martes, 30 de noviembre de 2021

Honduras ha vivido unas elecciones históricas


Radio Progreso

Según el Consejo Nacional Electoral, CNE, la votación en Honduras ha sido histórica porque la participación electoral se acerca al 70% de los electores habilitados para ejercer el sufragio. Para el abogado Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos, ha sido una participación electoral histórica.

“… porque hay que recordar que uno de los factores que caracterizaba el contexto de este proceso electoral era la desconfianza ciudadana en la institucionalidad, había una especie de depresión colectiva que nos llevaba a pensar que la gente había renunciado a seguir utilizando el mecanismo del voto como una forma de presentar, sobre la mesa, su voluntad”, dijo Mejía, integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric-sj.

“Es una muestra de que el pueblo hondureño está harto, han ido 12 años de impunidad, de corrupción, de convertir al Estado en un narco estado, en una dictadura, de abusos graves, de entrega del territorio, y creo que esa impunidad que rodeó al régimen de Juan Orlado Hernández, al Partido Nacional, esa estructura criminal que ha gobernado durante este tiempo, les hizo creer que era tan impunes que podía cometer los abusos a la luz del día”, analizó Mejía.

Rescató la alta participación de la juventud. “Es una juventud que son hijos e hijas del golpe de estado, y que además vivieron el fraude electoral, la reelección ilegal y han visto, con impotencia, cómo esta clase política corrupta e impune han hecho lo que han querido a espaldas de los intereses generales de la sociedad, y la juventud se hizo presente”, manifestó el doctor Mejía.

Sostuvo que se debe reconocer y admirar a la población hondureña, esa gran mayoría que salió a votar ya que pese a todo lo malo que ha pasado, continua confiando en que puede haber cambios políticos de manera pacífica.

“Vienen tiempos complejos y difíciles, hay que ver cómo va a quedar constituido el Congreso Nacional para poder proyectar si va haber una profundización de la crisis, gobernabilidad democrática o no, pero creo que el pueblo hondureño, después de tanto sufrimiento, se merece disfrutar de esta pequeña victoria”, finalizó Joaquín Mejía.


Una vuelta de tuerca a la democracia hondureña


Contracorriente

Texto: Vienna Herrera

Fotografía: Martín Cálix

La candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (LibRe), Xiomara Castro, participa por tercera vez en la contienda electoral para ocupar el cargo de la presidencia de Honduras. De concretar su victoria, sería la primera mujer en la presidencia. El país respira un ambiente electoral muy tenso, mientras las esperanzas de la oposición están puestas en Castro y su alianza con Salvador Nasralla. 

Xiomara Castro aparece y cruza sus brazos en una X. Al frente está un público que grita después de esperar tres horas para verla durante su cierre de campaña en el Parque Central de Tegucigalpa, capital de Honduras. «Necesitamos que una mujer asuma la presidencia de la República y que maneje los fondos con transparencia, vamos a decirle fuera a la corrupción en Honduras», dice y los asistentes al evento se aprietan más entre ellos, buscando acercarse para verla y escucharla bien. 

Castro, de 62 años, se volvió un símbolo de la oposición desde que lideró la resistencia contra el golpe de Estado que sufrió su esposo, Manuel Zelaya, en 2009. En aquel entonces, encabezó manifestaciones, denunció asesinatos, sufrió la represión, e incluso vivió durante varios meses en la embajada de Brasil, junto a Zelaya, a la espera de que lo dejaran ingresar al país y retornar al mando del Ejecutivo. Aquello nunca ocurrió, y ambos se fueron al exilio tras la toma de posesión del nacionalista Porfirio Lobo en 2010. 

Esta es la tercera vez que Castro participa de un proceso electoral, después de que en 2013 se enfrentó a Juan Orlando Hernández y resultó como la segunda más votada, de acuerdo al conteo oficial. En 2017, aunque era candidata, le cedió su lugar a Salvador Nasralla para que encabezara la Alianza Opositora contra la Dictadura y compitiera contra Hernández; sin embargo, el gobernante finalmente fue reelegido inconstitucionalmente, en medio de denuncias de manipulación de votos y fraude electoral. 

La relación entre Xiomara y Nasralla se fraccionó poco después de que la Embajada de Estados Unidos en Honduras felicitara a Hernández como ganador y ambos admitieron sentir arrepentimiento por haberse aliado. Hasta hace algunos meses, Nasralla aún arremetía, vía Twitter, contra el Partido Libre y contra Xiomara. 

Durante las elecciones primarias de 2021, Castro prometió que no volvería a ceder su candidatura, y aunque a pocos meses de las elecciones generales la oposición parecía completamente dividida, el 13 de octubre la coyuntura electoral cambió completamente cuando LibRe, el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), anunciaron que participarán en las elecciones con una «alianza de hecho» a nivel presidencial.

Un hombre sostiene un cartel con la leyenda «Fin de la dictadura» durante el discurso de Xiomara Castro el 15 de septiembre de 2021 en la Plaza Central Francisco Morazán. Castro acompañó la contramarcha y dio un discurso de cierre el día que Honduras cumplía 200 años de haber alcanzado la independencia de la corona española. Tegucigalpa, 15 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

Castro y sus relaciones familiares

Castro nació en 1959 en Tegucigalpa, es la segunda de cinco hermanos, y es graduada de la licenciatura de Administración de Empresas. Aunque en la página oficial de Libre señalan que se casó con Zelaya en 1979, un tuit de Zelaya indica que fue en 1976; es decir, cuando Xiomara tenía todavía 17 años y Mel Zelaya, 24. Juntos tuvieron cuatro hijos. Dos de sus hijos le siguen los pasos en la política: Xiomara Hortensia Zelaya «La Pichu» busca una diputación en el Congreso Nacional por Francisco Morazán, y José Manuel Zelaya Castro fue el gerente de campaña de Xiomara.

Ella no aparece mucho en medios, excepto en esas ocasiones en que se dedica a hacer sus campañas políticas y los medios la retienen en entrevistas un par de minutos, pero difícilmente se le mira en espacios dedicados a hablar sobre ella. Se mueve mucho desde el silencio público.

Sin embargo, ese silencio le ha significado algunos cuestionamientos sobre qué tan independiente de su esposo Zelaya podría ser su gobierno. Natalie Roque, quien era la designada de Xiomara Castro hasta que depuso su candidatura para dar paso a la «alianza de hecho», menciona que dentro del mismo partido hay personas que la ven «como una especie de apéndice del presidente Zelaya, yo nunca la he pensado como la esposa de Mel en este país tan machista, tan violento, tan patriarcal».

El mismo expresidente Zelaya dijo en una entrevista con Expediente Público que a Xiomara se le debía valorar y respetar, «es una cultura machista en Honduras, yo que soy macho, ya la superé (…) tenemos un matrimonio de 44 años, cuatro hijos, cinco nietos, eso habla de una mujer estable, de mucho carácter y tu servidor que ha estado décadas enteras en la política, ha podido avanzar a la par de ella precisamente por la capacidad que Xiomara tiene, no dudes de eso, la presidenta es una».

Roque señala que cuando le consultaron si quería pertenecer a la formula con Xiomara, ella les recordó que es feminista con postura clara en temas controversiales. «Por eso le admiro mucho más ahora que, aunque tenga implicaciones y costos a nivel de ataques, asume un compromiso en el caso de las mujeres, que ha sido una demanda histórica para defender la agenda de sus derechos», dice.

Esta imagen contrasta mucho con las acciones públicas cuando se le ha cuestionado sobre polémicas en su plan de gobierno o cuando hace unas semanas el Servicio de Administración de Rentas (SAR) denunció que Castro no había declarado sus impuestos. En ambos momentos, quien declaró ante la prensa fue su esposo Mel Zelaya, en el último caso para explicar que él es quien hace la declaración de Xiomara, que la hace en conjunto a su nombre.

