jueves, 31 de enero de 2013

Anonymous, al ataque contra decenas de páginas web gubernamentales de Honduras




Los piratas prometen “freír los servidores del Gobierno” y que durante el día “será más doloroso”
El colectivo de ´hackers´ Anonymous continúa con su ataque a páginas web del Gobierno de Honduras, una campaña que lanzó esta semana en protesta por el proyecto de ´ciudades modelo´.

Por el momento al menos 28 portales gubernamentales han caído víctimas del ataque.

Los ‘hackers’ comparten en la red el localizador del portal en el cual se puede ver el desarrollo del ataque, marcado con el ´hashtag´ #CMEnHondurasNO.

“La protesta seguirá hasta que el gobierno escuche la voz del pueblo, no queremos que se venda nuestra patria”, reza el mensaje en la cuenta de Twitter @LegionHonduras, el brazo de Anonymous en el país centroamericano.

La protesta seguirá hasta que el gobierno escuche la voz del pueblo, no queremos que se venda nuestra patria”

Además advierten que durante el día de hoy se realizarán ataques a los portales más importantes, y que el “objetivo no es tumbar las webs, el objetivo es que sepan nuestra postura”.

El pasado 23 de enero el Congreso de Honduras aprobó modificar la Constitución para permitir la creación de ´ciudades modelo´, regiones autónomas destinadas a promover el desarrollo económico y social.

El proyecto ha generado numerosas polémicas en la sociedad hondureña. Algunos sectores sociales manifiestan su preocupación ante lo que consideran una amenaza, por la posible cesión de soberanía al crear estados dentro de otro ya existente.

La iniciativa pertenece al financista estadounidense Paul Romer. Según este proyecto, Honduras deberá entregar pedazos de sus tierras a un tercer Estado más desarrollado por un determinado período de tiempo con el fin de establecer allí una ciudad autónoma, con legislación especial, educación independiente e infraestructura de primer nivel.

Dipuratas aprueban maquillada ley de "ciudades modelo"; ratifican ser "vendepatrias"




Una rata gorda leguleya afirmó cínicamente que actuaban como Asamblea Nacional Constituyente.

El Congreso Nacional aprobó el decreto que crea las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, conocido como la nueva versión de las Ciudades Modelo declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en octubre pasado.


El decreto fue aprobado por 110 votos a favor, cinco abstenciones y 13 votos en contra.

El estamento jurídico aprobado por el Legislativo, reforma los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la Republica.

En ese sentido, el artículo 294, ahora se deberá leerse: El territorio nacional se divide en departamentos. Su creación y límites deben ser decretados por el Congreso Nacional. Los departamentos se dividen en municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo, de conformidad con la ley.

Agrega que sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el Congreso Nacional puede crear zonas sujetas a regímenes especiales de conformidad con el artículo 329 de la carta magna.

Mientras tanto, el artículo 303 constitucional reformado indica que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes.

Añade que el Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los juzgados, por tribunales con competencia exclusiva en zonas del país sujetas a regímenes especiales creados de conformidad a la Constitución, y demás dependencias que señale la ley.

Establece que en ningún juicio debe haber más de dos instancias; el juez o magistrado que haya ejercido jurisdicción en una de ellas, no puede conocer en la otra, ni en recurso extraordinario en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Tampoco pueden juzgar en una misma causa los cónyuges y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Entretanto, el artículo 329 reformado señala que el Estado promueve el desarrollo económico y social, que debe estar sujeto a una planificación estratégica. La ley regula el sistema y proceso de planificación con la participación de los poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas.

Para realizar la función de promover el desarrollo económico y social, y complementar las acciones de los demás agentes de este desarrollo, el Estado, con visión a mediano y largo plazo, debe diseñar concertadamente con la sociedad hondureña una planificación contentiva de los objetivos precisos y los medios y mecanismos para alcanzarlos, agrega.

Indica que los planes de desarrollo de mediano y largo plazo deben incluir políticas y programas estratégicos que garanticen la continuidad de su ejercicio desde su concepción y aprobación, hasta su conclusión.

Destaca que el Plan de Nación, los planes de desarrollo integral y los programas incorporados en los mismos son de obligatorio cumplimiento para los gobiernos sucesivos.

En ese sentido, con la nueva ley, el Estado puede establecer zonas del país sujetas a regímenes especiales los cuales tienen personalidad jurídica, están sujetos a un régimen fiscal especial, pueden contraer obligaciones en tanto no requieran para ello la garantía o el aval solidario del Estado, celebrar contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo y durante varios gobiernos, gozan de autonomía funcional y administrativa que incluyen las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución y las leyes le confieren a los municipios.

Según el decreto, la creación de una zona sujeta a un régimen especial es competencia exclusiva del Congreso Nacional, previo plebiscito aprobatorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución.

Agrega que este requisito no es necesario para regímenes especiales creados en zonas con baja densidad poblacional. Se entienden por zonas de baja densidad poblacional, aquellas en donde el número de habitantes permanentes por kilómetro cuadrado sea inferior al promedio para zonas rurales calculado por el Instituto Nacional de Estadística, quien emitirá el correspondiente dictamen.

El Congreso Nacional, al aprobar la creación de zonas sujetas a regímenes especiales, debe garantizar que se respeten, en su caso, la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia de la Haya el 11 de septiembre de 1992 y lo dispuesto en los artículos 10, 11, 12, 13, 15 y 19 de la Constitución referentes al territorio.

Estas zonas están sujetas a la legislación nacional en todos los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes.

Uno de los incisos del decreto destaca que el Golfo de Fonseca puede sujetarse a un régimen especial de conformidad al derecho internacional, a lo establecido en el artículo 10 constitucional y el presente artículo; las costas hondureñas del Golfo y del mar Caribe quedarán sometidas a las mismas disposiciones constitucionales.

El decreto aprobado, aclara que para la creación y el funcionamiento de esas zonas, el Congreso Nacional debe aprobar una ley orgánica, la que sólo puede ser modificada, reformada, interpretada o derogada por dos tercios favorables de los miembros del Congreso Nacional, será necesaria además la celebración de un plebiscito a las personas que habiten la zona sujeta a régimen especial cuando su población supere los 100 mil habitantes.

Asimismo, establece que las autoridades de las zonas sujetas a regímenes especiales tienen la obligación de adoptar las mejores prácticas nacionales e internacionales para garantizar la existencia y permanencia del entorno económico y legal adecuado para ser competitivas a nivel internacional.

Indica que para la solución de conflictos dentro de las zonas del país sujetas a regímenes especiales, el Poder Judicial por medio del Consejo de la Judicatura, debe crear tribunales con competencia exclusiva y autónoma sobre éstos.

Los jueces de las zonas sujetas a jurisdicción especial serán nombrados por el Consejo de la Judicatura mediante concurso de un listado propuesto de una comisión especial integrada en la forma que señale la Ley Orgánica de estos regímenes, añade.

La ley puede establecer la sujeción a arbitraje obligatorio para la solución de conflictos de las personas naturales o jurídicas que habiten dentro de las áreas comprendidas por estos regímenes para ciertas materias.

Los tribunales de las zonas sujetas a un régimen jurídico especial podrán adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo, siempre que garanticen igual o mejor los principios constitucionales de protección a los Derechos Humanos previa aprobación del Congreso Nacional.


Acalorado debate

Durante la discusión del controversial proyecto se originó un acalorado debate, algunos de los diputados que incluso apoyaron la aprobación del decreto, manifestaron inquietudes sobre el mismo, principalmente en lo que se refiere al papel de las municipalidades y su autonomía frente a la nueva ley y manifestaron que los alcaldes desconocen olímpicamente el proyecto.

El diputado liberal, Ángel Darío Banegas, expuso su desacuerdo con la aprobación del decreto ya que argumentó que el dictamen que se entregó a los legisladores es exactamente el mismo anterior que promovía las ciudades modelo y sobre el cual se interpuso una lluvia de recursos de inconstitucionalidad.

“Leí este proyecto y comparado con este maravilloso dictamen que han hecho, que sin duda surgió de las manos de un buen tejedor, aquel anteproyecto parecía la obra de un hachero ultramontano, parece cirugía fina, pero me parece el mismo argumento”, comentó Banegas.

