martes, 17 de julio de 2018

Jorge Palma y el pensamiento crítico


Por Javier Suazo 


“El problema fundamental de la UNAH es que las autoridades y gran parte de los docentes son fieles al gobierno y partido en el poder; con la contrarreforma universitaria neoliberal iniciada en 2005, esto ha sido más que evidente”.
Jorge Palma

Recién nos enteramos de la muerte del destacado académico, dirigente estudiantil y militante del Partido Libertad y Refundación (LibRe), compañero Jorge Palma. La noticia nos tomó por sorpresa, ya que era costumbre mirarlo en las concentraciones y marchas de protesta del partido LibRe, participaciones en radio y televisión dando cátedra sobre la realidad nacional y búsqueda de soluciones de consenso a los problemas.

Aunque tenía una sólida formación en derechos humanos y ciencia política, producto del trabajo militante, se graduó de licenciado en periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de la que fue docente, investigador y editor de la revista centroamericana de economía del Postgrado Centroamérica en Economía y Planificación del Desarrollo (POSCAE), fundado por CSUCA a finales de la década del 70s, contando con apoyo de la cooperación alemana y del Banco Central de Honduras.

En la Academia, Jorge Palma, hizo aportes fundamentales. Destaca el apoyo a las estrategias de negociación de los contratos colectivos por el Sindicado de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); análisis de coyuntura sobre el proceso de reforma universitaria; defensa de la autonomía universitaria y construcción y divulgación de mensajes de denuncia sobre la corrupción en la UNAH y retrasos en la enseñanza, al eliminarse el pensamiento crítico de la currìcula con la contrarreforma neoliberal.

Una labor que deja huella en el estudiantado, escritores, investigadores, docentes y analistas de la realidad nacional, fue el trabajo como director del Centro de Documentación del POSCAE y editor de la revista centroamericana de economía. Contaba que esa fue una de sus mayores aspiraciones y logros académicos, por cuanto le permitió conocer más de la realidad de Honduras y región, igual poder sistematizar y divulgar información sobre la misma, destacando los planteamientos y enfoques alternativos al modelo de desarrollo neoliberal vigente desde 1990.

La motivizacion inicial fue poder trabajar junto a Frank Hinkelammert, Wim Dierckhsens, Reynaldo Carcanholo, Paulo Campanario y Guillermo Foladori, otros; profesores fundadores del POSCAE, igual escuchar las clases magistrales de Pedro Paz, Pedro Vuskovic y Marco Roitman. Bajo su dirección la Revista y el mismo POSCAE tuvo un reconocimiento internacional, catalogado como centro de educación superior de pensamiento crítico y alternativo, donde otras universidades y centros se mostraban dispuestos a intercambiar información, revistas y docentes. En la actualidad, esto se perdió, ya que el POSCAE dejó de existir y la revista (números) se descontinuo ya que Jorge Palma enfrentó problemas para continuar en la UNAH y mejor optó por acogerse al régimen de jubilación como docente.

Con la crisis que generó el golpe de Estado en 2009, se integró como militante del Partido Liberad y Refundación (LibRe), participando de las marchas de protesta y organizando los comandos motorizados en las concentraciones políticas. Igual, se convirtió en uno de los principales analistas políticos del Partido y defensor de ideas progresistas y revolucionarias, al participar activamente como comentarista en los programas de Radio Globo.

Antes y después de las elecciones fraudulentas de 2017, Jorge Palma siguió de lleno en la lucha por la conquista del poder con el Partido de la Alianza de Oposición que encabezara, Salvador Nasralla, y aporto mucho en el debate sobre las opciones del Partido para llegar al poder y la poca atención de la dirigencia a los problemas de corrupción institucionalizada en los órganos electoreros como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Registro Nacional de las Personas (RNP), controlados por el partido de gobierno.

Igual, se sumó a la lucha del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), por la reforma estructural de la Academia y la integración del gobierno universitario por docentes, estudiantes y gobierno, que se espera se concretice este año. En esto, un aporte fundamental de Jorge fue la creciente denuncia de la filtración del gobierno en los órganos de dirección de la UNAH y el aval de dichos órganos y autoridades a una propuesta de continuismo de gobierno, sin la participación de los estudiantes; la estrategia es alargar el mandato de las actuales autoridades, y el debilitamiento del MEU. Ponía como ejemplo que el registro de la UNAH está controlado por el equipo del Partido Nacional en la UNAH, en una coyuntura donde la información de los estudiantes es clave para la elección de sus representantes e integración del gobierno universitario.

Jorge Palma manifestó públicamente su preocupación por el control que ejerce el gobierno de la Republica de las principales organizaciones obreras y campesinas de Honduras, y el creciente debilitamiento de las organizaciones magisteriales y sindicatos de la salud, energía y telecomunicaciones, al grado que varios de los dirigentes están incrustados en las instituciones públicas y otros se han convertido en empresarios. Ello, aun cuando, la dirigencia del Partido LibRe siga confiando en su liderazgo, lo que amerita un análisis profundo de estos actores gremiales-políticos y sus organizaciones y plataformas de lucha. 

La UNAH a través del MEU debe rendirle un tributo a Jorge Palma, rescatando su trabajo como editor de la revista del POSCAE y poniendo a disposición de los estudiantes toda la información contenida en la biblioteca del POSCAE, hoy, al parecer, abandonada. Igual, hay que enmendar el error del cierre del POSCAE por las autoridades universitarias, y abrirlo de nuevo con filiales en las regiones del país, caso particular del Bajo Aguan. Al interior del LIBRE y demás fuerzas de oposición, abrir y masificar los debates sobre los modelos o propuestas de desarrollo alternativo frente a la crisis actual, en tanto la academia aporta muy poco.

El caso Juan Humberto Sánchez sigue en la impunidad



Por Riccy Ponce

Abrieron su tumba para comprobar lo que su familia ya sabía, que el cuerpo encontrado a orillas del Río Negro, frontera de Honduras con El Salvador, eran de Juan Humberto Sánchez, detenido desaparecido el 11 de julio de 1992.

Sánchez de 26 años de edad, operador de la radio Venceremos de El Salvador, fue detenido por militares cuando visitaba a su familia en Colomoncagua, Intibucá. El día que logró su liberación fue secuestrado por al menos 15 militares, según denunció en su momento su padrastro Juan José Vijil.

Cuando el joven descansaba junto a su familia, la vivienda fue rodeada por militares, de los cuales tres se subieron al techo y comenzaron a quitar las tejas, siete quedaron vigilando en los alrededores y cinco entraron a la casa.

Obligaron a sus ocupantes a apagar las luces, a permanecer todos en silencio en el piso y boca abajo; el reflejo de los focos que portaban los asaltantes  permitió al padrastro de la víctima identificar las armas, las botas y sombreros que usaban los soldados del Batallón de las Fuerzas Territoriales, localizadas en las instalaciones del Décimo Batallón de Infantería.

Juan Humberto Sánchez fue atado por los militares, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, amenazaron a su familia a la que mantenían en silencio.

Su madre, Dominga Sánchez, responsabilizó al sub teniente Ángel Belisario  Hernández como la persona que dio la orden de capturar a su hijo. Los padres de la víctima sufrieron presiones y amenazas para  variar su versión original de los hechos.

Para dar con el paradero de Juan Humberto Sánchez se presentó un habeas corpus el 20 de julio de 1992 ante la Corte de Apelaciones de Comayagua, pero el mismo fue declarado sin lugar el 14 de agosto de ese año.

El 22 de julio, 11 días después de haber sido secuestrado, apareció el cadáver de Juan Humberto Sánchez en las orillas del río Negro en Santo Domingo, zona fronteriza entre Honduras y El Salvador.

Unos campesinos que se encontraban  sembrando una milpa a la orilla del río Negro, encontraron el cuerpo, el que se había quedado atrapado entre las rocas. Ellos avisaron al Juez de Paz y a la policía de Colomoncagua, Intibucá.

Su cuerpo mostraba señales de tortura, estaba atado de brazos y pies con un lazo; su lengua, nariz y genitales fueron cercenados. El juez Carlos Pineda del Cid ordenó su terraje en la ribera del río, por su alto grado de descomposición del cuerpo.

El caso sucedió en 1992, pero fueron similares a las circunstancias que utilizaron los militares en los años ochenta, durante la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, apoyada por los Estados Unidos y empresarios hondureños.

Hasta la fecha ninguna persona ha sido juzgada ni sancionada por “el secuestro, tortura y ejecución” de Juan Humberto Sánchez, por lo que subsiste una situación de impunidad en relación con el caso.

Han pasado 26 años y el cuerpo de Juan Humberto Sánchez aún no ha podido descansar en paz.

La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, es del criterio que en el caso de Juan Humberto Sánchez el Ministerio Público tiene una estrategia para justificar a través de los infiormes ante el Grupo de Trabajo de Desaparidcion Forzada de las Nacionaes Unidas, con sede en Ginebra, que está cumpliendo.

