viernes, 30 de junio de 2017

Ex rector de la UNAH insta a defender el pensamiento de los jóvenes



Por Sandra Rodríguez

Continúan las acciones de protesta social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y con ello la criminalización contra los y las estudiantes que se manifiestan en contra de las acciones consideradas “arbitrarias” de parte de las autoridades que rectora Julieta Castellanos.

Las tomas de los edificios, se acuerdan según las asociaciones estudiantiles de cada carrera, y hoy al iniciar un paro en la facultad de Nutrición, guardias de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), atacó directamente con gas lacrimógenos en aerosol, a un grupo de jóvenes, quienes fueron dañados en el rostro y los brazos.

Uno de los afectados, detalló que “Nos disponíamos a cerrar el portón que tiene acceso al edificio de ciencias de la salud, primero vino Roger Aguilar (Jefe de la seguridad mixta de la UNAH) y ordenó como a diez ESPA que estuvieran reprimiendo el portón para que se mantuviera abierto y darles ingreso a los policías. En ese momento nos encontrábamos en asamblea, como 200 estudiantes presenciaron lo sucedido, toda la asamblea se movió hacia el portón, unas personas nos dirigimos a cerrarlo y ellos hicieron uso de los que es el gas pimienta, a mí me rociaron el rostro, a otros compañeros todo el cuerpo, los brazos, los ojos”.

Por otro lado, también hay un grupo de alumnos de la facultad de Odontología que permanece en las afueras del edificio exigiendo que se les imparta clases, aunque omitieron su nombre, expresaron que había un acuerdo entre los estudiantes para que haya alternabilidad de tomas, pues más de 800 pacientes esperan por la consulta que allí se les da.

Huelga de hambre hasta la renuncia de las autoridades 

En conferencia de prensa, uno de los líderes estudiantiles expresó que la huelga es por el cese a la criminalización de la protesta estudiantil, que se extingan todos los procesos judiciales y administrativos; desconocemos a las autoridades universitarias Julieta Castellanos, Belinda Flores y Ayax Irías, por lo que exigimos la destitución de dichas personas; la renuncia de inmediato de la decana de Ciencias Químicas y Farmacia, donde ella misma ha dado apertura para que nuestros compañeros y compañeras hayan sido capturadas y encarceladas por espacio de 36 horas.

Además, exigen participación estudiantil en todos los diferentes espacios donde la población estudiantil tenga información y conocimiento que es la Junta de Dirección Universitaria, que es el Consejo Universitario, elecciones estudiantiles transparentes e incluyentes.

Hay una crisis universitaria donde hay un estado de ingobernabilidad que ya se le salió de las manos a Julieta Castellanos, solo hay autoritarismo, represión y criminalización para detenernos en la defensa de nuestros derechos, y estamos dispuesto a defender los derechos universales amparados en leyes y convenios nacionales e internacionales.

Además, solicitan una auditoria a la administración de Química y Farmacia, pues los estudiantes creen que hay compras sobrevaloradas en cuanto a lo que usan en los laboratorios.

Derecho a pensar

El histórico defensor de derechos humanos Juan Almendares Bonilla, hizo un llamado a las organizaciones de defensoras de DDHH que acompañen a los y las estudiantes.

Tenemos un Estado violador de derechos humanos, y la Universidad se convierte en la representación del Estado en materia de educación superior, también violadora de los derechos humanos de los jóvenes.

En este momento la responsabilidad de los intelectual del profesor, no es tanto por su nivel académico que es doctor, licenciado, profesor. Si tenemos un abogado que inventa “la usurpación de aulas” es una aberración jurídica de parte de un abogado irresponsable.

Si la pedagogía que convierte al sujeto o lo ve como inferior es un racismo -inferior al humano- no de color de piel, entonces tenemos el “racismo pedagógico” por lo que el derecho a pensar y tener pensamiento pedagógico crítico es necesario en una Universidad.

“Tenemos una universidad pintada de silencio ante las violaciones de los derechos humanos, ante la intervención militar de este país y ante las violaciones en general”

“nosotros tenemos que defender a los jóvenes, tenemos que defender el pensamiento de los jóvenes, no podemos tener una juventud silenciosa, cómplice con los crímenes que se cometen en este país, por eso estamos defendiendo de cierta manera a la UNAH, porque el Alma Mater de la Universidad son los estudiantes, y cuando un educador no piensa que los jóvenes estudiantes puedan pensar,  eso en realidad no es universidad, y es en lo que estamos en la recuperación histórica del Alma Mater”, concluyó el doctor Almendares Bonilla.

Hace más de un mes, volvieron las judicializaciones contra los y las estudiantes de la UNAH que se participan en protestas sociales, por la criminalización de tres de sus compañeros, ahora egresados, que desde el 2015 fueron llevados a los tribunales de justicia acusados por el delito de usurpación.

Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, fueron sentenciados el pasado 07 de junio por la Sala IV de Juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia; en solidaridad con ellos, fueron capturados 19 estudiantes y un periodista en una protesta el pasado 24 de mayo -previo al juicio-. Posteriormente detenidos siete alumnos y alumnas (uno de San Pedro Sula). Actualmente todos y todas mantienen medidas sustitutivas a la prisión. Los primero tres irán a audiencia de individualización de condena el 27 de julio, y los demás a audiencia inicial a lo largo del próximo mes.

Fuerzas de Seguridad del Estado impiden manifestación pacífica de familiares de privados de libertad



En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el gobierno de Juan Orlando Hernández a través de las fuerzas de seguridad del estado,  impidió que unas 200 personas, entre mujeres, ancianas, niños y niñas, pudieran visitar a sus familiares que se encuentran  privados de libertad, en la cárcel de máxima seguridad denominada El Pozo, ubicada en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.

Los parientes de los reclusos que se desplazaron desde tempranas horas de esta mañana en 7 unidades de transporte, fueron obligados a bajarse de las unidades a la altura de La Ceibita, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.

Cabe señalar que de Ceibita a Ilama, hay unos 44.3 kilómetros. Sería como caminar de Siguatepeque hasta la base militar estadounidense de Palmerola, en el departamento de Comayagua.

Las unidades de transporte partieron de lugares como San Pedro Sula, La Lima, Chamelecón, la colonia Planeta, El Progreso, Tegucigalpa  y habían formado una caravana con destino a Ilama.

Las denuncias expuestas detallan que policías y militares les explicaron que estaba prohibido viajar hacia “El Pozo” y que debían regresar a sus casas. Acto seguido procedieron a decomisar y destruir las pancartas que portaban los familiares donde demandaban mejor trato para sus parientes.

“Nuestros planes eran manifestarnos en cercanías de la cárcel para expresar nuestro apoyo a nuestros parientes que están presos”, manifestó una de las familiares que habló con www.defensoresenlinea.com, a cambio de mantener su nombre en anonimato.

“Lo que hicimos fue caminar, imagínese que las ancianas aguantaron esa gran caminata, caminamos 3 horas, pero no logramos llegar, porque nos ponían enfrente retenes militares”, manifestó la informante, quien tiene a su compañero de hogar cumpliendo una pena de 18 años, por el delito de tentativa de homicidio,  de los cuales ha cumplido 10.

La afectada narró que su esposo fue trasladado del presidio de San Pedro Sula a El Pozo, en octubre del año pasado y que a partir de ahí;  sólo lo ha visto una vez. Añadió que su familiar fue operado el 14 de febrero de este año de la vesícula, y desde entonces no ha estado bien de salud ya que ha perdido varias citas médicas con el especialista.

“Mi esposo de 44 años, está enfermo, padece de los riñones y de la próstata y  ha perdido cantidad de citas médicas en el hospital Mario Catarino Rivas, y lo único que saben decir es que no llegó la seguridad a traerlos y usted sabe que la seguridad abunda”.

Hemos andado en las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras  (CONADEH) y de la Comisión Nacional de Prevención contra las Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (CONAPREV), pero hasta el momento no he visto respuestas, sostuvo la informante.

“Ellos están privados de su libertad, están cumpliendo sus condenas, pero ellos ahí (en El Pozo) están bien desmejorados, no reciben aire puro, ni el sol natural; están pálidos y todos delgados y demacrados que ni parece que fueran ellos, y la comida que les dan es poca, más el calor que hace ahí es exagerado, es demasiado lo que están haciendo con ellos”, sostuvo la entrevistada.

Empezamos a caminar desde las 8:00 de la mañana desde Ceibita y paramos como a  las 11:00 de la mañana, porque una muchacha que venía de Tegucigalpa se nos desmayó, porque estaba recién criando.

“La idea de nosotras era hacer una marcha pacífica, llevábamos camisetas blancas, porque la mayoría de nostras somos celebradoras de la Palabra de Dios;  pero a los militares no les interesó, incluso cuando nos bajaron en Ceibita, al primer bus que detuvieron les quitaron las pancartas, se las rompieron y se reían de las mujeres”.

Sea como sea,  ellos son familia de uno, y usted sabe que Dios no hace excepción de personas, pero a ellos (policías y militares) les vale, ellos no tienen amor por el prójimo, y no nos permitieron llegar hasta allá, apuntó la entrevistada.

Añadió que una serie de requisitos que aprobó el Instituto Nacional Penitenciario respecto de las visitas a los centros de reclusión, han resultado costosos, especialmente para las familias de escasos recursos. “Me parece demasiado exagerado, el trámite de los documentos que hay que sacar para visitar a nuestros parientes”, expresó.

Alrededor de las 2:00 de la tarde las madres, esposas, hermanas, hijas e hijos  tuvieron que regresar a sus lugares de origen.

Campesino volverá ante juez el 5 de julio



Por Sandra Rodríguez

Con medidas sustitutivas a la prisión, juez deja en libertad a presidente del grupo campesino 09 de julio, de Tutule, La Paz, Samuel Edgardo Martínez López, acusado desde el 2010 por usurpación, en perjuicio de Carlos Benjamín Arriaga.
El Ministerio Público (MP) solicitó ante el juez de los Juzgado de Letras de La Paz cuatro medidas contra el presidente de la empresa 9 de julio, la que consisten en presentarse ante un juez; no salir del país; no acercarse al lugar en litigio y prohibición de comunicarse con el ofendido.

karol con detenidoLa abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la justicia del COFADEH, solicitó sólo las dos primeras medidas, y el Juez aplicó las cuatro. Con el cambio del lugar para ir a firmar, a petición de la defensa, en vez de ir al Juzgado de Letras de La Paz, Martínez López lo hará en los Juzgado del municipio de Tutule cada viernes.

Martínez López fue detenido por agentes policiales la mañana del domingo en el centro de Tutule, cuando este se encontraba en un velorio.

“Tus compinches me van atacar”, le dijo el policía que lo detuvo. Seguidamente fue trasladado a la posta de La Paz.

Así lo relató Samuel Edgardo Martínez López, presidente de la empresa campesina 9 de julio, capturado la mañana del domingo,  suponiéndolo responsable del delito de usurpación, desde el 20 de julio del 2010.

La audiencia inicial será el 05 de julio a las 8:30 de la mañana, en el Juzgado de Letras Seccional de La Paz.

