sábado, 31 de julio de 2021

COFADEH presenta video conmemorativo a 12 años del ataque armado contra opositores al Golpe

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez 

Represión 30 de julio de 2009/ imagen compartida

Este viernes se cumplió 12 años del ataque armado policial militar ocurrido en la zona de El Carrizal y El Durazno, región norte de la capital, durante las protestas contra el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, rompiendo el orden constitucional y despertando la lucha popular por la Patria.

Más de 150 personas fueron capturadas por la policía y el ejército el jueves 30 de julio de 2009, que se habían convocado desde las siete de la mañana para continuar las movilizaciones sociales desde un mes antes.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) logró asistir a la mayoría de los capturados, para su liberación, pero el profesor Roger Habraham Vallejo fue la cuarta víctima mortal del Golpe de Estado.

“Estoy vivo gracias a COFADEH” comentan algunas víctimas. Hay quienes aún se les ruedan las lágrimas o entrecortan las palabras al recordar aquel violento día, porque las secuelas continúan en su memoria y cuerpo.

El pueblo se auto convocó a un paro nacional de 48 horas, las brutales represiones armadas continuaron en Comayagua, Atlántida y Copán, el viernes 31 de julio.

Hoy en punto de las 2:00 p.m. hora de Honduras, acompáñenos a exigir justicia junto a víctimas que han compartido su testimonio, mediante un video testimonial que se publicará por nuestra rede social @cofadehonduras en Facebook o ingrese al siguiente para más información: https://bit.ly/3l8osAB

COFADEH logró documentar un centenar de nombres sobre las víctimas de ese ataque, pero faltan más personas que pueden colaborar con su testimonio para búsqueda de justicia ante la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH).

Entre las víctimas del ataque en El Durazno, el COFADEH registró a:

Róger Abraham Vallejo Soriano, Félix Rolando Murillo López (ambos muerto/asesinados posteriomente), Carlos Humberto Reyes Pineda (69), Noel Ramos, Latinia Zepeda Amaya, Rommel Espinal, José Francisco Macías Madrid, Luis Rodolfo Figueroa Reyna, Pedro Paz Paz, José Manuel Flores Armijo, Daniel Enrique Esponda Velásquez, José Celestino Barahona Mejía, Doris Jackeline Cerrato Andino, Martha Luz Amador, Isabel Reyes Aguilar, Santa Olivia Avila Torres, Dimas Aldair Martínez Mejía (17 años), Erick Jerson Gutiérrez, Jorge Fernando Jiménez Reyes (16 años), Fernando Javier Espinal (16), Héctor Manuel Herrera Madsen (17), Emanuel Alberto Banegas Caballero, Guillermo Muñoz, Xenia Maldonado, Digno Rodríguez (14), Eros Adán Alarcón Rodríguez (16),  Max Méndez, José Luis Herrera Somoza (17), Fernando Izaguirre, Oscar Barahona, Odid Valerio, Nefry Vladimir Pineda Ordoñez, Mario Santos Girón, Samuel Antonio Escalante Estrada, Beatriz Mejía,  Alex Paz, Cristian David Herrera,  Caren Leticia  Sánchez, Marcial Cruz, Modesto Aguilar Herrera, Carlos Humberto Reyes López (25) ,Oscar Moncada, Sandra Escalón, Mainor Telec Gorfi, Sonia Pantoja, Tania Gisela Guzmán, Clenis Rodríguez , Ana Julia Turcios, Alexis Agurcia, José Lizardo Conacio, Olga Marina Reyes, Oscar Edgardo Villanueva, Maria Rosario Reyes, Eneida García,  Cristóbal Bonilla Díaz, Héctor Reyes, Emilio Castro, José Joaquín Canales , Roy Arturo Romero, Erick Rosales, Víctor Manuel Viliboll, Danilo Fabricio Castro , Naney  Gisel  Flores, Jorge Renán Valle Osorio (17) , Alan Leonel Bueso Juárez, Francisco Martínez Hernández, Humberto Munguía, Pamela Medina, Yeni Molina, Daniel Escondan, Melin Yurisa, Laura Salinas, Wesly Mendoza, Vivian Ramos Mejía, José Alberto Andino, Baldema Portillo, Amado Peña, David Parrales, Juan José Bordas, Ronal Sosa, Milton Torres, Milton Nahúm Borjas. Obed Fernando Banegas, César Adolfo García, Olvin Mejía, Yemi Solis, Gerardo Abraham Solano, Rodric Gabriel Galiano Rosa, Carlos Ramos, Jorge Canillo, Santos Álvarez, Porfirio Samatibo, William Bulnes Rivera, Melvin Roberto Baca, Héctor Rolando Hernández, Johan Ordoñez, Daniel Rivera, Jorge Ortega, Adán Cirilo Velásquez, Ronald Ramón Duarte, Manuel Chávez, Guillermo Antonio Amador, Nelson David Lagos Blanco, Héctor David Vallejo, Joel Munguía, Juan Barahona, Oscar Umanzor, Rudy Izaguirre, Francis Sinder, Carlos Alvarado, Ventura Hernández Martínez, José Luis Baquedano Hernandez, Ana Liliam González Zelaya, Samuel Gilberto Triguero Espino.


Falta de acuerdos entorpece proceso electoral


Radio Progreso

Las elecciones generales programadas para el próximo domingo 28 de noviembre, están en peligro al no contar con un Sistema de Transmisión de resultados que lleve tranquilidad a la población luego del fraude electoral de las elecciones del 2017 que generaron inestabilidad política en Honduras.

El Consejo Nacional Electoral, CNE, ha demandado una ampliación del presupuesto en 800 millones de lempiras para poder básicamente asegurar un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP, que garantice datos confiables y oportunos el día de la elección.

Sin embargo, en el Congreso Nacional, esta situación parece no importarle, y específicamente a su junta directiva integrada por el Partido Nacional y con personas fieles a los dictados de Juan Orlando Hernández.

El diputado de Libertad y Refundación, Libre, Edgardo Castro, señala que las elecciones generales en Honduras están en peligro porque la ampliación del prepuesto al CNE no será otorgada por el Congreso Nacional controlado desde Casa de Gobierno.

Para el dirigente del PINU, Olban Valladares, las elecciones corren peligro debido a las maniobras de boicot de varios partidos políticos, al negar ampliación de presupuesto al Consejo Nacional Electoral.

Valladares cuestionó el papel de los partidos políticos y dejó claro que si siguen implementando estas maniobras, la paz del país también podría afectarse.


Solo el 13% de la población hondureña está vacunada


Radio Progreso

La Directora del Área de Salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, Blanca Munguía, apenas el 1.3% de la población elegible ha sido vacunada con dos dosis contra la Covid-19.

Munguía dijo en Radio Progreso que, según el Observatorio de la ASJ “Vacunas Para Todos”, al país han llegado 2 millones 924 mil dosis asegurando con ello la vacunación solo para el 21% de la población elegible.

Para el doctor Marco Eliú Girón, médico en el Centro de Salud de El Carrizal del Distrito Central, para alcanzar un 70% de la población inoculada contra la Covid-19 al final del año, la Secretaría de Salud deberá aumentar la vacunación 50 mil personas diarias a nivel nacional.

De lo contrario, dijo el doctor Girón, la inmunidad de rebaño se alcanzará hasta diciembre de 2022 en Honduras.

Vacuna rusa

El acuerdo entre los representantes del Fondo Ruso y las autoridades de la Secretaría de Salud, es que en un periodo de tres semanas estarían llegando al país las más de 40 mil vacunas para inmunizar con la segunda dosis de la Sputnik V, a igual número de personas.

El Subsecretario de Salud, doctor Fredy Guillén, explicó en Radio Progreso que la compra se ha realizado a través de una contratación denominada “contra entrega”, que consiste pagar el 50% al tener asegurado el lote y el 50% restante al llegar a Honduras.


“El debate por la función social de la tierra es indispensable”


Agencia Paco Urondo

Por Analía Ávila 

APU dialogó con el Colectivo Documental Semillas del cual forma parte Juan Pablo Lepore, director del film. La redistribución de tierras y la producción de alimentos sanos; los campesinos desalojados por la frontera agropecuaria vuelven a la ruralidad y construyen una alternativa.

El 20 de mayo se estrenó en Cine.ar el documental La vuelta al campo, luchas campesinas por el buen vivir  de Juan Pablo Lepore, integrante del Colectivo Documental Semillas. Los temas abordados en el largometraje son la redistribución de tierras junto con la producción de alimentos en un contexto neoliberal mundial marcado por la pobreza y la exclusión. Los campesinos que fueron desalojados por el avance de la frontera agropecuaria vuelven a la ruralidad construyendo una alternativa frente a tanta desigualdad.

El estreno mundial del film fue en el Festival Internacional de Cine Ambiental FINCA 2020. Luego fue seleccionado por 20 festivales internacionales. Entre ellos, el WIP 2018 (Work In Progress) del 51° FICVIÑA Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. La película fue ganadora en el V festival de cine etnográfico de Ecuador y en el Fiorenzo Serra Film Festival de italia, ambos durante 2020.

Lepore nació en la ciudad de Buenos Aires en 1982 y estudió la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (UBA). Se desempeña como productor, guionista y director de sus películas. La vuelta al campo es su quinto largometraje. APU dialogó con el Colectivo Documental Semillas del cual forma parte el director del film.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo surgió la idea del guion de La vuelta al campo y cuánto tiempo llevó la investigación y realización?

Colectivo Documental Semillas: La idea del guion nace en conjunto con el director Juan Pablo Lepore y Nicolás van Caloen, a través de viajes por distintos puntos del país como Mendoza, Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fé y Entre Ríos. En el camino fuimos conociendo a las diferentes personas que están en la lucha por la tierra, así como la problemática con el monocultivo de transgénicos, la utilización masiva de agrotóxicos, y las implicancias terribles para las poblaciones. Luego con el viaje de Brasil y Cuba se pudo obtener un pantallazo más general latinoamericano, y si se quiere mundial, de cómo estos países representan un estilo, una vanguardia. Como es el caso de Cuba para la implementación a gran escala de la agroecología y cómo las Organizaciones Campesinas fueron abriéndose camino y siendo cada vez más protagonistas de su propia historia dando razón de que otro campo es posible.