Comparó que la primera versión de las ciudades modelo era como un reggaetón y el que se aprobó esta noche tiene un ritmo de vals, y por lo tanto se opuso a la reforma constitucional ya que considera que “se trata de un acto de soberanía, como abrir las puertas al colonialismo transnacional y se trata de una reforma para vender el país, mi país, el de nuestros hijos, porque se concede a estas zonas especiales, soberanía, autogobierno, legislación tributaria especial, sistema judicial especial”.

En ese sentido, pidió declarar región especial todo el país lo que se logrará, combatiendo urgentemente, el espanto de la muerte cotidiana, la asquerosa corrupción que carcome a los hondureños y ordenando la casa y por lo tanto “mil veces no”.

La discusión se puso más álgida cuando intervino el diputado de Unificación Democrática, Sergio Castellanos, quien acusó a los que están a favor del decreto de ser “vende patrias” y recordó que ya alguien en el pasado propuso que Honduras se convirtiera en un Estado libre asociado de Estados Unidos “que iba a ser nuestro amo, ahora lo va a ser el capital internacional, vamos a ser una República alquilada”.

Castellanos también opinó que las pocas cosas buenas que hizo la anterior Sala de lo Constitucional, fue declarar inconstitucional el decreto que creaba las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) conocidas como ciudades modelo.

La exposición de Castellanos desató la ira del titular del Legislativo quien advirtió que “no aceptaré que nadie ponga en duda mi patriotismo y me diga vende patria”.

El ex presidente del Congreso Nacional y ex jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, se pronunció en contra de los regímenes especiales, aunque dijo respetar el criterio de sus compañeros de cámara que estaban a favor del decreto.

El diputado liberal Víctor Sabillón se pronunció a favor del proyecto, en medio de sonoros aplausos que se escuchaban cada vez que intervenía uno de los que se manifestaban favorablemente a los regímenes especiales como el democristiano Jorge Alberto Elvir, quien aclaró que a él no le ofrecieron dinero para apoyar el decreto.

Un momento tenso se vivió en la cámara cuando en una de sus varias intervenciones, el diputado Oswaldo Ramos Soto, dijo que en ese momento el Congreso Nacional, estaba actuando como una Asamblea Nacional Constituyente, a lo que el titular del Legislativo le dijo que había causado un susto y le advirtió que seguramente algunos medios que no quieren que nadie cambie en el país, seguramente lo iban a atacar.


Nueva ley minera permitirá explotación a cielo abierto



Cianuro seguirá siendo utilizado

La nueva Ley General de Minería, que el Congreso Nacional aprobaba anoche en su tercero y último debate, permitirá la explotación de minerales de manera artesanal, subterránea, a cielo abierto, mar territorial, plataforma marítima continental y zona económica exclusiva.

La discusión de la ley, que iba a un ritmo acelerado, se suspendió por la tarde a solicitud del presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, quien no está de acuerdo con el cobro de los impuestos tributarios, los que le parecen muy bajos, frente a los estándares internacionales, pero la aprobación seguiría anoche mismo. La aprobación del nuevo instrumento inició el martes en primero y segundo debate y ayer en la última discusión, su articulado no tuvo mayores cuestionamientos, excepto pequeñas sugerencias que en la mayoría de casos fueron aceptadas por la comisión de dictamen.

La ley sustituye un obsoleto instrumento jurídico, que contiene unos 20 artículos que hace varios años fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. El canon que se cobrará será hasta 3. 50 dólares por hectárea o fracción explorada o explotada, según el caso.

Seguirá uso de cianuro
El vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce, propuso prohibir el uso de cianuro (veneno) en la actividad minera, pero su moción ni siquiera fue considerada. El democristiano, Orle Solís intervino en apoyo a la solicitud de Ponce y pidió a la Cámara que se tomara en cuenta la petición, pero el presidente de la comisión de dictamen, Donaldo Reyes, no accedió, aunque reconoció que en otras latitudes se usan otras sustancias para extracciones a cielo abierto.

Una vez publicada la nueva ley, que contiene el marco general que regulará la explotación del sector, el Congreso aprobará un decreto especial para el cierre de las minas y un estatuto laboral para los empleados, anunció Reyes Avelar. Cuando el Estado otorgue una licencia minera, contará con un tiempo de 60 días para consultar a los miembros de la comunidad donde se hará la explotación si están de acuerdo con la operación de un proyecto de extracción de metales. Si la respuesta es negativa, dentro de tres años se podrá hacer una nueva consulta.

Asimismo, en la ley especial se contemplará un plazo para que los beneficiados de las licencias comiencen la etapa de explotación, de lo contrario perderán ese derecho. Según su actividad, las concesiones mineras pueden ser de exploración, explotación y/o beneficio; y a su vez, de acuerdo a la sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de gemas o piedras preciosas.

Importante:
- La concesión de exploración de minerales no metálicos y de gemas o piedras preciosas tendrá una duración máxima de 2 años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.
- La exploración de minerales metálicos, tendrá una duración máxima de cinco años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.
- Durante la etapa de explotación se llevarán registros e inventarios actualizados de la producción en boca de mina y en sitios de acopio.
- La concesión de explotación de minerales no metálicos y de gemas o piedras preciosas, tendrá un plazo no menor de 10 años contados a partir de su otorgamiento.
- La explotación de minerales metálicos, tendrá un plazo no menor de 15 años.
- La concesión de beneficio, otorgará el derecho a realizar cualquiera de los procesos siguientes:
a) Separación mecánica.
b) Metalurgia.
c) Refinación.

Incentivos 
El Estado podrá otorgar los incentivos necesarios para la instalación de plantas mineras.

Sanciones
El concesionario que no cumpla con las exigencias mínimas de pagará 10 dólares por año y por hectárea, para explotaciones metálicas y 5 dólares para no metálicas y de gemas o piedras preciosas.


Juicio político aprobado estará en manos del Congrezoo no de un tribunal constitucional



Con el respaldo de la gran mayoría de los diputados que ahogaron la voz de un pequeño grupo de congresistas que propuso algunos cambios en la redacción del decreto, el Congreso Nacional aprobó la figura del juicio político, mediante una reforma por adición al artículo 205 de la Constitución y el 233 y 234.

La figura del juicio político solo podrá ejecutarse hasta que el Congreso Nacional apruebe una ley especial con la votación de dos tercios de la Cámara Legislativa. El juicio político fue una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). El juicio político procederá contra el presidente de la República y designados presidenciales; magistrados de la Corte Suprema de Justicia; diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano (PARLACEN); corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Legislativo.

La oposición de algunos diputados, como el liberal Darío Banegas, es que la reforma le da amplios poderes al Poder Legislativo en ese proceso y lo convierte en juez y parte a la hora de juzgar a un funcionario. El liberal Carlos Martínez cuestionó que la destitución de un presidente de la República solo será posible con al menos 96 votos de los 128 diputados, entre tanto los diputados y miembros de una corporación municipal 86, es decir, dos terceras partes.

Las Reformas
El artículo 205 deja íntegro su contenido y le adiciona un nuevo numeral (15). El numeral 15 dice lo siguiente: Practicar el juicio político de acuerdo al procedimiento establecido en la ley especial de juicio político a los servidores públicos y por las causas establecidas en el artículo 234 de la Constitución.

El artículo dos del decreto que crea el juicio político reforma el capítulo cinco del título cinco el cual debe dividirse en dos secciones. La sección uno corresponde al Ministerio Público y la dos al juicio político. El artículo dos del decreto también reforma el artículo 233 constitucional, adicionándole como último párrafo el contenido del actual artículo 234 de la Carta Magna y reforma por sustitución el contenido del artículo 234 por el texto contentivo del juicio político, lo que se debe leer de la manera siguiente: ARTÍCULO 233: La titularidad del Ministerio Público corresponde al fiscal general de la República; habrá asimismo, un fiscal general adjunto, quien sustituirá al titular en caso de ausencias, excusa o recusación.

Estos funcionarios serán electos por el Congreso Nacional para un período de cinco años, con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes de sus integrantes, de una nómina de cinco candidatos seleccionados por una junta proponente, integrada en los términos que dispone la ley.

