viernes, 15 de enero de 2021

Ministerio Público dilata realización de audiencia bajo argumentación de no estar preparado para proponer pruebas


Defensores en Línea

Por Riccy Ponce 

Reprograman audiencia de proposición de medios de prueba en contra de cuatro policías acusados de homicidio en perjuicio de Rinel Argueta Oliva, hecho sucedido en San Esteban  departamento de Olancho el 21 de Julio del año 2020.

El Tribunal de Sentencias  de Juticalpa reprogramó la audiencia que estaba prevista para este día a las 9 de la mañana bajo la argumentación expuesta por el fiscal del Ministerio Público, quien expresó que la coordinación de Fiscalía de la ciudad de Catacamas envió a la Unidad de Delitos Comunes en Tegucigalpa el expediente para que fuera esa fiscalía que continuara conociendo el proceso penal.

Pero fue devuelto, manifestando que sería  la fiscalía de Catacamas que debería continuar con el proceso, respuesta que, según el fiscal, fue puesta a su conocimiento hasta el día de hoy, por lo que  debido a eso solicitó se reprograme la audiencia  para el día miércoles 13 de enero de 2021 a las 9 de la mañana.

Por su parte la abogada Karol Cárdenas del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), quien se constituyó como acusador privado, expresó al Tribunal que no comparte que la audiencia se haya suspendido en vista de que ha sido la Fiscalía de Catacamas la que ha  conocido el presente caso  desde su inicio, por ende el ente fiscal conoce perfectamente la prueba.

Añadió que con esta nueva reprogramación es una forma de dilatar el proceso, ya que es inexcusable la argumentación del fiscal cuando ha sido esta Fiscalía la que ha conocido la investigación en el presente caso.

El 21 de julio del año 2020 en horas de la madrugada a la altura de Corral Viejo jurisdicción del municipio de San Esteban agentes policiales montaban un operativo, en el momento que Rínel Argueta pasaba  por el lugar el operativo no estaba colocado en su totalidad, hecho que causó desconfianza en el joven por lo que no se paró, a lo que los oficiales le dispararon quitándole la vida de manera instantánea.

Los acusados por este hecho son Elmer Alexander Castellanos Castillo, Melvin Josué Murillo Gonzales, Ruperto Antonio Rodríguez Zelaya y Alex Manrique Andará Vallecillo, asignados al Escuadrón Especial Cobras, quienes guardan prisión  en una base militar de Tegucigalpa.


Diputados del PINU insisten que la empresa contratada para imprimir las tarjetas de identidad está vinculada a la corrupción


Radio Progreso

La empresa de origen polaco, Thales Group, contratada por el Registro Nacional de las Personas para imprimir la nueva tarjeta de identidad, está involucrada en actos de corrupción en Sudáfrica, insiste el diputado del Partido Innovación y Unidad, Pinu, David Reyes.

Según las indagaciones de los diputados que integran la bancada del Partido PINU en el Congreso Nacional, Thales Group pagó una coima de 4 millones de Rand, moneda de Sudáfrica, al ex presidente de ese país.

“Esto es digno que se investigue, no estamos acusando a nadie, pero no se necesitan cinco dedos enfrente para darse cuenta de que con más de un millón de inconsistencias que se han venido denunciando no pueden quedar en el vacío. Esto nació mal desde el momento en que se politizó el Registro Nacional de las Personas”, dijo Reyes en Radio Progreso.


Eliminar el desarrollo de los cabildos municipales es una medida antidemocrática y autoritaria


Radio Progreso

El Poder Legislativo a petición del diputado nacionalista Tomás Zambrano, discutió y aprobó una iniciativa de Ley orientada a que en el 2021 las municipalidades no estén obligadas a realizar cabildos abiertos, esto debido a la vigencia de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El Decreto fue aprobado sin contar con un debate exhaustivo y democrático porque la Junta Directiva no abrió la discusión a través del uso de la palabra a las diversas bancadas que forman el Congreso Nacional.

El diputado Luis Redondo criticó la forma de actuar de la Junta Directiva, quien a pesar de tener a varios diputados pidiendo la palabra, no otorgó la misma para cumplir con un debate claro en torno a la propuesta.

Los diputados que pidieron la palabra y que no fueron tomados en cuenta por la Junta Directiva son María Luisa Borjas, Samuel Madrid de Libre, Luis Redondo del PINU y Karla Medal del Partido Liberal.

Al final el Decreto fue aprobado y faculta a todas las municipalidades para que excusándose en el Coronavirus no celebren cabildos abiertos de forma presencial, solo de forma virtual, en caso de que consideren necesario desarrollarlos.

 “Este Decreto no es pertinente ni adecuado para las actuales circunstancias, nos parece que ahora más que nunca debemos fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, recordemos todos los casos donde se siente que no hay transparencia, entonces deberíamos enfatizar en la confianza de escuchar a la ciudadanía”, interpretó la situación la diputada Doris Gutiérrez.

Gutiérrez quien años atrás fungió como regidora en la Alcaldía del Distrito Central, comentó que al usar la COVID-19 como una excusa para no rendir cuentas, puede ser peligroso incluso para el desarrollo de las elecciones Primarias y Generales del 2021. “Aprobar esto perfectamente puede dar a entender que tampoco habrá elecciones, porque el primer argumento es que las aglomeraciones pueden generar contagio, entonces esto no es correcto”.

“Los cabildos son una expresión de la ciudadanía para conocer que están haciendo sus alcaldías, qué proyectos se hacen, cómo se manejan los fondos y también los permisos que se entregan, sobre todo en el tema ambiental y territorial”, siguió recalcando Gutiérrez.

En el departamento de Atlántida, Yoro y Colón, los cabildos abiertos se han convertido en herramientas de expresión ciudadana y comunitaria, para conocer los criterios y decisión de la población en torno a la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros. Con el Decreto aprobado se suprime la obligación de las alcaldías y por ende se convierte en un fuerte golpe a la democracia comunitaria.

“Por eso nos preguntamos cuál es la necesidad y urgencia de ustedes para aprobar que no se ejecuten los cabildos, es lamentable que se esté aprobando situaciones de este tipo porque eliminarlos de tajo es una medida antidemocrática que va contra los principios de la participación ciudadana que se establece en la Constitución, deberíamos aprobar temas contrarios al espíritu de esta propuesta y no seremos cómplices de esta decisión”, dejó claro Gutiérrez.

Al escuchar la crítica de Doris Gutiérrez, el vicepresidente del Congreso Mario Pérez aseguró que en la Ley se propone que las alcaldías puedan utilizar otros métodos para los cabildos, por ejemplo, la dinámica de cabildos virtuales.

Pérez afirmó que lo único que cambiará a partir de la aprobación de la Ley es que los cabildos no serán de forma presencial y eso a su criterio es una decisión responsable para evitar el contagio de la COVID-19.

Al final la medida fue aprobada y entrará en vigencia una vez sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta.


El trabajo, ángulo ciego en la crisis de covid-19


Viento Sur

Por Laurent Vogel 

A lo largo de la crisis del covid-19, la cuestión del trabajo aparece de forma paradójica. Es uno de los principales vectores de contagio. Como tal, desempeña un papel inmenso en las desigualdades sociales a lo largo de la pandemia. Y, sin embargo, ha seguido siendo el ángulo ciego de las estrategias públicas. Este es sin duda uno de los factores que han contribuido al fracaso del desconfinamiento en la mayoría de los países europeos.

En Europa se puede considerar de forma sumaria que los poderes públicos han abordado la crisis del Covid en cuatro etapas. Las tres primeras ofrecen múltiples puntos de comparación con el resto del mundo. En el caso de la etapa actual del reconfinamiento, es demasiado pronto para distinguir lo que sería propio de Europa y lo que anticiparía la situación en otros lugares1/.

