lunes, 22 de mayo de 2017

Diversidad Sexual denuncia más de 280 crímenes de odio en la impunidad



Por Sandra Rodríguez

En el marco del Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi y TransFobia, el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras, denunció que en este año ya se registran 15 asesinatos de sus miembros, y más de 280 crímenes desde el año 2009, de los cuales más del 90 por ciento están en la impunidad.

El Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Trans y Bifobia se celebra el 17 de mayo, hace 26 años, cuando en 1990 la asamblea general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció que la orientación sexual no podía ser vista como un trastorno.

Miembros de la comunidad lesbianas, los gays, los bisexuales y las personas transgénero e intersexuales (LGTBI), este día demandaron la investigación de los casos, así mismo que el Estado de Honduras cree y apruebe una Ley Contra la Discriminación que aborde de forma integral esta problemática no sólo de dicha población, sino también de aquellos grupos que históricamente han sido colocados en situación de vulnerabilidad.

Además, que instituya el 17 de mayo, como día nacional de la lucha contra la homofobia y transfobia en el marco de la búsqueda de respeto a los derechos humanos de la comunidad LGTBI.

Consideran que la impunidad fortalece el aumento de la violencia y la discriminación hacia la población LGTBI.

El Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, manifestó este día que, “Tanto en Honduras como a nivel mundial, la lucha por los derechos humanos ha generado avances positivos a nivel de los Estados y de la sociedad en general. Sin embargo, hoy en día, aún se presentan crímenes de odio y persiste el estigma, la discriminación y la violencia hacia las personas de la comunidad LGBTI (personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales)”.

El rechazo, los prejuicios y la discriminación son problemas sumamente graves que hacen que las personas LGBTI queden más expuestas a afectaciones de salud mental, a lesiones físicas y al suicidio. Además, pueden llevarlas a abandonar sus estudios y sus hogares, a formar parte de economías informales o delictivas por falta de acceso a empleos dignos, y a ser víctimas de un ciclo de pobreza, marginación y mayor discriminación y violencia por el resto de sus vidas.

Ante este contexto, el Sistema de Naciones Unidas en Honduras expresa su solidaridad con las personas de la comunidad LGBTI del país en este Día Internacional contra la contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, y a la par hace un llamado a implementar acciones enfocadas a terminar en Honduras con los crímenes de odio contra los miembros de esta comunidad, así como para eliminar cualquier tipo de violación de los derechos humanos que obstaculice el desarrollo pleno e integral de las personas LGBTI, cerrando así las brechas de inequidad que dividen a las sociedades., expresa parte del comunicado emitido este día.

Entre las acciones realizadas para exigir sus derechos, la diversidad sexual, orgnizaciones sociales, amigos y familiares, realizaron movilizaciones en diferentes ciudades del país, uno de sus distintivos es la bandera multicolor que representa las luchas por el respeto a decidir su orientación sexual y de género, creada en 1978 por el artista estadounidense Gilbert Baker. Los colores, acompañado del significado son: Rosado: la sexualidad, Rojo: la sensualidad, Naranja: la salud, Amarillo: el sol, Verde: la naturaleza, Azul: el arte, Índigo: la armonía y, Púrpura: el espíritu.

Hoy se ha manifestado la Asociación Colectivo Violeta, Asociación Kukulcán, Asociación Cozumel Trans, Asociación LGTBI Arcoiris de Honduras, APUVIMEH, Grupo Lésbico y bisexual LITOS y el Grupo Lésbico y bisexual Ixchel, organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos de la comunidad de Lesbianas, gay, Trans y Bisexuales (LGTB) y quienes conforman el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras.

Dato:

La comunidad LGBTI+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más) recuerda este miércoles el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La fecha fue establecida para reforzar la lucha por la desigualdad, pero también para conmemorar una resolución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 17 de mayo de 1990, la más alta institución médica eliminó oficialmente a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Recién en 2005, la decisión se celebró por primera vez en 40 países. Posteriormente, pasó a nivel mundial.

El Estado Hondureño incumple sentencia de CORTEIDH en el caso de las comunidades garífunas



En octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sentenció al Estado de Honduras por violación a varios derechos a las comunidades garífunas El Triunfo de La Cruz en el municipio de Tela, Atlántida y Punta Piedra en el departamento de Colón.

La sentencia encontró al Estado Internacionalmente responsable y lo condenó a reparar a las comunidades y devolver el territorio que ancestralmente les corresponde. Dos años dio la CorteIDH como plazo para que el Estado de Honduras haga las debidas reparaciones. Es hasta ahora, 16 meses después, que el Estado inició los acercamientos y diálogos como las comunidades garífunas.