Para ser fiscal general de la República y fiscal general adjunto se requieren los requisitos siguientes: 

1) Ser hondureño u hondureña por nacimiento; 

2) Ciudadano o ciudadana en el goce de sus derechos; 

3) Abogado o Abogada debidamente colegiado, con experiencia profesional distinguida mayor de diez (10) años o haberse desempeñado como juez o en el área penal por lo menos durante diez (10) años; 

4) Mayor de cuarenta (40); y, 

5) De conducta y solvencia moral debidamente comprobada.

El artículo 234 se leerá de la siguiente forma: Procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales; magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano (PARLACEN); corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional. El juicio tendrá lugar, continúa el artículo, cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño en su cargo por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.

Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será la  única consecuencia derivada de la responsabilidad decretada mediante un juicio político. Cuando la denuncia fuere contra el presidente de la República, la tramitación del proceso de enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados; en los demás casos será por dos tercios de la cámara. El presidente del la República solo podrá ser destituido de su cargo por el Congreso Nacional mediante juicio político.

El Decreto
Artículo 1.- Reformar por adición el Artículo 205 de la Constitución de la Republica, adicionándole un numeral debiendo el artículo en su totalidad leerse así:

Artículo 205.- Corresponde al Congreso Nacional, las atribuciones siguientes:
15. Practicar el Juicio Político de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley especial de Juicio Político, a los servidores públicos y por las causas establecidas  en el Artículo 232 de esta Constitución;

Artículo 2.- Reformar el Capitulo V del Título V el cual debe dividirse en dos (2) secciones, Sección I que corresponde al Ministerio Público y Sección II que corresponde al Juicio Político. Reformar el Artículo 233, adicionándole como último párrafo el contenido del actual artículo 234 de la Constitución de la República y reformar por sustitución el contenido del Artículo 234 por el texto contentivo del Juicio Político, lo que se debe leer de la manera siguiente:

Sección II
Del Juicio Político
Artículo 234.- Procede el Juicio Político contra  el Presidente de la República y Designados Presidenciales, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales, y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño en su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la Republica o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será  la  única consecuencia derivada de la responsabilidad decretada mediante un juicio político.

Cuando la denuncia fuere contra el Presidente de la Republica, la tramitación del proceso de enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las tres cuartas partes de la totalidad de los Diputados, en los demás casos será por dos tercios de la cámara.

El Presidente del la República solo puede ser destituido de su cargo por el Congreso Nacional mediante Juicio Político. La implementación del Juicio Político y sus efectos no son sujetas de control jurisdiccional y el decreto que al efecto se emita no requiere sanción del Poder Ejecutivo. El Juicio Político consta de dos (2) etapas, la Etapa investigativa que durará lo que el Pleno del Congreso Nacional determine y la Etapa de discusión y votación,   que durará hasta cinco (5) días, contados desde la presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial.

Artículo 3.-    Una vez ratificada la reforma constitucional, el Congreso Nacional en un término de noventa (90) días debe aprobar por dos tercios de los miembros de la cámara una Ley especial que regulará  el procedimiento y alcances del juicio político.

Artículo 4.-    El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Opiniones
1.- “Si hubiésemos tenido esto, habríamos evitado muchos problemas, esperemos formar una sociedad en la que podamos entendernos y que las distancias que hemos tenido vayan bajando”: Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional.

2.- “Me da un poco de miedo aplicar este juicio, porque vivimos en un país donde hay heridas abiertas y mucho rencor. Espero que esto no se convierta en un arma que sirva para chantajear, sino para los que se están aprovechando del poder para cometer actos de corrupción”: Carlos Martínez, diputado liberal por Cortés.

3.-  “Es una herramienta que los Estados tienen para castigar a los funcionarios por el mal manejo en el desempeño de sus funciones y por traición a la patria en algunos casos. Este es un mecanismo que ha sido empleado históricamente y ha tenido buenos efectos”: Oswaldo Ramos Soto, diputado nacionalista.

4.- “Respaldo la reforma porque es una necesidad y puede servir para controlar los excesos de los que ejercen la función pública sin considerar los efectos de sus abusos contrarios a la ley”: Augusto Cruz Asensio, diputado democristiano.

5.- “Es un documento histórico y estamos recuperando una figura muy importante para los que se exceden en el uso del poder. Sí me hubiera gustado que los juzgadores no hubiese sido el Congreso, sino un tribunal constitucional”: Marvin Ponce, vicepresidente, diputado de Unificación Democrática.

Ruta del Juicio
1.- En la primera etapa será la investigativa que durará lo que el pleno del Congreso Nacional determine.
2.- La discusión y votación, que durará hasta cinco días, contados desde la presentación del informe al pleno por parte de la Comisión Especial.

Importante:
1.- Una vez ratificada la reforma constitucional, el Congreso Nacional, en un término de noventa  días, deberá aprobar por dos tercios de los miembros de la cámara una ley especial que regulará  el procedimiento y alcances del juicio político.
2.- El punto de partida del juicio será una denuncia abierta.


América Latina en la transición neoliberal. Nuevos paradigmas del desarrollo




Por José Luis Magaña Rivera

Ante un sistema capitalista en una fase de profunda inestabilidad, que ha llevado cointegradamente a una crisis de la reproducción de la vida misma (crisis alimentarias, ecológicas, energéticas y de otras aristas), se vuelve necesario analizar la dirección que van tomando las estrategias de desarrollo, especialmente en la región latinoamericana.

América Latina, con bienes naturales abundantes, se ha caracterizado por ser la mayor abastecedora de materias primas mundiales desde sus primeros contactos con las civilizaciones transcontinentales. De tal manera, que las economías latinoamericanas desde su origen estuvieron fundamentadas en la extracción de los bienes proporcionados desde la naturaleza, productos agropecuarios y mineros, para exportarlos al resto del mundo y obtener flujos de ingresos.

Modelos de desarrollo
El proceso de fortalecimiento del modelo minero y agroexportador, fue parte de las condiciones que permitieron el desarrollo del capitalismo mundial, desde su fase primigenia en el orden de la acumulación originaria, entre los siglos XVII y XVIII cuando cae en una debacle el paradigma mercantilista, manteniéndose el modelo agroexportador aún luego de la crisis de finales del siglo XIX, fruto de una caída general de la tasa de ganancia, la primera guerra mundial y la gran depresión de 1929.

Como señalan Duménil y Lévy (2011), es precisamente la Gran Depresión que lleva a reconfigurar el orden social mundial, dado que fue una crisis, no solo de los mecanismos del capitalismo, sino una crisis de un primer tipo de hegemonía financiera, es decir, de las clases superiores capitalistas y sus instituciones financieras. El reacomodo de la nueva configuración de poderes en el orden social, comienza a definirse en la década de 1950, cuando se establece una alianza del poder en las clases de cuadros ejecutivos -que toman protagonismo frente a los sectores capitalistas en el poder político- con las clases populares, construyendo así las bases del Estado de Bienestar en los países del centro, fundamentado en políticas basadas en el desarrollo teórico keynesiano.

Este periodo de transformaciones sociales de la segunda mitad del siglo XX llega a América Latina, donde también se comienzan a realizar aportes teóricos propios desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo que llevó a los países latinoamericanos a implementar una política económica fundamentada en el desarrollismo, promoviendo así la industria. Sin embargo, el carácter agrominero de la economía no desaparece, sino que se pone en función del desarrollo de una incipiente industria que necesitaba de fuertes inputs de materia prima, de manera que se mantenía una estrategia fundamentada en el extractivismo de los bienes naturales.

A partir de la crisis de la década de 1970 las configuraciones de poder en el orden social vuelven a cambiar, en los países del centro la dirección la vuelven a tomar los sectores capitalistas, conformando una segunda hegemonía financiera de las clases capitalistas con las políticas neoliberales y el Consenso de Washington para América Latina.

Este periodo está caracterizado por las desregulaciones de diversos ámbitos de la economía -tasa de interés, precios, comercio internacional, flujos de capitales- y el abandono del aparato estatal en las intervenciones que tenía a partir de la estrategia desarrollista implementada anteriormente, a través de las privatizaciones de empresas estratégicas de una fuerte dinámica y de servicio público. Cabe destacar que estas políticas económicas mantienen su sustento en la extracción de productos de la naturaleza, ahora generalmente dirigidos por capital extranjero.

