cínicamente: “usted haga como yo, no se meta en política”. En las pasadas elecciones, dentro del movimiento del 15M y su entorno o fuera, observé actuaciones y posiciones muy preocupantes. En la manifestación del 15 de octubre convocada a nivel mundial comprobé cómo discurrió por una gran avenida comercial y cuando llegamos a la sede del gobierno autonómico los manifestantes comenzaron a gritar “aquí está la cueva de Alí Babá”. No tengo ningún interés en defender a los gobernantes que ocupaban ese edificio, pero me molestó que, mientras atravesábamos lujosas sedes bancarias o de multinacionales, a nadie le pareció oportuno gritar un eslogan similar, lo reservaron sólo para los políticos que habían pasado por las urnas. Todos los días recibo mensajes de correo indignados recordando que los diputados reciben un iPhone, un iPad, un despacho o un ordenador. Probablemente hay privilegios de los políticos que debamos denunciar, por ejemplo un plan de pensiones sólo por haber ejercido una legislación, pero otras prestaciones son razonables y no debemos criminalizarlas. El diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón lo dejó claro de forma valiente y clara cuando tomó posesión de su cargo, dijo que necesita un teléfono para ejercer su trabajo y un ordenador al tiempo que renunciaba, como otros diputados, al plan de pensiones. No vi apenas reacciones de felicitaciones por parte de esos sectores que satanizan a los políticos.

Durante la última campaña electoral para las elecciones generales españolas otra movilización de protesta consistió en poner una nariz de payaso en las caras de todos los carteles electorales, fueran del partido que fueran, incluso los candidatos de partidos minoritarios o extraparlamentarios. Se trata de otra acción protofascista que le viene muy bien al poder económico: los ciudadanos críticos estigmatizan a todos los políticos y, mientras tanto, los sectores conservadores y adinerados eligen a unos gobernantes de derechas que aplicarán las políticas que impongan los mercados. El periódico de izquierdas italiano Il Manifesto ha hablado de “contrarrevolución que cultiva la semilla de la antipolítica y hace una limpieza étnica de las ideas”1. Basta observar que Silvio Berlusconi, cuando se ha visto derrotado políticamente, ha recibido de su comité estratégico la idea de trabajar sobre la propuesta de reivindicar la antipolítica como llave de volver al poder. “Así no vamos a ganar, el Partido de la Libertad, parece ya un partido viejo, hace falta un nuevo contenedor capaz de convocar la antipolítica”2, dijo Il Cavalieri.

Con motivo de la última reforma laboral, veo entre los manifestantes de la Puerta del Sol otro eslogan que dice “el próximo parado, un diputado”3. De nuevo todos los diputados en el mismo saco, si de poner en paro a los diputados se trata, los golpes de estado militar han sido históricamente muy eficaces para hacerlo.

Es indiscutible que muchos representantes, fundamentalmente los que gobiernan, son cómplices del saqueo de los recursos públicos, de las políticas de desmantelamiento del sector público, del recorte de prestaciones sociales fundamentales, de escandalosos casos de corrupción. Incluso podemos recordar que nada de lo negativo que está sucediendo en nuestra pérdida de derechos sociales y condiciones económicas podría haber sucedido sin la complicidad de los políticos gobernantes. Pero ni todos los políticos son iguales, ni todos los partidos tienen las mismas propuestas, ni se fundamentan en los mismos principios ideológicos. Basta recordar que el gobierno de España en los últimos treinta años lo han protagonizado sólo dos partidos. Existen muchas personas que están trabajando duro desde los partidos políticos minoritarios para cambiar las cosas, algunos tienen pocos representantes en el Congreso, otros ninguno. Se trata de representantes que no están robando, no se están haciendo ricos, quieren cambiar este modelo, hacerlo más social y más democrático. Trabajan mucho más que muchos ejecutivos empresariales y profesionales, ganan mucho menos, su compromiso político les supone muchos sacrificios familiares y profesionales, y su puesto de trabajo también es precario porque, a diferencia de otros, pasan por el veredicto de las urnas cada cuatro años. Yo creo que ellos necesitan un teléfono para trabajar, que no merecen una nariz de payaso y yo no los quiero “parados”. Su problema es que son pocos, la misión de quienes estamos indignados es que sean más.
* Pascual Serrano es periodista. Su último libro es "Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryzard Kapuścińsky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa" . Editorial Península. Barcelona
Notas:
1.- Editorial de Il Manifesto, 9-2-2012 
2.- La Reppublica, 3-10-2011
3.- Fotografía en El País 11-2-2012

martes, 28 de febrero de 2012

El Nerón imperial busca incendiar Latinoamérica: Están haciendo arder Honduras


Vos el Soberano 

Por Ricardo Salgado

Asumir la violencia desatada contra el pueblo hondureño por más de dos años como una serie de hechos aislados, removiendo la historicidad de los mismos, sería un error muy grave para todos los que hoy habitamos este continente. Los incendios sucesivos de un centro penitenciario y varios mercados populares de Tegucigalpa no están desvinculados de todos los hechos de violencia que se remontan al Golpe de Estado de junio de 2009; por el contrario, desde una perspectiva histórica es fácil ver un patrón, una tendencia; una conspiración que busca incendiar a la América Latina de inicios del siglo XXI; los pirómanos son los mismos de siempre, y las mentes malévolas que los impulsan también lo son.

En cuestión de horas se sacrificaron cerca de cuatrocientas vidas, y se provocaron pérdidas a miles de familias dependientes del complejo círculo del dinero de los mercados populares. Los únicos que no perdieron son los usureros, ellos seguirán cobrando, y con el caos suscitado, terminaran por aumentar las víctimas fatales de este proceso de terror que busca hacer con el miedo de la gente, lo que no pudo lograr mediante su guerra frontal contra la resistencia anti golpista.

Después de la victoria sandinista en Nicaragua, y la ridícula suma de los votos de la seudo oposición en Venezuela, hechos que se suman a la firme determinación de las mayorías hondureñas en resistencia, por transformar el país, sabíamos que la agresión imperial tomaría nuevos matices, aunque la conspiración en sí está en progreso desde hace varios años, las acciones concretas son aplicadas de acuerdo a criterios más coyunturales. Es evidente la mano fascista en el plan de terror que se aplica en Honduras, donde el mismo Plan de Nación que promueve el gobierno hace gala de tesis maltusianas para hablar del progreso de Honduras.

