viernes, 30 de diciembre de 2022

El instrumento de paz en las dinámicas de poder

Por Ronnie Huete Salgado *

Fuente: Rebelión

El poder en Honduras debe intentar conducirse en un solo vehículo, que busque el destino de la paz en una sociedad atormentada por las políticas foráneas corporativas y las insostenibles ambiciones de una minúscula, pero poderosa élite, que debe iniciar acercamientos con el nuevo gobierno de la presidente Xiomara Castro, con el propósito de eliminar las divisiones provocadoras del caos social.

A raíz de la terrible guerra no declarada que sufrió Honduras durante 12 años (2009-2021) contra civiles desarmados, existe una fuerte división entre los hondureños, que puede solucionarse, eliminando los intereses individualistas y unificando esa fuerza visionaria en la unificación popular de la población, con el objetivo de diseñar, el nuevo arquetipo democrático de paz en beneficio de las familias.

A pocos días de cumplirse un año del mandato de la presidente de Honduras, Xiomara Castro, las relaciones entre el poder económico y gubernamental, siguen aisladas debido a la desidia de cierto sector elitista hondureño.

La élite de la empresa privada en Honduras y el nuevo gobierno, no llegan a un acuerdo que pueda aliviar la crisis económica de Honduras y que fue conducida al abismo económico por la anterior administración gubernamental, según lo informan los funcionarios estatales del nuevo gobierno.

Las declaraciones de uno de los asesores del nuevo gobierno de la presidente Xiomara Castro, afirma que están abiertos a tener cordiales relaciones con la empresa privada hondureña, sin embargo, la respuesta no ha sido mutua.

El sentir de la población en general de Honduras es que vuelva la paz que tanto añoran los hondureños, después del huracán político del pasado gobierno de 12 años y cuyo régimen desembocó en una tiranía jamás vista en la historia de este país centroamericano.

Motivo por el cual, es de suma importancia una continua comunicación entre el gobierno y la minúscula, pero poderosa élite que controla la economía en Honduras, puesto que su falta de relacionamiento puede llevar al caos del año 2009, que terminó desembocando en un golpe de Estado que evolucionó en una narco-dictadura.

Las relaciones diplomáticas internas en el propio país podrían convertirse en la píldora que alivie el dolor de una población que hace malabares con su economía.

Según un artículo publicado en el sitio web Datosmacro.com; “Honduras: Economía y demografía 2022” describe que la nación centroamericana es la economía número 105 por volumen de producto interno bruto PIB.

Según la investigación económica de este sitio web la deuda pública en Honduras para este 2021 fue de 12.091 millones de euros (290,184 millones de lempiras) con una deuda del 50,23 por ciento del PIB. Por lo que su deuda per cápita es de 1,195 euros por habitante (28,660 lempiras).

En cuanto al índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los hondureños tienen una mala calidad de vida.

Sumado a esto y según este informe, la percepción de corrupción de los hondureños en su país es muy alta.

Esta percepción es una herencia de las dinámicas de gobierno y democracia burguesa militarista, que el país ha soportado en los últimos 40 años de haberse firmado la última constitución en una asamblea legislativa, cuyo mandato del Estado paso de la casta militar a una casta civil política, que aun no se desliga del militarismo y de la agenda personal de los dueños del gran capital financiero hondureño.

Este último elemento que relaciona al capital financiero hondureño ha sido una parte álgida en la disputa del poder, en quien controla o elimina los ilegales oligopolios financieros, que han deformado los pilares que dan forma a una nación republicana independiente.

Independencia que es decidida por la agenda de Washington sobre el triángulo norte y que Honduras sigue siendo de gran interés para la nación del norte, que vigila con la lupa del golpismo, al espejismo de Estado que ha quedado después de 12 años de narco-dictadura, “Made in USA”.

Por tal motivo es de suma importancia diseñar una sólida relación entre la élite hondureña y el gobierno actual para que los fondos privados y públicos, puedan llevar un cause regular en la distribución de la riqueza de las arcas del Estado, puesto que el pueblo hondureño necesita con urgencia elevar su calidad de vida, o por lo menos tenerla.

La unidad desde los altos pilares del poder podría generar más confianza en las políticas exteriores de Washington, puesto que este es un pilar más del poder en la toma de decisiones en Honduras, aunque muchos disiden con esta dinámica de poder que mal llama a Honduras “socio” de los Estados Unidos América.

Estas perspectivas de las esferas de poder en Honduras deben de ir acompañas por las cosmovisiones de los campesinos, indígenas, garífunas, afro hondureños y demás comunidades que conforman la pluriculturalidad de la riqueza de este país centroamericano.

De no ser así, esta unidad solo sería tripartita y es necesario escuchar a las comunidades nativas y su sabiduría ancestral, puesto que sin este gran elemento el Estado de Honduras seguirá segregando a esta importante parte de la población.

Las buenas relaciones de poder entre las elites financieras de Honduras, el gobierno de la presidente Xiomara Castro y Washington, es una dinámica de poder que debe iniciarse para seguir diseñando el instrumento de paz que ha sido el gran ausente en Honduras. Junto con ello, unificar a la enorme pluriculturalidad que habita en Honduras ancestralmente.

Esta gran unidad es un camino que podría iniciar alumbrando la oscura historia de Honduras, por lo menos en los últimos 12 años después del golpe de Estado, cuyas violaciones a derechos humanos, asesinatos y la extrema violencia del crimen organizado, se pondrían como temas de urgencia en esta hipotética coalición de poderes en pro de la paz.

Las familias hondureñas y las nuevas generaciones necesitan la unidad popular de todos los sectores mencionados en este artículo, puesto que las divisiones partidistas o de intereses millonarios personales, solo atenuarán el espejismo de país que dejo como herencia la narco-dictadura.

* Ronnie Huete-Salgado es licenciado en periodismo con Maestría en Cooperación al Desarrollo y elaboración de proyectos y posee estudios de sociología. Estuvo exiliado durante cinco años en los Estados Unidos de América y ha vivido en Europa y Sudamérica. 