Asimismo agregó que el Ministerio Público procedió nuevamnete a exhumar los restos de Juan Humerto Sánchez para asegurrase que fueran sus restos, acción que fue ejecutada sin el consentimiento de la familia y de sus representantes, porque estos nunca tuvieron dudas que los restos exhumados en el 2004 de la orilla del río Negro eran del joven.

“La Corte Interamericana de Derechos Humnanos no mandó al Estado de Honduras a que hiciera proceso de exumacion porquer no se tenia  duda de eso”, agregó la defensora de los derechos humanos.

En su resolusión La Corte Interamericana demandó del Estado de Honduras exhumar los restos de la víctima y trasladarlos a un sitio de elección de la Familia. El proceso de exhumación se realizó en el 2004, pero fue hasta el 10 de mayo del 2007, acatando El fiscal general del Estado, Leónidas Rosa Bautista, encabezando a otras autoridades hondureñas, entregó a la familia Sánchez los restos de Juan Humberto Sánchez, y pidió disculpa a sus parientes y prometió continuar las investigaciones del caso.

En el 2017 la Fiscal especial de Derechos Humanos Soyara Morales, y Jacobo Santos, asignado al caso, procedieron a la profanación de su tumba, en Colomoncagua, Intibucá, con la oposición de los familiares.

“El Ministerio Público con el afán de dar informes que esta haciendo algo en el caso de las desapariciones  forzadas, encontró mas fácil ir a profanar la tumba de Juan Humberto Sánchez sin consentimiento de la familia, más bien con la negación de la familia”, añadió la la defensora de derechos humanos.

La coordinadora del Cofadeh agregó que a la fiscal de derechos humanos no le importó las lágrimas, no le importó la cultura, si no que se exhibió; ordenó que exhumaron sus restos para tener el resultados que ya sabían.

“Exhuman los restos y dan una certificación donde dicen que sí son los restos de Juan Humberto, vea usted allí no hay novedad”, enfatizó Berta Oliva.

La sentencia de la Corte Interamericana también obliga al Estado a aceptar su responsabilidad en los hechos; a reparar los daños inmateriales, daños materiales y gastos que provocó a los familiares.

Además el Estado hondureño está obligado a implementar un registro de detenidos, para evitar que casos como este vuelvan a ocurrir. También debe concluir las investigaciones del caso para enjuiciar a los autores intelectuales y materiales del asesinato.

Para la década de los noventas (1990) COFADEH ya trabajaba en la zona de  La Paz e Intibuca, ya tenia colaboradores en el sector. En 1992 el padre Celso Sánchez quien trabajaba el tema de  desarrollo de los pueblos fronterizos le pidió al COFADEH que fuera a investigar un caso de desaparición forzada en Colomoncagua.

El  COFADEH acude al llamado y se da cuenta que es un caso grave. Durante diez días realizó diligencias para dar con su destino; interpuso dos Hábeas Corpus en su favor, pero sin resultado alguno.

Dominga Sánchez, madre del joven desaparecido, estaba en coma por el impacto que le causó la detención de su hijo.

COFADEH, además de ayuda legal, brindó apoyo humanitario, ya que  la madre se encontraba en coma, el padre había sido secuestrado y había niños pequeños.

Se realizaron denuncias públicas y se abortó la versión de los hechos de las Fuerzas Armadas, que señalaba que Juan Humberto era un delincuente de la zona.

La denuncia e investigación sobre la desaparición de Sánchez fue presentada por el COFADEH ante la CIDH en octubre de 1992, y, diez años después, en el 2002, el caso es turnado ante la Corte Interamerica.

El 7 de junio de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al Estado de Honduras  de violar los derechos humanos de Juan Humberto, consagrados en la Convención Americana  sobre los Derechos Humanos.

Juan Humberto Sánchez, era padre de dos niñas, residente en la república de El Salvador, trabajaba como operador en Radio Venceremos del FMLN. Es recordado como el Mártir del Río Negro.

En ninguno de los casos de desaparición forzada hay personas juzgadas o que estén pagando alguna pena por esos casos, lo que sí es verdad es que el Estado de Honduras mantiene una deuda pendiente con los familiares de todas las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad.

AMLO y el poder real



Por Carlos Fazio

EL primero de julio millones de mexicanos salieron a votar, y si no hubo un fraude de Estado monumental, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será el próximo presidente de la República. De no ocurrir nada extraordinario en el periodo de transición, el primero de diciembre próximo AMLO deberá asumir el gobierno. Pero en ese lapso, y aún más allá del mediano plazo, el poder seguirá estando en manos de la clase capitalista ­trasnacional.

Es previsible, también, que a partir de este 2 de julio, el bloque de poder (la plutonomía, Citigroup dixit), incluidos sus medios hegemónicos (Televisa y Tv Azteca, de Azcárraga y Salinas Pliego, ambos megamillonarios de la lista Forbes), y sus operadores en las estructuras gubernamentales (el Congreso, el aparato judicial, etcétera), escalarán la insurgencia plutocrática buscando ampliar sus privilegios y garantizar sus intereses de clase, y para seguir potenciando la correlación de fuerzas en su favor.

Más allá del ruido de las campañas, el proceso electoral transcurrió bajo el signo de la militarización y la paramilitarización de vastos espacios de la geografía nacional, y de una guerra social de exterminio (necropolítica) que elevó los grados de violencia homicida a límites nunca vistos en el México moderno, similares a los de un país en guerra (naturalizándose en vísperas de los comicios el asesinato de candidatos a cargos de elección ­popular).

Como recordó Gilberto López y Rivas en La Jornada, ese conflicto armado no reconocido es la dimensión represiva de lo que William I. Robinson denomina acumulación militarizada, cuya finalidad es la ocupación y recolonización integral de vastos territorios rurales y urbanos para el saqueo y despojo de los recursos geoestratégicos, mediante una violencia exponencial y de espectro completo que es característica de la actual configuración del capitalismo; el conflicto y la represión como medio de acumulación de la ­plutonomía.

Para ello la clase dominante hizo aprobar la Ley de Seguridad Interior. Y está latente, para su ratificación en el Senado, la iniciativa de Diputados de quitar el fuero al presidente de la República; la denominada estrategia de lawfare aplicada a Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, que implica el uso de la ley como arma para perseguir y destruir a un adversario político por la vía parlamentaria y/o judicial; una variable de los golpes suaves de manufactura estadunidense que podría revertirse contra AMLO.

Al respecto, y más allá de su giro hacia el centro y el rediseño de su programa de transición reformista −capitalista, democrático y nacional, con grandes concesiones al bloque de poder dominante−, la llegada de López Obrador al gobierno pudiera implicar, en principio, una ralentización o respiro (Galeano dixit) a la tendencia del mentado fin de ciclo progresista y restauración de la derecha neoliberal en América Latina.

El impulso de una nueva forma de Estado social, sin ruptura frontal con el Consenso de Washington, significará, no obstante, un cambio en la correlación de fuerzas regionales y tendrá tremendo impacto en los pueblos latinoamericanos. Por ello no es para nada inocente –o simplemente centrada en la profundización de las políticas de cambio de régimen en Venezuela y Nicaragua− la reciente gira neomonroísta del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por Brasil, Ecuador y Guatemala.

Cabe recordar el inusualmente crítico editorial del Washington Post del 18 de junio, que asumió como suficientemente creíbles los nexos de colaboradores cercanos de López Obrador con los gobiernos de Cuba y Venezuela, y las declaraciones del senador republicano John McCain, tildando a AMLO como un posible presidente izquierdista antiestadunidense y las del actual jefe de gabinete de la administración Trump, general (retirado) John Kelly, quien afirmó que López Obrador no sería bueno para Estados Unidos ni para México.

Según asesores de política exterior de AMLO, ante Washington, su gobierno antepondrá la defensa a ultranza de la soberanía nacional; revisará el marco de la cooperación policial, militar y de seguridad (DEA, CIA, ICI, Pentágono, etcétera), y bajo la premisa de que la migración no es un crimen, incrementará la protección de los connacionales irregulares, como si fuera una procuraduría ante los tribunales de Estados Unidos. También revisará los contratos petroleros y de obra pública. Lo que sin duda traerá fuertes confrontaciones con la Casa Blanca y la plutocracia internacional.

Como dice Ilán Semo, en México la Presidencia de la República encierra potencialidades simbólicas insospechadas; una suerte de carisma institucional. No importa quién la ocupe, incluso a un inepto (pensemos en Vicente Fox), el cargo le trasmite un aura: es el Presidente. Tras la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, AMLO quiere trascender a la historia como el hombre de la cuarta transformación. Pero para ello se necesita un cambio de régimen e impulsar grandes saltos en la conciencia política de los sectores populares; sin un pueblo organizado y movilizado tras un proyecto de cambio radical y profundo, no hay carisma que alcance.