Selvin López, representante de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), dice que nuevamente el Estado mostró irrespeto a las comunidades porque no llegó con propuestas concretas. Asegura que la estrategia del gobierno es continuar dándole largas al asunto, y hacer creer a la comunidad internacional que está cumpliendo con la resolución, cuando en realidad no es cierto.

La comunidad se manifestó y exigió al Estado que el primer punto en cumplir debe ser la devolución del territorio que ha estado en manos de empresarios y políticos de la zona, y así devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

Selvin López agrega que se planteó una segunda reunión con los representantes del Estado en Tegucigalpa, donde se definirán las estrategias de cómo cumplir la sentencia de la CorteIDH.

Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, dice estar preocupada por la propuesta del Estado de hacer visitas, estudios técnicos y reuniones para analizar el cumplimento, pues ya es poco el tiempo que falta para llegar a la fecha límite.

“Fueron más de 10 años desde que presentamos la denuncia ante el sistema interamericano, y que ahora el Estado quiera darle largas al asunto, no se puede permitir”.

“Es un irrespeto a la comunidad garífuna, han pasado más de 18 meses desde que se dio el fallo, y no es posible que a última hora quieran comenzar con los acercamientos”, lamentó Miranda.

Cancelan concesiones mineras en Punta Piedra 

La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga al Estado de Honduras a cancelar las concesiones mineras de Punta Piedra I y II ubicadas en el municipio de Iriona, Colón, porque no se respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Selvin López espera que el mismo camino siga otras concesiones que ponen en peligro a las comunidades garífunas, como la concesión en las aguas del río Cuyamel y Sambo Creek en La Ceiba, Atlántida.

Según la OFRANEH la concesión minera no metálica Punta Piedra II, se encuentra registrada bajo el expediente 714 y abarca 800 hectáreas de tierra de las comunidades de Punta Piedra y Cusuna.

En ambos casos, se violó el derecho de propiedad comunitaria causada por proyectos turísticos, que están en manos de políticos y empresarios poderos del país.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el Estado de Honduras debe dentro de un plazo de dos años proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la comunidad de El Triunfo de La Cruz, en dominio pleno y tomando en consideración sus tradiciones y costumbres.

Entre otras medidas están: el realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de los señores Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales; garantizar el libre acceso, uso, y goce de la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo; crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

El Congreso Nacional Hondureño mantiene la penalización total del aborto


Rebelión

Por Alba Ubieto Oliván *

El pasado jueves 4 de mayo, en plena revisión del código penal, el Congreso Nacional hondureño decidió mantener las disposiciones del artículo 126 que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia.
Honduras tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo respecto al aborto, considerado una práctica ilegal incluso en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, en caso de malformación fetal o cuando el embarazo resulta de una violación –es decir, las tres circunstancias mínimas en las que el aborto debería practicarse conforme a los estándares del derecho internacional.

Pero el órgano legislativo no solo decidió dejar estas disposiciones intactas sino que endureció las penas a las que se exponen aquellas personas que practiquen o consientan el aborto. Según el nuevo código penal la mujer que consienta un aborto se enfrenta a una pena de entre 3 y 10 años de cárcel [1].

Tras el golpe de Estado contra Zelaya en 2009 las instituciones del país se debilitaron de manera considerable y las mujeres experimentaron un retroceso en los derechos que habían adquirido y que el Estado dejó de garantizarles. La contracepción de emergencia se penalizó totalmente y la educación sexual, obligatoria por ley desde la escuela primaria, ha dejado de garantizarse en la práctica.