El tiempo de la gran negación y de la pequeña gripe

El primer momento es el de la negación. La expresión más brutal fue ofrecida por el poder chino al comienzo de la epidemia. El virus aparece en Wuhan, aglomeración industrial que concentra millones de obreros de los que muchos se enfrentan a la condición precaria de “migrantes internos” sometidos al control permanente del Estado y alojados en dormitorios de fábrica. Las primeras reacciones del poder consisten en imponer el silencio y la prosecución del trabajo. Quienes denuncian la situación son reprimidos. Li Wenliang, oftalmólogo en el hospital central de Wuhan, convocado por la policía el 3 de enero de 2020, es obligado a hacer su autocrítica. Cae enfermo del covid el 10 de enero y muere el 7 de febrero de 2020. Durante semanas cruciales, las autoridades chinas descartaron y luego minimizaron toda transmisión del virus de humano a humano. La explosión de la epidemia entre los miembros del personal sanitario en Wuhan no autorizaba, sin embargo, ninguna duda. El 14 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicaba todavía que “las investigaciones preliminares llevadas a cabo por las autoridades chinas no han encontrado ninguna prueba clara de una transmisión de humano a humano”. El confinamiento de Wuhan se decide finalmente el 22 de enero a las 20h como un giro brutal cuyas condiciones han sido narradas de forma sobrecogedora por la novelista Frang Fang en su diario publicado con el título de Wuhan, ciudad cerrada.

En Europa la negación inicial reposa en otras bases. La visión neoliberal de la salud pública ha jugado un papel importante. Las políticas de austeridad se combinan en Europa con una jerarquía de prioridades en la que la prevención colectiva ocupa el último lugar. La mayor parte de los planes de preparación elaborados tras la pandemia de gripe H1N1 de 2009-2010 fueron abandonados sin ningún debate. La expresión más visible de este error ha sido la no renovación de los stocks estratégicos de mascarillas de protección. El frenado casi total de la financiación de la investigación fundamental sobre los coronavirus se inscribe en la misma tendencia. Esta investigación había conocido un auge tras el SARS (síndrome de afección respiratoria severa) en 2003 y el MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente) en 2012. A nivel mundial, ninguno de ellos había superado el límite de las mil muertes. Si se definen las prioridades de la investigación a partir de un criterio de ganancia sobre las inversiones, parecía absurdo asignar medios importantes para una amenaza así. Tal razonamiento solo tiene en cuenta el pasado. Los riesgos podían ser evaluados de forma diferente a la de las compañías de seguros. La crisis ecológica nos pone en contacto de forma mucho más masiva y directa con reservas de virus presentes en la fauna. La industrialización de la producción de la carne crea inmensas unidades de crianza particularmente vulnerables a los agentes patógenos. El recurso masivo al transporte aéreo contribuye a aumentar los riesgos de forma exponencial. Si nada permitía prever la fecha y el lugar de la aparición del SARS-CoV2 (el virus que causa el Covid-19), ya había sido lanzada la alerta por un cierto número de investigaciones sobre el carácter inevitable de pandemias infecciosas mucho más agresivas que en el pasado. En cuanto al sistema de salud pública, está concentrado en instituciones hospitalarias y descuida tanto la atención primaria como los niveles intermedios como la atención ambulatoria. Para las personas de edad avanzada, la segregación en residencias, cada vez más a menudo gestionadas por grupos privados, tiende a imponerse a pesar de la demostración de las ventajas en calidad de vida de las alternativas no segregadas en países como Dinamarca.

Cuando la amenaza se hizo innegable en Europa, el peso de la patronal fue determinante para acumular los retrasos. El ejemplo italiano es el más revelador. Ha sido el país europeo más tempranamente afectado. Los dos primeros casos detectados estaban relacionados con turistas chinos el 31 de enero de 2020 pero, desde la segunda mitad de febrero, numerosos nuevos casos aparecían sin la menor relación directa con China. La circulación interna del virus se ha manifestado muy en particular en las regiones industriales del Noreste (Lombardía y Venecia). La patronal se lanzó a una campaña mediática a gran escala para evitar toda medida de confinamiento. En Bérgamo, que se volverá el epicentro más trágico de la pandemia, la Confindustria (confederación patronal) difundía un video a partir del 28 de febrero para repetir machaconamente contra toda evidencia: “Nuestras empresas no han sido afectadas y seguirán adelante, como siempre”. El hashtag patronal se vuelve obsesivo durante todo el mes de marzo: #yeswework. Serán precisas huelgas masivas para que el gobierno italiano acabe por cerrar una parte de las empresas industriales.

El confinamiento: ¿una vuelta a lo esencial?

A partir de la segunda mitad del mes de marzo de 2020 fueron adoptadas medidas de confinamiento en la mayor parte de los países europeos más afectados por el Covid-19. Estas medidas estaban justificadas por la propagación muy rápida del virus, la ausencia de terapia eficaz y de vacuna, la multiplicación de los fallecimientos. Pero el descalabro de los sistemas de salud pública, golpeados por decenios de austeridad, contribuyó también a ello. El sistema sanitario corría riesgo de naufragio. La tragedia de los fallecimientos masivos en las residencias de mayores se inscribe en este marco. A lo largo de todo el año 2019, huelgas y manifestaciones del personal de las residencias de mayores en Francia habían denunciado la degradación de las condiciones de trabajo y de los métodos de administración fundados en una especie de industrialización de esta actividad de trabajo incompatible con su sentido real. Personal insuficiente, aumento de la intensidad y la estandarización del trabajo, estatus precarios, ausencia de democracia en el trabajo, estos elementos mortíferos estaban presentes.

Apareció un sistema con dos pesos, dos medidas entre la salud en los espacios públicos y la salud en el trabajo durante el confinamiento. Para el espacio público, las reglas de prevención fueron drásticas. Nunca en la historia de la humanidad se han puesto en pie en el mundo durante un lapso de tiempo tan corto medidas tan exigentes de salud pública. En el caso del trabajo, las actividades esenciales fueron mantenidas, incluso en situaciones en las que la prevención era insuficiente. En Europa, la banalización de los riesgos en el trabajo se expresó en primer lugar en la crisis de las mascarillas de protección. En lugar de reconocer su responsabilidad en la no renovación de los stocks estratégicos constituidos en 2009-2010, la mayor parte de los gobiernos pasaron semanas explicando que utilizar mascarillas era algo inútil, incluso contraproductivo, en la mayor parte de las situaciones. Así, el 2 de abril de 2020, Anthony Smith, un inspector de trabajo en Francia, fue suspendido por su dirección por haber querido imponer la distribución de mascarillas al personal de una asociación que efectuaba atención domiciliaria2/. En Dinamarca, durante varias semanas, prosiguió el trabajo en los hospitales mientras la inspección renunciaba a efectuar controles en ellos considerando que habría expuesto a sus agentes a un peligro demasiado elevado.

La definición de lo que eran las actividades esenciales ha sido un tema conflictivo. Nadie ha puesto en cuestión la necesidad de mantener en actividad el sector de la salud o el de la producción de alimentos. Los gobiernos adoptaron criterios demasiado amplios de forma que se mantuviera la actividad de sectores industriales como la producción aeronáutica o se permitiera a gigantes del e-comercio como Amazon desarrollar su actividad.

Para las actividades que podían efectuarse en teletrabajo, esta modalidad ha sido hecha obligatoria o fuertemente recomendada según los países. El teletrabajo constituye un factor de protección efectivo contra la circulación del virus. Presenta sin embargo otra faceta diferente: la de desigualdades muy fuertes que derivan de la posibilidad de adaptar la actividad real a esta organización, de las condiciones de vivienda y de los accesos tanto al material adecuado como a conexiones de calidad, de las dificultades ligadas al cúmulo de trabajo remunerado y del trabajo familiar no remunerado. Este último factor pesa de forma muy particular sobre las mujeres. El cierre de las escuelas, la discontinuidad de numerosos servicios relacionados con las personas con discapacidades, enfermas o de edad avanzada han implicado una fuerte agravación de la doble jornada de trabajo de las mujeres. Las tensiones psicológicas y el “retorno” masivo a tiempo completo de los hombres al hogar han contribuido a exacerbar violencias intrafamiliares.

Dos opciones se ofrecían para las actividades no esenciales incompatibles con el teletrabajo: el paro temporal, con asunción de cargas específicas por la seguridad social, y el mantenimiento de ciertas actividades no esenciales asumiendo el respeto de reglas de higiene (a menudo reducidas solo al mantenimiento de la distancia física).

El fracaso del desconfinamiento: ¿culpa de jóvenes de fiesta?