Sistemas Nacionales de Planificación (SNP), deuda pendiente con el desarrollo

Rebelion.org



“La planificación, principal instrumento de cambio revolucionario, debe tener olor a pueblo, no a madera de escritorio”

(Che Guevara)

“Necesitamos instituciones robustas con efectivos liderazgos gubernamentales para que, con la participación de todos los actores, conduzcan los procesos de cambio estructural requeridos para un desarrollo con igualdad y sostenibilidad” (Alicia Bárcenas)

En la XVIII reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano  de Planificación Económica y Social (ILPES) celebrada en Panamá, ente el 19 y 21 de octubre de 2021, se decidió robustecer los sistemas de planificación de los países para enfrentar la postpandemia Covid-19 con una visión de largo plazo [1]. En dicha reunión la directora del ILPES, Cielo Morales, destacó la importancia de transformar la institucionalidad del Estado, en tanto existe una dinámica de cambio que lo exige.

“Si el estilo de desarrollo debe cambiar para ser sostenible, participativo, inclusivo, colocando la igualdad en el centro; si las políticas públicas deben cambiar para que sean integrales, multiescalares, intersectoriales y que contemplen los pilares económico, social y ambiental; si la forma de hacer política pública debe cambiar, para que sean formuladas con una amplia participación ciudadana, con transparencia, con inclusión, transversalizando los enfoques de género, la mirada territorial y la gestión de riesgo, entonces las instituciones desde donde se diseñan, formulan, implementan, monitorean y evalúan planes y políticas también tienen que cambiar” [2]

Y es que la planificación del desarrollo ha estado presente en el diseño, ejecución y evaluación de estrategias, planes y programas de los gobiernos desde que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue creada el 25 de febrero de 1948 y catorce (14) años después, el 6 de junio de 1962, el ILPES. Era claro como el “agua” y lo sigue siendo con la postpandemia Covid-19 y crisis económica, social, cultural y ambiental que se enfrenta, que la Comisión necesita un brazo técnico de apoyo para visualizar soluciones más allá del corto plazo, demandando los gobiernos asistencia en el diseño, seguimiento y evaluación de planes de desarrollo, políticas, programas y proyectos de inversión, como también la capacitación de sus cuadros técnicos ligados a las Secretarías o Instituciones de Planificación y Finanzas.

No obstante, como lo señaló más de una vez el exministro de Planificación de Salvador Allende en Chile, Pedro Vuskovic Bravo, si el modelo de desarrollo no es alternativo a lo que tenemos en Latinoamérica, el instrumento de la planificación tiene muy poco que aportar al desarrollo, ya que los actores que lideran el proceso son los mismos. Refiere a grupos oligárquicos, banqueros, empresas transnacionales, militares, iglesias, dirigentes políticos y Gobierno gringo.

El modelo de desarrollo promovido por la CEPAL era de integración regional y desarrollo de la industria sobre la base de políticas de sustitución de importaciones, para que los países fueran menos dependientes de bienes, servicios y capital externo.  Había no solo que apoyar al sector primario (materias primas) y políticas redistributivas, sino también fortalecer y ampliar el rol del Estado en la economía, creando empresas públicas e incentivos para la inversión en el sector intermedio o industrial; complementado con aranceles altos y facilidades para la importación de bienes de capital.

“Por lo tanto, la renovación de la planificación debe empezar con el desarrollo de un nuevo paradigma a partir de los aportes del neoestructuralismo, el postkeynesianismo y los enfoques de economía política referentes al papel de los agentes económicos y del Estado. Si bien esta tarea privilegia las tareas del economista, debe tender a ampliar su alcance en conjunto con el trabajo de otros especialistas” [3]. En realidad, debería empezar por un análisis de la estructura económica y social, y de las clases sociales que lastimosamente se ha perdido frente al pragmatismo de las políticas de ajuste neoliberales.

Hubo varias debilidades o problemas enfrentados. La primera es la vigencia del llamado modelo de desarrollo “aditivo”, donde el capital ligado a empresas transnacionales que se beneficiaron de la política de apertura externa se fortaleció al aprovechar las ventajas e incentivos otorgados por el Estado a las nuevas empresas o industrias a instalarse. Estas empresas se sumaron a las existentes donde los mayores beneficiados fueron inversionistas extranjeros en alianza con socios locales; una especie de cuasi burguesía industrial en alianza con terratenientes y militares. La estrategia y las políticas ejecutadas no modificaron la estructura tradicional primario exportadora de las economías, sino que las nuevas empresas se sumaron a las empresas protegidas y al patrón de acumulación sustentado en bienes primarios de exportación, o sea “postres”, madera y minerales.

Lo segundo es la débil capacidad de las economías (no de todas) por generar el suficiente ahorro interno capaz de financiar el desarrollo del sector industrial y sostenibilidad en la entrega de servicios a la población, con lo cual se generalizó la contratación de deuda externa como política de Estado, hasta que se hizo insostenible a inicios de la década de los años 70s. Se agrega el problema que enfrentaron los gobiernos por controlar o reducir la inflación acompañado de mayores tasas de desempleo y pobreza.

En la mayoría de los países, la mal llamada clase industrial no dio la talla, ya que se convirtió en una clase parasitaria del Estado y del capital extranjero, en tanto no pudieron sustentar un modelo de desarrollo hacia dentro (ampliación del mercado interno y regional) cuyo principal actor era por decreto los mismos empresarios ligados a la industria “naciente” en colaboración con los gobiernos, muchos de ellos de corte populista. Fueron muy pocos los países donde se avanzó de la etapa fácil de industrialización (sustitución de bienes de consumo) a la sustitución de insumos y de bienes de capital. En Centroamérica, por ejemplo, y después de la iniciativa “trunca” del Mercado Común Centroamericano (MCC), el liderazgo lo llevó y sigue llevando Guatemala y Costa Rica.

Curiosamente, el Consejo Regional de Planificación del ILPES, como órgano de consulta y evaluación de resultados de sus actividades, fue creado después del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, y el cambio del modelo de desarrollo del Gobierno por estrategias, políticas, programas e ideología neoliberal, el cual se resiste a morir y se impone por la fuerza como es el caso de Perú con el golpe de Estado a Pedro Castillo, un presidente legítimo, electo democráticamente por el voto mayoritario del pueblo.