El Centro de Derechos de Mujeres de Honduras es una institución feminista y autónoma que trabaja para promover los derechos de la mujer y la igualdad de género. Entre otras cuestiones, el centro trabaja activamente para promover los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y niñas, como son el acceso al aborto y los anticonceptivos [2]. Regina Fonseca, activista feminista y responsable de Defensa Internacional e Incidencia Política en el Centro, participó recientemente en varios eventos organizados por Amnistía Internacional y Front Line Defenders en el marco de la lucha por la despenalización del aborto en Irlanda (‘Repeal the 8th’). Ante la negativa del Congreso hondureño a despenalizar el aborto, Regina afirmó que esta decisión no hará que ella y sus compañeras se desanimen sino que van a seguir luchando para defender los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres hondureñas y su acceso a un aborto libre y seguro. Lo que piden las organizaciones feministas y de derechos de la mujer es que se legalice el aborto al menos en las tres circunstancias de excepción que contempla la mayoría de legislaciones del mundo. En este momento ya trabajan para recurrir la decisión del Congreso ante la Corte Suprema del país o los órganos regionales de derechos humanos, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El aborto es una cuestión muy polémica en Honduras, donde la iglesia católica ejerce una influencia decisiva en la política interior y en los medios de comunicación. Una despenalización siquiera parcial del aborto tendría repercusiones positivas en los elevados índices de embarazo adolescente o en la falta de alternativas para las mujeres que quedan embarazadas víctimas de violación. Según datos del Centro de Derechos de Mujeres, 900 adolescentes quedan embarazadas cada año víctimas de violencia sexual, y el 17% de las mujeres que quieren abortan han sufrido violaciones [3]. Honduras es también uno de los países de Latinoamérica con la tasa más elevada de mortalidad materna: 120 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en 2013 [4]. Según la Organización Mundial de la Salud, el aborto de riesgo está entre las principales causas de muerte materna en todo el mundo. En países en los que el aborto se ha despenalizado totalmente como Uruguay o Sudáfrica, se observan reducciones drásticas de la tasa de mortalidad materna. En Uruguay, por ejemplo, se legalizó el aborto voluntario en 2012 y desde entonces la tasa de mortalidad materna ha disminuido hasta 14 muertes por 100.000 nacidos vivos (2016) situándose como el segundo país de América con el menor número de muertes maternas después de Canadá [5].

Honduras es uno de los pocos países del mundo que penalizan el aborto en cualquier circunstancia al igual que Malta, El Salvador, Nicaragua, Chile y República Dominicana. Hay que recordar, sin embargo, que la prohibición estricta de la interrupción del embarazo no evita que las mujeres aborten; al contrario, las fuerza a recurrir al aborto clandestino en condiciones insalubres y poniendo en riesgo sus vidas. Según las estadísticas publicadas por el Instituto Guttmacher en 2016, hay una diferencia mínima entre el número de abortos practicados en los países en los que está permitido y aquellos practicados en los países que lo penalizan. Concretamente, en los países donde el aborto es ilegal –o permitido solo cuando existe peligro para la mujer– 37 de cada 1.000 mujeres han recurrido a esta práctica; por el contrario, solamente 34 de cada 1.000 lo han hecho en países en los que el aborto voluntario está legalizado, según datos de 2016 [6]. Un contraste tan insignificante se debe, por un lado, a la falta de acceso a los métodos anticonceptivos y, por otro, a un acceso restringido al aborto en práctica incluso cuando es legal.

Por ejemplo, Países Bajos, Francia, Inglaterra, Italia, España, Portugal, Sudáfrica, Colombia o Uruguay cuentan con leyes bastantes progresistas que autorizan el aborto voluntario, eso sí, con límites de gestación diferentes –hasta 24 semanas en Países Bajos, Inglaterra y Colombia, 14 semanas en España, 3 meses en Italia, 12 semanas en Francia y Uruguay–; en circunstancias excepcionales, estos límites pueden prolongarse. En Uruguay un aborto puede practicarse hasta la semana 14 si el embarazo resultó de un crimen sexual; en Sudáfrica se pueden alegar incluso razones socioeconómicas para practicar un aborto de excepción hasta la semana 20.

No obstante, en algunos de estos países el acceso al aborto no se garantiza en la práctica incluso cuando reúne las condiciones que figuran en la ley . Lo más habitual es que las creencias religiosas o morales de los médicos, que invocan la objeción de conciencia a favor del no nacido, prevalezcan sobre la salud de las mujeres y su derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. En Italia el 70% de los médicos invocan la cláusula de objeción para evitar realizar abortos incluso cuando la salud de la mujer está en riesgo [7].

En otros países como Noruega o Suecia el aborto está permitido en todos los casos anteriores y también por razones socioeconómicas –como ocurre en Francia, Italia y Sudáfrica. En estos últimos países, sin embargo, el intervalo entre la ley y la práctica es mucho más prominente que en los países nórdicos. Además, las legislaciones noruega, sueca y finesa prohíben la objeción de conciencia cuya práctica puede acarrear el despido de los médicos objetores [8].

Las organizaciones feministas y de derechos de la mujer continúan su lucha para que los derechos reproductivos y sexuales sean reconocidos como derechos humanos a escala nacional e internacional. Para ello, siguen presionando a los gobiernos a fin de que se garantice el acceso a la educación sexual, la contracepción, el cuidado reproductivo y el aborto a todas las mujeres sin discriminación. Todos tenemos un papel que desempeñar en este cambio a favor de la salud de las mujeres, de nuestra autonomía y de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos para que estos no se vean obstaculizados por ciertas creencias religiosas y desigualdades de género. 