Sin embargo, las acciones emprendidas durante la crisis postgolpe de Estado le son suficientes para que muchas mujeres le vean con admiración. Aurora Martínez, que llegó desde la colonia San Cristóbal al cierre de campaña de Xiomara en el Distrito Central, cuenta que decidió votar por Xiomara porque «es el único camino que tiene Honduras para poder salir del hoyo en el que estamos en estos momentos. Xiomara es una mujer que se ha empoderado tanto de la política, miramos el futuro en ella», y añade que lo que más le gusta es que siente que todos los sectores están incluidos en su plan de trabajo.

Por otro lado, el oficialismo ha montado contra Xiomara Castro una campaña de miedo y odio, con grandes vallas de publicidad en muchos espacios, para decir que su gestión presidencial llevará al país al comunismo y a que Honduras sea «una nueva Cuba o Venezuela». Además, en medios suelen decir que votar por Xiomara es votar por el aborto y al matrimonio igualitario, esto porque plan de gobierno de Xiomara incluye la aprobación del aborto por tres causales así como propuestas a favor de la población LGBTIQ+.

Incluso el Partido Nacional realizó una marcha contra «El aborto y el comunismo», donde los simpatizantes caminaban con carteles y gritando consignas conservadoras. David Chávez, presidente del Partido Nacional y candidato a alcalde de la capital hondureña, pidió en el evento decirle «no a esas ideologías extrañas que promueven la escasez de alimentos, la miseria, con aliados como Venezuela y Cuba».

Xiomara Castro, por su parte, aunque también tuvo oraciones en sus mitines políticos, en el cierre de campaña del Distrito Central dijo: «Lo que hoy estamos viviendo no es un designio de Dios, lo que estamos viendo hoy tiene culpables y esos culpables tienen nombre y apellido. Y por eso tenemos que ir masivamente a las urnas, porque sólo el pueblo salva al pueblo».

Xiomara Castro, candidata a la presidencia del país por el Partido LibRe, durante la caravana de cierre de su candidatura para las elecciones primarias de su partido en marzo de 2021. De resultar ganadora en las elecciones generales del 28 de noviembre, Xiomara Castro se convertiría en la primera mujer en ser presidenta. Tegucigalpa, 7 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

El gobierno del Poder Ciudadano y sus vínculos con Xiomara

Aunque a Castro, al contrario de sus dos contrincantes más fuertes, nunca se la ha vinculado con casos de corrupción, en la auditoría especial del Tribunal Superior de Cuentas No. 009-2009-DASSJ-PR-C realizada a las gestiones del presidente Zelaya, se encuentran menciones de su nombre en actos irregulares.

En la auditoría mencionan que desde el despacho de la primera dama se realizaron gastos para actividades no oficiales de la Presidencia de la República realizados por Xiomara Castro sin la documentación soporte que las justifique; estos incluían pagos en tiendas por departamento, celebraciones varias, impresión de revistas y folletos. Los gastos ascienden a  más de un millón de lempiras utilizados sin facturas, cotizaciones, orden de compra o liquidaciones del fondo recibido.

Además, añaden que en mayo de 2006 realizaron una gira a Nueva York con una tarjeta de crédito a nombre de Xiomara y que el único comprobante es el pago de esa tarjeta, que asciende a un valor de 215,137.50 L. El viaje no contaba con los documentos que justifiquen el gasto realizado en el interior y exterior del país como facturas y/o recibos, como tampoco los motivos de esa gira. 

La auditoría también encontró que hubo gastos en compra de cuadros y esculturas compradas por el expresidente Zelaya y Xiomara Castro para ofrecer en atenciones, pero que estas compras no cuentan con documentación soporte y tampoco existe un listado oficial o documento que compruebe que estos fueron obsequiados en visitas y/o eventos oficiales en atenciones. Estos gastos ascendieron a la cantidad de 3,252,241.25 lempiras.

Contracorriente contactó desde agosto a la candidata Xiomara Castro para una entrevista, pero sus encargados de comunicación solamente respondieron que se encontraba en gestión. También se le envió por correo electrónico una solicitud para que responda por estas denuncias del TSC, pero ni ella ni su equipo de comunicación respondieron.

Lo único que se sabe, es que, en esa misma auditoría, el extesorero general de la república durante el gobierno de Zelaya, Octavio Oliva, explicó que la documentación estuvo completa antes y que cumplía todos los requisitos. «Le recuerdo que la Casa Presidencial fue asaltada en el Golpe de Estado del 28 de junio del 2009, las puertas y equipos fueron violentados y que la documentación pudo haber sido manipulada o extraviada», señala el documento.

Después del golpe de Estado, al expresidente Zelaya le abrieron dos procesos judiciales en su contra, aun cuando él no se encontraba en el país y vivía en el exilio en República Dominicana. El primer paso para su regreso fue la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias en mayo de 2011, entre el expresidente Mel Zelaya y el entonces presidente Porfirio Lobo. El pacto felicitaba la decisión de anular los procesos judiciales en contra del expresidente, en aquel entonces su defensor público explicó que la anulación de esos juicios se debía a que «violaron el debido proceso al encontrarse en estado de indefensión», explicó en medios.

Aunque en estas elecciones Xiomara Castro ha permanecido públicamente lejos de su esposo Manuel Zelaya, en su cierre de campaña recordó su gobierno cuando mencionó que había sido uno de los mejores, «Mi reto es igualar o superar el gobierno del Poder Ciudadano (el gobierno de Zelaya)», mencionó.

Pero para esto tendría que ganar y superar la propia carga de su pasado, así como ganarse a los votantes indecisos y vencer un posible fraude electoral ante un sistema que aún no resuelve sus fallas. De ser así, el país podría revivir lo que sucedió en 2017, cuando gran parte de la población cuestionó los resultados y las protestas terminaron en una brutal represión. Según un informe de las Naciones Unidas, fueron al menos 23 muertos. 

Pero aunque el contexto político hondureño es complicado y Estados Unidos ha expresado preocupación por el posible acercamiento a China que podría tener el país hondureño de ganar Castro, ella se despide con confianza del público en el Parque Central de Tegucigalpa, un público que no se dispersa a pesar de que ya está a oscuras, un público que estalla cuando ella termina su discurso haciendo alusiones a la estatua de Francisco Morazán y prometiendo que «vamos a construir una Honduras Libre, soberana e independiente» de llegar este próximo domingo 28 de noviembre a ser la primera mujer presidenta de Honduras.


Clientelismo electoral en la sociedad de la rebusca


Contracorriente

Estamos ante un nuevo proceso electoral, después de una crisis política extendida desde el golpe de Estado de 2009 y agudizada en 2017 con la reelección inconstitucional del presidente Juan Orlando Hernández. La maquinaria clientelista de los partidos mayoritarios, sobre todo del Partido Nacional —que ostenta el poder— está activa, mientras la población hondureña enfrenta una grave crisis económica y social después de la pandemia por COVID-19 y las tormentas que devastaron la zona norte del país. 

Para la mayoría de la población, democracia equivale a la marca que cada cuatro años se hace en unas papeletas plagadas de caras y logotipos. Un acto antecedido por meses de campaña electoral que significa mucha publicidad, letreros, canciones, concentraciones, apasionados discursos y por supuesto, confrontaciones por defender quién es mejor, quién tiene la solución mágica para todos los males de la sociedad.

Honduras transitó de una incipiente democracia a finales de la década de 1990 a la autocracia electoral sostenida por una clase política corrupta y criminal después del golpe de Estado de 2009. La democracia fue desterrada muy rápido, cuando daba sus primeros pasos: la reforma que quitó de manos de los militares las instancias de investigación y justicia, los procedimientos institucionales y las normas para unas elecciones libres y transparentes. 

Pero después del golpe de Estado, los retrocesos son evidentes y la democracia solo fue un sueño que no pudo ser. De ella solo sobrevivió el proceso electoral que se realiza cada cuatro años, las elecciones incluso se presentaron como salvación cuando Honduras era condenado por romper el orden constitucional. Pero este acto de votar es el único ejercicio que conoce esta población sobre democracia, porque el resto de los días, meses y años, todas sus energías se invierten en la sobrevivencia: la rebusca.