A partir de mediados de mayo de 2020 la mayoría de los gobiernos europeos opta por una vuelta progresiva a la normalidad. El confinamiento ha producido resultados alentadores. La tasa de reproducción del virus (Ro) pasó a estar por debajo del nivel 1. Las hospitalizaciones y fallecimientos conocieron una disminución muy significativa. A finales de mayo de 2020 la impresión que prevalecía era que Europa salía de la fase más crítica, aunque una parte de la comunidad científica pusiera en guardia contra un exceso de optimismo. La pandemia causa estragos entonces principalmente en el continente americano. Es exacerbada allí en parte por factores políticos. Los presidentes de los dos países más poblados de ese continente (Estados Unidos y Brasil) mantienen actitudes de negación mucho más radicales y duraderas que sus homólogos europeos3/. Son sobre todo las muy fuertes desigualdades sociales las que amplían el impacto de la enfermedad. En América latina, para decenas de millones de trabajadoras y trabajadores pauperizados en el sector informal, confinarse es renunciar a comer. Los pocos mecanismos específicos de ayuda social puestos en pie son insuficientes. En los Estados Unidos, las carencias de la seguridad social privan a numerosos trabajadores y trabajadoras de remuneración en caso de ausencia por enfermedad. Esto hace difícil la puesta en cuarentena en cuanto aparecen los primeros síntomas. El peso más masivo de las desigualdades sociales puede contribuir a explicar el contraste entre Europa y América. En Europa, el confinamiento ha producido una caída muy fuerte de la mortalidad en algunas semanas. Del otro lado del Atlántico, se reduce más lentamente. Hay una desincronización entre los Estados Unidos, donde la reducción de la mortalidad es fuerte de finales de abril a mediados de junio, y el resto del continente donde el número de fallecimientos continúa creciendo hasta agosto. Asia y África no presentan un cuadro homogéneo: hay zonas particularmente críticas (India, Medio Oriente y África del Sur) y otras en las que la pandemia prosigue a un nivel relativamente bajo o parece haber sido frenada.

En Europa, si la propagación del virus se ha ralentizado, la pandemia permanece bien presente. Tiende a extenderse geográficamente con subidas en los Balcanes, en Europa central y en Portugal, donde su impacto había sido reducido durante el período precedente. A lo largo del verano, el rol de las condiciones de trabajo y de empleo aparece en múltiples ocasiones. Esas alarmas son constantemente ignoradas. Las políticas públicas tienen a mirar a otra parte: hacia la gente que celebra fiestas, hacia los comportamientos efectivamente poco solidarios de cantidad de personas que intentan compensar la angustia del período precedente. Una parrilla de lectura moralizadora parece superponerse a los datos sobre los contagios. Los lugares de ocio son vistos como focos de contaminación que muestran la inmadurez de mucha gente joven mientras que los lugares de trabajo pasan a un segundo plano. Ahora bien, las infecciones en el medio profesional siguen siendo importantes en todos los sectores que implican una actividad de gran proximidad con las personas. Es evidentemente el caso de los cuidados sanitarios, pero también de los servicios sociales, las prisiones, la policía, los transportes colectivos, etc. A partir de septiembre de 2020, la enseñanza se añadirá a esta lista. Por otra parte, la multiplicación de focos de infección (clusters) en otros sectores remite a la interacción entre malas condiciones de trabajo, formas de empleo precarizado y la infección. En Polonia y en Chequia, el trabajo en las minas ha estado en el origen de importantes focos locales o regionales. En todo el mundo los mataderos han sido señalados como centros de propagación de la enfermedad. El trabajo temporero agrícola que se caracteriza por una extrema precariedad de las condiciones de trabajo, de alojamiento y de transporte está igualmente en el origen de numerosos focos locales4/. La negativa a regularizar incondicionalmente a las y los trabajadores sin papeles en Europa ha jugado un papel tanto en este sector como entre las trabajadoras domésticas.

Es llamativo el contraste entre la progresión de los datos científicos y la insuficiencia de la prevención en el trabajo. Desde le mes de febrero hay estudios que alertan sobre la persistencia del virus en las superficies. La transmisión por aerosol está también establecida en diferentes estudios a partir de abril. El 6 de julio de 2020, 239 científicos y científicas lanzan un llamamiento demandando a la OMS que tenga en cuenta este riesgo en sus recomendaciones. Sobre el terreno, cuando se examinan las prácticas de prevención en las empresas, se ve que estos riesgos raramente son tenidos en consideración.

Si se observa la curva de fallecimientos en Europa5/, ésta había alcanzado su nivel más elevado hacia mediados de abril de 2020. Baja con fuerza a continuación para remontar poco a poco a partir de la segunda quincena de agosto y dispararse en octubre. En el curso de la última semana de octubre se supera la barrera de los mil fallecimientos diarios de nuevo a pesar de una mejora notable de la asunción terapéutica de las afecciones graves.

La voluntad de retomar las actividades económicas a cualquier precio no ha estado acompañada por los medios técnicos y humanos para detectar y trazar los contactos de las personas diagnosticadas como positivas. Numerosas y numerosos responsables políticos han compartido la ilusión de que las aplicaciones informáticas descargadas permitirían reemplazar un trabajo humano minucioso de observación e investigación. Tal trabajo habría también sido una ocasión de intercambio de informaciones sobre las circunstancias precisas de los contagios en el trabajo, la vivienda, los transportes, etc.

La adhesión a la prevención ha sido reducida por la multiplicación de señales contradictorias. El trabajo era generalmente presentado como poco problemático cuando la experiencia cotidiana de éste, en sus condiciones reales, desmentía estas afirmaciones optimistas. De otra parte, se demandaba, con razón, mantener la guardia en el resto de la vida cotidiana tanto si se trataba de actividades festivas como de contactos interpersonales. Si en el trabajo las reglas han sido raramente respetadas, ¿por qué lo habrían sido en las demás actividades? Esta cuestión remite a un problema más fundamental que atraviesa todas las fases de la pandemia: un planteamiento muy autoritario de la prevención.

Reconfinamientos parciales

A partir de comienzos de octubre de 2020, no queda ninguna duda sobre la realidad de una segunda ola en Europa. Está atestiguada por un ascenso de las hospitalizaciones, luego de los fallecimientos, en España desde el mes de agosto. La segunda ola se extiende sobre territorios más amplios que los que habían sido afectados con fuerza por la primera ola. El espectro de un hundimiento de los servicios hospitalarios vuelve a la palestra con una inquietud agravada por la constatación de los estragos ligados a un tratamiento insuficiente de las demás patologías. La mayor parte de los gobiernos europeos se resignan a nuevas medidas de confinamiento. Esta vez, en el terreno del trabajo, todo parece resumirse a una dicotomía entre actividades que pueden ser ejercidas en teletrabajo y las que deben continuar de forma presencial. Cuando unas actividades son suspendidas, la razón de ser de estas medidas no es la protección de las y los trabajadores como tales sino la limitación de los contactos públicos (cierre de establecimientos de comercio no esenciales, de gimnasios o lugares culturales, paso parcial a la enseñanza a distancia…). Si el paso al teletrabajo se ha efectuado de forma precipitada en marzo y sin encuadramiento adecuado en la ley o en las negociaciones colectivas, la situación seis meses más tarde no es mucho mejor.

Un ángulo ciego común

Las políticas sanitarias puestas en marcha han estado centradas en las barreras: distancia entre las personas, mascarillas, desinfección. Lo más a menudo han sido dictadas por las autoridades públicas. El reparto de los roles entre las personas responsables y las expertas ha sido raramente transparente y a menudo ha sido conflictivo. Una de las enseñanzas esenciales de la lucha contra el SIDA ha sido descartada en beneficio de una vuelta con fuerza de un higienismo muy reticente hacia la aportación de los conocimientos no expertos de las personas afectadas. En la mayor parte de los grupos de expertos que han rodeado la toma de decisión de las y los ejecutivos, las ciencias humanas han estado reducidas a su mínima expresión.

En esta óptica, el trabajo se reduce a un lugar de concentración de individuos de la misma forma que puede serlo una ceremonia religiosa o una actividad deportiva. En el caso del Covid-19, el contagio por vía respiratoria implica forzosamente que el trabajo debe ser considerado como un vector importante de transmisión del virus. Es una actividad colectiva por esencia que implica interacciones múltiples entre personas y materias. Una simple utilización de reglas de higiene destinadas a establecer barreras espaciales no basta. Algunas reglas son inaplicables, otras supondrían modificaciones importantes de la organización del trabajo, de las normas de productividad, del margen de maniobra de las y los trabajadores sobre su actividad.

