miércoles, 21 de octubre de 2020

Advierten que la nueva Ley Electoral no será aprobada antes de la inscripción de las precandidaturas


Radio Progreso

El partido Innovación y Unidad, PINU, a través de un comunicado ha denunciado que en el Congreso Nacional la discusión de la nueva Ley Electoral no se está discutiendo y aprobando con la celeridad que la situación requiere, por lo que sospechan que la misma no estaría lista antes de la fecha límite para inscribir las precandidaturas.

En ese sentido, el PINU exigió a la Junta Directiva y a las fuerzas mayoritarias para que se comprometan a extender las jornadas de discusión y aprobación de la nueva Ley, y de esa forma lograr que la misma esté lista para la segunda semana de noviembre, así garantizar un nuevo marco legal que regule las elecciones primarias de marzo y generales de noviembre de 2021.

Asimismo, enfatizaron que ven con sospecha la actitud de varios diputados del Partido Nacional, quienes con sus posturas han obstaculizado la aprobación de más de 30 artículos de los 70 discutidos, dejándolos en suspenso y esto atrasa más el proceso.

“Por lo que vemos es difícil que la Ley se apruebe en su totalidad antes de noviembre y esto es preocupante”, dijo a Radio Progreso el diputado del PINU e integrante de la comisión de dictamen de la nueva Ley Electoral, Tomás Ramírez.

De acuerdo a Ramírez, es importante saber leer la situación que se genera en el Congreso Nacional, donde el partido de gobierno está dividido en algunos temas, entre ellos la representación de las mesas electorales y el papel de los comisionados suplentes tanto en el Consejo Nacional Electoral (CNE), como en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

“Creo que se deberían respetar los acuerdos alcanzados entre las fuerzas políticas, ver esta actitud del partido de gobierno solo levanta sospechas de que quieren obstaculizar la aprobación de la Ley”, valoró el diputado Jorge Cálix, vocero de Libre ante el pleno del Congreso Nacional.

Para el diputado Ramírez es necesario que se defina una ruta clara de discusión y aprobación de la Ley, y también que se incluyan a todos los sectores en el abordaje de los artículos que están en suspenso por falta de acuerdos.

Hasta la fecha el Congreso ha abordado más de 75 artículos, de los que más de 30 están en suspenso. “Hay otras comisiones o grupos de personas discutiendo sobre estos temas, creo que lo que indica la Ley es que la comisión de dictamen lo aborde pero esto no ha sucedido, en conclusión, son las fuerzas mayoritarias las que están decidiendo en este asunto”, denunció Ramírez.

Las negociaciones por debajo de la mesa en temas electorales ha sido una práctica de años en el Poder Legislativo y en el marco de la actual discusión no es la excepción, por lo que el PINU advirtió que estas conductas antidemocráticas solo pueden traer problemas para el país.

Por tal razón, Ramírez dijo que están exigiendo a la Junta Directiva para que presente los votos particulares emitidos por los integrantes de la comisión de dictamen, en el que como partido han propuesto que se incluya la aprobación de la nueva Ley Electoral.

“No deben tener miedo a someter esta medida a votación, si lo hacen vamos a saber quiénes son los que se oponen en realidad a que haya segunda vuelta el próximo proceso electoral”, acotó el diputado Luis Redondo.

La discusión de la Ley avanza y según el oficialismo, en lo que queda de octubre y la primera semana de noviembre, se aprobará la totalidad de la normativa, la que consta de más de 350 artículos.


Demandan nulidad del Proyecto Hidroeléctrico de Jilamito, Atlántida


Radio Progreso

Las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, presentaron ante la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, MI AMBIENTE, una acción de nulidad contra el proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito de Arizona, Atlántida, que el Estado de Honduras otorgó a Inversiones de Generación Eléctricas S.A. INGELSA, propiedad del empresario Emin Abufele.

Este proyecto ha tenido un proceso permanente de resistencia de las comunidades. Se han realizado al menos dos cabildos abiertos en los que ha rechazado su construcción, y se han presentado ante el Ministerio Publico, una serie de denuncias por supuestos actos de corrupción en el otorgamiento de la concesión.

Hasta ahora, el Ministerio Público, lejos de atender las denuncias ciudadanas, ha procedidos a criminalizar a varios líderes comunitarios, entre ellos el actual alcalde Arnaldo Chacón.

El abogado Víctor Fernández del MADJ, dijo, en conferencia de prensa, que, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, han comenzado realizar una serie de acciones legales iniciando por Mi Ambiente, institución que ha violentado el derecho humano al agua y la vida.

Elena Gaitán, lideresa criminalizada desde hace tres años, explicó que son 16 comunidades del municipio de Arizona, Atlántida que se abastecen de las aguas del río Jilamito, por ende están dispuestos a defender su río y a denunciar a las autoridades que se confabulen con la empresa.


La pandemia le privó el derecho a la educación a miles de niñas y niños


Radio Progreso

Clases virtuales en HondurasSegún el Colpedagogosh, sólo un 52% de los niños y niñas tuvieron acceso pleno al internet para recibir clases virtuales.

La pandemia por la COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en el país con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto.

Del total de los alumnos y alumnas matriculadas en este año lectivo, solo 78% tuvo acceso a internet para comenzar con las clases virtuales que demanda la realidad por la pandemia.

Según el Colegio de Pedagogos de Honduras, Colpedagogosh, un 22% del alumnado nunca tuvo acceso al proceso de clases virtuales. Y a mediados de junio, un 26 por ciento de los alumnos abandonaron las clases por las condiciones económicas precarias de sus familias, dijo en Radio Progreso el presidente del Colpedagogosh, Edwin Hernández.

“El año escolar debe finalizar el 30 de noviembre. Lastimosamente estamos ante el peor Ministro de Educación que hemos tenido en la historia. A estas alturas de Octubre no hemos recibido de la Secretaría de Educación un plan de evaluación en tiempo de pandemia”, lamentó Hernández.


Los ricos vuelven a intoxicar el poder político


Counterpunch.org

Por Mario R. Fernández 

Los ricos y sus industrias

Con el desarrollo de la industria textil, en base al algodón, y de la industria metalúrgica, en base al carbón y al hierro, se producen textiles, acero, máquinas y líneas de ferrocarril y emerge la clase obrera industrial primeramente en Inglaterra. A partir de 1780, millones de hombres, mujeres y niños entregan su energía y su vida a la producción industrial que les devuelve a cambio bajas remuneraciones, muchos abusos, incluso esclavitud, y un destino de miseria. Además, a partir del siglo 19 el capitalismo industrial vive varias crisis de sobre producción y de especulación, así como levantamientos por parte de la clase obrera. El apogeo industrial de Inglaterra, y de otros países europeos, fue similar al de Estados Unidos en especial entre 1870 y 1900, un crecimiento rápido industrial con alto desarrollo de la ciencia y la tecnología que recibe el nombre de Época Dorada (Gilded Age). Es en este período que nacen las grandes fortunas de los ricos estadounidenses.

En Canadá, a partir de la Confederación en 1864, emerge una especie de independencia supeditada que se cristaliza con la creación del Dominio de Canadá, con un nuevo gobierno federal completamente subordinado a los ricos del Dominio y más tarde también a los ricos británicos y estadounidenses. Canadá, constituido por las provincias de Ontario, Quebec y las tres provincias marítimas en especial Nova Scotia, todos territorios coloniales con gobiernos económicamente débiles y endeudados, es presa fácil de oligarcas criollos. En 1879, el gobierno del Dominio de Canadá crea un proyecto industrial llamado “Política Nacional” (National Policy en inglés) que usa la imposición de tarifas a productos importados, pero deja liberadas a las materias primas, lo que facilita que capitalistas canadienses de diversos potenciales económicos comiencen a darle importancia a invertir en la industria.

En Nova Scotia existía una industria de la minería del carbón y había surgido la industria del acero no hacía mucho, pero las áreas desarrolladas por décadas eran realmente la forestal, los astilleros y la pesca junto a una agricultura mayormente de subsistencia. Aquí la acumulación de riqueza importante se había originado, sin embargo, gracias al transporte marítimo y a contratos de abastecimiento con las tropas de la corona británica; y la gran ganancia para oportunistas y acumuladores de capital provenía de la esclavitud, que era legal, y de la piratería. En Canadá se insiste que el país refugiaba esclavos en los años 1700, esclavos escapados de Estados Unidos, pero se habla poco de que la esclavitud de africanos y aborígenes existía en las colonias canadienses (francesas y británicas) y que era un negocio muy lucrativo. Un dato interesante es que los esclavos que escapaban de Canadá se refugiaban en estados del norte de Estados Unidos que no tenían esclavitud como Massachusetts y Pensilvania.

Los piratas en Canadá se llamaron elegantemente “privateers,” privatizadores en español, era un negocio sucio que comenzó en 1750 y llegó hasta principios del siglo 19. Los barcos piratas, que zarpaban de varios puertos de Nova Scotia con licencia, de la colonia en nombre de la Corona, para piratear. Se lanzaban al Caribe y a las costas de Venezuela para saquear barcos enemigos de la Corona Británica y robarles su carga. Los privateers corrían riesgo, pero si todo iba bien su ganancia era total. Aquí en Halifax, capital de esta provincia, los privateers mantienen hoy un velo romántico para turistas, la historia real de estos “empresarios piratas” no se explora demasiado.

Curiosamente fue el capital modesto el que en Nova Scotia emprendió el desarrollo industrial y fue aportado mayormente por comerciantes que no solo establecieron industrias en la capital provincial sino también en tres pueblos y usaron el transporte marítimo y el ferrocarril para mover sus productos. Muchas industrias comenzaron como talleres en el que los dueños conocían bien a sus trabajadores lo que favorecía una relación paternalista tanto como manipuladora en cuanto a bloquear toda intención de sindicalización. Pero a medida que la industrialización avanzaba la élite que formaban los dueños de las industrias creció en organización formando consejos o asociaciones para establecer estrategias favorables a sus intereses y prioritariamente para manipular gobiernos locales e impedir la formación de organizaciones de trabajadores.