La investigación también se nutre de otras experiencias, que tomaron sentido para los diferentes documentales que se fueron dando en paralelo como es Agroecología en Cuba, tras la visita a ese país. En Canadá, surgió conversar sobre el extractivismo y la organización de los pueblos originarios que terminó en Olvídalos y volverán por más: megaminería y neoliberalismo (2016) y el material que fuimos recogiendo para La jugada del peón, el agrotóxico letal (2015) que también dialoga con los otros largometrajes que fueron dándose a través de estos 10 años de investigación, con un pantallazo general con denominadores comunes y conflictos que van interconectando. La necesidad de comprender una visión holística de las problemáticas y las posibles soluciones.

APU: ¿Qué es lo que más destacan del trabajo de las organizaciones rurales?

C.D.S.: La resiliencia. Cómo se levantan día a día muy temprano para poner el cuerpo, para trabajar la tierra y cómo se enfrentan a dificultades (ambientales, sociales, económicas, entre muchas) y siguen levantándose día a día transformándose, aprendiendo, cooperando. Ese es el valor más grande que vemos. También destacamos el rol protagónico que tienen las y los campesinos en la lucha por la tierra y cómo fueron construyendo ese horizonte que hace unos años pareciera tan lejano y que hoy en día podemos decir que se ha avanzado muchísimo, eso es gracias al trabajo inagotable, con una moral y ética con respecto a multiplicar la agroecología a cada agricultor/a del país y del mundo. 

APU: ¿Cómo afectan los agrotóxicos a los pequeños productores y a los consumidores?

C.D.S.: Los agrotóxicos afectan porque es lo que comemos, es lo que incorpora nuestro organismo cada día. Eso es importante siempre tener de base. En relación a la pregunta sobre las y los productores, por ejemplo con la creación de cultivos transgénicos, como el trigo que se busca avalar o como la soja HB4, y la utilización de herbicidas para “hacer más eficiente” la producción para estas megaempresas.

En nuestro país existen 62 eventos transgénicos diseñados para la venta masiva de agrotóxicos. Las enfermedades asociadas a estos tóxicos están científicamente comprobadas en todo el mundo por cientos de papers publicados, y cada día se suman más y más personas que padecen pérdida de embarazos, malformaciones genéticas, mutaciones, cáncer, leucemia, afecciones respiratorias severas son sólo algunos de los problemas de salud cada vez más recurrentes. El caso que más ha trascendido en los medios de comunicación y se ha convertido en ícono de lucha contra el agronegocio letal es Fabián Tomasi, que ha luchado hasta el fin de sus días denunciando lo que producen estos venenos que se han impuesto como la única forma de hacer agricultura.

Vivimos en un ecosistema, los animales, los bichos interfieren en las plantas, traen y llevan semillas, polinizan, ¡a través del agua también se comparte mucho! y el hecho de que se modifiquen genéticamente afecta en las producciones de quienes buscan co-crear un alimento saludable, intoxicando a todo aquel que se acerque a este ecosistema. Afectan a las personas que trabajan en el lugar poniendo los agrotóxicos, a las abejas, por ejemplo a quienes se les ocasionan enfermedades obligando a los apicultores a utilizar remedios para curarlas. Así como en la producción ganadera.

El impacto ambiental que conlleva, que nos afecta y que determinará la vida de las futuras generaciones es inmenso. Y no es el único. Los megaemprendimientos que acaparan el mercado, trasladando productos por todo el país, consumiendo y utilizando muchísimo carbón son también causantes del cambio climático. La “necesidad” de producir alimentos para poder comer todo el año tomate, por ejemplo, algo que de por sí no es natural, conlleva utilizar muchísima energía. No es sólo el agroquímico que se tira sobre el alimento, es toda la cultura que está arraigada en creer que eso es mejor. 

Además, pierden nutrientes, por lo cuál ¿qué terminamos comiendo? Entre las consecuencias están la obesidad y la desnutrición. Podríamos seguir hablando de las diferencias económicas, de los terratenientes con grandes cantidades de tierra contaminando el ecosistema, mientras que le sea imposible tener acceso a tierra a aquellas y aquellos productores que brindan alimentos sanos. 

APU: ¿Qué causaron las políticas neoliberales en los pequeños productores?

C.D.S.: En 1996 Monsanto entra en nuestro país a través del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de ese momento, Felipe Solá. En esa década nefasta para las políticas de la Argentina se han llevado adelante muchas decisiones asociadas con avanzar el extractivismo en todo el territorio nacional. La implementación de un modelo de monocultivos transgénicos, como así también la creación de la ley de inversiones mineras de 1994, son políticas neoliberales que perduran hasta nuestro días, y que no solo no se han mitigado, sino que se han fomentado y el Estado ha invertido miles de millones de dólares en la expansión de estas políticas que van en contra de la salud y la vida de la gente.

Una de las principales causas del desplazamiento de las y los pequeños productores a las urbes tiene que ver con el avance del agronegocio y la concentración de las tierras en pocas manos, producto de la insistencia por parte del Estado en seguir con este modelo transgénico que genera muchas enfermedades y que produce desarraigo, eso es en esencia el neoliberalismo asociado a las políticas de expansión extractivista de los bienes comunes. Por eso la vuelta al campo y el debate por la función social de la tierra es indispensable para poder cambiar estas lógicas que solo benefician a unos pocos en detrimento de la salud y el bienestar de las grandes mayorías. 

APU: Las organizaciones campesinas presentaron una Ley de acceso a la tierra. ¿Es suficiente esto para la agricultura?

C.D.S.: Es un avance muy importante pero, no es suficiente. Así como no es suficiente solo que el aborto sea legal, tampoco lo es con la Ley de acceso a la tierra, pero definitivamente es el comienzo. La agricultura como el nombre lo indica es una construcción cultural; es necesario recuperar formas más naturales, y eso no implica “volver a la prehistoria”, como afirmó Raquel Chan en una nota de AGENCIA PACO URONDO 

La agroecología, es recuperar la conciencia de nuestras acciones sobre el ecosistema que co-habitamos. Trabajar con la tecnología, sí, pero sin perder ese eje. La tecnología diseñada para facilitar la tarea del pequeño productor, como fue la intención cuando se creó el INTA. Bioinsumos, semillas nativas, compost, bokashi, corredores biológicos, consumo local, trabajo local, son algunos ejes por los cuales las instituciones y los centros de formación de conocimiento deben direccionar los esfuerzos para masificar la agroecología y que junto con el acceso a la tierra pueden garantizar la generación trabajo en cada localidad, evitando el permanente éxodo a las ciudades y al mismo tiempo garantizando la producción de alimentos saludables y disponibles a la población a precios justos.

Un ejemplo de quienes vienen trabajando fuertemente en esto es la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), junto con la propuesta de las “Colonias agroecológicas” donde las familias se asientan en tierras del Estado y producen alimentos para el consumo local, con su propia boca de expendio, y el excedente es derivado al gran mercado mayorista en Avellaneda donde se mueven 625 toneladas mensuales de alimentos agroecológicos. Y que además lo vende a un precio justo. Por eso, es necesario crear políticas públicas que acompañen a los y las campesinas y que trabajen en favor de nuestra salud garantizando el Derecho Humano a la Alimentación. 

Trailer de La vuelta al campo, luchas campesinas por el buen vivir


¿Dialogamos?


Rebelión

Por Fernando Buen Abad Domínguez 

Dialogar es un hecho social que a muchos les indica “civilidad”. Dialogar tiene “buena prensa” y normalmente es la mejor estrategia para dirimir (bien o mal) acuerdos o desacuerdos. Y muy raramente un diálogo verdadero omite la igualdad de oportunidades y, principalmente, la igualdad de condiciones. Dialogar es un hecho humano, exigente, que tiene requisitos concretos y abstractos raramente cumplidos. Otra cosa es mantener “conversaciones” que el viento suele llevarse. Dialogar no significa coloquio de monólogos o soliloquios.

Sabemos que el requisito principal para desarrollar un diálogo, en toda su extensión semántica y práctica, radica en voluntades abiertas, verificables y proactivas para escuchar, nos guste o no, lo que un interlocutor piensa y hace. Que tal voluntad de escucha, en su proactividad, pide también disposición para alcanzar acuerdos pertinentes, concretos y conjuntos, con cambios de actitudes. Que, en igualdad de circunstancias, los dialogantes tendrían equidad en las contribuciones, y en los recursos, para realizar cambios, incluso cooperativamente. Que el siguiente paso de un buen diálogo sería una convivencia armónica. Pero se requiere igualdad (no uniformidad) de posiciones objetivas y subjetivas. ¿Es eso posible en sociedades divididas en clases?  Sólo los pueblos hermanos dialogan honestamente.

Aún en condiciones desiguales, es posible cierto nivel de diálogo, pero será siempre un diálogo determinado por las asimetrías y es de importancia metodológica primordial observar cómo y cuánto influyen tales asimetrías en las características del diálogo, y sus consecuencias, en el corto, mediano y largo plazo. Esto parecería perfecto si no fuese porque, evaluamos porcentajes y resultados de los diálogos asimétricos, se detectan emboscadas generalmente abusivas, que traicionan lo que pudo parecer voluntad civilizada para resolver diferendos. Hemos visto diálogos revestidos con sonrisas y discursos muy promisorios, inmediatamente traicionados con mil y un canalladas originadas por las disparidades de poderes, de economías y de armamentos. Como fueron traicionados los diálogos de Paz por Colombia. Como las farsas dialoguistas del Movimiento (golpista) San Isidro en Cuba. Y miles de ejemplos más.

La historia de los diálogos está plagada por las más diversas experiencias que incluyen el parto de los saberes (en la mayéutica de Sócrates) hasta las falsificaciones en el uso del diálogo manipulado como emboscada ideológica para poner tramposamente, “en pie de igualdad” lo que es simplemente irreconocible, inadmisible e inmoral. Tal como suelen ser los diálogos convocados por el imperio o los diálogos obrero-patronales; los diálogos usados en la televisión como ejemplos de democracia burguesa farandulizada o los diálogos propuestos a la juventud para que se crea el cuento de que “todos somos iguales” bajo el capitalismo. Y muchos caen ingenuamente.

