sábado, 8 de agosto de 2020

¡Guapinol te queremos libre!


Esta semana se cumplen 2 años desde que se instaló el Campamento para el Agua y la Vida en la comunidad de Guapinol en Tocoa, Honduras. Durante los meses anteriores, los ríos Guapinol y San Pedro se habían contaminado cada vez más y no podían ser utilizados debido a las actividades mineras ilegales de la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras, las cuales fueron denunciadas en múltiples ocasiones.

El Campamento por el Agua y la Vida fue una expresión comunitaria pacífica para proteger el agua del que dependen decenas de miles de personas.

Desde el principio, el Ministerio Público y Los Pinares han usado delitos falsos para castigar a los defensores que se oponen legítimamente a la minería en sus comunidades que amenaza sus fuentes de agua y vida. Como respuesta al campamento, personas de la resistencia pacífica de las comunidades han sido amenazadas, criminalizadas y hasta disparadas. Por último, el campamento por el agua y la vida fue desalojado violenta e ilegalmente, pero la resistencia a los proyectos sigue siendo firme.

Desde el principio, el Ministerio Público y Los Pinares han usado delitos falsos para castigar a los defensores que se oponen legítimamente a la minería en sus comunidades que amenaza sus fuentes de agua y vida. Como respuesta al campamento, personas de la resistencia pacífica de las comunidades han sido criminalizadas, amenazadas y disparadas. Por último, el Campamento por el Agua y la Vida fue desalojado violenta e ilegalmente, pero la resistencia a los proyectos sigue siendo firme.

En noviembre de 2019, un cabildo abierto en Tocoa respaldó esta decisión. El gobierno local y Los Pinares están obligados a cumplir, pero no lo han hecho. Las actividades relacionadas con la minería continúan y también continúan las amenazas e intimidaciones contra las personas defensoras del ambiente y el agua en Tocoa.

Además, 8 defensores permanecen en prisión preventiva ilegalmente. El 1 de agosto también marca 11 meses desde que una jueza de jurisdicción nacional los envió arbitrariamente a la cárcel. Desde que en marzo  se impusieron las restricciones de COVID, no han visto a sus familias. Han estado enfermos sin acceso a los exámenes adecuados ni a la atención  médica necesaria. Desde abril, el Consejo Nacional para la Prevención de la Tortura (CONAPREV) ha instado al Poder Judicial a cambiar las medidas de prisión preventiva, pero la Corte de Apelaciones, que tiene el expediente del caso en sus manos, se ha negado. Están  detenidos ilegalmente y exigimos su liberación inmediata.

** No olvidan** Muestra su solidaridad a nuestros hermanos y hermanas Garífunas y a la OFRANEH. Unámonos al llamado de justicia por la lucha histórica por la autonomía y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas.  ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! #LasVidasGarífunasImportan #SuLuchaEsNuestraLucha

Saludos solidarios,

Equipo técnico Causa Guapinol

PD: En caso de que se lo haya perdido: Lea aquí el comunicado de prensa de la acción legal de la semana pasada pidiendo al MP de Tocoa que desista de las medidas cautelares de prisión preventiva: bit.ly/GuapinolResiste

**Recuerden que nuestra próxima llamada general para actualizarnos sobre Guapinol es el  10 de agosto a las 9am hora de Honduras. Si desea participar, por favor, háganoslo saber: guapinolresiste@gmail.com

Compras sobrevaloradas, contratos fraccionados y coimas son parte del "coma" por la corrupción en los hospitales hondureños


** Contribuyen al saqueo de la Secretaría de Salud compras de equipos e insumos muy por encima de los valores de mercado, la fragmentación de las adquisiciones para saltarse procesos de licitación más transparentes y los nombramientos políticos y “de dedo” en hospitales y regiones sanitarias. 

El 17 de junio de 2020 el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de Tegucigalpa condenó a 1,042 años y seis meses de reclusión a la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, exempleada de la Secretaría de Salud, por cometer 139 delitos de fraude al malversar más de 10,276,000.17 de lempiras (415,834 dólares) que se habrían entregado a 89 falsos estudiantes de Medicina.

La Secretaría de Salud paga becas a los estudiantes de séptimo año de Medicina (internados) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y a algunos médicos que estudian especialidades (residencias). Pero esos fondos no llegaron a sus destinatarios porque Gradiz Sevilla los desvió a bolsillos particulares. 

Su caso es solo un ejemplo de cómo la corrupción saca dinero hasta de los programas y proyectos más improbables de la salud pública. Lo sustraído por Sevilla es poco comparado con lo que se roban empresas grandes y pequeñas mediante recursos como la sobrevaloración de precios en las compras o el fraccionamiento de estas para eludir las licitaciones públicas. 

La corrupción es tan grande que, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA, una ONG de la sociedad civil), entre el 2015 y el 2018, auditaron transacciones del sistema de salud por 597.6 millones de lempiras (24.2 millones de dólares) y encontraron perjuicios para la administración pública por 293.6 millones de lempiras (11.88 millones de dólares). Concluyeron que el daño al erario   fue de un 49%, “es decir, de cada cien lempiras, los corruptos nos roban 49 de la Secretaría de Salud”, explicaron. 

La exministra de Salud, Roxana Araujo, reconoce que “el tema de la corrupción está tan arraigado que ha puesto en peligro y ha cobrado vidas humanas de pacientes que se han visto con la negativa de la administración de un medicamento, porque el sistema de salud no se lo provee, porque no les interesa comprar ese medicamento, porque no hay ninguna ganancia”. 


EL NEGOCIO DE LA SOBREVALORACIÓN
De acuerdo al análisis del CNA uno de los recursos más frecuentes para saquear la Secretaría de Salud es la sobrevaloración de precios en los medicamentos, insumos y equipos. “Se ha podido identificar que existen medicamentos que su acrecentamiento constituye hasta un 1000% del costo unitario del medicamento o insumo médico”, señala.

Julieta Castellanos, exrectora de la UNAH, entidad que tuvo a cargo la administración del Hospital Escuela durante seis años (2012-2018), apunta que al principio de su administración notaron la diferencia entre los precios de mercado y los que ofrecían al centro médico en rubros como las medicinas y los alimentos, por lo que convocaron a sus proveedores a una reunión para consultar el por qué, y qué se podía hacer para revertir la situación.

“Entonces nos explicaron que parte del problema era que las autoridades de la Secretaría (de Salud) y del hospital les pedían coima (soborno). Pedían coima para recibir las ofertas de sus productos, les pedían coimas para pagarles y si no pagaban (las coimas) entonces nunca les hacían el trámite para el pago. Ese cobro de coimas llegaba hasta la Secretaría de Finanzas, hasta la Tesorería General, que es donde ellos cobraban”, explicó la académica.

Es decir, no era solo un pago a una persona en particular, sino que debían pagar en cada oficina y en cada fase del proceso por donde pasaba la documentación, desde que se presentaba la oferta hasta cuando se consumaba la venta y se pagaba lo adeudado.

Otro de los argumentos para subir los precios era por los retrasos en los pagos por parte del gobierno, de hasta seis meses y un año. Varios proveedores aseguraban que operaban mediante préstamos bancarios y los atrasos les generaban altos intereses y recargos.

Una vez reconocido el problema se dispusieron a solucionarlo al solicitar fondos a la Secretaría de Finanzas y una vez con ese dinero en la bolsa hacían las compras sin intermediarios en las Secretarías de Salud y Finanzas. Cuando la UNAH dejó de administrar el Hospital Escuela, en el 2018, declararon un ahorro superior a los 420 millones de lempiras (16.8 millones de dólares). “Eso obviamente disgustó a las mafias locales que había tanto en el hospital como en la Secretaría (de Salud) y en Finanzas”, dijo Castellanos

El éxito fue temporal y el problema persiste. La exministra Araujo califica el problema de la sobrevaloración como algo “trillado, triste” y que ha ensombrecido el quehacer de la Secretaría de Salud a lo largo de su historia. “Es un modus operandi, de una mafia enraizada que viene de hace más o menos 40 años, que se viene visualizando este problema de la corrupción, sobre todo en la sobrevaloración de equipos médicos, de insumos y de medicamentos”.

Araujo urgió al gobierno a encontrar mecanismos apropiados en las Secretarías de Salud y Finanzas para que veedores independientes y probos asignen las licitaciones, evitar dilaciones en los pagos y bloquear así el camino de las coimas.