El auge industrial en Nova Scotia incluyó una variedad de fábricas y manufacturas que producían desde calzado, textiles y ropa hasta suministros para el transporte marítimo, azúcar, papel, maquinarias, motores, calderas, carros de ferrocarril, estructuras metálicas, conserveras de pescados, cocinas a leña y carbón y barcos pequeños y grandes. Un centro importante, seguramente por su ubicación geográfica fue Amherst, situado en la nueva ruta del ferrocarril interprovincial. Este pueblo de 1.800 habitantes en 1860 llegó a tener 10.000 para el año 1930, el punto más alto desde el que comienza a declinar. En aquellos años, Amherst fue el principal centro industrial de todo el Atlántico canadiense y uno de los más importante de todo el Dominio de Canadá.

Muchos productos que se fabricaban en el Atlántico canadiense se producían también en Quebec y en Ontario, con capitalistas dueños de fábricas mucho más poderosos e influyentes sobre el gobierno federal que los del Atlántico. Por ello, comenzó una competencia que primero llevó a la absorción entre las compañías locales que luego serían absorbidas por las de Quebec y Ontario, proceso monopolista típico de acumulación capitalista que hoy llamamos en inglés “mergers.” Muchos de los industriales que formaban parte de la élite local pasaron a ser parte de consejos de corporaciones más grandes donde el ambiente y el juego era ya no solo acordar una estrategia para su beneficio sino hacer acuerdos y maniobras con consecuencias antisociales para trabajadores, habitantes del lugar y sociedad canadiense en general. El declinar industrial de principios de siglo 20 en Nova Scotia se reanima sólo con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, pero terminada esta en 1920 la decadencia inminente se hace visible no solo en la industria sino en otras áreas debido al bajo precio del acero, carbón y bacalao que golpeó a esta provincia con una depresión económica que duró 20 años. Miles de habitantes abandonaron Nova Scotia, atraídos por otros lugares de Norteamérica o engañados por la especulación inventada de los “locos años veinte” que tuvieron corta duración. Para fines de los veinte el mundo occidental estaba sumido en una gran crisis económica y en un caos social.

En todo occidente, el poder de los ricos durante el siglo 19 y principios del 20 fue absoluto ellos impusieron el “laissez faire” defendido por los liberales como desarrollo económico pero que implicaba que esos hombres de dinero fueran no sólo dueños de sus fortunas sino también de la vida y destino de millones de habitantes. Los estados y sus gobiernos locales vivían endeudados y funcionaban para esa elite rica, lo poco que se recaudaba en impuestos y derechos era para mantener ejército y policía al servicio de los empresarios cuando ellos se sentían amenazados por el descontento y la acción popular. Luego los gobiernos se responsabilizaron por educación básica pública, a cargo mayormente de mujeres. Los parlamentarios y consejeros locales eran simplemente empleados de esa élite, aprobaban proyectos de infraestructuras que favorecían sus negocios y mejoras a sus zonas residenciales, el poder judicial estaba completamente manipulado por el dinero.

Los trabajadores y sus luchas

Los principios de la revolución francesa del siglo 19 no se aplicaron en ninguna parte, lo que prevaleció fue la falsedad liberal ensalzando la libertad individual basada en el calvinismo discriminatorio de “ayúdate que dios te ayudará.” Así se justificaba la explotación económica y como remedio a los problemas sociales se promovía la caridad. En las urbes industriales, donde la vida para los pobres, la gran mayoría, incluía enfermedades como la tuberculosis y la violencia familiar, la crueldad involucraba incluso a animales domésticos. Trabajadores y pobladores en general respondían defendiendo su derecho a mejores condiciones de vida formando primero organizaciones sociales de ayuda y luego organizaciones laborales o sindicales. La lucha sindical e ideológica no era muchas veces exitosa, con la excepción de las luchas de trabajadores especializados que consiguieron mejoras, pero fueron igualmente semilla de movimientos revolucionarios. El marxismo hacía visible la importancia de la vida real y material de los seres humanos, prioritaria en la sociedad, y el valor de la producción de los trabajadores. Entre 1900 y 1914 en Nova Scotia hubieron más de 300 huelgas y para 1919 se organizó en Canadá una huelga nacional que se llamó “Big One” (La grande) y ese año mujeres de una fabrica textil local ganaron el derecho a la jornada de 8 horas y reivindicaciones de salario, puesto que eran ellas quienes ganaban menos, la mitad de lo que ganaban los hombres, los niños eran terriblemente explotados y recibían de pago un 20% de lo que recibían los hombres.

En 1917 el triunfo de la Revolución Rusa marca el resultado del esfuerzo, directo o indirecto, de millones de hombres y mujeres en lucha contra el poder de ricos y oligarcas. Muchos de estos trabajadores y trabajadoras pagaron con sus vidas los derechos obtenidos y que otros incluso hoy disfrutamos. La Revolución triunfante fue seguida en todo el mundo, testigo de que el poder de los ricos no era invulnerable, lo que fue una alarma persistente para el capitalismo todo. Canadá fue un escenario de ese impacto mundial, la lucha sindical y política en favor de la clase trabajadora, aunque difícil era dinámica, incluyendo protagonistas socialistas, anarquistas y otros revolucionarios organizados que a principios del siglo 20 y posterior a la revolución de octubre, se transforman en constante preocupación de los ricos. Algunos miembros del parlamento federal y de consejos locales, aunque obedientes al poder capitalista, presentaron proyectos reformistas, si no eran más que una “hoja de higuera,” término bíblico usado para definir intentos de cubrir lo chocante y vergonzoso, que de alguna manera intentaron lidiar con la evidente injusticia al tiempo que evitar la propagación de la revolución. En el siglo 19 ya había habido reformadores en los parlamentos, pero estos no tuvieron capacidad de agruparse.

Los progresistas son también protagonistas

El Progresismo como filosofía de reforma social apura la máquina, había fracasado en su tarea de regular el “laissez-faire.” Un muy limitado “Estado de Bienestar” existía en la Alemania de Otto Von Bismarck en 1883 pero para 1901 no es sino un republicano, el presidente Theodore Roosevelt, quien implementa varias reformas y entre ellas la regulación de industrias de la carne, donde el abuso era terrible, y otras para detener el abuso laboral en general. Roosevelt es responsable de dividir a los republicanos en 1912 cuando crea el primer Partido Progresista en su país y hace público su “Contrato con el Pueblo.” Se organizaron otras varias expresiones progresistas o reformistas como el Radicalismo humanista, laico y republicano que tenía presencia en Francia, Chile y Argentina. Y otros como el Progresismo de los conservadores británicos, el Rerum Novarum del Papa Leo XII en 1891 en apoyo a los sindicatos, pero defendiendo la propiedad privada. Para los liberales, que no podían quedarse fuera de las reformas, nace el social-liberalismo. Incluso algunos nacionalismos del Tercer Mundo adoptan reformas sociales. En 1916 cuando se disuelve la Segunda Internacional de partidos socialistas y laboristas esta da origen a la Social Democracia, que funcionó incluso hasta los años 1980s fecha en que se convirtieron en neoliberales.

En Estados Unidos el impacto más importante del reformismo fue el New Deal que emerge en plena depresión en los años 1930 encabezado por el presidente Delano Roosevelt; se trataba de una solución a la economía y la miseria generada por millones de desempleados. El Fair Deal emerge en 1949 con el presidente Harry S. Truman que impulso el Estado de Bienestar Social en Estados Unidos. Aunque estos proyectos no beneficiaron a toda la población, pues Estados Unidos vive un “apartheid” contra descendientes africanos y aborígenes, benefició a muchos blancos. Un tercer proyecto, este más bien propagandístico, fue impulsado por John F. Kennedy en 1961 la Alianza para el Progreso para América Latina que involucraba ayuda alimenticia, en gran parte robada por oligarquías locales, y una reforma agraria limitada que intentaba frenar la influencia de la Revolución Cubana en el continente. El mejor representante de ese proyecto fue justamente Chile durante el gobierno de la Democracia Cristiana.

En Canadá el progresismo tiene su origen principalmente en el Evangelio Social (Social Gospel en inglés) que no fue homogéneo ni unido incluyendo una variedad de ministros religiosos de iglesias protestantes que se hacen dirigentes políticos y/o sindicales, área que compartían con dirigentes izquierdistas, comunistas y anarquistas, que también fueron (unos pocos) miembros del parlamento. Este movimiento promovía el llamado socialismo democrático y uno de sus más conocidos líderes fue Thomas C. Douglas, ministro bautista y miembro del parlamento federal y luego Premier de la provincia de Saskatchewan (oeste canadiense) cuyo gobierno introduce en 1947 el primer sistema de salud universal existente en Norteamérica. Paradójicamente, muchos médicos fueron contrarios al proyecto de salud pública. El Evangelio Social fue influyente en Estados Unidos también y su máximo líder fue el ministro religioso Martin Luther King Jr. quien levantó la lucha por los derechos civiles de la población negra en ese país y fue líder del movimiento por 13 años hasta su asesinato en 1968. Para los años 1980s el progresismo cristiano había perdido su fuerza en Estados Unidos.

Habían transcurrido 8 décadas del siglo 20 en que las revoluciones, Rusa, China y Cubana se entendían como los eventos más relevantes y eran contrarias a las oligarquías, los ricos y el imperialismo. Las reformas también ocuparon espacios importantes con la creación del Estado de Bienestar Social, principalmente en el llamado Primer Mundo y posterior a la 2da Guerra Mundial. El Tercer Mundo nunca tuvo permiso para el bienestar social, simplemente por la relación de dominación y explotación que el Primer Mundo ha sostenido siempre con respecto al Tercer Mundo. En esas 8 décadas hubo un grupo de ricos, con sus políticos y académicos y economistas serviles, que nunca aceptaron ni los cambios con foco al bienestar social y mucho menos pagar impuestos más altos con ese fin. Estos trataron de obstaculizar el papel del estado y cualquier acción en favor de la gente, pues no solo entendían las revoluciones como peligrosas a sus intereses sino cualquier acción por mínima que fuera en favor de los pueblos.