Bajo las condiciones actuales de dominación capitalista, acudir a una mesa de diálogo, o exigirla, implica hacer explícitas las agendas concretas, el currículum de los interlocutores y todas las desigualdades que rodean a la iniciativa. No podemos dialogar sobre la pobreza en el mundo si alguno de los dialogantes acude hambriento. No se puede dialogar sin denunciar las coacciones, las amenazas o las limitaciones impuestas antes o durante el diálogo. No se puede dialogar sobre la Paz si ellos son dueños de la industria bélica planetaria; no se puede dialogar sobre cultura si ellos son los dueños de las máquinas de guerra ideológica que disfrazan como “medios de comunicación”; no se puede dialogar sobre democracia si ellos mantienen bloqueados a nuestros países. Nada de eso se parece al diálogo ni a la civilización. No caigamos en sus emboscadas. Podemos ir a sus mesas, pero jamás iremos ingenuamente. Iremos a denunciarlos, principalmente. Por método.

No es intransigente exigir condiciones dignas. Lo inaceptable es prestarse a una trampa que nos han tendido miles de veces abusando de su poderío autoritario y clasista. No es arrogancia exigir igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. No es petulancia someter a revisión minuciosa el contenido de las agendas y, especialmente, hacer valer nuestro derecho a incluir en las agendas los temas que nos importan y preocupan históricamente. Necesitamos una metodología social y justa para el desarrollo de los diálogos, sus acuerdos, seguimiento y correcciones. Como lo hacen algunas asambleas populares en no pocos territorios de nuestra Patria Grande.

¿Hay que dialogar con todos? Sólo si respetan a los pueblos, si merecen la confianza de las luchas que tienen bien puestos los en las batallas. Necesitamos instrumentos científicos y ayudas teórico-metodológicas para acudir suficientemente informados a una mesa de diálogo; acudir suficientemente advertidos sobre toda posible triquiñuela burguesa; acudir nutridos por la experiencia que da la lucha desde las bases. Evitar, a toda costa, obedecer cualquier agenda inconsulta, aunque la disfracen de colectiva. Asistir seguros de que hablaremos lenguajes comunes, sin palabrerío “técnico”, sin enredos semánticos que no entendamos o no se nos hubiere consultado. Asistir con la fuerza moral de nuestras historias de lucha y nuestras grandes victorias revolucionarias. Pero jamás asistir ingenuos. “Por el engaño nos han derrotado más que por la fuerza” decía el gigante Simón Bolívar. Que bastante sabía de diálogos.

* Dr. Fernando Buen Abad Domínguez director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride Universidad Nacional de Lanús Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad Miembro de la Internacional Progresista Rector Internacional de la UICOM Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)


viernes, 30 de julio de 2021

COFADEH continúa documentación previa a juicio de criminalización campesina


Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez 

Los socios de la Empresa Asociativa Campesina “12 de febrero” José Dolores Aguilar (53) y Enrique Rivera (68), continúan bajo medidas sustitutivas a la prisión, mientras se llega la fecha del juicio oral y Público citado para el próximo 26 de agosto.

Los defensores de la tierra acusados por el supuesto delito de descombro agravado llegaron este jueves 22 de julio a firmar al Tribunal de Siguatepeque, lo que implica un oneroso gasto y días sin trabajar; además permanecen alejados de los predios por el que se les acusa de descombro.

Hoy se reunieron con la abogada Karol Cárdenas, representante legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), como su defensa legal, quien debe presentar un informe mensual sobre los criminalizados.

Aprovecharon la oportunidad para continuar recabando documentos e información que los acredita como dueños de las parcelas donde habitan y cultivan, en la comunidad Los Llanos, municipio de Taulabé, Comayagua.

En este caso, el juicio debió iniciar el miércoles 21 de abril, pero el Ministerio Público no estaba listo, pese a que existía citación anticipada y pretendió culpar por la falta a la defensa, en este caso a las representantes legales del COFADEH.

Los campesinos José Dolores Aguilar (53) y Enrique Rivera (68), en el año 2015 permanecieron seis meses privados de libertad, logrando medidas sustitutivas a la prisión siendo el COFADEH, su garante.

Los criminalizados y demás familias de Los Llanos, protegen el bosque porque es la fuente de agua de donde se abastecen y necesitan para su cultivo y sobrevivencia en  general; sin embargo, el 21 de marzo de 2014, los representantes del entonces patronato acusó a José Dolores Aguilar, Enrique Rivera y Rogelio Vásquez (fallecido), de talar los árboles, cuando en realidad eran ellos (patronato) que operaban la tala y venta de madera sin el consentimiento de la mayoría, violentando el derechos a la consulta libre, previa e informada.

Entonces fueron criminalizados y encarcelados por seis meses en el 2015, acusándolos por el supuesto delito de “explotación ilegal de los recursos naturales” en perjuicio del Estado de Honduras, sumando a la lista de más de siete mil campesinos y campesinas criminalizadas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza.

Según la comunidad, cuando se limpió el bosque, se debió a una limpieza de árboles de ocote afectados por la plaga del gorgojo del pino que afectó el bosque hondureño. Actualmente el 45% del ecosistema de bosque de pino peligra ante el gorgojo descortezador, según el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la causa es por falta de lluvia necesaria para la producción de resina, protección natural de los árboles, además de la falta de aves como controladores biológicos como el pájaro carpintero.

A la espera de títulos de propiedad

Los campesinos de la empresa “12 de febrero” esperan que el Instituto Nacional Agrario (INA) les entregue títulos de propiedad que los acredite como responsables de sus parcelas y no tener miedo a ser criminalizados por cuidar el bosque del entorno, por lo que el proceso lo mantienen con la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), organización a la que están afiliados.

Mientras tanto, cultivan frijol, maíz, café y demás hortalizas de temporada para consumo familiar, arriesgándose ante la necesidad de tierras que enfrenta más de 300 mil familias campesinas.

Honduras es un país de 112,492 km2, se estima que la superficie de tierras con vocación forestal es de 98,629 hectáreas (87.7% del territorio), según estudio de la Organización de las Nacionales Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La cobertura forestal es den 5.680.52 hectáreas (50.5% del territorio).


Alerta Urgente


Defensores en Línea

Por Ricci Ponce

Hombres vestidos de policías irrumpen sin ninguna justificación a la casa de la defensora del ambiente Olga Velázquez, ubicada en el Valle de Siria, Francisco Morazán.

La defensora informó al Cofadeh que a eso de las 8:00 PM aproximadamente, cinco hombres vestidos con uniformes de la Policía Preventiva llegaron a su casa, y abusivamente, tres de ellos, ingresaron a la misma, dos al patio y uno entró hasta el corredor.

Según señaló la defensora, lo que se le hizo raro es que llegaron preguntando dónde quedaba la Iglesia Católica.

Además, señaló que no se transportaban en una patrulla policial como es debido, si no que ellos andaban en un carro Hilux, color gris, con placa 04919.

La defensora dijo al COFADEH que días antes un carro similar al que se transportaban se estacionaron frente a su casa, y con ellos andaba una patrulla.

El COFADEH condena estos actos de intimidación y persecución a los y las defensoras del ambiente como Olga Velázquez, y hace un llamado a los organismos nacionales e internacionales para que brinden y garanticen la protección necesaria a la defensora de la vida.


Represión armada contra el virus


Defensores en Línea

El régimen ilegal e ilegítimo del clan Hernández en Honduras es el peor ejemplo continental de administración de una pandemia. Está probado.

Desde el instante que la Organización Mundial de la Salud puso el Coronavirus en condición letal en marzo 2020, la dictadura militar entregó la gerencia de esta amenaza a las fuerzas armadas.

La más elemental de las racionalidades indicaría que los científicos, la Universidad Nacional y el Colegio Médico, serían los gerentes de la emergencia sanitaria. Pero no fue así, usaron los galil para reprimir el virus.

Bueno, en realidad, las milicias cristianoides y anticomunistas dirigidas por el pastor Livio Moreno concentraron sus tácticas y estrategias contra las personas y no contra el diminuto enemigo cabeza caliente…

En el transcurso de 2020, los chafarotes y los chepos dirigidos por la narcodictadura reprimieron más de 70 manifestaciones de barrios y colonias que reclamaban acceso a la salud, agua y alimentos en distintas partes del territorio. El confinamiento con hambre ha sido imposible.

La suspensión de derechos individuales y colectivos durante continuos reprises de día y de noche no incidió en la propagación del virus, que siguió multiplicándose. Actualmente Honduras se acerca al medio millón de contagios y a la decena de miles de fallecidos. Sin embargo, la dictadura chafista insiste en los mismos métodos erráticos.

En medio de los picos elevados de propagación han sido abiertos supermercados, hoteles, restaurantes y playas, provocando un colapso de los hospitales y de las carpas móviles. Los sabios armados invitan al turismo interno y a la inversión externa, a la reactivación económica, y luego vienen los cadáveres. No escuchan la ciencia. Esto ha ocurrido repetidamente en varias ocasiones durante la pandemia.

El mensaje es claro: nos importan menos las personas muertas y las personas vivas en riesgo si la economía está en peligro.

La ciudadanía, en cambio, piensa que sería el tiempo de usar todos los capitales confiscados a los narcos corruptos para ponerlos precisamente al servicio de la colectividad, para evitar exponerse al riesgo durante el rebusque. Evitar el endeudamiento y fortalecer la economía local. Pero esos bienes son del cartel. Haciendas, residenciales, hatos, buques, aviones, condominios, playas, complejos turísticos, zoológicos, etcétera.

Entonces, llegada la segunda mitad del 2021, sin vacunas siquiera para inmunizar completamente el personal médico de primera línea, el régimen se relajó. Y el virus avanzó.

El gobierno de El Salvador tuvo que acudir en auxilio de varias municipalidades hondureñas desesperadas por la inacción de la dictadura Hernández, que priorizó chafas, activistas, voces mercenarias y la cúpula corrupta con doble dosis de vacunación.

Pero eso no sirve de nada si más del 85% de la población sigue sin protección inmunológica, y ahora que la variante Delta muerde duramente en todo el territorio nacional, la historia se repite.

La imposición del toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana regresa el protagonismo a las fuerzas represivas del régimen. Quincena tras quincena, el anuncio de la secretaría de inseguridad se repite. El toque se prolonga, las calles nos pertenecen, nosotros somos sus amos, obedezcan reclutas.