La tendencia del modelo neoliberal es la de ir mundializando la valorización del capital, a través de la mundialización del capital mismo. Así, surge en este contexto el auge de las empresas multinacionales y la amplia participación de las empresas en lo referente al desarrollo, dado que en los sectores empobrecidos, existe un potencial nicho de consumidores.
Como se ha explicado anteriormente, la configuración de poder en el orden neoliberal, está ampliamente controlada por los altos sectores capitalistas, no sólo en la dinámica propiamente económica, sino en el poder político, mediático, intelectual y en cierta medida, social. Por tanto, las políticas públicas enfocadas al desarrollo de los pueblos han estado siendo asociadas con el desarrollo de las empresas, como referentes de los procesos que se deben emular para alcanzar los objetivos del desarrollo.

Una vez demostrado el hecho de que las políticas neoliberales tienen un límite y que no son capaces de hacer llegar los beneficios del desarrollo a todos los sectores, concentrando y centralizando la acumulación de capital, se entra en una segunda crisis de la hegemonía financiera, donde una vez más, los cuadros ejecutivos cobran protagonismo en la dirección de la política pública y se comienza a conformar una nueva configuración de poder, y es esta transición en la que América Latina debe definir el rumbo que tomará en cuanto al desarrollo.

Un nuevo orden social en América Latina
En los países latinoamericanos, la transición hacia un nuevo orden social se ha visto marcado por dos grandes tendencias. En primer lugar, países donde si bien no son los sectores capitalistas directamente los que ejercen la política pública, los responsables de ella están estrechamente vinculados a estos sectores, conformando una alianza de poder entre estas clases y promoviendo desde el aparato estatal la dinámica de acumulación privada, creando un modelo de desarrollo dirigido por el capital transnacional. En relación a esta primera tendencia, se puede decir que existe una fuerte presión de las empresas, en especial las transnacionales, bajo figuras de alianzas público-privadas, de destinar esfuerzos a grupos que se desarrollan fuera de la órbita de acumulación capitalista, de manera que la dinámica de las políticas hacia el desarrollo permiten que estas empresas puedan aumentar los niveles de expoliación hacia estos sectores, contrarrestando contracciones tendenciales de la tasa de ganancia.

Además, en el funcionamiento de los programas de promoción al desarrollo patrocinado por el capital transnacional, se hace referencia a la búsqueda por parte de los gobiernos y de las empresas de ir transformando de la subsunción indirecta a los sujetos económicos identificados como sectores no desarrollados, a relaciones capitalistas de subsunción directa, ampliando de manera inmediata la órbita de acumulación de capital. Lo anterior, se puede ver reflejado en el constante interés de que comunidades campesinas o sectores populares en la informalidad se vuelvan agentes de mercado, para que sean potenciales consumidores con capacidad efectiva de compra, mientras que la pequeña producción que estos grupos realizan queda controlada por las condiciones de mercado establecidas por las multinacionales.

En este sentido, países como El Salvador promueven como solución a las precarias condiciones de comunidades campesinas, la creación de pequeñas empresas que compitan en el mercado, dado que identifican como causa del problema de la exclusión, y la pauperización, la incapacidad de estos sectores de acoplarse a las condiciones de los mercados, lo que invisibiliza que son las empresas multinacionales, como sujeto principal del orden económico mundial neoliberal, quienes controlan dichas condiciones. Lo anterior se manifiesta en el Plan de Desarrollo Quinquenal donde se menciona como ejes de acción “facilitar a productores y a empresarios acceso a capital de inversión, a conocimientos, tecnología, y contribuir a que mejoren su capacidad de gestión para que se integren en forma competitiva a los mercados (…) Se propone además identificar productos emblemáticos en la historia de las economías locales, con el propósito de hacerlos competitivos tanto en el mercado nacional como internacional” (GOES, 2010: 93-94).

La segunda corriente en cuanto al abordaje del desarrollo en América Latina es la de países donde el poder político está bajo un compromiso más cercano con las clases populares -lo que no excluye su subsunción al capital- y la apuesta estratégica está en la recuperación de su soberanía en la conformación de una política pública y en especial a la positivización de las ideas del desarrollo más vinculadas a una economía popular.

Sin embargo, a pesar del hecho de que los aparatos estatales se vinculen más a una visión de desarrollo alternativa, la mundialización del capital lograda a partir de las políticas neoliberales no permiten que un proyecto político diferente tome su propia definición de manera autónoma. Pero aún, de manea endógena, las nuevas propuestas de parte de este grupo de países siguen estando fundamentadas en los flujos que permiten obtener la explotación de la naturaleza, en especial de recursos minerales a través del intercambio en el mercado mundial. Ecuador presenta como promedio, en el periodo 2000-2010, una renta de los recursos naturales [1] equivalente al 21.2% del PIB, Bolivia del 22.4% y Venezuela del 32.2%, es pues un modelo fundamentado en el consumo de los bienes naturales, lo que mantiene el carácter depredador de recursos y dependiente de la dinámica del resto del mundo.

Así, las propuestas de desarrollo llevadas a cabo en la región latinoamericana no son capaces de ser sustentables bajo los actuales esquemas. Por un lado, el financiamiento al desarrollo proviene de las órbitas del capital transnacional, que buscan promover su expansión, lo que generará la dinámica propia del capitalismo, concentración y centralización del capital en pocas manos y amplios sectores excluidos y empobrecidos, con un conjunto de políticas definidas desde afuera, restando la legítima soberanía autónoma de los pueblos. Mientras la otra propuesta de desarrollo, aún más cercana a los pueblos, se mantiene fundamentada en una estrategia ambientalmente insostenible y dependiente.

De aquí que el papel que tomen países con economías más estables en la región va a ir definiendo las dinámicas del desarrollo a las que pueden ir sumando esfuerzos los países latinoamericanos, en la medida que el apoyo que estos países pueden brindar para fortalecer el tejido social y productivo mediante visiones alternativas o bajo la estrategia del capital y las alianzas público-privados, la apuesta de los países modelo en América Latina tendrán predominancia en las políticas públicas de los otros países.

La Sociedad Solidaria: un paradigma alternativo
Ante la situación actual, hay que tener en cuenta que es necesario recurrir a un paradigma alternativo, crear las condiciones suficientes para alcanzar el adecuado despliegue de las potencialidades humanas, mediante encadenamientos en el proceso de producción, distribución de recursos, circulación de mercancías y consumo, vinculados a relaciones de solidaridad, mediante la organización social, bajo procesos que aseguren la preservación de la naturaleza.

La construcción de un nuevo orden social debe partir de un modelo alternativo, fundamentado en la solidaridad y la organización que de dicha solidaridad nace en los sectores populares. Más que una propuesta de reformas bajo una ola neodesarrollista e institucionalista, es necesario plantearse como un proceso de transformación que permita ir sentando las bases de una nueva sociedad, antítesis de la sociedad capitalista depredadora y excluyente, una Sociedad Solidaria.

Este proceso de transformación debe comenzar desde las estructuras que originan las causas de la continua pauperización social y ambiental, el sistema capitalista, a lo cual surge la Economía Solidaria que, como contraposición de la economía capitalista, parte desde abajo y busca asegurar las condiciones de una vida digna de los pueblos, “por tal razón su racionalidad económica está fundamentada en la reproducción de la vida, ya se trate de la vida humana, animal o vegetal, y en tal sentido, no promueve el consumismo, sino la austeridad, no busca el crecimiento económico como el fin de la actividad económica, en todo caso sería un medio, de carácter temporal en los países del submundo, pero que en los desarrollados debería de ser el decrecimiento. Comprende que para sobrevivir como especie tenemos que preservar la naturaleza y ello, no es compatible con el crecimiento sin límites del capitalismo o con cualquiera otra sociedad urbana agroindustrial” (Montoya, 2011a).

Un nuevo paradigma, la Economía Solidaria, como explica Aquiles Montoya (2011b) debe tener como elementos constitutivos la asociatividad entre personas y comunidades a nivel horizontal y vertical; la autogestión de las trabajadoras y trabajadores organizados sobre las decisiones de las iniciativas económicas solidarias; la solidaridad en la producción, distribución, circulación y consumo, tanto con los pueblos como con la naturaleza; la propiedad no capitalista de los medios de producción, fundamentada en el trabajo y la justicia; y una racionalidad que busque la reproducción material y espiritual de las personas.