Tanto la CEPAL como el ILPES se han tenido que acomodar a este cambio de modelo, y eventual fracaso o debilitamiento de las políticas denominas desarrollistas o estructuralistas, ya que, aunque buscaban atacar causas de “fondo” de los problemas del desarrollo, algunas de ellas todavía, como la heterogeneidad estructural, siguen vigentes.

En las últimas décadas ha sido evidente la preocupación de la CEPAL por la transformación productiva de las economías de los países y necesidad de una inserción selectiva en el comercio mundial, más allá de la ideología neoliberal globalizante que asume que los beneficios del comercio libre son mayores, incluso para países con economías todavía con alta participación de bienes primarios en la oferta exportable, y con rezagos y brechas sociales como la pobreza, marginalidad, exclusión, inseguridad alimentaria, desempleo/subempleo estructural y deterioro ambiental.

La falta de equidad es la principal manifestación del fracaso de estas políticas neoliberales, donde cada vez se observa un aumento de la concentración del ingreso y desigualdad económica y social.

El fortaleciendo de los sistemas de planificación regional post-Covid-19 debe ir acompañado de nuevas políticas económicas que superen el tradicional enfoque de las políticas de ajuste y cambio estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, y prácticas corruptas y poco transparentes de los gobiernos en el manejo de los recursos del Estado. Implica mayor grado de compromiso entre los gobiernos hacia la vigencia de modelos de desarrollo alternativos, uno de ellos el Socialismo Democrático, que introduzca una nueva lectura de la crisis y de los problemas más apremiantes de la población, identificándose opciones de políticas públicas multisectoriales y de cooperación y consenso.

El ILPES ha venido fortaleciendo su institucionalidad y relación de cooperación y trabajo con los gobiernos y ministerios de planificación y finanzas. Existe un Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde se encuentran estrategias y planes de desarrollo de mediano y largo plazo diseñados, ejecutados y en ejecución por los gobiernos, muchos de ellos contando con el apoyo técnico de consultores de CEPAL-ILPES. El problema es que no hay registro de todos, y también que algunos gobiernos no cuentan con este instrumento de desarrollo. Asimismo, su grado de ejecución en bajo, funcionando como plan “Libro” sin aplicabilidad práctica e involucramiento de actores económicos y sociales.

También está vigente la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) adscrita a Ministerios de Planificación o Secretarias de Finanzas, que permite conocer la programación y ejecución del gasto de inversión en programas y proyectos, bajo la modalidad de la programación multianual de inversiones, acompañado de guías metodológicas para formular, analizar, aprobar y certificar proyectos de inversión generados por las demás instituciones de Gobierno e incluso gobiernos locales.

Ha habido varias críticas a los SNIP. La primera es que existe una fuerte influencia de organismos de cooperación externa, especialmente de fuentes multilaterales de crédito, que inciden en el diseño y aprobación de programas y proyectos sin que se involucre a instituciones públicas, organizaciones productivas y sociales y a los propios beneficiados en el proceso de planificación. La segunda es la rigidez burocrática de los sistemas que no permite avanzar más rápido en la incorporación de las iniciativas de programas y proyectos que concretizan las aspiraciones de la población y que se manifiestan en propuestas de campaña política de los líderes de partidos de oposición al Gobierno vigente, una vez que se obtiene el triunfo electoral.  Se opta por incorporar como válidos programas y proyectos de arrastre, muchos de ellos financiados por Organismos Financieros, sin evaluación previa y compromiso que los recursos pueden reasignarse a nuevos programas y proyectos de beneficio para la población.

Otras fuentes de fortalecimiento del ILPES y de la planificación se considera la Alianza para los Gobiernos Abiertos, donde las reformas institucionales y las políticas de descentralización del Estado no avanzan como se espera para potenciar la participación ciudadana en la gestión pública y del desarrollo; la Red de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe ILPES/AECID, conformada por egresados de los cursos de capacitación brindados, y el alineamiento de las acciones de los gobiernos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su Agenda 2030, donde todavía algunos gobiernos muestran poco interés y otros avanzan lento.

No obstante, hay ausencia de actores políticos en el proceso planificación, lo que demanda un fortalecimiento de la gestión estratégica de los gobiernos, tal como señalo un destacado economista costarricense neoricardiano. “En otras palabras, se trata de coordinar con un sentido estratégico, se trata de coordinar para avanzar en determinada dirección, para promover determinados resultados de la acción pública en su conjunto, y no sólo de cada una de sus parcelas sectoriales o institucionales. Y el proceso mediante el cual se alcanza o se define ese sentido estratégico, esa dirección en que la sociedad pretende marchar, es un proceso eminentemente político.” [4]

Para el próximo año el ILPES celebrará en ciudad Panamá, entre el 17 y 18 de enero, la XVII conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe, con una agenda que incluye: a) La Prospectiva como Herramienta para Construir Políticas Públicas; b) Estado Abierto y la Participación Ciudadana; c) Transversalidad del Género; d) Agenda 2030; e) Nuevo Servicio Publico Territorial. En estos temas se muestran avances y retrocesos por los gobiernos, explicado en parte por las condicionalidades que impone la crisis económica y financiera y el sobreendeudamiento de las economías que limitan la capacidad del Estado para apoyar los programas y proyectos de desarrollo social; la orientación política-ideológica de los gobiernos; magnitud de los problemas sociales antes y post-Covid19; la débil institucionalidad pública y la falta de agendas de trabajo conjunto entre actores  para el alineamiento y armonización de la cooperación internacional a las prioridades del desarrollo.

En la coyuntura actual de crisis financiera, creciente desempleo y rezagos sociales, es de esperar que este encuentro sea utilizado por los gobiernos para fortalecer los instrumentos de planificación de mediano y largo plazo, sus instituciones y los sistemas nacionales de planificación con una amplia participación de actores económicos y sociales, pero también de la cooperación externa, especialmente de países y gobiernos amigos. 