Importante es ahora que los pueblos hermanos entiendan que lo que hacen aquí, lo aplicaran más tarde en otra latitudes, y que la contención de esta trama, y su necesaria derrota, reviste una importancia sin precedentes en la historia del continente. La idea de asesinar gente, y llevar adelante actos de terrorismo contra la población más pobre, a la par de una campaña alienante que pone los eventos en el plano ideológico, no es una novedad en nuestra historia, pero sucede en un momento en que los pueblos tenemos mucho que perder.

En Honduras se han extraviado armas pesadas de batallones, se han quemado vivos testigos de los nexos que existen entre las fuerzas armadas, la policía y el crimen organizado. Aunque se comprobó que la policía es pieza fundamental del crimen contra la ciudadanía, el gobierno no ha hecho nada; y es que el gobierno de turno ha demostrado hasta la saciedad su vocación servil para entregar el país a los intereses transnacionales. Esta vez no se trata solamente de un asunto retorico, por cada muestra de violencia que se da en el país, los funcionarios corren a declararse incapaces de esclarecer los hechos, o de hacer justicia, y recurren a Estados Unidos. No tenemos más seguridad, pero la presencia militar extranjera mucho mayor.

No es muy complicado inferir que las posibilidades de que asesinen miembros de la resistencia nacional han aumentado, para lo que recurrirán a mil argucias, incluyendo la vieja historia de que nos matamos entre nosotros por disputas ideológicas internas. El asesinato de nuestros dirigentes, incluidos Manuel Zelaya Rosales, o la candidata de LIBRE, Xiomara Castro, es más probable ahora. También es evidente la posibilidad de que liquiden a compañeros que no han estado de acuerdo con la formación de nuestro partido político. Hoy estamos más expuestos que nunca. Además, tienen la reforma constitucional dirigida contra el narcotráfico y el terrorismo, que les permite extraditar (entiéndase matar la verdad) a nuestros compañeros hacia los Estados Unidos. Las vías del terror son múltiples, las han estado construyendo ante nuestros ojos por mucho tiempo.

No podemos subestimar los alcances de la inteligencia gringa, ni creer remotamente en alguna dosis de patriotismo en la clase dominante hondureña. Ambos carecen de limites morales o éticos, simplemente no los conocen. La agenda de shock dirigida hacia la población busca tres objetivos inmediatos: a) Neutralizar la dirección de la resistencia; b) Alejar al pueblo de su aspiración refundacional, y; c) Eliminar físicamente la imagen de personas que puedan incidir en la movilización del pueblo. El objetivo central de toda la trama es la desestabilización, primero de Centroamérica (es difícil predecir el marco temporal), y luego la destrucción de las democracias populares del continente.

Aquí debemos hacer una reflexión sobre los acuerdos firmados en Cartagena de Indias en mayo del año pasado, que incluyen la formación de una Comisión de Verificación y Seguimiento que no ha sido integrada hasta la fecha. Sin ánimo de juzgar la visión estratégica de los países garantes, creemos que este ha sido un error, al menos de la República Bolivariana de Venezuela, una de las potenciales víctimas de la escalada agresiva que se está iniciando en Honduras. El descalabro de la maltrecha oposición venezolana, será compensado por otros actos de sabotaje orquestados desde el comando sur, y están, indudablemente conectados con los hechos en Centroamérica y el Caribe.

Históricamente, el aumento de presencia militar gringa en el centro del continente ha tenido repercusiones para los hermanos del sur; no hay razones para intuir siquiera que esta vez la cosa será distinta. El gobierno dirigido por Lobo Sosa trata de mostrar una cara de ineptitud e impotencia, táctica que le ha servido para burlar la posición democrática de los países de la región. Lo cierto es que lo único que podemos percibir desde el interior del país, es que la violencia se incrementa, y es el Estado el que la origina. Además, lejos de la simple percepción, hemos comprobado una y otra vez, la monstruosa impunidad que se vive, la fortaleza de la posición de los ejecutores del Golpe de Estado, y la sumisión de Lobo Sosa a estos últimos.

Se han creado condiciones para que las apátridas autoridades invoquen la intervención extranjera a causa de su incapacidad, aun teniendo que aceptar su propia ineptitud. Mientras tanto, las victimas las sigue poniendo el pueblo, aunque es improbable que siga poniendo “la otra mejilla” por mucho más tiempo. Nos encontramos frente a un abismo inminente, pero no unilateral. Lo cierto es que el imperio se ha constituido en el Nerón que quiere atizar el fuego que consuma la vocación revolucionaria del continente. Ahora más que nunca debemos ser uno solo. No es bueno recordar Honduras solamente cuando aparece en los medios corporativos controlados por el imperio.

La tarea esencial de todos y todas los miembros de la resistencia, miembros de LIBRE o no, es proceder de inmediato a transmitir al pueblo los detalles de esta trama, apoyar la organización, y establecer planes concretos para defender la integridad física de cada hondureña y hondureño. Ya no es tiempo de desencuentro. El plan de mediático es despolitizar la agenda del país, mientras se arrastra a la gente a un punto donde le dicen que la ideología es mala, y que nosotros somos quienes planteamos una lucha ideológica. Trataran de alejar a las comunidades de los problemas económicos y sociales, mientras se les alienta la ilusión de sus grandes libertades individuales (las que solo usan con gran brutalidad los dueños del poder). Recordemos que el poder es una relación de fuerzas, hablando en sentido estricto.

También debemos tener en mente que se le ha ofrecido el dialogo a Lobo Sosa en varias ocasiones, a lo que él ha reaccionado con estúpidos chistes, o demeritando la importancia de nuestro llamado. La paz, o la ausencia de la misma es algo que impone quien tiene el poder, a ellos no les interesa nuestra paz, ni nuestro desarrollo, ni nuestro bienestar. Recordemos entonces que mientras más organizados estemos más posibilidades tenemos de establecer relaciones de fuerza más favorables. En ningún caso es aceptable sucumbir por miedo, eso sería traición.

Por lo que a los pueblos del continente respecta, esperamos que nos tengan en su agenda solidaria, y los gobiernos revolucionarios que hagan un análisis permanente de este contexto, en ello les va una porción importante del futuro.

El Fuego

Radio Progreso

El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 encendió la llama final que desde entonces ha ido consumiendo y reduciendo a cenizas lo poco que se logró en casi 30 años de democracia formal.