Carta a Ernesto Cardenal, Gioconda Belli y demás poetas


Rebelión

Por Ollantay Itzamná

Apreciados poetas Ernesto y Gioconda. Como lector de vuestras poesías, que en algún momento me despertaron esa inquietud por conocer al “revolucionario idílico”, aunque fuese en el tiempo onírico, me mantuve conectado a ustedes en mi caminar.
Gioconda querida, a Vd. solo la conozco de leídas. Cuando pasé por Nicaragua, con ilusión contenida de Lavinia, pregunté por Vd. a mi anfitrión. La respuesta fue inesperada: “Ella no vive aquí, pasa más tiempo creo en los EEUU”.

A ti, querido legendario Ernesto, también te conocía de leídas, pero mis ojos te vieron por única vez, y mi corazón vibró con tus palabras, en Casa América de Madrid.

Yo no soy revolucionario, ni poeta… Apenas soy un caracol quechua que con su existencia a cuestas intenta dejar señas por su paso en esta sufrida Abya Yala donde la Pachamama nos germinó. Y lo que digo lo hago como parte sentida de esas historias inconclusas que nos han acumulado esperanzas y pesares.

En esta noche oscura que vive Nicaragua, frontera geopolítica de la desigual guerra entre la muerte y la vida, con profunda preocupación veo vuestras letras a favor de los heraldos de la muerte que se rejuvenecen con nuestros sufrimientos.

El problema de “Nicaragua coyuntural” no es la dupla Ortega-Murillo. Y no por eliminar a ellos dos se resolverán las históricas deudas postergadas e inconclusas de la cenicienta Nicaragua.

Disparen sus letras contra la rancia oligarquía y el abominable Imperio de la muerte que castiga inmisericorde a todos cuantos intentamos levantar la cerviz, especialmente si somos indígenas y mujeres.

En Abya Yala, gracias a los procesos de cambios impulsados desde los históricos NO ciudadanos en los últimos quince años, hemos logrado disminuir las condiciones de pobreza en América Latina en más de 10%. En Los Andes, quechuas, aymaras, guaraníes existimos con dignidad y orgullo gracias a nuestros procesos de cambio.

Nicaragua, no forma parte del letal Triángulo de la Muerte actual (Honduras, Guatemala y El Salvador) gracias al “quiebre de timón” que encabezó el Gobierno actual.

Vds. y yo sabemos por vivencias que Nicaragua es la excepción excepcional en el infierno centroamericano. Y ese cambio no lo construyeron los ángeles del cielo, ni sólo los poetas. Lo pensaron e implementaron políticos excepcionales, muy a pesar de sus errores, y sobre todo con el sacrificio de los pueblos.

Gracias al Gobierno actual, en Nicaragua, más del 30% de las tierras cultivables del país se encuentran bajo título de propiedad colectiva indígena (autonomías lo llaman allí). De lo contrario, indígenas y campesinos en Nicaragua serían jornaleros sin tierras o mojados camino al Norte mortal.

Estimado Ernesto, sé que duele que Ortega-Murillo pactasen con el Cardenal Ovando (el mitrado que te humilló siempre, y a toda la Latinoamérica de las teologías de la liberación).

Querida Gioconda, como quechua, parte de los pueblos subalternizados, puedo sentir tu dolor de mujer consciente por la involución en las políticas de derechos sexuales y reproductivos emprendidos por el actual Gobierno.

Pero no por esas “concesiones coyunturales” vamos a entregar a los jinetes del Apocalipsis que ahora castigan inmisericordes a Lugo, Lula, Correa, Maduro, Ortega y a todo “Espartaco” latinoamericano, todos nuestros logros para que lo despilfarren.

Mis apreciados poetas, apunten y disparen sus letras hacia donde corresponde. No hacia los nuestros. Nicaragua ya no es más la cenicienta latinoamericana. Y no volverá a ser la pordiosera del continente.

lunes, 16 de julio de 2018

La lentitud de los jueces sobresale en el Caso Pandora



Pasan los días y los casos de corrupción en Honduras descansan en las gavetas de la impunidad. En la actualidad el Poder Judicial se encuentra de vacaciones y por el trámite que evidencia parece que también lo hace la respuesta de los jueces ante el caso Pandora, que involucra a 38 personas entre ellos diputados, funcionarios y exfuncionarios del gobierno en actos de corrupción.

Ya casi pasó un mes desde que el Ministerio Público presentara en conjunto con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), los 38 requerimientos fiscales, por ahora el trámite que debería dar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es un completo enigma.

“En una institucionalidad que funcionara, con jueces que operen con rapidez y con una justicia despolitizada, estas personas ya tendrían que haber enfrentado una captura, pero hay una lentitud sospechosa”, valoró en primera instancia el analista en temas jurídicos, Heriberto Baquedano.

Paulatinamente a la acusación en este caso, la defensa de los imputados presentó un recurso para declarar inconstitucional el artículo 184 del Código Procesal Penal, que busca sacar del delito de lavado de activos del paquete que prohíbe defenderse en libertad.

Actualmente las personas acusadas por este delito no pueden defenderse en libertad, deben hacerlo en la cárcel, y en este caso Pandora los acusados además de lavado de activos, están acusados por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La resolución tampoco ha sido resuelta por la CSJ.

Para Baquedano la institucionalidad en Honduras está politizada, eso significa que antes de dar una resolución,  un fallo o emitir una orden de captura, debe existir un visto bueno de parte de quienes dominan el poder político y también económico, bajo esa lógica será muy difícil que la realidad del país cambie.

Por su parte el director de Tribunales de Sentencia del Poder Judicial, Mario Díaz, asegura que la lentitud del caso se debe exclusivamente a la investigación y evaluación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Díaz afirma que se debe tener responsabilidad al tocar estos casos, es decir se deben agotar todos los protocolos de investigación para que de esa forma al emitir ya sea una resolución o una orden de captura, se haga con la certeza que las pruebas lo respaldan.

Díaz ahora como empleado del Poder Judicial defiende su institución, de la que incluso en el pasado cuando formó parte de la Asociación de Jueces por la Democracia era muy crítico.

En la medida que avanza el tiempo los casos van quedando en el olvido de la gente, la opinión pública y pareciera que también de los órganos de justicia. Para la diputada Doris Gutiérrez, en esta lentitud del caso Pandora hay gato encerrado. Ella fiel a su estilo asegura que la clase política que respalda y defiende a los acusados está tramando algo, y que puede ir más allá de esperar una resolución de la Corte o de los propios jueces.

“Mire todo indica que esta gente puede usar el Congreso para reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal, y así garantizarles libertad durante el proceso a sus apoderados”, valoró Doris, ella mantiene esa hipótesis de la que afirma que sólo el tiempo le dará la razón o, todo lo contrario.

Pero mientras esa nebulosa se lleva la polémica de estos casos, el analista Longino Becerra manifiesta que la ciudadanía debe tener un compromiso claro con esto, y que ese compromiso debe ir de la mano con acciones de protesta popular que mantenga en la discusión pública, en la protesta pacífica y en la incidencia ciudadana a este tipo de casos.

“La gente no debe olvidar y la mejor forma de hacerlo es presionando para que se investigue y castigue a los responsables de desfalcar al Estado”, apuntó Becerra.

En ese sentido el abogado Fernando González, cree que en efecto a todas las personas se les debe garantizar el debido proceso, darles la presunción de inocencia, pero así como esas garantías deben respetarse, también lo debe hacer los encargados de impartir justicia, si es que en algún momento se quiere cambiar estas prácticas llenas de duda y poder político.

González asegura que es un secreto a voces que en muchos casos la política se impone ante la aplicación de justicia, y esto no es nada bueno para poder rescatar la institucionalidad hondureña.

Desde su perspectiva el abordaje del caso Pandora debe ser acompañado del respeto de las garantías de los imputados y también de la agilidad del Poder Judicial.

Heriberto deja en claro que por la presentación del recurso contra el artículo 184 del Código Procesal Penal, la Corte no debe parar de emitir las órdenes de captura, desde su análisis jurídico afirma que los jueces deben asumir su responsabilidad y en el marco de las pruebas que tienen en su poder actuar de forma imparcial.

El Poder Judicial regresa en aproximadamente una semana a sus labores, al final las conjeturas dejan establecidas las dudas sobre la lentitud de este caso, si es que se deben a las vacaciones, a presiones políticas o a dilataciones para que los acusados preparen una maniobra política y judicial en el caso. Las respuestas las dará el futuro cercano.

Descontento a causa del aumento de la tasa vial en el Distrito Central



Este mes entró en vigencia un aumento del 75% al pago de la Tasa Vial Municipal en el Distrito Central, un acuerdo aprobado por las autoridades edilicias de Tegucigalpa y Comayagüela que aún sigue sin publicarse en el diario oficial La Gaceta.

El aumento, como cada decisión tomada en las administraciones nacionalista, no fue socializado con la ciudadanía, que forma parte, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas –INE-, del 60% de los hondureños y hondureñas que vive en la pobreza y otro 38%  que sobrevive en condiciones de extra pobreza.

