jueves, 30 de junio de 2016

Mujeres campesinas exigen cese a la criminalización de la lucha social



Por Sandra Rodríguez

Su día inicia a las cuatro de la mañana, debe encargarse de las labores del hogar como hacer tortillas, preparar la comida, despachar a sus tres pequeños hijos a la escuela, lavar la ropa y aseo de la casa. Pero también hace tiempo para cultivar la tierra, y participar en las reuniones sociales propias de la defensa del territorio en su comunidad indígena de La Paz, al centro de Honduras.

Ella es Glenda Martínez, una mujer Lenca e integrante de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), quien hoy denunció las consecuencias que como mujeres sufren debido a la criminalización de las protestas sociales cuando están procesos de recuperación de tierras apropiadas por quienes tienen el poder político y económico, marginando a los verdaderos dueños y herederos ancestrales de los recursos naturales. 
Cuando los policías y militares llegan a las propiedades usan de manera extrema la fuerza, y con las mujeres se ensañan más, al grado que algunas compañeras han sufrido abortos por los golpes recibidos, así mismo, solo en La Paz, uno de los 18 departamentos del país, hay más de 200 mujeres campesinas criminalizadas por esta lucha.
Glenda está en un proceso de defensa de la tierra desde el 2004, pero desde el 2010 está criminalizada con medidas sustitutivas a la prisión, por lo que debe ir a firmar cada semana al juzgado asignado, debido a la denuncia de terratenientes, “allí los que se dicen dueños son los de apellidos Córdova” dijo Glenda, quien agregó que son parientes del ex presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdoba (1982-1986), quien inició la supuesta era de gobiernos democráticos en Honduras, pero que también presidio en la época donde se instaló por el gobierno de los Estados Unidos la Doctrina de Seguridad Nacional que dejó más de 184 detenidos desaparecidos en Honduras, y cientos de violaciones a DDHH y exilios forzados.
Recientemente Ana Mirian Romero, dirigente indígena Lenca de La Paz, fue reconocida con el premio “Defensores en Riesgo” en Irlanda, por la organización Front Line, ella es un ejemplo de lucha y por eso no nos damos por vencidas, porque estamos defendiendo los bienes para nuestros hijos e hijas, pero también son bienes que sirven a la población en general, expresó Glenda.
La Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras, de la cual Glenda forma parte, junto a Ericka Fúnez de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Esperanza Cardona, Emma Fúnez e Irma Martínez, exigen que cese la criminalización en un entorno donde el 70 por ciento de las tierras están en poder de un tres por ciento de terratenientes,   con un gobierno excluyente y poder judicial amañado que favorece a quien tiene dinero.
En el comunicado de prensa, compartido este dia, manifiestas que: Nosotras la Articulación de Mujeres de La Vía Campesina Honduras, integrada por representantes de las organizaciones campesinas (ANACH, CNTC, CODIMCA, UCIH-Choluteca y ADROH-La Paz), reunidas en Tegucigalpa, Honduras, hicimos un análisis de la grave situación que están viviendo las mujeres campesina, indígenas y garífunas ante la ola represiva de criminalización por la lucha por la tierra y el territorio.
El contexto que enfrenta la lucha campesina y como defensoras de Derechos Humanos, en el agro hondureño, denunciamos que en el país un 3% de los terratenientes poseen el 70% de las tierras cultivables, en contraste con los 7 de cada 10 campesinos y campesinas que no poseen predios para producir y vivir.
Según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, Honduras es uno de los siete países del mundo con los índices más altos de impunidad y muy poco se hace para revertir la situación, contando con pocos recursos financieros, humanos y técnicos para combatir ese flagelo.  En Honduras resultan insuficientes las medidas que se han impuesto en los últimos años en materia de investigación, ya que la inmensa mayoría de los casos ni siquiera son investigados y es una irrisoria cantidad la que llega a judicializarse, supuestamente el 96% permanecen impunes.
En los últimos tres años el agro hondureño reporta 120 campesinos y campesinas asesinados/as, entre ellas 5 mujeres campesinas e indígenas (2 en Pimienta, 1 en San Manuel, Cortés, Margarita Murillo – Agosto 2014 y Berta Cáceres – Marzo 2016).   De igual manera existen más 6,000 procesados/as a nivel nacional, entre ellas 1,700 mujeres campesinas e indígenas por estar exigiendo y defendiendo su derecho a la tierra y el territorio.
Nosotras las mujeres rurales que sufrimos constantemente la criminalización por parte de las autoridades estatales, nos vemos afectadas en nuestra vida personal y familiar. Durante la brutalidad en los desalojos violentos, nos golpean, nos encarcelan, queman nuestras viviendas, destruyen los cultivos, roban nuestras pertenencias, algunas abortan debido a la represión y los gases lacrimógenos, muchas sufrimos daños psicológicos.
Ante toda la grave situación que estamos viviendo como mujeres campesinas, indígenas y garífunas, Exigimos a las autoridades y alertamos a Organismos Defensores de Derechos Humanos nacional e internacional:
1.- El cese inmediato a la criminalización por el derecho a la tierra y el territorio.
2.- Exigimos procesos judiciales transparentes e investigaciones de las demandas de la tierra por los grupos campesinos, así como determinar los sobreseimientos definitivos a las personas o grupos campesinos con medidas cautelares.
3.- Exigimos al Fiscal General de la República, Fernando Chinchilla la entrega del Informe realizado en el año 2014, donde se constata las múltiples violaciones a los derechos humanos de las y los campesinos realizados por la Fiscalía de DD.HH en los diferentes juzgados, para deducir las responsabilidades del caso.
4.- Exigimos la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la investigación de los asesinatos de las 5 mujeres campesinas e indígenas.
5.- Demandamos al Congreso Nacional de la República la inmediata discusión y aprobación de la propuesta de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, introducida el 9 de abril del año 2014, para solventar la deuda social del acceso a la tierra y defensa del territorio.
Como Articulación de Mujeres de LVC Honduras nos sumamos a las demandas de la familia de la compañera Berta Cáceres: 1) Castigo a los autores intelectuales de su asesinato, 2) La cancelación de la licencia de DESA, 3) La instalación de una Comisión Internacional Independiente de Investigación y 4) Declarar el Río Gualcarque “Patrimonio Nacional”.
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio, 2016.
Articulación de Mujeres de La Vía Campesina Honduras
Basta de Violencia Contra las Mujeres del Campo

Empresarios progreseños convocaron a Paro rechazando el peaje



Mediodía unos cien empresarios y comerciantes de El Progreso, Yoro cerraron sus negocios como una acción de protesta y rechazo al cobro del peaje que se construyó entre los municipios de San Pedro Sula, La Lima, San Manuel y El Progreso.

La acción de los empresarios se dio el pasado jueves 23 de junio, en el  marco del paro cívico que convocó la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso. Luego de una reunión de junta directiva, los empresarios acordaron paralizar labores medio día para enviar un mensaje de rechazo al nuevo impuesto que se pretende aplicar inconsultamente de parte del gobierno. 

Jorge Larios, presidente de la Cámara de Comercio de El Progreso dijo que su rechazo y reclamo lo llevaron hasta los miembros de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad, MACCIH que estuvieron ese día en la ciudad. 

Larios asegura que además de la paralización de los negocios, hicieron una caravana en el centro de la ciudad y luego los empresarios junto a sus empleados se reunieron para conocer el impacto que traerá el cobro del peaje en este sector. 

Junto a los socios de la Cámara de Comercio, los integrantes de la Asociación de Industriales y Comerciantes Progreseño, Asicompro se unieron a las acciones paralizando más de 60 empresas. Jorge Díaz, presidente de dicha organización dijo que el cierre de negocios es la muestra del rechazo a la privatización de las carreteras. 

Jorge Díaz advierte que acciones como esta seguirán realizándose hasta que el gobierno escuche el reclamo y rechazo de los ciudadanos y empresarios de El Progreso quienes serán duramente afectados con este nuevo impuesto, que obliga a pagar por entrar y salir de la ciudad. 

El diputado por el departamento de Yoro, Bartolo Fuentes llamó a la ciudadanía a continuar con las acciones de rechazo a este impuesto, ya que la protesta social se convierte en la oportunidad de seguir reclamando hasta lograr que se escuchen las voces de la ciudadanía. Fuentes agregó que en la vía legislativa no hay condiciones para derogar el contrato que el gobierno firmó con la empresa Autopistas del Atlántico. 

Yolany Gonzáles, una encargada de un negocio en la ciudad de El Progreso dijo que  se unió al paro, junto a varios empresarios y comerciantes, porque rechaza este atropello y el robo que se pretende realizar contra la ciudadanía con la instalación de las casetas de peaje.