El fuego de la extrema pobreza, de la exclusión social, del desempleo y de la desesperación consume lentamente a una población económicamente activa que ve en la migración forzada la única vía de escape para intentar luchar por su dignificación y la de sus familias.

El fuego de las muertes violentas, del sicariato, del secuestro, del asalto, de la tortura, de la desaparición, de la represión, de las escuchas telefónicas y la reducción de derechos, nos empuja brutalmente a la insolidaridad, al sometimiento, al miedo de ser el siguiente y al encierro en nuestras ilusorias seguridades que sólo nos convierten en ciudadanos de baja intensidad que no opinan, que no escuchan, que no ven.

El fuego de la impunidad consume la confianza, las instituciones, la justicia, y el aire se vuelve irrespirable porque está contaminado de corrupción, de los gritos de las víctimas y de la risa triunfal de los victimarios, y del olor de los cuerpos hacinados y calcinados en las universidades del crimen.

¿Acaso también el fuego ha logrado consumir la esperanza y los sueños de un país más justo, solidario, compartido y libre del temor y la miseria?

Ante la violencia pirómana de quienes han secuestrado, desmantelado y convertido al Estado en un Estado policía y militar, hoy más que nunca debemos apostar por el fuego de la esperanza y la solidaridad para purificar la institucionalidad corrupta y la ciudadanía moribunda, y como el ave fénix, resurgir de las cenizas para construir un presente donde la niñez juegue en las calles sin miedo al hambre, la juventud sueñe sin miedo a la violencia y la vejez viva sin añorar un pasado mejor.

Comayagua no ha sido un accidente


El Faro

El incendio que terminó con más de 350 muertos en una cárcel hondureña debe obligarnos a revisar a fondo los sistemas penitenciarios de América Central. Las prisiones están saturadas en precarias instalaciones en las cuales el Estado no puede proveer siquiera la custodia necesaria, por lo que los internos controlan muchas de las actividades. Lejos de ser reformatorios, las prisiones son pequeñas sociedades por sí mismas, pero reguladas por el crimen, la violencia, las deudas y los favores; saturadas más allá de cualquier límite. Son bombas de tiempo, insuficientes ya para albergar a más seres humanos.

A principios de esta semana el ministro de seguridad dijo que, según sus cálculos, la impunidad en El Salvador asciende, solo para homicidios, a 97 por ciento. En otros crímenes las tasas pueden ser iguales o mayores. Aún así, hoy el sistema penitenciario salvadoreño, con capacidad para poco más de 8 mil internos, contiene 25 mil personas hacinadas.

En otras palabras, si el resto de la institucionalidad del Estado (policía, fiscalía y sistema judicial) funcionara y pudiera llevarse a juicio a una mayor cantidad de homicidas, ni siquiera tendríamos dónde meterlos a pagar su condena. El problema es así de grave. Aquí, cualquier día, puede pasar lo mismo que en la prisión de Comayagua, con consecuencias igual o más trágicas.

Las prisiones son recintos diseñados para privar de libertad a seres humanos que han dañado a la sociedad. El castigo es ejemplar y debe servir para que los presos se arrepientan y vuelvan a la sociedad tras haber aprendido la lección. Mientras lo hacen, el Estado se encarga de vigilarlos y controlarlos, así como de proveer las herramientas para el castigo y también para prepararlos hasta su reinserción en la sociedad. Esta es la función de las cárceles.

Pero en un estado sin recursos las prisiones no pueden cumplir con su cometido. El sistema es tan débil que no ha podido ni siqiera evitar la corrupción de los empleados estatales a cargo de los reos.

En una de sus últimas entrevistas como director de prisiones, el ahora viceministro de seguridad, Douglas Moreno, dijo a este periódico hace un par de meses que el sistema penitenciario estaba casi totalmente corrompido, que las prisiones son lugares desde donde se administra el crimen organizado y que además hay sectores empresariales que buscan que la bomba estalle para avanzar con sus planes de privatización de cárceles.

La bomba estallará muy pronto. Las prisiones ya no dan. Pero el sistema carece de fondos y reforzar su presupuesto no es la prioridad, probablemente porque una parte importante de una población desesperada por los altísimos niveles de violencia en El Salvador considera que dar dinero al sistema penitenciario es mejorar las condiciones de los victimarios en vez de buscar recursos para atender a sus víctimas.

No se trata ya siquiera de entrarle a ese debate, sino de entender las nefastas consecuencias para toda la sociedad que tendría que el sistema de prisiones colapse: lo que sucede en las prisiones tiene consecuencias en la calle; y de poco sirve un sistema judicial que no tiene ya capacidad mínima para castigar a los responsables de delitos. En las cárceles centroamericanas ya no caben. Y eso que la impunidad es casi total.

Comayagua no ha sido un accidente. Es el resultado previsible en cárceles centroamericanas. Por eso urge revisar todo el sistema penitenciario, para evitar que el incendio continúe propagándose de prisión en prisión.

Penales: triunfo de la barbarie


Jornada

Tragedias como la ocurrida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca, Nuevo León, donde por lo menos 44 internos murieron en una riña, ocurren con frecuencia creciente. En las cárceles de Nuevo León y Tamaulipas han tenido lugar, en menos de un año, cinco rupturas graves del orden, además de la ocurrida ayer: en mayo de 2011 murieron 14 presos y otros 35 resultaron heridos en un incendio en el mismo penal de Apodaca; dos meses más tarde hubo un enfrentamiento en una prisión de Nuevo Laredo, con saldo de siete muertos y 59 fugados; en octubre, una reyerta entre mafias rivales dejó siete reos muertos en la cárcel de Cadereyta; dos días después, 20 internos murieron en una riña en el penal de Matamoros y otros 12 resultaron lesionados. El mes pasado, en la cárcel de Altamira, tuvo lugar un enfrentamiento que dejó 31 muertos y 13 lesionados.

Riñas, motines y fugas se extienden por las cárceles del país en una pauta incontrolable y dejan al descubierto la pérdida de dominio gubernamental en un ámbito crucial para la aplicación del estado de derecho como es el penitenciario, y las redes de corrupción recorren los distintos niveles de la administración pública hasta culminar en el que debiera ser el eslabón más fuerte del poder público y que termina siendo, paradójicamente, el más débil.