Este proceso debe comenzar desde las bases de la sociedad, desde el trabajo, de las trabajadoras y los trabajadores mismos, porque en la medida que “las personas van transformando las condiciones de su existencia social, se van transformando a sí mismas” (Montoya, 2012). Sustituir la racionalidad de la acumulación capitalista, por una racionalidad sustentable, basada en la solidaridad se ha vuelto, más que en una virtud, una necesidad para asegurar la sobrevivencia humana. Se trata pues, de vínculos de cooperación solidaria, sin hegemonías en la sociedad, esto es, sin grupos privilegiados de poder, tanto de manera política, económica, de género o del control de los bienes naturales.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

* José Luis Magaña Rivera pertenece a la Asociación de Estudiantes de Economía de la Universidad Centroamericana en El Salvador.
El presente artículo fue el ensayo final del curso online Repensar el desarrollo: Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales impulsado por OMAL y que se desarrolló del 16 de abril al 11 de mayo de 2012 para alumnado de Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Colombia.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referencias bibliográficas utilizadas:
 Anthony Bebbington, “Nuevas políticas extractivas en América Latina: La paradoja de la riqueza: ¿cómo traducir rentas extractivas en desarrollo territorial” en Fundación Tierra, Bolivia Post-Constituyente: Tierra, territorio y autonomías indígenas, La Paz, Memoria Seminario Internacional, 26-28 octubre de 2009.
 G. Duménil y D. Lévy, “Salida de crisis y nuevo capitalismo” en F. Chesnais, G. Duménil, D. Lévy, e I. Wallerstein, La globalización y sus crisis. Interpretaciones desde la economía crítica (págs. 13-41). Madrid: Viento Sur, Los libros de la catarata, 2002.
 G. Duménil y D. Lévy, The crisis of neoliberalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2011.
 Gobierno de El Salvador, GOES, Plan Quinquenal de Desarrollo. San Salvador, 2010.
 A. Montoya, Economía Crítica. San Salvador, El Salvador: Editores Críticos, 1998.
 A. Montoya, “Lo que es y lo que no es la economía solidaria”, Diario Digital Contrapunto, 2 de diciembre de 2011.
 A. Montoya, Manual de Economía Solidaria, San Salvador: Maestría en Desarrollo Local UCA, 2011.
 A. Montoya, “El Manifiesto Solidario”, Diario Digital Contrapunto, 17 de Enero de 2012.
 P. Ramiro y J. Hernández Zubizarreta, “¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?”, Viento Sur, 2010.
Notas
[1] La renta total de los recursos naturales es la suma de la renta del petróleo, la renta del gas natural, la renta del carbón (duro y blando), la renta mineral y la renta forestal. Datos obtenidos de WDI del Banco Mundial

Perlas informativas de diciembre 2012



Internacional

Libertad de controlar
Así expone El País el 5 de diciembre el hecho de que una empresa controle la producción de todo el papel periódico de una nación cuando esta empresa -el grupo Clarín- es amiga suya: "la libertad de controlar la producción de papel periódico". Si fuesen amigos de Franco escribirían sobre su “la libertad de encarcelar y fusilar a los izquierdistas”.

Google y la ONU
A las siguientes palabras se limita una noticia de RNE Radio 5, día 5 de diciembre: “Google pida a los usuarios que reclamen que la web sea libre y abierta. Ha puesto en marcha una iniciativa para denunciar que Naciones Unidas quiere determinar el futuro de internet”. Nos quedamos sin saber en qué consiste la iniciativa de la ONU y en que le molesta a Google. Eso sí, queda claro que la multinacional estadounidense es la que defiende la web libre y abierta y que el organismo internacional, en cuya asamblea todos los gobiernos tienen voz y voto, quiere hacer algo tan malvado como “determinar el futuro de internet”. ¿Y quién debería determinar ese futuro? ¿Google?

Fin del mundo
Algunas encuestas ayudan a conocer el nivel de información y creencias de la ciudadanía y así comprender muchas cosas. Por ejemplo, una información de Efe del 5 de diciembre señala que, según una encuesta de la empresa francesa de sondeos Ipsos, el 12 % de los estadounidenses cree verdadera la predicción de los mayas que fija el fin de los días para el próximo 21 de diciembre, por un 20 % de los chinos, un 13 % de los mejicanos, otro 12 % de los argentinos y un 10 % de los españoles.

Desde Miami
Así es el periodismo español. El País informando el 9 de diciembre como principal noticia del día, la designación de sucesor de Chávez... desde Miami. 

Niños muertos fuera de EEUU
Intensa ha sido la cobertura informativa de los niños muertos en Estados Unidos en la masacre de Connecticut. En cambio, mucho menos espacio tienen otros niños que también mueren por armas estdounidenses. En concreto diez niñas afganas por la explosión de una mina colocada en los ochenta por los talibanes aliados de Estados Unidos en su lucha contra la presencia soviética en Afganistán ( La Vanguardia, 17-12-2012 ). 

Sin millonarios no hay nada
El Ideal de Granada hace suya el 16 de diciembre la expresión del diario francés Le Parisien con motivo del anuncio del actor Gérard Depardieu de establece su residencia en Belgica: "El último millonario que abandonará Francia apagará la luz". ¿Cómo que apagará la luz? ¿ya no queda nada ni nadie en un país cuando se van los millonarios? Quizás se queden todos los que con su trabajo les han hecho millonarios. 

En España las quitan en Brasil las dan
Esta es otra de esas informaciones silenciadas. Mientras en España, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , se han realizado c erca de 400.000 ejecuciones hipotecarias (desahucios) desde 2007 hasta el primer semestre de 2012, el periódico venezolano Correo del Orinoco el 10 de diciembre informa que el gobierno de Brasil “ha entregado un millón de viviendas y entregará otro millón el año que viene”. 

Mitad analfabetos
Un reportaje de El País del 30 de diciembre recoge el declive de la ciudad de Detroit, que ha dejado de ser un centro industrial automovilístico y su número de habitantes no deja de disminuir. Entre algunas estadísticas inquietantes destaca la de un 47% de la ciudadanía que es analfabeta. Sirva como ejemplo que, según la ONU, el porcentaje mundial es del 15%. Hace falta irse a algunos países África para encontrar una cifra así de alta. Y a Detroit. 

España
Ajustado a los hechos
Banquero recibe un correo exigiéndole 25.000 euros por silenciar un asunto negativo para él. Avisa a la Guardia Civil. Los agentes encuentran a diputado del PP recogiendo el dinero. Titular de ABC (10-12-2012): “ Tienden una trampa al diputado Santiago Cervera para involucrarlo en un caso de extorsión ”. O sea, un periodismo que se ciñe a los hechos. 

Riqueza para mucha gente
Un programa de economía de RNE Radio 5, habla el 12 de diciembre de la empresa multinacional Inditex (Zara). Tras detallar cifras de beneficios y crecimiento, concluye el presentador que "realmente Inditex está generando riqueza". Y añade: "Para mucha gente". Bueno, para no tanta gente, para sus dueños, la familia Ortega que se embolsó un beneficio de 1.655 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal. Y si alguien piensa que Inditex está creando riqueza para los trabajadores, habría que responderles que es al contrario. Son los trabajadores los que están creando riqueza para Inditex. 

Solo si no gobierno
Lo leímos el 12 de diciembre en eldiario.es . Llegaba entonces para debatir en el congreso una iniciativa popular contra la reforma laboral de Zapatero, que se aplicó en 2010 y que ya no está en vigor, ahora está la de Rajoy. Por si no fuese esto ya suficientemente absurdo, va el PSOE y apoya que se tenga en cuenta la iniciativa. De modo que los socialistas apoyan leyes impopulares cuando son gobierno y las iniciativas contra esas leyes cuando han dejado de gobernar. Unos fenómenos.