Samuel fue dado en libertad con medidas contrarias a la prisión, bajo la representación legal del Cofadeh. La audiencia inicial será el 05 de julio.

Un grupo de compañeros y familiares de Samuel Edgardo Martínez López, lo esperaban afuera del Palacio Judicial de La Paz, donde se celebraba la audiencia de presentación de imputado, tras su captura hace 24 horas, cuando estaba en un funeral, en Tutule, La Paz.

Tortura Nunca Más: Nuestra solidaridad con las y los sobrevivientes



Este 26 de junio el mundo conmemoró el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura día que fue establecido por la Naciones Unidas en 1997.

“Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes”.
“La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia”.

“La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad”.

Por lo anterior, quienes firmamos esta declaración:

1 – Reiteramos que las miles y miles de personas que fueron torturadas por las dictaduras y que continúan siéndolo deben contar con el apoyo de los Estados para su recuperación psicológica y física y deben recibir las medidas de reparación acordes a lo que establece las mismas Naciones Unidas. Una de ellas, es tener “garantías de no repetición”.

2 – Reiteramos que en toda América Latina y también en los Estados Unidos se debe poner fin a la práctica de la tortura que siguen cometiendo agentes del estado y que muchas veces termina en ejecuciones y desaparición forzada de personas.

3 – Reiteramos que se debe poner fin a la impunidad que siguen gozando los agentes del estado que han cometido torturas, ejecuciones y desaparecimiento forzado de personas.

4 – Reiteramos que se debe poner fin al entrenamiento, de policías y militares de América Latina, en la nueva “Escuela de las Américas”, hoy llamada Instituto de Cooperación y Seguridad de Hemisferio Occidental (WHINSEC en inglés): entrenamiento que es dado en los mismos EEUU o por los Equipos Móviles (Mobile Training Team) que van a los propios países, como de otras instituciones militares y policiales estadounidenses, que siguen promoviendo el uso de la violencia y la represión para la defensa de la “seguridad nacional”.

5 – Llamamos a los Estados, incluyendo a los Estados Unidos, a poner fin a la tortura, a la criminalización de la protesta social; fin a la represión que sufren estudiantes, comunidades, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, movimientos de derechos humanos, contra el extractivismo y los megaproyectos; todos quienes luchan legítimamente por la defensa de sus derechos y de la misma naturaleza.

6 – Finalmente, manifestamos nuestra solidaridad con todas las y los sobrevivientes del flagelo de la tortura que hasta el día de hoy luchan por superar las consecuencias traumáticas que representó la tortura en sus vidas.

Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile
Alianza por la Justicia Global, EEUU
Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile
Casa del Caribe, Barahona, Rep. Dominicana
Comisión Ética Contra la Tortura, Chile
Comisión de Observadores DDHH de Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile
Centro de Amigos por la Paz, Costa Rica
Centro de Intercambio y Solidaridad – CIS- El Salvador
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité Oscar Romero  SICSAL Chile
Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile
Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares, Chile
Jubileo Sur/Américas
SERPAJ Argentina
SERPAJ Chile
SERPAJ México
SERPAJ Uruguay
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina – SICSAL
SOAWatch – Costa Rica
SOAWatch – San Francisco
BALASC (Bay Area Latin America Solidarity Coaltion)
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero – M4
Movimiento Generación 80 (G80)
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAWatch
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), México
Alerta Temprana Red: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Zihuame
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Alicia Lira, Presidenta AFEP, Chile
Martin Almada, Premio Nobel Alternativo, Paraguay
María Stella Cáceres, Directora del Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos, Paraguay
Juana Aguilera, presidenta Comisión Ética Contra la Tortura, Chile
Roy Bourgeois, Fundador de  SOAWatch
Ramon Corvalan, SERPAJPY
Marta Almada, SERPAJPY
Vidal Acevedo,SERPAJPY
Cristina Coronel, SERPAJPY
Ana Esther Ceceña, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), México
Ana Avilés, activista SOAWatch, El Salvador
Graciela Rosenblum, presidenta Liga Argentina por los Derechos.del Hombre
Jose Schulman, Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Myriam Parada Avila – Directora Fundación Escuela de Paz Colombia – Colombia
Hervi Lara, Presidente del Directorio del Centro HELMUT FRENZ de Educación en DDHH
Judith Kelly, ex prisionera de conciencia de EEUU
Gustavo Castro Soto, Otros Mundos AC/Chiapas, México
Pablo Ruiz, periodista, sobreviviente de la tortura
Padre Joseph Mulligan, SJ, de las Comunidades Eclesiales de Base de Nicaragua
Sergio Grez Toso, Historiador, académico de la Universidad de Chile. Ex preso político 1975 (Villa Grimaldi, 4 Álamos, 3 Álamos y Puchuncaví)
Cecilia Bottai Monreal, odontóloga, sobreviviente de la tortura, Chile
Patricio Bustos Streeter, médico, sobreviviente de la tortura, Chile
Irene Cambias, integrante de Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo y Red Laical
Julio Yao, Analista Internacional y ex asesor de Política Exterior, Panamá
Maria Ines Urrutia Fischer,  religiosa, Chile
Cecilia González, Comisión Funa, Chile
Luisa Toledo Sepúlveda y Manuel Vergara Meza, Chile
P. Julin Acosta, Rep. Dominicana
Arnaldo Pérez Guerra, Historiador y Periodista, Chile

La Soberanía Reproductiva, una “alternativa” al capitalismo en crisis

Rebelión

Por Enric Llopis

Tras ocho meses de empantanamiento, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona alcanzaron el 15 de junio, en Luxemburgo, un acuerdo para el desembolso a Grecia de 8.500 millones de euros, dentro del sistema de “ayudas” para el rescate del país. Uno de los economistas que clamó desde primera hora contra las propuestas de la Troika y denunció el fracaso del Euro fue Costas Lapavitsas, profesor de la Universidad de Londres SOAS (School of Oriental and African Studies) y autor de libros como “Crisis en la Eurozona” y “Contra la Troika”. En marzo de 2017 Lapavitsas lamentaba que la izquierda, “que históricamente ha sido una voz crítica con la UE, parezca perdida en las palabras”. Constataba además que buena parte del movimiento progresista se halla comprometido con el “europeísmo” y la defensa de la UE, aunque sea para reivindicar una “Europa social”. “Se trata de una elección políticamente desastrosa”, concluía el economista heleno.

La reflexión de Lapavitsas (“Por una perspectiva radical en Europa”) introduce el libro colectivo de 200 páginas “Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme”, publicado recientemente por Espai Fàbrica. El libro se presenta como una propuesta de discusión para la transformación social, en el contexto del capitalismo del siglo XXI. A los 14 autores les une la participación en el Seminari d’Economia Crítica Taifa, la militancia en la izquierda independentista o en diferentes movimientos sociales. Se trata de Isabel Benítez, Josep Manel Busqueta, Iván Gordillo, Clara Griera, Elena Idoate, Pau Llonch, Carles Muntaner, Helena Ojeda, Jordi Oliveras, Roc Padró, Alfons Pérez, Oleguer Presas, Xavi Urbano e Isabel Vallet.
“La socialdemocracia ha muerto, fagocitada por la lógica implacable del neoliberalismo”, defienden los autores entre las ideas centrales del texto. Se basan en que el capitalismo, en su estadio actual, no admite ningún tipo de redistribución; y para ello, ponen la vista en la experiencia de Syriza, de la que han de aprender los pueblos de la periferia europea. “Hay que superar la etapa reformista respecto a la UE”, concluyen. Otro eje del libro es la apuesta por la Soberanía Reproductiva, con el fin de cubrir las necesidades humanas básicas. Actualmente, los procesos de reproducción de la vida se hallan relegados al ámbito doméstico, y los desempeñan básicamente las mujeres. La Encuesta de Empleo del Tiempo publicada por el INE en 2010 señala que las mujeres dedican diariamente dos horas y cuarto más que los hombres a las tareas del hogar. El estudio añade que el 92,2% de las mujeres realizan labores domésticas y se ocupan de los niños, ancianos y personas dependientes, frente al 74,4% de los hombres. El texto define la Soberanía Reproductiva como un “proceso de transformación social”, en el que se despliegan las diferentes soberanías (energética, alimentaria, cultural, residencial y sanitaria) y las relaciona entre sí.

La primera parte del libro realiza un diagnóstico de la situación actual. Se impugna el capitalismo neoliberal por múltiples razones. Por ejemplo, entre los años 80 del siglo pasado y los primeros años 2000 el crecimiento de la economía global se situó en torno al 3%, “una ratio que está poniendo en peligro el ecosistema mundial” y que, sin embargo, no resulta suficiente para las élites. La obra publicada en 2017 por Espai Fàbrica también señala las paradojas del sistema. Una entre tantas, en 2007, cuando comenzó una oleada de intervención de los poderes públicos para reflotar a la banca y paliar la contracción del crédito. “Una intervención del Estado de la mano de quienes lo habían demonizado”, apuntan los autores. En agosto de 2017 el BCE acudió en socorro de los bancos europeos con créditos por valor de 95.000 millones de euros, y la Reserva Federal estadounidense actuó de modo similar, con una inyección de 38.000 millones de dólares en el sistema. La autoridad monetaria no había actuado de manera tan significativa desde el atentado contra las “torres gemelas”, en 2001.

Tal vez la propuesta de “soberanías” que plantea el libro se justifique por el impacto de la crisis y la llamada “recuperación”. En septiembre de 2016, el 56,4% de las personas desempleadas en Cataluña llevaban más de un año sin trabajo; además, el 24,3% no percibían subsidio ni prestación alguna. El índice de Gini (medidor de las desigualdades) pasó en el estado español del 31,9 en 2007 al 34,6, mientras que en la UE-27 se mantuvo prácticamente estable, resalta el libro “Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme”. El índice S80/20 aplicado a Cataluña constata la misma tendencia a los desequilibrios sociales. En 2015, el 20% de la población catalana con rentas más altas, sextuplicaba los ingresos del 20% con menores recursos.

¿Y en cuanto al porvenir? La obra colectiva se hace eco de un artículo, titulado “La turbulencia global que viene”, publicado por el economista británico Michael Roberts en la revista Sin Permiso (octubre de 2016). Roberts señala que, desde 2012, según el Banco Mundial, el crecimiento del volumen del comercio mundial fue menos de la mitad que en las tres décadas anteriores. UNCTAD (organización de Naciones Unidas que sigue la economía de los países del Sur) sostenía en 2016 que el mundo “está a punto de entrar en una tercera fase de la crisis financiera”. Agrega que muchos países del Sur han visto aumentar los desequilibrios respecto a las economías más ricas, si se compara con los años 80 del siglo XX. Y ello, destaca UNCTAD, pese a la apertura de los países llamados en vías de desarrollo a los capitales transnacionales. Por otro lado, un informe de la consultora estratégica global McKinsey destaca que, tras la caída del PIB mundial provocado por la crisis de 2008, “la resaca se ha mantenido y muchos países luchan con recuperaciones inesperadamente débiles”.