Reconoció que hay “personas que han expuesto su vida por denunciar la corrupción dentro de las instituciones y esto ha molestado a personas que viven de ese famoso porcentaje, de esa coima, de esa desgracia que llegó a la institución de salud hace muchos años y que aún persiste, no se ha liberado de ese yugo tan nefasto como es esa sobrevaloración en el equipo médico, en los insumos”.

COMPRAS FRACCIONADAS
En el 2018, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó ante el Ministerio Público un informe investigativo realizado entre el 2010 y el 2015 en el cual se encontró que la Secretaría de Salud había entregado 221 órdenes de compra a siete sociedades mercantiles que vendieron medicamentos, material médico quirúrgico y equipos médicos a través de las modalidades de compras menores y licitaciones privadas.

El total de las compras sumaba 45,422,491.53 de lempiras (1,830,081.27 de dólares). Sin embargo, para saltarse las licitaciones públicas (donde cualquier empresa podría participar y así poner en riesgo el negocio), fraccionaron las compras de modo que cada una no superara los 450,000 lempiras, que era el límite en ese momento para hacer compras directas o licitaciones privadas.

La investigación reveló que las siete empresas involucradas tenían vínculos familiares entre sus socios o apoderados legales, y que al final el perjuicio económico por sobrevaloración de precios en las 221 compras fue de 27,293,724.29 lempiras (1,099,669.61 dólares). Es decir, se robaron 60.08 lempiras por cada 100 que gastaron.

Este caso de fraccionamiento no es una excepción, sino una práctica frecuente. Según el CNA, este mecanismo permite “a ciertos administradores y directores de hospitales o jefes de almacén la suscripción de contratos con empresas vinculadas a personas muy cercanas a ellos o sociedades mercantiles dedicadas a otorgar regalías por la adjudicación de contratos”.

La doctora Araujo señala que “mientras no se cambie la manera de adquisición en la Secretaría de Salud siempre habrá delito con el fraccionamiento, habrá un porcentaje de personas encargadas de la administración que lo hagan sin fines de lucro, pero habrá muchos otros que lo hagan con un fin de lucro. Al final caen en el mismo renglón, que es una compra irregular, que es prohibida, independientemente de si es para salvar o no la vida de una persona”.

Agrega que a este problema se añade que muchas empresas son de “maletín”, que han venido funcionando “y en muchas licitaciones estas empresas fueron beneficiadas con millones y millones de lempiras, sobre todo en el área de medicamentos y material médico quirúrgico”.

INESTABILIDAD Y DESORDEN
En Salud calza el dicho aquel: “En río revuelto ganancia de pescadores”. En los últimos tres gobiernos han pasado por la Secretaría de Salud al menos doce secretarios de Estado. Además, aunque hay leyes que ordenan hacer concursos para designar a directores de hospitales y regiones sanitarias, en algunos de estos sitios no se hacen desde hace al menos 12 años y los nombramientos son de “dedo”, potestad de diputados, ministros y presidentes, pues el beneficiado debe responder a las instrucciones que le den.


La exrectora Julieta Castellanos reconoce que la Secretaría de Salud es “muy inestable por los intereses políticos”, pues las personas que se instalan en cargos de dirección pueden, desde su posición, “favorecer a los proveedores de medicamentos” y otros equipos.

Para Castellanos, esto “significa que hay un choque de intereses económicos y políticos que impiden que esa Secretaría de Salud pueda realmente rectorar el sistema de salud”.

A manera de ejemplo, en la actual emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, la gran ausente en esta rectoría es la secretaría de Salud. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha fraccionado sus funciones al nombrar al canciller, Lisandro Rosales, como comisionado especial para atención de emergencia COVID-19, quien junto al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), lideran las decisiones a tomar. Y así se han nombrado representantes de la emergencia para el sector de la zona norte y para el centro, en especial del departamento de Francisco Morazán, donde se encuentra la capital. Todos ellos deciden, y la titular de Salud, una pedagoga de profesión, tiene cada vez un rol menos protagónico y de dirección gerencial. El manejo de la pandemia, en el área de la Salud, es manejado por muchas cabezas, en tanto el manejo de los recursos financieros se ha concentrado en otras dos instituciones y no necesariamente en la Secretaría de Salud. Esas instituciones son Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) y el Comité Permanente de Contingencias (Copeco).

Actualmente, ambas instituciones son objeto de investigación por los entes de control, el Tribunal Superior de Cuentas (auditorías especiales) y el Ministerio Público (11 líneas de investigación por presunta corrupción), al trascender la reproducción del mismo patrón de las redes de corrupción en salud mediante compras sobrevaloradas, empresas fantasmas, violación de la ley de contratación del Estado, entre otros. Estas compras se relacionan con insumos, equipo médico y biomédico, así como la construcción de hospitales móviles.

La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, dice que históricamente se respetó la “carrera administrativa” mediante la cual cada dos años un médico de base podía optar mediante concurso a un cargo administrativo e ir escalando. Primero para ser jefe de sala, luego a la jefatura de servicios, jefatura de departamento hasta llegar a la dirección de un hospital.

“Eso dejó de ser así a raíz de cuestiones políticas. Más o menos, creo que el último concurso en el Hospital Escuela fue en el 2008. Desde entonces todos los nombramientos son ‘de dedo’. Aquí nunca más hubo un concurso administrativo y es lo que hemos estado pidiendo, que se hagan concursos para que la gente no sienta ese compromiso de acatar órdenes”, dijo Figueroa.


MICROCORRUPCIÓN
“El problema más grande de corrupción es el que se da a más alto nivel, pero cuando hay corruptos en el más alto nivel se permite la corrupción en los niveles intermedios y en los niveles bajos”, refirió la exrectora y socióloga Castellanos.

Una muestra de esa corrupción en los estratos bajos se observó en el Hospital Escuela, cuando cambiaron el método de pago de los pacientes. Los hospitales públicos cobran una pequeña cantidad por los servicios prestados y quien recibe ese dinero es un empleado público, pero en algún momento en el Hospital Escuela se dispuso que ese dinero se depositara en una cuenta bancaria para un mejor control y transparencia.

Así, la colecta pasó de 35,000 lempiras (1,418 dólares) a 80,000 lempiras (3,241 dólares) mensuales. “Mucha gente se vio perjudicada, entre comillas, porque esa diferencia de 45,000 (1,823 dólares) o 50,000 lempiras (2,026 dólares) al mes alguien dejó de percibirlos. Eso obviamente creó malestar en alguna gente. La lucha en el país (por las) personas que quieren mejorar las cosas, es dura”, dijo Castellanos.

Corrupción, dijo, es también cuando hay algunos médicos que llevan a sus pacientes de la clínica privada a hacerse exámenes al hospital público, otros que tienen plaza en un centro médico rural pero se quedan en la ciudad o aquellos especialistas que reciben sueldo por turnos nocturnos pero no van y solo atienden vía teléfono, recargando el trabajo en sus subalternos.

“Entonces hay que lidiar con un sistema de salud, con la corrupción del más alto nivel, de políticos y grandes empresarios que abastecen el sistema de salud, con los proveedores de servicio, que venden servicios de tomografía, de análisis clínicos y hasta con dirigentes gremiales que son corruptos y sustraen medicamentos”, concluyó Castellanos.

Un informe sobre el desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), elaborado por una junta interventora, coincide con lo aseverado por Castellanos, al destacar que los desmanes en esa institución no solo fueron a nivel de compras, medicamentos o contratos, también a lo interno con canonjías y una serie de privilegios en una institución que ya arrastraba números rojos. Los gremios ahí representados gozaban de jugosas dietas, pagos de combustibles disfrazados de facturas de viáticos, meriendas, postres y hasta los tres tiempos de comida, eran parte de esas subredes de tráfico de influencias en el IHSS, que a la larga, es un retrato del modus operandi en un colapsado sistema de salud en Honduras.

Expediente Público / julio 29, 2020

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!


Diez días se cumplen desde que Alberth Snider Centeno Tomás, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), junto con los líderes garífunas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez y el allegado a la comunidad, Junior Rafael Juárez Mejía, fueron separados de sus familias y comunidad por desconocidos armados que vestían como agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), y sobre cuyo paradero el Estado no ha dado respuesta.