Los dispositivos estadísticos juegan un papel importante en la gestión de la pandemia. Construyen la realidad tanto como la describen. La recogida de los datos ha sido modelada por la OMS. Trata de los datos individuales (sexo, edad, residencia, factores de comorbilidad6/, hospitalización, eventual fallecimiento…) y no plantea ningún dato sobre la actividad profesional de las personas afectadas u otros indicadores socioeconómicos. Todo ocurre como si se tratara de gestionar una masa socialmente indiferenciada de individuos susceptibles de transmitir el virus de una persona a otra. Los datos sobre la dimensión profesional solo han emergido progresivamente, de forma muy desigual de un país a otro, combinados a veces con otros elementos sobre las desigualdades sociales de salud7/.

Existe, en nuestra opinión, una relación estrecha entre estos límites y la voluntad política de no situar la cuestión de las desigualdades sociales en el centro de la prevención contra el Covid-19. Abrir la prevención a la especificidad del trabajo, es también intervenir sobre la correlación de fuerzas entre las y los trabajadores y la patronal en las empresas.

Dos perspectivas diametralmente opuestas

La protesta desde abajo se ha desplegado en dos vertientes. Una es reaccionaria y se apoya en interpretaciones conspiracionistas. Se encuentra en ella una mezcla de racismo (contra las comunidades asiáticas, sobre todo durante las primeras semanas de la pandemia), de reivindicación de la libertad individual como un derecho absoluto, de exaltación viril de la toma de riesgos, un culto del Producto Interior Bruto (una bajada de éste conllevaría más muertes que el Covid-19 en la versión académica de este discurso) y una desconfianza instintiva hacia toda valoración científica. Los partidos políticos de extrema derecha no han logrado en general encuadrar estas reacciones, salvo quizás en España donde Vox, con sus alianzas regionales con la derecha clásica, ha jugado un papel más activo que la Lega italiana o el Rassemblement National francés. Esta protesta se alimenta de críticas justificadas contra la insuficiencia de los dispositivos de protección social (sobre todo en Italia) o contra la gestión autoritaria de la crisis. No presenta ninguna alternativa de sociedad. Es una queja virulenta por la vuelta al antiguo orden.

La otra protesta ha venido del trabajo. Tiene un potencial radical. En todo el mundo las mujeres han estado en las primeras filas en la lucha contra la pandemia. En los hospitales, en las residencias de mayores, en los supermercados… Ha sido abandonadas en condiciones de prevención desastrosas, han asegurado la supervivencia de las y los demás a menudo al precio de su propia salud. Ha habido gente que ha querido virilizar esta dinámica decretando que se trataba de heroínas. En realidad, la resistencia del personal sanitario se apoya en luchas anteriores en las que se forjaron identidades colectivas.

La visión higienista adoptada por los poderes públicos se enfrenta constantemente a las exigencias del trabajo real y a la exigencia patronal de mantener la productividad. El análisis de los clusters aparecidos tras el desconfinamiento muestra que, en ciertas actividades, la protección ofrecida por simples barreras higiénicas es ilusoria. En otras actividades imponen un trabajo diferente. Enseñar, hacer teatro, conducir un autobús respetando los gestos de barrera crean a menudo situaciones insostenibles y una desestabilización de las identidades profesionales. En gran medida, es el trabajo real el que alimenta un inmenso potencial de resistencia.

Éste se ha manifestado de forma intermitente y desigual en función de los países. Aparece, desde el domingo 1 de marzo de 2020, en el Museo del Louvre de París donde el ejercicio de un derecho de retirada colectivo por el personal impone un mínimo de medidas de prevención. En Italia del Norte, estallan muchas huelgas en marzo y obligan a parar un cierto número de fábricas mientras que una revuelta desesperada se apodera de ciertas prisiones. Algunas semanas más tarde, nuevos conflictos se desarrollan en Francia para decidir qué es esencial o no desde el punto de vista de las y los trabajadores. A veces son seguidos por decisiones judiciales como en la fábrica Renault de Sandouville o en diferentes centros de logística Amazon. En Bélgica, es una aplastante mayoría del personal conductor de autobuses y tranvías la que ejerce su derecho de retirada en mayo. La dirección había puesto en cuestión una parte de las medidas de prevención a fin de preparar el aumento del tráfico ligado al desconfinamiento. Otras luchas colectivas se han desarrollado en particular entre las y los obreros agrícolas en Italia para la regularización de las y los sin papeles. La característica común de estos movimientos es hacer converger las exigencias de la salud en el trabajo con las de la salud pública.

La democracia en el trabajo podría ocupar un lugar singular en la actualidad de los próximos meses. Es una apuesta mucho más que una certeza. El trabajo real no puede ser reducido a un simple espacio en el que se podrían aplicar tal cual barreras higiénicas. Reconocer esto es permitir a los colectivos tomar la iniciativa sobre las condiciones de producción, valorizar su experiencia y repensar el trabajo en todos sus aspectos teniendo en cuenta tanto los imperativos sanitarios como el interés real que representa para la sociedad. Más allá del Covid-19, está en cuestión la esencia de la democracia permitiendo a las personas deliberar y decidir cotidianamente en qué debe consistir su actividad productiva.

Texto original: HesaMag 22. 2º semestre 2020

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

Notas

1/ La redacción de este artículo terminó el 1/11/2020. Si se consideran las cifras disponibles a finales de octubre, Europa es, con los Estados Unidos, la región del mundo en la que la segunda ola de Covid-19 golpea con más intensidad.

2/ Bajo la presión de los sindicatos, la ministra francesa de trabajo ha autorizado la recuperación de las actividades del inspector el 13/08/2020, pero ha sido trasladado a 200 km de su domicilio. En una queja dirigida conjuntamente a la Organización Internacional del Trabajo, los sindicatos franceses señalan una treintena de casos de presiones ejercidas sobre inspectores de trabajo por su dirección.

3/ En México, tercer país más poblado del continente, la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador es mucho menos tajante que la de Trump o Bolsonaro. Concede sin embargo una prioridad al mantenimiento de la actividad económica en detrimento de las exigencias sanitarias.

4/ Desde antes de la apertura de las fronteras en el interior de la Unión Europea, se concedieron derogaciones para hacer venir masivamente personal trabajador temporero agrícola proveniente en particular de Rumanía.

5/ Se dispone de datos de una calidad variable sobre los fallecimientos declarados que son atribuidos al Covid-19. Los excesos de mortalidad global constatados en 2020 en relación a los años anteriores permiten afinar el análisis y tener en cuenta mejor los límites del registro de fallecimientos por Covid.

6/ El papel de las condiciones de trabajo en ciertos factores de co-morbilidad como ls afecciones pulmonares no ha sido objeto de investigación sistemática hasta el momento. Constituye sin embargo un factor potencial importante de desigualdad ante la muerte.

7/ El Instituto Sindical Europeo publicará próximamente un informe sobre los datos disponibles sobre el Covid-19 como riesgo profesional.


Escazú: Paso histórico para protección a personas defensoras en América Latina


IPS Noticias

Por Graciela Martínez *

Foto: David Paniagua / Amnistía Internacional

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer tratado vinculante de una región para proteger tanto a la naturaleza como a las personas que la defienden.

La crisis sanitaria mundial que ha marcado 2020 no ha interrumpido otra de las pandemias que acucia a América Latina y el Caribe: la de los asesinatos y ataques a personas defensoras del medio ambiente.

A pesar de que la covid-19 ha eclipsado el impulso de jóvenes activistas de todo el planeta frente a la emergencia climática que marcó 2019, su esfuerzo, aunado al de organizaciones y coaliciones de toda la región, ha tenido un resultado positivo este año tan complicado que termina: más de 11 países han aprobado la ratificación el Acuerdo de Escazú y, por tanto, entrará finalmente en vigor.

Eso sí, aún falta que se sumen efectivamente los otros 21 países de la región.

Representantes de la ONU han señalado que la pandemia debe considerarse un llamado de atención para repensar nuestra relación con el medio ambiente, y no una excusa para dejar de avanzar en la protección de nuestro planeta. Por ello, el Acuerdo de Escazú es más importante que nunca.