Ante tales perspectivas, los 14 autores proponen un avance hacia modos de propiedad comunal, cooperativa, municipal y estatal; que no sean explotadoras, patriarcales ni depredadoras de la naturaleza; fórmulas redistributivas fundamentadas en el derecho a una vida plena; y la toma de decisiones democráticas, no jerárquicas ni despóticas, que pueden resumirse en el “mandar obedeciendo”, del movimiento zapatista. El texto defiende una sociedad solidaria, en la que tal como subraya el economista estadounidense Michael Lebowitz, autor de “Más allá del capital” y “La alternativa socialista. El verdadero desarrollo humano”, la producción priorice no las necesidades propias sino las del prójimo. Este autor marxista, uno de los referentes del libro, considera la producción cooperativa “una gran victoria”; y apuesta por un nuevo sentido común en el que la condición para el desarrollo libre de cada persona, sea el libre desarrollo de la comunidad. El razonamiento se completa con el viejo ideal proclamado por Marx en el Programa de Gotha (1875): cada persona recibe según su necesidad y aporta según sus posibilidades.

El libro ve la luz en un contexto muy concreto: la sociedad catalana, “inmersa en la reclamación de la independencia política como propuesta de mejora de las condiciones de vida de la población”. Donde la comarca de El Barcelonés concentra más de un tercio del PIB catalán, y si se agregan las comarcas de El Baix Llobregat y el Vallés (oriental y occidental), el porcentaje del PIB se eleva al 60%. Donde la capital Barcelona ha pasado de proyectarse como “la millor botiga del món” a convertirse en una “marca” global. Y donde el macroproyecto Barcelona World, basado en casinos y el turismo de negocios, se transmuta en el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou, junto a Port Aventura World y con una inversión anunciada de más de 2.000 millones de euros. Ante ese estado de cosas, el libro plantea la recuperación de la soberanía energética (en Cataluña Iberdrola y Endesa concentran el 76% de la potencia instalada para la generación de electricidad), incluida una auditoría ciudadana del actual sistema. La idea capital apunta a una transición desde las energías “sucias” a las renovables, “proceso que ya está en marcha”, sostienen los autores. La cooperativa Som Energia, comercializadora con fuerte participación de los socios, constituye uno de los ejemplos de consumo eficiente.

La reflexión publicada por Espai Fàbrica desciende a la propuesta concreta. El capítulo sobre la soberanía alimentaria recuerda que en el ámbito de Països Catalans existen cerca de 210.000 hectáreas de superficie agraria útil (10% del total) en manos de las administraciones públicas, lo que ofrece diferentes posibilidades. Por ejemplo, liberar tierras para el uso de los labradores agroecológicos y la población con menos recursos. En el caso de las fincas agrarias en desuso durante un largo periodo, el texto plantea la opción de que los municipios impongan gravámenes. Numerosas iniciativas trabajan día a día en la recuperación de la soberanía, como la Xarxa de Graners, que lleva más de una década en el empeño de crear una red local y autogestionada de graneros, y para el intercambio de información y semillas; o la Associació de Menjadors Ecològics, que funciona en Cataluña desde 2013.

En cuanto a la soberanía residencial, se plantean iniciativas como la expropiación de solares o viviendas vacías para fomentar su ocupación; y, con el fin de que el derecho a la vivienda deje de estar en manos de bancos privados, se apuesta por crear una banca pública complementada con cooperativas solidarias, uno de cuyos ejemplos es Coop57. El libro se apoya en los datos de la Taula del Tercer Sector: en Cataluña existen 450.000 viviendas vacías (100.000 en manos de las entidades financieras). En el ámbito de la soberanía cultural se pone como ejemplo la sustitución de patrocinios empresariales (BBVA, Damm, Airbnb y otros) por la gestión comunitaria. La formación en los espacios no académicos y la relación “vertical” entre educadores y alumnos ya se planteó en los proyectos de animación sociocultural en Barcelona, en el final de los años 70 y el inicio de los 80; y en los centros sociales y difusión de la cultura crítica.

Crisis, guerras y geopolítica en el siglo XXI



El capitalismo es nacional en su forma pero mundial en su contenido. La escala de los espacios donde se desarrolla el conflicto social ya desborda ampliamente los ámbitos nacionales y la mundialización del capital parece no detenerse y en su camino llevarse puestos Estados y resistencias locales. El terreno estratégico se dilata y la reflexión política que pretenda formular alternativas a la deriva del capital requiere necesariamente expandir temporal y espacialmente su campo análisis.

Son varias las señales que indican que estamos ingresando a un nuevo espacio de turbulencias en la acumulación global y la geopolítica. La renovada tensión entre la OTAN y Rusia, el ascenso de una derecha “hardcore” con expresiones políticas xenófobas y agresivas en Estados centrales, el desarrollo bélico en Medio Oriente y la “guerra de proxis” en Siria, Estados que entran en fase de desagregación y descomposición social.

A pesar de estar asistiendo a un proceso de desagregación política general, la geopolítica actual parece continuar teniendo su tensión central en el “rimland” , el anillo geográfico que rodea el bloque terrestre central de Eurasia ( “Heartland” en palabras de Mackinder, padre de la geopolítica) y que hoy ocupa el Estado ruso. La guerra de Ucrania, Siria, el despliegue de EUA en Medio Oriente, el Mar de China, Irán, son todos terrenos que componen el “rimland” , área estratégica cuyo control asegura la supremacía global según Nicholas Spykman, otro viejo exponente del enfoque geoestratégico.

Sin duda un panorama por demás complejo que conviene analizar en su dimensión estructural y como resultado del movimiento de la lógica profunda de un modo específico de organizar la vida social en nuestro planeta. Lo más lejos posible de las miradas superficiales que suelen confundir las manifestaciones del problema con sus causas últimas.

Un capitalismo zombi, hipertrofiado y en crisis latente de sobreproducción se manifiesta en la enorme masa de capital ficticio con la que carga. Un hegemón en declive, que no se resigna a asumir que el siglo XXI no será un nuevo “siglo americano” y se vuelve violento y altamente impredecible. Masas de población que le sobran al desarrollo desigual del capital y se descomponen en las periferias de las urbes o se desplazan configurando verdaderos dramas migratorios. Analistas del capital que le prenden una vela a la suerte de los nuevos polos ascendentes de acumulación capitalista que sacan su potencia de la baratura y sobreexplotación de su mano de obra para que la máquina global no se detenga. En el mar de fondo avanza la posibilidad de un salto de calidad hacia una crisis ambiental y, en último plano, el dedo en el gatillo nuclear. Es el despliegue de toda la irracionalidad y el desorden del capital.

El derrumbe de la socialdemocracia europea es una muestra de la imposibilidad de un horizonte de estabilidad bajo los marcos del capital aún en países de altos niveles de renta. Si bien, por el momento ha dado paso a la pretensión de nuevas remakes socialdemócratas, cuando no a propuestas de corte fascista, la suerte de Syriza administrando el ajuste en Grecia empieza a calar como un duro aprendizaje sobre los límites de esos proyectos. Jeremy Corbyn, Sanders, Podemos, Melenchón, son síntomas de que hay pueblo que no se resigna a apoyar las salidas regresivas y violentas del capital, pero son también reflejo de nuestra precariedad y desarme político para enfrentar la crisis del capital con una propuesta y un programa orientado a su superación.

En América Latina, sin el flujo de renta por los recursos naturales e inversiones directas de los últimos años, el capital ingresa en una fase regresiva que requiere de la desvalorización de la fuerza de trabajo y soltarle la mano a lxs trabajadorxs que directamente le sobran para relanzar su acumulación. Esa tensión recorre todo el continente y asume una intensidad particular en aquel país donde la agudeza de los ciclos es mayor, Venezuela. Ni las burguesías del continente la tienen fácil para dinamizar los ajustes que requieren, ni los sectores populares son capaces de construir las condiciones políticas de un mayor control sobre el metabolismo del capital. En esa correlación de debilidades se agita el actual tiempo político latinoamericano.

Puede ser que no te importe la geopolítica, pero a la geopolítica le importas tú. Trump no es sólo Trump, es la evidencia de que los aprendices de brujo están perdiendo el control. El problema es de una escala a la que no estamos acostumbrados a pensar ni actuar. Continuar abonando la idea la construcción de un capitalismo nacional no parece sensato a la luz de las tendencias en marcha ni de la evidencia histórica. Replegarse al terruño local y autogestivo difícilmente pueda ser más que una escapatoria momentánea y de alcance testimonial. Una única certeza que abre mil preguntas: la acción política de lxs trabajadorxs a escala internacional y con un horizonte de superación del capital es la única posibilidad de evitar la barbarie global.

En los muros del callejón de una universidad montevideana un graffiti advierte: “Proletarios del mundo uníos (último aviso)”.


Siéntate, teclea y sangra



Por Ramzy Baroud

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.

La configuración típica de una sala de prensa, donde los periodistas persiguen los titulares de las noticias dictadas por alguna agencia informativa centralizada –a menudo con sede algunas capitales occidentales- ya no tiene sentido.
En el caso de Oriente Medio, la narrativa de las noticias ha estado siempre definida por otros y se le ha dictado a los periodistas y audiencias árabes durante demasiado tiempo.

Esto apenas funcionó en el pasado pero en los últimos años se ha vuelto aún más irrelevante y peligroso.

Hay millones de víctimas por toda la región de Oriente Medio, cantidades inmensas de familias desamparadas, flujos constantes de refugiados y un número de muertos que no puede entenderse ni expresarse mediante la típica narración mediática: un titular apasionante, un par de citas y un párrafo o dos que proporcionen algo de contexto.

El precio es demasiado alto para esta clase de periodismo perezoso. Hay demasiado en juego como para que el periodismo no sea fundamentalmente redefinido por quienes están sufriendo la guerra si es que quieres comprender el pulso de la región, penetrar la cultura y hablar el lenguaje de la gente.

En efecto, el pueblo árabe lleva años hablando, colmando sus palabras de rabia y esperanza. Los inolvidables gritos de los sirios y otras naciones árabes definirán para siempre los recuerdos de esta generación y de la siguiente.

Pero, ¿en qué medida refleja hoy nuestro periodismo toda esta realidad, una realidad desgarradora y ensangrentada?

El escritor y periodista estadounidense, Ernest Hemingway, escribió en una ocasión: “No hay nada especial en escribir. Todo lo que haces es sentarte ante una máquina de escribir y sangrar”.

Pero el periodismo moderno –al menos, la forma en que se trasmite en Oriente Medio el momento- apenas sangra. Bajo el disfraz de una falsa objetividad, permanece distante, desapegado de su realidad inmediata y rara vez consigue expresar la gravedad de esta difícil transición de nuestra historia.

No obstante, la verdad es que el periodismo no ha fracasado. Nosotros sí. Somos todavía incapaces de apreciar la gravedad de lo que sucede en nuestra región y, por extensión, en todo el mundo. Somos de esos que aún siguen cantando alabanzas a las elites y defendiendo los intereses de unos pocos.

En cuanto al pueblo, cuando no le olvidamos, convertimos sus miserias en forraje de nuestras contiendas políticas.

Igualmente inexcusable es que prestemos tan poca atención a la historia, como si el componente más importante en ella fuera el menos relevante.

No es ningún secreto que la historia orientalista sigue definiendo la forma en que se escribe la historia en Oriente Medio y respecto a Oriente Medio. Deberíamos negarnos, no sólo por una cuestión de principios, sino también porque es tan inútil como falso.