Los territorios garífunas son el escenario de un conflicto histórico de desplazamiento forzado de las comunidades de sus territorios ancestrales por la avaricia de empresas del sector turismo, INTUR, Camatur, ITH y grupo INDURA , coludidas con el Estado de Honduras quien continúa sin cumplir las sentencias  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenando a la población garífuna a la violencia y al desarraigo agudizado en los últimos años.

Previo a la desaparición de los cinco jóvenes, recientemente, el 21 de junio se registró el hallazgo del cuerpo sin vida en la comunidad de Punta Piedra del líder Antonio Bermúdez, y el 20 de mayo de 2020, en la comunidad de Río Tinto, el asesinato del integrante de la OFRANEH, Edwin Fernández, cuya vida fue arrebatada frente a su familia por no entregar la llave del portón de seguridad de su comunidad.

Existen indicios suficientes para identificar un patrón de violencia sistemática en contra de la población garífuna, una política de exterminio y desplazamiento para asegurar que sus paisajes, sus playas, sus territorios y toda su riqueza cultural esté a disposición plena del capital turístico. Se trata de ataques y crímenes en contra de liderazgos comunitarios, personas claves en las resistencias en contra del extractivismo y en la defensa de sus territorios ancestrales. Esta ola de crímenes y desapariciones no es nueva en Honduras, así como tampoco lo es la impunidad que ha cobijado a los criminales que han puesto en marcha esta política.

Según datos del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en la coyuntura de la emergencia por COVID-19, al menos siete personas se registran desaparecidas incluidos los líderes garífunas.

Los datos revelan un patrón similar a tres momentos críticos en Honduras: durante la década de los ochentas, cuando se registraron 184 personas desaparecidas, el Golpe de Estado en 2009, en el que al menos 13 personas fueron detenidas-desaparecidas, y la crisis post electoral, en cuyo contexto una persona más continúa desaparecida luego de ser detenida por agentes de seguridad.

Desde el 2009, en el contexto de Golpe de Estado se alertó del resurgimiento de la desaparición forzada como una herramienta de control social y político. Los hechos sostenidos hasta la fecha dejan claro que no se trata de raptos o secuestros comunes, sino que se enmarcan en un patrón de ejecución, en un perfil de víctimas y en un patrón de manejo de las investigaciones que asegura la impunidad de estos crímenes que tienen un nombre: desapariciones forzadas.

Por todo esto, desde la Coalición contra la Impunidad nos sumamos a la exigencia de aparición con vida de los cinco hermanos garífunas y respecto al manejo de la investigación demandamos:

1.    Que esta no esté a cargo de la Dirección Policial de Investigación (DPI), en vista de que los testimonios respecto de los hechos coinciden en un aparente involucramiento de dicha institución y existe un amplio antecedente de actos criminales en lo que esta se ha visto involucrada.
2.    Nos sumamos a lo planteado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), para que la unidad especializada de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, sean parte activa de la investigación.

Pero sobre todo demandamos respuestas integrales que aseguren la protección de la población garífuna, exigimos el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte IDH como único medio real de mitigar las fuentes de los riesgos que enfrentan constantemente.
Queremos paz para nuestros hermanos y hermanas garífunas. Queremos vida y no muerte. Queremos que vivan en armonía con sus entornos desde sus cosmovisiones sin la mano criminal de la avaricia.

¡Porque sus vidas son nuestras vidas y porque las vidas garífunas también importan!

Coalición contra la Impunidad

Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR)
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Feminista Trans (AFET)
Asociación FIAN Honduras
Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia (AIDEVISH)
Asociación LGTB Arcoíris de Honduras
Asociación Nacional de Personas Viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA)
Asociación para una ciudadanía participativa (ACI-Participa)
Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU)
Asociación Prevención y Educación en Salud Sexual y SIDA Tela (APREST)
Cáritas – Diócesis de San Pedro Sula
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Desarrollo Humano (CDH)
Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y SIDA (CEPRES)
Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H)
Centro de estudio para la Democracia (CESPAD)
Centro de Investigación y Promoción de los DDHH (CIPRODEH)
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT)
Colectivo Diamantes Limeños
Colectivo Unidad Color Rosa (CUCR)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN)
Crisálidas de Villanueva
Ecuménicas por el derecho a decidir
Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Espacio-ACI
Familia Franciscana Honduras (JPIC)
Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO)
Foro de Mujeres por la Vida
Foro Nacional de Sida (FOROSIDA)
Foro Nacional para las Migraciones (FONAMIH)
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)
Frente Amplio del COPEMH
Asociadas por lo Justo en Honduras (JASS)
Las Hormigas
Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA)
Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz en Honduras (MILPAH)
Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla
MUCA y Plataforma Agraria
Observatorio Permanente del Bajo Aguán
Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH)
Brigadas Paz Internacional (PBI)
Plataforma Internacional contra la Impunidad (PI)
Pastoral de Movilidad Humana (PMH)
Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras
Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC)
Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras (REDMUDE)
Unión de Empresas y de Organizaciones de Trabajadores del Campo (UTC)
Vía Campesina
Protection International
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos

Pensar la crisis y la desigualdad en la pospandemia

Rebelión

Por Katu Arkonada

Este mes de julio nos deja dos informes que proporcionan insumos interesantes, aunque preocupantes, para pensar la crisis económica que ya tenemos encima, y el mundo post pandemia.

Uno es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), y titula “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”. El otro es de la confederación de ONGs OXFAM, fundada en el Reino Unido y con oficinas centrales en Nairobi (Kenia), con un título significativo: “¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para enfrentar la crisis de la COVID-19 en América Latina y el Caribe”.

El informe de la CEPAL define el mundo al que estamos entrando como una crisis sincrónica de alcance mundial. Su cálculo de caída del PIB mundial es del 5’2%, llegando al 7% en las economías desarrolladas (las previsiones para Estados Unidos son de un decrecimiento del 6’5% del PIB y para la Unión Europea del 8’7%). Como contraste, China “solo” crecerá el 1%.

Asimismo, el volumen del comercio mundial de bienes disminuirá en 2020 entre un 13% y un 32%, y hay dos indicadores a los que tenemos que poner especial atención desde México, el turismo se verá reducido entre un 60% y 80%, la peor serie desde 1950 que comenzaron los registros, y para el sector energético el pronóstico es una caída del 39’3%. El informe de la CEPAL calcula además para el caso específico de México una caída de la producción industrial del 29’3% interanual en abril.

La contracción económica producida por la pandemia tendrá como consecuencia un descenso del PIB per capita regional del 9’9% que se va a traducir en pasar de 26 a 44 millones de personas desempleadas. Por comparar, durante la crisis económica de 2008 el desempleo se incrementó del 6’7% al 7’3% en 2009, mientras que la previsión actual es pasar del 8’1% al 13’5%.

El resultado de lo anterior va a ser que 45 millones de latinoamericanos y latinoamericanas van a incrementar las estadísticas de pobreza, pasando de 185 millones a 231 millones, un 37’3% de la población de la región. Al mismo tiempo, la pobreza extrema se incrementará en 28 millones de personas, equivalente al 15’5% de la población latinoamericana.

Como posible solución paliativa a esta crisis económica, pero sobre todo social, la CEPAL propone una fuerte respuesta en materia de política fiscal alineada con la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios, apoyar los ingresos de los hogares y proteger la capacidad productiva, y una política monetaria expansiva favorecida por la baja inflación. Todo ello con tres líneas de acción: 1) Un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social enfocado a las personas en situación de pobreza con el objetivo de poder sostener el consumo 2) un bono contra el hambre para personas en situación de extrema pobreza que complemente el anterior 3) apoyo a las empresas para que no se pierdan empleos.

Por su parte, el informe de OXFAM hace especial énfasis en que América Latina va a ser la región del planeta con la contracción económica más grande, y la recuperación más lenta. En 12 meses, vamos a retroceder 15 años en todo avanzado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Pero al mismo tiempo, y así como se calcula que la región va a terminar 2020 con más de 40 millones de nuevos desempleados y más de 50 millones de nuevos pobres, desde que comenzó la pandemia tenemos 8 nuevos mil millonarios en América Latina, quinientos nuevos mil millonarios por semana. Oxfam calcula que la riqueza de estas nuevas élites económicas ha crecido un 17% desde mediados de marzo, equivalente a 48.200 millones de dólares, lo que a su vez representa un 38% del total de medidas de estímulo aprobadas por los gobiernos latinoamericanos.