En marzo 2018, gobiernos en América Latina y el Caribe acordaron el primer tratado vinculante en la región para proteger el derecho de las personas y colectivos al acceso a la información pública, a la participación y al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Costa Rica y Chile fueron los países que lideraron el proceso de negociación previo a la adopción. Sin embargo, el primero está aún en proceso de ratificarlo, está en manos de la Asamblea Legislativa, y el segundo ni siquiera lo ha firmado.

La ausencia de Chile es especialmente sorprendente y contradictorio, ya que el país ha encabezado espacios internacionales sobre la protección del medio ambiente como la presidencia de la COP25 (la 25 Conferencia de las Partes sobre cambio climático, celebrada en diciembre de 2019 en Madrid).

El Acuerdo de Escazú es innovador, entre otras cuestiones, porque se trata del primer instrumento vinculante de este tipo en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras del medio ambiente. El tratado reconoce la importancia de su trabajo y obliga a los Estados a garantizar su protección, estableciendo lineamientos para que tomen medidas adecuadas y efectivas para que puedan actuar sin riesgos.

Estas disposiciones responden al clima hostil que enfrenta las personas defensoras del medio ambiente en América Latina y el Caribe.

Colombia, Brasil, México, Guatemala y Honduras se encuentran entre los países más peligrosos para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente del mundo, según el último informe de la organización internacional Global Witness.

Coincide que casi ninguno de estos países ha ratificado aún el Acuerdo de Escazú (el Senado mexicano hace apenas un mes aprobó la ratificación). Es más, Honduras, que tiene las cifras más altas de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente per cápita, de acuerdo con este mismo informe, ni siquiera lo ha firmado.

Otros de los grandes países ausentes de la ratificación y en donde hemos documentado ataques en contra de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en los últimos años son Perú y Paraguay.

Hay varios rostros más o menos conocidos que ilustran este contexto y sobre los que hemos estado trabajando en los últimos años. La defensora indígena lenca Berta Cáceres fue asesinada en Honduras en 2016 a raíz de su oposición al proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca como coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (COPINH).

O el defensor indígena Rarámuri Julián Carrillo, asesinado hace dos años en la Sierra Tarahumara, al norte de México, después de manifestar su oposición a una concesión minera en territorio de su comunidad por los impactos sociales y ambientales. Sus familias siguen buscando justicia.

Hay quienes siguen vivos, pero están en la cárcel o se ven obligados a desplazarse.

En Guatemala, Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo maya q’eqchi’ y preso de conciencia, lleva más de dos años en prisión de forma injusta por defender los derechos de las comunidades de Santa María Cahabón, afectadas por la construcción de la planta hidroeléctrica OXEC sobre los ríos Oxec y Cahabón. Danelly Estupiñán, defensora de los derechos de comunidades afro, de Colombia, tuvo que dejar su hogar después recibir amenazas y hostigamiento.

Casi todas estas personas han tenido algún esquema de protección en sus respectivos países, pero este no ha respondido a las causas estructurales de la violencia que enfrentan. Coincide también que todas ellas provienen de realidades culturales diferentes, que representan la diversidad latinoamericana y caribeña.

El Acuerdo de Escazú reconoce precisamente esa diversidad, y aunque no mencione explícitamente el derecho a una consulta previa, libre e informada, reconocida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambos instrumentos son claramente complementarios.

Este punto es realmente importante, porque detrás de muchos de los conflictos socioambientales está la falta de información e inclusión de las personas afectadas en el proceso de toma de decisiones y de mecanismos efectivos de acceso a la justicia.

Y esto es más evidente en el caso de los pueblos indígenas y tribales, cuya exclusión es histórica.

El derecho a tener acceso a la información en asuntos ambientales, clave en el Acuerdo de Escazú, es parte del consentimiento informado de los pueblos indígenas y tribales. Asimismo, la participación efectiva a través de representaciones legítimas e incorporando y facilitando los métodos de toma de decisiones tradicionales.

De los 33 países de la región, 24 ya han firmado el Acuerdo de Escazú y 12 lo han ratificado. Argentina y México aún tienen pendiente depositar el instrumento ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para que sea oficial.

Una vez uno de ellos lo haga, pasados 90 días, el tratado entrará en vigor. Los países que no lo han ratificado todavía pueden continuar con el proceso. El período para depositar la firma cerró el pasado 26 de septiembre, por lo que los nueve países que no lo han firmado pueden ahora adherirse al instrumento.

Queda aún mucho camino por recorrer, sin contar con todo lo que implicará la implementación del Acuerdo de Escazú en cada país.

Pero este miércoles 9, en el 22 aniversario de la Declaración sobre defensores, cuando se conmemora el día internacional de las personas defensoras de los derechos humanos, América Latina y el Caribe puede celebrar que este año ha dado un paso histórico y, si no hay sobresaltos, pronto tendrá por fin un instrumento que responde a otra de las pandemias de la región.

* Graciela Martínez, encargada de campañas para personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional.


jueves, 14 de enero de 2021

Articularse, reto del movimiento ambientalista para 2021

Radio Progreso


Organizaciones del departamento de Colón en defensa de los ambientalistas de Guapinol.

A pesar del confinamiento que paralizó al mundo durante el 2020, Honduras siguió siendo un país extremadamente peligroso para defender el territorio y los derechos humanos. Para el ambientalista Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG), fue un año difícil porque se acentuaron las políticas de represión de parte del gobierno hacia el movimiento ambiental, además, el contexto de la pandemia fue aprovechado para favorecer al menos con dos leyes o instrumentos legales a las empresas mineras.

Por ejemplo, en el PCM 030-2020, se le dio privilegio a las empresas para que puedan hacer sus trámites vía electrónica, y que no tuvieran contratiempos para hacer los mismos de manera presencial. Al cierre del año, el Congreso Nacional aprobó una nueva disposición que reduce el pago de impuestos a las empresas mineras. Además de toda la represión a la ciudadanía que lucha y defiende los bienes comunes de la naturaleza. Eso demuestra que no hemos avanzado en la protección del ambiente y en la defensa de los derechos humanos en el país.

Lara expresa que el 2020 fue extremadamente difícil. En el occidente las comunidades de Azacualpa, La Unión en Copán, y las comunidades indígenas de los departamentos de La Paz, Intibucá y Santa Bárbara no pararon de luchar contra la industria extractiva. En el norte, las comunidades del sector Guapinol, fueron duramente perseguidas por la justicia que se parcializa a favor de los empresarios. El sur no dejó de ser peligroso para defender el territorio, la industria extractiva y de monocultivos persiguió a los defensores y defensoras, recuerda el ambientalista.

“Se busca mandar un mensaje al movimiento ambientalista, a los defensores de derechos humanos, que mejor se retiren de las luchas, porque al final los van a criminalizar. Pero no lo están logrando porque la gente está decidida a ir a la cárcel e incluso a ofrendar su vida por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza”, apunta.

2021 no será diferente

Ramiro Lara está convencido que el año 2021 no será nada diferente porque el contexto de la pandemia todavía tiene restricciones de movilidad y seguimos con probabilidades que se vuelva un confinamiento. Lo que es un factor que influye mucho en la defensa del territorio, porque la gente no tiene la libertad de movilizarse. Sin embargo, las empresas siguen trabajando.

El ambientalista cree que el contexto político electoral vuelve al 2021 en un año extremadamente peligroso, porque quiérase o no, la gente se distrae en las campañas políticas. Frente a toda esta realidad se esperaría que la gente defensora de derechos humanos y el ambiente se mantengan vigilantes de los temas importantes y que además los pueda colocar en la agenda de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular.

Lara opina que la coyuntura política debe ser aprovechada para que las comunidades obliguen a que los candidatos y candidatas se comprometan en favor de la defensa del ambiente. “Lo que se recomendaría a las comunidades, es  que sienten a sus candidatos y candidatas a comprometerse en la protección de sus bienes comunes,  en la protección de los Derechos Humanos”.

 Escazú: la gran deuda de Honduras

El Acuerdo de Escazú es considerado el pacto regional más importante sobre el acceso a la información pública, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Honduras está dentro de los países que aprobaron el Acuerdo, pero, hace falta que el titular del Poder Ejecutivo Juan Orlando Hernández, lo firme y envíe al Congreso Nacional para aprobar y ratificar.