Esta caracterización orientalista ha afectado también al periodismo. ¿Por qué permitimos que sean otros los que definan quiénes somos cuando tenemos la más urgente de las necesidades de definirnos a nosotros mismos?

Al escribir sobre Palestina durante casi 25 años, he experimentado esta extraña y persistente dicotomía, tanto en el periodismo como en el mundo académico.

Se informa sobre Palestina como de un “conflicto” recurrente y al parecer interminable. La cobertura que hacen los medios del “conflicto palestino-israelí” se adhiere siempre a las mismas reglas, al mismo lenguaje y a los mismos estereotipos.

Una cuestión urgente que requiere de una solución inmediata, al menos por su impacto regional y mundial, es relegada como si se tratara de una historia redundante y sin ningún interés.

Muchas personas tienden a tener una memoria a corto plazo cuando se cuestionan los derechos de los palestinos. Esto alimenta muy bien la narrativa israelí, que ha tratado siempre de desplazar por completo la historia palestina y sustituirla con algo enteramente diferente, aunque sea un constructo, una historia falsificada.

Esto último no es una conclusión mía sino un hecho, recogido por los propios medios de comunicación israelíes.

Aunque los expedientes relativos a la limpieza étnica llevada a cabo con los palestinos en 1948 está aún oculta en los archivos israelíes, hay un documento, según el periódico israelíHaaretz, que ha escapado al ojo atento del censor israelí: el archivo núm. GL-18/17028.

Este archivo muestra el proceso de cómo el primer primer ministro de Israel, David Ben Gurion, recurrió a los historiadores sionistas en los primeros años de la década de 1950 para forjar una historia alternativa sobre cómo se expulsó a los refugiados palestinos. Eligió la más convincente, y eso se convirtió en “Historia”.

Esa reescritura de la historia sigue en curso, manchando también el presente.

¿Cómo pueden entonces los periodistas desenterrar la verdad, aparentemente compleja, sin entender la historia, no la historia convenientemente diseñada por Israel, sino la historia del dolor, del sufrimiento y de la continua lucha de los palestinos?

Informar sobre Palestina e Israel sin desentrañar totalmente las raíces históricas del trágico suceso es contentarse sencillamente con proporcionar un relato superficial de lo que “ambos bandos” están diciendo, un relato que a menudo favorece a la parte israelí y demoniza a los palestinos.

El escenario palestino se repite ahora por todas partes. La narrativa sobre Siria y otros conflictos está guiada por creencias preconcebidas.

El periodismo sigue fracasando a la hora de romper el bastión del viejo paradigma que relega al pueblo y se centra, en cambio, en los gobernantes, los políticos, los gobiernos y las elites empresariales.

Esta es la versión mediática de lo que en el mundo académico se conoce como la “Teoría del Gran Hombre”, una disciplina extinta que por desgracia se utiliza muy frecuentemente en la prensa árabe.

Pero sin pueblo no hay historia, no hay historia que escribir ni cambio que esperar.

Se cita a Arundhati Roy diciendo: “En realidad, no existe eso de ‘los sin voz’. Existen los que son deliberadamente silenciados o aquellos a los que nunca se quiere escuchar”.

Los palestinos y los pueblos árabes tienen ya voz y una voz articulada. Pero esa voz ha sido deliberadamente enmudecida a través de toda una campaña masiva de desinformaciones, distorsiones y tergiversaciones.

Cuando Israel y sus aliados dicen que “los palestinos no son un pueblo”, intentan decir esencialmente que los palestinos no tienen identidad, ni demandas legítimas, por lo tanto, no se merecen tener voz.

Cuando los medios silencian la voz del pueblo, proscriben sus derechos y demandas de libertad, cambio y democracia.

Nuestra respuesta no debería ser la de hablar en nombre del pueblo sino escucharles realmente; escucharles de verdad y empoderar sus voces para que articulen sus propias aspiraciones y justas demandas, expresando su propia identidad.

El periodismo no es una profesión técnica, una habilidad a perfeccionar sin corazón, sin compasión y sin una comprensión profunda del pasado y del presente.

Los auténticos intelectuales no pueden actuar fuera el reino de la historia, y la región árabe está experimentando sus mayores transformaciones históricas en un siglo.

Para que el trabajo de los periodistas sea importante, deben abandonar su posición de dictar las noticias siguiendo el mismo patrón predecible y ahondar más profundamente en las historias.

Tienen que entender que una narrativa es deficiente –cuando no del todo irrelevante- si no empieza y termina con el pueblo, un pueblo con una narrativa que no puede limitarse a una frase sino que está enraizada en una realidad compleja, en la que la historia debería ocupar el centro del escenario.

Ser un periodista que informa sobre la agitación en el mundo árabe sin conocer ni entender por completo la historia, las esperanzas y aspiraciones de los pueblos ya no tiene excusa ni sentido.

Cuando naciones enteras están desangrándose, se hace necesario que los periodistas consideren el consejo de Hemingway: “Siéntate ante una máquina de escribir y pártete el alma”.

El Dr. Ramzy Baroud lleva más de veinte años escribiendo sobre Oriente Medio. Es un columnista internacional, consultor de medios, autor de varios libros y fundador dePalestineChronicle.com. Su último libro es “My Father Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story” (Pluto Press, Londres). Su página web es: www.ramzybaroud.net

jueves, 29 de junio de 2017

Continúa la persecución y encarcelamiento en contra de Campesinos



Samuel Martínez López, presidente de la Empresa Asociativa Campesina 9 de julio de San Pedro, Tutule, La Paz, fue capturado la mañana de este domingo cuando se dirigía al centro del municipio de Tutule departamento de La Paz.

policias y presunto duenoLa orden de captura dice que se procede a ejecutar la orden de captura, por usurpación de la tierra propiedad de Carlos Arriaga.

Al igual que Samuel, los otros 7 socios de la empresa campesina 9 de julio, perteneciente a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), tienen orden de captura, y procederán a ser capturados en las próximas horas.

El detenido ha sido trasladado para los Juzgados de La Paz.

Hace un mes aproximadamente se le dio sobreseimiento provisional a Carlos Yovani López Calix, socio de esta misma base campesina.

Caso Sequeira: El 28 de julio el Tribunal de Sentencia emitirá su fallo



Por Marvin Palacios

El fallo que involucra a un oficial y 7 agentes policiales, que están señalados como responsables de aplicar torturas hasta matar a Mario Orlando Sequeira la noche del 2 de junio de 2010, será emitido por el Tribunal de Sentencia, el próximo 28 de julio de 2017.

El viernes  23 de junio, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en su condición de acusador privado y los abogados de la defensa de los policías, presentaron ante el Tribunal de Sentencia, sus respectivas conclusiones.

Dentro de las conclusiones, resalta el dictamen forense que establece que Mario Orlando Sequeira murió debido a “asfixia por estrangulamiento”. Además su cabeza y cuerpo,  presentaron numerosas escoriaciones producto de los golpes aplicados con objetos contusos, en este caso, los toletes que usan los uniformados.

Para ejecutar el estrangulamiento, testigos protegidos revelaron al tribunal, que varios policías ataron una cuerda alrededor del cuello de la víctima, pasaron la cuerda a través de un balcón de la celda destinada a menores de edad y que procedieron a halarla, mientras otros agentes, golpeaban sin piedad a Mario Sequeira. Los testimonios coinciden que la tortura duró aproximadamente una hora.

Un aspecto que reveló la reconstrucción de los hechos llevada a cabo el pasado miércoles 14 de junio, fue que Mario Orlando Sequeira, no murió dentro de una de las bartolinas, sino en el sector donde se localizan las pilas, que están separadas de las celdas  a través de una pared.

Sin embargo, testigos protegidos, que estuvieron detenidos en la primera celda, aseguran haber escuchado los gritos y lamentos de la víctima que provenían del otro lado de la pared que da a las pilas y haber visto a los policías que halaban el lazo para estrangular a la víctima. Incluso uno de esos testigos dijo que cuando los lamentos cesaron, escuchó al oficial encargado de la jefatura policial, expresar a sus subalternos que se deshicieran del cuerpo.

La reconstrucción de los hechos coloca 4 escenarios sobre este homicidio. Primero lo acontecido en el hotel Gómez y la brutalidad con que al menos 4 policías ejercieron sobre Mario Orlando Sequeira, aún y cuando éste ya había sido reducido a la impotencia.

Un segundo momento, cuando la víctima fue transportada en la paila del vehículo policial. Pablo Sequeira, hermano de Mario Orlando observó que su pariente iba esposado con las manos hacia atrás y boca abajo. Pese a ello, los policías continuaron golpeándolo, aplicándole patadas y colocando sus botas sobre su rostro.

El tercer momento. Mario Orlando Sequeira, es introducido a la posta policial, su nombre no fue consignado en el libro de novedades. Su hermano Pablo, oyó de lejos los gritos de su pariente, que provenían del patio, donde están las pilas de la Jefatura Policial de Siguatepeque.

El cuarto momento se produjo en la clínica Munguía. En ese lugar, varios agentes trasladaron a la víctima en la paila del carro policial en ropa interior y con su cuerpo ensangrentado. Mario Orlando Sequeira ni siquiera es bajado del vehículo. Ahí, en las afueras de la clínica, personal médico lo declara muerto. Esta versión fue dada a conocer por otro testigo protegido.

Por falta a los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad, torturas y homicidio, están acusados el Comisario de Policía, Nazir López Orellana (que se desempeñó como comandante de la Jefatura Policial de Siguatepeque), los policías:  Carlos Francisco Verde, Eduardo David Salgado, Alfredo López Pérez, Carlos Roberto Palma, Mónico Aguirre, Carlos Alberto Nolasco, el agente de investigación Edwin Hernández del Cid  y Héctor Elvir Corea (quien falleció en condiciones violentas a manos de una banda criminal).

Los abogados defensores de los policías imputados, expresaron al tribuna, que dada la oscuridad que imperaba en las celdas de la posta policial, habría sido muy difícil identificar a los autores del homicidio.

Por otra parte expresaron que los testigos propuestos por  la Fiscalía de Derechos Humanos y el COFADEH, habrían incurrido en declaraciones contradictorias. La defensa de los policías también señaló, que las actas de reconocimiento fotográfico presentan inconsistencias y que el tribunal debería considerar una duda razonable al respecto.

Por otro lado, Benjamin Lavaire, abogado defensor del comisario Nazir López Orellana, insistió en que su defendido nunca estuvo en la Jefatura Policial la noche en que se produjo la ejecución de Mario Orlando Sequeira. Lavaire dijo que incluso el oficial López Orellana se encontraba de franco (día libre) desde la 5:00 de la tarde de ese día.

La Fiscalía de Derechos Humanos y el COFADEH expresaron al Tribunal de Sentencia, que tanto el Comisario Nazir López Orellana como el comandante de guardia de aquella noche, el policía Alfredo Pérez López debieron actuar como garantes de la integridad de la víctima y que no lo hicieron, por lo tanto son cómplices en lo que denomina el Código Penal, la “comisión por omisión”.