Pese a las condiciones económicas, que según el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) en el último año dejaron a 110 mil nuevas familias pobres, el gerente de la alcaldía del Distrito Central, Roberto Zablah, dice que el incremento está al alcance del bolsillo de la ciudadanía.

Zablah, quien justifica el desmedido aumento a la Tasa Vial Municipal, que representa unos 300 millones de lempiras, asegura que dichos fondos serán insuficientes para responder a la demanda de obras y proyectos viales que requiere la población capitalina.

“El alcalde con su corporación ve la necesidad de modificar la Tasa Vial para poder seguir impulsando el desarrollo de la capital; un sólo proyecto de nosotros, la vía rápida por la margen derecha del Río Choluteca, es de 400 millones de lempiras, o sea, no es que vamos a resolver con 300 millones”, dice Zablah, asegurando que la corporación municipal no produce ningún recurso económico.

Además, afirma que todas las licitaciones de proyectos han sido transparentes y no existe preferencia por la empresa Santos&Compañía, constructora propiedad del diputado liberal Elvin Santos.

El Lolo exigen pavimentación de calles

Las autoridades capitalinas, a capa y espada, defienden cada una las obras viales que desarrolla en las zonas exclusivas y bulevares de Tegucigalpa y asegura que eso proyectos están llegando hasta la periferia.

Sin embargo, pobladores y pobladoras de las 12 colonias que conforman la aldea El Lolo del Distrito Central, continúan exigiendo al gobierno central y a la municipalidad, a cargo de Nasry “Tito” Asfura, la pavimentación de la calle principal de la comunidad, antigua salida al norte del país.

Don German David Aguilar, presidente del patronato de la Colonia Dulce Nombre de Jesús, comenta que desde octubre de 2014 fue aprobado un proyecto por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) para pavimentar con concreto hidráulico, pero ni la alcaldía e INSEP cumplen.

Manifiesta que las autoridades municipales han dejado en el olvido a la comunidad, que específicamente se encuentra al norte de Comayagüela, mientras construyen puentes y reparan carreteras en Tegucigalpa: “en primer lugar, los vehículos que usamos tenemos que estar reparándolos a cada rato, hay una parte del terreno que se está hundiendo y en cualquier momento puede caer un bus con 30 personas. Por qué en otros lugares está haciendo túneles, calles áreas y por qué a nosotros nos han dejado, somos pobres y no tenemos vehículos de lujo”.

“Un nuevo impuesto de guerra”

El economista e investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Ismael Zepeda, cuestiona el aumento y explica que las obras viales deberían ser realizadas en su totalidad por el Gobierno Central, puesto que recauda alrededor de 13 mil millones de lempiras a través de los impuestos al combustible.

Zepeda, que deja en claro que hasta el momento no se conoce la fórmula matemática que aplicó la Municipalidad para el incremento de la Tasa Vial, indica que además existen instituciones como el Fondo Vial, Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento de Honduras –IDECOAS- para realizar las obras de infraestructura.

Rony Figueroa, vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Honduras –ATAXISH-, cataloga el aumento de un nuevo impuesto de guerra y recuerda que a diario cada punto de taxi colectivo paga a los grupos de la criminalidad por unidad de transporte: “los carros viejitos antes pagaban 2 mil 120 y ahora van a pagar 2 mil 810. Los impuestos de guerra nos están matando, se están pagando hasta 7 maras, 200 lempiras por unidad, más la mara de la Alcaldía Municipal con este nuevo impuesto”.

Ante el aumento desproporcionado, que no solo afecta al sector transporte, los movimientos de indignación del Distrito Central han comenzado a reactivarse y han desarrollo plantones frente a la alcaldía, que deben ir acompañados de la demanda de derogación total del incremento, comenta Miguel Briceño del grupo Honduras Indignados Somos Todos.

“Otras de las acciones de las que ya estamos concientizando a las personas es no pagar matricula, nosotros estamos claros, hasta que tengamos una respuesta, y también vamos a organizarnos con las asociaciones de transporte y motociclistas”, dice Briceño.

En las últimas horas, el alcalde nacionalista Nasry Asfura dijo que “no he hablado de reducir la tarifa”: “si comparan todo lo que se ha hecho en la ciudad desde el 2014 que no se ha modificado la tarifa es un valor que resolverá los problemas”.

“Menos congestionamientos, mayor rendimiento del combustible, menos baches, mejores calles, no dañamos un amortiguador”, así justificó el aumento a la Tasa Vial Asfura, quien desde su primer período edilicio se ha dedicado a reconstruir las estaciones del Trans-450 o transporte rápido, proyecto que nunca entró en funcionamiento y costó a los capitalinos y capitalinas mil 236 millones de lempiras, fondos provenientes de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-.

Los hondureños reclaman que se abra un Consulado en Girona



Son una comunidad integrada casi por 30.000 personas en la provincia.

La Asociación Cultural de Honduras en la Provincia de Girona, entidad que aglutina a los ciudadanos de una de las comunidades más numerosas, ha presentado una moción que se debatirá en el pleno del Ayuntamiento de este lunes donde reclama como punto central que el consistorio gerundense pida a la embajada de Honduras la apertura de un consulado en la ciudad. Teniendo en cuenta que son una comunidad integrada casi por 30.000 personas en la provincia, la aprobación de esta petición les permitiría disfrutar de más prestaciones y contar con una oficina consular local que implicaría una reducción de la importante gasto económico que requiere el traslado de Girona a Barcelona para hacer diferentes tramitaciones.

Otra de las reivindicaciones del texto de la moción es la petición que el consistoti pida al gobierno español que se conceda el estatus de refugiado político a todas las personas procedentes de Honduras que hayan ingresado en el territorio a partir del 27 de noviembre de 2017, un día después de que se celebraran las elecciones presidenciales que, debido a un problema informático, según aseguran «desencadenaron un fraude electoral tecnológico y una clara vulneración de los derechos humanos antes, durante y después de la jornada electoral». El resultado se tradujo en la instauración de un régimen «autoritario» que ha provocado una avalancha de inmigración y varias sentencias «injustas». En este sentido, otra de las peticiones de la moción consiste en pedir la condena de la violencia institucional contra las personas que pacíficamente se manifiestan en contra de la corrupción electoral hondureña, reclamando que se abra una investigación para procesar a los responsables implicados en la trama.

Como punto final, la Asociación lanza la propuesta de emplear el exitoso festival Tiempo de Flores como vínculo con el Festival de las Flores de Siguatepeque de Honduras, persiguiendo la voluntad de fortalecer vínculos y favorecer la integración social entre pueblos .

La transformación social-ecológica de América Latina


Por Vivianne Ventura-Dias *

La posibilidad de una verdadera transformación social-ecológica en América Latina se enfrenta a bloqueos externos e internos. La región arrastra muchos años de violencia estructural, niveles de desigualdad que se ubican entre los más altos del mundo, una inserción subordinada en la globalización y elites locales poco receptivas a cambios sociales en favor de la igualdad y de nuevos enfoques sobre el desarrollo. No obstante, la transformación social-ecológica puede funcionar como una utopía moderna que marque el camino hacia nuevas formas de ciudadanía y bienestar.

El continente americano está marcado por una historia de conquista y exterminio en pos de la apropiación de tierras y riquezas. No sorprende que, con la sola excepción de Canadá, las Américas ostenten estadísticas aterradoras de violencia directa, junto a un cuadro de profundas y persistentes desigualdades económicas y sociales1. La violencia se manifiesta de diferentes y múltiples formas. La violencia personal, medida por el número de homicidios intencionales, es quizás la más evidente y trágica, porque expone la falta de compromiso de los Estados nacionales con la protección del derecho humano más básico, que es el derecho a la vida2. Pero otros tipos de violencia están presentes en el cotidiano de las sociedades americanas, derivada de las estructuras económicas y de poder, con dimensiones de clase, raza, género y etnia.

En el caso particular de América Latina, la violencia estructural del modelo económico y de poder reproduce patrones de desigualdad, por medio de instituciones y mecanismos forjados a lo largo de la historia de la región que impiden a hombres y mujeres ejercer sus derechos humanos y ciudadanos. Las mismas prácticas de dominación de las elites locales se manifiestan en su consumo ostentoso que agota la biodiversidad, en la gestión criminal de los desechos de las actividades económicas y, en general, en el menosprecio por la vida humana y animal y por la sostenibilidad del planeta.

Sin embargo, a la violencia estructural se suma la violencia personal contrainsurreccional. Cabe mencionar que, en las últimas décadas, sobre todo en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú, las poblaciones originarias y residentes se organizaron en movimientos de resistencia contra la apropiación de reservas minerales en sus tierras por parte de empresas locales y extranjeras. Desafortunadamente, desde México hasta la Patagonia, pasando por los campos de Brasil, se acumulan los asesinatos de activistas campesinos e indígenas a manos de terratenientes y sus esbirros o de comisionados de la minería legal e ilegal, cuyos responsables permanecen impunes3.