Es una oportunidad que no se debe desaprovechar, ya que, contrario al pasado, donde la agenda a seguir por los gobiernos era la firma de un convenio con el FMI, suscrición de préstamos con los organismos de crédito y canalización de ayuda para paliar la inseguridad alimentaria, el hambre y pobreza con estrategias en “desuso” como las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y bonos, existen gobiernos de corte progresista con estrategias y planes de desarrollo de mediano y largo plazo que aspiran a más. El poder identificar debilidades en forma conjunta y áreas de cooperación técnica es una tarea no despreciable para el ILPES, más allá de iniciativas en marcha como la Agenda ODS 2030. Se necesita incluso por CEPAL-ILPES pensar en enfoques más heterodoxos en economía y soluciones más efectivas a problemas estructurales como la falta de equidad, cuyas políticas y acciones se visualizan en los planes de desarrollo.

Hay países como Cuba [5], Venezuela, México, Colombia, Bolivia, Honduras y Nicaragua que apuestan a la planificación como instrumento de desarrollo, por lo que será de utilidad el intercambio de experiencias. En el caso particular de Honduras hay evidencia que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está comprometido con la planificación en el marco de un modelo socialista democrático. La creación de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), con Ricardo Salgado a la cabeza, y el funcionamiento del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social y las Mesas de Participación Ciudadana (MPC) en 2023, así lo demuestran. Incluso, está en marcha la iniciativa ciudadana de largo plazo por conformar el Plan Nacional para la Refundación de Honduras (PNRH 2022-2050), en contraposición a la Visión de País (2010-2038)  y Plan de Nación ( 2010-2022) que utilizaron los gobiernos postgolpe de Estado como estrategia para conseguir recursos de la cooperación internacional y “robar”.

La presidenta Xiomara Castro, ha dicho que 2023 será el año de la unidad nacional y de la refundación, lo que es muy bueno para la planificación del desarrollo y para el ILPES y su apoyo técnico a Honduras y región.

Notas:

[1] Ya antes, Gonzalo Martner hablaba de que “una onda de “pragmatismo” y “cortoplacismo” ha invadido la región y los estudios prospectivos han sido relegados a segundo plano.  La preocupación por el mediano y largo plazo aparece como un lujo prescindible para muchos de los escépticos que han dejado como secuela este decenio perdido”. Ver del autor, “Los Estilos de Desarrollo en la Agenda de Discusiones”. En Repensar el Futuro, Estilos de Desarrollo, Enzo Faleto y Gonzalo Martner (coordinadores). Santiago de Chile, UNITAR/PROFAR, pág.  15, 1986.

[2] Ver comunicado de Prensa, CEPAL-ILPES, 21 de octubre de 2021, Santiago de Chile, 2021.

[3] Ver a Eduardo García d” Acuña “Nuevas Orientaciones para la Planificación: Un Balance Interpretativo. Revista de la CEPAL N. 31, abril de 1987, pág. 26, Santiago de Chile.

[4] Ver a Leonardo Garnier “Función de Coordinación de Planes y Políticas”. ILPES, Santiago de Chile, mayo de 2000, pág. 67.

[5] Cuba, principal país con experiencias ganadas en planificación de mediano y largo plazo, ha introducido el concepto de megaprogramas por eje estratégico y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y agenda 2030, que países como Honduras están utilizando en el enfoque del plan refundacional de largo plazo, que sirve de instrumento para racionalizar el proceso de planificación y la asignación de recursos por sector, subsector e institución, eliminando duplicidad de competencias, funciones y el derroche de recursos.


Más de 25 mil lempiras diarios le cuesta al Estado atender a una persona con quemaduras por pólvora

Radioprogresohn.net

Honduras gasta cada día unos 25 mil lempiras por cada niño o persona adulta que resulta afectado por el mal uso de la pólvora, dijo en Radio Progreso el Cirujano Plástico de la Fundación del Niño Quemado, FUNDANIQUEM, Carlos Flores.

Las autoridades del hospital Mario Catarino Rivas reportaron el ingreso de al menos cuatro personas afectadas por quemaduras de pólvora. Asimismo, autoridades del Hospital Escuela en la capital, informaron que tres pacientes ingresaron heridos por manipular pólvora en nochebuena que también como saldo la muerte de un menor de 9 años en San Pedro Sula.

El Cirujano Plástico de la Fundación del Niño Quemado, FUNDANIQUEM, Carlos Flores, expresó que los niños entre 7 y 10 años son los que están resultando afectados.

Familias Facussé, Morales y Canales siguen generando conflictividad agraria en el Aguán

Radioprogresohn.net

Estancado está el acuerdo que el campesinado, empresarios y Gobierno firmaron el pasado 22 de abril, para buscar una salida pacífica a la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que deja la crisis agraria en el departamento de Colón.

Para las organizaciones sociales del Aguán, desde la administración actual no se quiere avanzar en el acuerdo de investigar los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la injusta distribución de la tierra, porque han sido los empresarios en colusión con los militares y policías los responsables de tales hechos.

La Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, Esly Banegas, pidió a la Presidenta Xiomara Castro restablecer el acuerdo firmado para acabar con la situación de miedo en la que viven las familias campesinas.

Banegas denunció que la situación de amenazas y violencia es conducida por las familias Facusse, Morales y Canales, quienes son las que demandan la seguridad jurídica, pero irrespetan acuerdos y se creen dueños de toda la región.

Radio Progreso

Radioprogresohn.net

Por  Ramón Romero


En 1968, refiere el Padre Guadalupe Carney (To be a Revolutionary, P. 240), la Compañía de Jesús compró la Radio Progreso y su frecuencia, con sede en el municipio del mismo nombre. Esta adquisición sucedió en el contexto de la Primera Conferencia del Episcopado Latinoamericano, celebrada el mismo año en Medellín, Colombia, en donde la Iglesia Católica decidió hacer causa común con los pobres de Nuestra América para construir una sociedad de paz, fundada en la justicia.