Para los acusadores en este caso, los agentes que participaron en la muerte de Mario Orlando Sequeira, abusaron de sus cargos, castigaron y causaron enorme sufrimientos a la víctima hasta provocar su muerte. Por estos delitos la pena oscila de 10 a 20 años.

Para el COFADEH existieron los elementos objetivos y subjetivos, donde el bien jurídico protegido no fue respetado y deben ser condenados tanto,  los que le quitaron la vida a Mario Orlando Sequeira, como aquellos que permitieron las torturas y la posterior ejecución.

El momento culminante de la audiencia se produjo cuando el tribunal invitó a uno de los familiares de Mario Orlando Sequeira a expresar sus peticiones. En ese momento Dilcia Maribel Sequeira se levantó de su silla y se dirigió a los jueces.

Dilcia Maribel expresó que la muerte de su hermano trajo un sufrimiento imborrable para la vida de su madre Digna Emérita Canales y el resto de su familia.

La hermana de Mario Orlando Sequeira pidió el castigo para los culpables de la muerte de su hermano, que sirva para sentar un precedente para que otras familias, no tengan que pasar por un hecho tan doloroso.

El 28 de julio de 2017, el Tribunal de Sentencia emitirá su fallo en este juicio, que muestra cómo en pleno siglo XXI, las Fuerzas de Seguridad del Estado de Honduras, continúan desconociendo los derechos humanos de la ciudadanía.

CIDH y CorteIDH agradecen a la Asamblea General decisión sobre incremento presupuestario


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) agradecen la decisión adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de duplicar los recursos del Fondo Regular que se destinan a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Se trata de un momento histórico que permitirá el incremento gradual de 33% anual de cada órgano por año, lo cual significará duplicar el presupuesto ordinario otorgado por la OEA al término de tres años’’, destacó el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto F. Caldas. Agregó que ‘‘con esta respuesta positiva los Estados de América demuestran su creciente compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos y el aseguramiento de la independencia, autonomía e institucionalidad de la Corte Interamericana y la Comisión’’.

Por su parte, el Presidente de la CIDH, Comisionado Francisco Eguiguren, destacó el hecho de que esta decisión se haya alcanzado por consenso. “Aplaudimos de pie esta resolución, no solamente por su contenido, que es sumamente satisfactorio, sino por la forma en que se adoptó, con el consenso de todos los Estados Miembros, sin oposición alguna”, señaló el Presidente de la CIDH. “Esto es un claro indicio del compromiso de la Organización con los derechos humanos y con el objetivo de contar con un presupuesto adecuado para que la Comisión y la Corte puedan desempeñar adecuadamente el mandato que le asignaron los Estados”.

La resolución adoptada por esta Asamblea General es un primer paso para modificar la situación actual, en que la Comisión y la Corte dependen excesivamente de donaciones y contribuciones financieras voluntarias. Por su naturaleza, estas donaciones son variables e impredecibles, lo cual presenta dificultades para una planificación adecuada y para el desarrollo sostenible de sus funciones y mandatos. Aproximadamente la mitad del presupuesto de ambos órganos proviene actualmente de este tipo de fondos voluntarios, cambiantes e impredecibles.

A través de esta resolución, se abre el camino para lograr un objetivo que comparten tanto la CIDH y la CorteIDH como los Estados miembros: mantener la capacidad institucional actual del SIDH para el cumplimiento de sus mandatos con el financiamiento asegurado por los propios Estados Miembros de la OEA. Es el primer paso hacia un objetivo compartido: que los Estados sean los principales financiadores del sistema que crearon y donde sean ellos quienes garanticen que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuente con los recursos que necesita para cumplir cabalmente con su mandato en la promoción y protección de los derechos humanos, con plena autonomía e independencia.

La CIDH y la CorteIDH agradecen el consenso alcanzado en la adopción de esta decisión histórica y sin precedentes. En particular, a México y Argentina por el liderazgo en este proceso, así como los países que copatrocinaron la resolución y a los que apoyaron esta medida. Sin duda, se trata de un paso importante para el efectivo fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para el que también resultó crucial el apoyo de la comunidad regional de derechos humanos.

Adicionalmente, y con particular énfasis, ambas instituciones agradecen a las organizaciones no gubernamentales, sectores de la academia, agencias de la ONU y otras agencias internacionales, entre otros actores nacionales, regionales e internacionales, por el apoyo ofrecido a lo largo de los años. El seguimiento que la sociedad civil del continente americano y más allá dieron a los órganos del sistema en la búsqueda de una solución al grave problema del financiamiento inadecuado fue esencial para llegar al resultado histórico alcanzado en esta Asamblea General.

La CIDH y la CorteIDH se comprometen una vez más a manejar estos recursos con la misma transparencia y responsabilidad que ha caracterizado a ambos órganos hasta la fecha, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la implementación de su mandato, que no es otro que el de asegurar que alrededor de mil millones de habitantes de la región americana puedan ejercer sus derechos humanos. Este objetivo final, el respeto y garantía de los derechos humanos en la región, es uno de los pilares y objetivos principales de la existencia de la Organización de los Estados Americanos, y está íntimamente vinculado con la vigencia de la democracia, ya que sin derechos humanos no hay democracia, y sin democracia no hay derechos humanos.

La CIDH y la CorteIDH valoran y agradecen la decisión adoptada por la Asamblea General, cuyo impacto se podrá apreciar a lo largo de los próximos años, en la superación de las barreras que hoy enfrentan millones de personas de la región para acceder a sus derechos fundamentales. El compromiso de ambos órganos es utilizar este aumento de recursos con el mismo objetivo con el que se viene trabajando desde que los Estados empezaron a crear este sistema, hace casi 60 años; un objetivo que en palabras de la propia OEA es una región con más derechos para más gente.

Mariátegui, a 123 años de su nacimiento

Rebelión

Por Gustavo Espinoza M.

El tiempo transcurrido desde el nacimiento y la muerte de José Carlos Mariátegui permite revisar sus enseñanzas, reflexionar en torno a su mensaje, y someter otra vez sus ideas a un análisis profundo; sobre todo porque crea condiciones para observar los hechos de manera comparativa, reconociendo los avances y los retrocesos del pensamiento y de la historia, así como las victorias y derrotas de los pueblos. Y es que el aporte de Mariátegui a la concepción humana tiene sentido ecuménico, valor universal. Sobre todo, si como lo advirtiera ya hace muchos años Jorge Basadre, su obra tuvo como primordial propósito servir a los intereses de la clase proletaria.
Aunque sobre todo en las últimas décadas se ha escrito mucho y se ha profundizado sustantivamente en la vida y en la obra de Mariategui, ella presenta siempre nuevos elementos y se torna inagotable. Brota como manantial fecundo y claro, no sólo en el estudio de los pensadores, sino también en el accionar de los pueblos que se empinan para batir la adversidad combatiendo en las condiciones más complejas.

La evolución de la crisis contemporánea en las últimas décadas del siglo pasado, se tradujo en la desaparición de la Unión Soviética y en la quiebra de la experiencia socialista en Europa del este. En nuestro país, los acontecimientos estuvieron signados por la derrota de diversos modelos y proyectos de avance y transformación social y la preeminencia de un sorprendente e inédito pragmatismo de corte neoliberal.

Este escenario comienza a cambiar en los primeros años del siglo XXI. El capitalismo afronta una grave crisis financiera, pero también política, y pierde peso la tesis del mundo “unipolar” hasta hace poco en boga. Los nuevos sucesos aportan elementos al debate, pero cuestionan también concepciones del pasado. Sirven, además para incorporar nuevos interrogantes que los revolucionarios de nuestro tiempo tenemos el deber de encarar con valor y sin prejuicios.

En una circunstancia en la que la clase dominante en el plano mundial aún entona clarines de victoria, resulta indispensable salir al frente de los propagandistas del sistema que proclaman entusiastas el fin de las ideologías y la derrota de los pueblos; al tiempo que asestan duros golpes a los trabajadores y a las fuerzas progresistas en todos los países a los que aspiran a someter, de una vez y para siempre, al dominio definitivo del Gran Capital y de los monopolios, valiéndose para el efecto no sólo de los grandes recursos del mundo financiero, sino también del poder de las armas y de la guerra como instrumento de opresión contra Estados y Naciones.

Las sociedades consumistas de nuestro tiempo se atiborran de sesudos panegiristas del capitalismo y alientan un bienestar artificial y transitorio que sólo llega a ínfimos sectores de la vida social, montado sobre la miseria galopante de los pueblos.

Experiencias contemporáneas como la guerra interna que desmembró Yugoslavia, el resurgimiento del fascismo en diversos países de Europa, el surgimiento de profundos odios nacionales y las rivalidades étnicas que se multiplican, las guerras en Africa y Asia; pero sobre todo los sucesos de Afganistán e Irak, golpean la conciencia de los hombres en todos los confines del planeta y plantean retos que la humanidad debe afrontar en nuevas condiciones. Los hechos de hoy confirman que, más allá de las grandes palabras, el régimen de dominación vigente en buena parte del mundo, augura derrotas y desastres a la humanidad entera y no constituye, por cierto, camino de salida para pueblos y naciones.

El crisis del sistema se siente severamente en nuestro continente e incluso en los Estados Unidos, donde se multiplican las protestas y crece el descontento social. En ese contexto, los pueblos de América Latina asoman al escenario mundial presentando una batalla sostenida en procura de su liberación, pero, además, en lucha por el progreso y el desarrollo.

Más allá de diferencias puntuales, los procesos que se viven hoy en la región abren posibilidades de avance en un mundo crecientemente multipolar, en el que se ahoga el monopolio de la fuerza. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador -después de Cuba, por cierto- señalan una ruta que hay que observar con detenimiento y seguir en buena medida; pero las experiencias de lucha que se afirman también en Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina e incluso Chile; son para nosotros lecciones a asimilar en el afán de construir una verdadera alternativa capaz de interesar a nuestro pueblo.

En un contexto complejo y difícil como éste, para decirlo en palabras de Tomás Borge, “los revolucionarios no deben caer en la tentación de negarse a sí mismos, sino reafirmar principios que para algunos perdieron vigencia, pero que siguen presentes al no haber desaparecido las causas que los originaron”. Será esa una manera de renovar, para los hombres de nuestro tiempo, el optimismo histórico.

Reflexionar sobre la vida y la obra de José Carlos Mariátegui es precisamente una manera de llamar a ese optimismo, renovando la vigencia de principios y concepciones de clase que no han sido vencidos y que tampoco han caducado, que subyacen en las luchas de los pueblos y se proyectan incluso más allá de ellas. Y es que, contrariamente a lo que se sostiene por parte de los propagandistas del Gran Capital, la historia no ha terminado. Comienza otra vez, sólo que en condiciones diferentes, por cierto más difíciles para los pueblos.

Hacerlo, entonces, presupone también superar el periodo de confusión que se vive en determinados segmentos de la sociedad y la política, y al amparo del cual campea el oportunismo y el sentimiento de acomodo de algunas gentes que renuncian a su ideología, a sus concepciones y a sus prácticas de lucha porque en el fondo, se sienten intimidados por lo que juzgan la apoteosis del imperialismo.