Los empresarios y comerciantes anunciaron el desarrollo de otras acciones en rechazo a la instalación de esas casetas de peaje que aseguran elevaran dramáticamente el costo de la vida de la ciudadanía, y que pondrán en riesgos muchos negocios. 


Generosidad



Desde Radio Progreso hemos cubierto y acompañado las acciones de protesta que un importante grupo de vecinos de la ciudad de El Progreso y de San Pedro Sula han realizado en contra de las instalaciones de las casetas para el cobro de peaje a la ciudadanía.

Somos testigos que la inmensa mayoría de las personas que se manifiestan proceden de comunidades y organizaciones que viven su compromiso social desde una enorme entrega personal y con una ética a prueba de chantajes, sobornos, amenazas y miedos.

Aunque entre ellas hay profesionales y dirigentes sociales y políticos, la mayoría de la gente que se mueve a estas protestas contra la instalación de los peajes es gente sencilla. No sigue a políticos ni se deja impresionar por la publicidad exitosa del gobierno. Es gente sencilla, pero con conciencia de ser parte de un pueblo crítico que no se deja tragar como verdades las mentiras que escucha en los medios corporativos.

Aunque tienen fe en Dios y muchas de ellas son personas que participan en celebraciones religiosas, la mayoría desearía contar con la presencia y el apoyo espiritual de sus pastores, y sufren cuando se enteran que en sus iglesias existe mucha indiferencia ante los graves abusos que el gobierno comete en contra de la dignidad de la población.

Generosidad es la palabra que mejor identifica a esta gente que expone su vida. Es generosidad por su entrega y porque exponen su credibilidad y su dignidad ante unos medios que se encargan de denigrar a quienes defienden los derechos en contra de los intereses del gobierno y de la alta empresa privada. Es una generosidad que no siempre es bien entendida porque ante los bien situados esta gente es vista como revoltosa y violenta.

En contraste con la generosidad de la gente, se encuentra la eficacia de los pudientes que a fuerza de policías y de represiones quieren mantener sus privilegios y están decididos a sacar adelante sus ganancias sin importar la situación de las personas, y a costa de maltratar, si es posible de matar, a la gente que se opone. Por oponerse a la instalación de los peajes, a esta gente la pueden matar, y su vida está en grave peligro.

Al Equipo del ERIC y Radio Progreso esta generosidad de la gente nos conmueve y nos mueve a la solidaridad. Su ejemplo de generosidad, entrega y sencillez nos convoca a proseguir nuestra misión cristiana de oír el clamor de la población más generosa. Y nos anima a hacer un llamado a las iglesias y a sus pastores, a las dirigencias de las comunidades y organizaciones y a toda la gente de buena voluntad a que salgamos de nuestras indiferencias, prudencias y prejuicios, y sigamos el ejemplo generoso de este pueblo en dignidad.

Armas nucleares, cambio climático y perspectivas de supervivencia



Por Noam Chomsky *

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.

Introducción de Tom Engelhardt
No llevaba ni tres meses en el cargo cuando viajó a Praga, capital de la República Checa, para pronunciar unas palabras respecto al dilema nuclear del planeta. Fueron unas palabras que podían haber procedido de un activista antinuclear o de alguien perteneciente al movimiento, entonces en ciernes, contra el cambio climático, no del presidente de los Estados Unidos. A la vez que pedía el uso de nuevas formas de energía, Barack Obama habló con rara elocuencia presidencial sobre los peligros de un mundo en el que las armas nucleares se propagaban y de cómo ese hecho, si no se controlaba, haría “inevitable” su utilización. Pidió “un mundo sin armas nucleares” y dijo sin rodeos: “Cómo única potencia nuclear que ha utilizado un arma nuclear, EEUU tiene la responsabilidad moral de actuar”. Incluso se comprometió a adoptar “medidas concretas” para empezar a construir un mundo sin esa clase de armas.

Siete años después, aquí está el récord del primer y posiblemente único presidente abolicionista estadounidense. El arsenal nuclear de EEUU -4.571 ojivas (muy por debajo de las casi 19.000 existentes en 1991, cuando se derrumbó la Unión Soviética)- sigue siendo lo suficientemente grande como para destruir varios planetas del tamaño de la Tierra. Según la Federación de Científicos de EEUU, las últimas cifras del Pentágono sobre tal arsenal indican que “el gobierno de Obama ha reducido el arsenal estadounidense mucho menos que cualquier otro posterior a la Guerra Fría, y que el número de ojivas nucleares desmanteladas en 2015 fue el más bajo desde que el presidente Obama asumió el cargo”. Es decir, poniendo estos datos en perspectiva, que Obama ha hecho mucho menos que George W. Bush en lo referente a la reducción del arsenal estadounidense existente.

Al mismo tiempo, nuestro abolicionista presidente está ahora liderando la llamada modernización de ese mismo arsenal, un proyecto inmenso de tres décadas de duración cuyo coste estimadoserá al menos de un billón de dólares, cifra por supuesto anterior al exceso habitual de gastos que se producirá. Durante el proceso se producirán nuevos sistemas de armas, se crearán losprimeros misiles nucleares “inteligentes” (piensen en esto: armas de “precisión” con “resultados” mucho más reducidos, lo que implica empezar a utilizar armas nucleares en el campo de batalla) y Dios sabe qué más.

Ha logrado un éxito en el terreno antinuclear, su acuerdo con Irán para asegurar que este país no produzca tal arma. Sin embargo, un dato tan desalentador en un presidente al parecer decidido a situar a EEUU en la senda abolicionista nos dice algo sobre el dilema nuclear y el peso que el Estado de seguridad nacional tiene en su pensamiento (y, presuntamente, en el de cualquier futuro presidente).

No es poco horror que en este planeta nuestro la humanidad continúe impulsando dos fuerzas apocalípticas, cada una de las cuales –una en un relativo instante y la otra a lo largo de muchas décadas- podría paralizar o destruir la vida humana tal y como la conocemos. Ese debería ser un hecho aleccionador para todos nosotros. Es el tema sobre el que Noam Chomsky reflexiona en este ensayo de su nuevo y destacado libro Who Rules the World? 

***

En enero de 2015, el Boletín de Científicos Atómicos adelantó su famoso Doomsday Clock (Reloj del Apocalipsis) a tres minutos para la medianoche, un nivel de amenaza que no se había alcanzado a lo largo de treinta años. El comunicado del Boletín explicaba que tal avance hacia la catástrofe invocaba las dos amenazas más importantes para la supervivencia: las armas nucleares y el “cambio climático descontrolado”. El llamamiento condenaba a los dirigentes mundiales por “no actuar con la velocidad y escala requeridas para proteger a los ciudadanos de la potencial catástrofe”, poniendo en peligro a cada persona sobre la Tierra al fracasar en la que era su tarea más importante: asegurar y preservar la salud y vitalidad de la civilización humana”.

Desde entonces, hay muy buenas razones para pensar en mover las manillas del reloj incluso más cerca del día del apocalipsis.

Cuando 2015 llegaba a su fin, los líderes mundiales se reunieron en París para lidiar con el grave problema del “cambio climático incontrolado”. Apenas pasa un día sin una nueva prueba de lo grave que es la crisis. Por citar algo casi al azar, poco antes de la apertura de la conferencia de París, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA publicó un estudio que sorprendió, a la vez que alarmó, a los científicos que han estado estudiando el hielo del Ártico. El estudio mostraba que un inmenso glaciar de Groenlandia, el Zacharie Isstrom, “se había desprendido en 2012 de una posición glacialmente estable y había entrado en una fase de repliegue acelerado”, un hecho inesperado e infausto. El glaciar “contiene agua suficiente como para elevar el nivel global del mar en más de 46 centímetros si llegara a derretirse completamente. Y ahora está metido ya de lleno en una dieta extrema, perdiendo 5.000 millones de toneladas de masa cada año. Todo ese hielo está derrumbándose sobre la zona norte del Océano Atlántico”.

No obstante, había pocas esperanzas de que los dirigentes mundiales en París “actuasen con la velocidad y a la escala requeridas para proteger a los ciudadanos de una potencial catástrofe”. E incluso si por algún milagro hubieran actuado así, habría tenido un valor limitado por razones que deberían ser profundamente preocupantes.

Cuando se aprobó el acuerdo de París, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, que albergó las negociaciones, anunció que era “legalmente vinculante”. Ojalá que así fuera, pero hay más de unos cuantos obstáculos que merecen una atención cuidadosa.

En toda la amplia cobertura de los medios de comunicación de la conferencia de París, quizá las frases más importantes fueran estas, enterradas cerca del final de un largo análisis ofrecido por elNew York Times: “Tradicionalmente, los negociadores han tratado de forjar un tratado legalmente vinculante que necesitara de la ratificación de los gobiernos de los países participantes para tener fuerza. No hay forma de conseguir eso en este caso por culpa de Estados Unidos. Un tratado estaría muerto si llega al Capitolio sin la necesaria votación mayoritaria de dos tercios de un Senado bajo control republicano. Por tanto, los planes facultativos están tomando el lugar de los objetivos obligatorios de arriba a bajo”. Y los planes facultativos son una garantía de fracaso.