El control abusivo de la población se escalona en un buen momento para evitar la creciente movilización ciudadana contra el arribo de los filibusteros atraídos por los vende patria que celebran el bicentenario de la República ofreciéndola en pedazos. En Zedes.

Los toques de queda, que son una fascinación particular para los chafas y chepos represivos que encuentran en la humillación de las personas su razón de existir, están siendo renovados también en la víspera electoral.

Todo tiene una dinámica perversa justificada con un discurso de apariencia lógica: proteger la salud pública. La medida opresiva se impone para evitar las reuniones virales durante las noches, pero sirve para la desmovilización colectiva de cara a los eventos por venir.

Todos tenemos curiosidad de ver el cinismo de los canallas celebrando el 15 de septiembre de 2021 los 200 años de la Patria vendida, con la complicidad de los gringos que han dividido Centroamérica en dos triángulos. Ese día dirán discursos patriotas en el Estadio, mientras negocian pedazos de Patria. Canallas, malinches.

La curiosidad colectiva aumenta también respecto a la decisión del Pentágono, la DEA y la CIA en noviembre próximo. ¿Van a permitir elecciones libres?, van a conducir a JOH hacia una corte federal o van a prolongar su permanencia directa o indirecta en la gestión de los asuntos gringos en Honduras?

Las respuestas a esas preguntas lamentablemente definen una soberanía territorial, jurídica y política en ruinas, a tal punto que el vocero de la Conferencia de Obispos de Honduras el cura Juan Ángel López en vez de preguntarle a Dios qué desgracia sigue en el país, decide preguntarnos a nosotras. Y se ríe.

Podríamos repr​eguntarle a Juan Ángel por qué ni siquiera su poderoso dios le contesta su línea directa, pero esa sería una discusión estéril. Aquí lo importante es entender el panorama completo, porque un día alguien va a cambiarlo, no importa cuándo ni a qué precio. El país no puede seguir endeudándose, porque no puede pagar, y no puede ser vendido porque no está en venta. Y la humillación tiene límites.

Esto es lo que queríamos decir esta noche. Es importante que sepan que lo sabemos. Los días de agitación van a llegar con el embajador gringo o sin él, con la dictadura o sin ella, con toques o con te quedas. La paciencia al golpismo se agota. No más burlas contra el pueblo de Lempira y Morazán.


En una elección conducida por "los acuerdismos" pierde el pueblo


Radio Progreso

Para el Director del Instituto Holandés para la Democracia, Luís León, en una elección basada por “los acuerdismos” entre los partidos políticos, el que pierde es el pueblo hondureño.

“En los últimos años quienes hemos perdido somos los hondureños porque los acuerdos no son acuerdos para que Honduras tenga salud, educación, empleo, seguridad, vivienda, frenar la migración, microemprendimiento, desarrollo y buenas calles”, dijo León.

Sostuvo que la institucionalidad electoral hondureña está manejada por tres partidos políticos que tiene una disputa interna muy grande ya que los tres quieren ser gobierno. Calificó como un fracaso la labor del Registro Nacional de las Personas que no fue capaz de garantizar un documento tan vital para la seguridad del país como es la nueva cédula de identidad.

“Un Tribunal de Justicia Electoral que es lo contrario del Consejo, hay acuerdo de trabajo, pero no hay ley ni presupuesto. Y al final del camino, una Ley Electoral que se aprueba “a matacaballo”, cuando ya no se esperaba una nueva Ley Electoral se aprobó dos días antes de la convocatoria a las elecciones”, dijo León.

Radio Progreso (RP) dialogó con Luís León (LL) sobre el panorama electoral hondureño.

RP. ¿Cómo ve el panorama político electoral hondureño?

Está bastante complejo porque es lastimoso que después de tres años de hablar de reformas electorales, estas no se hayan podido consolidar bajo el concepto inicial de generar confianza en el pueblo hondureño.

RP. ¿Qué es lo que ha pasado en estos tres años?

La intervención del Registro Nacional de las Personas que después se convierte en una Comisión Permanente, y que hoy por hoy no ha logrado concluir un proceso de identificación que se proponía como la punta de lanza de la reforma electoral en estos últimos tres años.

La creación de un Consejo Nacional Electoral con presupuesto, pero con una lucha política interna grande de tres partidos políticos que quieren ser gobierno. Un Tribunal de Justicia Electoral que es lo contrario del Consejo, hay acuerdo de trabajo, pero no hay ley ni presupuesto.

Y al final del camino, una Ley Electoral que se aprueba “a matacaballo”, cuando ya no se esperaba una nueva Ley Electoral se aprobó dos días antes de la convocatoria a las elecciones.

RP. ¿Qué camino marca este panorama?

LL. Se avizora una situación política compleja especialmente del tripartidismo que tienen un consenso a medias y que quieren ser gobierno los tres.

RP. ¿A ustedes qué les preocupa? 

LL. La inestabilidad que puede generar la falta de acuerdos, por ejemplo, si, aunque fuera a última hora acordaron una nueva Ley Electoral, quién tenía que hablar de reformarla otra vez, nadie. Si la ley dice que hay un lector de huellas y un sistema de transmisión, a quien le corresponde la administración electoral es al Consejo Nacional Electoral, donde están presentes los tres partidos políticos, entonces qué tienen que hacer el Congreso Nacional metiéndose en la administración y planificación electoral.

RP. ¿Cree usted que sí habrá elecciones?

LL. Yo sí creo que hay proceso electoral. Hay algunas voces diciendo que en Honduras no habrá elecciones, hay otras voces diciendo que nos van a convocar a una Constituyente, que nos van a llamar a cuarentena y nos van a evitar que votemos, hay muchas ideas circulando, pero nosotros sí creemos que habrá elecciones, ahora la calidad es lo que nos preocupa. En 2017 la OEA y la Unión Europea nos dijeron que tuvimos un proceso electoral de baja calidad técnica, que en español hondureño nos dijeron que no sirve eso. Hubiéramos aspirado que este 2021 la situación hubiese cambiado.

RP. ¿Se pronostica un conflicto post-electoral?

LL. Si no se logra un Sistema de Transmisión, el Consejo Nacional Electoral seguramente va optar por el sistema “hecho en casa” que tuvieron en las primarias. No me quiero imaginar 30 días esperando resultados. Tres o cuatro candidatos declarándose ganadores en la noche de la elección, pero un silencio rotundo de la institución electoral, eso va ser un caos. En las primarias, lo que nos salvó es que todas las encuestas dieron a los mismos ganadores, pero si hubiese habido una encuesta disonante hubiésemos tenido una crisis bastante significativa dentro de los partidos.

RP. ¿Por qué los partidos políticos ponen tantas trabas?

LL. Si usted habla con cualquier político y cualquier funcionario público de cualquier nivel, todos tienen un discurso anticorrupción, pero Honduras es uno de los países más corruptos del mundo, todos querían una nueva Ley Electoral y se aprobó dos días antes de la convocatoria, toda la oposición estaba en contra del Código Penal y el Código Penal se aprobó, todos están en contra del endeudamiento pero se aprueban las deudas, todos quieren elecciones limpias, transparentes y confiables, pero no aprueban el presupuesto, con esto lo que  quiero decir es que en el discurso político cabe cualquier cosa.

RP. ¿Qué demuestra esto?

LL. La política en Honduras se convirtió en el arte de manipular, en el arte de enriquecerse y tener cuotas de poder y no en el arte de brindar servicios ciudadanos. Un proceso electoral malo o un proceso electoral bueno no benefician a los políticos, pero sí beneficia al pueblo hondureño.

RP. ¿Usted cree que hay intenciones de torpedear este proceso?

LL. No lo sé, sería muy atrevido en decir que sí, no lo he visto. Con los políticos que hablo, todos quieren un proceso, entonces no puedo pensar que no lo quieran. No se quiere torpedear, pero si se quiere mantener un proceso lo suficientemente débil para que no sea el voto el que decida sino la negociación.

RP. ¿Cómo impacta una elección conducida por “los acuerdismos”?

LL. Pierde el pueblo. En los últimos años quienes hemos perdido somos los hondureños porque los acuerdos no para que Honduras tenga salud, educación, empleo, seguridad, vivienda, frenar la migración, microemprendimiento, desarrollo y buenas calles.

RP. ¿Qué queda por hacer?

LL. No hay mucho que hacer en cuatro meses que faltan para las elecciones. El llamado a los políticos y a los partidos es empezar a generar propuestas. Quien quiera administrar este país debe saber que está recibiendo “una papa caliente”, aquí todo es un problema, aquí no funcionada nada, por lo que quien quiera recibir este país debe tener un claro un plan de qué es lo que va a hacer.

Por ejemplo, cómo va a traer vacunas el próximo gobierno, cuál es el plan de vacunación, cuál es el plan para volver a clases, cuál es el plan para generar empleos, cómo hacer para que la gente pueda obtener nuevamente una oportunidad de ingresos a través del microemprendimiento, entre otros.


Continúa la persecución contra defensores de Guapinol


Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez 

El defensor de la tierra y el territorio Reynaldo Domínguez, fue liberado a las cinco de la tarde del pasado viernes 23 de julio, tras permanecer una hora detenido por elementos de la policía nacional.

El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, a través de su página en la red social Facebook, informó de la captura y posteriormente que se constató la absolución de cargos del compañero defensor, Reynaldo Domínguez, mediante sus cartas de libertad.

“El sistema negligente no ha dado las contra órdenes para evitar este tipo de situaciones que ponen en zozobra a los defensores y defensoras”, denunció el Comité integrado por defensores de los ríos Guapinol y San Pedro en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

A eso de las cuatro de la tarde, elementos de la Policía Nacional a la altura de la comunidad de Pajuiles, en el municipio de Tela, Atlántida, detuvieron al defensor criminalizado por defender el río Guapinol, y quien ha sido constante víctima de persecución desde el año 2018 cuando inició la lucha de oposición ante la instalación de una empresa hidroeléctrica.

A pesar de que don Reynaldo Domínguez presentó sus cartas de libertad de los procesos por los que ilegal e injustamente lo acusa la empresa minera Inversiones Los Pinares, prosiguió la arbitrariedad, según denunció el Comité.

Domínguez fue encarcelado entre enero y febrero de 2019 junto a 11 compañeros y compañeras, permaneciendo en la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto” comunidad de Támara, al norte del Distrito Central.