Un factor desencadenante de masacres como la ocurrida ayer es la venalidad en las cadenas de mando, las cuales permiten, alientan y promueven la ruptura de la disciplina carcelaria, la circulación de armas y drogas en las prisiones, así como la explotación laboral, comercial y sexual de los internos. Como se señaló en este mismo espacio el pasado 16 de febrero, en relación con el incendio de la granja carcelaria de Comayagua, Honduras, en el que murieron más de 350 presos, los penales –y la consideración vale para México y para toda América Latina– se han vuelto espacios de atropello, linchamiento y lucro con la miseria humana, en los que todo derecho y todo servicio quedan condicionados al pago de cuotas, ya sea para las autoridades penales formales, para las mafias que suelen detentar el control real o para ambas.

A ello debe agregarse la paulatina claudicación en la defensa del sistema penal mexicano. Si éste fue construido sobre el paradigma de la rehabilitación, ha ido sucumbiendo ante actitudes de revancha social y desprecio a los derechos de los delincuentes y presuntos delincuentes, actitudes que encuentran asideros en el discurso oficial corriente, promotor de la confrontación violenta de la delincuencia.

Autoridades y diversos sectores sociales llegan, de esta forma, a un consenso implícito que parte de la desensibilización social hacia los presos, en tanto seres humanos, y acaba por aceptar como lógicas y naturales, si no es que deseables, las condiciones infernales de hacinamiento, insalubridad, mala alimentación y, en general, despojo de la dignidad que se abaten sobre los internos en los centros de reclusión.

De esta manera, los reclusos –tanto los jurídicamente culpables como quienes están sujetos a proceso– acaban por ser el sector más desprotegido de las sociedades, incluso por debajo de minorías étnicas, religiosas, sexuales y culturales.

En suma, la trágica situación de los penales pone de manifiesto, con crudeza y nitidez particulares, el avance de la barbarie que ha significado la estrategia de seguridad pública, consistente en desconocer los diversos factores que inciden en el auge delictivo y centrarse en un combate meramente policial, militar y judicial de la criminalidad.
Desde luego, la persecución de quienes violan las leyes es una obligación indeclinable de las instancias de gobierno en todos sus niveles, pero esa obligación no justifica el simplismo de la actual administración federal, para la cual la estrategia de seguridad se ha reducido a encarcelar o matar a los presuntos delincuentes o, incluso, permitir que se maten entre ellos, como ha venido manejando la autoridad federal actual para justificar el elevadísimo número de bajas fatales registrado en el último lustro.

Es tiempo de cambiar ese lineamiento contraproducente y desestabilizador y optar por un modelo de seguridad con más empleos, escuelas, hospitales y ciudadanos vivos y satisfechos, y con menos cuarteles, cárceles, presos y muertos.

De la solidaridad inmediata a la lucha contra la impunidad

Radio Progreso

¿Qué nos confirma amargamente la tragedia en la granja penal de Comayagua? la débil o ausencia de institucionalidad del Estado de Honduras, y la que existe está acaparada por políticas que nada tienen que ver con la función del Estado de promover el bien común y la dignidad de las personas. Los políticos de todos los colores y sabores siguen empecinados en hacernos creer que Estado y democracia se reducen a votos, bonos, partidos de fútbol y cancioncitas de adormecimiento popular.

La gran pregunta que nos hacemos es si con esta nueva tragedia habría tocado fondo la crisis en las cárceles hondureñas y en el sistema de justicia hondureño. A la pregunta sobre las cárceles y la mora judicial que un periodista le hizo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia respondió que en el sistema judicial todo estaba muy bien, que no había mora judicial en las cárceles y que la aplicación de la justicia marchaba viento en popa.

Con funcionarios así, que se muestran ante las tragedias con su rostro de yo-no-fui, es muy difícil creer que se pueda tocar fondo en la crisis nacional. No hay manera de avanzar en el país con el cinismo que acompaña a los funcionarios públicos, el cual llega al extremo de promover misas y plegarias por los muertos que ellos provocan, convencidos incluso que así no solo salvan el alma de los calcinados, sino que se eximen de cualquier responsabilidad.

Todos los sectores: familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales señalan al Estado hondureño como el responsable directo de la tragedia. Pero aquí, Pepe Lobo y comitiva se curan en salud, dando asistencia caritativa a los familiares de los asesinados, mientras medicina forense se apura para entregar los cadáveres con el superficial diagnóstico de una muerte por asfixia y quemaduras, y evitar que se identifiquen otras posibles causas de una muerte que pueda involucrar a funcionarios y jefes de la policía nacional.

La mayor expresión de deshumanización que vivimos en Honduras es la de comentarios que se emiten sobre lo que bien que resulta que mueran así unos delincuentes porque no eran buenas fichas y de esa manera el Estado se ahorra comida y otros recursos. Esas expresiones nos hunden como sociedad y nos dejan a merced de nuestras propias pasiones. No puede ser jamás de cristianos desear el mal o la muerte a otras personas, cualquiera que sea la situación en la que se encuentren.

No puede ser de cristianos quedarnos tampoco en la mera respuesta asistencial o caritativa a los familiares de las víctimas. Es cierto que en este momento hay que expresar la solidaridad en acciones inmediatas de auxilio a las familias, pero sin perder la mira hacia la lucha por buscar la verdad que conduzca a la identificación de los responsables de tanta muerte, que se deduzcan responsabilidades penales, se reparen a fondo los daños a los familiares y se demanden transformaciones profundas al sistema penitenciario como expresión histórica precisa de atacar de frente al impunidad hondureña.

Exigen anular concesiones ferroviarias


Jornada

Por Stella Calloni

Dolor e indignación causó el hallazgo del cadáver del joven Lucas Menghini Rey, de 20 años, que estaba desaparecido después del trágico accidente ferroviario del pasado 22 de febrero, aplastado entre el tercero y cuarto vagón y que era buscado por su familia, amigos y vecinos,lo que aumentó a 51 el número de muertes y fue el doloroso corolario de una tragedia vivida como la gota que derramó el vaso sobre el mal funcionamiento de este servicio público.
Otras dos personas que estaban desaparecidas fueron encontradas vivas en hospitales privados a los que fueron llevados por vecinos en el caótico momento que sucedió al choque de una formación del ferrocarril Sarmiento contra una barrera de contención, provocando además de las víctimas fatales, más de 700 heridos.