“Por culpa de Estados Unidos”. Más concretamente, por culpa del Partido Republicano, que se está convirtiendo ya en un peligro real para la supervivencia humana decente.

Las conclusiones aparecen subrayadas en otro artículo del Times sobre el acuerdo de París. Al final de una larga historia encomiando el logro, el artículo señala que el sistema creado en la conferencia “depende en muy gran medida de los puntos de vista de los futuros dirigentes mundiales que desarrollen esas políticas. En EEUU, todos los candidatos republicanos que se presentaban a presidente en 2016 han cuestionado o negado el carácter científico del cambio climático y han expresado su oposición a las políticas sobre el cambio climático de Obama. En el Senado, Mitch McConnell, el líder republicano que ha estado al frente de la campaña contra la agenda del cambio climático de Obama, dijo: ‘Antes de que sus socios internacionales descorchen el champán, deberían recordar que este es un acuerdo inalcanzable basado en un plan energético interno que probablemente es ilegal, que la mitad de los Estados están tratando de parar y que el Congreso ha votado ya en su contra.’”

Ambos partidos han estado girando hacia la derecha durante el período neoliberal de la última generación. La principal corriente demócrata se parece mucho ahora a los que solíamos tildar de “republicanos moderados”. Mientras tanto, el Partido Republicano se ha desplazado en gran medida fuera del espectro, convirtiéndose en lo que el respetado analista político conservador Thomas Mann y Normal Ornstein llaman “una insurgencia radical” que prácticamente ha abandonado la política parlamentaria normal. Con la deriva hacia la extrema derecha, el compromiso del Partido Republicano con la riqueza y los privilegios se ha hecho tan extremado que sus políticas reales podrían no atraer votantes, por tanto, han tenido que buscar una nueva base popular movilizada en otros campos: los cristianos evangélicos que esperan la Segunda Venida, los patriotas fanáticos que temen que “ellos” están quitándonos nuestro país, los racistas recalcitrantes, la gente con quejas reales que confunde gravemente las causas de las mismas y otros como ellos que son presas fáciles de los demagogos y que pueden convertirse fácilmente en una insurgencia radical.

En los últimos años, el establishment republicano ha conseguido suprimir las voces de la base que se había movilizado. Pero eso se acabó. A finales de 2015, el establishment estaba manifestando considerable desaliento y desesperación por su incapacidad para lograrlo, ya que la base republicana y sus opciones estaban fuera de todo control.

Los contendientes republicanos electos para la próxima elección presidencial manifestaron un claro desprecio por las deliberaciones de París, negándose incluso a asistir a los actos. Los tres candidatos que lideraban las encuestas en aquel momento –Donald Trump, Ted Cruz y Ben Carson- adoptaron la posición de la base mayoritariamente evangélica: los seres humanos no tienen impacto en el calentamento global, si es que tal cosa está verdaderamente produciéndose.

Los otros candidatos se niegan a que el gobierno actúe en esa esfera. Inmediatamente después de que Obama hablara en París prometiendo que EEUU estaría a la vanguardia de la búsqueda de la actuación global, el Congreso, bajo dominio republicano, votó a favor de tumbar sus recientes normas en la Agencia de Protección Medioambiental para reducir las emisiones de carbono. Como informó la prensa, este fue “un mensaje provocador ante más de 100 líderes mundiales, en el sentido de que el presidente estadounidense no cuenta con el apoyo total de su gobierno en la política sobre el clima”, por decirlo de forma eufemista. Mientras tanto, Lamar Smith, presidente republicano del Comité para la Ciencia, el Espacio y la Tecnología del Congreso, siguió adelante con suyihad contra los científicos del gobierno que se atreven a informar sobre los hechos.

El mensaje está claro. Los ciudadanos estadounidenses se enfrentan a una responsabilidad enorme en casa.

Una historia parecida informaba en el New York Times de que “las dos terceras partes de los estadounidenses apoyan que EEUU se incorpore a un acuerdo internacional vinculante para frenar el crecimiento de las emisiones de gases invernadero”. Y, por un margen de cinco a tres, los estadounidenses consideran que el clima es más importante que la economía. Pero no importa. Pasan por encima de la opinión pública. Ese hecho, una vez más, está enviando un mensaje fuerte a los estadounidenses. Es responsabilidad suya sanar un sistema político disfuncional en el que la opinión pública es un factor marginal. La disparidad entre opinión pública y política, en este caso, tiene implicaciones muy importantes para el destino del planeta.

Desde luego que no deberíamos hacernos ilusiones sobre una “edad dorada” del pasado. Sin embargo, los hechos que acabamos de revisar constituyen cambios significativos. El debilitamiento de la democracia funcional es una de las contribuciones del ataque neoliberal contra la población mundial en la última generación. Y esto no está sucediendo sólo en EEUU; el impacto puede ser mucho peor en Europa.

El cisne negro que nunca podemos ver

Pasemos a otra de las preocupaciones (tradicionales) de los científicos atómicos que ajustan el reloj del día del juicio final: las armas nucleares. La amenaza actual de guerra nuclear justifica ampliamente su decisión de enero de 2015 de adelantar el reloj dos minutos para la medianoche. Lo acaecido desde entonces revela más claramente aún la creciente amenaza, un asunto que, en mi opinión, suscita una preocupación insuficiente.

La última vez que el reloj del juicio final se avanzó tres minutos para la medianoche fue en 1983, en la época de los ejercicios Able Archer de la administración Reagan; estos ejercicios simularon ataques contra la Unión Soviética para poner a prueba sus sistemas de defensa. Los archivos rusos publicados recientemente revelan que los rusos estaban profundamente preocupados por las operaciones y se preparaban para responder, lo que habría sencillamente significado: FIN.

Hemos sabido más cosas acerca de esos ejercicios precipitados e imprudentes y de cómo el mundo se abocaba al desastre por el analista militar y de inteligencia de EEUU Melvin Goodman, que fue jefe de división de la CIA y alto analista de la Oficina de Asuntos Soviéticos en aquella época. “Además de los ejercicios y movilizaciones del Able Archer que alarmaron al Kremlin”, escribe Goodman, “la administración Reagan autorizó ejercicios militares inusualmente agresivos cerca de la frontera soviética que, en algunos casos, violaron la soberanía territorial soviética. Las arriesgadas medidas del Pentágono incluyeron el envío de bombarderos estratégicos estadounidenses sobre el Polo Norte para poner a prueba el radar soviético y ejercicios navales bélicos próximos a la URSS por zonas donde los buques de guerra estadounidenses no habían entrado anteriormente. Además, una serie de operaciones secretas simularon ataques navales sorpresa sobre objetivos soviéticos”.

Ahora sabemos que el mundo se salvó de una probable destrucción nuclear en aquellos aterradores días gracias a la decisión de un oficial ruso, Stanislav Petrov, que no trasmitió a sus autoridades superiores el informe de los sistemas de detección automática de que la URSS estaba bajo un ataque de misiles. Por consiguiente, Petrov ocupó un lugar junto al comandante de submarinos rusos Vasili Arkhipov, quien, en un momento peligroso de la crisis de los misiles cubana de 1962, se negó a autorizar el lanzamiento de torpedos nucleares cuando los submarinos estaban bajo ataque de los destructores estadounidenses imponiendo una cuarentena.

Otros ejemplos recientemente revelados enriquecen un récord realmente aterrador. El experto en seguridad nuclear Bruce Blair informa que “cuando el presidente de EEUU estuvo más cerca de lanzar una decisión estratégica inadecuada fue en 1979, cuando una grabación de entrenamiento de alerta temprana NORAD describiendo un ataque estratégico soviético a escala total se cursó inadvertidamente a través de la red de alerta temprana real. Al asesor nacional de seguridad Zbigniew Brzezinski le llamaron dos veces en medio de la noche y le dijeron que EEUU estaba bajo ataque, que sólo tenía que descolgar el teléfono y persuadir al presidente Carter de que era necesario que autorizara de inmediato una respuesta a escala total, cuando se produjo una tercera llamada para decirle que se había tratado de una falsa alarma”.

Este ejemplo recién revelado trae a mi mente un incidente crítico de 1995, cuando la trayectoria de un cohete noruego-estadounidense con equipamiento científico parecía la trayectoria de un misil nuclear. Esto suscitó las preocupaciones rusas, que rápidamente se hicieron llegar al presidente Boris Yeltsin, encargado de decidir si había que lanzar un ataque nuclear.