Ramiro Lara opina que, aunque Honduras no lo haya ratificado no significa que el acuerdo no entra en vigencia y de alguna manera el gobierno está en la obligación de firmarlo en algún momento. Considera necesario que el movimiento social de a conocer estos instrumentos para que las comunidades se apropien y así argumenten a través de ese acuerdo ante las autoridades correspondientes.

El ambientalista finaliza diciendo que el gran reto para este nuevo año es el construir y fortalecer una alianza amplia con todos los sectores que defienden los bienes naturales para hacerle frente a la amenaza extractiva.

“Hace falta que demos ese paso para juntarnos, encontrar objetivos y estrategias comunes. Es deseable conformar una alianza e identifiquemos aquellos aspectos estratégicos, entre ellos el abordaje del marco legal relacionado con el ambiente para derogar las leyes que son nocivas para la población. De lo contrario, estaremos inmersos en una problemática de defensa de derechos y defensa del”, expresa.

Plantón por la transparencia


Radio Progreso

Desde muy temprano el pasado miércoles 6, los integrantes de la Plataforma Sindical de Honduras realizaron un plantón frente a los terrenos donde están ubicados los contenedores del hospital móvil en Tegucigalpa.

«La protesta está frente al monumento a la corrupción, exigimos que se investiguen las inconsistencias encontradas y que comience a funcionar estos hospitales», dijo en Radio Progreso Elvin Canales, presidente del Sindicato del Hospital San Felipe.

Canales aseguró que están demandando a la fiscalía de la corrupción que proceda contra los responsables de la corrupción en la pandemia.

Sostuvo que al entregarle a la Junta Interventora del Hospital Escuela la administración del hospital móvil, las autoridades de Salud están buscando quitarse de encima la investigación por la corrupción.

La protesta se desarrolló frente a los predios del Patronato Nacional de la Infancia, Pani, en el boulevard Los Próceres en Tegucigalpa.


Crece la demanda para que se actúe contra corruptos de la pandemia


Radio Progreso

Se cumplen nueve meses desde el anuncio de la compra de los siete hospitales móviles y las denuncias de sobrevaloración siguen sin tener una respuesta desde el Ministerio Público.

En ese sentido, el abogado penalista Marco Antonio Zelaya, dijo en Radio Progreso que el Ministerio Público cuenta con la suficiente carga probatoria para presentar los requerimientos fiscales contra quienes autorizaron los desembolsos y transferencias para la compra de los hospitales móviles.

Zelaya dijo que, si el Ministerio Público no hace uso de la acción pública penal, se estaría frente a un delito de lesa humanidad porque miles de personas han fallecido por Covid-19 y sus vidas pudieron salvarse con una buena atención médica.

¿Quién manda en salud?

Al ser consultado sobre la responsabilidad en la muerte de personas por Covid-19 que pudieron salvarse con una mejor atención médica, el ex Secretario de Salud, Mario Noé Villafranca, califica a los asesores del Poder Ejecutivo en temas de salud de incapaces, groseros y malvados.

Villafranca, quien asegura haber estado en contra de la compra de los hospitales móviles, señaló en Radio Progreso que la Secretaría de Salud está desnaturalizada porque ya no se sabe si manda el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinager, Inversión Estratégica de Honduras, Invest-H o misma Comisión Permanente de Contingencias, Copeco.


Jaque a la ciberseguridad mundial


Público

Por David Bollero 

EEUU ha encendido todas sus luces de alarma. El ataque informático sufrido a compañías como SolarWinds, cuyo software de red está muy extendido en las agencias del gobierno, y FireEye ha hecho que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) de EEUU emita alertas, solicitando eliminar el software comprometido de sus redes informáticas. Sólo en el caso de SolarWinds se habló de 18.000 clientes potencialmente afectados, lo que es una muy mala noticia considerando que entre ellos figuran gobiernos y la mayoría de las empresas Fortune 500. Así, no sorprende que agencias nacionales de ciberseguridad de Reino Unido e Irlanda haya emitido alertas similares.

Los ataques se atribuyen a hackers maliciosos de la agencia de inteligencia SVR de Rusia, barajándose incluso nombres como los de los conocidos APT29 o Cozy Bear. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ya ha negado tal extremo. En el caso de SolarWinds, la actualización de su software de red fue modificada con malware, de manera que se enmascaró en software legítimo que instalaron las agencias gubernamentales y compañías. Semanas después, este malware se activó y los ciberdelincuentes podrían haber comenzado a robar información.

La operación, que haciendo un juego de palabras ya se ha bautizado como Sunburst (resplandor solar), habría sido cuidadosamente planeada, ejecutándose durante meses sin que las autoridades fueran capaces de detectarla. A ciencia cierta no se sabe o, al menos, no se ha hecho público, qué secretos oficiales han sido robados, pero las posibilidades son tantas que hay sobrados motivos para la preocupación, desde información ligada a las vacunas COVID-19 a información de armamento nuclear o de próxima generación.

Hasta el momento, ni la Administración Trump ha revelado qué agencias fueron pirateadas ni ha salido a la luz ninguno de los contratistas el gobierno admitiendo haber sido víctima. Según publicaba recientemente Associated Press, es posible que pasen semanas, quizás años, hasta que los forenses informáticos de la Administración estadounidense peinen las redes gubernamentales y del sector privado para tener certeza del impacto real del ciberataque. El rastro de los perpetradores ha sido tan limpiado por éstos que algunos expertos, incluso, sugieren que quizás hay robos que nunca se detecten.

Más allá de que ahora, quizás, le pese a Trump haber eliminado puestos clave como el de coordinador de ciberseguridad de la Casa Blanca o el de jefe de políticas de ciberseguridad del Departamento de Estado, lo cierto es que este ataque podría convertirse en global, traspasando las fronteras de EEUU. Y, precisamente por eso, ya se escuchan voces de una acción mundial conjunta contra este tipo de ataques.

En la actualidad, no existe un tratado internacional para asuntos cibernéticos; tan sólo 11 normas no vinculantes de comportamiento cibernético estatal responsable, que cuentan con el respaldo de la Asamblea General de la ONU, pero que terminan por resultar ambiguas. Pero ¿realmente sería efectivo un tratado internacional?

Los cibercriminales siempre parecen ir por delante de los legisladores y las autoridades. Recuerdo, hace años en un encuentro de ciberseguridad en Redmond (EEUU), en la sede de Microsoft, cómo su máximo responsable de Seguridad me comentaba que uno de los mayores problemas con que se topan las autoridades es que, a diferencia de los criminales, ellos no pueden incumplir la ley, ni siquiera para «cazar a los malos».

Y los malos, lamentablemente, son muy buenos en lo suyo… y muy desafiantes, porque cuando hace cinco años la ONU consiguió alumbrar un acuerdo internacional para desarrollar la norma para proteger las infraestructuras críticas, apenas pasaron unos meses y los hackers maliciosos atacaron una acería alemana, tumbaron la red eléctrica de Ucrania y la cadena de televisión francesa TV5 fue atacada, dejándola KO.

Al margen de la capacidad técnica de los ciberdelincuentes, detrás de los cuales hay sospechas de que se encuentran otros gobiernos, surge también la duda de si los países estarían dispuestos a someterse a un tratado internacional cuya redacción es tan compleja como su posterior supervisión. Sea como fuere, Sunburst evidencia que las democracias modernas deberían aunarse para hacer frente a lo que, en un mundo absolutamente interconectado, es una amenaza real. Sin embargo, la realidad llama al pesimismo: no lo harán, no en bloque, porque la geoestrategia también se libra en el plano digital y esa es la gran baza del ciberdelincuente.

Democracia simulada: Llega Biden, pero el trumpismo se queda


CLAE / Rebelión

Por Aram Aharonian *

Joseph Biden asumirá en medio de un escenario inquietante y serio: el 77 por ciento de los republicanos considera que su elección no es legítima y el próximo 20 de enero deberá enfrentar esta desconfianza con un partido que no alcanzó la mayoría en el Senado, perdió una decena de escaños en la Cámara de Representantes y está estancado en las legislaturas estaduales.