La vuelta al pasado

Los oligarcas que impulsaron el neoliberalismo en los 1980 estaban al asecho y aprovecharon para implementar la tarea de “volver al pasado” viendo que por diferentes causas podían contar con el apoyo de todos los capitalistas y exitosamente instaurar un nuevo “laissez faire” esta vez uno sin industrias, y por ellos quizás más poderoso y perverso que en el siglo 19. Volvieron con el cuento del libre mercado y la globalización, con licencia para saquear todo lo existente, incluso dentro del Primer Mundo mismo. Primero convirtieron a la prensa en nidos de charlatanes y máquina de propaganda, dominaron y controlaron a toda la clase política de gobiernos y parlamentos de buena parte del mundo, sus ciervos pero esta vez mejor remunerados que antaño, a políticos y administradores serviles se les tolera toda irresponsabilidad y aunque pagados por el estado y no por los ricos, nadie los juzga. Los estados sólo sirven para salvarlos a ellos de las crisis financieras que ellos mismos causan, para ser endeudados para su beneficio y para ser robados para su enriquecimiento como históricamente.

La decadencia del paradigma socialista y del sindicalismo consecuente, quebrado o vendido, los ha envalentonado tanto que están de fiesta: es una festichola de acabo de mundo donde la riqueza crece sin límites. En los parlamentos no emergen alternativas y que estemos en Canadá, México o España no cambia nada, las izquierdas y los progresistas verdaderos no existen allí y si alguno alcanza el poder se vende prontito a buen precio. Abundan los ex izquierdistas que se dan de llamar “progresistas” y algunos hasta “socialistas” simplemente para engañar votos. En España, en Francia, en Inglaterra, entre otros, en América Latina sobran ejemplos. Algunos como el Frente Amplio de Uruguay fueron gobierno y usaron la caridad para lidiar con problemas sociales serios, algo que antes miraban con repugnancia pasa a ser aceptable cuando lo hacen ellos. En Brasil el partido de los Trabajadores es un caso similar, en Chile tenemos los ex Concertacionistas y también los diputados llamados nuevos izquierdistas todos falsos, sentados a calentar asiento en los parlamentos obvios vasallos asegurando intocables las políticas de los ricos.

El túnel es largo y oscuro y no se ve la luz, tenemos que crearla fuera de los parlamentos, siendo que vivimos en medio de una catástrofe ecológica, una humanidad domesticada, ciega a la realidad de corrupción que ni entiende muy bien, parece ignorar que la economía es especulación y que una élite antisocial lo controla todo tal como históricamente lo ha tratado siempre de hacer, y que esta vez es muy poderosa y cuenta con numerosos admiradores y no sólo entre los ricos. El fascismo emerge cada vez más descarado. Potencias como Rusia y China parecen preocupados fundamentalmente de crecer su propia variedad capitalista, algo que igualmente molesta a Occidente intransigente con competencia de cualquier índole aun entienda que estos no son proyectos en favor de sus pueblos. Venezuela y Cuba, proyectos populares entre otros, como han habido muchos en América Latina, asediados diariamente con crueldad infinita enfrentan ataques morbosos, al tiempo que con honor mantienen una lucha titánica diaria contra el imperio de los ricos.


Por qué es importante llamarlo fascismo


Counterpunch.org

Por Scott Gilbert *

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

No me enteré de que mi madre y Anne Frank habían sido amigas en la infancia hasta que, estando en séptimo curso, lleve el Diario de Anne Frank a casa. Aquél día mi madre me enseñó una fotografía en la que estaba con su prima y Anne y Margot Frank.

Fue una mirada excepcional al pasado de mi madre. Ella nunca hablaba de su infancia en Alemania y en la Holanda ocupada, de la guerra, de vivir escondidos o del Holocausto. Se negaba a hablar alemán incluso con nosotros, sus dos hijos.

Posteriormente averigüé que en 1960 mi madre fue la primera persona de su generación en demandar al gobierno alemán y exigirle reparaciones. El abogado de mi madre fue Robert Kempner, que sobrevivió a un campo de concentración nazi y llegó a ser ayudante del abogado en jefe estadounidense en el tribunal militar internacional de Núremberg. El juicio se prolongó durante catorce años antes de ser desestimado por falta de fondo legal. Solo después de su muerte vi las transcripciones que describían sus cicatrices físicas y psicológicas y empecé a entender por qué nunca salía de casa, ni siquiera cuando me galardonaron en el instituto.

Algunas personas sostienen que los alemanes no sabían o no entendían lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Puede que sea verdad, aunque las señales estaban ahí desde el principio.  Básicamente, existía un rechazo a ver lo que estaba pasando delante de sus narices y una falta de liderazgo moral en los momentos clave, cuando aún se hubiera podido detener al régimen. Las diferentes facciones políticas –comunistas, socialistas, Jewish Bund, movimiento sindical– no lograron unirse para detener el programa “Make Germany Whole Again” (“Logremos una Alemania Completa de Nuevo”) a pesar de que todos ellos, hasta cierto punto, reconocían el peligro. No se dieron cuenta de que llegaría un momento en que la puerta se cerraría de golpe y no habría más oportunidades para oponerse.

Hoy presenciamos la misma espiral de acontecimientos con el programa de odio e intolerancia de Donald Trump “Make America Graet Again” (Hagamos a América Grande de Nuevo”) que destruye las normas y el principio de legalidad al permitir que unas niñas como Darlyn Cristabel Cordova-Valle mueran en campos de concentración en la frontera o que una autoproclamada milicia de nacionalistas blancos asesine a manifestantes en las calles de Kenosha, Wisconsin. Todo se ha precipitado en los últimos meses: Trump se niega a reconocer la pandemia  en la que han muerto más de 180.000 estadounidenses; tropas federales paramilitares sin identificación persiguen a manifestantes en vehículos civiles y fuerzas similares surgen ahora en otras ciudades; claras maniobras para socavar o cancelar el núcleo de la democracia: las elecciones.

Algunos comentaristas andan ahora debatiendo si Trump es fascista, si lo que estamos presenciando es fascismo, si ya es hora de utilizar la maldita palabra. Los expertos en política sostienen que Trump se está comportando como un fascista, usando tácticas fascistas, actuando como un dictador o representando un show para su base electoral, pero siguen negándose a afirmar abiertamente que Trump es un fascista o a llamar fascista al régimen que preside. Algunos defienden que no es fascismo porque todavía tenemos un Estado bipartidista; porque la Gestapo no está llamando a las puertas de todo el mundo; porque aún existe cierta apariencia de libertad; porque Trump no ha comenzado una nueva guerra a pesar de sus belicosas amenazas.

Si ese es el criterio para catalogar a un régimen de fascista, tampoco los nazis eran fascistas cuando llegaron al poder. Sin embargo lo eran. No se juzga si un régimen es fascista por sus contratiempos o por lo que todavía no ha hecho. Basta con ver lo que Trump ha hecho. Basta con ver lo que ha dicho y lo que promete hacer. Basta observar los propósitos de su régimen y la dirección por la que nos está llevando.

Poco antes de morir, la Fundación Shoah de Steven Spielberg hizo una entrevista a mi madre. En ella describía cómo fue sucediendo todo: un cambio en la ley o un edicto aquí y allá… y de repente ya no podía comprar en su panadería favorita. Luego presenció cómo dispararon al director de su escuela por negarse a izar la bandera nazi. Y al final llegó el día en que no pudo ver más a su amiga Anne Frank.

Pienso en que mi madre y Anne Frank podrían haber celebrado los éxitos de sus nietos en una comida familiar si el pueblo alemán hubiera expulsado a los nazis cuando todavía estaban a tiempo de hacerlo.

¿Por qué es tan importante llamarlo fascismo? Porque si nosotros, como pueblo, reconocemos abiertamente esa terrible verdad, podremos encontrar un modo de impedir que este régimen fascista consolide su poder, antes de que sea demasiado tarde. Si el pueblo alemán hubiera sabido lo que nosotros sabemos y hubiera tenido la oportunidad de echar a Hitler y al partido nazi con protestas continuas no violentas, ¿no la habrían aprovechado? ¿No se habrían negado a aceptar lo que ya estaba pasando?

Esa es la pregunta a la que nos enfrentamos ahora. Si no llegamos aceptamos la cruda realidad no hay debate posible y estaremos contribuyendo a un engaño masivo. ¿Cuántos Anne Frank, Darlyn Cristabel, o Joseph Rosenbaum vamos a consentir? ¿Cuántas vidas vamos a sacrificar si no rompemos ya el engaño?

* Scott Gilbert es un médico que trabaja en el área de Boston y es portavoz regional de la organización RefuseFascism.org.


martes, 20 de octubre de 2020

Honduras ante el EPU con los “pies hinchados”


Defensores en Línea

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Bertha Oliva | Foto: Giorgio Trucchi | Rel UITA

El pasado 13 de octubre, 117 organizaciones defensoras de derechos humanos participaron en la 36° Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, donde presentaron una Declaración del Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal (EPU), al que el Estado de Honduras será sometido el 6 de noviembre próximo.

En la declaración1, las organizaciones dibujaron un escenario de país marcado por la desigualdad social, la corrupción, el aumento de casos de tortura y de los niveles de militarización.

También señalaron la creciente violación de derechos humanos a grupos vulnerables, entre otros, niñez, mujeres, poblaciones indígenas y campesinas, migrantes, personas LGBTI, defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Actualmente Honduras es el país más desigual de América Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y más del 40 en la pobreza extrema.

Asimismo, ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos. La reciente aprobación de un nuevo código penal profundiza su criminalización.

Las organizaciones advierten que más de 140 personas defensoras de los bienes comunes han sido asesinadas entre 2010 y 2019, y que se documentaron al menos 2.137 ataques entre 2016 y 2017.