Blair añade otros ejemplos de su propia experiencia. Hubo un caso, en la época de la guerra en Oriente Medio de 1967, “en que se envió una orden de ataque real a la tripulación de un portaaviones nuclear en vez una orden de ejercicios/entrenamiento nuclear”. Pocos años después, a principos de la década de 1970, el Mando Aéreo Estratégico en Omaha “retransmitió una orden de ejercicio de lanzamiento como si fuera una orden de lanzamiento real en un mundo real”. En ambos casos habían fallado los controles de los códigos y la intervención humana impidió el lanzamiento. “¿Se dan cuenta?”, añade Blair. “No era nada raro que se produjeran ese tipo de chapuzas”.

Blair hizo estos comentarios en reacción a un informe del aviador Johan Bordne que sólo hace muy poco ha publicado la Fuerza Aérea de EEUU. Bordne estaba sirviendo en la base militar estadounidense en Okinawa en octubre de 1962, en la época de la crisis de los misiles cubanos y también en un momento de graves tensiones en Asia. Se había elevado el sistema de alerta nuclear estadounidense a DEFCON 2, un nivel por debajo de DEFCON 1, cuando los misiles nucleares pueden ser inmediatamente lanzados. En el pico de la crisis, el 28 de octubre, una tripulación de misiles recibió autorización, por error, para lanzar sus misiles nucleares. Decidieron que no, evitando una probable guerra nuclear y uniéndose a Petrov y Arkhipov en el panteón de los hombres que decidieron desobedecer el protocolo, salvando así al mundo.

Como Blair observó, ese tipo de incidentes no eran infrecuentes. Un estudio reciente de un experto detallaba docenas de falsas alarmas durante todos los años del período revisado de 1977 a 1983; el estudio concluía que el número de las mismas fluctuó entre 43 y 255 por año. El autor del estudio, Seth Baum, resume con estas adecuadas palabras: “La guerra nuclear es el cisne negro que nunca podemos ver, excepto en el breve momento en que nos está matando. Aplazamos la eliminación del peligro por nuestra propia cuenta y riesgo. Es hora ya de abordar la amenaza, porque ahora estamos todavía vivos”.

Estos informes, al igual que los que contiene el libro de Eric Scholosser “Command and Control”, se ajustan en gran medida a los sistemas de EEUU. Los rusos son sin duda mucho más propensos a los errores. Por no mencinar el peligro extremo que plantean los sistemas de otros, especialmente Pakistán.

“Una guerra ya no es algo impensable”

En ocasiones la amenaza no ha sido consecuencia de un accidente, sino del aventurerismo, como en el caso del Able Archer. El caso más extremo fue la crisis de los misiles cubanos en 1962, cuando la amenaza de desastre fue demasiado real. La forma de abordar dicha crisis fue impactante; al igual que el modo habitual de interpretarla.

Con este sombrío antecedente en mente, es útil mirar los debates y planes estratégicos. Un caso escalofriante fue el estudio “Essentials of Post-Cold War Deterrence” del STRATCOM de 1995, en la era Clinton. El estudio pretende conservar el derecho al primer ataque, incluso contra Estados no nucleares. Explica que las armas nucleares se utilizan constantemente en el sentido de que “proyectan una sombra sobre cualquier crisis o conflicto”. Insta también a disponer de un “personaje nacional” irracional y ansioso de venganza para intimidar al mundo.

La doctrina actual se explora en el artículo principal de la revista International Security, una de las más acreditadas en el campo de las doctrinas estratégicas. Los autores explican que EEUU está comprometido con la “primacía estratégica”, es decir, aislamiento de un ataque de represalia. Esta es la lógica de la “nueva triada” de Obama (reforzar la potencia de submarinos, misiles terrestres y bombarderos), junto con la defensa con antimisiles para contrarrestar un ataque de represalia. La preocupación que plantean los autores es que la exigencia estadounidense de primacía estratégica podría inducir a China a abandonar su política “de no ser el primero en utilizar armas nucleares” y ampliar su disuasión limitada. Los autores piensan que no lo hará, pero la perspectiva sigue siendo incierta. La doctrina acentúa claramente los peligros en una región tensa y conflictiva.

Lo mismo sucede con la expansión de la OTAN hacia el este violando las promesas verbales hechas a Mijail Gorbachev cuando la URSS estaba derrumbándose y accedió a permitir que una Alemania unificada formara parte de la OTAN, una concesión muy notable si uno piensa en la historia del siglo. La expansión hacia la Alemania del Este se produjo de inmediato. En los años siguientes, la OTAN se expandió por las fronteras rusas; ahora hay sustanciales amenazas incluso para incorporar a Ucrania, en el corazón geoestratégico de Rusia. Uno puede imaginar cómo reaccionaría EEUU si el Pacto de Varsovia estuviera aún con vida, hubiera incorporado a él a América Latina y ahora México y Canadá estuvieran solicitando su entrada.

Aparte de eso, Rusia entiende, al igual que China (y los estrategas estadounidenses, si vamos al caso), que los sistemas de defensa de misiles de EEUU cerca de las fronteras rusas son, en efecto, un arma de primer ataque con el objetivo de establecer una primacía estratégica: inmunidad ante la represalia. Quizá su misión sea totalmente inviable, como algunos especialistas apuntan. Pero los objetivos no van a confiar nunca en eso. Y las reacciones militantes de Rusia son muy naturalmente interpretadas por la OTAN como una amenaza para Occidente.

Un destacado experto británico en Ucrania plantea lo que denomina “paradoja geográfica fatídica”: que la OTAN “existe para manejar los riesgos creados por su propia existencia”.

Las amenazas son muy reales ahora. Por fortuna, el derribo de un avión ruso por un F-16 turco en noviembre de 2015 no produjo un incidente internacional, pero podía haberlo hecho, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias. El avión iba a una misión de bombardeo en Siria. Pasó durante tan sólo 17 segundos a través de una franja de territorio turco que sobresale hacia Siria, y era evidente que se dirigía a este país cuando se estrelló. Derribarlo parece haber sido un acto innecesariamente imprudente y provocador, un acto con consecuencias.

La reacción de Rusia fue anunciar que sus bombarderos irían a partir de ahora acompañados por aviones de combate y que iba a desplegar en Siria un sofisticado sistema de misiles antiaéreos. Rusia ordenó también a su portaaviones Moskva, dotado de un sistema de defensa aérea de largo alcance, que se acercara más a la costa, para que estuviera “preparado para destruir cualquier objetivo aéreo que supusiera una amenaza potencial para nuestros aviones”, anunción el ministro de Defensa Sergei Shoigu. Todo esto prepara el escenario para confrontaciones que podrían ser letales.

Las tensiones son asimismo constantes en las fronteras entre Rusia y la OTAN, incluyendo maniobras militares de ambas partes. Poco después de que el reloj del juicio final se moviera amenazadoramente más cerca de la medianoche, la prensa nacional informaba que los “vehículos militares de combate de EEUU desfilaban el miércoles por una ciudad de Estonia que se adentra en Rusia, un acto simbólico que ponía de relieve las apuestas por ambas partes en medio de las peores tensiones entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría”. Poco antes, un avión de combate ruso estuvo a unos segundos de chocar con un avión civil danés. Ambas partes están llevando a cabo rápidas movilizaciones y redespliegues de fuerzas en la frontera entre Rusia y las fuerzas de la OTAN, y “ambas creen que una guerra no es ya algo impensable”.

Perspectivas de supervivencia

Si eso es así, ambas partes están más allá de la locura, porque una guerra bien podría destruirlo todo. Durante décadas se ha reconocido que un primer ataque por parte de una potencia importante podría destruir al atacante, incluso aunque no hubiera represalias, sencillamente por los efectos del invierno nuclear.

Pero así es el mundo actual. Y no sólo el de hoy en día, eso es lo que estamos viviendo desde hace setenta años. El razonamiento es de punta a cabo sorprendente. Como hemos visto, la seguridad de la población no es básicamente una preocupación importante para los políticos. Eso ha sido así desde los primeros días de la era nuclear, cuando en los centros de formación política no se hacía esfuerzo alguno –al parecer, ni siquiera se expresaba el pensamiento- para eliminar una potencial amenaza grave para EEUU, como podría haber sido posible. Y así continúan las cosas hasta ahora, en formas sólo brevemente paladeadas.

Ese es el mundo en el que hemos estado viviendo y en el que vivimos en estos momentos. Las armas nucleares representan un constante peligro de destrucción inmediata pero, al menos en principio, sabemos cómo aliviar la amenaza, incluso cómo eliminarla, una obligación emprendida (y despreciada) por las potencias nucleares que han firmado el Tratado de No Proliferación. La amenaza de calentamiento global no es instantánea, a pesar de su gravedad a largo plazo que podría incrementarse repentinamente. Que tengamos capacidad para lidiar con ello no está del todo claro, pero no puede haber duda de que cuanto más nos demoremos, más terrible será el desastre.