La justicia ordenó una investigación inmediata de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

La tragedia colocó ante una difícil situación al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que se enfrenta a otros temas abiertos en los últimos tiempos, como las rebeliones populares contra la megaminería a cielo abierto, el rechazo a la Ley antiterrorista impuesta por presiones externas, o la provocación de las concesionarias extranjeras de la privatizada (en los años 90) Yacimientos Petrolíferos Fiscales que en las últimas horas impidieron el acceso a una reunión empresarial a los representantes gubernamentales en esa empresa. Además del gobierno nacional.

La Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) acordó exigirle a las petroleras el incremento de la producción en un plazo de dos años, y advirtieron la posibilidad de quitar la concesión de explotación a las que no cumplan los objetivos.
Mientras el accidente ferroviario es dinamitado por los medios opositores para golpear al gobierno, diversos sectores, entre ellos aliados críticos que acompañan a la administración kirchenrista demandan intervenir a las concesionarias privadas, rescindir los contratos o renacionalizar las empresas de servicios públicos.

Bajo el título de Crónica de una tragedia anunciada, el Partido Comunista (PC) aliado crítico del gobierno, emitió un comunicado firmado por su secretario general, Patricio Etchegaray. donde además de solidarizarse con las víctimas pide una profunda investigación y la inmediata anulación de las concesiones ferroviarias.

Lo sucedido sólo puede caracterizarse como una tragedia anunciada, producto de la crisis estructural del capitalismo argentino y secuela de los años en que el neoliberalismo desguazó los servicios públicos en nuestro país señala el documento advirtiendo que este gobierno permitió que los concesionarios del transporte ferroviario siguieran usufructuando de este negocio violando sistemáticamente todas las normas de seguridad sin que el Estado haya utilizado su facultad de control.

Reclama la falta de reacción frente a la serie de accidentes fatales sucedidos en los últimos tiempos ya que es no es el primer desastre que ocurre como consecuencia de este descontrol, por lo que la Presidenta debería anular inmediatamente las concesiones vigentes, declarar la emergencia ferroviaria y poner en marcha un plan de recuperación del servicio ferroviario en manos del Estado, los usuarios y los trabajadores.

En tanto, la Mesa Nacional de Causa Popular, que forma parte del gobierno considera que ha llegado el momento de revisar la totalidad de las concesiones de servicios públicos otorgados a precio vil por el menemismo (el gobierno de Carlos Menem) a partir de 1999.

En este aspecto demandan que la administración de esos servicios vuelva al conjunto del pueblo argentino, a través del Estado Nacional denunciando la incapacidad, irresponsabilidad y parasitismo de un sector privado, atento tan sólo a sus inmediatos fines de lucro, incapaz de pensar en términos estratégicos y de largo plazo.

Estiman que las concesionarias han dilapidado en su propio provecho los millonarios subsidios otorgados por el Estado para su funcionamiento, desarrollo y planes de inversión.

Considerando que este trágico accidente es la gota que rebalsó el vaso solicitan que tal como se hiciera con Aerolíneas Argentinas, hoy en manos del Estado, Correos, Agua es preciso rescindir las concesiones y renacionalizar las empresas que, en contratos leoninos e inmorales, se entregaron al beneficio privado.

A la vez junto a otros sectores advierten contra el accionar de la “prensa monopólica que hoy se rasga las vestiduras por lo sucedido pero que carece de entidad moral y política para escandalizarse ya que fueron voceros de las privatizaciones y las desnacionalizaciones de las grandes empresas públicas y los más tenaces opositores y críticos a la recuperación.

Se refieren al ataque de estos medios contra la recuperación de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones(AFJP) a Aerolíneas Argentinas y otras empresas y advierten que no son ellos quienes indicarán al pueblo argentino el camino a seguir.

Por su parte ayer la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, aliada y defensora del gobierno de Fernández de Kirchner criticó duramente al ministro de Transporte Juan Pablo Schiavi a quien llamó con un duro epíteto local (pelo….) por la debilidad de sus planteos ante un hecho semejante.

Asimismo la progubernamental Agencia de Prensa de Buenos Aires (AgePeBa) publica un análisis de Sebastián Premici, después de señalar que “el dramático episodio en la estación Once es un punto de inflexión para el gobierno y criticar el regodeo macabro de los medios monopólicos.

Premici menciona las sinrazones de empresas como TBA y recuerda que según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, esta concesionaria había registrado en 1996, dos años después de haber obtenido la concesión, 200 accidentes entre las líneas Sarmiento y Mitre. Al cabo de los primeros diez años de concesión, TBA registraba 879 accidentes por la línea Mitre, con 554 muertos (en distintos tipos de siniestros), mientras que el ramal Sarmiento registraba 1198 accidentes, con 818 muertos.

Pero no sólo esto, sino que millones de personas viajaban en estas líneas en condiciones inhumanas, colgados de las puertas, hacinados, con vagones sin vidrios, como los del ferrocarril Roca, que cubre el olvidado sur del conurbano bonaerense, el más pobre. O el Sarmiento, lo que se agravó ante el aumento poblacional e increíblemente ante el incremento del empleo en los últimos años. Varios incidentes y hasta quemas de trenes, preanunciaban el estallido de una población maltratada y humillada.

El problema del ferrocarril tiene una larga historia. Hay sectores que se opusieron desde un primer momento a la privatización de uno de los servicios públicos esenciales que llegaba a todas las provincias en un país muy extenso e incluso a los países limítrofes.

Se eliminaron líneas de trenes de carga que conectaban con los puertos y las ciudades y esto abarataba el precio de los productos.
Esta privatización menemista- de la que hemos escrito en este periódico en distintas oportunidades- dejó en el interior poblaciones enteras sumidas en la soledad, pueblos fantasmas. En ningún país ha sucedido este desmantelamiento tan brutal dicen los antiguos dirigentes sindicales En varios libros escritos por el antiguo luchador y dirigente gremial, Juan Carlos Cena, como El Ferrocidio cuenta la historia de cómo el ferrocarril que hizo grande al país, luego de la desregulación, desreglamentación y desestatización, que comienza en la década de los 90, se desintegra expulsando a miles de obreros, resquebrajando un sistema de comunicación e interconexión cultural, social, económica y hasta política que existía en el país.

Un vaciamiento que nunca quebró al lucha de los resistentes, muchos de los cuáles perecieron en la extrema pobreza y algunos se suicidaron por el desempleo. Cena ha luchado incasablemente por la recuperación de los ferrocarriles para el Estado y también de los miles de trabajadores y técnicos que están esperando desde hace tiempo regresar a los talleres a sus trabajos hechos con amor, respeto y una enorme responsabilidad humana por los otros.