La democracia es un sistema político, un conjunto de normas e instituciones orientadas a garantizar la libertad, el acceso a la justicia y a un conjunto de beneficios sociales como la educación, la seguridad, la recreación, la salud, los derechos básicos que hacen posible la convivencia social en paz y el desarrollo para todas las personas. No se trata solo de elegir cada cuatro años y no se trata tampoco del slogan simplista de que «Democracia es el poder del pueblo». Se trata de un sistema que preserva esas garantías más allá de las personas —y sus delirios—. Una democracia se vive, se experimenta en el día a día de la población. Esos derechos y certezas se traducen en expectativas de vida decididas en libertad y en oportunidades que, al menos frente a la ley y las instituciones públicas, son lo más igualitarias posible. 

Cuando nada de eso existe, entonces aparece la rebusca. Cualquier persona en Honduras sabe que la rebusca es la capacidad de imaginar y llevar a cabo cualquier hazaña para lograr el 1.25 dólares o los 30 lempiras diarios que definen la pobreza, esa en la que vive más del 60 % de la población del país. Todo se vale en la rebusca, y la democracia es un lujo muy lejano de esa realidad, tan lejano, que resulta hasta ofensivo.

Los dos partidos tradicionales del país tienen una larga historia de violencia y corrupción, y el nuevo en el barrio electoral llegó en un momento en que la maquinaria autocrática ya estaba en marcha. ¿Qué hace posible que una ciudadanía sumida en la rebusca vote cada cuatro años? 

Primero, aceptemos que no toda la población vota. El abstencionismo pasó del 35 % en 2001 al 50 % en 2009. En 2013, la entrada de nuevas opciones partidarias explica un descenso del abstencionismo que presentó el 39 % y aumentó al 42 % en las elecciones de 2017. Pero ¿qué moviliza al resto?

Sin duda hay un porcentaje incalculable de personas que votan por convicción y lealtad partidaria. Un entusiasmo extraño dada la abrumadora evidencia sobre la corrupción y vínculos criminales existente en candidatos y partidos. La identidad política es emocional, similar a la identidad que se construye tradicionalmente con un equipo de fútbol que, aún en sus peores momentos, se le alienta sin cuestionamiento.

Sin embargo, la experiencia demuestra que otro porcentaje de votantes, también incalculable, se moviliza gracias a una relación transaccional, a un «qué me das, qué te doy». A eso se le llama clientelismo.

Si bien no hay un consenso entre los académicos sobre cómo definir el clientelismo, sí han sido evidentes sus consecuencias. En el Oxford Handbook of Political Science, Susan Stokes identifica que el clientelismo político frena el desarrollo económico, invalida la democracia y permite que los dictadores se mantengan en el poder por más tiempo. Se frena el desarrollo económico porque disuade a los gobernantes de proveer bienes públicos y reforzar la pobreza y dependencia de la población. Invalida la democracia al socavar la equidad en el ejercicio del voto permitiendo que algunos votantes usen su voto de forma legítima y otros lo hagan a cambio de beneficios en forma de pagos. Finalmente, mantiene en el poder a dictadores al permitir que se realicen elecciones en las que la competencia es ahogada y los votantes que preferirían votar en contra del régimen son impedidos de hacerlo por miedo a las venganzas. Esos efectos se pueden observar en Honduras con el agravante de que el partido en el poder puede drenar los fondos públicos para el clientelismo a través de la corrupción, recibir sobornos del crimen organizado y participar en lavado de activos proveniente del narcotráfico. 

La compra de votos es algo común en Honduras, pero no solo tiene que ver con entregar dinero a cambio del voto, es mucho más estructurado que eso. El Partido Nacional, que ya lleva doce años consecutivos en el poder, mueve los recursos del Estado para crear programas asistencialistas que se convierten en moneda de cambio para mantener a una buena parte de la población fiel —y controlada— al momento de ir a las urnas. Por ejemplo, no hay zona afectada por el desastre de las tormentas del año pasado donde no nos han dicho que las ayudas llegaron solo para las familias que se enlistaron como activistas del Partido Nacional o, en algunos casos, en las comunidades donde se sabe la gente apoyó al alcalde de turno, sea del partido que sea. 

Por otro lado, el financiamiento de los dos partidos políticos más grandes y antiguos de Honduras depende directamente de sus activistas que se convierten en las hormigas que operan la burocracia del Estado a cambio de pagar el favor de obtener un trabajo con su voto y un porcentaje de su salario. Según datos recopilados de los portales de transparencia de los partidos políticos, entre 2015 y 2021, solo el Partido Nacional ha obtenido 581.13 millones de lempiras de aportaciones de empleados públicos de todas las instituciones del Estado por concepto de la «cuota del partido», un dinero que entra a las arcas de esa institución política para mover las masas  y mantener la fidelidad de sus votantes. Un círculo vicioso y efectivo para mantener la misma cantidad de votos, apenas la suficiente, para ganar cada elección. 

El clientelismo es una actividad económica en la que pierde el Estado, pierde la democracia pero gana una élite política corrupta que se perpetúa en el poder y muchas empresas que forman parte de la cadena de proveedores de productos y servicios que se reparten durante los procesos electorales. Algunas de ellas incluso lo hacen con fondos propios, no por filantropía, sino como una inversión a futuro que se materializará en posteriores contratos con el Estado o beneficios para sus negocios cuando el partido de su preferencia alcance el poder.

El clientelismo corroe el ejercicio del voto porque lo convierte en una transacción inmediata: obtener algo, no importa qué ni de quién, ya que la certeza para la mayoría de la población es que durante los siguientes cuatro años no se obtendrá nada. Es la rebusca electoral, aprovechar lo que se obtiene ahora y seguir en la cacería cotidiana del mínimo de subsistencia. Es una elección racional mediada por la miseria, material para unos, ética para otros. Ese es el sello que llevan las elecciones en autocracia.


Romeo Vásquez, el general golpista que quiere ser Presidente de Honduras


Radio Progreso

No le importa que le llamen golpista porque se considera un patriota que ama su país, que el 28 de junio de 2009 solo cumplió con la orden de un juzgado para detener y expulsar del país al Presidente de la República.

Se trata el general retirado Romeo Vásquez Velásquez, quien protagonizó el golpe de Estado contra el gobierno de su compadre, Manuel Zelaya Rosales y hoy, a los 64 años busca la Presidencia de la República, por tercera vez consecutiva, por el Partido Alianza Patriótica Hondureña que fundó el 2012.

Recordado por buena parte de la población como el “general golpista y violador de derechos humanos”, es para otros el salvador de la democracia amenazada por el chavismo. Y no es por casualidad, la defensora de derechos humanos, Berta Oliva, recuerda que estuvo al mando de las Fuerzas Armadas mientras se cometían masivas y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas, el allanamiento y cierre ilegal de varios medios de comunicación, entre ellos Radio Progreso y el Canal Cholusat Sur.

Oliva dice que, “durante los meses posteriores al golpe de Estado, el Ejército atacó civiles, reprimió manifestaciones y hostigó a defensores de derechos humanos”. Señala la muerte de Isis Obed Murillo de 19 años de edad, a consecuencia de una herida de bala en la cabeza en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, Tegucigalpa, en el marco de una manifestación reprimida por las Fuerzas Armadas, que dispusieron francotiradores en edificios cercanos”.

Militar de carrera

Inició su carrera en las Fuerzas Armadas en 1972, graduándose de Subteniente tres años después durante el gobierno militar de Juan Alberto Melgar Castro. Es parte de la XV Promoción de la Academia Militar General Francisco Morazán, que lo llevó hasta la jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la más alta posición jerárquica de la institución, después de haber comandado varias unidades militares.

Vásquez Velásquez fue entrenado en la conocida Escuela de las Américas del ejército de Estados Unidos, donde los militares latinoamericanos eran instruidos en técnicas de guerra y contrainsurgencia durante la llamada Guerra Fría que se libró con la excusa de una supuesta amenaza comunista en la región. La misma a la que también fueron a entrearse Gustavo Álvarez Martínez y Billy Joya. 