Y fue sobreseído junto a Lourdes Elizabeth Gómez Rodas, Marco Tulio Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George George y José Adalid Cedillo Mendoza, tras dos semanas en prisión.

Foto de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro frente a la amenaza de la extracción minera en Tocoa, Colón, Honduras. Ellos permanecen privados de libertad en una cárcel de Olanchito y La CeibaFoto de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro frente a la amenaza de la extracción minera en Tocoa, Colón, Honduras. Ellos permanecen privados de libertad en una cárcel de Olanchito y La Ceiba

Por un segundo proceso continúan en prisión desde Los defensores del agua y la vida, presos políticos del Estado de Honduras son: Jeremías Martínez, privado de libertad desde diciembre de 2018 en El Porvenir, Atlántida; y Porfirio Sorto, Arnold Alemán, Daniel Márquez, Ewer Cedillo, Kelvin Romero, José Cedillo y Orbin Hernández, recluidos desde agosto de 2019, primero en la cárcel de máxima seguridad [tortura] La Tolva en Morocelí, El Paraíso y actualmente en el centro penal de Olanchito, Yoro.

Ante la instalación del Campamento por el Agua y la Vida, en la comunidad de Guapinol en agosto de 2018, el Ministerio Público y la empresa Inversiones Los Pinares, empezó la criminalización judicial contra 31 pobladores y líderes sociales en cuenta don Antonio Martínez Ramos, quien falleció tres años antes, acusándolos de varios delitos en dos requerimientos ficales.

Se les enjuició por los delitos de Usurpación, Daños, Detentación de Espacios Públicos, Incendio Agravado en perjuicio de la empresa minera, Incendio agravado en perjuicio de un empleado de la empresa, Robo, Privación Injusta de la libertad y Asociación Ilícita.

Los compañeros que han recobrado la libertad continúan la lucha por la defensa de los bienes comunes y la libertad de sus compañeros presos injustamente, lo que mantiene en una línea de hostigamiento y violentando sus derechos humanos, tal es el caso de don Reinaldo Domínguez.


La pandemia jaquea al empleo


Rebelión

Por Sergio Ferrari

Las tibias señales de recuperación laboral de fines del año pasado en el continente chocan contra los impactos de las nuevas olas. Las proyecciones son inciertas y el futuro dependerá de cómo siga afectando la pandemia. Sin embargo, ya hay que programar la postpandemia.

La región deberá implementar políticas que estimulen la generación de empleos, particularmente entre los sectores más vulnerables: la juventud y las mujeres. Este es uno de los argumentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) quienes publicaron en junio su Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46955/1/S2100277_es.pdf ), donde analizan los efectos críticos del COVID-19 en el continente.

Según las dos organizaciones onusianas, la crisis económica del año pasado, la más significativa del último siglo, se expresó en una caída del Producto Interno Bruto de -7.1%, y en una tasa de desempleo media continental superior al 10%. La que tuvo una particular incidencia en los sectores hotelero (19.2%), de la construcción (11.7%), del comercio (10.8%) y del transporte (9.2%). Los cuatro, en conjunto, concentran cerca del 40% del empleo regional total. A la industria la afectó en un       8.6%, en tanto en la agricultura un 2.4%.

Los cálculos de los organismos internacionales señalan que, debido a la crisis sanitaria, el año pasado, se perdieron en el continente más de 26 millones de puestos de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo reveló que la tasa de ocupación promedio de la región se redujo del 57.4% al 51.7% entre 2019 y 2020. Otro estudio señala que una de cada seis personas de entre 18 y 29 años ha perdido su empleo en la región desde que se desató la pandemia.

De cara al futuro cercano, la CEPAL y la OIT sugieren la implementación de estrategias que permitan sentar las bases para un retorno, con mejores condiciones laborales, para todos los trabajadores. Entre ellas: apuntalar la recuperación del empleo en las categorías y sectores altamente afectados; mejorar aspectos institucionales referidos a la salud y seguridad en el trabajo; la formalización de la situación de los trabajadores; la promoción de la inclusión laboral de las mujeres, así como la regulación adecuada de nuevas modalidades de trabajo.

En su diagnóstico del mundo del trabajo dado a conocer el tercer lunes de junio, las dos organizaciones sostienen que los impactos más negativos se observaron en el segundo trimestre del año pasado, cuando se implementaron las medidas de confinamiento para intentar contener el pico pandémico. Lo que implicó la caída de la actividad económica, del empleo y de las horas trabajadas.

Especial incidencia negativa se registró en el sector informal y en los países en los cuales dicho sector es predominante. Un número significativo de trabajadoras y trabajadores no pudo continuar con sus labores, lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar de forma contra cíclica, a diferencia de lo sucedido con el sector informal en crisis anteriores. El cierre temporal de los servicios de cuidado y de las escuelas repercutió, además, en una sobrecarga del trabajo en los hogares. Fueron entonces las mujeres las que soportaron el peso principal de esta tendencia dado el rol decisivo que juegan en los quehaceres hogareños y en la gestión de la vida familiar.

Drama en la tragedia: la niñez trabajadora

Un efecto significativo colateral de la crisis pandémica regional fue el retroceso en los esfuerzos que América Latina y el Caribe venían realizando con la perspectiva de reducir o eliminar el trabajo infantil hasta el 2025. Entre 2016 y 2020 cerca de 2.300.000 infantes habían podido dejar de trabajar.

A partir del COVID-19, el prolongado cierre de escuelas y el aumento de la pobreza entre las familias más vulnerables arrastraron a más niñas y niños de la región a buscar formas de subsistencia. Según un nuevo estudio de la OIT y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) que fue divulgado en la segunda semana de junio, más de 8 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años se ven obligada-os, actualmente, a trabajar en el continente. Se trata mayoritariamente de adolescentes varones, aunque un 33% corresponde a niñas. (https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/ ).

El número de niños y niñas en hogares con pocos ingresos aumentó como consecuencia de la pérdida del empleo o la reducción salarial de muchas familias, que deben ahora recurrir al trabajo infantil como aporte complementario a la sobrevivencia.

El trabajo infantil está presente tanto en las zonas rurales como en las urbanas, y casi la mitad (el 48.7%) se practica en el sector agrícola. Más del 50% de la niñez trabajadora realiza tareas peligrosas, es decir, con riesgos o consecuencias negativas para su salud, educación o bienestar.

Ante esta compleja realidad continental, la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF recomiendan que se aumente el gasto en servicios públicos como la protección social; el acceso universal a una educación gratuita y de buena calidad y que se reabran las escuelas, pero de forma segura. También proponen el trabajo decente para la-os jóvenes en edad legal de trabajar; que se vuelva a prestar atención al trabajo infantil en la agricultura; que se promulguen leyes que protejan mejor a la niñez que promuevan sistemas integrales de protección de la infancia allí donde no existan.

Opciones de futuro

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe analiza el impacto negativo de la pandemia –mayor que en todas las crisis anteriores– en los mercados laborales de América Latina y el Caribe. Y enumera sus expresiones más constantes: la destrucción y precarización del empleo; el aumento de la desocupación; la abrupta disminución de la participación laboral y los efectos en el empleo y en la participación de las mujeres, entre otros. Y sugiere anticipar los desafíos de corto y mediano plazo para una transición paulatina hacia la postpandemia.

Ésta dependerá tanto de la efectividad y la masificación de las medidas de control de la crisis sanitaria — en particular la vacunación–, como de la robustez de la recuperación de la actividad económica en un contexto de gran fragilidad.

Dada la profundidad del impacto de la crisis en 2020 y de las segundas y terceras olas que confrontan varios países, es muy probable que desde 2021 la región conviva con tasas de desocupación más altas respecto a los años precedentes.

Es posible, enfatizan la OIT y la CEPAL, que los empleos formales que se generen en el futuro, no recuperen en el corto plazo los niveles previos a la crisis sanitaria. Debido a los problemas que están experimentando muchas empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas, para sostener y recuperar su actividad.

En consecuencia, ciertos mecanismos como los seguros de desempleo, junto con las políticas de capacitación e intermediación laboral, son y serán muy importantes tanto para sostener los ingresos de los desocupados como para facilitar su retorno al mercado laboral.

Como opciones de salida de la crisis recomiendan la promoción de la inversión pública y privada con alta intensidad de mano de obra, especialmente en los sectores más afectados en cada país, “de manera que la reactivación del tejido productivo en esos sectores acelere la demanda del empleo a nivel sectorial”.

El sector informal, por otra parte, deberá estar también en el centro de la preocupación oficial. Será importante sostener políticas de ingreso para los trabajadores informales y sus familias durante las siguientes olas de la pandemia y en la postpandemia, enfatiza el estudio. Subraya también la atención particular, en esta etapa, a las opciones del trabajo femenino, particularmente afectado durante la crisis. “Para facilitar la reincorporación de las mujeres al mercado laboral — además de promover la recuperación del empleo–, se deberán priorizar las medidas que fortalezcan las políticas e instituciones de los sistemas de cuidado, tanto en términos de educación como de salud.

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe subraya una realidad “novedosa” que explotó con fuerza en los últimos meses: los trabajadores intermediados por plataformas digitales. Constituyeron una fuente de empleo muy importante debido a la necesidad de reducir los contactos personales y de mantener el reparto de bienes esenciales. Sin embargo, la realidad muestra que existe una alta precarización de esta modalidad de trabajo caracterizada por la inestabilidad, largas jornadas, ausencia de protección socio-laboral y la falta de opciones de diálogo y representación. De ahí, la necesidad de bregar por condiciones realmente decentes en esta nueva modalidad laboral, insisten la OIT y la CEPAL.

Aunque no lo señalen explícitamente estos organismos, el futuro laboral-social en el continente – y a nivel mundial— va a generalizar el debate sobre quién pagará realmente los costos de la crisis. Una pugna esencial de sociedad, que, si bien ya se visualiza, sigue parcialmente velada por las restricciones pandémicas que limitan la movilización social. Todo anticipa que la recuperación del empleo y la vigencia de condiciones laborales decentes no solo dependerán de la buena voluntad de los gobiernos sino también de la presión social en las calles.