Cambio social y educación en América Latina

Rebelión

Por Ivonaldo Leite *

Debatir las alternativas de cambio social y económico en América Latina es un tema prioritario y a la vez urgente que permite enriquecer un proceso de reflexión y analizar algunos fenómenos cruciales para los intereses de los ciudadanos en nuestro continente. 
Los debates aportan múltiples elementos que potencian la capacidad de las fuerzas sociales para seguir avanzando hacia las conquistas que los pueblos de Latinoamérica demandan. Como ha señalado Antonio Elías, la dialéctica entre la acción y la elaboración teórica basada en un análisis científico de la realidad, es una mecánica que permite avances sustantivos. 
En primer lugar, es necesario reconocer que cada uno de los países de América Latina tiene estructuras económicas, sociales y políticas diferentes, como también tienen diferente historia, contexto, nivel de riqueza y estructuración de clases sociales. Pero, por otra parte, tienen elementos en común. La heterogeneidad de situaciones es un factor clave para entender la coyuntura política, económica y social en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Chile y Brasil. En el caso de Brasil, es fundamental considerar esa heterogeneidad para entender la crisis que el país está viviendo y hacer una evaluación de los gobiernos del PT. 
Algunos aspectos son centrales para una agenda de cambio social en América Latina. En ese sentido, entre otros, podemos citar tres. 
Primero, una condición necesaria para lograr cambios reales y efectivos es alcanzar una democracia participativa en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en el espacio de las decisiones políticas como de las económicas. Participación que exige en lo económico redefinir los derechos de propiedad buscando procesos de inclusión social y desarrollo. Sin participación social no habrá proyecto alternativo sostenible; pero, para eso, es fundamental la independencia de las organizaciones sociales. 
Segundo, es fundamental la creación y redefinición de las fronteras de las economías a fin de tener políticas económicas y estados nacionales con capacidad de incidir fuertemente en los procesos de industrialización, distribución y satisfacción de las necesidades básicas de la población. Esto se complementa con el fortalecimiento de los procesos de integración regional que tiendan a la integración continental. 
El tercero aspecto tiene que ver con el papel del Estado, definido como un actor que debe contraponerse al poder económico descontrolado, que genera procesos de concentración y centralización de la riqueza y origina una salida permanente de esta de las economías latinoamericanas hacia los países centrales.
Los tres aspectos constituyen una condición imprescindible para avanzar sólidamente en un proceso de cambios que no puede quedar en manos oportunistas de líderes ocasionales. Ese proceso también no puede ser cómplice de personas que usan organizaciones y movimientos sociales para practicar actos de corrupción y sacar provecho personal. 
Por otra parte, las alternativas de cambio social en América Latina dependen de una fuerte conexión con la educación. Una breve mirada a lo largo de los tiempos permite afirmar que la educación fue una base fundamental para impulsar los procesos de cambio social. Tal base proviene del modo en que el progreso técnico y el proceso de desarrollo colocaron la escolaridad como un requisito inherente al vivir y convivir en sociedad. 
Pero, para inducir alternativas de cambio social, la agenda educativa en América Latina necesita evitar tres  errores: desvalorizar el discurso de la calidad y de la evaluación en educación; repetir de forma estéril antiguas teorías pedagógicas; y reproducir acríticamente modas académicas extranjeras.
+ Ivonaldo Leite es sociólogo y profesor de la Universidade Federal da Paraíba, Brasil

miércoles, 28 de junio de 2017

El Pozo: Un grito desde la cárcel del infierno



Un traje naranja, un par de esposas que amarran sus manos, la custodia de tres policías y la búsqueda empedernida de periodistas acompañaban ese día a Gary Mejía, un interno de la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara conocida como El Pozo. Esa mañana enfrentaba su audiencia de presentación de pruebas en los Juzgados de San Pedro Sula y necesitaba un escenario para contar todo lo que sucede en ese centro penal.

“En El Pozo nos tratan como animales”, fue la expresión de Mejía para llamar la atención de los periodistas. De inmediato encendieron sus cámaras y dirigieron micrófonos hacia él ¿Cómo es la vida en El Pozo? Comenzó la ronda de preguntas.

“Yo estaba en el centro penal de San Pedro Sula, en el bloque de los Paisas, sin seleccionar a los internos por su peligrosidad, una mañana llegó la policía y militares y a punta de pistola nos sacaron de las celdas para llevarnos a la cárcel de máxima seguridad. Desde ese día yo casi no he visto el sol, la vida es dura en ese lugar compa”, relató en su primera intervención.

Un sistema decadente

El hacinamiento, la corrupción, la complicidad de las autoridades en el ingreso de armas y concesión de privilegios a los presos, junto a las extorsiones desde los centros penales y falta de políticas de rehabilitación, son algunos de los problemas que caracteriza al sistema penitenciario nacional. Honduras ha tenido dos leyes penitenciarias; una creada en 1883 con la construcción de la primera cárcel, duró más de cien años, hasta que llegó la aprobación de una nueva normativa en el 2014.

El 17 de mayo de 2004, un incendio de grandes proporciones consumió varias celdas del presidio de San Pedro Sula al norte de Honduras, en ese hecho fallecieron calcinados 107 pandilleros integrantes de la Mara Salvatrucha.

Según autoridades, el suceso se produjo por sobrecarga de aparatos en los tomacorrientes, además del hacinamiento que el centro tiene desde hace más de 20 años. Este motín se une a las tragedias penitenciarias más graves de América Latina que superó incluso a la ocurrida en Brasil en febrero de 2017 en la que fallecieron 56 personas.

De los 24 centros penales a nivel nacional, el 99% están en hacinamiento, cifras oficiales reflejan que la población penitenciaria es de 17,441 personas, de las que 9,275 están procesados, el resto se encuentra sentenciado.

Las 107 víctimas al ver las llamas que consumían el presidio, suplicaron a las autoridades policiales para que abrieran los portones y salvaran sus vidas, petición que fue negada e incluso varios policías dispararon contra los pandilleros bajo el argumento de mantener orden en medio del ambiente de desgracia. Esa tragedia no fue la única en Honduras, en 15 años hubo cinco siniestros en las cárceles nacionales, entre las más importantes están: el incendio en La Ceiba el 5 de abril del 2003 en el que murieron 69 personas y el 14 de febrero del 2012 en la Granja Penal de Comayagua donde fallecieron 357 internos.

En total 533 hondureños han perdido la vida en las cárceles en los últimos diez años, representando un 40% de la población privada de libertad que ha fallecido en este tipo de tragedias en América Latina.

El papel de las autoridades en el incendio en el penal de San Pedro Sula en 2004, incentivó a varias organizaciones a demandar al Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que se obligara al Estado a cambiar la legislación sobre el manejo de las cárceles. La demanda tuvo eco y la sentencia Pacheco-Teruel fue establecida el 17 de abril del 2012, acuerdo que no fue aceptado por el Estado de inmediato, sino hasta el 2014 con la aprobación de la nueva Ley.

Carlos Paz, integrante de la Pastoral Social Cáritas de San Pedro Sula, estuvo en el proceso de demanda contra el Estado ante el Sistema Interamericano; él considera que la denuncia tenía varios propósitos: “pedía algunas líneas concretas: la reforma del sistema penitenciario en su conjunto, la depuración del sistema que implicaba un diagnóstico de necesidades, una línea de atención a las necesidades particulares de los privados, y sanación de la administración del sistema”.

El panorama penitenciario en Honduras es complejo. Por una parte la desatención de los centros se conjuga con las libertades que gozan muchos internos dentro de las cárceles, por ejemplo: estos centros de retención se han convertido en escuelas del crimen, desde ahí se ordena a diario extorsionar, robar y hasta asesinar.

Además los internos en el caso particular de San Pedro Sula tienen muchas comodidades en sus celdas: habitaciones con aire acondicionado, televisores, equipos de sonidos, celulares, armas y drogas que están a la mano de los privados, todo en contubernio con las autoridades.

Y no solo los pandilleros y líderes del crimen organizado tienen privilegios, también lo tienen figuras políticas que difícilmente son recluidos en los centros penitenciarios comunes, para el caso Mario Zelaya exdirector del Seguro Social y principal figura del descalabro de la institución permanece en una cárcel militar, gozando de ciertos beneficios de seguridad que son comparables con la realidad de los privados con poder de los centros en hacinamiento.

“Es una realidad que no podemos omitir, sabemos que hay aspectos de corrupción, hay tráfico de influencias, tratos preferenciales por zonas y mayormente es para gente que puede pagar, muchos de ellos ligados a las pandillas, crimen organizado o grupos políticos, quienes tienen el control desde sus celdas, esa realidad nos obligaba a pedir en esa sentencia la depuración en el manejo del sistema, porque es parte del problema”, ampliaba Paz.

Paz afirmó que es importante entender que las pandillas son producto de una sociedad excluyente y desigual. “Es necesario que las autoridades, que nosotros como sociedad hagamos algo para cambiar esa realidad y para rehabilitarlos, es cierto que ellos son personas que le han hecho daño a la sociedad pero la violencia no se combate con violencia, eso debemos entenderlo”.

Para Carlos, el Estado inicia un proceso de reforma penitenciara en el 2014 bajo enfoques equivocados. “La seguridad en Honduras está politizada, se convirtió en un elemento de manipulación y control político”. Luego de la creación de la nueva Ley Penitenciaria, el presidente Juan Orlando Hernández ordena la construcción de tres centros de máxima seguridad haciendo una inversión de más de 25 millones de dólares: uno en Ilama, Santa Bárbara, otro en Morocelí, El Paraiso y un tercero en la Isla El Conejo en el Golfo de Fonseca, zona sur del país, cárcel a la que solo se podrá llegar por vía aérea o marítima, donde esperan ubicar a los internos más peligrosos del país. El enfoque mediático se ha centrado en este nuevo trato contra delincuentes que pretende poner orden y castigar a los presos con violencia.

“El tema penitenciario ha servido para ganar votos en un año político; es decir, la campaña mediática sirve para manipular a la gente, y así ubicar al gobierno como héroe”, dijo Carlos, quien argumentó que a pesar de construir cárceles de seguridad, los problemas de raíz continúan en el sistema.

En Honduras hay 24 cárceles para más de 17 mil internos, todas tienen un 99% de hacinamiento, los casos más graves se dan en el Centro Penitenciario Nacional de Támara cuya capacidad es de 1,800 privados y en la actualidad albera a más de cuatro mil. San Pedro Sula con capacidad para 1,300 y tiene casi a tres mil internos, en Puerto Cortés el centro de reclusión tiene un máximo de ingreso de 226 y hay casi 500. En Santa Rosa de Copán con un límite de 300 y congrega a 700, misma situación se da en Santa Bárbara con una capacidad para 150 personas almacenando 391. 

La sentencia Pacheco-Teruel no se ha cumplido en su totalidad, los ejes planteados por esa ordenanza no se han seguido al pie de la letra por falta de voluntad política, valoró Paz.

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Todos los periodistas preguntaron al mismo tiempo ¿Cómo es el día a día en El Pozo? Gary Mejía con un nudo en la garganta y viendo de reojo a los tres policías que lo custodiaban contestó: “es terrible, ahí no hay agua, por ejemplo para bañarme tengo que sacar del inodoro con el vaso que tomo agua, la comida es pésima, todos estamos cada vez más delgados, imagínese que cada día solo nos sacan a ver el sol cinco minutos, después estamos aislados sin poder ver a nuestros seres queridos”.