La desaparición forzada de los cinco líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, la criminalización y encarcelamiento de los defensores del agua de Guapinol2 y del joven maestro Rommel Herrera Portillo, así como los ataques contra los pueblos Garífuna, Lenca y Tolupán y el desalojo de familias campesinas que exigen acceso a la tierra, son el vivo ejemplo de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres, los periodistas y la comunidad LGBTI.

Son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001.

Una impunidad casi total

La impunidad supera el 90 por ciento de todos estos casos.

Uno de los efectos de esta situación es el desplazamiento interno de al menos 250 mil personas entre 2004 y 2018, y la creciente migración hacia Estados Unidos huyendo de la violencia, la miseria y la falta de oportunidades.

En el último EPU (2015), al Estado hondureño se le formularon más de 150 recomendaciones.

“El EPU es una oportunidad que tenemos las organizaciones de derechos humanos para plantear al mundo la grave situación que vive el pueblo hondureño.

No me explico cómo es posible que la representación oficial llegue a esta cita mintiendo, una vez más, sobre la implementación de las recomendaciones”, dijo a La Rel Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

“El contexto es dramático y esta gente es experta en vender internacionalmente una imagen de país que no existe en la realidad. Si ha habido avances ha sido a favor de la barbarie. Solo en el período de la pandemia contabilizamos 12 desapariciones forzadas”, explicó.

“Además, nos preocupan los altísimos niveles de militarización de la sociedad y de la seguridad pública. Hasta vemos imputados civiles que son procesados y recluidos en unidades militares (batallones)”.

La defensora de derechos humanos aseguró que hay una perversidad de fondo.

“El afán de este gobierno es destruir al movimiento que resiste y lucha contra la colusión de los poderes político, económico, judicial y militar para garantizar los intereses del gran capital nacional y transnacional. Hay una cantidad de recomendaciones incumplidas e ignoradas por parte del Estado de Honduras.

El EPU va a ser un escenario importante para volver a exigir cambios estructurales en materias de derechos humanos”, concluyó.


“Honduras, ante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos”


Defensores en Línea

Un total de 117 Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) defensoras de los derechos humanos, agrupadas en redes, Coaliciones, Plataformas y Grupos de Base Comunitaria, participamos este martes 13 de octubre en la 36 Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH), presentando una Declaración del Informe Alternativo, del  Examen  Periódico  Universal  (EPU),  sobre  el cumplimiento  de  recomendaciones  y compromisos asumidos por el Estado de Honduras en los últimos cinco años.

El  Informe  Alternativo,  incluye  entre  otros  temas, desigualdad  social, el aumento  de  casos  de  tortura, violación   de   derechos   humanos   a   grupos   colocados   históricamente   en   una   posición   de   mayor vulnerabilidad  como  la  niñez,  juventud,  discapacidad,  mujeres,  poblaciones  indígenas,  LGBTI, personas migrantes, situación de defensores y defensoras, entre otros.

Relevamos nuestra preocupación por el aumento del militarismo y el establecimiento de los tribunales de jurisdicción nacional, la falta del combate efectivo  a la corrupción, el  resquebrajamiento del Estado de derecho  y la violencia  sistemática  que  el Estado  de  Honduras  ejerce a   través  de sus  políticas institucionales, contexto empeorado en la actual pandemia porCOVID-19.

Nuestro países hoy el más desigual de América Latina y se encuentra dentro de los seis más desiguales del  mundo,  con casi  el  70%  de  la población viviendo  en  condiciones  de  pobreza  y  más del 40%  en condiciones de pobreza extrema y  exclusión  social. La  pobreza  es  una  condicionante  que,  sumada  al desempleo  y  la  falta  de  oportunidades,  generan  la  migración  de  familias  enteras,  de  niños,  niñas, adolescentes y jóvenes no acompañados.

En  2020,  entre enero y septiembre han  retornado  al  país  31,321  personas,  de  los  cuales  3,954  son menores de edad no acompañados. Del 27 de marzo al 07 de octubre, durante el distanciamiento social por  la  COVID-19  han  retornado  al  país  1,937  Niñas, Niños, Adolescentes  y Jóvenes.  El  gobierno  de Honduras  no  ha  cumplido  con  las  normas  mínimas  para  la  eliminación  de  la  trata  de  personas,  y  esto coloca a menores de edad en mayor riesgo de ser víctimas de este flagelo.

La  cultura  de  militarización es impulsada  como  política  del  Estado.  La  presencia  militar  se  observa  en tareas  de  seguridad  ciudadana,  en  centros  educativos  a  nivel  nacional  y  en  el  sistema  penitenciario nacional, con la agravante de un uso excesivo de la fuerza y estricto control de la población privada de libertad, sin que exista un marco jurídico claro en relación con el papel de los militares en la seguridad pública. La desproporcionalidad de los presupuestos destinados a las Secretarías de Defensa y Seguridad, que  superan  los  364  millones  de  dólares, ubicándonos entre  los  países  con  mayor  inversión  militar impactando directamente en la violación de los derechos humanos.

Desde  el  año  2014,el  gobierno  a  través  de  las Fuerzas  Armadas  ha  implementado  el Programa “Guardianes de la Patria” que promueve una cultura castrense y viola los estándares internacionales que protegen a la niñez para ser educada en condiciones de paz.

El Estado debe asignar presupuesto a las políticas relativas al acceso a la educación, salud y prevención de violencia hacia la niñez. Además, debe fortalecer el marco normativo y los sistemas de  monitoreo que generen la información suficiente para tomar las medidas necesarias en respuesta a la niñez y juventud.

Honduras es también uno de los países más peligrosos en América Latina para las personas defensoras de derechos humanos, la situación de criminalización, violencia, estigmatización y persecución de defensores y defensoras hondureñas es alarmante.

Según registros de los observatorios de sociedad civil, once defensores y defensoras de  derechos de la población LGBTI fueron asesinadas entre 2008 y 2018, más de 120 defensores del medio ambiente fueron asesinados entre 2010 y 2017, entre 2016 y 2017se registraron 2,137 ataques a personas defensoras, seis de las cuales fueron asesinadas.

Entre 2001 y 2020, se han asesinado a 85 personas que trabajaban en medios de comunicación. A pesar de  que  el  Estado  no  cuenta  con  una  lista oficial de  casos  que  investiga  en  relación  a  su  quehacer periodístico, según el Ministerio Público, a julio del 2018 se han judicializado 17 casos, se han obtenido seis condenas y se encuentran  en investigación 20 casos, pero ninguno de ellos involucra a los autores intelectuales.

Por  otro  lado, entre  2001  y  2018,  6,265  mujeres  fueron  asesinadas, alcanzando un 98%  en  la  tasa  de impunidad. El Estado no brinda información  completa sobre los derechos de las mujeres en el caso de continuar con la denuncia, ni sobre las medidas de protección disponibles. Es urgente que el Estado se responsabilice por la poca justicia que proporciona a estos casos.

De igual forma, al menos 250,000 personas han sido desplazadas internamente entre 2004 y 2018. Este aumento  del  desplazamiento  forzado  es  el  resultado  de  patrones  de  violencia, alimentados  por desigualdad  social, impunidad, corrupción  y  violaciones  generalizadas  a  los  derechos  humanos.  La respuesta del gobierno hondureño a las Caravanas y al incremento de las personas deportadas ha sido la criminalización, sin estrategias de atención, protección e integración.

Esto se ha hecho más flagrante en tiempos de COVID, en los cuales el Estado ha arriesgado la salud y la vidade  aproximadamente  18  mil  personas  deportadas,  de  los  cuales  casi  2  mil  han sido  menores  no acompañados.

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal se criminaliza la protesta social, el derecho de reunión y de asociación, contiene  restricciones  a la  libertad  de  expresión  y  de  prensa, así  como el  derecho  a defender  derechos  humanos. Esto  incluye, la  criminalización  por  la  utilización  de  sitios  web  o  redes sociales para emitir opiniones sobre funcionarios públicos, produciendo afectación a jóvenes por ser su principal plataforma de expresión. Los delitos de trata y otras formas de explotación contra la niñez no guardan armonía con los estándares internacionales, algunos tipos penales se derogan y en su mayoría se disminuyen las penas.

Otra  normativa restrictiva es la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, denominada “Ley de Secretos”, que  sigue  siendo  un  obstáculo  en  el  acceso  a  la  información  pública,  especialmente  para aquella que tiene que ver con la persecución de delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares y policiales.

Otros  elementos  relacionados  con  la  igualdad  de  derechos,  es  la  postergada ratificación  el  Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de Comunicaciones.

En los últimos cinco años, se presentó el proyecto de ley para implementar educación sexual integral en centros  educativos. Sus decisiones fueron  poco  fundamentadas en  la  ciencia  y sin considerar  el  bien común de la población, pese a la creciente tasa de embarazo en adolescentes y violencia sexual.

Igualmente,  urge que el Estado  derogue el Acuerdo  Ministerial  número  2744, que prohíbe  la  venta, promoción y uso de los anticonceptivos de emergencia (PAE), que se apruebe el Protocolo de Atención Integral  para  Víctimas  y  Sobrevivientes  de  Violencia  Sexual y  que  elimine de  la legislación  actual  la penalización del aborto.

Se debe reconocer plenamente la igualdad de derechos a nivel legislativo mediante la derogación de la prohibición del matrimonio igualitario. Asimismo, debe implementar una ley de Identidad de Género y/o reformar la Ley del Registro Nacional de las Personas, que permita a la población LGTBI la adopción legal del nombre asumido en razón de identidad y expresión de género.

Conforme a cifras que hace públicas el “Observatorio de muertes violentas de personas LGBTI”, del 2015 hasta mediados del 2020 se han producido más de 150 casos de muertes violentas contra personas LGTBI, en promedio 30 muertes por año.