Los Jesuitas hicieron de la emisora, a partir de entonces, un medio para desarrollar la conciencia social de los campesinos, obreros bananeros, jóvenes y otros sectores populares, y defender sus derechos. Por los canales de esta radioemisora se han transmitido programas de alfabetización, cultura, educación, salud y ambiente. También ha sido permanente la transmisión de informaciones económicas, políticas y sociales apegadas a la verdad, contextualizadas y libres de prejuicios ideológicos. Igual tónica tienen sus programas de análisis y su línea editorial. Es además admirable su esfuerzo permanente para comunicarse con todos los sectores sociales, en especial con las clases populares, apelando a genuinos lenguajes populares, que no tienen nada que ver con la grosería, el irrespeto, la vulgaridad y la ofensa que otros medios usan para pretender “hablar como el pueblo”. Con ello Radio Progreso ha marcado una diferencia profunda con las grandes cadenas de radio, televisión y prensa, ocupadas en mantener una opinión deformada sobre la realidad, favorable y dócil a las ideologías y poderes que justifican la explotación, opresión y corrupción.

Su actitud inclaudicable ha implicado para Radio Progreso, sus directores, periodistas y todo su personal, enfrentar múltiples riesgos. Sin embargo, el cierre de la emisora, los boicots técnicos y energéticos, las amenazas a la vida y la seguridad de su personal, las campañas diversas en su contra han sido la fragua en donde se ha forjado y templado su opción en favor de los pobres y de la verdad. Han sido múltiples y de larga data las pruebas enfrentadas por Radio Progreso. La represión que siguió a la marcha campesina de 1975, ahogada en sangre en el departamento de Olancho; las persecuciones durante todos los años del imperio de la doctrina de la seguridad nacional, en las décadas de 1980 y parte de los 1990; las acciones represivas a partir de la masacre de El Astillero y los conflictos permanentes en el Bajo Aguán, y en época más reciente, el golpe de Estado del 2009 y la acción represiva post golpe, que se extendió a lo largo de años, han sido enfrentados por “la voz que está con vos” con valentía y dignidad. Cuando otros fueron silenciados, la voz de Radio Progreso se ha elevado como bandera insignia de la acción en defensa de los derechos ciudadanos.

El 17 de diciembre de 2022 esta radioemisora celebró sus 66 años, curtida en las luchas al lado de nuestro pueblo. Es una celebración de la dignidad, la valentía y el compromiso con la sociedad hondureña, que muchos apoyamos.


Los años por venir seguirán siendo duros. Honduras, Centroamérica, América Latina y el mundo entero han recibido el anuncio de una recesión económica que nos afectará a todos, a partir del 2023. La pandemia de Covid está de nuevo en aumento. En nuestra tierra vivimos la intolerancia de distintos sectores políticos y económicos, que se sienten amenazados con la posibilidad de que tengamos una nueva Corte Suprema de Justicia independiente y apegada a la justicia y el derecho, un nuevo Fiscal General que represente con legitimidad los intereses esenciales de la sociedad hondureña, una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción que actúe con eficacia y la reforma de leyes penales y procesales para enfrentar la corrupción y la impunidad. Suenan cada vez más fuertes los tambores de guerra contra la concreción de estas demandas ciudadanas. Es previsible un año en que aumente el conflicto, el desempleo y la migración. En medio de este duro panorama, es valioso que nuestra ciudadanía cuente con voces fuertes para la denuncia y la defensa. Estos son los retos nuevos, aunque no muy distintos a muchos otros del pasado, que enfrenta Radio Progreso junto al pueblo hondureño.


Hasta el 3 de enero se aprobará el Presupuesto General 2023

Radioprogresohn.net

Tras no llegar a acuerdos entre las bancadas en el Congreso Nacional, se determinó que será en la primera sesión del otro año, el 03 de enero, que será discutido y aprobado el Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2023 anunció en Radio Progreso el Presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Zelaya Rosales.

Zelaya Rosales aseguró que la aprobación del Presupuesto General 2023 no ha sido condicionada con el subsidio de 100 mil lempiras, prueba de ello son los 15 votos que hacen falta para completar la mayoría simple.

El propio Presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, desmintió también al diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, quien declaró en medios que el poder legislativo está ofreciendo un «Bono Navideño» a congresistas.


Aprobada Ley de Desplazamiento

Radioprogresohn.net

Por unanimidad de votos y en tercer debate, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Prevención, Atención y Protección a las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia.

“Ahora lo que nos queda es empezar a organizarnos y empezar a apoyar a las instituciones del Estado para que empiece a ser operativa esta ley y darle la respuesta lo más pronto posible a nuestra población que está sufriendo este flagelo”, dijo en Radio Progreso la diputada proyectista, Ligia Ramos.

Ramos explicó que en el término de seis meses se tendrá que formular el reglamento para el funcionamiento del mecanismo de prevención, atención y protección a las personas desplazadas internamente, además, de identificar un fondo de 150 millones de lempiras.

viernes, 23 de diciembre de 2022

Defensores de Olancho lanzan programa radial para prevenir violaciones a los derechos humanos

Defensoresenlinea.com

Para educar a la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos fundamentales y cuándo estos son vulnerados, la Red de Defensoras y Defensores del departamento de Olancho cuenta con dos espacios radiales.

La iniciativa de crear estos espacios surge luego de haber recibido una capacitación sobre vocería, que les impartiera el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en honduras (Cofadeh), con el fin de que se empoderen de la defensa de los derechos humanos y puedan potencializar sus habilidades frente a los medios de comunicación.

El programa “Voceras defensoras de derechos humanos” se difunde por radio Babilonia con sus estudios en el municipio de Gualaco y radio San Esteban en el municipio del mismo nombre.

María Teresa Torres
María Teresa Torres

En radio Babilonia se transmite los días miércoles a las 11:30 de la mañana, pero en esta temporada navideña el espacio se pasó para las 9:30 de la mañana, con una duración de media hora, y en radio San Esteban se transmite cada quince días los días sábado a las 12:00 del mediodía.

Las defensoras Sandra Maradiaga y María Teresa Torres son las encargadas de dirigir estos espacios.