Si fuese en Venezuela
Un día normal de diciembre, como el 17, pudieron coincidir medio centenar de manifestaciones contra las medidas de austeridad del gobierno español. Así lo leímos en el portal de Rusia Today . Si esa misma movilización social hubiera sido en Venezuela o en Cuba, seguro que lo encontrábamos en muchos más medios.

Despido fácil menos para mí
Lo leímos en Expansión el 17 de diciembre . Los presidentes y consejeros delegados de las principales compañías españolas que cotizan en el Ibex, señores que no paran de exigir que se abarate el despido para mejorar la rentabilidad de la economía, recibirían como mínimo en conjunto más de 150 millones de euros en forma de blindaje en caso de que les destituyan.

Plaga Real
Leo en Público el 18 de diciembre que “ Baleares destina 41.000 euros al 'control de plagas' del palacio de verano del rey” . Es verdad, hay que hacer algo, son ya 8 nietos, , aunque la revolución francesa lo resolvió de una forma más barata.

Perla publicitaria
Por si alguien tuviera alguna debilidad solidaria y desinteresada, el anuncio de bombones de Nestlé intentará rectificárselo: "Con Caja Roja recibes más de lo que das". Ni regalando una caja de bombones debe caer en la tentación de la generosidad.



* Pascual Serrano es periodista. Su último libro es "Periodismo canalla. Los medios contra la información". Icaria Editorial

miércoles, 30 de enero de 2013

Posicionamiento de LibRe sobre situación actual de Honduras




El Partido Libertad y Refundación LibRe, ante la arremetida de las élites dominantes a través del bipartidismo servil que sacrifica al Estado hondureño, favoreciendo condiciones de crisis máxima, para permitir  una intervención extranjera a nuestra nación, desea expresar su posición en los términos siguientes:

1.- Los candidatos del bipartidismo Hernández y Villeda, conocidos socios del Golpe de Estado Militar y servidores de la oligarquía que controla el país desde hace varias décadas, han aprobado en el Congreso Nacional una serie de leyes dirigidas a profundizar el modelo de explotación neoliberal y liquidar toda posibilidad de independencia del Estado de Honduras.

2.- Rechazamos la Ley de Regímenes de Empleo y Desarrollo, que trae de nuevo al escenario las conocidas “Ciudades Modelo” impuestas como parte de un plan avieso para desarticular la nación. Exigimos al bipartidismo que dé marcha atrás con esta monstruosidad jurídica y apátrida, y desde ya les hacemos responsable de las consecuencias de su actitud irresponsable y corrupta que se deja arrastrar por las regalías del capital trasnacional. Al mismo tiempo, exigimos detener el ante proyecto de Ley Minera y todas las leyes que afectan sectores sociales ( magisterio,  trabajadores, campesinos)  y respetar el principio de soberanía popular ahora violada y suplantada por el congreso de diputados .

3.- Consideramos que el Juicio Político es un instrumento positivo para cualquier democracia, pero rechazamos categóricamente la manipulación que pueda hacerse del mismo para llevar a extremos incontrolables la inestabilidad existente en el país ya que el congreso no tiene facultades para derrocar Presidentes.

4.- Condenamos la violencia y el desastre económico en que se encuentra sumida nuestra nación.  Rechazamos el alto costo de la vida y  la manipulación de cifras del presupuesto aprobado por el congreso de diputados  que junto al  FMI nos impone la devaluación de la moneda y  el criminal endeudamiento interno con la banca privada que ya han dejado sin pago  sin comida ni medicinas ni luz eléctrica  a decenas de miles de hondureños y hondureñas.

5.- Pedimos a los 600 Mil militantes de LibRe que atiendan los llamados para las movilizaciones de los sectores sociales y el FNRP,  que esta lucha pregona la unidad que tenemos que derrotar en toda la linea a esta trágica dictadura golpista del bipartidismo y sus aliados.
¡Por el Socialismo Democrático, por las lucha de los trabajadores y trabajadoras!
¡Resistimos  y venceremos!  
Xiomara Castro candidata de LibRe
José Manuel Zelaya Rosales y Juan Barahona 
Coordinación General del FNRP

Con represión celebra la Policía Nacional el Día de la Mujer Hondureña



Red Morazánica de Información

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, un grupo de organizaciones feministas y de mujeres convocaron a una manifestación pacífica con el fin de denunciar la continua violencia de género y el alto número de femicidios que se comenten en el centromamericano país.

Atendiendo este llamado un grupo de ciudadanas se congregaron desde tempranas horas en los predios de la Corte Suprema de Justicia con el fin de exigir agilidad en los casos de violencia contra la mujer, acto seguido se desplazaron hacia el centro de la ciudad donde pretendían exigir al Congreso Nacional que se apruebe una propuesta de ley entregada desde noviembre pasado, mediante la cual se tipifica y penaliza el delito de femicidio, así mismo demandar la derogación del decreto que prohibe la venta y distribución de las píldoras anticonceptivas de emergencia, entre otras exigencias.

Según denunciaron las participantes, cuando se aprestaban a llegar al Congreso Nacional un cerco policial y militar les impidió el paso, ante lo que las mujeres exigieron su derecho a la libre circulación y a expresar sus ideas y demandas.
La situación se subió de tono cuando los cuerpos represores arremetieron desmedidamente con sus toletes y escudos, sin importar que entre las manifestantes se encontraban ancianas, mujeres embarazadas y menores de edad. Como resultado de la represión algunas de las mujeres terminaron con golpes y moretones en sus cuerpos.

Más de 500 mujeres hondureñas fueron asesinadas en 2012



El Libertador

El Centro de Derechos de la Mujer (CDM), presentó un estudio denominado “Mapa de la Violencia contra las Mujeres, que es una herramienta estadística y marca una tendencia de la violencia que ataca a las féminas.

La analista del Observatorio de Derechos Humanos del CDM, Nesa Medina, mencionó que en un año (2012), fueron asesinadas más de 500 mujeres y es posible que esa cifra se incremente en un 20 por ciento, es decir que el número de hembras asesinadas llegaría 520, cuando se compruebe con las cifras oficiales que se recabaran en los próximos meses.

Otro dato alarmante para las defensoras de las mujeres es que la mitad de las noticias que publican los medios escritos del país son homicidios y el otro porcentaje es violencia sexual.

Medina reveló que la mayoría de crímenes contra las mujeres ocurre en la casa, pero que también existen áreas donde los asesinos van a dejar los cuerpos sin vida de las mujeres, por ejemplo: la salida al norte, en las cercanías de la represa Los Laureles, la salida a Olancho y zonas aledañas entre otras.

Las autoridades del CDM vislumbran para este 2013 que la situación de la mujer no cambiará, mientras tanto los índices de impunidad continúan, el desprecio a la vida y si la sociedad esta armada.

Se informó que de 2005 a 2011 se incrementó en un 300 por ciento la muerte violenta de mujeres en el país.

Este mapa geo referenciado arrojó que las muertes violentas de mujeres en su mayoría se registran en Tegucigalpa y el corredor que comprende El Progreso, Choloma y San Pedro Sula. 

La Resistencia Popular se hizo sentir en todo Honduras




Honduras amanece con una nueva dictadura de las instituciones de facto surgidas desde el golpe de estado de 2009 en el que fuera defenestrado más que un Presidente, sino también una incipiente democracia. La figura del Juicio Político, con el que fuera juzgado ilegítimamente el Presidente Lugo de Paraguay, aparece en escena el año en que la candidata Xiomara Castro de Zelaya es favorita en las encuestas para ganar la Presidencia de la República.

Una vez más, haciendo uso de su mayoría absoluta en el Congreso Nacional, el candidato por el partido en el gobierno y actual presidente de ese poder del estado, Juan Orlando Hernández, aprueba a altas horas de la noche un decreto que posibilita al próximo Congreso Nacional juzgar sin juicio a la Presidenta de la República, tal como lo hiciera la oligarquía paraguaya el año recién pasado.

Las organizaciones populares y los sectores de la izquierda organizada representados en el Frente Nacional de Resistencia Popular, han manifestado que esa medida solo refleja la necesidad de controlar las instituciones del estado frente a la inminente pérdida de la hegemonía de la conciencia del pueblo, por lo que se vuelve necesario para la oligarquía controlar por encima de la norma democrática o la ley, el poder del estado.