Es por ello que la condición de América Latina como región más desigual del planeta se va a agudizar en la post pandemia, con el agravante de que una buena parte de la inversión extranjera directa (IED) en la región (hasta el 20%, 1 de cada 5 USD) entra o sale vía paraísos fiscales.

OXFAM hace también un análisis muy interesante en torno al debate sobre la deuda que también ha tenido posicionamientos encontrados en México, y sentencia: “El recurso de mayor endeudamiento público puede dar un alivio temporal, que arrastrará, sin embargo, consecuencias y lastrará el desarrollo de las generaciones futuras”.

Aunque en la próxima columna seguiremos analizando la cuestión de la deuda y reforma fiscal como posibles soluciones o no a la crisis y a la pandemia, es necesario resaltar que en el ámbito financiero, la deuda mundial supera ya los 255 billones de dólares, un 322% del PIB mundial, por lo que las posibles alternativas para enfrentar la crisis post pandemia deben pasar por más Estado, pero no necesariamente por más deuda.

Pero más allá de soluciones, el horizonte debe ser el mismo que hemos planteado en columnas anteriores, y que OXFAM sintetiza así: “Es el momento que quienes concentran la riqueza, quienes han tenido grandes beneficios durante estas últimas décadas y las grandes empresas que están generando importantes ganancias en medio de la crisis, contribuyan mucho más al esfuerzo de todos y todas”.

Es decir, que la crisis la paguen los ricos.

Los nuevos piratas de la vieja Albion


Por Aram Aharonian *

Mapa de las colonias británicas (en rojo), 1897.


El Reino Unido es una fuente de canalladas. Esto de la piratería no es nuevo, recordemos que aún retienen varias colonias en nuestra región: Anguilas, Bermudas, Islas Caimán, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Islas Malvinas, Islas Pitcairn, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Territorio Antártico Británico.

El derecho nacional e internacional ya no cuenta y así lo demuestra el espectáculo del Tribunal de Comercio de Londres que decidió la entrega de las reservas de 30 toneladas de lingote de oro venezolanas guardadas en el Reino Unido, no a la nación sino al virtual y autoproclamado presidente interino (títere de Washington) Juan Guaidó: un acto moderno de la más rancia piratería de la vieja Albion.

El 22 de junio comenzó en Londres el juicio por los activos de Venezuela bloqueados en Inglaterra. Se trata de unos 1.3 mil millones de dólares en propiedades estatales venezolanas. Durante décadas los gobiernos, incluso anteriores al chavismo, usaron sus barras de oro en las bóvedas subterráneas del Banco de Londres para transacciones financieras internacionales. 

En las bóvedas del Banco de Inglaterra, como una secuela de sus tiempos imperiales, se guarda el 20% del oro mundial. La mayor parte del mismo fue dejado en guarda por los gobiernos de más de 30 países, que pagan una comisión por esa actividad.

Hoy el Banco de Londres se niega a cumplir con su obligación de devolverlas conforme a un contrato internacional vigente. ¿Lawfare?. U otra forma de expoliar a las naciones de sus pertenencias para con ellas invadirlas, sojuzgarlas y expoliar sus riquezas naturales para sus empresa trasnacionales. 

Obviamente, a los flemáticos británicos de Su Majestad y el Brexit no se les dio por expropiar los activos de los sanguinarios jeques que gobiernan ¿la democracia? de Saudi Arabia, por ejemplo. 

Siguen el mismo libreto de Donald Trump, que también entregó los activos de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera venezolana Pdvsa al mismo Guaidó. Y cuando necesitó adueñarse del gas y el litio bolivianos no dudó en usar a la Organización de Estados Americanos –y a su sicario Luis Almagro- para declarar un fraude electoral que nunca existió y poner el país en manos de sus socios de la rancia aristocracia genocida boliviana.

Recordemos que Guaidó fue investido y reconocido por EEUU en ese carácter desde inicios de 2019. Luego varios países vinculados a la estrategia de los EEUU han reconocido esa autoridad. No hay que ser un avezado conocedor de la situación para saber que ninguno de los miembros de eso que llaman “administración” que responde a Guaidó, reside en Venezuela. Todos ellos habitan en EEUU y uno en Colombia.

El Reino Unido es una fuente de canalladas. Terratenientes, racistas, piratas, explotadores y saqueadores: tienen una rancia tradición de abolengo delincuencial. Esto de la piratería no es nuevo, si no recordemos que aún retienen varias colonias en nuestra región: Anguilas, Bermudas, Islas Caimán, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Islas Malvinas, Islas Pitcairn, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Territorio Antártico Británico.

 ¿Qué se puede esperar de un imperio talasocrático (estado cuyos dominios son principalmente marítimos) que se hizo de saqueos,  piratería, despojos, trampas y esclavitud y cuya vanguardia son los corsarios de ayer y los bucaneros globalistas de hoy? 

Basta visitar el Museo del Saqueo en Londres, también llamado Museo Británico, donde bien se puede demostrar la  expoliación de los objetos de las culturas milenarias de otras naciones. Pruebas no de las culturas, sino de la barbarie y expoliación imperial..

Tras la repartición de América por el papa Alejandro VI entre España y Portugal, los monarcas de Francia e Inglaterra y los Señores de Holanda inician una carrera para disputarles la hegemonía en el Nuevo Mundo. 

A fin de cortarle las comunicaciones a los ibéricos, se asocian con salteadores navales que en tiempos de guerra declarada con otros reyes son llamados corsarios, y en tiempos de paz, piratas, para la ininterrumpida batalla de tres centurias que culmina con la hegemonía mundial de Inglaterra.

En 1576 asalta la isla Margarita el pirata  Andrew Barker, y William Hawkins la devasta en 1583. En 1596 Leonard Berry incursiona en Guayana, y el año siguiente lo hace el  corsario  Charles Leigh. Al saqueo se unen los holandeses. Entre otra nube de asaltos a la costa venezolana, el corsario inglés Charles Leigh arremete contra Guayana en 1602, el pirata  Robert Harcourt asalta Trinidad y el Orinoco en 1608 y el año siguiente Thomas Roe invade por las bocas del Amazonas y del Orinoco. 

En 1595, si no me falla la memoria, sir Walter “Guantarral” Raleigh – marino, corsario, escritor, cortesano y político inglés, que popularizó el tabaco en Europa-  incursiona una vez más en Trinidad, sus hombres asaltan  el Orinoco y Santo Tomé, y el caballero es derrotado en su proyecto de hacer de Guayana una colonia inglesa. 

Su obra The Discovery of the large, rich, and beautiful Empire of Guiana editada en 1595 impulsó la leyenda de El Dorado, lo que dio pie a numerosas ediciones del libro, traducciones y nuevos libros relacionados con dicha leyenda. Acuñó una frase anunciadora del imperio inglés: «Quien posee el mar, posee el mundo entero». 

Hasta Gabo García Márquez lo menciona en Cien Años de Soledad, diciendo que fue él quien regaló su acordeón a Francisco el Hombre. Pero fue, quizá Eduardo Galeano fue quien nos explicó mejor la cuestión: «El malevaje financiero secuestra países y los cocina si no pagan el rescate. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado”. 

“Los organismos internacionales que controlan la moneda,  el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas», nos recordaba el autor de Les escuela del mundo al revés.

Pero la codicia, que nunca muere, durante varios siglos mantendrá vivo el plan hasta arrebatar a Venezuela parte fundamental  de su territorio inalienable, el Esequibo, hoy junto con piratas trasnacionales como la Exxon Mobil.

Los piratas del siglo XXI ya no tienen necesidad de asaltar barcos en ultramar (ahora asaltan bancos, también). Hoy utilizan los bancos, como sucedió con la desaparición –llámese robo– de la reserva internacional de Libia que se encontraba en el extranjero, que ascendía a 300.000 millones de dólares, de los cuales, en oro eran unos 168.000 millones de dólares. La ayuda humanitaria nunca llegó después que asesinaron a Muamar Gadafi y destruyeron el país.

El oro de Venezuela fue repatriado entre 2011 y 2012 por el presidente Hugo Chávez. Actualmente es el primer país latinoamericano con reservas en oro: 161,2 toneladas, de las cuales 31 toneladas (19,2%) han sido secuestradas por el Banco de Inglaterra. 

Antes estaba en Citibank, institución que debía devolver después de finiquitado las operaciones con el país, pero se lo entregó a su par inglés aludiendo que se lo impedía las sanciones de Trump, es decir, la nueva patente de corso.