No habrá luna de miel para este mandato demócrata, que empieza en peores condiciones que el de Barack Obama, doce años atrás. Obama hacía soñar y contaba con una amplia mayoría en ambas Cámaras. Por otra parte, tenía mucho más vigor y treinta años menos que «Joe el Dormilón» hoy.

Biden, exvicepresidente de Obama, un anciano incapaz de hablar coherentemente será la cara del gobierno, pero no quien tome las decisiones, de lo que se encargará el lobby de la élite globalista, el gran capital trasnacional, la Red Atlas y su red de think tanks de la derecha, Wall Street, el Deep State y, obviamente, el aparato armamentista-militar. Seguramente no será Kamala Harris la que lleve los pantalones.

Pero es cierto que Biden ganó el mayor voto popular en la historia: 71.4 millones en comparación con los 69.4 millones obtenidos por Barack Obama, pero Trump obtuvo 68.3 millones de votos, casi cuatro millones más que en 2016, a pesar de una pandemia que ha dejado más de 285 mil muertos, con la peor crisis económica desde la Gran Depresión, y tras cuatro años de enfrentamientos, algunos masivos, como con el de Black Lives Matter.

Joe Biden puede parecer distante, distraído, apático, incluso tonto, pero es tan poderoso como el propio globalismo. Junto al anciano, Kamala Harris, la primera vicepresidenta electa de EE. UU., es 22 años menor. En el cuadro general, no hay que olvidar que cuando asuma el binomio, heredarán unos 350 mil estadounidenses muertos por el negacionismo de Trump a la pandemia del coronavirus.

Trump se va, pero el trumpismo permanece. El republicanismo al estilo Trump no está listo para abandonar la escena, de hacer mutis por el foro. El presidente saliente transformó el partido del que se apropió: hoy es suyo o de su clan, o de los herederos que invistió.

Hasta que se logre eliminar la globalización neoliberal, los Trump, los Bolsonaro, los Viktor Orban y demás ultraderechistas xenófobos, racistas, misóginos de este mundo, serán solo la parte visible del iceberg, señala el veterano analista argentino-italiano Roberto Savio.

Los demócratas pensaron que presentar a un candidato mayor y «civilizado» como Biden, traería de vuelta la empatía y el diálogo como factor de unidad. De hecho, lo que parece es que Trump ha perdido las elecciones y no que Biden las haya ganado. Los progresistas lo ven como una personificación del orden establecido y seguirán presionándolo para que se libere del sistema.

Si el Partido Republicano mantiene su poder en el Senado, Biden quizá logre deshacer muchas de las órdenes ejecutivas de Trump, pero, por ejemplo, no podrá cambiar la composición de la Corte Suprema, que durará por lo menos un par de décadas. Tampoco podrá aumentar la cobertura de salud, ni aumentar el salario mínimo y un impuesto a los muy ricos parece una quimera.

Los republicanos volverán a ser los guardianes de la austeridad fiscal, después de haber dejado que Trump aumentara el déficit nacional a un nivel sin precedentes. Y la cada vez más poderosa izquierda del Partido Demócrata tratará de condicionar y empujar a Biden, a quien eligieron solo para deshacerse de Trump, sacrificando a Bernie Sanders.

¿Viene un cambio de época? 

¿Los mitos del excepcionalismo y del sueño americano se han evaporado? Trump fuel primer presidente de Estados Unidos que nunca habló en nombre del pueblo, sino que retrató a los que no lo votaron como antiestadounidenses. En su gestión, tuvo muy pocas reuniones del gabinete y gobernó a través de tweets, rara vez consultando a su personal.

Insufló los temores de la población blanca contra los inmigrantes y otras minorías; proclamó la ley y el orden contra cualquier movilización, demonizando a los participantes. Solo se ama a sí mismo, no se preocupa por nadie más y no confía en nadie. Es un ejemplo de misoginia, pagó sus impuestos en China, pero no en su país.

Y también inauguró la era de la posverdad, de las fake news, de las mentiras oficiales, desparramando numerosas afirmaciones falsas por día. Ha usado la administración pública como su equipo personal, cambiando continuamente a los funcionarios públicos y poniendo en sus puestos a personas que comparten sus puntos de vista o lo aplauden.

Con más de doscientos mil muertos por COVID-19, una economía estancada, una explosión del desempleo, un índice de popularidad presidencial que, al contrario del de sus predecesores, nunca superó el 50%, la derrota de Trump parecía asegurada. Incluso voceros demócratas daban por sentado que al desastre que se avecinaba para los republicanos seguiría la encarcelación de la familia Trump, de ser posible, fotografiada en uniforme naranja.

Que Trump haya mejorado su desempeño entre los afroamericanos después de mostrar su indiferencia ante la brutalidad policial y su hostilidad por el movimiento Black Lives Matter; que haya penetrado en el electorado hispano después de haber promovido un muro en la frontera con México y de haber tratado a los migrantes de violadores y asesinos parece estar más allá del entendimiento.

Hoy, incluso, algunos republicanos llegan a imaginar que su partido podría devenir conservador, popular y multiétnico, señala Serge Halimi. Por su parte, los demócratas se preocupan por la pérdida de seguidores que creían adquiridos, por no decir cautivos.

Trump siempre entendió la importancia de la visibilidad, la notoriedad, aun a costa de los escándalos, y la temporalidad (cada día es distinto y que la mayoría de la gente no lleva un registro de lo dicho ayer o la semana pasada). Trump es el hoy y el aquí. Y, en todo caso, él es también más “yo” que “nosotros”, señala Roberto Izurieta,director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington..

Más que la causa, Trump es la expresión de un problema mayor, a pesar de que sabe muy bien aprovecharse de ello. La pandemia y la crisis económica acrecientan la frustración y el dolor de la gente. Las redes sociales ofrecen una plataforma para viralizar y aprovechar ese dolor a través de las noticias falsas, y Trump, a su vez, saca ventaja de esos fenómenos y los utiliza a su favor. Estos fenómenos están aquí para quedarse, al menos hasta que vengan otros, añade.

¿Acaso los promotores y seguidores de las teorías de la conspiración no encontraron en Trump a su líder y representante?, Trump no creó las teorías de las conspiraciones, las noticias falsas o el populismo; todas esas fuerzas lo encontraron a Trump y ahora expresado en él o mañana en otro, esas fuerzas están aquí para quedarse. Hay que aprender a sobrevivir con ellas y superarlas, como lo logró Biden el 3 de noviembre.

En junio, EE. UU. alcanzó el mayor déficit presupuestario mensual en su historia, estimado en 864,000 millones de dólares, en parte debido a los enormes gastos que implica la industria militar, que obtiene a su vez fabulosas ganancias. El presupuesto de Defensa, que en 2019 alcanzó 716,000 millones, un 3.2% de su Producto Interior Bruto, no supone una mejora en la capacidad de las fuerzas armadas.

La razón es simple y se relaciona con una industria militar, que tiene un enorme poder y es, en gran medida, responsable del déficit presupuestario gigante; se dedica a embolsar miles de millones sin ser eficiente. Un reducido grupo de grandes empresas (Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, Raytheon, BAE Systems, Huntington Ingalls, Textron y L3Harris Technologies) presiona constantemente al Departamento de Defensa para obtener más recursos y, a la vez, financia a los políticos para asegurarse.

El gabinete de Joe Biden, señala Raúl Zibechi, estará rebosante de miembros del complejo industrial-militar. Por ejemplo: Michèle Flournoy, favorita para liderar el Pentágono, funge en la directiva del contratista de defensa Booz Allen Hamilton y fundó el think tank Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense que recibe fondos de los gigantes de la industria militar como General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman y Lockheed Martin.

Una democracia simulada

La política de Estados Unidos está construida para tener un régimen de dos partidos de las clases dominantes turnándose en el poder. Los republicanos, generalmente más conservadores en temas fiscales (impuestos) y sociales, y los demócratas, que sostienen ciertos derechos y la intervención del Estado en algunos asuntos.

En lo demás, son casi iguales y, para su patio trasero, como llaman a América Latina, prácticamente son lo mismo. Demócratas y republicanos han sostenido el infame bloqueo a Cuba, atacan a pueblos como Venezuela, se han entrometido en la política de los gobiernos de la región, han organizado golpes de Estado militares con el fin de que sus empresas exploten al máximo nuestras riquezas naturales.