¿Cómo lograr que sociedades tan desiguales y excluyentes generen espacios de libertad para que cada ciudadana y cada ciudadano pueda ejercer su derecho a la búsqueda del «buen vivir», cuando el propio concepto de ciudadanía está vacío de contenido en la mayor parte de los países de la región? No se puede decir que las condiciones internas y externas de los países latinoamericanos sean favorables para llevar a cabo un proyecto que se asienta en la centralidad de la vida humana y no humana, y de lo que sea necesario para que todos y todas puedan vivir sus vidas con alegría.

La transformación social-ecológica de América Latina es una utopía moderna que se contrapone a los modelos culturales difundidos por el capitalismo financiero global. Tiene como objetivo la construcción de sociedades más equitativas en el acceso a los frutos de la modernidad, que incluyen el bienestar material, la participación ciudadana y el libre ejercicio de amplios derechos humanos. La meta es alcanzar sociedades incluyentes y, al mismo tiempo, sociedades más solidarias y comprometidas con la utilización responsable de los recursos naturales y energía, dentro de los límites del planeta4.

El escenario internacional actual es complejo, inestable y de gran desasosiego. El mundo del siglo xxi , que los sociólogos describen como modernidad madura o tardía, de incertidumbre manufacturada y desastres globales esporádicos con obligaciones difusas, está evolucionando en un marco de agudas y crecientes desigualdades y en medio de severas crisis financieras, ecológicas, sociales y culturales. Los noticieros de todos los días ponen de manifiesto que el capitalismo global y criminal engendra sociedades excluyentes y el desmantelamiento de la ciudadanía social5. La enorme concentración de la riqueza y del poder entre pocos y la apropiación privada de bienes comunes, como el agua, el conocimiento y la biodiversidad del planeta, al tiempo que se expanden el desempleo y la precarización del trabajo, desafían la legitimidad de las instituciones políticas y el Estado democrático.

En este ensayo, trataré de presentar algunas reflexiones acerca de las restricciones externas e internas en los países de América Latina para una transformación social-ecológica, principalmente en un momento en que el progresismo se ha estancado en la región. En la próxima sección, se propone el concepto de violencia estructural para sintetizar el contexto de extrema violencia y de inseguridad generado por el capitalismo global en sus configuraciones contemporáneas. La sección que sigue se concentra en las restricciones sociopolíticas y económicas internas de los países latinoamericanos, en los cuales la violencia estructural asume características históricas propias. La última sección introduce algunos comentarios finales acerca de los desafíos para la construcción de modelos alternativos al sistema excluyente en vigor.

El escenario internacional

La literatura de antropología social rescató el concepto de violencia estructural planteado a fines de la década de 1960 por el sociólogo noruego Johan Galtung en sus estudios sobre la paz, para dar cuenta de la maquinaria de dominación y opresión que incide en el cotidiano de las personas. El fundamento de la violencia estructural es la desigualdad en la apropiación de los recursos materiales, que viene apareada con la desigualdad en el poder para distribuir esos mismos recursos en la sociedad local y global. La noción de «violaciones estructurales de los derechos humanos» también pasó a ser de uso corriente para distinguir violaciones explícitas, como las torturas en las cárceles de Guantánamo, de las violaciones de los derechos económicos y sociales de niños hambrientos y de personas en situaciones de miseria indigna. Mientras es posible identificar a los culpables por las torturas en Guantánamo, el hambre o la miseria son crímenes de responsabilidad difusa6.

La violencia estructural es un conjunto de condiciones sociales que incluyen pobreza, enfermedades, hambre y malnutrición, bajos niveles de condiciones sanitarias y de salud, muerte prematura, elevada mortalidad infantil, analfabetismo, desempleo, polución, miseria y depauperación, que privan a las personas del «derecho a tener derechos»7. La violencia estructural es una violencia inherente a estructuras sociales que crean y reproducen desigualdades8. Esas estructuras de poder generan disparidades entre el nivel potencial de bienestar que la modernidad permite disfrutar y el nivel efectivamente disfrutado por las poblaciones, y también impiden que las brechas disminuyan a lo largo del tiempo9.

La violencia asume diferentes formas y se presenta como un continuo que incluye desde el ataque directo a la integridad física de las personas hasta la violencia estructural en las relaciones de poder10. Una sociedad en la que las personas no pueden ejercer sus derechos básicos es una sociedad violenta, aunque en ella exista un nivel relativamente bajo de violencia personal. Sin embargo, la violencia estructural manifiesta presupone un grado latente de violencia personal, porque los sistemas defienden sus estructuras con políticas represivas y de control social11.

A la luz de esos conceptos, se puede decir que el contexto externo en el cual se inserta América Latina es un escenario de notoria violencia. La divergencia entre la capacidad potencial de las naciones para satisfacer las necesidades básicas de sus poblaciones y las insuficiencias concretas que esas poblaciones enfrentan constituye una prueba de la violencia estructural del sistema económico y de poder, porque esas brechas no se justifican dado el nivel de riqueza y de conocimiento científico y tecnológico acumulado por nuestra civilización.

Además, asistimos a la «banalización de la violencia» personal y promovida por el Estado, para citar otra vez a Arendt, con la destrucción de ciudades y países en guerras no declaradas en Afganistán, Iraq, Libia y Siria, entre decenas de otros países; la aceptación de la tortura como instrumento de coerción y la autorización abierta de asesinatos por Estados democráticos y de derecho, como en las guerras en los países mencionados; la expulsión de decenas de millones de personas de sus casas y países, condenadas a la pobreza en masa; las muertes prevenibles de los refugiados en el mar y en centros de concentración; formas horrendas de asesinato en masa de civiles en Europa, Estados Unidos, África y Oriente Medio, por parte de fanáticos religiosos, ellos mismos alimentados de las manos de los señores de la guerra.

No se trata de simplificar la problemática de la violencia, que es compleja en sus heterogéneas manifestaciones individuales y colectivas. Tampoco se puede afirmar que el tiempo que estamos viviendo sea más violento que otro anterior. Posiblemente, lo que no tiene precedentes es la nueva visibilidad de la extrema violencia a través de los medios de difusión, y la capacidad que ellos tienen de transformar la violencia en un show12. Por otra parte, en las últimas décadas, en las sociedades más ricas de toda la historia de la humanidad, asistimos al continuo proceso de derogación de derechos que se creían permanentes, como el derecho al trabajo, a la salud o a la protección en la edad avanzada, mientras se transfiere al mercado el suministro de servicios anteriormente definidos como bienes públicos.

No pretendo reiterar los amplios y conocidos datos sobre los niveles de concentración de riqueza, ingreso y poder global entre muy pocos. Me gustaría solamente mencionar que el último informe de la consultora pwc identificó que, en 2016, un grupo de solamente 1.542 personas acumuló una riqueza total de seis billones de dólares13. Por una irónica coincidencia, los seis billones de dólares equivalen al pib total de América Latina en 2014, antes de la crisis actual (el pib latinoamericano en 2016 bajó a 5,2 billones), según datos del Banco Mundial14. De un lado, 1.542 personas, del otro lado, los casi 600 millones que viven en la región también en condiciones de intolerables disparidades sociales y de poder15.

Vivimos en un planeta habitado por 7.400 millones de personas intensa y extensamente conectadas por circuitos de bienes, servicios e ideas. En sociedades de masas, las vidas de hombres y mujeres en las más diferentes regiones del planeta están entrelazadas por una red de interdependencias complejas, desequilibradas y asimétricas16. En el contexto de la convergencia mundial hacia un patrón de producción y consumo totalmente incompatible con la dotación de recursos del planeta, las discrepancias entre las aspiraciones al consumo inducidas por los medios de comunicación y las posibilidades reales de las poblaciones de los países más pobres de concretar sus deseos se suman a otros factores que alimentan la violencia interpersonal.

En una sociedad mundial extremadamente desigual en la distribución de las riquezas y del poder, las consecuencias negativas de la interdependencia global son impuestas a grupos sociales, sociedades y regiones que no se beneficiaron del progreso económico y tampoco contribuyeron a los daños derivados de ese mismo progreso. El cambio climático es un ejemplo significativo de procesos colectivos de larga duración cuyas consecuencias son distribuidas de forma indiscriminada entre regiones, personas y grupos de personas, con independencia de la forma e intensidad de su contribución al resultado colectivo. Al mismo tiempo, esas regiones, personas y grupos de personas tienen diferentes condiciones para resistir a los efectos del cambio climático, y condiciones muy desiguales para adaptarse en poco tiempo a los efectos trágicos de sequías, huracanes, inundaciones o incendios que resultan del aumento de la temperatura de la Tierra, como fue constatado en catástrofes similares con resultados contrastantes en Houston, Texas y Puerto Rico. De la misma manera, las acciones de empresas e inversionistas en territorios que no son los suyos afectan la salud, los empleos y la vida de las personas. La dificultad para establecer responsabilidades legales por los daños consecuentes facilita la impunidad de los crímenes de la globalización, como se observó en los acontecimientos que llevaron a la crisis financiera de 2008-2009.