”Es un robo, por eso en el siglo XVIII los piratas más famosos eran los corsarios ingleses, actuaban todos para la Corona Británica (…) El Reino Unido viola el derecho internacional y le pretende robar los recursos a Venezuela”, afirmó el canciller venezolano Jorge Arreaza. 

Dijo que el Banco de Inglaterra solo es el custodio, “esos recursos serían utilizados a partir de un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para la compra de equipos e insumos médicos necesarios para enfrentar la Covid-19“.

¿Con qué título, con fundamento en cuáles derechos, a cuenta de qué se atreve esa nueva Santa Alianza de países ocupados por la OTAN que llaman la Unión Europea a sancionar funcionarios venezolanos o reconocer usurpadores votados por nadie?, se pregunta Luis Britto García.

Evidentemente, su inveterada costumbre de ser perpetuamente ocupados por tropas extracontinentales les hace olvidar lo que significan soberanía e independencia, y que ya los absolutismos del Viejo Continente no nombran ni deponen Capitanes Generales o Virreyes en América (¿o sí). “Propongo enviarles copia de nuestra Declaración de Independencia, a ver si se animan a declarar la suya”, señala el intelectual venezolano.

Las finanzas de la familia de la flemática y casi muda reina Isabel II van en aumento y muchos ciudadanos están molestos. Los costos de mantener a la realeza crecieron más del 40 por ciento entre 2018 y 2019 alcanzando 104 millones de dólares. 

El. tiempo pasa, y el Reino Unido mantiene su rasgo más típico: la piratería.

* Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.

Comprender la pandemia de teorías de la conspiración


Por Fred Fuentes 

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Foto: “El COVID-19 es un engaño, el asesino es el 5G”

En los últimos meses hemos asistido a una proliferación de memes y relatos en las redes sociales que vinculaban el COVID-19 a todo tipo de cosas, desde la tecnología 5G y un laboratorio en Wuhanhasta Bill Gates y su campaña a favor de vacunaciones globales. Incluso parte de los medios de comunicación y figuras políticas como el presidente de Estados Unidos Donald Trump han contribuido a difundir esas teorías.

Hay indicios de que estas teorías han ganado fuerza. Una encuesta realiazada por Essential en Australia en mayo mostraba que el 39 % de las personas entrevistadas opinaban que el COVID-19 se creó y soltó desde un laboratorio chino, un 13 % culpaba a Bill Gates de la pandemia y un 12 % creía que se estaba utilizando la red inalámbrica 5G para propagar el virus. Una encuesta similarhecha en Canadá concluía que un 46 % de las personas encuestas creía en al menos uno de esos mitos clave del COVID-19.

Estas teorías se han extendido tanto que las autoridades se han visto obligadas a responder públicamente y refutarlas, mientras que algunas personas han tratado de solucionar personalmente el asunto y han atacado torres de 5G en varios países, incluida Australia.

Se suele atribuir el auge de las teorías de la conspiración a la ignorancia o a campañas deliberadas de desinformación destinadas a provocar falta de confianza en instituciones liberales como el gobierno, en los medios de comunicación o en el ámbito académico, de modo que lasolución suele ser pedir a la gente que “escuche a os expertos” o pedir a los políticos y a los medios de comunicación que dejen a un lado la política y se centren en un “liderazgo honesto”. Pero en general esto no hace sino provocar que se crea aún más en estas teorías al no comprender la razón principal del auge de las teorías de la conspiración.

En la corriente dominante
Las teorías de la conspiración existen desde hace siglos aunque en general su influencia se ha limitado a los márgenes de la sociedad. Sin embargo, desde finales del siglo pasado y principios de este las teorías de la conspiración han ido penetrando lentamente en la corriente dominante. Actualmente importantes minorías creen en teorías como la de que los atentados terroristas del 11 de septiembre fueron un “trabajo interno” o que robots rusos hicieron que Trump ganara las elecciones.

Varias de las teorías de la conspiración actualmente en boga no son nuevas, pero la pandemia de COVID-19 ha servido para aumentar su difusión al tiempo que actúa como un gran unificador de ellas.

En todo el espectro político se han utilizado las propias lentes conspirativas para entender la pandemia, lo que ha hecho que grupos que aparentemente tienen puntos de vista diferentes (por ejemplo, milicias de extrema derecha que se oponen a los confinamientos dictados por el “gran gobierno” y hippies que rechazan las campañas de vacunación de la industria farmacéutica) coincidan en negar que exista una supuesta “pandemia”.

Lo que tienen en común la mayoría de estas teorías de la conspiración es la suspicacia, si no la hostilidad declarada, respecto a la “clase dirigente” o las “élites”. Los relatos acerca de vacunas, tecnología 5G o “pandemias del Nuevo Orden Mundial” suelen implicar la creencia de que una fuerza maligna y oculta controla los acontecimientos.

Lo que contribuye a que estas teorías ganen fuerza es que a menudo contienen una pizca de verdad, aunque de una forma extremadamente distorsionada. Por ejemplo, creer que las vacunas son una conspiración para poner un microchip a la población es absurdo, pero hay muchas razones legítimas para desconfiar de las empresas farmacéuticas que buscan obtener beneficios de crisis sanitarias mortales y de la miseria.

Lo mismo ocurre con el escepticismo respecto a la expansión de la tecnología o de los poderes del Estado, que se han tendido a utilizar para atacar la intimidad y las libertades civiles de la gente. Y el temor de que las élites puedan estar detrás de una “pandemia” sólo tiene sentido si se considera cómo los gobiernos y las empresas han tratado sistemáticamente de convertir las crisis enoportunidades para llevar adelante sus programas perjudiciales para la gente.

Aunque las redes sociales y Trump han desempeñado un papel importante a la hora de popularizar estas teorías, su reciente y espectacular auge no se debe a campañas bien financiadas para minar el orden establecido, sino más bien lo contrario: el atractivo de estas teorías se explica por el alto índice de desilusión respecto a las instituciones existentes y el debilitamiento o desintegración de los modelos políticos tradicionales para interpretar el mundo (ya sea la derecha conservadora o la socialdemocracia o la variedad comunista de izquierda). Esto es, las teorías de la conspiración reflejan más que crean una muy arraigada falta de confianza en la situación actual. Cuando esto se une a un acontecimiento vasto e inesperado de proporciones globales, como una pandemia, el terreno está abonado para que florezcan las teorías de la conspiración.

Superar la impotencia
Para quienes tratan de darle sentido a este mundo las teorías de la conspiración pueden ofrecer un relato simple para entender la compleja realidad que los rodea. No sólo explican lo que ocurrió, sino, más importante, por qué ocurrió.

Aunque las teorías de la conspiración se basan en ideas de relaciones de poder desiguales, sustituyen las fuerzas sociales reales existentes (clases sociales) por tropos sobre individuos malvados (Bill Gates) y conciliábulos secretos (el Nuevo Orden Mundial, los Globalistas) o antisemitismo reaccionario (conspiraciones judías).

En un mundo en el que tantas personas están desconectadas socialmente y carecen de control sobre aspectos claves de sus vidas se puede obtener una sensación de certeza e incluso de comodidad de la idea de que las “élites” son todopoderosas y la “corriente dominante” está engañada o compuesta por “personas que se comportan como borregos”. Por consiguiente, la conclusión lógica es que poco se puede hacer para detener a estas élites excepto “difundir la verdad”.

También aquí las teorías de la conspiración reflejan más que crean un sentimiento de impotencia existente proveniente de una desvinculación más general de la gente respecto a la política y la muy arraigada idea de que el cambio social es imposible. Por lo tanto, el auge de las teorías de conspiración no sólo se explica por la desconfianza cada vez mayor, sino también por las derrotas infligidas a la clase obrera y a los movimientos sociales en las últimas décadas.

La mayoría de la gente ya no considera la política un ámbito en el que participar y actuar. Para algunas personas, en cambio, se ha convertido en algo similar a The Matrix, donde las élites manipulan la realidad y solo aquellas personas que “toman la píldora roja” pueden ver lo que ocurre realmente. Así que no es de extrañar que los comités de “verificación de hechos” o los comités de expertos, como la Comisión sobre el 11 de septiembre, solo sirvan para alimentar a los “escépticos” que tratan de redoblar las pruebas de encubrimiento y de encontrar otras nuevas.