Cuando Honduras retornó a los gobiernos civiles en 1982, el presidente Roberto Suazo Córdova, fuertemente influido por los militares, ejecutó la Doctrina de Seguridad Nacional, que sumó 184 personas detenidas desaparecidas en el país. El Batallón 316, conocido como el escuadrón de la muerte, era el encargado de torturar, asesinar o desaparecer a maestros, estudiantes, líderes sindicales, campesinos y simpatizantes de grupos progresistas.

“Romero Vásquez, en este entonces ya era un oficial experimentado del Ejército y por su preparación tuvo que tener algún buen nivel de participación”, sostiene Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras COFADEH.  

Siendo ya mayor del ejército, en 1993 fue acusado de pertenecer a la banda de los trece, asociación ilícita dedicada al robo de vehículos, pero logró salir libre gracias a las particularidades de la justicia hondureña. A raíz de esa situación, el general Vásquez Velásquez, bajó su perfil y regresó a los cuarteles. 

Una década después, sacó sus garras de nuevo y encabezó el golpe de Estado contra el gobierno de su amigo y compadre, el presidente Manuel Zelaya Rosales. Según relato del propio Zelaya, esa madrugada despertó con un fusil apuntándole a la cara. Un comando militar lo sacó de su cama y aún en pijama lo trasladaron en un avión militar a San José, Costa Rica. 

Irónicamente, al finalizar su primer año de gobierno. Zelaya Rosales solicitó al Congreso Nacional aumentar el presupuesto del 2006 en 150 millones 600 mil lempiras, para atender compromisos asumidos por su gobierno con las Fuerzas Armadas. Los años siguientes las asignaciones presupuestarias para los militares fueron mayores.

El 25 de junio, el presidente Zelaya destituyó al general Romeo Vásquez, porque se opuso a que el ejército distribuyera el material para la celebración de la consulta popular conocida como “Cuarta Urna”, que despejaría el camino hacia su reelección, a pesar de la amistad que les unía. Pero fue restituido en el cargo por la misma Corte Suprema de Justicia, que después le ordenó la detención y expulsión de Zelaya Rosales del país.

Él dice que no le molesta que lo acusen de golpista “solo soy un patriota que ama a su país. Solo cumplí mi deber. Estaba en una posición de liderazgo y tuve que cumplir una orden emanada por un juzgado”, (Sacar a Zelaya del país). Por su parte, familiares y amigos lo califican como una persona de fe cristiana y católico de religión.

En el gobierno de facto de Roberto Micheletti (noviembre 2009) se desarrollaron las elecciones donde el nacionalista Porfirio Lobo Sosa Salió electo, él continuó la misión de blanquear el golpe de Estado, para lograr dicho objetivo comenzó sacando al general Romeo Vásquez y fue así que el general se retiró.

Lo nombraron gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, HONDUTEL, pero en enero del 2013 renunció al cargo para lanzarse como candidato presidencial, luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribiera su Partido Alianza Patriótica Hondureña, con bajísimo apoyo popular. Hoy aspira al cargo por tercera vez.

Según Romeo Vásquez, su partido defiende el respeto a la dignidad humana y la familia como elemento fundamental de una sociedad, en la que prime la igualdad ante la ley y oportunidades para todos.

Para Berta Oliva, este general refleja la realidad histórica de la cúpula del ejército, que ha estado al servicio de las pocas familias que tienen inmensas fortunas a costillas del Estado. Han llegado al extremo de ordenar “reprimir y hasta asesinar al pueblo cuando manifiesta sus inconformidades con relación al sistema y al modelo que empobrece a la mayoría de la población y enriquece a unas 13 familias. Y eso sucedió con Romeo Vásquez, el 2009”.

Romeo Vásquez Velásquez fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema de Justicia, junto a otros militares que integraban la junta de comandantes durante el golpe de Estado. Hoy, asegura que no da vuelta a la página y por tercera vez busca la Presidencia del país para “resolver conflictos sin disparar una sola bala”.


Xiomara Castro favorita, EEUU expectante


Rebelión / CLAE

Por Álvaro Verzi Rangel *

Las elecciones generales del próximo domingo en Honduras se vaticinan serán las más concurridas en la historia democrática, pese a los altos índices de violencia política e incertidumbre electoral, donde la candidata centroizquierdista Xiomara Castro aparece como favorita.

Si gana el temor y vota poca gente, ganará el partido del Gobierno. Si la participación es alta, ganará la oposición.

Se elegirá al presidente o presidenta de la nación junto a sus tres designados presidenciales, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 diputados al Parlamento centroamericano. De los 15 candidatos, tres cuentan con posibilidad de ganar: Nasry Asfura, del oficialista Partido Nacional; Yani Rosenthal, por el Partido Liberal; y Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (LibRe).

Quien reemplace al presidente Juan Orlando Hernández deberá enfrentarse a una dura situación económica, al persistente problema de la violencia de organizaciones criminales y los crecientes flujos migratorios, en el contexto de la pandemia de covid-19. Y deberá lidiar con la relación con Estados Unidos y los recientes señalamientos que vincularían al actual presidente de Honduras con el narcotráfico, todo en un contexto de violencia política.

JOH ha sido vinculado con el narcotráfico, y la candidata Yani Rosenthal dijo que lo extraditaría a EEUU. si llega a la presidencia, aunque no existe al momento tal pedido. Michael Lockard, fiscal federal de Nueva York, señaló que, según el testimonio de sus testigos en el juicio contra el hondureño Geovanny Fuentes Ramírez por cargos de narcotráfico y posesión de armas de fuego, el presidente de Honduras era parte de un grupo de narcotráfico que produjo, transportó y envió cocaína a Estados Unidos.

No es el primer presidente hondureño en ser señalado de tener vínculos con el narcotráfico. El expresidente Porfirio Lobo fue acusado por aceptar sobornos del cartel de Los Cachiros a cambio de favores políticos por el Departamento de Estado, y tanto él como su esposa y tres hijos no pueden ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, no existen acusación formal ni proceso judicial alguno contra el expresidente Lobo ni tampoco contra dos de sus tres hijos en Estados Unidos o en Honduras.

El abogado constitucionalista Raúl Pineda recordó que las autoridades que han manejado el gobierno en los últimos años podrían ser enjuiciadas durante el nuevo gobierno y perder prerrogativas e inmunidades. Por eso no se trata simplemente de un relevo de autoridades, sino que la mafia gobernante luchará desesperadamente por mantenerse en el poder porque está en juego su libertad y su patrimonio

Desde junio de 2009 la política de Honduras gira alrededor de la crisis provocada por el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, del partido Liberal, quien impulsó reformas progresistas para favorecer a los sectores más postergados en un país con altísimos niveles de pobreza y migración. Estas elecciones pueden cerrar un ciclo si triunfa la fuerza progresista encabezada por Xiomara Castro, la compañera de Zelaya, o puede dejarlo abierto por tiempo indefinido.

“Ha habido una campaña de terror de miedo para que la gente no salga a votar, pero el pueblo va a salir, vamos a vencer el miedo. Nadie debe quedarse porque el pueblo tiene un gran entusiasmo”, manifestó el congresista y líder del partido opositor Libertad y Refundación (LibRe), Juan Barahona.

En Honduras se inauguró el ciclo latinoamericano del llamado “lawfare” para derrocar un presidente progresista, diferente de los golpes de Estado “tradicionales” del siglo XX donde las fuerzas armadas tomaban el poder y cerraban el parlamento provocando una ruptura institucional.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), casi cinco millones y medio de hondureños están habilitados para votar. El padrón mostró una reducción de 580,003 ciudadanos que se contemplan fallecieron o migraron a otra nación. El nivel de pobreza en Honduras supera el 48 por ciento.

Según datos de 2019, había en Estados Unidos 746.000 hondureños, 19,7% del total de centroamericanos. En los últimos años ha crecido mucho el arribo de niños sin estar acompañados de sus padres.