"Es grave la situación política y económica del país, cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, reflejan que solo el 2012 Honduras aumentó más del 4% la pobreza, acumulando con esto 8% desde el golpe de estado, esta situación no mejorará el 2013, poniendo en evidencia para el pueblo el peligro de la continuidad del Partido Nacional en el poder" cometó Gilberto Ríos, dirigente del FNRP.

"Nos hemos comunicado con la dirigencia del FNRP en todo el país y están listas las movilizaciones en repudio a las constantes medidas antipopulares del gobierno Lobo - Hernández y la moral está alta ya que a la manifestación se sumará toda la membrecía del Partido Libertad y Refundación, demostrando con esto que la organización popular ha crecido enormemente a pesar de la crisis" puntualizó Ríos.

Empleados públicos, estudiantes, amas de casa, maestros, obreros, campesinos, comerciantes, empresarios honestos, hombres y mujeres que han sufrido la crisis del peor gobierno de los últimos treinta años, se convocaron el jueves 24 de enero para hacer saber su descontento al gobierno.

Gerardo Torres Zelaya, exponiendo sobre Socialismo Democrático


La primera emancipación




El martes 1 de enero la República de Haití conmemoró un aniversario más de su independencia de Francia, bajo la sombra de seguir siendo el país más pobre de América, y seguir siendo afectado por las secuelas del terremoto de 2011 y la epidemia de cólera que se ha propagado durante los últimos dos años.

Haití proclamó su independencia el 1 de enero de 1804, convirtiéndose en la primera nación latinoamericana en hacerlo, luego de un proceso revolucionario de carácter abolicionista que comenzó en 1791 y desembocó en una prolongada lucha armada contra Francia, su potencia colonizadora desde finales del siglo XVII.

Esta nación caribeña no ha logrado recuperarse de los 200 mil muertos que dejó el fuerte sismo en el 2011 y los miles de damnificados que aún continúan viviendo en refugios "temporales" que fueron habilitados tras la emergencia nacional.

De igual forma ese país no ha logrado superar la epidemia del cólera que ha dejado más de siete mil fallecidos y miles de afectados.

En junio de 2012, la Organización Internacional de la Migración (OIM) reveló que el número de refugiados ha disminuido, lamentablemente, debido a una combinación de "desalojos forzosos, partidas voluntarias y subsidios para rentar".

Gobiernos latinoamericanos han destacado los esfuerzos del presidente Michel Martelly por mejorar las condiciones del pueblo haitiano, sin embargo lamentan que el proceso de recuperación sea lento y se vea reflejado en la continua migración hacia otras naciones.

Recientemente, Martelly realizó un llamado a la comunidad internacional para trabajar en conjunto y en miras de resolver los problemas "serios y profundos" en el Caribe, como los relacionados con el medio ambiente, la agricultura y la inseguridad alimentaria.

Por su parte, el primer ministro, Laurent Lamothe, ha manifestado su intención de luchar contra la corrupción, la pobreza extrema y un índice de desempleo que supera el 52 por ciento de la población activa.

Para ello, Lamothe aseguró que requiere el apoyo de la comunidad internacional para poder aumentar los ingresos nacionales y así subvencionar programas como el de la nueva ley de energía –cuyo objetivo es suministrar electricidad a todas las casas del país– o el programa de vacunación infantil.

¿Seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos?



Por Pedro Brieger

Las acciones llevadas adelante por la Casa Blanca en la última década, desmienten el supuesto "desinterés" del Imperio hacia una región que sigue siendo una preocupación para la política exterior estadounidense.

Después del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001 numerosos analistas sostenían que Estados Unidos había relegado América Latina a un segundo plano.

Supuestamente esto se debía a que la “guerra contra el terror” enunciada por el presidente George Bush (h) centraba todos los focos en Afganistán e Irak. Algunos incluso aseguraron que América Latina se había convertido en irrelevante para los proyectos norteamericanos.

Si uno se guiara por los dichos públicos de los principales funcionarios norteamericanos y los debates entre los candidatos presidenciales en todos los procesos electorales desde 2001 hasta la fecha uno podría llegar a la conclusión que -efectivamente- América Latina ocupa un lugar secundario e irrelevante en la política exterior de la Casa Blanca. Mas no es así. Lo demuestra día a día el gobierno de los Estados Unidos aunque algunas de sus acciones no tengan gran alcance mediático.

A la vista están la continuación del bloqueo a Cuba, la red de bases militares en Sudamérica, el Plan Colombia, el fracasado proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el apoyo al golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, la intervención militar en Haití en 2004 para derrocar a Jean Bertrand Aristide, entre tantas otras actividades que incluyó la participación abierta del embajador Paul Trivelli en Nicaragua para unir a la oposición e intentar evitar el triunfo electoral de Daniel Ortega. Ya esta serie de hechos alcanzarían para demostrar que la Casa Blanca no sólo que no considera “irrelevante” a América Latina, sino que es una región vital a sus intereses y su esfera de influencia natural.

Es tan importante la región que a comienzos de 2012 el Congreso de los Estados Unidos aprobó un acta denominada “Contrarrestando a Irán en el Hemisferio Occidental”. Allí se puede leer que Estados Unidos tiene “intereses políticos, económicos y de seguridad vitales en el Hemisferio Occidental (todo el continente americano). Sin aportar pruebas y en base a múltiples aseveraciones vagas se afirma que la República Islámica de Irán está perpetrando operaciones vinculadas al tráfico de drogas, armas y de personas, lavado de dinero, falsificación de documentos, pirateando software y música. 

Además se la acusa de brindar apoyo logístico en el continente a todo tipo de organizaciones terroristas (como la palestina Hamás y el Hezbolá libanés) y a narcotraficantes como Los Zetas mexicanos. Por otra parte, se la vincula a los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA en la Argentina. Leyendo el documento uno podría llegar a la conclusión que las toneladas de cocaína que ingresan a Estados Unidos las transportan iraníes y que casi todos los males de la región recaen sobre sus espaldas.

Una simple lectura del documento permite comprender que Estados Unidos está preocupado porque Teherán estrecha sus vínculos con varios países latinoamericanos para minimizar los efectos de las sanciones internacionales impulsadas por la primera potencia mundial. Algún lector desprevenido puede pensar que esto tiene que ver con los planes nucleares de la República Islámica. Sin embargo, vale la pena recordar que las primeras sanciones contra Irán son del 14 de noviembre de 1979, diez días después de la toma de la embajada norteamericana en Teherán y mucho antes que nacieran Hamas o el Hezbolá, o los iraníes desarrollaran tecnología nuclear. El gran pecado de los iraníes es haber derrocado a la dictadura del Sha Reza Pahlevi -uno de principales aliados de Estados Unidos durante la guerra fría, y fue eso lo que motivó la furia del Departamento de Estado y las multinacionales petroleras que controlaban el negocio del oro negro.

Como se menciona en el documento, la gran preocupación de la Casa Blanca es que Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y otros países latinoamericanos estrechen sus relaciones con Teherán. Para evitarlo el Congreso propone realizar un seguimiento de todo aquello vinculado a Irán en el Hemisferio occidental; desde embajadas, centros religiosos, culturales y de caridad hasta medios de comunicación, empresas, puertos y aeropuertos. En pocas palabras, un minucioso monitoreo de toda la región controlado por el Departamento de Estado. En realidad, no es la República Islámica de Irán lo que más preocupa a los Estados Unidos, sino que esta corriente de gobiernos progresistas de América Latina se consolide como un bloque independiente. Lo de Irán es una nueva excusa, como en otros momentos lo fue la amenaza comunista.

martes, 29 de enero de 2013

Comunicado del FNRP: ¡Condenamos la venta de la Patria!




El Frente Nacional de Resistencia Popular se movilizó el jueves 24 de enero de 2013 en todo el territorio nacional, contra la política neoliberal impulsada por la oligarquía y apoyada por intereses de empresas transnacionales, los mismos que solamente han empobrecido al país en forma acelerada, llevándolo a los altos niveles de concentración de la riqueza socialmente producida en pocas manos, mientras la mayoría de la población de Honduras sufre hambre, enfermedad, violencia, marginación y desempleo.