“Nosotros lo propusimos como una propuesta de que toda empresa debería ser su proyección social, y se los planteamos así. La aceptaron y nos dieron el espacio. Estamos desde finales de octubre”, comienza contándonos Sandra.

A renglón seguido añade que “ha sido algo fascinante porque era algo nuevo en la radio y nos ha permitido crecer en relaciones con ellos (propietarios de la radio), hay una bonita comunicación; ellos están encantados con el programa”.

A través de este espacio las defensoras de la Red de Olancho tendrán la tarea de prevenir, actuar y asistir de manera oportuna y comprensiva a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

También explican que todas las personas tienen derechos y que éstos deben ser protegidos, respetados y garantizados por el Estado. Estos derechos van desde los más básicos, como es la defensa de la vida de las personas, hasta los derechos sociales y culturales.

También informan que todos y todas somos sujetos de derechos, independientemente de lugar de origen, religión, edad, opción política, orientación sexual, etcétera. Y que es necesario defender y proteger los derechos humanos, y que una de las funciones del Estado es educar y generar una cultura de respeto de los derechos de las personas.

Sandra Maradiaga
Sandra Maradiaga

“Hemos iniciado por el principio. El primer tema que dimos fue qué son los derechos humanos, platicamos que era algo intrínseco al ser humano, que lo poseemos todos en diferente condición que tengan, pues esos derechos nacen con nosotros. Luego vimos que estos derechos humanos son comunes a todos, que todos los tenemos, que también hay órganos que los deben de proteger y defender”, explicó Sandra.

Por su parte María Teresa Torres nos cuenta que al ver la necesidad que hay en sus municipios, donde el tema de Derechos Humanos muy poco se escucha, muy poco se conoce, “tomamos a bien visitar la radio y al tener esa apertura, esa aceptación, entonces hemos estado avanzando, hemos tocado varios temas, los temas han sido aceptados”.

Añadió que “algunas personas se nos han acercado, nos han preguntado acerca del tema, están interesados, vemos la necesidad que hay en cuanto a derechos humanos, a cada una de las personas de instruirnos, tanto nosotros como ellos, porque hemos estado prácticamente aquí alejados, nuestros derechos han sido violentados una y otra vez, entonces no hemos sido formados. Entonces, nosotros que Cofadeh nos ha ido formando, estamos haciendo ese efecto muy multiplicador y lo hacemos a través de estas dos radios, una en San Esteban que es radio San Esteban y en Gualaco que es radio Babilonia;  ha sido un éxito”.

María Teresa dijo sentirse feliz, “contenta porque vamos avanzando y la idea es darnos a conocer que somos una red de defensores y defensoras en el departamento de Olancho y que también hay defensores en los municipios de San Esteban, de Guata, Gualaco y así vamos avanzando”.

Manifestó que el espacio “ha sido muy aceptado, porque incluso he recibido algunas llamadas de algunas personas y algunas personas hasta denuncias han hecho. Entonces estamos viendo de que es aceptable, tanto lo que nosotros compartimos como la experiencia de ellos de poder tomar la decisión de hacer denuncia.

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En cuanto a la relación con los propietarios de las radios que les ha dado la apertura, indicó que “excelente, felices, porque es algo que les está también subiendo el rating a ellos como radio, porque son temas que nadie más los había tocado, que quizás se habían tocado en algunos tiempos, pero no en la forma de que nosotros lo estamos haciendo ahora, sino que antes lo hacían si surgía un problema y llegaba derechos humanos, pero ahora no, es diferente, nosotros estamos como en ese proceso de formarnos nosotros y formar a la población”.

“Ahorita nosotros hemos estado en la parte formativa, pero sí vemos la necesidad de poder compartir otras experiencias con otros compañeros, pero bueno, hasta ahorita no lo hemos hecho porque mover un compañero de una red a otra red implica más gastos, y por esa parte no lo hemos hecho”.

Contó que la movilización es una de las dificultades que tienen y el tiempo, porque no pueden abandonar sus labores, por lo que se rotan con su compañera para poder cubrir el espacio, que ha sido de muy buena aceptación.

“Sentimos que estamos no solo empoderándonos, sino que estamos dando más, porque al principio no es lo mismo solo aprender como ya poder compartir lo que uno aprende, porque cuando ya uno comparte lo que aprende, entonces uno siente como que se está empoderando más de las situaciones, de los temas, de los problemas que se viven en las comunidades”.

En los procesos de formación, el Cofadeh ha incluido en las capacitaciones la vocería con el objetivo de que las defensoras y defensores de los derechos humanos se empoderen en los espacios públicos en la difusión de información y fortalecer su capacidad de liderazgo para su posicionamiento a nivel local y nacional, así como incidir en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos desde una perspectiva de género.


40 años a la espera de saber qué pasó con José Frech Gutiérrez detenido desaparecido

Defensoresenlinea.com

Por Riccy Ponce 

Desde hace 40 años la familia José Frech Gutiérrez, hondureño de 30 años, comerciante, desapareció el 20 de diciembre de 1982 en compañía de su ayudante Alfredo Duarte, de nacionalidad guatemalteca, cuando de San Pedro Sula se dirigía a Baracoa, departamento de Cortés, a bordo del autobús interurbano número 52 de la empresa Impala. Fue detenido durante una inspección militar a la unidad y desde esa fecha su familia no volvió a saber nada.

Los hechos se dieron a la altura de la colonia López Arellano, el autobús fue sujeto de un registro militar, Frech Gutiérrez fue detenido bajo el argumento que andaba indocumentado. Al momento de su detención Frech portaba la cantidad de 14,000 lempiras, ($7.000 dólares) para la compra de ganado.

El director regional del norte de la Dirección Nacional de Investigación, Capitán Luis Alonzo Moran Morel, negó en forma reiterada su detención, pero en privado le sugirió a la hermana de José Frech, Nelly Frech, exigir una comisión Investigadora.