La vida económica global expone el protagonismo de las corporaciones financieras y no financieras en el comercio legal de bienes y servicios, pero también directa o indirectamente en el mercado negro de drogas y armas y el tráfico de personas, que tienen efectos trágicos tanto en países centrales consumidores de drogas y productores de armas, como en los países latinoamericanos productores de drogas y consumidores de armas. El dinero de las acciones formalmente criminales, como el del tráfico de la droga, es blanqueado por bancos y sociedades financieras respetables y, una vez legalizado, vuelve a financiar las actividades legales de los capitalistas criminales17.

La violencia indirecta de las estructuras de poder, inherente al capitalismo global, se suma a la violencia directa como consecuencia de su naturaleza criminal, que se manifiesta en el trabajo esclavo o semiesclavo de niños, niñas, mujeres y hombres en las plantaciones de cacao en la Costa de Marfil, en la cosecha de tomates en el sur de Italia, en las fábricas textiles y electrónicas en Asia y otras partes del Sur global18, entre miles de casos similares19. Diferentes instrumentos de coerción y de inseguridad de masas son utilizadas por grandes empresas extractivas para impedir la generación de movimientos colectivos de protesta en África y América Latina, como es documentado en forma diaria por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y por diversas organizaciones no gubernamentales (ong)20.

Las marcas globales, como mostró Naomi Klein, esconden las condiciones siniestras de trabajo en que son producidos sus artículos, «lugares donde las marcas no existen»21. Así se ha descubierto que el origen de las zapatillas Nike son los inicuos talleres de Vietnam; el de las ropitas de la muñeca Barbie, el trabajo de los niños de Sumatra; el de los cafés capuchinos de Starbucks, los cafetales ardientes de Guatemala, y el del petróleo de Shell, las miserables aldeas del delta del Níger. La lista de las infamias del capitalismo global podría seguir por varias páginas. Es importante no perder de vista que esas prácticas de violencia están integradas en el contexto de las relaciones estructurales de dominación social del capitalismo, para encontrar formas renovadas de lucha y resistencia.

El capitalismo encierra en sí una historia de violencia sistemática contra la naturaleza, que está presente en la forma en que empresarios y sus corporaciones se relacionan con el medio ambiente, y la desestima, en sus actividades, por la capacidad limitada del planeta para renovar sus recursos y recibir los desechos producidos por los humanos (la tragedia de 2015 en Mariana, Minas Gerais, es un ejemplo). Como consecuencia del desarrollo industrial capitalista, estamos rodeados por un mundo manufacturado, un mundo fabricado por el ser humano mediante métodos de producción masiva que, por la escala del uso de los recursos naturales, tienen efectos dañinos en la naturaleza y en el planeta. Todos los objetos y servicios que utilizamos en el cotidiano son productos de un sistema industrial amplio y complejo, que depende del trabajo de hombres y mujeres con variadas calificaciones, repartidos por todo el mundo, apoyados en su actividad por máquinas cada vez más perfeccionadas, que en algún momento los van a reemplazar en sus tareas22.

Restricciones internas

A lo largo de la historia del continente americano, los recursos naturales fueron utilizados de forma intensiva para la producción de riquezas, primero por los colonizadores, después por las elites locales. Desde el oro, la plata y otros minerales preciosos, pasando por el monocultivo del «desayuno» (café, cacao, azúcar), los recursos naturales y la forma de servirse de ellos definieron la estructura social, de poder y de exclusión, que constituyó el elemento en común entre las disímiles sociedades latinoamericanas. Los recursos naturales y su explotación han representado una maldición para la mayoría de los pueblos de América Latina, en la misma medida en que han sido una bendición para las elites sociales y políticas latinoamericanas.

En la región, la trama de relaciones sociales y los juegos de las fuerzas político-económicas fueron y siguen siendo una fábrica de violencia. Se trata de una violencia estructurante, constitutiva, extremadamente compleja en sus dimensiones político-económicas, socioculturales, objetivas y subjetivas. Por medio de prácticas de violencia se ordenan y se modifican las relaciones entre los dueños del poder y los sectores sociales subordinados, entre los gobiernos y la población, entre las elites dominantes y las masas anónimas. Como sugirió el sociólogo brasileño Octavio Ianni, la violencia que nace como técnica de poder «se ejercita también como modo de preservar, ampliar o conquistar la propiedad»23. En la sociedad patriarcal y patrimonial latinoamericana, la negación de los derechos primordiales al conjunto de la población es la herencia de naciones forjadas por la esclavitud, el trabajo servil y la explotación absoluta del trabajo de hombres, mujeres, niños y niñas para la extracción de rentas.

Como consecuencia, las sociedades latinoamericanas enfrentan las contradicciones de la modernidad contemporánea junto a las paradojas de su propia historia. La modernidad se refiere a modos de la vida social que los pueblos latinoamericanos conocieron como proyectos «modernizadores» impuestos desde arriba y que, lejos de desafiar el orden patrimonial excluyente, reprodujeron la estructura de poder y ampliaron las desigualdades económicas y sociales reinantes. Para la construcción del modelo industrial-moderno, miles de campesinos fueron expulsados de sus medios de subsistencia y de las tierras que sembraban, que consideraban como suyas, para ser transformados en seres inútiles y miserables en las ciudades24.Una modernidad de apariencia, de repúblicas sin instituciones republicanas, de naciones sin ciudadanos, constituyó un proceso «modernizador» que genera, desarrolla y perfecciona las más sorprendentes modalidades de violencia, al reproducir las mismas estructuras sociales excluyentes bajo el poder de oligarquías «modernas». Es un proceso histórico que no ha sido lineal y que no adopta las mismas características en todos los países de la región, porque ha sido mediado por las instituciones políticas y del Estado y desafiado por movimientos sociales de emancipación. Asimismo, las manifestaciones y modulaciones de la violencia están marcadas por las relaciones, los procesos y las estructuras de dominación política y apropiación económica que corresponden al capitalismo en sus configuraciones específicas.

Cabe señalar que, para muchos historiadores, la modernidad empieza con la construcción de las fronteras entre dos esferas de la vida social, una pública y otra privada. Los términos son utilizados para diferenciar descriptivamente o normativamente dos dominios distintos en los cuales tienen lugar las acciones y la vida social25. El tema es vasto y no será desarrollado en este espacio. Vale mencionar que, al contrario del legado de la modernidad, en la mayoría de los países latinoamericanos y a lo largo de gran parte de su historia, el Estado no actúa para garantizar los derechos de los ciudadanos, en tanto la justicia está fuera del alcance de las personas comunes porque es cara, lenta, no confiable, parcial, corrupta, frágil o simplemente ausente.

En la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, las fronteras entre las esferas privada y pública aún son muy tenues. El Estado, el dominio público, es percibido por las clases dominantes como una ampliación de su círculo familiar, el privado, sin discontinuidades u oposiciones, lo que justifica sus prácticas predadoras y la búsqueda de beneficios personales utilizando recursos públicos. La cultura del compadrazgo sienta las bases para una tolerancia de la corrupción y la privatización del poder político por parte de los que disfrutan el poder patrimonial y los cargos.

Sin duda, la «modernidad» es un proceso que incluye combinaciones históricamente construidas por elementos tradicionales y modernos con sus propias tensiones y potencialidades, y América Latina no es la excepción. Las elites latinoamericanas se caracterizan por un comportamiento de obtención de rentas monopólicas derivadas de la explotación tanto de los recursos naturales como de la producción de bienes manufacturados protegidos de la competencia externa, capturando el Estado para sus intereses personales o corporativos.

Las clases dirigentes latinoamericanas constituyen el mayor obstáculo a una transformación social-ecológica en América Latina, aunque ellas hayan jugado un rol estratégico en el desarrollo de sus países cuando sus objetivos autocentrados coincidieron con los intereses colectivos. Esas elites son un obstáculo para movimientos hacia sociedades más incluyentes y sostenibles, no porque rechacen el progreso o la innovación tecnológica, como suponía la sociología norteamericana de mediados del siglo pasado. Son un obstáculo porque no tienen compromiso con proyectos colectivos o con las sociedades de sus países, ni están dispuestas a retroceder en sus privilegios para permitir la extensión de los beneficios de la modernidad a toda la sociedad. Sociedades tan desiguales como las latinoamericanas tienden a reproducir instituciones comprometidas con la consolidación de las mismas desigualdades.

Como sugirió Alice Amsden, los cambios en el régimen de derechos de propiedad, o sea, los cambios institucionales, fueron fundamentales en las estrategias de desarrollo de los diferentes países26. Sin embargo, las discontinuidades en el régimen de derechos de propiedad, como en el caso de reformas agrarias, casi siempre sucedieron contra la voluntad de los señores de la tierra, por medios violentos, como en la Revolución Cubana, o por imposición de fuerzas externas, como ocurrió en Japón y en la República de la Corea en la posguerra por exigencia de eeuu . Las instituciones existentes no solo influyen en los cambios institucionales y su dirección, sino que además tienen fuerte inercia y esto contribuye a la permanencia de instituciones ineficientes o injustas.