Y, aunque usted no lo crea, hay otros partidos y candidatos, solo que la «democracia» impide conocerlos. Según la BBC, este año sevregistraron 1,200 candidatos presidenciales que no son tomados en cuenta. La mayoría solo consta en la papeleta de uno o dos estados. En varios otros, los electores deben conocer de su candidatura y escribir el nombre de su preferencia para que el voto sea tomado en cuenta y, finalmente, hay otros Estados en los que no existe ninguna forma de darles el voto.

Obviamente, es muy difícil hacerse conocer dado que una campaña electoral requiere de mil millones de dólares y que estos deben venir solo de fuentes privadas. Es así como los grandes empresarios y financistas apuestan a los dos candidatos, uno demócrata y el republicano, entregando recursos para comprar a priorisus posteriores acciones gubernamentales.

Por décadas se presentó a Estados Unidos como ejemplo de democracia avanzada. Todos los medios propagandísticos y comunicacionales sirvieron para ello y se reforzaba por la idea de elecciones libres y la inexistencia de golpes de Estado liderados por fuerzas militares, lo que en América Latina servía para explicar que «allá no hay golpes porque no hay embajada norteamericana», recordaba el ecuatoriano Egard Isch.

Ese «espíritu democrático» de las élites hizo que EE. UU. apoyará siempre las peores dictaduras, los golpes más sangrientos, las guerras de dominación simuladas como guerras civiles, siempre que fueran útiles a sus intereses nacionales y los de sus empresas expoliadores.

Aquella promesa de igualdad, libertad y fraternidad quedó anegada en los cimientos de la estatua de la Libertad, ya que colocaron la libertad individual (a expresarse, a votar) como el único rasgo, desechando oficialmente la igualdad y la fraternidad. No se puede olvidar que se trata de un régimen teocrático en el que en actos públicos se jura ante la Biblia, en el que en siete estados se prohíbe a los ateos ser profesores o funcionarios públicos, y sufren discriminación en el ejército, si es que logran ingresar.

Todavía hoy, el servicio de inmigración establece en su guía de políticas que un miembro a un partido comunista no puede ser admitido en el país. Pero el mismo criterio se aplica a los ciudadanos en una serie de empleos si se los identifica como comunistas (o terroristas, calificación que puede alcanzar a cualquiera que no sea blanco).

Con Trump se agudizaron las brutales diferencias entre el 1% de millonarios en el poder y el 99% de «clase media» y pobres. Como muchos de los millonarios, Trump ni siquiera paga impuestos, pagan por no ser reclutados, con dinero burlan los mecanismos de ingreso a las universidades o tienen un sistema de salud negado para las mayorías. De igualdad, mejor no hablar.

Siete años atrás, el expresidente Jimmy Carter y su fundación para la «democracia y los derechos humanos», expresaron abiertamente que: «En la actualidad Estados Unidos no tiene una democracia que funcione», y señaló como factores muy graves la excesiva influencia del dinero en las campañas electorales, donde los ricos compran los compromisos de los candidatos, las normas electorales confusas y la invasión a la privacidad de los organismos de seguridad.

Este año el Centro Carter decidió monitorear las elecciones en su país ante la profunda polarización, la falta de confianza en las elecciones, los obstáculos a la participación de grupos minoritarios y otras injusticias raciales, además de la pandemia de la COVID-19. En su informe indicó que: «Aunque hace tiempo que EE. UU. no ha estado a la altura de los estándares electorales internacionales en asuntos clave, hasta hace unos 10 años no habríamos concluido que la calidad de su democracia y las elecciones iba en retroceso».

Tradicionalmente, el voto no era para todos. El poder siempre quiso impedir la igualdad de voto y la participación ciudadana. Cuando se le dio el derecho al sufragio a los afroestadounidenses, se implementó un impuesto que impedía la participación de los pobres, controles de ser alfabetizados.

Desde 1965, aún con las reformas logradas por el movimiento de los derechos civiles, no terminaron las trabas: hay que inscribirse para constar en el padrón para unas elecciones que se realizan los martes, impidiendo a que los trabajadores puedan ir a sufragar.

En el 2000, cuando George Bush II ganó, pese a tener menos votos que Al Gore, el cineasta Michael Moore editó un libro, Estúpidos hombres blancos, que trata sobre la injusticia social en su país, donde resalta también mecanismos de fraude que son una constante. Decía en su libro: «He cursado una solicitud personal al secretario general de la ONU (en ese entonces), Kofi Annan, para que atienda nuestra petición. Ya no somos capaces de gobernarnos ni de celebrar elecciones libres y limpias. ¡Necesitamos observadores, tropas y resoluciones de la ONU!»

En muchos estados hay una ley que impide que exconvictos (incluso por robar un pan) jamás puedan votar. De esa manera, dice Moore, los Bush pagaron cuatro millones de dólares para impedir la presencia del 31% de negros y miles de latinos pobres de La Florida, como resultado del sistema racista de las Cortes y policía. Claro, no todos los pobres van a la cárcel ni son asesinados por las policías.

Pero, en las elecciones en las que supuestamente ganó Trump, Hillary Clinton obtuvo tres millones de votos más, y aun así perdió. El mecanismo electoral hace que, con excepción de dos estados, quien gana en un estado, aunque sea por un voto, lleva todos los votos electorales, es decir los representantes que realmente nombran al presidente.

«Uno puede hablar español y ser conservador, del mismo modo en que se puede ser afroamericano y no querer recibir más inmigrantes mexicanos, o venir de un país asiático y preocuparse por los programas que buscan favorecer el acceso de las minorías a la universidad», señala Serge Halimi.

Mientras que los demócratas traman adiciones progresistas artificiales, los republicanos se aprovechan de divisiones muy reales. El riesgo, para ambos, es no ver el otro lado de la realidad: si los jóvenes hispanos votan más a los demócratas que sus padres, no necesariamente es porque sean más conscientes de su «identidad», sino porque hay más universitarios que en la generación que los precedió. Las certezas también se tambalean en el terreno de la diversidad, añade…

Ojalá que la crisis de confianza de Estados Unidos en su sistema político conlleve la ventaja de disuadirlos de imponerlo por la fuerza en todo el mundo.

La política exterior

El nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, es políticamente cercano al multimillonario George Soros, de clara ideología anticomunista y de apoyo a las intervenciones para desestabilizar otros países. Como asesor adjunto de Seguridad Nacional (2013-2015), cuando Joe Biden era vicepresidente, Blinken desarrolló planes de agitación política y de inestabilidad en todo el Medio Oriente, con resultados mixtos en Egipto, Irak, Siria y Libia.

La diferencia fundamental con el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, es que Blinken se orienta al multilateralismo a diferencia del unilateralismo, por lo que seguramente pondrá el énfasis de su gestión en ese aspecto.

Sin embargo, la especialidad de Blinken es lo que se denomina «diplomacia coercitiva» con respaldo en la fuerza tanto militar, como económica. Las medidas coercitivas son parte de los instrumentos más utilizados en el pasado por Blinken en sus recomendaciones a Obama para su política hacia Rusia y contra Venezuela, con el fin de labrar el terreno para recrudecer y presionar las acciones de su gobierno.

Con la administración Biden, los expertos señalan que cambiará la dinámica en la Organización de Estados Americanos (OEA) y Claver-Carone saldrá del Banco Interamericano de Desarrollo, donde fue impuesto por Trump hace poco tiempo. Significará, asimismo, el respeto a la soberanía nacional y no interferencia en los asuntos internos.

América Latina seguramente seguirá siendo considerada como el patio trasero. La ecuación regional será usar el handicap favorable en el terreno militar para negociar el control de los recursos estratégicos de la región: la biodiversidad amazónica, el litio de Bolivia, los mejores yacimientos de hidrocarburos de Venezuela, el agronegocio de Brasil y Argentina, la bioceanidad de Centroamérica…

Con este New Deal están de acuerdo las Fuerzas Armadas estadounidenses, hartas de los retos que tienen que enfrentar en Asia, pero no los poderosos lobbies de Washington ni el mundo financiero, que ha lucrado con los negociados —venta de armas, apropiación de riquezas naturales, lavado de dinero— detrás de la injerencia estadounidense en demasiados escenarios.

* Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.