Mejía dice que es insoportable estar encerrado entre cuatro paredes, con temperaturas arriba de los 36 grados centígrados, sudando y adquiriendo enfermedades porque hasta el acceso a salud es limitado. “Estamos con la misma ropa, los mismos colchones, mire (enseñó mostrando su brazo izquierdo) yo tengo alergia producto de esas condiciones, cada uno de nosotros agarra bacterias, yo ahora mismo tengo amigdalitis y tampoco me quieren dar atención médica”.

Una tarde en El Pozo

Cuatro conos rojos en la calle, tres patrullas de la Policía Militar del Orden Público, (grupo de reciente creación en Honduras, que desplazó a la policía civil seriamente cuestionada por actos de corrupción), cuatro cámaras instaladas en la infraestructura exterior del centro junto a un grupo de familiares que buscaban a sus seres queridos fue la primera escena que vimos en la entrada a El Pozo de Ilama, Santa Bárbara.

“Prohibido tomar fotos. No fumar. Identificarse en el portón principal”, con ese rótulo se daba la bienvenida y el ambiente de represión y orden se respiraba en el aire. Caminamos desde el parqueo hasta el portón principal y siguiendo las indicaciones lanzamos la primera pregunta al oficial penitenciario.

-¿Se encuentra el director del centro penal? Estamos interesados en hacerle una entrevista.

De inmediato respondió el oficial que portaba en el lado derecho de su cintura una pistola, en su cabeza una gorra con el título de Instituto Nacional Penitenciario (INP) y un par de lentes para protegerse de los rayos del sol.

-“Él no se encuentra, y en realidad para entrevistarlo deben hacer las gestiones en Tegucigalpa, acá no estamos autorizados para eso.

El panorama era poco amigable desde un inicio.

-Está bien- contestamos. A nuestro alrededor se encontraba una pareja de esposos de aproximadamente 65 años cada uno, la señora portaba una bolsa con productos de consumo básico: cereal, jabones, máquinas rasuradoras, galletas, jugos de sobre, churros, sopas instantáneas. Su esposo portaba en su mano derecha una hoja de papel. 

-Buenas tardes, queremos enviar a nuestro hijo estos productos- solicitaron al oficial.

-¿Cuál es el nombre de su hijo y qué quiere enviarle? Preguntó el uniformado. Los familiares respondieron al guardia con amabilidad todas sus preguntas.

Con nervios, desatando con ansiedad el nudo de la bolsa, la señora terminó rompiendo el plástico para sacar los alimentos. El guardia sacó un tablero y empezó a anotar lo que le dictaba la señora. “un paquete de máquinas de rasurar, tres bolsas de jugo de sobre, un paquete grande de galletas, tres jabones, dos champús de bolsa, una manteca”.

-Eso no- dijo el guardia -acá no se puede cocinar.

Así la señora detalló finalizando con una solicitud especial.

-Por favor le puede dar esta carta a mi hijo, se lo agradeceré- 

La primera vía de comunicación que tuvieron los familiares con los internos de mínima y media peligrosidad fue a través de cartas, ahora ya está habilitado el proceso de inscripción de visitas bajo algunos requisitos.

-Veré qué puedo hacer- contestó el guardia.

Los señores terminaron contentos a pesar de la privación. Cuando conversamos si sabían algo de su hijo, nos comentaron que solo lo que podían intercambiar por las cartas que se enviaban. Nada más. 

De pronto, el guardia nos llama y nos consulta 

-¿Quién es el periodista de más alto rango?

Nos vimos entre todos y por consenso visual decidimos quien entraría. 

-Dejaré entrar a uno, pero solo a uno, muestre su carné, tarjeta de identidad y pase adelante- ordenó el policía.

Entré, otra guardia me hizo el registro de rutina, me pasó por una máquina detectora de metales y luego pidió que la siguiera. Atravesamos el primer portón y caminábamos bajo un sol extenuante y la zozobra de lo que estaba por suceder.

En la actualidad hay dos centros de máxima seguridad en función. El de Ilama y Morocelí en El Paraíso, más conocido como La Tolva, entre los dos hay capacidad para albergar a casi cuatro mil personas.

Ilama es uno de los 28 municipios de Santa Bárbara, un departamento ubicado en la zona occidental de Honduras, con una extensión de 180 kilómetros con cinco mil habitantes. Un pueblo que se dedica a la caficultura, la cosecha de pimienta, artesanías y ganadería. 

El Pozo de Ilama, Santa Bárbara, está construido en la carretera que conduce de Ilama hacia Chinda, el área de la obra es de unas 20 manzanas, con oficinas administrativas, portones de seguridad que dividen los accesos a las celdas de mínima, media y máxima seguridad con cámaras por todos lados.

Por donde caminábamos, las cámaras nos seguían, era como el ojo que todo lo ve o parecido al ojo que seguía a George Orwel en el libro “1984”. Llegamos con el policía a las oficinas; -espere acá-, ordenó. Yo miraba a mí alrededor, y pensé: “quizá puedo ver al preso que entrevisté en San Pedro Sula. A Gary”.

La espera duró poco. Un hombre grande, musculoso, con estrellas en su uniforme de militar y voz imponente salió por la puerta. –los estuve viendo por estas cámaras (señaló un estante lleno de monitores de las cámaras del centro), me pregunté que les interesa, ¿Por qué están acá? Y bueno por eso te invité a pasar, quiero que conozcas lo que estamos haciendo acá- expresó. 

El militar dijo: -yo veo todo desde acá, aquí no se mueve ninguna hoja sin que yo lo vea. Preguntó cuál era nuestro intereses, qué estábamos buscando en El Pozo. 

Le die que queríamos saber del funcionamiento de la nueva cárcel y cuáles habían sido los resultados luego de traslados de los privados de libertad. Con arrogancia expresó: “por qué ustedes no se contestan esas preguntas, es evidente que la violencia ha reducido con el traslado de los pandilleros al centro penal”.

Además aclaró que él (haciendo referencia a su rango militar), puso orden en ese lugar, que harían lo que fuese necesario para que los pandilleros no contralaran ese centro. 

-Yo tengo línea directa con el presidente, yo levanto el teléfono y directamente puedo hablar con él-

Señalando la computadora dijo que estaba elaborando un informe que ese mismo día debía enviar a JOH. 

Pregunté su nombre. Él no quiso decirlo. “Tengo muchos enemigos, si te digo mi vida corre peligro, es mejor que no sepas quien soy”, contestó cuando a nuestro alrededor todos los militares usaban pasamontañas para no ser reconocidos.

Antes de despedirme de su oficina me acompañó a un cuarto donde llamó a la puerta dos veces, allí dos militares abrieron. Comenzó a mostrar que en esa pared con varias pantallas podía ver todo lo que sucedía en los tres módulos con que cuenta el centro penal. Para demostrar su poder y el control que tiene me preguntó qué cámara quería ver con amplitud, señalé las celdas de máxima seguridad, allí estaban aquellas celdas tan pequeñas que apenas cabe una cama y el sanitario. Allí pudimos ver a los privados con su uniforme naranja. 

Luego me acompañó a la puerta junto a varios militares que resguardaban el sector y que portaban armas de grueso calibre y todo el material para reprimir cualquier intento violento de los presos.

Algunas preguntas internas surgieron de inmediato ¿Para qué sirve el Instituto Nacional Penitenciario, si acá quienes administran el sistema son los militares? ¿Existirá planes de rehabilitación o todo es represión absoluta?

Me fui con esas interrogantes, el militar dijo que me podría dar una entrevista e incluso su nombre, pero que tenía que gestionar ante las autoridades penitenciarias, solicitud que fue escuchada pero no respondida por el INP días después.

Salí de la misma forma que entré, con más claridad sobre esta nueva figura de máxima seguridad. Lamentablemente no vi por ningún sitio a Gary.

Cuando Gary estaba en el centro penal de San Pedro Sula, se dedicaba a la refrigeración y reparación de artículos electrónicos. En El Pozo todo eso se esfumó. “En ese lugar no hay ninguna rehabilitación, para ellos somos animales, solo cuando llegan los derechos humanos hasta nos dan comida rica, todo eso es un paisaje, solo nosotros en realidad sabemos lo que vivimos”.

En la sentencia Pacheco-Teruel, se planteó la necesidad que el nuevo sistema penitenciario le apostara a la rehabilitación de los internos, a edificar y recuperar al individuo. Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos y litigante ante el Sistema Interamericana asegura que al Estado no le interesa ese tipo de trato a los presos, para Mejía el gobierno implanta un ambiente de violencia y todos los conflictos los trata con absoluta represión.

“El gobierno lo que hace es tomar a los delincuentes, meterlos a un módulo y alejarlos de la sociedad y no rehabilitarlos, es como cuando una persona tiene un virus: toma a la persona y la aísla para que no pueda enfermar al resto de la sociedad, con esa lógica funcionan los centros de máxima seguridad, la lógica es que son enemigos y hay que mantenerlos alejados de la sociedad y que se pudran ahí y eso vulnera la Constitución que establece que los centros deben ser de rehabilitación y reinserción social, pero eso no ocurre de esa forma”, categorizó Mejía.

Gary dijo que ellos en su momento iniciaron acciones de protesta a lo interno de El Pozo en Ilama. “Hicimos huelga de hambre, aguantamos muy poco, nadie puede sostenerse sin comer, lamentablemente no se nos escuchó, parece un batallón militar la forma como manejan este centro”.

En el Pozo II (La Tolva) ubicada en Morocelí, El Paraíso, el pasado sábado 27 de mayo se dio un motín al interior del presidio, en el que los internos causaron destrozos, en protesta al traslado y al trato que reciben de las autoridades penitenciarias. 

Las imágenes del motín detallan colchones hechos pedazos y desperdigados fuera de las celdas, además se observan tumultos de concreto. Los internos de La Tolva tuvieron el valor de protestar, el valor que no tuvieron los internos de Ilama, quizá las medidas de seguridad son distintas, en este caso la pregunta de cómo causaron tanto destrozo es una incógnita, que es investigada por las autoridades. Los disturbios se presentaron días después que decenas de privados fueron trasladaron de la cárcel de Támara, Francisco Morazán a La Tolva.

Morocelí es un municipio que tiene 131 caseríos y unas 15 aldeas conformadas por unos 352 kilómetros cuadrados. Es un pueblo seguro, los índices de violencia son minúsculos en comparación a ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, actualmente cuenta con una posta y dos policías. Su alcalde, del Partido Nacional José Tomás Moncada asegura que la noticia de construcción de un centro de máxima seguridad causó en un principio preocupación, no es para menos la gente presionó por miedo a que la violencia se incrementara con la llegada de una estructura de ese tipo a la zona.

“Eso fue al comienzo, pero ya hay tranquilidad, creo que es necesario hacer estas acciones, lamentablemente nos tocó a nosotros, solo queda obedecer el mandato presidencial, y además estamos en la disposición de colaborar.