En 2009, de los 4,6 millones de habilitados para votar acudieron 2,3 millones, lo que representó un 49,88% de participación. Los procesos electorales de 2013 y 2017 estuvieron plagado de fraudes electorales, que culminaron con la reelección ilegal del gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Consumado el fraude electoral en 2017, se desató una crisis poselectoral en la nación centroamericana que dejó al menos 23 civiles asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y pérdidas económicas que superaron los 1,600 millones de lempiras. “Perdamos el miedo que quieren sembrar aquellos a los que no les conviene que se acuda masivamente a votar, los que quieren imponer la ideología del pensamiento único”, exhorto Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal.

Sin abrirse el proceso electoral, éste se convirtió en las más violentas en la historia al registrarse, hasta este momento, 37 asesinados de dirigentes, candidatos y afines a los partidos políticos además de superar los 78 hechos de violencia política entre estos los ya mencionados asesinatos, también amenazas, coacción, agresiones, entre otras.

“Esta vez pareciera que hay un mayor interés en participar en el proceso electoral. Yo creo que la abstención en estas elecciones rondará el 23%, quizás un poco más”, vaticinó el sociólogo y analista político, Julio Navarro.

A este proceso electoral se presentan en el nivel presidencial, 14 aspirantes, de los cuales solo uno y sus tres designados resultarán electos. Los candidatos pertenecen a 14 partidos políticos, entre ellos, dos movimientos independientes, pero solo tres del total de participantes tienen mayores posibilidades de hacerse con el triunfo el próximo 28 de noviembre, de acuerdo al registro histórico en elecciones anteriores.

Ahora nuevamente ronda el fantasma del fraude para evitar un triunfo de Xiomara Castro que ha logrado sumar todo el arco progresista y aparece liderando las encuestas por amplio margen.

Si gana Xiomara Castro, Honduras, comenzará la demonización de su gobierno por parte de los medios hegemónicos y la derecha trasnacional, desde el primer día, vinculándola con Cuba y Venezuela. Si triunfa el oficialista Nasry Asfura, lo más probable es que tenga el apoyo de los Estados Unidos y el país desaparezca de las noticias a pesar de sus altísimos niveles de pobreza, responsabilidad de los partidos tradicionales que gobiernan hace décadas, la migración y la violencia política.

* Álvaro Verzi Rangel. Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)


Construir un tratado vinculante sobre las transnacionales es una lucha feminista

Capiremov.org

Por Júlia García, Letícia Paranhos, Tchenna Maso 

Imagen: Friends of the Earth, 2021

Las mujeres son las más afectadas por el poder de las empresas transnacionales, pero también son la principal resistencia contra ellas.

En la última semana de octubre de 2021 se celebró, en Ginebra la 7ª sesión de negociación del grupo intergubernamental para la creación de un tratado vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). A la sesión presidida por Ecuador, asistieron más de 70 países.

La lucha por esta normativa se centra en la necesidad de controlar las acciones de las empresas transnacionales en los territorios con base en la legislación internacional que las responsabiliza por la violación sistemática de los derechos humanos que se produce como consecuencia de sus actividades.

Entre las prácticas más comunes se encuentran la apropiación indiscriminada de la naturaleza, la destrucción de los modos de vida de los pueblos y comunidades tradicionales; la pérdida de la soberanía alimentaria; la criminalización y violencia; la flexibilización de derechos y la precarización de las condiciones laborales; y la imposibilidad de mantener las relaciones sociales construidas en la comunidad, obligando a la migración o reasentamiento de grandes grupos poblacionales.

Impactos de los acuerdos de libre comercio

Desde 1972, con la intervención de Salvador Allende en la ONU, se evidencia la gravedad de la concentración de poder político, económico y cultural por parte de las empresas transnacionales a lo largo de los años. Estas corporaciones tienen mucho más capital que varios Estados, los cuales terminan controlados por ellas debido a la dependencia económica. Así, en lugar de responsabilizar a las empresas por los daños socioambientales causados, el Estado se convierte en cómplice de sus acciones.

Los tratados de libre comercio e inversión también contribuyen a la impunidad corporativa, al privilegiar los derechos económicos en detrimento de los derechos humanos, estableciendo mecanismos de arbitraje internacional. Como resultado, muchos Estados que osan a responsabilizar a las empresas terminan condenados en tribunales de arbitraje. Algunos ejemplos son Uruguay vs. Philip Morris y el Ecuador vs. Cheurón.

También dentro de las prácticas comunes de las empresas transnacionales en todo el mundo, podemos destacar la sobreexplotación de las mujeres. Excluidas de los procesos productivos de estas empresas, las mujeres participan en estas actividades de forma marginalizada y en una situación de vulnerabilidad. De la explotación laboral a la explotación sexual, hay que decir que el modus operandi de las grandes empresas traspasa fronteras y encuentra un terreno fértil para la impunidad por la falta de legislación en sus propios países.

Esta realidad es imperativa, especialmente en el sur global, pero también se convierte en un motor para la participación y el liderazgo de las mujeres en los procesos de resistencia. Las mujeres de todo el mundo protagonizan las luchas por una sociedad más justa, en defensa de la naturaleza, por el fin de la violencia y de la explotación sexual, por la vivienda, el acceso a los alimentos y el agua. Las empresas transnacionales han destruido los tejidos sociales y los modos de producción de vida, generando una sobrecarga laboral a las mujeres, que sostienen toda la economía del cuidado, debido a la estructura social patriarcal.

Un ejemplo significativo fue el 28 de abril de 2013, cuando se derrumbó el edificio Rana Plaza en Bangladesh, matando a 1.138 personas. De estas, el 80% eran mujeres, trabajadoras de la industria textil. Estas trabajadoras producían para grandes marcas como H&M, C&A y Benetton en condiciones insalubres y con bajos sueldos. No es una excepcionalidad que las empresas transnacionales pongan a las mujeres trabajadoras para producir en condiciones degradantes y en espacios de subarrendamiento para minimizar sus costos de producción.

Friends of the Earth, 2021

La intervención de las mujeres en Ginebra

Es precisamente porque las mujeres lideran la defensa de los territorios frente al avance del poder y el control de las empresas transnacionales que observamos un fuerte liderazgo feminista y juvenil en esta séptima sesión.

Son mujeres que se trasladan desde sus territorios y que llevan agendas insubordinadas y rebeldes a las sesiones de la ONU, para combatir la desenfrenada acción capitalista y colonial en sus comunidades.

El escenario de disputa de ideas liderado por mujeres trajo varias actrices políticas que ocupan tanto el liderazgo de países que defienden posiciones más avanzadas en la regulación de las empresas transnacionales, como Palestina y Egipto, como las que actúan en la sociedad civil. Este fue el caso de las juristas populares que defendieron agendas políticas con el rigor de la técnica jurídica, y de los liderazgos feministas de los movimientos populares, con sus discursos potentes. Sin duda, las grandes articulaciones políticas para la defensa de los pueblos en la agenda están lideradas por mujeres.

El rol de estas mujeres fue fundamental para que el contenido de este reglamento tomara en cuenta las diferentes condiciones a las que se encuentran expuestos los grupos sociales más vulnerables desde una perspectiva económica, social y ambiental, como los niños y las niñas. La organización de mujeres ha llevado a la mesa de debate todas las cuestiones de género involucradas en el accionar de esas empresas, desenmascarando sus falsas políticas inclusivas.

Muchos desafíos se perfilan en la construcción de un tratado vinculante ambicioso, capaz de poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales. Entre ellos, podemos destacar: la necesidad de superar los intentos estadunidenses de vaciar la agenda construyendo iniciativas de “ley blanda” (softlaw); las iniciativas para involucrar a las corporaciones en las negociaciones propuestas por la Unión Europea; y la incertidumbre sobre la continuidad de la metodología de negociación por parte de Ecuador.