Los intereses de las elites latinoamericanas, cuyo poder económico y político proviene del agronegocio, del extractivismo, de la banca, de las sociedades de inversión, pero también de industrias de bienes y servicios intensivas en conocimiento, están intrínsecamente articulados con los del capital externo y los del capitalismo global, sin discontinuidad. Esas elites tienden a reforzar las instituciones políticas y económicas existentes, las mismas que se contraponen a los cambios institucionales que son necesarios para una transformación social-ecológica en América Latina.

Actualmente, el panorama es más difícil por el agotamiento del ciclo de gobiernos progresistas, comprometidos con la reducción de la deuda social y con la promoción de un desarrollo económico más inclusivo en los países de la región, después de casi dos décadas. Un conjunto de factores, entre los cuales se incluyen el desplome de los precios de los productos básicos (commodities) y la organización internacional de las fuerzas conservadoras en América Latina, precipitó la caída de esos movimientos. A pesar del progresismo social, es insuficiente el saldo de los cambios estructurales promovidos por los mismos gobiernos progresistas, puesto que se mantuvo la dependencia de las economías del modelo extractivista y del capitalismo financiero global, en una política de alianza con las clases dominantes locales.

De cualquier forma, fue más por los aciertos que por los errores que los líderes populares fueron reemplazados por políticos decididos al retroceso de las economías y de las sociedades latinoamericanas hacia un statu quo ante, por el voto, en Argentina, o por golpes parlamentarios en Brasil, Honduras y Paraguay27. En Brasil, políticos, burócratas y un nuevo aparato policial-judicial, sostenidos por las elites terratenientes, financieras y corporativas, pero también por segmentos medios de la población, se apoderaron del poder para estancar el impulso distributivo y la agenda progresista, dispuestos a destruir el patrimonio nacional construido a lo largo de décadas y vendido en subasta, contrarios a una política externa más independiente y a la construcción de instituciones democráticas. Las elites locales no vacilaron ante los costos sociales del desempleo, el corte de programas sociales, el aumento de la pobreza extrema, los desastres medioambientales y el regreso del hambre.

Consideraciones finales

Arendt observó que las libertades individuales y sociales solamente adquirieron la condición de derechos naturales, inalienables y no confiscables y pasaron a tener un rol revolucionario cuando en la era moderna, y no antes, los hombres (porque las mujeres no eran reconocidas como actores históricos) empezaron a dudar de que la pobreza fuese inherente a la condición humana. Esa duda fue reemplazada por la convicción de que la vida en la Tierra podría tener la bendición de la abundancia, en vez de ser maldecida por la escasez28. Esos valores llegaron muy tarde a América Latina, que se modernizó sin haber asimilado los ideales de igualdad, razón y ciudadanía, porque estos entraban en contradicción con la forma de operar de las sociedades patrimoniales, tradicionales y excluyentes.

Hoy más que nunca, en tiempos neoliberales pero de ideas antiliberales, es necesario retomar y reforzar los ideales de tolerancia, fraternidad, libertad, e igualdad de los pensadores de la Ilustración, para impedir que el miedo al otro y el recurso a la irracionalidad se expresen en manifestaciones de violencia racistas, clasistas y sexistas. La modernidad no es un concepto fácil de definir. Tiene variados significados, y las interpretaciones de su contenido se multiplicaron a lo largo de las últimas décadas. En palabras de Bolívar Echeverría29, uno de los autores latinoamericanos críticos de la interpretación eurocéntrica de la modernidad: «Unos más, otros menos, todos, querámoslo o no, somos ya modernos o nos estamos haciendo modernos, permanentemente». Más allá de sus contradicciones, la modernidad encierra conceptos que permitieron a una parte de la humanidad pensar críticamente la historia individual y colectiva y convencerse de que era posible transformarla. Por su aspiración a la construcción de un cambio social que contribuya a la autonomía individual y colectiva, la transformación social-ecológica se inscribe en la tradición filosófica de la modernidad30.

Es incuestionable que el orden capitalista global crea incluidos y excluidos, establecidos y foráneos (outsiders), integrados y marginados. Por una parte, están las regiones dominantes, las ciudades globales y los actores cosmopolitas que disfrutan las oportunidades abiertas y la movilidad ampliada por las grandes innovaciones científicas y tecnológicas, y que tienen acceso a la variedad de bienes y servicios facilitados por la globalización de los mercados y la financierización de la economía. En el otro extremo, están los actores sociales que contribuyen a los bajos precios de los bienes y servicios disponibles para los consumidores globales con su trabajo no pagado o mal pagado. Están también los excluidos de la modernidad y de la globalización, aun en las regiones líderes: son los desempleados crónicos, el «precariado», los nuevos pobres, los jóvenes ni-ni (ni trabajan ni estudian), los inmigrantes, los refugiados políticos y económicos, los delincuentes y los presos comunes, entre otros marginados31.

La transformación social-ecológica conlleva una utopía: una sociedad más justa y más responsable con el planeta, que elija la centralidad de la vida y del «buen vivir» como eje orientador. Las condiciones internas y externas son poco propicias, pero aún permiten diferentes lecturas. Es importante reconocer que los productos del desarrollo científico y tecnológico y de la razón humana posibilitan que cada quien viva una vida plena, con respeto a la diversidad cultural y biológica del planeta. Empero, la forma de apropiación y el uso de esos bienes y servicios por el capitalismo global y los dueños del poder tienen que ser enfrentados por la sociedad civil organizada en cada país y globalmente. Sin esa batalla, podemos estar construyendo una sociedad distópica, en la que el trabajo de la mayor parte de las personas se convierta en redundante, los ingresos derivados del trabajo se degraden y se profundice la fractura entre los pocos que se adueñan de todo y el resto de la humanidad, condenado a sobrevivir al margen de la abundancia. O bien, podemos caminar hacia una sociedad en la que las máquinas reemplazarán a los seres humanos en las actividades más rudas, monótonas y peligrosas, y las personas llegarán finalmente a no tener que trabajar para vivir frugalmente y deberán pensar, como lo planteaba John Maynard Keynes hace casi 90 años, cómo utilizar su tiempo libre para desarrollar el potencial creativo de cada uno y construir una sociedad más igualitaria, más solidaria y más cuidadosa con el planeta.

Notas:

1. Sin embargo, Canadá comparte con el resto de América una historia de pactos no respetados con las poblaciones originarias, prácticas de genocidio, asimilación forzosa, colonización y robo de tierras. Todavía no se respeta el compromiso de consulta a las poblaciones residentes antes de conceder licencia a una inversión minera. Ashifa Kassam: «Canada Celebrates 150 but Indigenous Groups Say History is Being ‘Skated Over’» en The Guardian, 27/6/2017; Mali Ilse Paquin: «Unsolved Murders of Indigenous Women Reflect Canada’s History of Silence» en The Guardian, 25/7/2015.

2. En 2012, los homicidios perpetrados en América (157.000) representaron cerca de 36% del total mundial (437.000), aunque la población del continente alcance poco más de 13% de la población mundial. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc): Estudio mundial sobre el homicidio 2013. Resumen ejecutivo, Naciones Unidas, Viena, 2013.

3. V. el sitio «The Defenders» en el periódico inglés The Guardian, que lleva un inventario de los asesinatos de defensores de la tierra, disponible en www.theguardian.com/environment/series/the-defenders.

4. Se trata de un enfoque propuesto por el proyecto regional Transformación Social-Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert (fes). Este artículo está basado, en parte, en un trabajo mucho más largo, preparado en el contexto del grupo de trabajo de este proyecto regional.

5. El concepto es de Thomas Marshall en su obra Ciudadanía y clase social [1950] (Alianza, Madrid, 2007) y fue retomado por Étienne Balibar en «¿De la victoria del capitalismo a la derrota de la democracia?», entrevista de Marc Verzeroli y Olivier de France en Nueva Sociedad No 271, 9-10/2017, disponible en www.nuso.org.

6. Kathleen Ho: «Structural Violence as a Human Rights Violation» en Essex Human Rights Review vol. 4 No 2, 9/2007.

7. Hannah Arendt: Los orígenes del totalitarismo, Alianza, Madrid, 2006. Para Galtung, un orden social se define como pacífico si en él la violencia está ausente. J. Galtung: «Violence, Peace, and Peace Research» en Journal of Peace Research vol. 6 No 3, 1969, p. 168.

8. Galtung diferencia entre violencia personal/directa y violencia estructural/indirecta: «cuando un marido golpea a su esposa es un claro caso de violencia personal, pero cuando un millón de maridos mantienen a sus esposas en estado de ignorancia, se trata de violencia estructural». J. Galtung: ob. cit., p. 171.