Para superar el auge de las teorías de la conspiración habrá que ganar una audiencia mayor que comprenda de forma coherente y mucho más profunda cómo funciona la sociedad, y pueda perfilar las verdaderas fuerzas sociales existentes en juego y cómo se puede acabar con las relaciones de poder desiguales.

Para lograrlo hay que crear espacios para el aprendizaje y el debate colectivos que se centren en empoderarse mutuamente en vez de limitarse a escuchar a los expertos. La ciencia puede ser una guía (pero nunca un sustituto) para determinar qué acción política emprender.

Y, más importante, exigirá que resurjan unas movilizaciones colectivas capaces de superar la sensación de impotencia existente. Esta lucha no sólo revelaría dónde reside el verdadero poder en la sociedad, sino que permitiría a las personas implicadas recuperar un verdadero control de sus vidas.

viernes, 7 de agosto de 2020

“¡Libérenlos ya de este infierno de injusticia!”


Por Giorgio Trucchi

El Comité para la liberación de los presos políticos en Honduras, organizaciones de derechos humanos y familiares de privados de libertad exigieron nuevamente la liberación inmediata de diez presos políticos que sufren la embestida de un sistema político y económico corrupto y violento.
“Honduras está sumida en una profunda crisis política, cuya solución debe pasar por la superación de la violencia estructural del modelo de sociedad que se nos impone.

En este sentido, la criminalización de la pobreza y el descontento social convierten la privación de la libertad en una maniobra permanente de represión y violación de los derechos humanos”, advierten las organizaciones en un comunicado1.

Actualmente en Honduras hay alrededor de 22 mil personas privadas de libertad en 28 establecimientos, a cargo de un sistema penitenciario “totalmente militarizado, sobrepoblado, hacinado, y carente de una política pública penitenciaria integral”.

Un sistema donde la cotidianidad está hecha de violencia, insalubridad, malos tratos, torturas y severas carencias materiales. Algo que se ha vuelto aún más dramático con la llegada de la pandemia y la suspensión de garantías constitucionales.

De acuerdo con declaraciones del personal médico del Instituto Nacional Penitenciario habría casi 2 mil personas contagiadas en 20 establecimientos penitenciarios. Un monitoreo independiente calcula en al menos 25 las personas fallecidas por o con sospecha de Covid-19.

Pese al habeas corpus humanitario interpuesto a finales de marzo por el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (MNP-CONAPREV) a favor de más de 2.400 presos con problemas crónicos de salud y mayores de 60 años, la Sala de lo Constitucional declaró sin lugar la garantía constitucional.

En medio de esta situación dramática hay al menos diez presos políticos que denuncian ensañamiento del régimen y reclaman el derecho de poder defenderse en libertad, entre ellos el joven maestro Rommel Herrera Portillo2, los ocho defensores del agua de Guapinol y Víctor Joseph Castillo.

Prácticamente todos manifiestan diferentes afectaciones de salud que los hacen vulnerables al coronavirus.

Ante esta situación, tanto el Comité para la liberación de los presos políticos como las demás organizaciones firmantes del comunicado, entre ellas la Rel UITA, instaron a las autoridades a acatar la solicitud del Sub Comité de las Nacionales Unidas para la Prevención de la Tortura a reducir la población penitenciaria.

Asimismo, exigieron la liberación inmediata de todos los presos políticos.

“Las cárceles son un infierno de injusticia y la forma como son manejadas por militares y policías son inhumanas.

Además nos enfrentamos a un sistema de justicia aberrante que encarcela por motivos políticos, y a un gobierno represor y violador de derechos humanos. ¡Los presos políticos debe ser puestos en libertad ya!”, dijo Juan Almendárez, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT).

Pandemia y mayor represión

Para Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y miembro de la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), presos políticos y desaparecidos son temas que nadie debe olvidar.

“Durante la suspensión de garantías por la pandemia hemos contabilizado al menos 9 personas víctimas de desaparición forzada, entre ellas los cinco compatriotas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz3.

También tenemos a presos políticos que están privados de libertad por defender el agua, la vida, la educación y salud pública. Nadie los va a olvidar.

El Estado es responsable de estos crímenes, de esta crisis de derechos humanos y del violento retroceso a los años 80.

Nos unimos al grito unánime que se levanta a nivel nacional e internacional: ¡Libertad Ya para los presos políticos! ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos”, concluyó Oliva.

Un cambio de timón frente al Covid-19


Por Javier Suazo

Dr. Carlos Umaña, médico del IHSS
Foto: RadioHRN.hn

“Sin vidas no hay economía”

Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico Hondureño (CMH)

En Honduras nadie se mueve si Juan Orlando Hernandez (JOH) no lo autoriza. Eso es así, ya que vivimos en un gobierno altamente centralista y autoritario, donde la figura del presidente es muy visible, ejerciendo control “inusual” sobre el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, FFAA, Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Iglesias Evangélicas y el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), entre otras. Es un gobierno que goza también de respaldo del gobierno de los Estados Unidos, siendo evidentes las muestras de afecto del presidente Donald Trump.  Se considera a JOH y su gobierno, aliado de los Estados Unidos, contrario a Nicaragua y Venezuela.

La oposición política no ha podido contra este control del Estado que ejerce el presidente, muchos menos contra la política económica y reforma institucional que se ejecuta con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), excluyente por definición, con el agregado de benigna con la corrupción.

Uno de los problemas que hizo más visible el Covid-19 en casi todo el territorio nacional, es la falta de planificación del gobierno para enfrentar la pandemia, complementado con la ausencia de políticas y decisiones de consenso. Se creó una Mesa Multisectorial con actores afines al gobierno, pero que ya no sirve para nada, en tanto varios miembros como los empresarios se retiraron, y sus decisiones no consideran las dinámicas de cada uno de los territorios y propuestas de actores regionales y locales frente al avance del Covid-19.

Recién, en respuesta a la muerte de más galenos que, según el CMH, suman 15 muertes, los profesionales de la medicina que están al frente de la batalla, dieron un ultimátum al gobierno: Cierre completo por dos (2) semanas de la ciudad de San Pedro Sula y las ciudades aledañas, o se retiran de la primera línea de batalla. El CMH exige también el cierre de la Ciudad Capital, por el aumento de casos y la falta de bioseguridad, donde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció la entrega de mascarillas a personal de salud que no protegen del Covid-19.

El problema según ellos, es que la mayoría de las maquilas localizadas en el Valle de Sula, están trabajando 24-/7, sin que se garantice un control de los empleados y medidas de bioseguridad que deben ejecutarse. La mayor parte de los trabajadores de las maquilas y otros negocios, tienen que movilizarse dentro y fuera del Valle de Sula, por lo que el foco de contagio del Covid-19 aumenta.

De acuerdo al Dr. Carlos Umaña, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, entre el 27% y 35% de los pacientes que llegan a solicitar asistencia contra el Covid-19, provienen de las maquilas (La prensa.HN, 5/7/2020), sumado al hecho que no se respetan las medidas de control sobre la circulación de personas. Aunque, Mario Canahuati, presidente de los Maquiladores de Honduras (AMH), defiende que menos del 3 % de las personas contagiadas pertenecen a trabajadores de las maquilas.

Este es un factor causal que explica el aumento de los casos de personas infectadas, y la resistencia a la baja de la curva de contagios.  Si a ello le sumamos, la lentitud en la entrega de pruebas PCR, el deterioro de la red hospitalaria regional y local, saturación de los hospitales nacionales, poca cobertura de las pruebas rápidas, alta informalidad de la población y robo de recursos asignados a la pandemia, se tiene un patrón de comportamiento favorable para que el Covid-19 se instale por mucho tiempo y deje una secuela de miseria y muerte.

El destacado médico hondureño Tito Alvarado, recomienda al gobierno que lidere la iniciativa para crear un Comité o Comisión de Guerra contra el COVID-19, con las personas más capacitadas que existen, involucrando a las demás fuerzas políticas, pero también a organizaciones de sociedad civil que operan fuera del control de gobierno. Igual, que ponga a operar el Centro Cívico Gubernamental, una especie de monumento a la improvisación y “fanatismo” por el uso de los recursos de instituciones de jubilaciones y pensiones que no se sabe de donde y como se van a reponer después que esta pandemia termine. Ya existe el anuncio por el Canciller, Lisando Rosales, que dicho Centro Cívico se va a habilitar para atender pacientes, lo que permitiría descongestionar la atención en los hospitales nacionales. Pero, preocupa, que todavía JOH siga pensando que con los mismos funcionarios públicos /soldados de escritorio, saldrá victorioso.