La familia logró una entrevista con el director de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, coronel Juan Evangelista López Grijalva y el Mayor Barahona, a este oficial, Nelly Frech le dejó la documentación que probaba, que su hermano se encontraba detenido en la DNI, incluyendo la información de un testigo que lo había visto en esas celdas y la información que obtuvieron en forma confidencial que demostraba que en la primera semana de enero Alfredo Duarte, el chapín, se encontraba detenido en esa delegación policial.

Grijalva viajó en compañía de dos coroneles más a San Pedro Sula para entrevistarse con los parientes de Frech, dejando a cargo al Mayor Oscar Fuentes Delgado de la investigación, la comisión dejó sin valor los testimonios recibidos.

En junio de 1983, se formó una nueva Comisión dirigida por el coronel Marco Antonio Rosales Abella. Rosales Abella le informó a la familia que su hermano había sido asesinado por su ayudante, que después del hecho huyó a Guatemala.

El 07 de enero de 1983, Nacir Frech -Hermano de José Frech- interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los detenidos, que fue denegado por la Corte de Apelaciones. La familia se entrevistó también con la Comisión de Garantías Constitucionales y de la Seguridad del Estado del Congreso Nacional. Ninguna de las gestiones de la familia obtuvo resultado favorable.

La Familia Frech, logró indagar entre los meses de enero y febrero de 1983, que las Fuerzas de seguridad del Estado acusaban a José Frechs de ser el autor de la explosión de una bomba el 21 de diciembre de 1982, en las instalaciones de Diario la Prensa, acusación absurda porque él había sido detenido el 20 de diciembre antes de que ocurriera la explosión.

José Frech continúa desaparecido, así como los 184 desaparecidos que registra el COFADEH durante la época de los años ochenta durante la instalación de la doctrina de seguridad nacional.

Cuarenta años después la verdad sigue oculta, los perpetradores de esos crímenes de lesa humanidad siguen guardando silencio y caminando en la calle como si no le debieran nada al país, mientras las familias de los y las detenidas desaparecidas esperan por verdad y por justicia.


La CICIH va a perseguir a los socios de Juan Orlando Hernández

Defensoresenlinea.com

Por Marc Allas 
La presidenta Xiomara Castro firmó el memorándum de entendimiento para la llegada de la CICIH a Honduras junto al Secretario General de la ONU-Antonio Guterres

El ministro de Transparencia y Anticorrupción y ex Fiscal General de la República, Edmundo Orellana manifestó que con la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) deben temer aquellos que hicieron negocio con Juan Orlando Hernández, que guarda prisión en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico.

“La CICIH va a incorporar dentro de sus actividades el lavado de activos, y el lavado de activos puede proceder del narcotráfico y de corrupción, así es que no hay duda de que la CICIH va a perseguir a los socios de Juan Orlando Hernández”, sentenció el ministro de Transparencia y Anticorrupción del gobierno de Xiomara Castro.

Edmundo Orellana -ministro de Transparencia y Anticorrupción
Edmundo Orellana -ministro de Transparencia y Anticorrupción

El ministro de Transparencia y Anticorrupción, brindó éstas y otras declaraciones durante su participación en el programa radial “Voces contra el Olvido” que se transmite todos los sábados de 7:00 a 8:00 de la noche por la cadena radio Globo.

El pasado 15 de diciembre la presidenta Xiomara Castro firmó en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el memorándum de entendimiento para establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). El documento fue refrendado por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

Al respecto, Edmundo Orellana dijo que el mecanismo internacional anticorrupción se plantea como una opción que es paralela a lo que plantea la institucionalidad hondureña en relación con el Ministerio Público (MP).

“Así como lo establece el memorándum de entendimiento ya firmado por la señora presidenta de la República (Xiomara Castro) el mecanismo será independiente en las investigaciones, tendrá plena autoridad para ejercer sus funciones, pero sobre todo hay un tema que queremos destacar”.

El memorándum habla de que el mecanismo ejercerá el ejercicio de la acción penal pública de oficio. Eso significa que tendrá que plantearse una reforma constitucional en su momento, para que el mecanismo pueda ejercer esa función, explicó Orellana.

La CICIH decidirá los casos a investigar individualmente y no habrá intervención del gobierno en eso, pero es evidente que hay tantos casos y que todos los casos de corrupción que conocimos, está involucrado siempre, alguien del sector privado, aseguró.

La CICIH investigará a los socios de Juan Orlando Hernández
La CICIH investigará a los socios de Juan Orlando Hernández

El funcionario citó como ejemplos que en los casos de compras de medicamentos, obras públicas, proyectos de carreteras, suministros de insumos o de cualquier naturaleza, de existir irregularidades, hay responsabilidades tanto de funcionarios como de contratistas que suscribieron los contratos.

“La CICIH,  lo que va a abordar es la investigación de esas relaciones contractuales con los particulares que constituyen redes de corrupción de alto impacto”, sostuvo.

El funcionario resaltó que aquellos que están involucrados en actos de corrupción de alto impacto en el país, son los más interesados en que no se instale la CICIH en Honduras.

“La población ha visto cómo ha venido una campaña sistemática descalificando el proceso al expresar que el memorándum no se iba a firmar, que era mentiras, que había dificultades insuperables, que las Naciones Unidas ponía condiciones por ejemplo que se derogara el decreto de Amnistía, etc”.

Imagínese cuántos actos de corrupción se han ejecutado durante todo este tiempo atrás que ellos tuvieron que emitir leyes para protegerse como el decreto 116, “que protege aquellos delincuentes que se robaron el dinero del Fondo Social Departamental que era para sus propios electores, aquellos que les habían dado el triunfo y que los habían llevado al Congreso Nacional, y se robaron el dinero, detalló Edmundo Orellana.

El ministro de Transparencia y Anticorrupción, citó que fueron estos diputados los que emitieron leyes para que el Ministerio Público no los investigara, para que no se presentaran requerimientos fiscales en su contra y le prohibieron al poder judicial que los investigara.

“Eso es una demostración clara de que ellos tratan de protegerse y por supuesto van a intentar cualquier cosa para evitar que la CICIH venga, sin embargo, no lo van a lograr, porque la voluntad de la presidenta de la República está más que expresada en el hecho de que fue ella la que solicitó a Naciones Unidas la venida de la CICIH”, sostuvo.