Las perspectivas para la supervivencia decente a largo plazo no son muy grandes a menos que se produzca un cambio significativo de rumbo. Una gran parte de la responsabilidad está en nuestras manos, las oportunidades también.

* Noam Chomsky es profesor emérito en el Departamento de Lingüística y Filosofía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Es colaborador habitual de TomDispatch; entre sus libros más recientes están “Hegemony or Survival” y “Failed States”. El presente ensayo procede de su nuevo libro “Who Rules the World?” Su página web es www.chomsky.info.


miércoles, 29 de junio de 2016

No más sangre campesina derramada



La Red de Comunicadores Sociales y Defensores de Derechos Humanos del departamento El Paraíso,  RedeOriente,  por medio de la presente hace de conocimiento público que:

Ante la ola de amenazas, criminalización y asesinato hacia las campesinas y campesinos defensores de la tierra y del territorio, como el el vil y cobarde crimen que acabó con la vida  de los jóvenes  Allan Reyneri Martínez  Pérez  (19) y Manuel Milla (25),  miembros de grupo campesino  "Gregorio Chávez" de la comunidad Panamá,  en Tocoa, Colón, en un campo de fútbol, el pasado domingo 19 de junio,  nos pronunciamos ante el Estado de Honduras  para que cese la criminalidad y la persecución a las y los defensores de DDHH.
Ante la comunidad internacional pedimos estar vigilantes ante todos estos atropellos a nuestros derechos.
Exigimos que no haya más derramamiento de sangre en el Bajo Aguán,  donde desde el 2010,  al memos 130 personas han perdido la vida por el conflicto agrario. Mas de cinco mil campesinos han sido procesados judicialmente en el país,  y al menos 300 mil familias en el área rural no tienen acceso a una parcela de tierra para producir sus alimentos.
Martínez y Milla eran líderes campesinos en su comunidad y participaban en procesos de recuperaciones de tierra para cultivos y vivienda.
RedeOriente
Cofadeh
Departamento de El Paraíso, 20 de junio de 2016

Ana Miriam y su lucha por la vida



Cargando a su hija de apenas seis meses de edad, Ana Miriam Romero, salió por primera vez de Honduras. Su viaje tuvo un propósito; llevar un mensaje, llevar su voz a nivel internacional para denunciar. Llegó hasta la ciudad de Dublín, capital de Irlanda para recibir el premio Anual 2016 de Front Line para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo.

El reconocimiento rinde homenaje a la labor de quienes a través de su trabajo no violento, hacen una contribución sobresaliente a la promoción y protección de los derechos humanos de sus comunidades, a menudo enfrentando amenazas, intimidación y agresiones.

Ana es parte del Movimiento Independiente Lenca de La Paz (MILPAH), una organización que se opone a la instalación de proyectos extractivos que violentan y agreden a las comunidades. Ana lucha para que en su comunidad no se instale la represa hidroeléctrica “Los Encinos”, un proyecto inconsulto que se impone en territorios indígenas, en las cercanías del río Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz.

Ana jamás planificó ni esperó el premio. Su lucha y compromiso es con su comunidad, ella busca que el río jamás sea privatizado, que esa fuente de agua sea de beneficio para todos y todas. Pero los planes de los empresarios y transnacionales son distintos, ellos ven en esas aguas la oportunidad de seguir sacando jugosas ganancias.

Por su labor Ana Miriam junto a sus hijos ha sido víctima de ataques armados, amenazas y hostigamientos, en su municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz. Según la denuncia de “Front Line”, los hijos debieron abandonar la escuela por los constantes actos de hostigamiento, como el ocurrido a principios de este 2016, en el que los agresores incendiaron su hogar cuando ella regresaba a la casa después de dar a luz a su hija más pequeña.

El acoso contra la indígena se acentuó después de que presentara en 2010 un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se reconozcan los derechos de sus tierras ancestrales.

Ana Miriam al igual que Berta, Margarita y muchas defensoras más se entregan de lleno a lucha. Ellas están comprometidas con la protección del río, el bosque, el agua, los minerales, todos ellos bienes naturales que son necesarios para la vida misma. Ana Miriam nos baña de esperanza y compromiso, ella es el signo de entrega y compromiso de nuestros tiempos.

UNAH: Un conflicto, una oportunidad



La UNAH en los últimos años dio muestras claras de que las cosas podían hacerse de otra manera; resolvió algunos problemas históricos relacionados con la transparencia presupuestaria, inversión en infraestructura y la vinculación con la sociedad.

Las autoridades universitarias fueron tan proactivas que hasta fueron invitadas a buscar soluciones a los conflictos de otras instituciones estatales del país. Sin embargo, ese capital acumulado no se supo canalizar en la dirección y proporción adecuadas para resolver el conflicto estudiantil. 

Desde nuestro punto de vista, las autoridades universitarias cargan con la cuota más alta de responsabilidad en el conflicto estudiantil, y en este proceso logramos identificar al menos los siguientes cinco errores:

Primer error: No abrir desde el inicio un proceso de diálogo para escuchar, revisar, socializar  e impulsar las reformas académicas. Un diálogo donde los profesores, las autoridades administrativas y el estudiantado consensuaran los tiempos y los contenidos de las reformas académicas.

Segundo error: La descalificación  y predisposición hacia las motivaciones de los estudiantes, y hacerlo de manera incluso primitiva a través de los medios de comunicación. Esta actitud de prejuicio ha dejado al menos la percepción de que las autoridades universitarias adolecen de las mismas actitudes inmaduras de las que acusan a los estudiantes.

Tercer error: Criminalizar la protesta estudiantil a través de la denuncia penal, dejando en la bandeja de salida órdenes de captura para estudiantes conductores del movimiento. Esta criminalización también se evidenció en la expulsión de estudiantes protestantes. Aunque existan estos actos delictivos, las autoridades universitarias debían al menos emparejar las acciones penales con la decisión del diálogo.

Cuarto error: Violentar la autonomía universitaria al autorizar el ingreso de policías y militares a desalojar a estudiantes de la máxima casa de estudios.

Quinto error: Descalificar el movimiento estudiantil acusándolo de estar patrocinado por partidos políticos. En vez de buscar las causas del conflicto las autoridades se han inclinado por la búsqueda de chivos expiatorios. ¿No tienen acaso el mismo derecho los estudiantes de acusar de manipulación a las autoridades universitarias por parte del gobierno?

La solución del conflicto actual debía pasar por el retiro de órdenes de captura a estudiantes, corregir la representación estudiantil en el Consejo Universitario y abrir un verdadero espacio de diálogo entre la comunidad de estudiantes, la comunidad de profesores y autoridades administrativas para definir e impulsar las reformas académicas que la universidad requiere para responder a los actuales desafíos.

Hablando de realidades



La realidad de la gente no se centra únicamente en la violencia que se ha insertado en la vida de cada barrio, colonia y comunidad a lo largo y ancho de esta Honduras. La preocupación también está en la realidad económica de las familias.

La tasa de desempleo en los últimos meses incrementó de manera acelerada, no hay programa gubernamental que logre generar la cantidad de plazas que necesita este país de desocupados.

Según datos oficiales de la Secretaria del Trabajo, la tasa de desempleo abierta en el país es de 5.3 por ciento, es decir casi 200 mil personas desempleadas completamente, de las cuales cerca del 50 por ciento son jóvenes menores de 25 años.

Jóvenes que no encuentran presente ni futuro. Muchachos y muchachas que perdieron todo el entusiasmo de seguir sus estudios y formación, ya que saben que su destino será engrosar la lista de desempleados, la gente que se esforzó pero que al final no encuentra oportunidades por ninguna parte.

Aunado a esa altísima tasa de desempleado, están los empleos precarios. Hombres y mujeres que en pésimas condiciones y con salarios de hambre desempeñan una función en el comercio informal, maquila, en la banca, la agricultura y otros rubros.

Bajo esta realidad, el Presidente Juan Orlando Hernández presentó el Programa Nacional de Desarrollo Económico Honduras 20/20, una plataforma que asegura será de crecimiento, enfocada en turismo, textiles, manufactura intermedia y servicio de apoyo a negocios, que promete generar 600 mil empleos en cinco años.

El Programa fue lanzado junto a la gran empresa privada, esa misma que años atrás aseguró que la maquila, la industria minera, las Ciudades Modelo y los Call Center serían la solución a la crisis del país, y que ahora se han convertido en las industrias donde se presentan el mayor número de violaciones a los derechos de la población. Industrias que ven en cada uno de sus negocios la oportunidad de seguir acrecentando sus millones.