Fue una sorpresa cuando vino una comisión de parte de la Secretaria de Gobernación y me informaron que el municipio estaba elegido para construir una cárcel, yo les dije que el municipio no estaba preparado y convoqué a un Cabildo Abierto que estuvo polémico pero al final ganó el sí y bueno ya estaba definido por parte del gobierno, tampoco nos dieron a elegir si queríamos o no, sino que ya venía la orden, el cabildo fue en el 2015”, expresó el edil.

Para el exjuez de Sentencia, Ramón Enrique Barrios, el sistema penitenciario atraviesa una realidad terrible, porque en teoría se debería rehabilitar a los internos, pero en realidad eso no sucede aunque la Constitución así lo establece. “Las cárceles en Honduras son escuelas del crimen, porque si usted es un ladrón, allí aprende a ser extorsionador, secuestrador, estafador y tendrá que sobrevivir en esa jungla, eso sucede porque no hay políticas de rehabilitación”.

Barrios dice que el gobierno aplica medidas involutivas, porque mientras los países nórdicos suspenden cárceles, en Honduras se castiga la violencia con violencia; es decir, a todos los problemas le recetan militares y en realidad ellos están preparados para reprimir, no para otra cosa.

Carlos Paz es del criterio que el sistema penitenciario realmente es manejado por los militares. “Al final quien toman las decisiones es el Consejo Nacional de Seguridad y el INP es pura pantalla. Mientras sean los militares los que manejen las cárceles seguiremos con los mismos problemas y el gobierno le apuesta a eso, porque de ahí pretende sacar producto político electoral”.

La modalidad penitenciaria en el país sigue bajo el dominio militar, a pesar que una de las recomendaciones de la sentencia Pacheco es desmilitarizar la administración carcelaria del país.

Asimismo Joaquín Mejía dice que quienes realmente controlan la sociedad son los militares y que la separación de poderes es irreal, por eso hay una grave situación, teniendo en cuenta que ellos los que están con el Presidente se reparten el control del Estado.

En reacción a las acusaciones, el subdirector del INP German Allan Macniel afirmó que han creado un Instituto que sea capaz de sostener las reformas que el gobierno ha dictado. Macniel relata que los procesos son paso a paso y que en este momento se están apoyando en los militares, porque están en formación del personal penitenciario que administrará los centros en el futuro.

El representante gubernamental admitió que quien toma las decisiones es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una súper estructura que maneja el Presidente Juan Orlando Hernández.

“Estamos trabajando para darle otra óptica al sistema penitenciario, creemos en la apuesta del Presidente, nuestro objetivo es disminuir la violencia, combatir la inseguridad y sabemos que los internos son culpables de extorsión y de lujos, estamos para erradicar eso”, expresó Macniel, siempre refiriéndose a Juan Orlando como punto de partida de sus declaraciones.

Gary en la entrevista a los medios de comunicación recalcó que no hay rehabilitación, que no hay apuesta del gobierno para convertir en otras personas a los internos. En ese sentido Macniel dijo que ya están discutiendo programas de aprendizaje y recuperación para los privados que están no solo en los centros de máxima seguridad, sino en los demás espacios de reclusión.

Las familias sufren

“Yo le pido a mi mamá, si me está viendo en la televisión, que por favor saque los documentos que piden las autoridades para que nos puedan visitar”, dijo Gary, al mencionar que los internos se sienten solos porque no ven a nadie, con suerte observan el sol cinco minutos al día. Están aislados y abandonados.

Cuando entramos al centro de Ilama, el militar nos dijo: “Parte del orden es controlar las visitas, sabemos que en San Pedro Sula, los familiares son quienes llevan armas, drogas, celulares y cosas prohibidas, por eso queremos saber quiénes son los que visitarán a los presos. Si quieren entrar, acá me van a traer antecedentes penales, me tienen que traer copia de identidad, tres cartas de recomendación y examen de parentesco con los internos, sino que no pierdan el tiempo, no podrán entrar”. El segundo domingo de mayo, día de las madres en Honduras, fue el primer ingreso de familiares a visitar a sus parientes en El Pozo de Ilama.

Lorena, como la llamaremos por seguridad, es hermana de uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha en el norte del país, ella relata el dolor de la familia al ver a sus ser querido tras las rejas.

“Mi hermano está preso desde hace trece años, él estaba en el centro penal de San Pedro Sula, mi relación con él siempre fue buena, yo cuando podía pasaba pendiente de él, lo visitaba con frecuencia, pero ahora eso ya no es posible”, inició.

Lorena es consciente de la nueva metodología de visitas que se aplica en los centros de máxima seguridad, en el que se han establecido un conjunto de requisitos para sacar un carnet que autorice las visitas periódicamente.

“Antes del traslado, él me dijo que sospechaba que algo pasaría, que tenía miedo porque seguramente los trasladarían”. Lorena contó que su hermano tiene un hijo de un año, su esposa lo cuida y su temor con la prohibición de ver familiares es que no pudiera ver de nuevo a su hijo.

Lorena lamentó que en la nueva dinámica para visitas se gaste mucho dinero, además del trámite. “Dijeron que solo familiares dejarán entrar, por ejemplo su pareja no está casada legalmente, solo tiene una relación con él, ahora con ese obstáculo ya no se podrán ver, eso es triste y me duele mucho”.

Ella es consciente del daño que en algún momento su familiar hizo a la sociedad, considera que las medidas de seguridad son necesarias, siempre y cuando no afecten a los familiares que quieren pasar al pendiente de sus amados.

El hermano de Lorena está condenado a 30 años, todavía le faltan 17 de cárcel y está interno por el delito de asesinato. “Ahora los deben rehabilitar, a través de talleres o cursos, eso les sirve mucho a ellos”.

Una de las razones de la nueva administración carcelaria para poner trabas a las visitas de los internos es porque en centros como San Pedro Sula las visitas eran quienes ingresaban armas, drogas y teléfonos, todo en contubernio con las autoridades.

“Todo lo que ingresaba ahí no era por nosotros, sino por ellos (autoridades), la verdad es que los responsables de meter las cosas a los presidios son las autoridades no los familiares, ellos son los verdaderos culpables”, dijo molesta Lorena.


A pesar de la tristeza que genera este nuevo criterio de visitas a Lorena, ella expresó un pequeño destello de alegría. “Por lo menos mi hermano está en un lugar que no es una bomba de tiempo, yo me preocupaba por él porque sé que la cárcel de San Pedro Sula es una bomba que estalla casi todos los meses, ahora solo deseo verlo con la misma frecuencia para constatar que esté bien”.
La Comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Glenda Ayala, interpretó la realidad que viven los internos en los centros de máxima seguridad. “Creo que el gobierno debe cambiar su política para tratar los problemas penitenciarios, en este caso los más afectados son los familiares, para sacar la documentación que se solicita se necesita mucho dinero, la mayor parte de gente es de escasos recursos y solo para trasladarse de una ciudad a otra debe gastar una cantidad considerable de dinero”.

Ayala también ingresó a la cárcel de Ilama, cree que no se están respetando los derechos humanos a lo interno de la cárcel, además dice que el trato a los presos es inhumano, no tiene plan de rehabilitación y que el enfoque de violencia solo generará más violencia.

“La comida no es apta para personas que están recluidas, se debe fortalecer la atención médica, yo no hablo de dar privilegios, sino de respetar los principios básicos de derechos humanos. Ellos no son animales, son personas”, calificó Ayala.

En conjunto con el Comisionado, la Pastoral Penitenciaria ha jugado un papel importante en el ámbito de rehabilitación de los internos. Isis Perdomo abogada de la Pastoral se muestra preocupada por el nuevo giro que lleva la situación carcelaria.

“Consideramos que las medidas se tuvieron que tomar en base a lo que dicen los convenios internacionales, la Ley del Sistema Penitenciario y sus reglamentos, los traslados no se debieron realizar porque los privados tienen que estar cerca de sus familiares y creemos que trasladarlos tan lejos no es conforme a sus derechos”.

El Padre Fernando Ibáñez, de la Diócesis de San Pedro Sula manifiesta que parte del proceso de rehabilitación de los internos es tener cerca a sus familias, y consideró errada la política del gobierno de alejar a los privados hasta de sus seres queridos. “Una cosa es querer poner orden, pero otra es querer cambiar la sociedad, y las modificaciones solo pueden venir con medidas de amor y fundamentadas en las enseñanzas de Cristo”.

Mora judicial

Esa mañana, cuando Gary Mejía quería llamar la atención de los medios venía de su audiencia de presentación de pruebas, significaba que todavía no tenía una condena firme. La justicia no había decidido sobre él.

Quienes sí decidieron sobre él fueron las autoridades penitenciarias, quienes sin importar un análisis de los expedientes, envían a cualquier interno a las cárceles de máxima seguridad, ya sean pandilleros, extorsionadores, secuestradores u otros.

“La prisión preventiva según el Código Procesal Penal estipula que una persona puede estar en prisión preventiva hasta dos años con seis meses de prórroga”, expresó el exjuez de Sentencia Ramón Barrios.

En cuanto a la mora judicial en Honduras, según datos del Poder Judicial oscila entre 156,401 y 186,987 casos, la mayoría de categoría penal que a lo largo de los años han quedado engavetados en los archivos de los diferentes juzgados.

“El sistema es tan injusto, tan represivo que de los 17 mil privados, casi el 50% están en prisión preventiva, gente que no ha ido ni a juicio oral y le aseguro que unos ocho mil de esos privados saldrán inocentes, y el sistema los ha tratado como culpables, además que vienen psicológicamente dañados”, añadió Barrios.


El exjuez dice que, en la creación y reglamento de las cárceles de máxima seguridad, la estructura está diseñada para que vayan dos tipos de personas: los que ya tienen una sentencia condenatoria, es decir, los que ya están cumpliendo una pena y los otros son los presos más peligrosos. “Ahora usted ve otra escena, en este momento se llevan a todos, a los mareros, gente que no pertenece a maras y se inventaron la categorización de las celdas, eso no fue lo que se estipuló al crear esa figura carcelaria”.
Para determinar qué presos son de máxima peligrosidad, se debe seguir un procedimiento con las autoridades del poder judicial. Deben ser los jueces mediante evidencia los que determinen a quienes trasladar, pero el procedimiento no se cumple. “No se cumple porque en Honduras no existe la separación de poderes y el Poder Judicial es dócil ante lo que diga el Presidente, es lamentable esa situación”, concluyó Barrios.

Gary no ha sido juzgado, no significa que no sea culpable. En realidad el admitió que había asesinado. “Yo cometí mis errores, pero ahora ya soy cristiano, yo entré en una etapa de rehabilitación personal, pero por mí, no porque en la cárcel me ayudaran”.

Gary logró su objetivo: expresar lo que vive a diario en El Pozo. Mientras brindaba la entrevista, los tres policías que lo resguardaban le tocaban la espalda, haciéndole señas que ya era momento de partir. Él en más de una ocasión les dijo: “déjenme hablar, permítame, no les basta con reprimirnos allá, por favor dejen que hable”.

Y así de esa forma, con esa presión de los custodios, Gary se despidió de los medios denunciando la política de represión de las autoridades, la que se extiende hasta el Palacio de Justicia.