Condenamos enérgicamente la política económica y social del régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, cabezas del proyecto de venta del futuro del país y la soberanía de la patria, que ha llevado al extremo inconcebible de vender a interesas foráneos el territorio nacional y sus recursos naturales, con el único propósito de acumular capitales en manos de particulares, en clara violación de la Constitución de la República.

Denunciamos el incumplimiento al pago salarial de miles de empleados públicos, sobretodo del Magisterio, dinero que fue usando para hacer campañas políticas de los partidos al servicio de la oligarquía en las pasadas elecciones internas. A la vez que condenamos la política represiva contra los gremios magisteriales, sindicales, organizaciones campesinas y sociales en violación de las garantías civiles elementales.

La Resistencia Popular se manifiesta contra el proyecto oligárquico que ha afectado gravemente las posibilidades de desarrollo del país; el modelo neoliberal hizo que las economías más importantes de Latinoamérica colapsaran, dejando como resultado a millones de seres humanos desamparados ante la dinámica voraz del capitalismo.

No obstante, el avance del Socialismo en el continente ha logrado que millones de seres humanos recobren la dignidad, que solamente produce el trabajo cuando es justamente remunerado de forma directa y en proyectos auténticos e integrales de desarrollo social y humano, negando la lógica cruel de la ganancia y el dinero por encima del bienestar de las mayorías.

Honduras profundiza la antidemocracia y la pobreza desde la implementación de las medidas neoliberales hace más de 20 años y cuando por primera vez un gobierno intentó revertir el proceso de marginación y empobrecimiento, la oligarquía extranjera, dieron un golpe de estado que defenestró al popular Presidente Manuel Zelaya Rosales, retrocediendo dramáticamente en la pobre institucionalidad desarrollada en el país y llenando de desesperanza a la población.

El Frente Nacional no se ha cruzado de brazos desde entonces y para dar batalla en todos los frentes también ha creado al Partido Libertad y Refundación LibRe, que lucha dentro del sistema de Partidos, actualmente dominado por la oligarquía, para revertir el dominio de las 10 familias extranjeras, por el adecentamiento de una verdadera democracia popular, incluyente y participativa que se generará a partir de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

En tal sentido el Frente Nacional demanda en este año 2013 la implementación del Voto Electrónico en los comicios del 24 noviembre, para no ver la repetición del burdo fraude presentado en las internas del bipartidismo de la oligarquía.

Condenamos la incapacidad y la complicidad del gobierno Lobo-Hernández en los altos niveles de violencia y criminalidad en que se encuentra sumergido el país, por sus vínculos cada vez más evidentes con el crimen organizado, el narcotráfico y un sinnúmero de negocios ilícitos con los que reproducen su capital al costo de la sangre del pueblo.

Hacemos un enérgico llamado a todo el pueblo hondureño a organizarse y a fortalecer el Frente Nacional de Resistencia Popular para condenar nacional e internacionalmente, lo crímenes de lesa patria que comente con toda impunidad la oligarquía extranjera que tiene secuestrado el Estado de Honduras en función de sus mezquinos intereses.

Finalmente, hacemos también un llamado internacional a todos los Estados del mundo, a las organizaciones de Derechos Humanos, Organizaciones Sociales y demás Instituciones Internacionales preocupadas por nuestra situación,  a solidarizarse con la lucha de liberación que el pueblo hondureño ha emprendido decididamente y en condiciones tan adversas.

¡Vamos de la Resistencia al Socialismo!

¡El 2013 las calles y las Urnas son del Pueblo!

¡Resistimos y Venceremos!

Frente Nacional de Resistencia Popular

La Movilización Popular: Una respuesta obligada



Movimiento Nueva Democracia

A tres años del gobierno de Lobo Sosa que emergió de las condiciones creadas por el golpe de Estado del 2009, la situación del país es extremadamente crítica y evoluciona en medio de contradicciones con escenarios inciertos.

En estos tres años del gobierno del humanismo cristiano, no solo se han violentado flagrantemente los derechos humanos y hecho escarnio de las garantías ciudadanas y de las libertades democráticas, sino que, además, se han desmantelado las conquistas sociales del pueblo hondureño, dejando el Código del Trabajo, el Decreto 18-2008 y el Estatuto del Docente vaciados de sus contenidos fundamentales, aprobando con tal objetivo leyes de emergencia que les han permitido actuar impunemente.

El gobierno de Lobo Sosa incumplió totalmente sus promesas de resolver los problemas del empleo y la seguridad, pero además ha agudizado la crisis económica, política y social. Parte de esta situación es la crisis fiscal en que se encuentra por la incapacidad de recaudar los fondos necesarios para financiar el presupuesto. El aumento de la burocracia, el paracaidismo, el clientelismo político y la enorme corrupción manifiesta en estos tres años explican el aumento de la deuda interna y externa, el presupuesto sobregirado y la búsqueda desesperada de fondos, caracterizan el actual régimen de Lobo Sosa.

Los resultados del proceso electoral del 27 de noviembre de 2012, en el que participaron los dos partidos oligárquicos, Liberal y Nacional, y el partido LibRe que emerge como una opción de poder alimentada desde las bases del movimiento nacional de resistencia para elegir los candidatos a los cargo de elección popular, si bien reflejan un significativo capital electoral de este último, también pone de manifiesto la potenciación de los dos partidos tradicionales en los cuales ha descansado la dominación oligárquica.

Este proceso electoral, realizado con el marco legal vigente y el mismo tribunal electoral controlado por las fuerzas retardatarias, fue un proceso fraudulento que permitió abultar los resultados para poner en pie el bipartidismo y descalificar las nuevas fuerzas.

Complemento de este fraude fue la defenestración de la Sala de lo Constitucional que ha puesto una vez más de manifiesto la ausencia de un Estado de Derecho. Se argumenta que uno de los propósitos de esta maniobra fue evitar que progresara el recurso de amparo interpuesto por el precandidato presidencial de la corriente Salvemos Honduras y allanar el camino del precandidato de la corriente Azules Unidos, Abogado Orlando Hernández.

Con una Corte dócil vuelven a intentar, y esta vez supuestamente sin obstáculos constitucionales, la aprobación de las Ciudades Modelos, ahora con otro nombre, pero que igualmente significa la entrega del territorio nacional y sus recursos a las transnacionales y sus aliados hondureños. Doce regiones, las mejor dotadas en recursos e infraestructura, se han seleccionado para ser ofertadas al mejor postor, fraccionando el territorio y rompiendo la unidad del Estado nacional al introducir una nueva división territorial, crear jurisdicciones autónomas con iniciativa de Ley que destruye la institucionalidad legislativa por cuanto el Congreso o el Ejecutivo no resuelven en un tiempo definido los asuntos de interés para estas regiones, los mismos puedan automáticamente declararse aprobados.

En medio de esta crisis es evidente que se está produciendo una concentración del poder en manos de quien ostenta la candidatura oficialista del partido nacional quien desde un Congreso bajo su control, es el responsable principal de la aprobación de leyes nocivas para el pueblo hondureño y para la nación amenazada de un proceso de recolonización por parte del capital transnacional.

Hacer fracasar estas políticas pasa por la derrota de esa candidatura que no solo daría continuidad al desgobierno de Lobo Sosa sino que, además, consolidaría y fortalecería el modelo neoliberal, el proceso de militarización de la sociedad y el Estado, la hegemonía oligárquica y el empeoramiento de las condiciones de vida de la población.

Esta movilización del Frente Nacional de Resistencia Popular debe ser el punto de partida para poner en pie de lucha, esta instancia en la que se articulan las diversas fuerzas sociales y políticas del país obligadas a dar respuesta a la ofensiva neoliberal contra los intereses de la nación y las conquistas de nuestro pueblo.

Los motivos para retomar la calle sobran, dado la crisis actual que agobia al pueblo hondureño, pero prioridad especial de nuestra lucha, en este momento, lo constituye el poner un dique de contención a la entrega del país a través de la aprobación de la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo que atenta contra la soberanía nacional, la existencia de la nación como tal y de Honduras como Estado independiente. Si perdemos la patria perdemos toda opción de cambio refundacional y condición de ciudadanía y por tanto cualquier derecho económico, político, social y cultural conquistado hasta la fecha.
Dirección Nacional del Movimiento Nueva Democracia