Se  deben  tomar  las  medidas  necesarias  para  asegurar  la  independencia  del  Estado hondureño de las religiones, evitando que prácticas y doctrinas religiosas interfieran en el reconocimiento de derechos en materia de derechos humanos, retirando de las esferas formales de decisión en materia de derechos de las mujeres a representantes de las iglesias.

Las solicitudes de asilo de hondureños y hondureñas se han incrementado de 1,516 en 2009 a 78,100 en 2019, situación que coloca al país como el cuarto del mundo en número de solicitantes de asilo.

Finalmente, el día de hoy, nos presentamos ante la comunidad nacional e internacional para compartir una mirada  crítica  a  las  recomendaciones  incumplidas,  ignoradas  y  no  asumidas  por  el  Estado  de Honduras, con el deseo profundo de contribuir a generar cambios estructurales para el disfrute integral de los derechos humanos de toda la población sin sesgos ni discriminación.


Declaración del Secretario General de la ONU sobre la corrupción en el contexto de la COVID-19


Defensores en Línea

La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública.

Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad.

Los Gobiernos pueden actuar apresuradamente, sin hacer las debidas comprobaciones sobre los proveedores o sin determinar precios justos.

Los comerciantes sin escrúpulos venden productos deficientes, como respiradores defectuosos, pruebas mal fabricadas o medicamentos falsificados.

Y la connivencia entre quienes controlan las cadenas de suministro ha dado lugar a que algunos bienes muy necesarios tengan unos costos escandalosos, lo cual causa desviaciones en el mercado y deja a muchas personas sin posibilidad de acceder a tratamientos vitales.

Tenemos que trabajar juntos para poner fin a esos robos y a esa explotación adoptando medidas drásticas para poner fin a los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales, abordando los intereses particulares que se benefician del secretismo y la corrupción y ejerciendo la máxima vigilancia sobre la forma en que se gastan los recursos a nivel nacional.

Juntos, tenemos que crear sin demora unos sistemas más sólidos para la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad.

Tenemos que hacer que los líderes rindan cuentas.

Los empresarios tienen que actuar con responsabilidad.

Es esencial contar con un espacio cívico dinámico, con acceso abierto a la información.

Asimismo, debemos proteger los derechos de quienes denuncian las fechorías y reconocer su valor.

Los avances tecnológicos pueden ayudar a aumentar la transparencia y a controlar mejor las adquisiciones de suministros médicos.

Los órganos de lucha contra la corrupción necesitan más apoyo y empoderamiento.

Las propias Naciones Unidas siguen dando prioridad a la transparencia y la rendición de cuentas, tanto dentro como fuera del contexto de la respuesta a la COVID-19.

Para muchas personas de todas las regiones, la corrupción es desde hace tiempo una fuente de desconfianza e indignación contra sus líderes y gobiernos.

Pero la corrupción en tiempos de la COVID-19 podría llegar a socavar gravemente la buena gobernanza en todo el mundo, y a desviarnos aún más de nuestro camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Insto a todos los gobiernos y a todos los líderes a que actúen con transparencia y responsabilidad, y a que utilicen los instrumentos que ofrece la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Esta es una plaga antigua que está adoptando nuevas formas. Redoblemos nuestra determinación de combatirla.


El descalabro del sistema interamericano


Nuso.org/

Por Juan Gabriel Tokatlian 

La elección de un estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela una situación de mayor alcance: los efectos de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el giro a la derecha de varios gobiernos de la región y, no menos importante, una fragmentación extrema de América Latina que la condena a una suerte de irrelevancia internacional autoinfligida.

El sistema interamericano contemporáneo remite al conjunto de instrumentos e instituciones que han configurado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Con un variado legado de doctrinas, organizaciones, usos y prácticas no carentes de tensiones y divergencias, ese sistema tuvo su mayor institucionalización después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, por ejemplo, se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en 1948 se creó la Organización de Estados Americanos (OEA) y en 1959 se fundó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el seno de la OEA. Por supuesto, no siempre ni en todos los temas los intereses y propósitos latinoamericanos y estadounidenses fueron plenamente coincidentes. Sin embargo, y dadas las enormes asimetrías de poder, la región procuró y avaló compromisos multilaterales entendiendo que, a través de ellos, se podía limitar la arbitrariedad de Washington, reforzar los lazos intrarregionales, avanzar en algunos aspectos de la agenda latinoamericana y alcanzar ciertos beneficios con el menor costo posible. Aquellos años coincidieron con el momento de apogeo de la hegemonía de Estados Unidos a escala mundial y continental.

En el periodo comprendido entre 1947 y 1959, Washington concentró su atención política y sus recursos militares en Europa (el bloqueo de Berlín de 1948-1949), el sudeste de Asia (la Guerra de Corea de 1950-1953) y Oriente Medio (la Guerra del Sinaí de 1956 y la crisis en el Líbano de 1958). En América Latina, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) organizó, en 1954, el derrocamiento mediante un golpe de Estado del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz. Este golpe fue antecedido por una resolución anticomunista auspiciada por Estados Unidos en la OEA (con el voto en contra de Guatemala y la abstención de Argentina y México) y fue encubierto mediante la inacción de la organización.

Los tres acuerdos (TIAR, OEA, BID) se enmarcaron en la disputa estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Visto desde Washington, y también desde la mayoría de las capitales latinoamericanas, se debía contener –y de ser necesario, revertir– el eventual avance político de Moscú, frenar el comunismo en el área y hacer atractiva para América Latina la inversión estadounidense y su American way of life.

Con marchas y contramarchas, el sistema interamericano se preservó durante décadas. Fue actualizado con la aprobación, en 2001, de la Carta Democrática Interamericana. Desde la región surgieron proyectos alternativos tales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que no alcanzaron a cimentar un sistema latinoamericano sólido. Se dirá que primó el divide et impera de Estados Unidos. Sin embargo, ese argumento registra una condición necesaria pero no suficiente a los efectos de explicar y entender la ausencia o la imposibilidad de opciones exitosas para la reformulación de las relaciones entre Estados Unidos y la región provenientes de América Latina. Hoy Latinoamérica ha llevado al límite su propia fragmentación, lo cual conduce a la región a una irrelevancia internacional autoinfligida.

El más reciente y mayor intento de transformación del sistema interamericano provino de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump y contó con el notable acompañamiento y aquiescencia de un buen número de gobiernos de la región. Es posible que estemos frente a la búsqueda de una redefinición sustantiva del manejo de la relación entre Washington y América Latina de acuerdo con los objetivos, intereses y preferencias exclusivas de los sectores más reaccionarios en Washington (en consonancia con la lógica de America First). Si así fuera, se trataría de un ejercicio de poder que ha contado con el estímulo y/o el beneplácito de diversos actores domésticos en distintos países de la región. Tres ejemplos apuntan en esa dirección.

El primero tiene que ver con el sistema interamericano en materia de defensa. En 2019 se decidió aplicar el TIAR a Venezuela, país que lo había denunciado en 2013. Históricamente, el TIAR y su convocatoria han mostrado ser ineficaces en su propósito de prevenir o resolver conflictos. En abril del año pasado, la OEA reconoció como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela a un hombre designado por Juan Guaidó. En septiembre, el enviado de Guaidó solicitó la convocatoria de una reunión para activar el TIAR. Bajo la batuta de Estados Unidos, y en el marco del artículo 6 del tratado (que no es aplicable al caso en cuestión), se identificó a Venezuela como una amenaza al mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Según la resolución aprobada, esto podría llevar a considerar «eventuales recomendaciones en el marco del artículo 8», artículo que incluye «el empleo de la fuerza armada».

Las consecuencias que se podrían derivar de la invocación del TIAR en el caso de Venezuela pueden ser muy inquietantes. Ubica a la región en la «alta política» mundial de competencia entre grandes poderes –como no lo había estado desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962–, identifica una suerte de peligro para la seguridad internacional en América del Sur en el doble marco de la «guerra contra el terrorismo» y la «guerra contra las drogas» lideradas por Estados Unidos, y agita, como en la Guerra Fría, el regreso de la idea del «cambio de régimen» –pero en este caso, mediante el uso colectivo de la fuerza–. En los primeros nueve meses de 2020 y en el contexto de la pandemia de covid-19, cuyo epicentro está ahora en el continente, la probabilidad de recurrir al TIAR y aplicarlo en Venezuela disminuyó notablemente. Sin embargo, esto no significa que no se pueda reactivar (así sea para fines simbólicos) en medio de la elección presidencial estadounidense o después (de modo más coercitivo), dependiendo de su resultado.

Un segundo caso se vincula con el sistema interamericano en materia de derechos humanos. A principios de 2016, la CIDH, que tiene un presupuesto regular anual de unos cinco millones de dólares y además recibe donaciones, anunció que atravesaba una grave crisis financiera que amenazaba su funcionamiento básico. Muchos países del continente reaccionaron y realizaron aportes: Estados Unidos, Argentina, Panamá, Colombia, Chile, Perú, México y Uruguay efectuaron contribuciones importantes. La Comisión continuó con su trabajo serio, riguroso y reconocido, abocándose a distintos casos a lo largo y ancho del continente y sin distinciones ideológicas.

Pero a partir de la inauguración de la presidencia de Donald Trump, el 20 de enero de 2017, los derechos humanos se han venido ubicando en un lugar de mucho menor prioridad, tanto en el campo de la política exterior estadounidense como en el plano de la política interna. Estados Unidos se rehusó a asistir a las audiencias de la CIDH sobre inmigración a principios de 2017 y se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018. Además, año tras año, fue reduciendo las partidas presupuestarias para la promoción de la democracia y los derechos humanos y, en 2020, impuso sanciones contra la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, por «intentos ilegítimos de someter a estadounidenses a su jurisdicción». En ese contexto, entre abril de 2018 y principios de 2019, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú abandonaron la Unasur (Uruguay hizo lo propio en marzo de 2020). A su vez, en marzo de 2019, se creó el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guyana (en marzo de este año se sumó Uruguay). En ese mismo mes, la administración Trump decidió reducir en 210.000 dólares su contribución a la CIDH acusándola, desatinada e injustificadamente, de promover la legalización del aborto. En abril, y en la única declaración trascendente, cinco países de Prosur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay) le demandaron a la CIDH, después de insinuar su intromisión en asuntos internos, que respete «el legítimo espacio de autonomía» de los Estados respecto a la cuestión de los derechos humanos. Es decir, se optó por poner en entredicho las recomendaciones del Consejo, remarcar el carácter subsidiario del sistema interamericano de derechos humanos y remozar una actitud más soberanista frente a esta cuestión.