Sujetos en lucha contra la impunidad corporativa

El rol de las organizaciones populares en presionar a sus Estados para defender los intereses de los pueblos en esta negociación, será decisivo en el intervalo entre esta sesión y la siguiente. También lo será la movilización de parlamentarios para avanzar en marcos regulatorios para penalizar las violaciones de derechos humanos por parte de las corporaciones.

La Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad fue fundada en 2012 y está formada por más de 250 organizaciones, movimientos sociales y comunidades afectadas por empresas transnacionales. Los miembros de la Campaña han seguido e incidido en el proceso de negociación del Tratado Vinculante desde el comienzo en 2014. El símbolo de la campaña nos ayuda a pensar en la movilización que necesitamos construir: un hombre blanco con traje y corbata, que representa el poder corporativo, caído al suelo y siendo detenido por la gente.

Ahora, luego de la séptima sesión de negociaciones, podemos decir que las mujeres están al frente de esta lucha, rompiendo con los estándares del Derecho Internacional y tocando el nervio del sistema capitalista, racista y patriarcal.

El protagonismo de las mujeres resistiendo a los impactos de las empresas transnacionales en los territorios y el liderazgo de las mujeres en el proceso de negociación del tratado vinculante imponen a todas las organizaciones que luchan contra el poder empresarial que reconozcan que esta es una lucha feminista. Por tanto, es necesario repensar su simbología, liderazgo y posiciones para reconocer este tema político clave. Asimismo, los países que están negociando el documento deben entender que sus posiciones en este proceso influyen directamente en la vida cotidiana de miles de mujeres en todo el mundo.

La lucha por el tratado vinculante es también una agenda en la lucha feminista por desmantelar el sistema patriarcal, capitalista y racista, ya que las empresas transnacionales representan la cara más brutal de este sistema en los territorios.

El protagonismo de las mujeres en este proceso refleja toda la lucha histórica y la organización política feminista para construir una economía y una política que ponga la vida en el centro, en lugar de las ganancias. Así, continuaremos en la lucha para que los marcos del derecho internacional avancen, sean efectivos en la realidad concreta; para que podamos reducir la asimetría de poderes entre transnacionales y pueblos; para crear mejores condiciones de existencia y sobrevivir mientras tejimos otros modos de producción.

* Júlia García es integrante del Movimiento de las y los Afectados por Represas [Movimento das e dos Atingidos por Barragens – MAB] en Brasil, Letícia Paranhos integra los Amigos de la Tierra Internacional (ATI) y Tchenna Maso es investigadora asociada en Homa – Centro de Derechos Humanos y Empresas. Las autoras son parte de la Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad.


Pandemia profundiza crisis de cuidados y retroceso de derechos de las mujeres


SEMlac

La crisis agudizada por la covid-19 ha extremado las contradicciones entre el capital y la vida, ha acentuado la crisis de los cuidados y ha significado un retroceso en los derechos de las mujeres en América Latina, coincidieron feministas y activistas participantes en el panel «Reflexiones críticas del trabajo de cuidados en tiempos de ¿nueva normalidad?».

Efectuado el pasado 19 de noviembre, como parte del Encuentro de Paradigmas Emancipatorios Cuba-El Salvador, el intercambio permitió compartir experiencias desde Colombia, Chile, El Salvador y Cuba, a través del canal de Telegram del Espacio Feminista Berta Cáceres, y debatir sobre los desafíos a los que se enfrentan las mujeres ante un sistema hegemónico y heteropatriarcal, que se reproduce en un contexto de emergencia sanitaria y solapa la verdadera crisis capitalista.

«Necesitamos hacer un trabajo intensivo desde abajo, redistribuir los trabajos de cuidados a nivel íntimo, familiar, comunitario, organizativo, institucional. No podemos pensar en un cambio profundo de nuestra sociedad si no pensamos en ello como un eje esencial. No es posible que a esta altura sigamos aplaudiendo la sobreexigencia y la sobreexplotación de las mujeres», apuntó la chilena Nelly Cubillos Álvarez, integrante del grupo de trabajo de economía feminista emancipatoria La Revuelta.

Durante la pandemia en Colombia, las mujeres dedicaron ocho horas diarias al cuidado no remunerado, una jornada laboral completa, lo cual se adiciona a todo lo demás que realizan en la cotidianidad, ejemplificó la activista colombiana Teresa Pérez González, del propio colectivo La Revuelta.

«Esto ha significado que las mujeres deben renunciar a parte de sus vidas, parte de sus autonomías. Se ha estimado que ello ha llevado a un retroceso de 15 años de derechos laborales, económicos y sociales para ellas», explicó.

Refirió que si bien el Departamento Nacional de Estadísticas estimó que la economía del cuidado no remunerado representa el 20 por ciento del Producto Interno Bruto del país, o sea, la segunda actividad económica, aún este trabajo no tiene asociado derechos sociales como salud, pensión, salario mínimo. «Hay avances en la organización de las mujeres como trabajadoras, pero todavía es muy incipiente», dijo Pérez González.

«La migración del campo a la ciudad para realizar el trabajo doméstico supone, en muchas ocasiones, la única salida a situaciones de violencia en las familias y territorios para mujeres y niñas, que llegan a trabajar muchas veces internas en casas de familias en condiciones muy precarias, o que ni siquiera reciben un pago y están expuestas a abusos de muchos tipos», sostuvo la activista.

En Chile, agregó Cubillos Álvarez, también se retrocedió una década respecto a los derechos de las mujeres, en medio de la pandemia. «La institucionalidad creada para este heteropatriarcado capitalista se sostiene sobre la idea de que existe un ejército de súper mujeres siempre dispuestas al trabajo de reproducción y de cuidados -invisibles y gratuitos-, que ha soportado las clases y el trabajo online, la mayor exigencia de salubridad e higiene, el trabajo doméstico intensivo y las exigencias de cuidado emocional, en condiciones de encierro y muchas veces de hacinamiento».

Además, lo hicieron confinadas en espacios de alta peligrosidad para la vida y su bienestar, el de las niñas y las disidencias sexuales; de manera que quienes más cuidan son las que menos reciben cuidado, reflexionó la panelista.

En ese sentido, llamó la atención sobre el término de «nueva normalidad», una expresión que viene del ámbito económico. «Eso que llaman normalidad nueva o anterior es lo que nosotras estamos cuestionando profundamente, pues está basada en un sistema que nos ha llevado a una crisis civilizatoria, que no se inició con la crisis financiera de 2007, ni con las revueltas populares, ni con la pandemia», precisó Cubillos Álvarez.

Hoy día existe más trabajo precario, más sobreexplotación de los cuerpos, tierra y territorios, menos protección estatal básica y más sobre exigencia de las condiciones estereotipadas de las mujeres, afirmó.

La situación es similar en El Salvador, precisó Angélica Gutiérrez, del movimiento feminista de mujeres Las Mélidas, quien subrayó que la pandemia hizo emerger la crisis de los cuidados, la pérdida de empleos, una notable disminución en las atenciones de salud sexual y reproductiva de las mujeres, con el consecuente incremento de embarazos en adolescentes, resultado muchas veces de agresiones sufridas durante el confinamiento.

Para Azucena Ortiz, también de Las Mélidas, el «incalculable retroceso en el sistema democrático del país, junto al contexto de pandemia, está afectando gravemente a la población y los derechos de las mujeres, cuya agenda política de género no ha sido relevante para el actual gobierno, que invisibiliza la inseguridad pública y el incremento de los feminicidios».

«El gobierno no está apostando a la detección, prevención y penalización de la violencia contra la mujer y muchos actos violentos están quedando en la impunidad», subrayó.

Lucha y resistencia por sus derechos

Para Cubillos Álvarez, la pandemia provocó que emergiera en su país un proceso revolucionario que estaba latiendo y quería un cambio radical, destacó la activista, que comentó el precedente de la revuelta popular en Chile en octubre de 2019.