En el otro extremo, existe una fuerte presión del sector privado para que no se retroceda con el plan “inteligente” de reapertura económica, permitiendo que los negocios vayan incorporando gradualmente un número mayor de empleados al trabajo, a efecto de poder atender al público dentro de los locales.  El aumento de los casos en Tegucigalpa hizo evidente que dicha política no fuera correcta, ya que se está en el pico de la pandemia, pero se sigue insistiendo que debe volverse a ello. En San Pedro Sula, el avance en la apertura “inteligente” ha ido acompañado de un aumento de los casos y muerte de personal de salud.

Lo recomendable es seguir con la propuesta inicial de abrir las actividades productivas y económicas necesarias, como la industria alimentaria, combustibles, farmacias y banca, y autorizar la circulación de las personas según el último número de su tarjeta de identidad, eliminando los permisos especiales cuando no se justifican. En la medida que el contagio disminuya, se puede avanzar con la apertura. Hay que tener presente que la vuelta de los negocios a la normalidad no implica que tendrán el mismo nivel de actividad que tenían antes de la pandemia, ya que existe una contracción real de la demanda de consumo de bienes y servicios.

La Mesa de Guerra contra la Pandemia debe iniciar actividades lo más pronto posible. Hay que llamar a los expertos del Colegio Médico que la lideren, pero también a empresarios que ven más allá del lucro personal, en tanto, tal como se ha demostrado para el Valle de Sula, el aumento de las actividades económicas y comerciales tiene mucha relación con el nivel de contagio, o sea con el número de casos y la tendencia de la curva.

Un problema central en esto, es poder identificar el líder de esta mesa que goce de la suficiente credibilidad moral y ética, además de la capacidad técnica. En una encuesta realizada por estudiantes de la carrera de Desarrollo Local de la clase de Participación Ciudadana, la población capitalina se pronunció para que el líder fuera una de estas tres personas: a) Carlos Umaña, Médico Epidemiólogo, b) Edgardo Melgar, periodista; c) Pedro Barquero, empresario. En ninguno de los casos aparece que debe ser liderada por la actual Ministra de Salud, o por el director de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) o Canciller de la República, Lizandro Gonzales.

EL presidente Hernández debe convocar al Consejo Nacional de Planificación Económica vigente, a través de la Ministra de Coordinación General de Gobierno (CGG), Martha Doblado, donde existe representación de los principales actores de la sociedad hondureña, incluyendo a los partidos políticos y las universidades, y proceder a nombrar al responsable de liderar esta mesa, exigiendo la presentación de un plan u agenda de trabajo para lo que resta del año, con objetivos, metas, montos de recursos y responsables. Caso contrario, cualquier miembro del Consejo puede solicitar dicha convocatorio para cambiar el Timón y la dirección de la lucha contra la pandemia, antes que toda Honduras se tiñe de pacientes Covid-19 y muertes.

Hay suficientes ideas y propuestas en el medio hondureño de los actores, por lo que deben utilizarse como insumos para diseñar una intervención de consenso más rápida y efectiva contra el Covid-19, incluso aprendiendo de otros países de la región y fuera de esta. 

Un país de "hospitalitos" frente al Covid-19


Por Javier Suazo

Foto: elpaís.hn

Honduras todavía no ha podido articular una estrategia integral para enfrentar la pandemia del Covid-19. El aumento de casos, unas 28,090 personas a nivel nacional (13/7/2020), y generalización de muertes (774 personas), antes concentrados en el Departamento de Cortés y Francisco Morazán, frente al colapso de los hospitales nacionales públicos y privados en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, el gobierno de la República ha prestado mayor atención a las acciones de búsqueda de personas contagiadas (asintomáticas o no) que ameritan tratamiento rápido.

Tomando como referencia la experiencia de la Cruz Roja, donde se crean centros de atención en salud fuera del sistema público para pacientes con síntomas del Covid-19 y de otros que ameritan un tratamiento más especializado, ya que tienen el virus avanzado y los problemas respiratorios son evidentes, se han venido promoviendo estas acciones. En las principales ciudades, sobre todo San Pedro Sula, es evidente el apoyo del sector privado, poniendo a disposición centros de negocios y locales de venta de productos, para ser transformados en centros de “Triage”, o sea de atención temporal a los pacientes, para conocer su estado y poder determinar el tratamiento que se debe aplicar.

El Ministerio de Salud de Argentina los define como “un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Esto permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y la seguridad de las personas.  El Triage es la puerta de entrada a una asistencia eficiente y eficaz, y, en consecuencia, una herramienta rápida y fácil de aplicar, que posee, además, un fuerte valor predictivo de gravedad, de evolución y de utilización de recursos” (www.argentina.gob.ar/salud ).

La construcción de estos centros, conocidos en Honduras como “hospitalitos”, se ha generalizado no solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino que en otras ciudades del país que han visto como los casos de contagio van en aumento. Los más equipados, tienen además de camas, tanques de oxígeno e incluso respiradores, personal de salud compuesto por médicos, enfermeras y microbiólogos; convertidos en centros de estabilización de pacientes para que no demanden atención de los hospitales y ejerzan presión sobre los servicios que prestan, particularmente la hospitalización.   Los menos, tienen camas y atención de médicos, enfermeras y laboratoristas, sumado a las brigadas de atención ambulatoria (casa por casa) para identificar la situación de salud de las familias y el tratamiento que deben recibir.

De acuerdo con el diagnóstico realizado, aquellos pacientes que presentan síntomas leves, son enviados de vuelta a sus casas, y los que se encuentran en un estado severo o grave se remiten a un hospital regional o nacional, para recibir un tratamiento más especializado e incluso hospitalizarlo en sala de cuidados intensivos. El problema es que los hospitales nacionales están al tope, por lo que la oportunidad de ser ingresado a esta sala, depende si la cama es abandonada por un ocupante que murió.

En el interior del país, los alcaldes han tomado la iniciativa de construir sus propios “hospitalitos” con apoyo financiero de los pobladores, ya que la ayuda del gobierno vía transferencias monetarias se tarda mucho, igual la que se otorga por la secretaria de salud o Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). En la zona sur del país, el alcalde del Departamento de Choluteca, Quintín Soriano, incluso pidió al presidente Juan Orlando Hernández (JOH) que lo nombre como Comisionado del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) o COPECO para demostrar que se puede tener una mejor gestión de la pandemia, evitando el número de muertes que se tienen en la actualidad. Un aspirante a la presidencia de la República por el Partido Liberal, José Luis Moncada, ha pedido públicamente a JOH que retire de su cargo a la actual Ministra de Salud, o que lo propia funcionaria tome la decisión de renunciar a su cargo. Y es que dicha secretaria, en la práctica vio cercenadas sus competencias constitucionales, con la creación de SINAGER, COPECO e INVET-H, sin que los miembros del Consejo Nacional de Salud lo hayan autorizado.

Se espera que la construcción o creación de “hospitalitos” se generalice en todo el país, ya que los pronósticos es que los casos COVID-19 sigan en ascenso, en tanto todavía el gobierno no ha podido cumplir una meta aceptable de realizar unas 2,000 pruebas diarias y mantenerla cada semana. Igual, no ha podido conformar una estrategia de apoyo al sector informal de la economía, que mueve cerca del 70% de la economía nacional, pero que no tienen los medios para poder aguantar como las medianas y grandes empresas la crisis sanitaria y falta de ingresos monetarios.