9. J. Galtung: ob. cit. Esa definición tiene similitud con la definición de desarrollo como libertad de Amartya Sen. Ver A. Sen: Desarrollo y libertad, Planeta, Buenos Aires, 2000.

10. Paul Farmer: «An Anthropology of Structural Violence» en Current Anthropology vol. 45 No 3, 6/2004.

11. J. Galtung: ob. cit.

12. E. Balibar: «Outlines of a Topography of Cruelty: Citizenship and Civility in the Era of Global Violence» en Constellations vol. 8 No 1, 2001.

13. pwc y ubs: «New Value Creators Gain Momentum: Billionaires Insights 2017», pwc / ubs, 2017.

14. V. los datos en Banco Mundial Datos, https://datos.bancomundial.org/region/america-latina-y-el-caribe.

15. Entre 1995 y 2016, el número de súper ricos ha aumentado, así como su riqueza, que pasó de uno a seis billones. pwc y ubs: ob. cit.

16. La sociedad de masas ha sido caracterizada por su tamaño, como formaciones sociales heterogéneas e indiferenciadas que se prestan a la manipulación y el control por las elites políticas, económicas, e intelectuales, es decir, por los que dan forma y configuran la cultura en las diferentes esferas de la vida social, en los términos de Karl Mannheim.

17. Como ejemplo, en 2009, el director ejecutivo de la unodc, Antonio María Costa, declaró que había evidencia de que los ingresos recaudados por el crimen organizado habían salvado a un gran número de bancos, ya que eran el único capital disponible con liquidez. Según sus estimaciones, en 2009, cerca de 352.000 millones de dólares derivados de la droga fueron absorbidos por el sistema económico. Rajeev Syal: «Drug Money Saved Banks in Global Crisis, Claims un Advisor» en The Guardian, 13/12/2009.

18. «Estas trabajadoras indonesias se han acostumbrado a recibir a personas como yo, extranjeros que vienen a hablarles sobre las espantosas condiciones que reinan en las fábricas donde cortan, cosen y pegan telas para empresas multinacionales como Nike, The Gap y Liz Claiborne». Naomi Klein: No logo. El poder de las marcas, Paidós, Barcelona, 2000.

19. Joe Sandler Clark: «Child Labour on Nestlé Farms: Chocolate Giant’s Problems Continue» en The Guardian, 2/9/2015; N. Klein: ob. cit.; Isabel Hunter y Lorenzo Di Pietro: «The Terrible Truth about your Tin Italian Tomatoes» en The Guardian, 24/10/2017.

20. V. el sitio https://business-humanrights.org/es.

21. N. Klein: ob. cit.

22. Diversos científicos han propuesto el término «Antropoceno» para definir una nueva era geológica dominada por la actividad humana. El término fue acuñado en 2000 por Paul Crutzen, ganador del Premio Nobel de Química, por analogía con la palabra «Holoceno», que define el periodo interglaciar que abarca la vida en el planeta desde el comienzo de la agricultura (Neolítico).

23. O. Ianni: «A violência na sociedade contemporânea» en Estudos de Sociologia No 12, 2002, p. 9.

24. Para una comparación, el movimiento similar de expulsión de campesinos en Inglaterra, como consecuencia del proceso de consolidación de tierras comunes (enclosure), empezó en el siglo xii y se extendió a lo largo de casi 200 años, entre 1450 y 1640. El proceso terminó al final del siglo xix. Karl Polanyi: La gran transformación, fce, Ciudad de México, 2011.

25. Norberto Bobbio: Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1978.

26. A.H. Amsden: «Elites and Property Rights» en A.H. Amsden, Alsia DiCaprio y James A. Robinson (eds.): The Role of Elites in Economic Development, Oxford University Press, Oxford, 2012.

27. Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2015-2016). El golpe de Haití fue anterior, en 2004.

28. H. Arendt: Sobre la revolución, Alianza, Madrid, 1988.

29. B. Echeverría: «Modernidad y capitalismo: 15 tesis sobre la modernidad» en Gonzalo Gosalvez (ed.): Crítica de la modernidad capitalista, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2011, p. 67.

30. Recientemente, el análisis crítico de la amplia diversidad cultural e institucional asumida por la modernidad en regiones cercanas o ajenas a la tradición «occidental» engendró el concepto de «modernidades múltiples», o formas plurales de la modernidad, en la teoría política y social de la modernidad. Peter Wagner: «Modernity as Experience and as Interpretation: Towards Something Like a Cultural Turn in the Sociology of ‘Modern Society’» en P. Hedström y Björn Wittrock (eds.): Frontiers of Sociology. Annals of the International Institute of Sociology vol. 11, Koninklijke Brill nv, Leiden, 2009.

31. «Precariado» es una expresión creada por Guy Standing para designar a los trabajadores que tienen mínimos derechos laborales y sociales. G. Standing: The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, Londres, 2011.

Vivianne Ventura-Dias: es investigadora independiente. Trabajó en la Organización de las Naciones Unidas (onu). Fue directora de la división de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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Rebelión

Por Homar Garcés

Tal como lo deja asentado el investigador de origen brasileño Danilo Assis Clímaco en el prólogo de la obra “Cuestiones y Horizontes. De la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Descolonialidad del Poder”, del sociólogo peruano Aníbal Quijano: “Encarnamos la paradoja de ser Estados-nación modernos e independientes y, al mismo tiempo, sociedades coloniales, en donde toda reivindicación de democratización ha sido violentamente resistida por las élites ‘blancas’”. Para cierta gente, algo difícil de digerir, obviando el hecho indiscutible que, desde los primeros tiempos de nuestras naciones (hablando de nuestra América), los estratos sociales subordinados han resistido las pretensiones hegemónicas de quienes detentan el poder político, económico y, hasta religioso; convertidos, por obra y gracia de dicho poder, en los únicos autorizados y capaces de asumir las riendas de la sociedad.
En cierta forma (visible a veces, en otras no) somos víctimas frecuentes de la eurocéntrica visión unilineal, asimilada e institucionalizada sin cuestionamiento alguno. Quienes comenzaron a regir los destinos de las repúblicas nacientes de Nuestra América lo hicieron generalmente despreciando lo autóctono y glorificando, en su lugar, todo aquello proveniente de Europa, inicialmente, y de Estados Unidos, luego. Simultáneamente, tendemos a ignorar (consciente y/o inconscientemente) que esta situación histórica emergió junto con el advenimiento del capitalismo colonial global. Respecto a esto último, habrá que decir que todo cuestionamiento a uno de estos dos elementos implicaría, forzosamente, el cuestionamiento del otro; estando como están ambos fuertemente entrelazados. Esto -visto en conjunto y, sobre todo, considerando el desarrollo de las fuerzas productivas internas- creó un sistema altamente dependiente, lo que influyó en la condición de subdesarrollo atribuida desde mucho tiempo a nuestras naciones.

Esto nos sitúa frente a lo que en nuestra América se identifica todavía (sin mucho análisis) como burguesía, pero en un contexto diferente a lo determinado por los teóricos del comunismo, dada su singularidad frente a la imagen clásica de la surgida en Europa, a partir de la Revolución Francesa, frente a la cual posee muy escasas semejanzas. Al referirse a esta situación, uno de los principales ideólogos del movimiento de descolonización francés, nacido en Martinica, Frantz Fanon, en su obra «Los condenados de la tierra», expone: «En los países subdesarrollados, hemos visto que no hay verdadera burguesía sino una especie de pequeña casta con dientes afilados, ávida y voraz, dominada por el espíritu de tendero y que se contenta con los dividendos que le asegura la antigua potencia colonial. Esta burguesía caricaturesca es incapaz de grandes ideas, de inventiva. Se acuerda de lo que ha leído en los manuales occidentales e imperceptiblemente se transforma no ya en réplica de Europa sino en su caricatura».

A ello se suma la realidad del modelo de Estado imperante, el cual tiene como rasgo distintivo una estructura oligárquica que responde a esta visión y, por tanto, a los intereses grupales de las clases dominantes, o burguesía terrateniente y comercial, acoplada -desde los albores del siglo 20- a los grandes capitales monopólicos imperiales radicados en el norte del continente; correspondiéndoles -dentro de los esquemas de la división internacional del trabajo- el papel de exportadores de materias primas.

Aun teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno de los países de este continente (al igual que en otros), se mantiene prácticamente inalterable esta visión eurocéntrica unilineal. Esto explica en gran parte la diversidad de tensiones y de conflictos sociales generados a través de nuestra historia común, especialmente en lo que respecta a la concepción, las garantías y el ejercicio real de la democracia, así como todo aquello que tendría lugar en cada uno de los ámbitos de la vida social, si ésta fuera efectivamente extensiva a toda la población y no únicamente a un sector específico. Explica además el por qué teniendo, en apariencia, Estados modernos, todavía pervivan sociedades coloniales en nuestra América.