Con ese telón de fondo, en marzo de 2020 fue reelegido Luis Almagro como secretario general de la OEA. Esa reelección fue impulsada por Estados Unidos, Brasil y Colombia. Ya en enero la CIDH había decidido por unanimidad renovar el mandato de su secretario general, Paulo Abrão. En agosto, Almagro se abstuvo de nombrarlo, con lo que emprendió un embate contra la autonomía del Consejo. En realidad, el secretario general de la OEA –con el pleno respaldo de la Casa Blanca y el empuje de los sectores más conservadores del Partido Republicano en el Congreso– no ha hecho más que consolidar, en el seno del órgano más prestigioso de la organización, la polarización que caracteriza las realidades nacionales del continente así como las fisuras entre países de América. El efecto potencial sobre la credibilidad, eficacia e independencia del sistema interamericano podría ser nefasto. Máxime en un momento en el que regional e internacionalmente hay un reflujo inquietante en cuanto al debilitamiento del derecho humanitario, la regresión de la democracia y el deterioro de los derechos humanos.

El tercer ejemplo remite al sistema interamericano en materia financiera. En el tema de la elección del nuevo presidente del BID, se debe subrayar la confluencia de dos hechos. El primero es que el gobierno de Trump decidió asumir el control del banco que ayudó a crear y financiar con el propósito de condicionar la provisión de créditos y buscar limitar la expansión de China en América Latina –en especial, en el terreno de los proyectos de infraestructura, energía y tecnología–. En segundo término, América Latina mostró una vez más su disfuncional fractura al carecer de una candidatura de consenso. Desde hace un buen tiempo la región viene erosionando su capacidad de convergencia y concertación.

En efecto, desde que el 16 de junio de este año se presentó el candidato de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, se produjeron fisuras notorias. Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador apoyaron al candidato de Washington el mismo 17 de junio. Las expresiones de respaldo se hicieron incluso antes de que el candidato divulgara su agenda, como si los planes de gestión de los candidatos (el de Claver-Carone, el de Laura Chinchilla de Costa Rica y el de Gustavo Béliz de Argentina) del banco fueran irrelevantes. A su vez, entre las cuatro economías más grandes de la región hubo otro clivaje: Brasil y Colombia se manifestaron a favor de la elección estipulada para el 12 de septiembre, y Argentina y México pidieron postergar la votación. También hubo disensos en el seno de Mercado Común del Sur (Mercosur) (Brasil, Paraguay y Uruguay por un lado y la Argentina, por el otro) y la Alianza del Pacífico (Chile y México solicitando la postergación, Perú en silencio y Colombia en favor de Claver-Carone). Con el correr de los días hubo otra diferencia: los alineados con Washington procuraron consolidar y ampliar el voto regional a favor del candidato de Trump, mientras el cuarteto que bregaba por la postergación, compuesto por Argentina, Chile, Costa Rica y México, apuntó a lograr el acompañamiento de los miembros extrarregionales del banco, en especial de los países europeos.

¿Cuáles eran las opciones para los que cuestionaban que Estados Unidos estaba incumpliendo un pacto político tácito que desde 1959 se había cumplido mediante la elección de un latinoamericano para la presidencia del BID? La probabilidad de lograr la postergación fue siempre muy baja: se necesitaba una adhesión mayoritaria improbable por las divisiones intralatinoamericanas o la concreción de un aplazamiento concertado con Estados Unidos, lo que era a todas luces imposible, tal como se reflejó en las entrevistas brindadas por el candidato de Trump. La probabilidad de llegar a la fecha de elección y no dar el quórum –por reglamento del BID eso requería 25% de los votos– era igualmente muy reducida, ya que exigía un notable grado de coordinación (que era prácticamente inexistente). La riesgosa decisión de acudir a esta modalidad podía interpretarse como hostil por parte de Estados Unidos (que además, con 30,006% de los votos, puede unilateralmente impedir el quórum). También exigía un compromiso tácito muy fuerte y seguro de latinoamericanos y europeos (que era inviable pues Washington también desplegó su diplomacia a los dos lados del Atlántico).

En los días previos a la elección del nuevo presidente del banco, Chinchilla y Béliz bajaron sus candidaturas de manera separada. Era evidente que ninguno de los dos habría logrado los votos necesarios. Ahí se abrió la abstención como posibilidad. El 12 de septiembre, Claver-Carone, el único candidato en competencia, resultó elegido con 30 votos (equivalente a 66,8% de los apoyos), mientras la abstención obtuvo 16 votos, de los cuales 5 eran de la región (Chile, Argentina, México, Perú y Trinidad y Tobago) y 11 eran extrarregionales (esencialmente europeos). La más reciente votación con un solo candidato fue la reelección de Luis Alberto Moreno en 2015: obtuvo 96,2% de los respaldos. El resultado que lleva a un estadounidense a la presidencia del BID puede interpretarse como una prueba de insatisfacción política o como la demostración de un déficit de legitimidad de origen. En todo caso, Washington logró su objetivo y hoy controla el banco. La fragmentación de América Latina ha sido sin duda artífice de ese logro.

En solo dos años (2019-2020) se ha generado un gran descalabro en el sistema interamericano en materia de defensa, derechos humanos y finanzas. El presidente Trump, con una relativamente nutrida participación de gobiernos de Latinoamérica, ha ido reconfigurando las relaciones entre Washington y la región. En ese sentido, la próxima elección presidencial en Estados Unidos tiene ahora para los latinoamericanos un significado mucho más importante que las recientes votaciones en ese país: o se ahonda la quiebra del sistema interamericano con consecuencias imprevisibles para la región, o se intenta paliar los daños ya producidos mediante la limitación de la arbitrariedad de Washington. Para lo primero, la desunión latinoamericana será un factor coadyuvante; para lo segundo, se requerirá reducir la grieta intrarregional.


El imperialismo hoy: ¿Hacia un “caos sistémico”?


La Izquierda Diario

Por Esteban Mercatante

Ilustración: Mar Ned – Enfoque Rojo

Las elecciones en EE. UU. definirán si continúa Donald Trump por 4 años más, o regresan los Demócratas a la Casa Blanca con Joe Biden. Los dos escenarios pueden marcar un cierto punto de inflexión, por diversos motivos. Una nota saliente durante este primer mandato de Trump fue la ubicación rupturista –con logros dispares– respecto de los dispositivos con los que EE. UU. articuló su dominio desde la Segunda Guerra Mundial, desentendiéndose de los aspectos más “multilaterales” en favor de un unilateralismo más exacerbado.

En plena cuenta regresiva, Trump no se privó de imponer que el Banco Interamericano de Desarrollo sea presidido, por primera vez de su fundación, por un ciudadano de EE. UU., contrariando una norma no escrita aceptada desde la fundación de la institución, a instancias del propio imperialismo norteamericano.

Un punto de coincidencia de la mayor parte de los análisis es que la agresividad y el unilateralismo son muestras no de fortaleza sino de debilidad. La mayor agresividad exhibe un intento de revertir, por la fuerza, un retroceso expresado en las más variadas dimensiones.

Continuando con los debates sobre el imperialismo hoy, en este artículo queremos discutir un marco conceptual para abordar las implicaciones del retroceso norteamericano y su respuesta para mantener la primacía mundial que seguiremos profundizando en esta serie.

Las contradicciones de la internacionalización productiva

Como señalábamos en un reciente artículo, “la internacionalización productiva benefició a las multinacionales de los países imperialistas aunque estos hayan quedado relegados en materia de crecimiento”.

Como observa Claudio Katz, “las ganancias del sector más globalizado de las clases dominantes contrastan con las pérdidas del tradicional segmento americanista” [1]. El país que se puso a la cabeza de la globalización y cuyas empresas se ubicaron entre las principales ganadoras, sufrió un revés en su posición relativa como resultado de alcanzar sus objetivos. “El éxito inicial de la primera potencia en la globalización ha derivado en el repliegue actual” [2]. La consecuencia, como señala Perry Anderson en un artículo con el que ya hemos polemizado, es que “la primacía norteamericana no es ya el corolario de la civilización del capital” [3].

¿Frente a quién viene retrocediendo EE. UU.? No lo viene haciendo frente a la Unión Europea (UE), es decir, Alemania, ni frente a Japón, los países imperialistas que unas décadas atrás aparecían como los grandes candidatos a superar a EE. UU. en materia de desarrollo y competitividad, y capaces de disputarle el dominio global. Ambos países tuvieron frente a la internacionalización productiva estrategias que les permitieron a sus capitales sacar provecho de la misma, pero también han visto un fuerte retroceso en su posición global. Tanto en poder financiero como en capacidad de innovación, algunos de los pilares –junto con el desarrollo militar en el que ambos países también son limitados– de la competencia por el liderazgo mundial hoy, ambos competidores se vieron relegados, aumentando su brecha con EE. UU. En distinta medida y por distintas vías en cada caso, se ven también afectados por las condiciones del desarrollo desigual internacional que venimos analizando, que beneficiaron a sus firmas multinacionales pero al precio de desplazar su lugar en el terreno internacional. En detrimento de ellos avanzaron casilleros países como China.

Esto alimentó durante la última década las ideas de que podíamos estar rumbo a un mundo más multipolar, cuando en realidad contribuyó a catalizar las tendencias hacia un creciente “desorden mundial”.