La insoportable levedad del periodismo oficialista


Norberto Glavinovich

Con la irrupción en el periodismo de los contenidos multimedia, las empresas periodísticas pusieron el broche final al soporte de su verdadera doctrina, que no es otra que la de la economía de mercado. En consecuencia, l os medios masivos de comunicación son un sólido sustento ideológico y propagandístico del sistema capitalista; como bien los define Serge Halimi, son “los nuevos perros guardianes” del sistema.

En la actualidad, somos testigos y rehenes de un permanente forcejeo (más económico que ideológico) entre los grandes medios y el gobierno kircnerista; una falsa dicotomía que sintéticamente se podría expresar en una sencilla consigna: "Clarín" o "6, 7, 8". En medio de esta disputa, ha surgido la categoría de "periodismo militante", más propagandística que periodística y más mercenaria que militante.
Roberto Caballero es un fiel representante de ese estilo pretendidamente informativo que pretende defender lo indefendible y fundamentar lo insostenible.

En la introducción de la nota editorial de Tiempo Argentino del día posterior a la masacre ferroviaria de Once que titula "Ayer se cerró un ciclo", el escriba oficialista apela a la empatía de quienes quedamos consternados ante tamaño acontecimiento, al perfil de “carne de horario y maltrato frecuente” de las víctimas y a su condición de trabajadores anónimos que ya no han de besar ni abrazar a sus seres queridos. Todo en pos de amparar al gobierno ante semejantes e inocultables evidencias de corrupción, inoperancia y desidia.

“Ayer se cerró el círculo del menemismo ferroviario”, prosigue Caballero, manteniendo la línea del discurso de “6, 7, 8” que atribuye todos los “errores” del actual gobierno a la pesada herencia de la infame década del 90 obviando deliberadamente que el propio Néstor Kirchner, en esos tiempos, ratificó la política privatista y designó al riojano como “el mejor presidente de la historia”.

Este “periodismo militante” es el mismo que avala las “conferencias de prensa” que no admiten el “juego” –según el secretario de Transporte Schiavi- de preguntas y respuestas; el que ignora que el mismo día en que esos anónimos trabajadores eran víctimas de la negligencia y la corrupción del Estado, el juez Oyarbide anulaba las pruebas contra Jaime; el mismo que, a minutos de la muerte de Mariano Ferreyra dijo que se trataba de un “enfrentamiento entre patotas”; el mismo “periodismo militante” que justificó el desalojo de la comunidad Qom de Plaza de Mayo; el mismo que ante la detención de Rubén “Pollo” Sobrero y parafraseando al entonces Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, sostuvo que existían "elementos contundentes" y "semipruebas plenas" para ordenar esa medida.

El gobierno, y todos sus medios comunicacionales afines, insisten sistemáticamente en querer hacernos cómplices y partícipes de su cualidad maniquea: estás con el Gobierno o estás con “la Corpo”, estás con el Gobierno o estás con “la opo”, sos kirchnerista o sos “destituyente”.

“Los carroñeros que hacen política con la muerte ajena hoy tienen el banquete servido…”, dice Caballero, omitiendo que el oficialismo, desde la muerte de Néstor Kirchner, ha montado toda una simbología necrófila expresada en distintas formas: el prolongado luto de su viuda, el Nestornauta, un video animado en el que el expresidente llega al Paraíso y se encuentra con los 30 mil desaparecidos… Siempre con el único fin de asestar golpes bajos a la sensibilidad de los destinatarios.

Se sabe que la objetividad periodística es en la práctica imposible. No obstante, cuando la subjetividad del periodista se volatiliza en la atmósfera de la obsecuencia y el servilismo, los destinatarios de la información que queremos ejercitar el juicio crítico, provenga ésta del medio que provenga, nos sentimos tratados como idiotas, como niños llevados de las orejas a cumplir con una penitencia sistemática de leer, mirar y escuchar sin que se nos permita comprender, analizar, cuestionar y disentir.

El periodismo auténtico, aun viciado de esa subjetividad que lo humaniza y acerca, debe “militar” por la verdad y la justicia, por darle voz a los que no la tienen, por animar a quienes viven en la angustia y por meter el dedo en la llaga de los que gozan del bienestar mal habido.

Mariano Moreno dijo que prefería la libertad peligrosa a la servidumbre tranquila. No hace falta decir qué prefieren los “periodistas militantes” del kirchnerismo.

¿Quién cerró Público?

Pascual Serrano

Finalmente el diario Público ha desaparecido en su versión en papel, aunque se mantiene la digital. Público llegó a los quioscos el 26 de septiembre de 2007, editado por Mediapubli, y hoy llevaba perdidos unos 80 millones de euros con una deuda total actual que ronda los 21 millones 1. Jaime Roures, principal impulsor del rotativo, anunció a la plantilla que la empresa necesitaba unos nueve millones de euros para mantener la edición impresa en las actuales condiciones, por lo que él y sus socios estaban buscando inversores. Tenían alrededor de un mes para reunir el capital, plazo que marca la ley para presentar un plan de viabilidad tras la suspensión de pagos, pero las gestiones llevadas a cabo —tanto en España como en América Latina— no prosperaron.
Según la empresa, la suspensión de pagos se hacía debido a “la intensificación de la crisis publicitaria, la profunda transformación que está sufriendo el sector de la prensa escrita y las dificultades para acceder a nueva financiación”. Roures dijo, en un hotel de Beverly Hills en los Ángeles, que las razones eran “la crisis económica, la del papel frente al medio digital y la de la política de izquierdas en España” 2
¿Por qué ha resultado inviable Público? Su director, Jesús Maraña, en una despedida repleta de lanzamientos de balones fuera, aporta razonamientos demasiado imprecisos: “La agudísima crisis económica, la publicitaria, la del papel… son factores decisivos que han hecho inviable el proyecto de ‘Público’, como también lo son los propios errores desde la dirección del diario o desde la empresa editora” 3. Hasta el último momento la dirección del periódico alardeaba de ventas y lectores; y si de errores de la dirección y de la empresa se trata, podría el director precisarnos algo más.
El colaborador Antonio Avendaño reconoce en su columna de despedida 4, con metáfora sanitaria incluida, que no entiende muchas cosas:

“de la muerte de Público, que se hace efectiva hoy 24 de febrero del año de desgracia de 2012, apenas sabemos nada. Por no saber, ni siquiera sabemos si se ha muerto o lo han matado (…). No se sabe muy bien qué pasó allí dentro ni quiénes eran los especialistas llamados a salvar a Público, pero sí sabemos que fracasaron, aunque no por qué se produjo ese fracaso: si por falta de fe, por falta de pericia o, simplemente, porque no hubo forma humana de acopiar esas pocas pero cruciales bolsas de sangre que había que transfundir con urgencia al enfermo, aunque también es verdad que la sangre que gastaba el puñetero es de un tipo muy poco usual y muy difícil de encontrar en los bancos (de plasma sanguíneo).