Esta estrategia de “hospitalitos” no es sostenible, por lo que se necesita de un fortalecimiento de todo el sistema de salud durante la pandemia y después de esta. “La red de servicios de salud cuenta con 1,635 establecimientos: 7 hospitales nacionales (ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula), 6 hospitales regionales, 16 hospitales de área, 436 CESAMO, 1,078 CESAR, 74 clínicas materno infantil, 3 clínicas de emergencia periférica (CLIPER) y 15 centros escolares odontológicos (CEO). El IHSS sólo dispone 2 hospitales ubicados en San Pedro Sula y rehabilitación y 1 centro para atención del adulto mayor. El sector privado cuenta con 1,131 establecimientos, dentro de los que se incluyen centros médicos, clínicas, laboratorios, farmacias y consultorios médicos.4 El total nacional de camas disponibles es 6,590: 5,059 camas de la SESAL, 916 del IHSS, 40 del Hospital Militar y 575 camas en el sector privado” (UNAH: 2020). [1]

A falta de un fortalecimiento de la atención primaria y medicina preventiva que retenga el mayor número de pacientes en los centros de atención básica, la presión se ejerce sobre los hospitales regionales y nacionales, siendo evidente las deficiencias en espacio físico, dotación de equipos médicos y personal de salud. El gobierno ha contratado personal de salud (médicos, enfermeras y microbiólogos) para atender las emergencias COVID-19 en los hospitales nacionales y los “hospitalitos”, pero no para atender los centros de salud municipal y departamentales, mucho menos los comunitarios. El miedo de los galenos y enfermeras es que no se garanticen las medidas de bioseguridad, por lo que no están dispuestos a trabajar sin que se otorguen dichas garantías, pero también el pago rápido de sus salarios, ya que, en salud y educación, una práctica del gobierno es contratar médicos, enfermeras o maestros, y pagarles su salario a los seis (6) meses o año de haber venido realizando su trabajo.

Se argumenta por funcionarios públicos que los “hospitalitos” son centros de atención en salud temporales, mientras se instalan en el país los (7) hospitales comprados por INVEST-H, dos (2) de los cuales ya llegaron a Honduras, pero falta esperar que arriben técnicos de la empresa localizada en Arabia Saudita, aunque el gobierno manifiesta que perfectamente pueden ser instalados por ingenieros del Ejército de Honduras; igual se constate que la documentación está en regla. El problema es que no se sabe si los hospitales que llegaron vienen completos, y si los otros cinco (5) vendrán al país están siendo construidos por la empresa autorizada. Lo más seguro es que el número de “hospitalitos” siga aumentando en las colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y en los municipios de Honduras, con recursos de los pobladores, iglesias, empresarios locales y agencias de cooperación.

En paralelo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y organizaciones de sociedad civil como el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) deberían están revisando la política del sector salud, donde mucha de la legislación, instituciones supuestamente de apoyo e instrumentos de planificación y gestión volvieron obsoletos o en desuso. Ello se justifica por el hecho que Honduras tiene una baja cobertura en salud, ya que existe “un número de 9.5 camas hospitalarias por 10,000 habitantes, una cobertura de 0.4 Hospitales por 100,000 habitantes (penúltimo lugar en Centro América (solo superado por Guatemala), 2.1 Unidades de tomografía computarizada por millón de habitantes, 0.7 Unidades de radioterapia por millón de habitantes(quinto lugar en CA superando solamente a Belice y Nicaragua), 50.9 Unidades de mamografía por millón de mujeres de 50-69 años(en penúltimo lugar solo superando al Salvador”.(UNAH: 2020)

Un tema que amerita un análisis profundo, es la política de privatización de los servicios de salud en las regiones y departamentos del país, como también de la atención hospitalaria.  El marco conceptual, operativo y jurídico que le da soporte a esta política debe ser eliminado, antes que se llegue al aplanamiento de la curva de contagios y vuelta a la vigencia de programas de ajuste económico y reforma del Estado que han sido promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

[1] Ver Propuesta Integral para el Desarrollo de Honduras frente a la Pandemia Covid.19. UNAH, 2020, pág., 7.

La huida de Juan Carlos I, última maniobra tras dos años de escándalos sobre sus millonarios ingresos


Por Danilo Albin 

El anuncio oficial supone un nuevo paso en la estrategia dirigida a evitar el desgaste de la monarquía ante el descrédito que pesa sobre el rey emérito. Su marcha no supone el final de esta historia, que seguirá su curso en los tribunales.

Entró de la mano de un dictador y saldrá a bordo de un avión. El primer lunes de agosto pasará a la historia como el día en el que Juan Carlos I anunció la última de sus maniobras para tratar de evitar que los escándalos e investigaciones judiciales que se ciernen sobre su figura dañen aún más a la ya dañada institución monárquica. El emérito se va, pero emérito seguirá: desde un punto de vista oficial, no perderá tal designación allá donde se instale en esta nueva etapa de su vida.

Una catarata que por momentos se hizo tsunami. Un río de escándalos, embrollos y bombas informativas que levantan día a día un mar de dudas sobre las actividades que, de forma paralela a su papel de Jefe de Estado –o valiéndose de ello- Juan Carlos I mantuvo durante su reinado.

El paso anunciado este lunes de verano era esperado –con inquietud incluso– en ámbitos gubernamentales, donde sabían que de un momento a otro habría un pronunciamiento. Faltaba saber el sentido del anuncio: se especuló que el emérito abandonaría La Zarzuela pero no España. También que Felipe VI daría el paso de quitarle el título que hoy disfruta. Ni una cosa ni otra.

La carta difundida por la Casa Real se ha convertido en el último capítulo de una historia cargada de momentos impactantes. Hace justo dos años se conocieron los audios de la reunión mantenida en Londres entre la amiga íntima de Juan Carlos I, Corinna Larsen con el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga. Entonces se supo que Larsen decía, entre otras cosas, que el emérito tenía dinero en paraísos fiscales.

«Una nueva página»
La montaña siguió creciendo. Casi un año después, en mayo de 2019, el emérito anunció oficialmente que se retiraba de la actividad pública. «Creo que ha llegado el momento de pasar una nueva página en mi vida y de completar mi retirada de la vida pública», afirmaba en la carta a Felipe VI que se conoció entonces.

Su actividad institucional desde que abandonó el trono había estado marcada por distintas fotos, aunque hubo una imagen especialmente significativa: en noviembre de 2018, el rey eméritohabía sido fotografiado sonriente en Abu Dhabi junto a Mohamed Bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí y sobre quien pesaban numerosas sospechas en torno a su vinculación con el descuartizamiento del periodista opositor Jamal Khashoggi.

Cuentas turbias
Sus viejas relaciones con el régimen saudí le han llevado, precisamente, a estar en el centro de los escándalos. El fiscal suizo Yves Bertossa lleva desde 2018 tras el origen de una multimillonaria donación recibida por Corinna Larsen. En marzo de este año, el diario británico The Telegraphreveló que Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de la fundación ‘offshore’ en la que se ingresó la supuesta donación de 100 millones de euros del reino saudí a Juan Carlos I.

Escándalos y más escándalos, incluso en tiempos de pandemia: el domingo 15 de marzo, con toda España recién confinada y bajo estado de alarma, Felipe VI dio a conocer un comunicado oficialen el que anunciaba que retiraba la asignación que Juan Carlos I cobraba en su calidad de emérito y, al mismo tiempo, renunciaba a la herencia de su padre. Tal como destacó Públicoentonces, se trataba de una auténtica argucia: el Código Civil prohíbe renunciar a una herencia hasta que se produzca el fallecimiento del titular.

En cualquier caso, las aguas siguieron revueltas. En junio pasado, el Tribunal Supremo asumió la investigación en torno a un posible delito fiscal y blanqueo de capitales por parte de Juan Carlos I. La presión sobre la Casa Real para que Felipe VI diera un nuevo paso se hizo aún más notoria: en el Gobierno de Sánchez ya no eludían la cuestión y asumían que algo debía ocurrir.

Se esperaba un gesto, pero sin abrir nuevos frentes. No en vano, en junio pasado la Mesa de la Cámara rechazó con los votos de PSOE, PP y Vox las iniciativas formuladas en tal sentido por Unidas Podemos, ERC, JxCat y PNV. Los letrados concluyeron que la figura de Juan Carlos Igoza aún hoy de «inviolabilidad absoluta» y, por tanto, no se puede abrir una investigación que le afecte, algo que choca con la decisión del Supremo de asumir precisamente este caso.

Ahora, el primer lunes de agosto, la Casa Real volvió a publicar un comunicado oficial –algo nada habitual en su política de comunicación– para contar que el rey emérito había decidido marcharse de España. Se llevará consigo el título sin asignación y un mar de sospechas que se dilucidará en los tribunales.


Durante semanas hemos informado sobre actividades que no son compatibles con un título honorífico como es el de rey emérito, que le fue concedido en 2014 por el Gobierno de Rajoy. El Ejecutivo actual debe retirar estos honores a Juan Carlos de Borbón, y debe hacerlo ya.