Controversias sobre capital global y estados nacionales

¿En qué perspectiva se inscribe el declive relativo de EE. UU., a pesar del cual todavía sigue llevando la delantera por varios cuerpos en capacidad de despliegue de poder mundial?

Tenemos una primer mirada que señala que, a pesar de lo que parece, la posición de EE. UU. y su dispositivo de dominio no se alteró significativamente. Es lo que afirman Leo Panitch y Sam Gindin, con quien ya polemizamos en varias oportunidades. En 2019, a tres años del gobierno de Trump, reafirman su perspectiva sobre la vitalidad del “imperio informal” norteamericano. Trump sería expresión de una “crisis política” en la principal potencia, pero las capacidades determinantes de EE. UU. para dominar, en el Tesoro y el departamento de Estado, no estarían desgastadas de manera significativa [4]. La idea de que EE. UU. continua sosteniendo exitosamente una gobernanza global coordinada con las demás potencias y otros países gravitantes pudo mostrarse –al menos a primera vista– ajustada a la realidad una década atrás, pero va quedando cada vez más desenfocada con el paso del tiempo, y no puede explicar a Trump.

Aunque parte de presupuestos muy diferentes a los de Panitch y Gindin, la idea defendida por William Robinson sobre el capitalismo globalizado como una transformación cualitativa que dio lugar a una clase capitalista trasnacional y empuja, en paralelo, a la conformación de un Estado global o trasnacional, termina teniendo puntos de contacto con el planteo de Panitch y Gindin –y encuentra dificultades similares–. El aparato estatal norteamericano es, de acuerdo con Robinson, el que es utilizado por las elites trasnacionales para extender y consolidar el sistema capitalista global. En él se concentran todas las presiones y contradicciones del sistema, sobre las que debe actuar coordinando las intervenciones de otros Estados [5]. La tesis de la clase capitalista y el estado trasnacional extrapola de manera unilateral la creciente internacionalización de un sector de la clase capitalista, que es el que en muchos aspectos fue el más dinámico de las últimas décadas, pero está lejos de expresar a toda la clase capitalista. Ni siquiera en estos sectores del capital más trasnacionalizado puede hablarse realmente de una pérdida de base nacional [6], aunque sí puede hablarse, como hace Michel Husson, de un cierto “distanciamiento” respecto de su país de origen. Este se debe al hecho de que

las grandes empresas tienen el mercado mundial por horizonte y que una de las fuentes de su rentabilidad reside en la posibilidad de organizar la producción a escala mundial con vistas a minimizar los costes. Nada les obliga a recurrir al empleo doméstico y sus salidas están en gran medida desconectadas de la coyuntura nacional de su puerto de amarre [7].

León Trotsky señalaba que el capitalismo “ha sido incapaz de desarrollar una sola de sus tendencias hasta el fin”. Esto se expresa claramente en la contradicción que podemos ver entre la internacionalización de las fuerzas productivas, que trasformó la economía mundial en una “realidad superior”, que “impera en los tiempos que corremos sobre los mercados nacionales” [8], y la permanencia de los Estados nacionales como el terreno donde se articulan las relaciones de producción.

Cada Estado, dice Husson, busca “combinar los intereses divergentes de los capitales orientados al mercado mundial –y que organizan la producción en consecuencia– y los del tejido de empresas que producen para el mercado interior” [9]. Al mismo tiempo los Estados “tratan de garantizar una regulación nacional coherente y al mismo tiempo las condiciones de una inserción óptima en una economía cada vez más globalizada” [10], objetivos en muchos aspectos contradictorios. Como argumenta Spyros Sakellaropoulos, si bien el Estado nacional ha cedido algunas funciones de regulación a ámbitos supranacionales configurando una relación compleja que “trasciende en mucho la relación unidimensional Estado-Entidad supranacional”, continúa siendo el ámbito privilegiado en el que se constituyen las relaciones de clase, es decir, el dominio sobre el proletariado el resto de las clases subalternas. Por eso, concluye que en “un contexto más internacionalizado y más intensamente capitalista, los estados continúan preocupándose por la defensa de su burguesía nacional tanto contra las clases trabajadoras nacionales como contra otras burguesías nacionales en competencia” [11].

Tenemos otra tesis del “capitalismo globalizado”, postulada por Ernesto Screpanti, que, al contrario de la tesis de Robinson, sostiene que no hay un Estado que se haya transformado en el garante de la reproducción global del capital. Por el contrario, es el propio capital trasnacional el que domina este proceso. Estados no desaparecen, ni mucho menos, pero “las acciones políticas de las grandes potencias tradicionales debe ser torcida para servir a los intereses colectivos del capital multinacional”. Se configura “una gobernanza global sin soberano (en vez de sin Estado)” [12]. Por “primera vez en cinco siglos, los estados de las potencias imperialistas preexistentes están perdiendo su soberanía y, con ella, su capacidad para gobernar la acumulación”, afirma Screpanti [13]. Un corolario importante para Screpanti es que “las rivalidades interestatales siguen existiendo, pero no son disruptivas en la medida en que las políticas nacionales son condicionadas por el capital multinacional y sus ‘mercados’” [14].

El capital multinacional, al contrario de lo afirmado por Screpanti, no se transformó en una fuente de poder y soberanía autónoma. La internacionalización productiva, es cierto, fortaleció los mecanismos característicos a través de los cuales la acumulación de capital moldea y “disciplina” la operación de los Estados capitalistas. Pero no se trata de una relación unidireccional. Ni tampoco se comprueba una tendencia irreversible hacia más globalización, como la afirmada por Screpanti. Por el contrario, la tendencia hacia una mayor internacionalización se encuentra frenada, al punto que hay quienes llegan a hablar –con cierto apresuramiento quizás– de “desglobalización”. Como resultado del debilitamiento de la acumulación de capital vinculado a consecuencias duraderas de la Gran Recesión, pero también de Trump y su “América primero”, y más recientemente de las “guerras comerciales”, muchas multinacionales han congelado la expansión de sus cadenas de valor internacionales. Por eso, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) se refiere al período que va desde 1990 hasta hoy como uno en el que “la producción internacional vio dos décadas de rápido crecimiento seguida de una de estancamiento”. Los “flujos de inversión transfronteriza en activos productivos físicos dejaron de crecer durante la década de 2010, el crecimiento del comercio se enlenteció y el comercio a través de las cadenas globales de valor declinó” [15].

Volviendo a EE. UU., el trasfondo del trumpismo, del que no pueden dar cuenta enfoques como los de Robinson o Screpanti, es una división profunda en la burguesía norteamericana [16], que se da sobre todo entre una gran burguesia mayormente globalista y una burguesía mediana donde priman sectores más deseosos de protección del mercado interno, que se identifican con el “americanismo”. Estas brechas son acicateadas además por los devastadores efectos que dejó la Gran Recesión en sectores extendidos de la sociedad.

Otra mirada, más englobadora y de largo alcance para el análisis el ascenso y caída de las potencias, es la que desarrolló el fallecido Giovanni Arrighi. Este propone la existencia de ciclos de hegemonía, de más o menos un siglo de duración, que se remontan desde las ciudades-estado italianas en el siglo XII hasta los EE. UU. hoy. El recorrido que realiza Arrighi por casi 800 años de ciclos de hegemonía, ilumina muchos aspectos y plantea hipótesis sugerentes sobre cómo cada uno se caracterizó por combinaciones específicas de expansión territorial y acumulación económica (las dos variables cuya relación contradictoria ordena la sucesión). Una conclusión de su trabajo, de gran utilidad para abordar las coordenadas del mundo que se está configurando, es que cada ciclo de hegemonía concluye con un período de “caos sistémico”, el que el viejo mundo no acaba de morir y el nuevo no acaba de nacer. Otra gran intuición que expresó cuando pocos lo hubieran imaginado, es el ascenso de China. Pero Arrighi unió esta previsora proyección a una expectativa, con poco sustento, de que China pudiera desplazar la hegemonía norteamericana para establecer un orden de mercado no capitalista, es decir el cierre definitivo de los ciclos de hegemonía que analizó para entrar en otra etapa diferente. El gran ausente en la construcción de Arrighi, como le señalaron los más variados críticos y reconoció incluso el propio autor, son los sujetos sociales.

Esta omisión de Arrighi no es una menor. Deja a los ciclos de sucesión de potencias y las dinámicas de sus enfrentamientos como un resultado de tendencias puramente objetivas. En la tradición marxista clásica, a la que Arrighi propone darle la espalda casi al comienzo de su recorrido teórico cuando escribe La geometría del imperialismo, podemos encontrar un enfoque donde estos elementos que el separa, se unen en un mismo marco analítico estratégico.

El equilibrio capitalista y su ruptura

Como discutimos en otra oportunidad, resulta de gran utilidad el método propuesto por Trotsky para caracterizar el equilibrio capitalista –concepto que integra las tendencias de la economía, las relaciones entre las clases en los distintos Estados y las que se constituyen entre los Estados. Si algo distingue el abordaje de Trotsky es que, a diferencia del de Arrighi, la lucha de clases y la geopolítica están unidas en un mismo esquema, determinadas por –y a la vez determinando a– las tendencias económicas. En su intervención en el Congreso de la Internacional en 1921, Trotsky señala:

El equilibrio capitalista es un fenómeno complicado; el régimen capitalista construye ese equilibrio, lo rompe, lo reconstruye y lo rompe otra vez, ensanchando, de paso, los límites de su dominio. En el esfera económica, estas constantes rupturas y restauraciones del equilibrio toman la forma de crisis y booms. En la esfera de las relaciones entre clases, la ruptura del equilibrio consiste en huelgas, en lock-outs, en lucha revolucionaria. En la esfera de las relaciones entre estados, la ruptura del equilibrio es la guerra, o bien, más solapadamente, la guerra de las tarifas aduaneras, la guerra económica o bloqueo. El capitalismo posee entonces un equilibrio dinámico, el cual está siempre en proceso de ruptura o restauración. Al mismo tiempo, semejante equilibrio posee gran fuerza de resistencia; la prueba mejor que tenemos de ella es que aún existe el mundo capitalista [17].