La transformación de Honduras pasa innegociablemente por un nuevo pacto fiscal, que logre que los que más tengan más paguen, y que sean responsables en cada uno de los empleos que generan. Que sus ganancias no están por encima de los derechos y la dignidad de la gente. Y eso no se cumple todo lo anunciado no pasará de ser paja que se la lleva el viento.

La economía colaborativa pasa de cisne a patito feo



Por Isabel Benítez

Nació con grandes promesas y con una belleza que dejaba sin palabras a quienes la cogieron de la mano en sus primeros pasos. Sin embargo, la adolescencia de la economía colaborativa se antoja rebelde y hay quienes temen el efecto de las malas compañías. Todos quieren saber cómo se portará con ella la madurez.

Dicen que lo importante de la mayoría de las historias no es cómo comienzan, sino cómo acaban. Y esto es un poco lo que le está sucediendo a la economía colaborativa. Si bien su nivel de implantación varía por países, comienza a generalizarse ese sentimiento de “esto no es lo que parecía” entre buena parte de sus seguidores y adeptos. Lo que comenzó como la promesa de cambio que todos esperaban (esperábamos), precisa ahora de ciertos matices.
Hay incluso quienes temen que se haya apropiado del adjetivo “colaborativa” de manera indebida. Lo advierten quienes ven en esta otra economía la redefinición del capitalismo, ‘capitalismo de plataforma’ lo llaman. Empresas que han pasado de ser el paradigma del empoderamiento ciudadano a diferenciarse de una compañía tradicional en que han nacido en plena era digital y nadan como pez en el agua en el entorno online. Empresas como otra cualquiera, dicen, que, para más inri, aprovechan los recursos o servicios que otros producen (reduciendo costes) para enriquecimiento (rápido y eficaz) de unos pocos inversores. Los AirBnB y Uber de turno ponen en duda que la economía colaborativa sea capaz de acabar con las crisis económica, social y medioambiental en que estamos sumidos. Porque, sí, compartir coche permite reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero ¿quién se está llevando el dinero y a costa de quién y de qué?, ¿quién pone las normas?, ¿quién ofrece el servicio y en qué condiciones?, ¿qué riesgos supone para el consumidor?, ¿cómo devuelve a la sociedad lo que obtiene de y gracias a ella?

Tantas preguntas sin respuesta alertan de que el cisne que todos pensaban embellecería y restaría hostilidad al paisaje económico general, podría ser solo un patito más, con muy poco que aportar. Es como si, cual adolescente rebelde, la criatura hubiera decidido desviarse de los valores que le enseñaron sus padres y jugar con los malotes de la clase, para ver qué se siente. Y, claro, eso pone en entredicho su futuro prometedor y disruptivo.

No obstante, como siempre, hay quienes se niegan a aceptar esa evolución del cisne. Ellos son quienes han abierto el debate y proponen plataformas colaborativas que lo son en el sentido más estricto de la palabra. Incluso le han dado un nombre: ‘Platform Coop’, un término acuñado por Trebor Scholz y Nathan Schneider en 2014. El cooperativismo de plataforma (como se traduce al español) propone una economía colaborativa que combina lo mejor de las plataformas con los principios cooperativos internacionales. Esto es, con la idea de propiedad compartida, la puesta en marcha de nuevos modelos de gobernanza, la participación del ciudadano-productor de valor en la toma de decisiones en principios de igualdad (frente al control exclusivo del inversor) y con el reparto de los beneficios entre los usuarios.

Ejemplos ya existen. Fairmondo es una cooperativa alemana con 2.000 socios que pretende convertirse en la alternativa de eBay –los vendedores son co-propietarios de la organización. Mientras, los fotógrafos canadienses de Stocksy han constituido el equivalente a una cooperativa de trabajo que les permite decidir cómo se gestiona la empresa y obtener más beneficios por foto vendida a través de internet. Por otro lado, los conductores son dueños del 50% de Juno, la alternativa a los servicios para compartir trayectos en coche. Y hasta tenemos un caso en España: Goteo, la alternativa cooperativa a las plataformas de crowdfunding. Todas ellas proponen un modelo de plataforma más distribuida en lo que se refiere a la propiedad, los beneficios y la responsabilidad.

Nos guste o no, la economía colaborativa entra en su fase de desarrollo y consolidación con un acuciado maniqueísmo. Una tendencia que podría incluso ser arriesgada para el sector si se acaba distinguiendo entre grandes proyectos que triunfan e iniciativas con valores pero que son incapaces de escalar. Ya les pasó a las cooperativas y a las otras economías, como la social y solidaria, aunque siempre hay matices: en este caso, el Platform Coop (o como decidamos llamarlo) juega con la ventaja de tener un aspecto fresco, moderno y digital que las alternativas tradicionales nunca han tenido.

Así pues, esta nueva propuesta plantea dudas sobre los niveles de participación que el sector cooperativo ha tardado en cuestionar y fórmulas para involucrarse en la gestión y la toma de decisiones que las empresas más sociales, en muchos casos por falta de recursos, no podían ni imaginar. Me refiero con esto a retos como la revisión de los modelos de membresía para integrar a todos los agentes involucrados en la organización (trabajadores, usuarios, beneficiarios…) o, por ejemplo, a la creación de mecanismos de voto online. Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre en qué medida la extrapolación de los principios cooperativos se daría en todos los sentidos, creando empresas con un marcado compromiso con las personas, el medio ambiente, la independencia o la formación de sus miembros.

Como patito o como cisne, o simplemente como ambos a la vez, la economía colaborativa evoluciona y se consolida. Estoy deseando descubrir en qué se convertirá cuando sea mayor.

Matanza en Orlando, primera prueba para Trump y Clinton



Por David Brooks

El republicano y la demócrata comparten la desaprobación de la mayoría del electorado: sondeo

Con el trasfondo del fuego de las armas, dentro y fuera del país, arrancan en los hechos las elecciones generales encabezadas por los virtuales candidatos presidenciales que comparten en común la desaprobación de la mayoría del electorado y oposición interna dentro de sus propios partidos.
La virtual candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y su contraparte, el republicano Donald Trump, tuvieron su primera prueba como posibles ocupantes de la Casa Blanca al reaccionar a la matanza en Orlando.
El incidente fue hecho a la medida para Trump y su retórica de odio, temor y xenofobia. Cuando se reveló que el responsable de 49 muertes era hijo de inmigrantes afganos y que había jurado lealtad a Isis (también conocido con las siglas EI, de Estado Islámico), Trump afirmó que eso comprobaba que había tenido la razón desde hace casi un año, cuando propuso cerrar la puerta a inmigrantes de países musulmanes, y poner a esas comunidades aquí bajo vigilancia.
Reiteró e incluso amplió su propuesta de cerrar las puertas al ingreso de musulmanes al país, junto con otros que provienen de regiones del mundo, “donde hay una historia comprobada de terrorismo contra Estados Unidos…” A la vez, acusó a Clinton y al presidente Barack Obama de políticas que permitieron tal desastre, y hasta insinuó, una vez más, que Obama tiene intereses sospechosos (o sea, la vieja acusación de que Obama no es estadunidense y tiene simpatías musulmanas, si es que no es uno de ellos).
Clinton deploró estas declaraciones, las calificó de "peligrosas y racistas", y afirmó que lo que dice Trump es vergonzoso.
Obama, en una feroz condena a las declaraciones de Trump, acusó que está promoviendo ideas peligrosas parecidas a las de los tiempos más oscuros de este país en que se atacó a inmigrantes y comunidades religiosas.
Lo que no se resaltó es que ambos candidatos coincidieron en cuál debería ser la respuesta estadunidense en el exterior: más muertes. Trump y Clinton hablaron de la necesidad de intensificar los bombardeos contra Isis en Irak y Siria (aun cuando no se ha demostrado un vínculo directo u operativo entre Isis y Omar Mateen, el responsable de la matanza en Orlando, más que su declaración de lealtad a esa organización).
Pero dentro de este país, todo esto reveló de nuevo las grietas internas del Partido Republicano, cuando sus líderes fueron obligados a lamentar públicamente las declaraciones de Trump sobre los musulmanes y el presidente. De hecho, el distanciamiento empezó la semana pasada con las declaraciones de Trump contra el juez Gonzalo Curiel –afirmó que no podía ser imparcial en el caso de una demanda por fraude en contra de la Universidad Trump porque era "un mexicano" (Curiel nació en Indiana de padres inmigrantes mexicanos)–, cuando varios líderes prominentes del partido, incluido el presidente de la cámara baja, Paul Ryan, habían sido obligados a denunciar esos comentarios como "racistas".
Hoy, el gobernador republicano de Maryland declaró que no votará por Trump. El segundo en rango de la mayoría republicana del Senado, John Cornyn, declaró que no comentará más sobre Trump hasta después de la elección general en noviembre, mientras el líder del Senado, Mitch McConnell, dijo que no hablaría sobre Trump hoy, después de sus comentarios. Hay una lista creciente de legisladores republicanos que han indicado su renuencia y hasta su negativa a votar por el presunto candidato de sus partido.
Trump afirmó hoy que el liderazgo republicano debe quedarse en silencio si no apoyan sus posiciones políticas, y amenazó que tal vez tendrá que realizar su campaña presidencial sin ellos.
Todo esto después de que dos ciudades en Texas se negaran a autorizar mítines para Trump, y que el magnate haya expulsado al Washington Post del cuerpo de prensa que cubre sus actividades.
Por el lado demócrata, el aún precandidato insurgente Bernie Sanders sigue prometiendo que su revolución política continuará, que no suspenderá su campaña y aún se rehúsa a respaldar a Clinton. Afirma que su objetivo ya no es competir por la nominación, sino transformar profundamente al Partido Demócrata (algo sobre lo cual abundará en un discurso ante simpatizantes en vivo por Internet este jueves).
Esto, a pesar de que Clinton y Sanders sostuvieron una reunión privada el martes supuestamente para iniciar un diálogo sobre cómo enfrentar a Trump de manera conjunta. De hecho, más de 75 por ciento de los demócratas desea que Sanders tenga un papel mayor en formular las posiciones del partido, y casi dos tercios opina que Clinton lo debería elegir como su candidato para la vicepresidencia, según una encuesta de Reuters/Ipsos.
Por lo tanto, los demócratas tampoco han logrado superar sus divisiones, sobre todo entre una cúpula de corte neoliberal y la insurgencia socialdemócrata encabezada por el ahora precandidato progresista más exitoso de la historia moderna de la política electoral estadunidense.
Ni en su casa los quieren
Una nueva encuesta del Washington Post/ABC News registra que los virtuales candidatos de los dos partidos nacionales son los más impopulares en unas tres décadas en que se ha empleado esta medida: siete de cada 10 adultos estadunidenses tienen una opinión desfavorable de Trump, mientras 55 por ciento opina negativamente de Clinton.