La filantropía no compra la igualdad


El Tábano Economista

Por Alejandro Marcó del Pont 

El desarrollo desarrolla la desigualdad (Eduardo Galeano)

A principios de este año los delegados de Sudáfrica y la India ante la Organización Mundial del Comercio hicieron un elocuente llamado a los países ricos para que dejaran de bloquear una propuesta para eliminar las patentes de las vacunas y tratamientos Covid-19. La idea, respaldada por la gran mayoría del mundo, permitiría a países como Sudáfrica comenzar a producir vacunas, aumentando masivamente la producción mundial sin la necesidad de licencias de las grandes corporaciones farmacéuticas que controlan esos medicamentos. 

Países como Gran Bretaña dieron una conferencia sobre la necesidad de respetar la propiedad intelectual y prometieron que el problema de la desigualdad de vacunas podría resolverse mucho mejor mediante una inyección de fondos benéficos. El delegado de Sudáfrica respondió con franqueza, afirmando que “el problema con la filantropía es que no puede comprar la igualdad”.

La desigualdad resultante ha dañado la cohesión social hasta un punto de ruptura. La obsesión por las ganancias a corto plazo nos ha llevado al borde de un cambio climático desbocado. La extrema desigualdad en el despliegue de vacunas en todo el mundo ha sido el síntoma más reciente de este problema. Mientras que las naciones del G7 están vacunando a sus ciudadanos a un ritmo de 4,6 millones de personas al día, los países de bajos ingresos solo pueden administrar 63.000 vacunas diarias. El G7 habrá vacunado a casi todos sus ciudadanos para fin de año, pero con las tasas actuales de vacunación, los países de bajos ingresos tendrían que esperar unos 57 años para que todos estén completamente inmunizados. 

Desafortunadamente, el problema se extiende mucho más allá de las vacunas y del tiempo. Un gran número de países de África, Asia y América Latina ya estaban sufriendo una enorme carga de deuda antes de que golpeara la pandemia y llevara, a muchos, a una crisis con todas sus letras. Esperar que el G7 brinde algo de “alivio”, cuando casi ninguna deuda se ha perdonado y tanto bancos como los fondos de cobertura continúan drenando miles de millones de dólares al año de los países del Sur a los centros financieros, resulta ilusorio. Lo que nos demuestra que la generosidad de los países desarrollados a lo largo de la historia ha seguido una misma línea y no ha dado buenos resultados. 

El 1 de mayo de 1974 la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) aprobó el documento y su posterior resolución 3201 (S-VI) “Declaración sobre un Nuevo Orden Económico Internacional” y la resolución 3202 (S-VI) que describía un Plan de Acción para el establecimiento de este Nuevo Orden Económico Internacional, donde uno de sus puntos sobresaliente era el proyecto titulado “Carta de Derechos y Deberes Econó­micos de los Estados”.

A 47 años de distancia, las proclamas parecen salidas de un manual de política económica contra la pandemia. Básicamente las ideas globales de la comunidad internacional, con ciertos oponentes, por cierto, se limitaban a que el Nuevo Orden Económico Internacional estaría basado en la equidad, en la igualdad soberana. Sin importar los sistemas económicos, se trataba de eliminar la disparidad existente entre los países desarrollados y los en vía de desarrollo. En ese momento un número importante de países había salido de la dominación colonial o extranjera para convertirse en pueblos libres, pero con grandes diferencias.

Uno de los puntos tratados por la asamblea refería a la inclusión de los países pobres a los avances técnicos, extrapolado a la actualidad los avances científicos incluirían a las vacunas. Estos beneficios del progreso técnico no eran compartidos con la comunidad internacional. Además, una de las mayores quejas se centraba que los países pobres, que representaban el 70% de la población mundial, recibía únicamente el 30% de los ingresos en 1974. Para 2018, los números daban que el 50% de los pobres se apropiaban solo del 13% de los ingresos mientras que en 2017, el 1% de los individuos mas ricos del mundo se apropiaba del 82% de la riqueza generada por el mundo. Se hubieran quedado sin aliento de haberse enterado que, para ese mismo año, 8 millonarios tiene más dinero que la mitad de la población mundial.

De hecho, desde 1980 hasta el 2019, en Latinoamérica el 50% más pobre no ha modificado el 9.5% de los ingresos de los que se apropia. O sea, en 41 años sus ingresos no han variado, solo experimentaron incrementos de 2013 a 2015. El de la desigualdad, materia a todas luces destruida en los últimos cuarenta años, era solo una de los veinte principios propuestos, que abarcaban desde la plena cooperación internacional hasta el control de las meterías primas. Que los recursos sean dirigidos al desarrollo de sus países, que el Estado ponga fin al despilfarro de los recursos naturales, en especial los alimenticios. Permitir el acceso a la ciencia y la tecnología, así como la creación de una tecnología autóctona relacionada con su desarrollo y generar las condiciones necesarias para las transferencias de recursos financieros.   

En diciembre del mismo año se lanzó el Plan de Acción del Nuevo Orden Económico donde se recalcó la urgente necesidad de establecer normas obligatorias que rijan en forma sistemática y universal las rela­ciones económicas entre los Estados y reconoció que no es factible alcanzar un orden internacional justo ni un mundo estable en tanto no se formule la Carta que ha de proteger debidamente los derechos de todos los países y, en particular, de los países en desarrollo. De los diez puntos que formaban el índice del programa, quizás el más mencionado haya sido la Carta de Derechos y Deberes Econó­micos de los Estados. En ese momento, las materias primas de América Latina representaban el 70% de las exportaciones. Hoy, obviando a México, el 74% de las exportaciones latinoamericanas están concentradas en alimentos, cereales, petróleo y minería.

Desde el preámbulo de la Carta, hasta los 34 artículos que ella encierra, no sería necesario mover una coma 47 años después, por lo que expondremos un simple sumario, para que, aunque mal no sea, alguien copie algunos puntos como su plataforma política para lograr un mundo mejor.

Del capítulo primero, que abarca los Principios fundamentales de las relaciones económicas internacionales se destacan: independencia y soberanía estatal, así como la no intervención. El siguiente capítulo versa sobre Derechos y deberes económicos de los Estados, que al leerlo enciende una alerta acerca del retroceso de los mismos a lo largo del tiempo, a saber:

  • Todo Estado tiene y ejerce libremente sobe­ranía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas.
  • Reglamentar y ejercer autoridad sobre las in­versiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacio­nal.
  • Reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nacional.
  • Nacionalizar, expropiar o transferir la propie­dad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compen­sación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinentes.
  • Todos los Estados tienen el derecho de asociarse en organizaciones de productores de materias primas a fin de desarrollar sus economías nacionales.
  • Todo Estado tiene el derecho de aprovechar los avances y el desarrollo de la ciencia y la tecno­logía para acelerar su desarrollo económico y social. En particular, todos los Estados deben facilitar el acceso de los países en desarrollo a los avances de la ciencia y la tecnología modernas, la transmisión de tecnología y la creación de tecnología autóctona en beneficio de los países en desarrollo, según for­mas y procedimientos que convengan a las econo­mías y necesidades de estos países.
  • Todos los Estados tienen el deber de cooperar a fin de lograr ajustes en los precios de las exporta­ciones de los países en desarrollo con relación a los precios de sus importaciones con el propósito de promover relaciones de intercambio justas y equi­tativas para estos, de manera tal que sean remune­rativos para los productores y equitativos tanto para los productores como para los consumidores.

Aquí nos detenemos por una cuestión de pudor, no obstante, de forma marginal fuimos tejiendo la trama del aplazamiento hasta su desaparición de los sencillos reclamos del grupo de los 77 países en vías de desarrollo. A esta letanía con 47 años de postergación, retroceso y concentración la pandemia permite revivir algunos puntos. De todas maneras, como vimos a lo largo del artículo, los países desarrollados no son buenos receptores de los pedidos de colaboración. Los gobiernos internamente, tampoco han colaborado demasiado.

Veamos algunos no tan curiosos efectos de la pandemia, en dos países que a prima facie la derecha tildaría de progresistas. Argentina, que está negociando con el FMI, el Club de París, y con cualquier laboratorio que provea vacunas por sus niveles de contagio, lo que lo pone en el podio de los defensores del superávit fiscal. Con un 45% de pobres, los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en su informe sobre Evolución del Ingreso para el primer trimestre de 2021 son aterradores, para pensar en un superávit.

El ingreso promedio de casi 29 millones de personas en el primer trimestre dio una mediana per cápita de 183 dólares. Las personas ocupadas registran un ingreso medio de U$S 395. “El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, es de $14.179 (141 dólares). Para ponerlo simple, el 10% más pobre de la población total obtuvo en el primer trimestre apenas el 1,1 % del total de ingresos, en tanto que el 10% más rico se quedó con el 31,8% en ese período. La soberanía estatal parece haberse quedado sojuzgada a los designios de cualquiera de los organismos internacionales, que suponemos, serán quienes capten los beneficios del superávit fiscal.

México, por su parte, que soportó un aluvión con el Covid-19 y hoy tiene unas 200 muertes por día, implementó, como casi toda América Latina, los “programas sociales” para ricos, que son menos conocidos que los estigmatizados para pobres, en general camuflados, y que en muchos casos fascinan a la clase media, guiándolas a creer que son convenientes, como vimos en “El Estado benefactor de delincuentes”. Los programas sociales para ricos se ven menos porque no se otorgan como efectivo, no requieren la acción del Estado sino su inacción. En dos artículos excelentes la doctora y analista política mexicana Viridiana Ríos concentra la reforma fiscal y el aumento de impuestos si se erradicara el gasto publico que solo beneficia a los ricos.

López Obrador se ha propuesto algo aparentemente imposible: aumentar la recaudación de México sin una mayor carga impositiva. O como él lo llama, “una reforma fiscal sin subir impuestos”. De hecho, y aunque parezca absurdo, lo que se quiere es que los que tienen que pagar impuestos los paguen. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México presentó públicamente un documento mostrando que la tasa efectiva de impuestos que pagan las empresas en dicho país no es del 30%, como estipula ley, sino de apenas un 6%.

La reforma plantea reducir la elusión de los grandes corporativos mediante el cierre de lagunas legales que los despachos contables utilizan para evitar el pago de impuestos. Los pocos datos que existen sobre elusión fiscal muestran que en México se eluden 8.300 millones de dólares anuales debido a abusos corporativos de la ley fiscal. Esta cantidad es enorme y coloca a México como el decimosegundo mayor evasor fiscal de 179 países. Las corporaciones mexicanas son responsables de 2,4 de cada 100 dólares eludidos en el mundo.