El ministro Orellana se conectó vía plataforma zoom con el programa Voces contra el Olvido
El ministro Orellana se conectó vía plataforma zoom con el programa Voces contra el Olvido

Edmundo Orellana señaló que eso revela que tenemos una mandataria comprometida con sus promesas y con el deseo de cumplir al pueblo hondureño ese preciado anhelo de tener un estado de derecho pleno.

Sobre el virtual escenario donde el Congreso Nacional no logre el apoyo de los partidos políticos para derogar las leyes que impidan la plena investigación de la CICIH, el funcionario anticipó que sería una responsabilidad histórica de esos partidos políticos.

“En el caso de la bancada nacionalista y de la bancada liberal tienen que meditar muy bien su responsabilidad histórica al respecto”, advirtió.

El funcionario dijo que deben temer aquellos que hicieron negocio con Juan Orlando Hernández, que guarda prisión en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico.

“La CICIH va a incorporar dentro de sus actividades el lavado de activos, y el lavado de activos puede proceder del narcotráfico y de corrupción, así es que no hay duda de que la CICIH va a perseguir a los socios de Juan Orlando Hernández”, sentenció el ministro de Transparencia del gobierno de Xiomara Castro.

Respecto a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, Edmundo Orellana dijo que el proceso debe ser objetivo, preciso y totalmente independiente. Y así lo está haciendo la Junta Nominadora.

“La Junta Nominadora está haciendo un esfuerzo en conjunto con sus miembros que realmente nos demuestra que sí está con el propósito de cumplir con los objetivos de la ley y que nos van a ofrecer los 45 mejores candidatos y candidatas que se han postulado para la Corte Suprema de Justicia”, resaltó.

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Ahí le tocará al Congreso Nacional dentro de esos 45 candidatos, escoger a los nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia.

Orellana dijo que incluso podría ocurrir que se elijan a 8 magistradas, lo que implicaría que serían las mujeres mayoría en el máximo tribunal de justicia del país.

El ex Fiscal General de la República señaló que las diputadas y diputados son esencialmente políticos, la función del Congreso Nacional es esencialmente política y ellos están fragmentados en bancadas, por lo que van a actuar de acuerdo con los intereses de sus partidos políticos.

“Pero deben saber que, para que nosotros podamos aprovechar esta circunstancia histórica que nos ofrece el pueblo hondureño al haber electo a la primera mujer en Honduras, con más de un millón 700 mil votos, que es un apoyo extraordinario e inédito en el país, hay que aprovecharlo para realmente construir un estado de derecho”, apuntó.

Eso sólo lo podemos lograr escogiendo a personas con la mayor idoneidad, la mayor independencia, la mayor capacidad y probidad en el ejercicio de la función de juzgar.

“Ellos tienen esa extraordinaria oportunidad y creo que es la última oportunidad que tenemos nosotros para no caer en un caos que nos va a arrastrar a circunstancias extraordinarias y muy difíciles”, sostuvo.

En torno a la pregunta de que, si la elección de la nueva Corte Suprema será determinante para que Xiomara Castro lleve adelante su proyecto político y se aleje el fantasma de un golpe de estado, Edmundo Orellana expresó que “siempre está una amenaza de que la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han estado como lanzando a la institucionalidad, y es el interés que tiene la Corte de conocer el tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional”.

Congreso Nacional (2)

“Nosotros creemos que ese gesto de la Corte Suprema al haber emitido un comunicado amenazando al Congreso Nacional, nos parece que es totalmente irresponsable. Eso es gravísimo”, señaló.

Edmundo Orellana resaltó que ante una expectativa de esa naturaleza, puede provocar una desestabilización como nunca ha ocurrido en el país, y cree que la Corte Suprema debe ser más sensata en sus acciones para evitar ese tipo de amenazas.

El ministro de Transparencia y Anticorrupción, aseguró que la actual Corte Suprema de Justicia es la causante de que venga la CICIH.

“Esta Corte actual, con la anterior, son las responsables para que el pueblo se haya lanzado a las calles para pedir la CICIH. Ningún miembro de la actual Corte Suprema de Justicia debe ser reelecto. Yo no puedo culpar a todos los magistrados de la Corte Suprema de algunas barbaridades, porque han sido centradas en su mayoría en la Sala de lo Constitucional, pero desafortunadamente forman parte de esa Corte. En consecuencia, ninguno puede ser reelecto, porque ellos son parte del problema”, enfatizó el funcionario.

Edmundo Orellana indicó que muchos magistrados que están planteando su reelección son aquellos que se entregaron en forma incondicional al proyecto político de Juan Orlando Hernández.

“Eso significa que son peones de esa narco-dictadura que pretenden continuar en la Corte Suprema de Justicia, y eso es inadmisible. Ahí la Junta Nominadora tiene que tomar decisiones drásticas”, señaló.

En relación a que todavía hay tentáculos de la narco-dictadura que quieren controlar la Corte Suprema, Orellana apuntó que el régimen anterior tiene una gran cantidad de funcionarios dentro de este gobierno.

“Todavía en muchos ministerios está intacto el cuerpo de la plantilla del gobierno anterior y esa gente contribuyó al saqueo sistemático al que sometió la narco-dictadura al país. En consecuencia, el régimen está vivo. Ese régimen de Juan Orlando está vivo todavía”, señaló Orellana.

Orellana recomendó que el gobierno de Xiomara Castro debe tomar medidas severas para erradicar lo que llamó como “ese cáncer”. Y esas medidas implicarían despedir a todo ese personal porque está haciendo mucho daño.

El funcionario dijo que en todo el proceso de escogencia de los candidatos y candidatas a magistrados y magistradas a la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que se plantea es una Corte con nuevas perspectivas sobre la justicia.

“Con una nueva concepción en la función de juzgar, entonces es inadmisible que funcionarios del régimen anterior, pretendan sobrevivir a esta nueva Corte, incorporándose en su estructura”, recalcó el ministro de Transparencia.