«Más de 100 días continuos de protestas en todos los territorios, enfrentando represión, torturas, abusos sexuales, muertes, mutilaciones oculares… comprendimos que no había ni un estrecho margen de la vida que no estuviera expoliado por el sistema que nos envolvía, en un país que pese a tener uno de los mayores PIB de la región, tiene sueldos bajos, sin derechos sociales, donde el 20 por ciento de la población concentra el 80 por ciento de la riqueza», dijo.

En ese escenario, las mujeres y los cuerpos feminizados estuvieron en todas las acciones políticas de resistencia. «Aparecieron las ollas comunes y variadas actividades para cuidarnos colectivamente», ejemplificó.

Pero con la llegada de la pandemia, las mujeres que tuvieron un protagonismo más libre y activo durante la revuelta han sido altamente violentadas, tanto por la sobreexplotación del trabajo, productivo como reproductivo, como por el nivel de control estatal que prolongó el toque de queda por más de un año. Muchas, en algunas ciudades con más de cinco meses en encierro total, han teniendo que convivir con sus agresores, señaló.

«Las violencias de género y sexuales hacia las personas trans aumentaron sin que el Estado se hiciera cargo, pues las pocas casas de acogida y programas de salud mental cerraron o no estaban activos, teniendo que enfrentar estas situaciones con las herramientas que se tenían y el apoyo de la red comunitaria, algo que en épocas de encierro obligatorio se hizo muy difícil», agregó la activista chilena.

Para Teresa Pérez González, en Colombia, «el cuidado de la vida salió de la casa al espacio público durante el paro nacional que estremeció al país entre abril y julio de este año, en medio de la pandemia: se valoró como algo fundamental, pero siguió recayendo en las mujeres mayoritariamente», apuntó.

«La apuesta por la guerra que ha hecho el actual gobierno va ligada a la profundización del modelo capitalista. Se están recrudeciendo las violencias en los territorios para explotar los bienes naturales por parte de las trasnacionales y el narcotráfico. Por eso los ataques constantes a líderes y lideresas comunitarios y a las personas que representan la defensa de esos espacios», explicó la activista.

En su opinión, cuando se rompe el tejido comunitario, como en la pandemia, se refuerza el individualismo que impone el sistema y eso complica la defensa del territorio y aumenta el control por parte de actores armados.

«Estar en la primera línea del paro permitió a las mujeres fortalecer sus procesos políticos individuales y colectivos. Ellas, con su trabajo, lograron que durara más de dos meses. Estaban ahí porque no tienen garantizadas las cosas más básicas como trabajo, vivienda, tres comidas diarias, ser relevantes políticamente. Ya no tienen nada que perder, van a defender sus derechos, el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la educación, a la libertad, a vivir vidas libres de violencia sin opresión», remarcó.

Transformar realidades desde el feminismo

Para Yohanka León, del Grupo de estudio América Latina: Filosofía social y Axiología (Galfisa), del Instituto de Filosofía de Cuba, ante un contexto caracterizado por el reacomodo del sistema de dominación sobre las mujeres, se impone un despliegue de acciones y nuevas formas organizativas contra el patriarcado. «Para Cuba es un reto el feminismo crítico transformador», acotó.

Trabajos y redes de cuidados, afectividad, solidaridad, liderazgo compartido, autonomía, dignidad, memoria histórica colectiva, cultura comunitaria, subjetividad emancipadora son algunas de las herramientas que contribuirían a revalorizar los cuidados.

«Tenemos que aprender a vivir esta otra normalidad, pero desde la dignidad de la justicia y la digna rebeldía», dijo Mirell Pérez González, de Galfisa.

Ello implica no solo reducir la carga sobre quien cuida, sino trastocar el objetivo del sistema, que es la generación de riqueza basada en la explotación del cuerpo de las mujeres para el sostenimiento del sistema económico y social, añadió.

Julia María Fernández, educadora popular y profesora de la Universidad Agraria de La Habana, señaló el valor de las comunidades para transformar desde lo endógeno y el rol activo que asumieron las mujeres durante la pandemia para proporcionar alimentos a los más vulnerables.

La lucha por dignificar los cuidados es también una causa en Cuba, destacó Pérez González». El nuevo Código de las Familias, que vela por el bienestar de las personas vulnerables respetando su autonomía; que otorga el derecho a un uso equilibrado del tiempo, de las tareas domésticas y de cuidado; que establece el derecho de todas las personas al desarrollo pleno de la salud sexual y reproductiva; que condena los diversos tipos de violencia en todas sus manifestaciones y presenta además formas de protección con estas; que potencia la igualdad de género en el espacio familiar y llama a las instituciones, comunidades y organizaciones a activar estrategias de género, entre muchas otras garantías, está siendo un espacio de debate y disputa con sectores fundamentalistas de la sociedad, que ofrecen resistencia. Ganar esa lucha es un modo de no volver a lo ‘normal'», concluyó.


lunes, 29 de noviembre de 2021

Xiomara Castro ya festeja la presidencia


Página/12

Los hondureños eligieron en las urnas al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández, cuestionado por corrupción y cuyo partido sería desbancado tras 12 años del poder, al que llegó tras el «golpe blando» contra Manuel Zelaya.

En unas elecciones presidenciales que se desarrollaron sin mayores incidentes y con una importante participación en torno al 69 por ciento en Honduras, la candidata de izquierda Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), resultaba vencedora por casi 20 puntos de diferencia, de acuerdo a los primeros resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los resultados preliminares, que se demoraron casi una hora generando malestar en la población, le otorgaban a Castro  53,5 por ciento de los sufragios frente al 34 por ciento del candidato del Partido Nacional (PN) gobernante, el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, con el 40 por ciento del total de las actas escrutadas.

Los primeros resultados oficiales coinciden con casi toda la boca de urna, que le daban a Castro una ventaja que se extendía hasta los 15 puntos de diferencia de acuerdo a la encuestadora LeVote. Ambos candidatos, que partían como favoritos a quedarse con la presidencia, se proclamaron ganadores antes de que se conozcan los resultados definitivos, que podrían llevar días en anunciarse. Los hondureños eligieron en las urnas al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández, cuestionado por corrupción y cuyo partido sería desbancado tras 12 años en el poder.

Buena participación y tirón de orejas a los candidatos

Los comicios, en los que participaron 14 partidos y doce candidatos presidenciales, fueron observados por más de 400 enviados especiales de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y expresidentes latinoamericanos. No hubo «incidentes que lamentar» y participaron más de 3,2 millones de los 5,1 millones de votantes habilitados para votar, indicó Kelvin Aguirre, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aguirre pidió a los candidatos presidenciales no declararse ganadores hasta que el CNE divulgue los resultados oficiales de las elecciones, las undécimas consecutivas desde 1980, cuando el país retornó al orden constitucional. Pero unas tres horas antes de que se cerraran las mesas de votación, los partidos LibRe y Nacional daban como ganadores a sus respectivos candidatos.

El gesto de Castro y Asfura generó la inmediata reacción del CNE y la OEA. «Ayudémonos todos a salir bien de este proceso electoral, el pueblo merece actuar con tranquilidad y prudencia hasta que se produzca el resultado final», reclamó la magistrada del consejo electoral, Rixi Moncada, al anunciar el comienzo del escrutinio. Asimismo, la misión de la OEA exhortó «a los candidatos y actores políticos a que tengan una actitud responsable y eviten proclamaciones y pronunciamientos anticipados», mientras que la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, exhortó a los actores políticos a «mantener la calma».

La masiva afluencia de votantes registrada en la capital hondureña se repitió en varias ciudades y municipios del país centroamericano. De hecho, los colegios electorales lucían repletos desde la primera hora del domingo. Xiomara Castro votó por la mañana en la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho, en el este del país, y exhortó a sufragar de forma masiva. «Tengamos paz, no atendamos provocaciones, sabemos que van a intentar provocar al pueblo, hay desesperación, especialmente de aquellos que han estado gobernando estos 12 años«, expresó.