¿Nos morimos solos o nos matan? De algún modo, todos los que mueren antes de tiempo mueren porque los matan. Público ha muerto antes de tiempo. Y si es así, ¿quién lo ha matado? Es cierto que también se puede morir de muerte natural antes de tiempo, pero cuando se producen tales muertes todos tenemos la impresión de que no han sido muertes naturales en sentido estricto. Con Público nos pasa algo de eso: muere tan joven que nos cruza velozmente por la cabeza el mismo pensamiento que cuando muere una muchacha en el esplendor de su juventud: por qué diablos vivirán tantos años algunos que no lo merecen y tan pocos años estos otros que nos hacían la vida tan interesante”.

Mi admirado Isaac Rosa tampoco aporta muchas claves de los sucedido, en parte por su estado de ánimo: “Otro día, si quieren, discutimos sobre qué hay que hacer (y qué no hay que hacer) para tener un medio crítico, y qué lecciones hay que aprender de Público. Hoy, como comprenderán, no tengo humor para ello”. Aunque sí insinúa que Público ha estado funcionando gracias a la heroicidad de sus trabajadores: “Ni la independencia, ni la voz crítica, ni la libertad ni la valentía surgen espontáneamente por fundar una cabecera, ni aparecen de la nada porque así lo quiera la empresa o porque figuren en una declaración de principios. Hay que pelearlos día a día, dejándose horas, esfuerzo, nervios y no poca salud, atreviéndose a mirar donde otros no miran y a preguntar donde otros asienten; hay que dar la cara como la han dado todos estos trabajadores hasta el último día (…)”. Pero Rosa también insinúa soledad por parte de ellos: “Ya sé que hoy es día de lamentar el daño a la pluralidad informativa, la pérdida de una voz crítica, la orfandad de tantos lectores o el hueco que queda en el lado izquierdo del kiosco cuando más falta hace tenerlo cubierto, en tiempos de ofensiva reaccionaria. Pero me permitirán que no gaste mi última columna en repetir tópicos, pues ninguno de ellos ha salvado el periódico, ni tampoco han sido esos lugares comunes y afectados los que han hecho posible que el diario esté en la calle cuatro años y medio” 5

Por último, los trabajadores en su comunicado hablan de “mala gestión de la empresa”, sin ahondar más en el asunto.

Según los últimos datos de la OJD, el periódico tenía un promedio de tirada de 129.679 ejemplares y 87.983 de difusión 6. Si uno consulta el listado de diarios de información general auditado por la OJD, descubre que de casi un centenar Público se encontraba el séptimo en tirada y octavo en difusión. Es verdad que los regionales se pueden permitir menos tirada porque conllevan menos coste en distribución y en elaboración, pero es indiscutible que la acogida de lectores de Público no era mala. Es evidente por tanto que los datos de ventas y lectores no justifican por sí solos la inviabilidad del proyecto.

Pero creo que la izquierda debería reflexionar sobre lo sucedido con Público y aprender algo de la experiencia. Lo primero a destacar es que, aunque se presentaba como una propuesta informativa de izquierdas, sus propulsores, o mejor dicho su propulsor, era un empresario adinerado que asumía económicamente la iniciativa, Jaume Roures. Un financiador que intentó jugar simultáneamente a dos cartas: seducir a la ciudadanía más radical presentando sin ambages un periódico de izquierdas y prestar un leal servicio a un sector del entonces gobernante partido socialista, excesivamente dependiente del grupo PRISA. Los primeros servían como caladero de lectores en un panorama huérfano de medios que se posicionaran en la izquierda nacional e internacional, y los segundos para conseguir unas buenas relaciones con un poder político que le garantizaran acceso a adjudicaciones a su productora (RTVE), licencias de emisión, acceso a diferentes servicios lucrativos (fútbol), etc... El plan parecía estratégicamente acertado pero incluía una grave contradicción: te unías a los rebeldes por un lado y aceptabas las reglas de juego por otro. Es decir, como se diría en castellano antiguo, querían estar en misa y repicando.

Como resultado de este doble juego aparecían cosas curiosas que resultaban imperdonables para los lectores de la izquierda (la de verdad, no la que gobernó en nombre de los mercados). No se comprendía que se concediese el artículo estrella de opinión al embajador israelí, que se uniese al final al discurso de hostilidad contra los gobiernos progresistas latinoamericanos, que tuviese tres directores en tres años y uno terminara en la nómina del gobierno socialista, que incorporase analistas oportunistas de El País (Ernesto Ekaizer) o que la presencia de líderes del PSOE fuera constante. Ahora leo algún twitter de periodistas de Público quejándose de “las interferencias constantes de Roures en el trabajo de la redacción”. Por otro lado, la pata de “apoyo político” se quebró cuando el PSOE perdió las elecciones generales y el sector del partido más cercano a Público perdió el Congreso. El resultado es que quisieron jugar a dos bandas y se quedaron en tierra de nadie.

Además, en su diseño y forma, Público jugó a ese periodismo moderno de urgencia y brevedad, es decir, se fue a jugar a un terreno que no es el del periodismo escrito, sino que es el de internet y perdió, sin que su buena selección de DVD y libros de regalo lo pudieran evitar. Las películas y los libros sirven para vender ese día -aumentar la tirada y poder contratar la correspondiente publicidad- pero no garantiza la fidelidad diaria que necesita un periódico.

Por último, cuando los directivos y accionistas de Público veían que se acercaban al abismo pidieron ayuda a los lectores, apelaron a nuestro compromiso con un medio de izquierdas. Era lógico que así lo hicieran, pero para pedir ayuda a los “camaradas” hay que poner las cartas sobre la mesa: compartir la contabilidad, hacer públicos los sueldos y honorarios de todos los que trabajan, ofrecer cauces de participación para la selección de los contenidos, firmas y sueldos; y probablemente cambiar el modelo de accionariado. En Italia, Il Manifesto también ha declarado recientemente suspensión de pagos, pero ellos llevan años explicando su política salarial y exponiendo a los lectores su contabilidad.