martes, 28 de junio de 2016

Ejército hondureño recibió orden de asesinar a Berta Cáceres



Presuntamente la activista aparecía en una lista negra de un grupo élite del Ejército de Honduras que entrenaba en Estados Unidos.

El exsargento primero Rodrigo Cruz de las Fuerzas Especiales del Ejército del Honduras confesó este martes que su unidad recibió la orden de asesinar a varios dirigentes sociales en su país, entre ellos la luchadora ambientalista Berta Cáceres, según publicó The Guardian.

Cruz reveló que Cáceres estaba en la lista negra para ser asesinada, porque los militares hondureños contaban con información de todos los activistas sociales y tenían órdenes específicas de asesinar a cada objetivo.

El exmilitar manifestó que sus compañeros pudieron ser asesinados, debido a que el jefe de la unidad declaró que no seguiría adelante con la matanza, porque en la lista figuraban personas que luchaban por sus comunidades, por lo que días después huyó del Ejército.

Cruz confirmó que no era la primera vez que veía una lista de objetivos, porque días antes de observar la lista en la que aparecía Cáceres, pudo notar que en el chaleco de un comandante habían caras conocidas, como los líderes del Bajo Aguán.

El dato: Cada uno de los implicados en el crimen de Berta Cáceres habría recibido 2 mil 200 dólares, según una publicación del diario El Heraldo.
Por su parte, Annie Bird, representante de una ONG dedicada a informar las violaciones de derechos humanos en Honduras, aseguró que el testimonio del soldado Cruz alude a que varios escuadrones de la muerte apuntan a la oposición política del país.

La especialista explicó que la realidad del país centroamericano es compleja debido a que está roto el sistema judicial, lo cual dificulta investigar personas directamente implicadas en casos de corrupción.

Tras las declaraciones del exmilitar, Bertita Zuñiga manifestó que el caso del crimen de su madre sea investigado por una comisión internacional, para encontrar la verdad de quiénes son los autores de la masacre.


En contexto

El pasado 3 de marzo, la líder indígena y coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, fue asesinada por sujetos desconocidos en el interior de su vivienda, ubicada en el sector La Esperanza, departamento del Intibucá del sur-occidente del país.

Cáceres había denunciado una semana antes de su muerte, el asesinato de cuatro dirigentes indígenas de la comunidad lenca.

Fue una de las fundadoras en 1993 del Copinh. Por su lucha en defensa de los recursos naturales, en el occidente de Honduras en 2015, fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman.

Familiares de la líder indígena, presidentes y líderes del continente americano junto a organismos internacionales han demandado justicia por su asesinato. 

Autoridades de la UNAH criminalizan la protesta social y la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos utilizando el descrédito y el derecho penal



Las autoridades universitarias han exacerbado el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, estigmatizado a los liderazgos estudiantiles y desacreditado públicamente la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos que acuden a proteger los derechos fundamentales de los jóvenes ante la barbarie policial y militar, que usa la fuerza para desarticular un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

Denunciamos  la utilización de un discurso violento y estigmatizante de las autoridades universitarias contra los defensores y defensoras de derechos humanos  que acudimos a la UNAH cuando hay represión contra los estudiantes. Tal discurso generalmente pronunciado por la cabeza de la UNAH, la rectora Julieta Castellanos,  y en los medios de comunicación de este centro de estudios, tiene el objetivo de obstaculizar la labor de defensa  y así impedir el ejercicio legítimo del  derecho a defender los derechos humanos, protegido en tratados y convenios  internacionales y que los estudiantes puedan ser protegidos de graves abusos.
Más de cinco años han pasado desde que el estudiantado inició sus demandas, y la situación se profundiza. El  uso de la protesta social como parte del derecho a  libertad de expresión no se permite en la UNAH, a la par se han cerrado las oportunidades de diálogo para que retorne la paz. Sus autoridades a la cabeza de la rectora Julieta Castellanos usan  la fuerza policial,  la seguridad privada, así como las acciones penales para sembrar el miedo y desarticular la organización estudiantil que demanda la apertura al diálogo.
En el 2014 se pasó de la campaña de descrédito a los líderes para comenzar acciones administrativas que culminaron con la expulsión de seis  estudiantes de la UNAH-CU, también se utilizó el derecho penal para criminalizar la protesta social, en este caso contra el joven Rommel Darío Morán, capturado en el marco de una acción de protesta estudiantil reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado, torturado por varios policías al detenerlo y a pesar de la gravedad de los golpes, después fue acusado por el Ministerio Público,  a petición de la rectora Julieta Castellanos,  por el delito de Sedición y Manifestaciones Ilícitas.
En el 2015, continuaron las expulsiones contra  10 estudiantes de la UNAH-VS y uno de UNAH-CU. Pero en ese mismo año,  en el mes de julio,  ya se pasó a la profundización de penalización judicial solicitando requerimientos fiscales y órdenes de captura contra 26 jóvenes : 4 de la UNAH-CU;  12 de UNAH-VS; 6 del CURLP y 4 del CURLA, la intención era generar el miedo para “calmar” el clamor de apertura democrática y la demanda  estudiantil para que se revisen las decisiones de las autoridades,  que laceran derechos fundamentales de los estudiantes.
De los  26 procesos penales del año 2015, fueron desestimados  22 en los centros regionales, no así  los cuatro de UNAH-CU, que han seguido su curso contra los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Armando Velásquez , que están a las puertas del juicio oral y público.
A principios de junio de este año  reiniciaron las protestas estudiantiles, la sordera al diálogo junto a la criminalización de la protesta social, la estigmatización de los líderes estudiantiles con campañas de desprestigio, vigilancia y seguimientos, no generó el efecto esperado de contener la movilización estudiantil.
Este 07 de junio del corriente año se procedió a repetir la estrategia del uso del derecho penal contra seis estudiantes,  con la solicitud de órdenes de captura ante el Ministerio Público. Cinco de ellos habían sido de los expulsados en el 2014, y entre ellos,  nuevamente contra Cesario Padilla, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa  y Armando Velásquez, que con ese nuevo juicio no podrán defenderse en libertad sino que irán inevitablemente a la cárcel si las autoridades de la UNAH no desisten de su propósito.
En la lista  de las órdenes de captura se encuentra Dayanara Castillo, de la comunidad LGTBI, quien fue expulsada en el 2014, sufrió persecución, detención ilegal  y hostigamiento por su opción sexual  y por participar en la lucha estudiantil, lo que la obligó a irse al exilio el año pasado.
La falta de profesionalismo y Abuso de Autoridad del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, para impulsar acciones penales a petición de las autoridades universitarias tiene tantos vicios como el anteriormente descrito de incluir a estudiantes que ni siquiera están en la capital o en el país. Además de construir una historia de mentiras para descalificar la lucha de los estudiantes vinculándola con la participación de un partido político,  al extremo de colocar como prueba,  el apoyo económico y logístico del diputado Wilfredo Paz, del Partido LibRe, quien falleció el año pasado.
Este tipo de prácticas lesivas a la legalidad, nos obligó a presentar una denuncia este 10 de junio contra los fiscales y los agentes de la ATIC, responsables de llevar a cabo las supuestas investigaciones para apoyar las órdenes de captura. Hemos dejado la denuncia y nuestra esperanza es que con la celeridad que se procedió contra los estudiantes, de esa forma se inicien acciones encaminadas a terminar con el Abuso de poder de estos funcionarios.
Llamamos a la rectora Castellanos a parar sus declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos  y terminar con la criminalización de la protesta social en la UNAH para dar paso al diálogo serio y constructivo que aborde la problemática de esa universidad,  que violenta sistemáticamente los derechos del estudiantado.
No a la criminalización de la protesta pacífica
Defender los derechos humanos no es un crimen, es un derecho protegido
Por un diálogo pronto