Es decir, si quienes tienen que pagar pagan, lo que ley dice, y se elimina los programas sociales para los ricos, por ejemplo, se podrían ampliar los programas sociales para los más necesitados.. Actualmente, el gobierno permite que las personas no paguen impuestos por la venta de una vivienda si esta vale menos de U$S 230 mil. Este beneficio, aunque pareciera para todos, en realidad solo es para al 3% más rico, porque el 97% de las personas en México tienen casas que valen mucho menos.

En realidad, lo que se quiere en general en Latinoamérica, es realizar reformas impositivas cuando no se cumplen las leyes actuales. La soberanía y el poder de decisión de los Estados esta en el centro de la disputa, pelea que parece haberse perdido una y otra vez. No es una batalla impositiva, es volver a tener un mínimo grado de autonomía fiscal, monetaria y hasta sanitaria. No es posible que se tenga que modificar el marco normativo para avanzar con los contratos de vacunación dentro de un nuevo marco regulativo para la compra de vacunas para que Pfizer tenga inmunidad legal. Así, los ideales de Carta de Derechos y Deberes Econó­micos de los Estados quedan más lejos que 1974.


jueves, 29 de julio de 2021

Un año de dolor y búsqueda por la desaparición forzada de cuatro garífunas


Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez 

Ha trascurrido un año de dolor para las familias compañeras y un año de búsqueda y exigencia de justicia para la familia garífuna, declaró Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), durante un plantón frente al Ministerio Público, este 20 de julio.

Estos días han sido el marco de múltiples movilizaciones para exigir al Estado de Honduras que diga ¿dónde están los garífunas desaparecidos? Tras un año de silencio y complicidad con los hechores.

El pueblo hondureño se ha unido a las exigencias de que devuelvan a con vida a Alberth Snaider Centeno, Suami Aparicio Mejía García, Milton Joel Martínez Álvarez y Gerardo Mizael Roche Cálix, arrebatados de sus hogares el 18 de julio de 2020 en el marco de un estricto toque de queda, supuestamente para evitar la propagación del Covid-19, quedando el pueblo a merced de la policía y militares.

Los cuatro activistas garífunas fueron desaparecidos de forma violenta por policías en la comunidad de Triunfo de la Cruz, Tela, en la costa norte del país, sin que, hasta el momento se conozca su paradero.

En el marco de este toque de queda impuesto por el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 desde el 16 de marzo de 2020, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), registra al menos 15 casos de desapariciones, en su mayoría jóvenes. Tres de los casos ya fueron “resueltos” al ser entregados los cuerpos a sus familiares, pero no se ha mencionado a ningún culpable por los hechos que acabaron con la vida de Karen Rivera Saldívar, José Miguel Tejada y Denis Eduardo Maradiaga Molina.

A un año de la desaparición de los jóvenes garífunas de Triunfo de la Cruz, exigimos la no repetición de estos hechos de lesa humanidad, afirmó Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH.

“Expresamos nuestra preocupación, repudio y exigencia por la desaparición de los jóvenes garífunas de El Triunfo de la Cruz, debemos condenar este hecho, porque nuestra existencia desde el COFADEH es apostarle a la no repetición de este crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada”, declaró Oliva en el programa radial Voces Contra el Olvido, el sábado anterior.

Al igual que en la década de 1980, las madres de los Detenidos Desaparecidos por razones políticas, hoy el lema es el mismo Al igual que en la década de 1980, las madres de los Detenidos Desaparecidos por razones políticas, hoy el lema es el mismo

En el caso de los garífunas, uno de los pueblos originarios de Honduras y que habitan la costa caribeña, la madrugada del 18 de julio de 2020, hombres fuertemente armados y portando chalecos antibalas identificado como agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los detuvieron en la comunidad de Triunfo de la Cruz y posteriormente los desaparecieron.

Los cuatro jóvenes participan de forma activa en la defensa de los derechos del pueblo garífuna organizados en la OFRANEH, y el Estado quien debe garantizar la integridad de la vida humana, hace caso omiso a la petición del pueblo negro y demás pueblos indígenas que solidarios manifiestan “los garífunas también importan”.

La comunidad de Triunfo de la Cruz es codiciada por su belleza natural a la orilla del mar atlántico. Desde el año 2015 goza de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH), que condenó al Estado hondureño por diversas violaciones a sus derechos.

La búsqueda de los garífunas detenidos desaparecidos se complica en el marco de una dictadura que lidera Juan Orlando Hernández, y en un momento donde se pretende vender el país a pedazos con la implementación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), de esta manera acallaron la voz de Snaider, defensor de la tierra y territorio.

Honduras es catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos, según Global Witness. Según registros de la OFRANEH, al menos 50 integrantes de las poblaciones garífunas han sido seseando en los últimos 5 años, sin que se resuelvan los crímenes.


Critican al Ministerio Público por sus acciones timoratas contra actores intelectuales de la corrupción


Radio Progreso

Analistas consultados por Radio Progreso señalan que el Ministerio Público sólo procesa expedientes cuando los implicados en los actos de corrupción son personas o funcionarios sin poder y respaldo político.

El abogado penalista German Licona, manifestó en Radio Progreso que esta situación deja claro que los peces gordos de la corrupción siguen disfrutando de la impunidad.

Sostuvo que es urgente un cambio radical de la identidad y mística operativa de la Fiscalía en el país, la que debe pasar por la despolitización e incidencia de los partidos políticos.

Complicidad norteamericana

A US flag fies in front of the US Capitol building below an overcast sky on Capitol Hill in Washington, DC on April 29, 2021. (Photo by Samuel Corum / AFP)

La publicación de la lista Engels, en la que hizo falta peces gordos de la corrupción, es una señal de que la administración Biden no quiere romper relaciones con Juan Orlando Hernández, así lo dijo en Radio Progreso el dirigente político Guillermo Valle.

Valle también cuestionó las medidas timoratas del gobierno norteamericano quien no se atreve, de forma oficial, a mencionar los vínculos de Hernández y su círculo de confianza con actividades de corrupción y narcotráfico.

En tal sentido, instó a la ciudadanía a seguir organizándose y a no poner sus esperanzas en que la incidencia de la comunidad internacional cambiará el rumbo de sus gobernantes en Honduras.


Otra vez colapsan los hospitales públicos ante casos de Covid 19


Radio Progreso

La muerte de un hombre de 68 años de edad en el centro de triaje del bulevar del Norte en San Pedro Sula, Cortés, desnuda nuevamente la precariedad del sistema de salud en Honduras.

Pero, además, pone en alerta al Valle de Sula, pues los casos de Covid-19 siguen incrementado y los cupos en los hospitales están agotados. Tal es el caso del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Tegucigalpa no se queda atrás. De acuerdo a médicos y personal de enfermería, las salas Covid-19 están abarrotadas y los pacientes que llegan graves a un centro de triaje deben esperar un cupo.

La Directora de neumología del Hospital El Tórax, doctora Suyapa Sosa, dijo en Radio Progreso que la situación es cada vez más preocupante porque ni la población toma las medidas ni el Gobierno aplica un verdadero y eficiente programa de contención de la pandemia.

Relató que han visto casos en los que los familiares de pacientes graves piden ayuda para que se abra un cupo y poder ingresar a sus seres queridos al centro médico.

Tan dramática está la situación que aseguró que los únicos cupos disponibles para los próximos días serán luego de que las personas graves fallezcan o que milagrosamente se recuperen.


El liberalismo y la doctrina económica de los tres tantos


La Calle de Córdoba XXI

Rebelión

Por Francisco Muñoz Gutiérrez

La doctrina económica liberal, o neoliberal, lejos de ser un mundo aparte, desligado e independiente del resto de las manifestaciones políticas, sociales y culturales del ciudadano moderno, constituye el fundamento más determinante de su identidad. El mismo concepto de persona es la clave ideológica, institucional, científica, religiosa, jurídica y económica que atraviesa la esencia del mundo moderno diferenciándolo de cualquier periodo anterior de la historia.

Nunca antes individuo y persona han sido la misma cosa constituyendo, a su vez, la estructura universal de sentido, o lo que es lo mismo, el único principio universal efectivo, por encima, incluso, de las fuerzas de la naturaleza. No obstante, se trata de un principio que, como las monedas, tiene dos caras situando la modernidad en la era del doble lenguaje, el del ser «único» y el del no ser nada «en común».

Es en la República de Weimar donde se procede con mayor intensidad a la desacreditación del proyecto ilustrado, y a partir de ahí, la racionalidad va evolucionando al concepto de un acto de fe con la escisión ontológica del ser en dos mundos irreconciliables. En uno de ellos impera la racionalidad conforme al valor, y en el otro impera la racionalidad instrumental conforme a medios e instrumentos para el logro de los fines. En pleno siglo XXI no existe la racionalidad del todo común, ni en el derecho, ni en la política, ni, mucho menos, en la economía.

En la modernidad los vínculos y las relaciones de unos individuos con otros se conciben, y definen, en términos de libertad, igualdad y propiedad. En el espíritu del progreso no hay sociedad, sólo hay individuos, tal y como proclamó a los cuatro vientos la Dama de Hierro en 1987. Los liberales insisten en que el individuo está muy por encima de la colectividad y, con el paso del tiempo, los neoliberales postulan, de hecho, que también del planeta. El doble lenguaje consolida así la gran escisión entre lo real y lo ideal. El orden de la modernidad es «el ser» que emerge del «deber ser», que en todo caso impone la autoridad.

El liberalismo yoista, el mercado patológico y el concepto de propiedad

En este paradigma de pensamiento, hoy en crisis, libertad, igualdad y propiedad constituyen complejos requisitos básicos del concepto de «mercado», siendo que la libertad solo se alcanza como consecuencia de la autonomía. Es decir, con la emergencia del «yoismo» a través de la destrucción de los lazos comunales.

Autónomo es quien únicamente se debe a su propia voluntad, deseo y capacidad individual. En el liberalismo «el yoismo» se constituye como la principal patología política, social y económica de la modernidad impulsada por la ficción negacionista de los lazos y vínculos realmente existentes entre los seres humanos. No hay vínculos, solo intercambio de utilidades. Consecuentemente una familia liberal es toda una contradicción en sus propios términos.