Este método fue expuesto ahí para el análisis de situaciones o coyunturas. A partir de estas coordenadas Trotsky polemizó con los sectores ultraizquierdistas que negaban a comienzos de la década de 1920 las posibilidades de que el capitalismo alcanzara una momentánea estabilización.

Tomándonos una cierta licencia, podemos tomar el mismo concepto de equilibrio capitalista para la caracterización de períodos más largos, aunque en este caso estaríamos hablando de una situación menos dinámica y variante. Sería un equilibrio más en el sentido de condiciones generales para la reproducción de las relaciones capitalistas bajo determinados equilibrios entre las clases y los Estados. Sin utilizar explícitamente el término, Trotsky apeló al mismo esquema conceptual integrador para pensar las relaciones entre la declinación de Europa, especialmente de Gran Bretaña, y el ascenso de EE. UU. Continuando la elaboración sobre el imperialismo después de la I Guerra Mundial (las elaboraciones “clásicas” se habían escrito antes o durante la guerra), Trotsky describió de manera penetrante el “caos sistémico” que de derivaba de la irreversible declinación hegemónica de Gran Bretaña, y de Europa de conjunto. En 1925 planteaba:

La porción que dominan hoy del mundo el conjunto de la economía británica y el conjunto de la economía europea está cayendo -a la vez que, la estructura económica de Inglaterra y de Europa Centro-Occidental surgieron de la hegemonía mundial de Europa y dependían de esta hegemonía-. Esta contradicción, que es tan inevitable como imposible de ignorar, se está profundizando progresivamente, y es el prerrequisito económico básico de una situación revolucionaria en Europa [18].

Como sostiene Paula Bach, “este método le permitió identificar no sólo de forma muy temprana la creciente hegemonía norteamericana desde los primeros años ‘20, sino que esta se desarrollaría como un conflictivo proceso en permanente confrontación con Europa y las restantes potencias capitalistas” [19]. Podemos verlo en “El nacionalismo y la economía”:

La ley de la productividad del trabajo es de importancia fundamental para las relaciones entre Norteamérica y Europa y en general para determinar la futura ubicación de Estados Unidos en el mundo […] Tarde o temprano el capitalismo norteamericano se abrirá camino a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. ¿Con qué métodos? Con todos. Un alto coeficiente de productividad denota también un alto coeficiente de fuerzas destructivas [20].

Trotsky no formuló una teoría de la “sucesión hegemónica” como la de Arrighi, sino que caracterizó que la situación llevaba hacia la guerra y la revolución. El resultado podía ser el triunfo del imperialismo norteamericano reafirmando su posición como la principal fuerza revolucionaria en todo el mundo –lo que llevaría en su opinión a la liquidación de la URSS– o el triunfo de la revolución en Europa y en EE. UU. –lo que era inseparable de la revolución política en la propia URSS para barrer a la burocracia estalinista. Efectivamente la II Guerra Mundial dio lugar a la revolución en buena parte de Europa y aceleró la lucha por la descolonización en los países oprimidos, pero la propia acción del estalinismo y la intervención contrarrevolucionaria del imperialismo dieron lugar a un resultado “combinado”: EE. UU. se impuso como la potencia hegemónica en el mundo capitalista, pero la URSS sobrevivió –a pesar de la burocracia y gracias al heroísmo de las masas– y amplió su esfera hacia los países de Europa del Este, afianzando los rasgos de degeneración burocrática en la URSS que también caracterizaron desde el comienzo al resto de los países en los que fue expropiada la burguesía.

Sobre estas bases se constituyó un equilibrio capitalista, basado en el orden de Yalta [21]. Este equilibrio fue golpeado por la derrota militar de EE. UU. en la guerra de Vietnam y las tendencias a la confluencia de la revolución en la periferia y el centro durante los años 60-70. Pero el desvío o derrota de estos procesos revolucionarios, y la ofensiva capitalista contra la clase obrera y los sectores populares desde los años ‘80 que estuvo íntimamente ligada a internacionalización productiva y las políticas neoliberales, permitió a EE. UU. recrear las condiciones de su ascendiente sobre el resto de las potencias que participaron de esta búsqueda de ampliar la expansión mundial de sus capitales.

Hace rato ya que la “ley de la productividad” se vuelve claramente contra EE. UU. si consideramos el conjunto de su estructura productiva y no miramos solo el liderazgo que mantiene en algunos sectores de alta tecnología [22]. Este es, como señalamos más arriba, el resultado de cómo los capitales norteamericanos abrazaron la internacionalización. Pero las consecuencias se miden en un deterioro social profundo que alimentó los descontentos cuyas derivaciones explican lo que analistas liberales lúcidos como Martin Wolf definieron con preocupación como “furia populista”, que aupó a Trump. El mismo derrotero estructural explica además de las divisiones entre sectores de la burguesía que ya mencionamos. También en el plano internacional hace rato que, como identifican los propios estrategas norteamericanos, existe una dificultad creciente de EE. UU. para imponer sus designios.

Similar trayectoria de “crisis orgánicas” y “furias” observamos durante la última década en otras latitudes. Desde la crisis de 2008, además del Brexit y la corrosión por derecha y por izquierda del “extremo centro” de los regímenes políticos en la UE, registramos también dos oleadas de profunda lucha de clases que recorrieron el planeta. Esta se está reanimando ahora al calor de la pandemia.

Con Trump se aceleraron todas estas tendencias preexistentes, que marcaron el inicio de una ruptura de cualquier equilibrio capitalista. Cualquiera sea el resultado de noviembre, no habrá ninguna recomposición de la situación preexistente. La “vuelta a la normalidad” es un sueño eterno.

Tenemos que partir de coordenadas conceptuales que permitan analizar el “caos sistémico” como algo más que un mero juego de potencias. Sin duda, el método de Trotsky puede y debe ser enriquecido tomando aportes de los autores mencionados en esta nota y otros que permitan –superando sus aspectos unilaterales– comprender cómo operó y actúa el imperialismo norteamericano desde la II Guerra Mundial, y las consecuencias que conlleva la mayor internacionalización de la producción actual. Pero resulta un marco insoslayable para abordar una situación mundial determinada por el recrudecimiento de la lucha de clases y las rivalidades entre potencias –y aspirantes a serlo–. Un mundo signado por las tendencias a “crisis, guerras y revoluciones”.

NOTAS:

[1] Claudio Katz, “América Latina en el capitalismo contemporáneo II. Geopolítica, dominación y resistencias”, en Lahaine, consultado el 18/09/2020 en https://katz.lahaine.org/america-latina-en-el-capitalismo-contemporaneo-2/.

[2] Ídem.

[3] New Left Review 83, septiembre-octubre 2013.

[4] Leo Panitch y Sam Gindin, “Trumping the empire”, The World Turned Upside Down? Socialist Register 2019.

[5] William I. Robinson, “The great recession of 2008 and the continuing crisis: A Global Capitalism Perspective”, International Review of Modern Sociology, 38 (2), 2012

[6] Como argumenta Alexander Anievas, incluso entre las 100 firmas más trasnacionalizadas que identifica la UNCTAD solo un puñado aparecen como genuinamente trasnacionalizadas desde el punto de vista de su actividad y enfoque de sus operaciones (Alexander Anievas, “Theories of a Global State: A Critique’, Historical Materialism 16, 2008.

[7] Michel Husson, “Notas sobre el imperialismo contemporáneo”, Viento Sur, consultado el 18/09/2020 en https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/Husson_Notas.pdf.

[8] León Trotsky. “La revolución Permanente”, en La teoría de la Revolución Permanente (compilación), Buenos Aires, CEIP León Trotsky, 2000, Pág. 402.

[9] Michel Husson, ob. cit.

[10] Ídem.

[11] Spyros Sakellaropoulos, “The theoretical weakness of theses positing emergence of a transnational bourgeoisie and a transnational state. A critique of the views of William Robinson”, consultado el 18/09/2020 en http://spyrossakellaropoulos.com/keimenaDetails.php?nid=189.

[12] Ernesto Screpanti, Global imperialism and the Great Crisis. The uncertain future of capitalism, Nueva York, Monthly Review Press, 2014, p. 12.

[13] Ibídem. p. 123.

[14] Ibídem, p. 206.

[15] UNCTAD, World Investment Report 2020. International production beyond the pandemic, Nueva York, 2020, p. xii.

[16] Ver al respecto Gabriel Esteban Merino y Patricio Narodowski, Geopolítica y Economía Mundial. El ascenso de China, la era Trump y América Latina, La Plata, CIG-IdIHCS-Conicet, 2019. También Claudio Katz, ob. cit.

[17] León Trotsky, Los primeros 5 años de la Internacional Comunista, Buenos Aires, Ediciones CEIP León Trotsky, 2016, p. 203.

[18] León Trotsky, “Sobre la cuestión de la estabilización de la economía mundial”, en Naturaleza y dinámica del capitalismo y la economía de transición, Buenos Aires, CEIP León Trotsky, 1999, p. 78.

[19] Paula Bach, “Introducción”, en ibídem, p. 25.

[20] Ibídem, p. 143.

[21] Sobre las condiciones del orden mundial durante la Guerra fría ver el capítulo 8 de Emilio Albamonte y Matías Maiello, Estrategia Socialista y arte militar, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2017, pp. 489-524.

[22] Ver el descarnado panorama que ofrece el informe de Robert D. Atkinson, “The Case for a National Industrial Strategy to Counter China’s Technological Rise”, ITIF, 13/04/2020.

* Esteban Mercatante. @EMercatante. Nacido en Buenos Aires en 1980. Es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario, es autor de los libros Salir del Fondo. La economía argentina en estado de emergencia y las alternativas ante la crisis (Ediciones IPS, 2019) y La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo (Ediciones IPS, 2015), y compilador junto a Juan R. González de Para entender la explotación capitalista (segunda edición Ediciones IPS, 2018).