Pero sería injusto, desde la izquierda, limitarnos a criticar a Roures y al resto de accionistas de su proyecto. Antes de Público, con todos sus errores y contradicciones, estábamos peor, su aparición tampoco obstaculizaba ningún otro plan mediático más radical. Basta observar cómo molestaba a la derecha mediática montaraz, la fauna de “intereconomía” no dejaba de embestir contra ellos y se jactaron de un modo miserable de su cierre 7. También toca hacer alguna autocrítica de los lectores y audiencias de izquierda. La mayoría sigue esperando el “mirlo blanco” millonario o empresario: Roures con Público, Teodulfo Lagunero con La Voz de la Calle. Un medio de izquierdas con un contenido valioso y verdaderamente alternativo sólo puede existir si hay una audiencia que le apoya y le promueve, en realidad es lo mismo que sucede con un sindicato o un partido político, nadie va a hacer el trabajo que sólo la colectividad puede hacer.

No podemos poner la esperanza mediática de la izquierda en manos de un empresario a quien el cierre de su periódico le pilla en un hotel de Beverly Hills con motivo de los Óscar.

Y así llegamos al terreno de la economía. La izquierda no puede estar pidiendo información gratis, reportajes gratis y periodismo gratis y luego quejarse con tristeza cuando ve que las iniciativas terminan arruinadas. O pagamos nosotros o pagan los poderes públicos. La derecha no tiene ese dilema porque cuenta con grupos económicos dispuestos a poner -y perder- el dinero que haga falta: como accionistas, como anunciantes, como patrocinadores. Por eso Libertad Digital gana dinero aunque tenga menos lectores que muchos medios digitales alternativos de izquierda, o La Gaceta no cierra aunque su cifra de difusión sea la mitad que Público (según la OJD 45.835 respecto a 87.983 de Público). Se juegan la defensa ideológica del mantenimiento de su modelo, es lógico que estén dispuestos a pagar por ello. Por el contrario, la izquierda, o logra que los gobiernos colaboren como hacen con otros servicios públicos como la sanidad o la educación, o pagamos entre todos para que se mantengan. Si observamos el panorama de medios de prensa verdaderamente de izquierda que hay en el mundo, ninguno se mantiene gracias a un millonario. Detrás hay lectores que se creen el proyecto y lo pagan: Le Monde Diplomatique, Il Manifesto, El Viejo Topo, Diagonal. U organizaciones que asumen las pérdidas, en el caso de Mundo Obrero con el Partido Comunista. Pueden tener algunos textos gratuitos en internet pero ninguno se encuentra íntegramente en la red. Es curioso, El País, ABC o La Gaceta sí están enteros en internet. ¿Acaso alguien cree que ellos están más preocupados por la “socialización de la información”? ¿No será que ellos tienen ya El Corte Inglés, Repsol, BBVA o Telefónica para sobrevivir y no necesitan lectores que paguen?

Detrás de proyectos alternativos escritos que funcionan como The Nation en Estados Unidos o New Left Review en el Reino Unido hay unos lectores convencidos de la necesidad de mantenerlos y financiarlos. Il Manifesto periódicamente se ve obligado a sacar un ejemplar por cincuenta euros para tapar sus frecuentes agujeros económicos, La Jornada de México logró fondos subastando cuadros y The Nation cuenta con 30.000 socios solidarios que pagan por encima del precio de la suscripción. Nosotros, en cambio, queremos que esté gratis en internet y comprarlo los domingos cuando nos regalen un DVD.

Luego están los gobiernos progresistas latinoamericanos, que, con razón, se quejan de la “dictadura mediática” que domina la información mundial y que tanto les vapulea, manipula y tergiversa. Muchos de esos gobiernos, con gran acierto, han desarrollado sus medios públicos, aprobado legislaciones destinadas a avanzar en la democratización de la comunicación concediendo licencias a los movimientos sociales, han establecido límites a la concentración de medios en sus países. Pero la información ya no tiene fronteras, deben tener la audacia y la visión de pensar fuera de su país. Si sus recursos naturales son gestionados por las empresas españolas, muchos de sus servicios públicos también los prestan estas empresas, e incluso parte de sus medios de comunicación están en poder de multinacionales españolas, ¿por qué no se plantean esos gobiernos la necesidad de dedicar parte de su esfuerzo y recursos a participar en alguna opción mediática española que rompa el monopolio de la derecha? ¿Cómo esperan que mejore la imagen falsa y manipulada que existe en España de esos gobiernos? ¿Esperan que rompamos ese cerco mediático y logremos llevar la verdad de esos países a los españoles unos cuantos periodistas con nuestras páginas web?

Como conclusión sólo resta decir que no es fácil enfrentar el actual panorama monolítico de medios de derecha, incluso no sé siquiera si es posible si tampoco sabemos cambiar los gobernantes y continuamos con gobiernos que se rinden ante el mercado que, igual que hacen con el resto de los sectores económicos, le dejan el control de la información y el periodismo. Pero generaciones y generaciones de hombre y mujeres han luchado en la historia de la humanidad para cambiar situaciones que parecían más difíciles que las actuales. Y algunas veces -no muchas- lo consiguieron. Por pocas que sean nos deben de bastar para apostar por seguir luchando.

1 El País, 24-2-2012 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/24/actualidad/1330082452_214403.html

2 El País, 25-2-2012 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/25/actualidad/1330149573_222114.html

3 Maraña, Jesús. “El papel de 'Público'”. Público, 24-2-2012 http://blogs.publico.es/buzondevoz/972/el-papel-de-%E2%80%98publico%E2%80%99/

4 Avendaño, Antonio. “Si muero, dejad el balcón abierto”. Público, 24-2-2012 http://blogs.publico.es/antonio-avendano/2012/02/24/si-muero-dejad-el-balcon-abierto/

5 Rosa, Isaac. “Se acabó”. Público, 24-2-2012

6 Ver http://www.ojd.es/OJD/Portal/diarios_ojd/_4DOSpuiQo1Y_FOivPcLIIA

7 “Hasta nunca Público”. La Gaceta, 24-2-2012 http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/nunca-publico-20120224