Por la defensa de los bienes naturales



Poco a poco están saliendo a luz pública las concesiones que se dieron de los bienes de la naturaleza durante el gobierno de facto de Roberto Michelleti, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y en el actual gobierno de Juan Orlando Hernández. Muchas comunidades están alzando su voz de protesta por la presencia de empresas transnacionales que con apoyo de algunos empresarios hondureños cuentan con una licencia en mano para instalar una minería, una represa o talar el bosque y sacar la mejor madera para exportarla.

Ahora es normal y casi cotidiano escuchar que se han iniciado acciones de defensa de los ríos, de los bosques en comunidades de los departamentos de Lempira, La Paz, Atlántida, Santa Bárbara, Yoro, Cortés, entre otros. Todo el país está concesionado.

Y la defensa de los bienes comunes de la naturaleza se hace aún sabiendo que le puede costar la vida a los líderes que la impulsan porque ese fue el mensaje que también mandaron a los líderes ambientalistas con el asesinato de la guardiana de los ríos y lo bosques, Berta Cáceres.

Como resuenan, cobran fuerza y se ensaña como un mandato para todos y todas las palabras de Bertita cuando nos manda a decir “despertemos humanidad, ya no hay tiempo”. Palabras que calan en la vida de las comunidades pero que aún no hacen efecto en nuestros gobernantes que siguen poniendo el territorio hondureño a disposición de la industria extractiva para que venga a explotar los minerales que tiene nuestra tierra sin importar las consecuencias que estas prácticas generan en la población.

No sólo se trata de los desplazamientos y expulsiones de las familias de sus comunidades, sino que se atenta contra la salud y la vida de los habitantes, se desmejora la calidad de vida y se atenta contra la relación y conexión que tienen las familias con el ambiente. Se destruyen las fuentes de agua, los bosques y se destruyen los nutrientes de la madre tierra llevándola hasta la esterilidad. El único objetivo de las mineras es llevarse nuestros recursos dejando más miseria, luto y dolor entre las familias.

Pero hay, hoy por hoy, y van a seguir surgiendo muchas comunidades que se van a declarar en lucha permanente. Las comunidades han dejado muy clara su postura que aunque el gobierno entregue los bienes comunes de la naturaleza, los explotadores no podrán entrar a las comunidades. Ese es el grito en contra de la industria extractiva que se convierte en un grito por la vida.

Presentan recurso a favor de Globo TV y otros medios



Por CERIGUA

La información, publicada por Conexihon, señala que el recurso fue presentado para que la Corte determine la inaplicabilidad de la resolución NR 004/2009, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) invocando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa.

La petición invoca el derecho individual a recibir información diversa a través de diferentes medios de comunicación, entre ellos Globo TV.

Uno de los objetivos principales de la demanda es que se restituya el derecho de la ciudadanía a recibir información por parte de los 21 medios de comunicación que han sido obligados a salir del aire.

A decir de C-Libre, no se puede desconocer que la acción realizada por el Estado si bien tiene un matiz de legalidad, tiene como objetivo claro coartar el derecho a la libertad de expresión y abusando de los controles oficiales, se pretende cerrar varios medios de comunicación.

Globo TV es uno de los medios más críticos con las actuaciones del actual gobierno y el que más ha denunciado actos de corrupción.

De acuerdo con el Artículo 183 de la Constitución de la República, numeral 2, relacionado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, se establece que “la Garantía de Amparo procede: Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta constitución”.

En este caso, “CONATEL no emitió resolución por el caso concreto, sino que hizo uso de una resolución previa y general (Resolución NR 004/09), lo cual viola el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, por lo que esta Sala de lo Constitucional debe declarar que esta resolución es inaplicable por contravenir derechos humanos establecidos en la Constitución de la República y la Convención Americana de Derechos Humanos”, indica el amparo. 

Nuevos escenarios se instalan en Sudamérica



Por Paul Walder

La discusión entre las izquierdas en torno al fin del ciclo de los progresismos parece precipitarse, y mutar hacia otros escenarios no considerados en los debates. El fin del ciclo de los gobiernos progresistas, de políticas inclusivas con subsidios a las clases más empobrecidas, ha dejado un vacío ocupado con celeridad y oportunidad por el neoliberalismo más reaccionario. En pocos meses, Latinoamérica ha cambiado su rostro para perfilar un panorama similar a dos décadas atrás, bajo las consignas de FMI, Banco Mundial y los consensos de Washington. La derecha se ha apropiado del aparato del Estado para comenzar a desmantelar, en una estrategia propia de la doctrina del shock , el sistema de protección social levantado en varios países de la región durante al menos los últimos diez años.

Hay una serie de aspectos que parecen relacionarse, además de integrarse con una estrategia, una agenda, no transparentada. Si bien ha sido evidente la dependencia de los programas sociales de estos gobiernos con los dulces ingresos generados por más de una década con el alto precio de las materias primas, ha quedado también en evidencia la falta de una alternativa económica y política capaz de mantener esos subsidios. Una falta que con el cierre del flujo de divisas cortó no sólo los programas sociales, sino el horizonte y la estabilidad política de estos gobiernos. Los ejemplos están a la vista y no es ni necesario nombrarlos.

Si esta es una realidad bastante analizada y debatida por sectores de la Izquierda latinoamericana, hay otros aspectos que no fueron suficientemente discutidos y evaluados. La derecha y los capitales corporativos globalizados a través de todo el aparataje que va desde el corazón de Washington a través de numerosas agencias y medios de comunicación, han mantenido una campaña que responde a una agenda coordinada y oscura. La lucha no se ha dado, como en muchos otros momentos de la historia de nuestra región, en la institucionalidad política, sino bajo cuerdas y a través de firmas de comunicaciones y propaganda, activismo mercenario y otras herramientas desestabilizadoras.

La pérdida del Poder Ejecutivo en las urnas en Argentina, y el inmediato golpe de Estado parlamentario en Brasil, son eventos concatenados hilados por las mismas manos y con un sólo objetivo: restaurar, mediante la doctrina del shock , el Estado neoliberal, intención que ha quedado clara al observar los primeros meses del gobierno de Macri y escuchar las declaraciones del brasileño Michel Temer y sus ministros. A diferencia de las izquierdas, que tardan años en poner en marcha sus planes, la reacción conservadora aplica los suyos desde el día siguiente de recuperado el poder.

El episodio brasileño, sin entrar en estas líneas a lo que está aconteciendo en Venezuela, del mismo modo como hace un tiempo ocurrió en Honduras y Paraguay confirma la baja solidez política que tiene en estos momentos la política institucional, asediada ya sea desde otros poderes del Estado, por los medios de comunicación corporativos o por oscuras agencias externas.

La restauración neoliberal que penetra con fuerza en América del Sur, sellada con el golpe en Brasil, es un asalto al Estado para entregar los recursos y las riquezas a las corporaciones. No hay proyecto ni de desarrollo ni tampoco de gobernabilidad. Con una crisis del sistema capitalista sin precedentes desde 1929, con una incapacidad de generar empleos y estabilidad social, el capital corporativo entra de lleno a saquear con una rapidez cercana a la desesperación los recursos naturales.

Immanuel Wallerstein ha anunciado desde hace años esta tensión en torno al Estado. La crisis terminal del capitalismo advertida por el sociólogo estadounidense y numerosos otros académicos, entre ellos el geógrafo marxista David Harvey, levantará importantes batallas entre las ciudadanías y los dueños del capital por el control del Estado. Una batalla en pleno curso en la cual las tradicionales instituciones políticas, cooptadas y corruptas y actualmente alimentadas por el capital, tendrán que fragmentarse o disolverse. La reacción de las fuerzas conservadoras en estos meses es sólo una batalla más en una intensa lucha que se prolongará, siguiendo al profesor Wallerstein, por ésta y las próximas décadas. 

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 853, 10 de junio 2016.