Antes de votar en Tegucigalpa, Nasry Asfura, quien fue acusado en 2020 de malversar fondos públicos, nombrado en los Pandora Papers y vinculado al tráfico de influencias en Costa Rica, abogó por destacar la participación popular. «Lo que el pueblo hondureño quiere al final es el respeto», declaró Asfura y agregó, acaso abriendo el paraguas de lo que vendría luego: «Debemos, como caballeros y como hombres, aceptar las cosas, pero hasta que se cuente el último voto«.

Por su parte el presidente Juan Orlando Hernández, luego de emitir su voto en su municipio natal de Gracias en el oeste de Honduras, manifestó: «Estoy optimista con los resultados, yo recibí al país más violento en la faz de la tierra, ya no lo somos, nos entregamos un país quebrado y dejamos un país con unas finanzas robustas». Ortega logró la reelección cuatro años atrás en unas polémicas elecciones en las que enfrentó a un candidato de una alianza coordinada por el exmandatario Manuel Zelaya (2006-09), esposo de Castro, pese a acusaciones de fraude de la oposición y de observadores, lo que desató una ola de protestas y represión estatal que dejó una treintena de fallecidos.

«Hemos experimentado este gobierno por 12 años y hemos ido de mal en peor. Tenemos la expectativa de algo nuevo», consideró el comerciante Luis Gómez. «Esperemos que no haya violencia. Independientemente de quien gane, todos somos hondureños y tenemos que respetarnos unos a otros. Lastimosamente no entendemos eso», dijo por su parte Leonel Peña, un carpintero de 57 años, tras votar en el barrio de Nueva Suyapa, periferia de la capital.

Castro, quien asegura promover un «socialismo democrático» con una agenda progresista, ha sido tildada de comunista por sus rivales más reaccionarios, y ese discurso ha calado hondo en una parte de la sociedad. «Muchas características de Venezuela las quieren traer aquí a Honduras y no las aceptamos», decía Rosa Díaz, una ama de casa de 26 años que votó por Asfura porque cree que «es diferente». «¿Cuál comunismo, si aquí en Honduras el que no trabaja no come? Yo nunca he vivido por un partido», replicaba por su parte Guadalupe Rodríguez, una vendedora ambulante de comida de 54 años.

Jornada tranquila pese a los temores

Aunque existe un alto nivel de desconfianza hacia la política y muchos hondureños temen que vuelva a haber violencia gane quien gane, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Zeljana Zovko, destacó que la jornada se desarrolló en un ambiente «tranquilo» y que la afluencia a los centros de votación fue «alta». Por su parte Estados Unidos envió al jefe de su diplomacia para América latina, Brian Nichols, a reunirse con los candidatos: no quiere que una nueva crisis aliente aún más las olas migratorias que constantemente llegan de Centroamérica.

Durante la jornada se registraron algunas denuncias de irregularidades como la caída del sitio web del CNE, el cierre temporal de al menos un centro de votación y una demora en la apertura de las mesas. Horas más tarde, el portal volvió a estar en funcionamiento y accesible al público, aunque el comité electoral prometió investigar lo sucedido.

Medios locales reseñaron también el cierre temporal por parte de las Fuerzas Armadas de un colegio electoral en Tela, en el departamento norteño de Atlántida, debido al movimiento ilegal de un escáner de huellas digitales, un sistema de identificación biométrica que se utiliza por primera vez en el país.

Además del nuevo presidente, los hondureños también debían elegir a los 128 miembros del Congreso Nacional y 20 representantes del parlamento centroamericano. Los resultados de estos comicios serán definitivos, ya que en Honduras no hay posibilidad de ballotage y se consagra presidente el candidato que más votos obtenga en una única vuelta.

Los temores de fraude y los reportes de al menos 31 muertos como parte de la violencia política en esta campaña avivaron las tensiones, mientras el país experimentó un salto del desempleo de 5,7 por ciento en 2019 a 10,9 por ciento en 2020, según la Universidad Nacional Autónoma, y tiene al 59 por ciento de sus diez millones de habitantes sumidos en la pobreza.


Xiomara Castro aventaja por 19 puntos a Nasry Asfura según datos preliminares


Defensores en Línea

Por Marc Allas 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer alrededor de las 8:30 de la noche que con el 16.1% de los sufragios escrutados, la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (LibRe), Xiomara Castro contabiliza 297 mil 714 votos (53,44%) frente al candidato del partido Nacional que obtiene hasta el momento 189 mil 451 (34.01%) y que el Yani Rosenthal del partido Liberal alcanza 51 mil 446 votos (9.23%).

Frente a una estrategia de miedo impulsada por el partido Nacional que tuvo el propósito de paralizar a los votantes, el pueblo no se dejó intimidar y acudió a las urnas masivamente. Con más de 5 millones de votantes habilitados, 3.2 millones de personas ejercieron el sufragio y votaron por un cambio de rumbo para Honduras.

Trascendió también que el candidato, Rolando Contreras estaría ganando la alcaldía de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país. Rolando Contreras sustituyó en la planilla a su hermano Roberto Contreras, quien no fue habilitado para integrar la planilla de oposición conformada por el partido Libertad y Refundación (LibRe), Partido Salvador de Honduras (PSH), Partido de Innovación y Unidad Nacional (PINU) y Honduras Humana.

Por otro lado, Jorge Aldana candidato de LibRe estaría imponiéndose en la alcaldía del Distrito Central, frente a su contendor nacionalista David Chávez.

Tratando de aferrase al poder y negándose a aceptar que están perdiendo las elecciones, alrededor de las 8:05 pm, dirigentes del partido Nacional se declararon ganadores en las encuestas a boca de urna.

El dirigente Juan Diego Zelaya habría expresado: “De que ganamos, ganamos”. Pero, el candidato presidencial del partido Nacional Nasry Tito Asfura se mostró más cauto y llamó a las bases a mantener la calma y esperar los resultados. “Les pido paciencia, tranquilidad y sosiego”, dijo.

El partido Nacional exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) contar hasta el último voto que ingrese a la base de datos del órgano electoral.

Entretanto, la emisora radio América tuiteó a las 7:00 pm, que, de acuerdo con los resultados a boca de urna, la candidata presidencial del partido LibRe, Xiomara Castro sería la ganadora de los comicios generales practicados en Honduras y, por tanto, la nueva presidenta electa por el pueblo.

Radio América tuiteó: “la candidata electa en las elecciones generales de Honduras es Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación”.

Estas son las elecciones más votadas en la historia de Honduras (3.4 millones). Xiomara Castro estaría siendo la presidenta más votada de todos los comicios registrados hasta hoy.

El virtual triunfo de Xiomara Castro representaría la peor derrota que ha sufrido el bipartidismo conformado por el partido Nacional y Liberal, que han gobernado el país desde el retorno al orden constitucional de 1982.


Choluteca alerta por ingreso de nicaragüenses para votar


Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez 

Choluteca, Honduras.- La zona sur del país podría ser un punto de fraude electoral que favorezca al partido de turno que sostiene la dictadura desde hace 12 años.

Con la entrada de ciudadanos nicaragüenses en la víspera a las elecciones generales de este 28 de noviembre, se crea la zozobra si estos obtienen tarjetas de identidad clonadas para ejercer el sufragio.

Circulan audios donde se dan instrucciones a vecinos de Nicaragua que colinda con el departamento de Choluteca, a cambio de votar por el Partido Nacional, les ofrecen dinero.

Por su parte, la Red de Defensores/as de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), denuncia que han ingresado varios autobuses con nicaragüenses, obteniendo tarjetas de identidad clonadas.

Cabe mencionar que en octubre el dictador Juan Orlando Hernández, visitó a su homólogo Daniel Ortega para firmar una serie de acuerdos. También, cientos de nicaragüenses ingresaron a Honduras en busca de ser vacunados contra la pandemia del Covid-19. En estas fechas les corresponde la segunda dosis, pero hubo un anuncio oficial que, por motivo de elecciones, se posponen las citas hasta el 4 de diciembre.

Al pueblo se le hace una invitación de asistir a votar masivamente en horas de la mañana y en en las subsiguientes cuidar los votos para evitar el fraude electoral y el continuismo.