Asimismo, la paradoja de la igualdad se configura dentro de la gramática del doble lenguaje como una ficción romántica que da cobertura a la incertidumbre que subyace en la inequidad de la desigualdad real. La igualdad es a su vez una esperanza y un miedo, pues en la modernidad, la igualdad entre individuos resulta imposible fuera del concepto de estatus. Iguales son aquellas personas que tienen igual estatus medido en términos de patrimonio y capital disponible.

Finalmente, la modernidad liberal no posee concepto más fundamental que el concepto de propiedad. Un concepto tan simple como lo instituyó Napoleón en su código de 1804 donde en su art. 544 no solo eleva la propiedad a la categoría de derecho individual y sagrado, sino que además lo define como pura expresión del deseo personal de acumulación de utilidades. Es decir, la modernidad sacraliza el estatus individual disolviendo el estatus de la comunidad hasta su mínima expresión.

Nunca antes en la historia de la humanidad se había sacralizado tanto un derecho individual. Sin embargo, con la idea jurídica de la propiedad se convertía al Estado en el principal garante de los intereses privados frente a los intereses de la comunidad. De esta forma se «transitaron» las fortunas feudales a la modernidad capitalista. Y en la modernidad del siglo XXI el flujo de riqueza también transita a los paraísos fiscales.

El hiperrealismo de los tres tantos: ¡Tanto tienes, tantos vales y tanto puedes!

Pero la modernidad no se consolida hasta que en el siglo XVIII los ingleses inventaron el concepto moderno de «mercado» adaptando la doctrina de la centralidad que tenía el viejo Sol en las cosmologías antiguas para hacer del intercambio mecánico el primer principio de la termodinámica social de Adam Smith con «el capital» como su gran forma de energía.

Poco antes holandeses e ingleses habían creado ya el primer motor del capital –la Sociedad Anónima– en su versión primitiva de las Compañías de Indias. Pero es con el desarrollo del nuevo concepto de «mercado» que «el capital» va adquiriendo el protagonismo de condición material para alcanzar el estatus de «persona». Hasta entonces la riqueza era el atributo divino de los señores feudales.

Sin embargo, no es hasta la explosión del imperialismo colonial y su brutal desposesión de los territorios que las desmesuradas riquezas del pillaje ultramarino no empezaron a fluir por la Europa de los gremios artesanos y la burguesía abriendo la moral pública al principio hiperrealista de los tres tantos: ¡Tanto tienes, tantos vales y tanto puedes! Paradójicamente el tsunami de las riquezas desmesuradas que invadió Europa como consecuencia de la expansión colonial no solo destruyó los mercados de abastecimiento medievales, y minó el discurso moral y religioso de la sagrada familia, sino que sentó las bases fácticas del liberalismo yoista que tomaría protagonismo en el conflicto social desde el siglo XIX.

La idea de progreso se configura sobre el mito del individuo idealmente superior, e inteligente, que se lucra vendiendo utilidades al resto de los humanos. Solo importa que el humano con estatus tenga el sentimiento de progreso por acumulación sin límite. El motor de los tres tantos –¡Tanto tienes, tantos vales y tanto puedes! – impulsa en la modernidad los avances científicos, como una de las mayores consecuencias del individualismo liberal. Nace así el positivismo epistemológico, donde los resultados se convierten en el principal vector del progreso. El fin justifica los medios, primer principio de la racionalidad instrumental.

El yoismo como principio jurídico–económico, y la paradoja de la libertad sumisa

Sin vínculos sociales, no hay justicia, solo normas, sanciones y formas, totalmente separadas del magma fluido del conjunto social. Un magma que ya se encuentra separado en dos lóbulos: los individuos públicos por un lado y los privados, por otro. Nace así el embeleco creado por Hans Kelsen en 1935 del positivismo jurídico, que lejos de resolver el serio problema de la interpretación de las normas, lo magnifica dando pie a la muerte de lo real en un cuerpo social donde solo existen individuos yoistas. En la actual sociedad liberal la realidad deja de existir pues solo existen versiones individuales carentes de toda entidad jurídica.

Consecuentemente si no existe la sociedad, tampoco es posible ninguna construcción social de la realidad. Esto supone que la comprensión social de la realidad –es decir, la comprensión compartida que emerge del código moral y el sentido común, o la sustancia consciente y racional de la vida en común–, queda bloqueada en favor del difuso y autoritario imperio de la «Ley». O lo que es lo mismo, en favor del mandato autoritario del investido del poder. Paradójicamente la doctrina liberal es también la mayor expresión de la doctrina de la sumisión, tanto por la vía del derecho, como por la vía de la doctrina económica.

De esa anulación emergen, pues, las distintas versiones individuales de la realidad, que todas se conciben, en la modernidad, como fuente de conflicto en la mecánica de los intercambios entre individuos. Los conflictos que antes se registraban en la esfera de los poderes feudales, se suceden ahora sin pausa desde los estatus más bajos hasta los más altos alcanzando incluso el delirante resultado de dos guerras mundiales. La hostilidad histriónica se imbrica en el ADN del yoismo emergiendo a la epidermis bajo el mito de la competitividad entre los individuos libres y autónomos.

Sin embargo, en los ámbitos estatales las defectuosas versiones unilaterales de las realidades individuales constituyen la adaptación secularizada del viejo síndrome de «la vida en pecado» que emerge del caldo religioso. Tensión que se resuelve mediante la tutela jurisdiccional institucionalizada por unos individuos privilegiados que detentan en exclusiva el poder de la determinación de lo real. En realidad, ellos actúan como los sumos sacerdotes de la gran parroquia estatal. Es por ello que, desde el punto de vista de la historia de las ideas, cristiandad y Estado, cuando no se complementan, se solapan.

No obstante, los jueces se justifican en la conveniente interpretación de la mayor abstracción, y más potente creación instrumental, de la modernidad, la denominada «Ley». Siendo la «Ley» la manifestación de la voluntad de las personas con mayor «estatus» en la no–sociedad de individuos. O lo que es lo mismo, el Estado moderno. Así, un Estado sin ley es tan inconcebible como el cristianismo sin Biblia, y ambos dos son también reflejo de una misma realidad mística.

La era del doble lenguaje de los zombis sin alma y la futura racionalidad algorítmica

La era del doble lenguaje nace en Francia el 18 de brumario del año VIII –9 de noviembre de 1799–, momento en el que los conceptos de estatus y poder se convierten en las dos dimensiones básicas de las relaciones sociales. La vieja cultura de los vínculos sociales comunitarios empieza a degradarse hacia la cultura de los vínculos instrumentales de la riqueza para finalmente desaparecer en el siglo XXI bajo un utilitarismo psicopatologizado de la experiencia yoista, el consumo.

La modernidad liberal ha creado la paradoja de un mundo ficticio institucionalizado donde todo individuo necesita de jueces para que le definan lo real, de psicólogos para entenderse a sí mismos y de comercios para reconocerse en el abastecimiento del vacío de su propia identidad. O lo que es lo mismo, reconocerse en su propia necesidad o deseo. Sin potencial crítico el progreso en el siglo XXI empieza a definirse, a mayor perplejidad, como el éxtasis de la inteligencia artificial para un mundo de zombis sin alma teledirigidos por algoritmos diseñados desde la cúpula de la jerarquía del estatus. Los jueces han sido desbancados de su función de sacerdotes de la realidad. Su futuro es decadente, y en el horizonte se perfila ya el imperio de las grandes corporaciones empresariales que evolucionan ya de la racionalidad instrumental a la racionalidad algorítmica mediante sofisticados algoritmos que ordenan datos y fines para la toma fulminante de las decisiones relevantes del sistema, en décimas de segundo.

El liberalismo de las soledades y el ordeño sistémico de las riquezas privadas

En este estado de cosas el agujero de ozono y el cambio climático quizás sean problemas menores en comparación con la dimensión del problema social y político que se perfila delante de todos con total claridad, el problema de la impotencia individual y la soledad compartida por la gran masa de individuos vacíos. La pregunta clave en el siglo XXI es, sin duda, ¿Qué es un vínculo social? y cómo se restauran los vínculos sociales en la actual situación de individualismo yoidificado y liberalismo hegemónico

Sin vínculos sociales no hay emancipación posible, ni lógica de lo común. Se ha visto claramente con el COVID y los emocionales aplausos en los balcones que, al día siguiente pasan al olvido, mientras en Madrid no cesa el derribo de lo público, incluso en la sanidad. Sin vínculos sociales tampoco hay lenguaje, comunicar por whatsapp no es hablar y sin lenguaje no hay pensamiento, ni entendimiento. La lección es clara, en el individualismo yoidificado la nueva racionalidad se conforma con la ley del estatus en su vertiente popular del sálvese quien pueda dentro de una multi-realidad plagada de aristas y pliegues, altamente amenazante e insegura para los de abajo, incierta para los del medio y exorbitante para los de arriba.

Sin valor social la izquierda no es viable ignorando la centralidad de la defensa y restauración de los vínculos sociales. No es cuestión de solidaridad liberal –es decir limosna– tal y como razona Escrivá en el diseño del IMV. Es cuestión de vínculo social, es decir cooperación. Ni siquiera Keynes es ya posible en la no–sociedad liberal actual donde los avances del capitalismo tecnológico hacen de la masa de individuos yoistas el mejor rebaño jamás conocido para el ordeño sistémico de sus riquezas privadas.

Derecho y economía dirigen la dinámica relacional entre individuos orientándolos en la defensa de la autonomía, no en la formación del vínculo común, algo que fácilmente se aprecia en las relaciones amorosas donde le viejo concepto romántico del «amor» adquiere en la modernidad la forma de contrato. Contrato donde el reconocimiento mutuo es siempre incierto, y la elección de pareja se torna compleja y extraña con la proliferación de los mercados on line del amor y una circulación cínica de cuerpos y psiques.

Lo mismo pasa con la idea de «elección» tan central en la modernidad por su íntima relación con la idea de libertad, y tan recluida en la esfera de los tres tantos, ¡Tanto tienes, tantos vales y tanto puedes! Sin embargo, la gran paradoja de la libertad electoral ilustra el hecho de que millones de electores votando reiteradamente durante decenas de años años no han conseguido cambios estructurales significativos a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. La gran cuestión del siglo XXI es responder a la pregunta ¿Por qué?