Notas:



[3] CLADEM (2016) Girls, Mothers. Child mothers. Pregnancy and forced child maternity in Latin America and the Caribbean, Centro de Derechos de Mujeres, 


[5] International Journal of Gynaecology & Obstetrics (2016) ‘Reducing Maternal Mortality through the Prevention of Unsafe Abortion’, Vol. 134, 1, Ed: Anibal Faúndes, p.20

[6] 



* Alba Ubieto Oliván es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. En la actualidad cursa un Master en Estudios de Género en NUIG, Irlanda.

La revolución de febrero


Rebelión

Por Alfredo Iglesias Diéguez

El 8 de marzo de 1917 (23 de febrero según el calendario juliano vigente en la Rusia zarista en ese momento), a pesar de que había motivos de sobra para salir a las calles en rebelión, ninguna de las organizaciones socialdemócratas o socialrevolucionarias activas en la ciudad de Petrogrado durante esos años de la I Guerra Mundial (1914-1918) convocó a las obreras a una manifestación para celebrar el Día de la Mujer. No obstante, ese día, 90.000 mujeres de las fábricas de tejidos de Petrogrado tomaron las calles espontáneamente para reivindicar sus derechos; ese día, como antes habían hecho miles de mujeres en otros lugares de Europa y América, se echaron a la calle exigiendo ‘pan, paz y república’. Ese día, en contra del criterio del partido socialdemócrata ruso, mayoritario entre el proletariado industrial de la ciudad de Petrogrado, las mujeres de Petrogrado iniciaron la revolución.
Efectivamente, en contra de lo esperado, ya que el día siguiente no tenía un significado especial, el 9 de marzo los obreros del barrio de Viborg, el más combativo de la ciudad, decidieron mantener las movilizaciones junto a las mujeres obreras. El 10 de marzo, contra todo pronóstico, 240.000 obreros y obreras de la ciudad de Petrogrado estaban en huelga. En apenas unos días, de manera espontánea, el proletariado de Petrogrado había puesto uno marcha un nuevo proceso revolucionario desde abajo.

El día 11 de marzo fue un momento decisivo: de un lado el proletariado; en frente, la burocracia imperial y la burguesía liberal. Avanzar hacia lo desconocido o desmovilizarse, sin garantías de que no hubiera represalias. ¿Qué hacer en esa situación? Paradójicamente, quien debería ponerse a la cabeza del movimiento revolucionario iba a remolque: cuando las organizaciones obreras más comprometidas con la huelga animaban a los soldados a sumarse al movimiento revolucionario, la cuarta compañía del regimiento imperial de Pavlovski ya se había sublevado la noche anterior... Así, en respuesta a las exigencias de un pueblo que se había autoorganizado en soviets (asambleas) el 14 de marzo, el día 15 de marzo el zar Nicolás II abdicaba y se proclamaba la República, constituyéndose un gobierno provisional presidido por el príncipe Lvov. ¡La revolución había triunfado!

De nuevo, como ya había pasado en la Revolución francesa, el pueblo, por carecer -en palabras de Lenin- “del grado preciso de conciencia y de organización” le había entregado el poder a la burguesía, pues el nuevo gobierno provisional ruso estaba integrado casi exclusivamente por representantes de la burguesía, pues lo único que les recordaba a los nuevos ministros que estaban allí gracias a la lucha del pueblo era la solitaria presencia del menchevique Kerenski.

El nuevo gobierno, a pesar de que convocó elecciones para una asamblea constituyente, decretó la amnistía de presos políticos y la libertad de prensa y expresión, reconoció la igualdad de todos los ciudadanos sin distinción de sexo o raza.., no generó muchas simpatías entre el pueblo, ya que mantuvo a Rusia en guerra y se mostraba reticente a aprobar reformas sociales, como la reducción de la jornada de trabajo o la reforma agraria. Quizás por eso, aunque fuera de una manera intuitiva, los soviets no se autodisolveron, por lo que a partir de ese momento coexistirán dos poderes paralelos: el del gobierno provisional y el de los soviets, que en un primer momento dieron su apoyo al gobierno provisional, principalmente en aquellas medidas que se consideraban revolucionarias. En este sentido, como señalaría años más tarde Trotski en su Historia de la revolución rusa (1929 - 1932), el soviet de Petrogrado se contentaba con que el gobierno provisional aprobara mediante decretos algunas de las demandas de los obreros y de las obreras y de los soldados.

En ese contexto, el 17 (4) de abril Lenin, que acababa de regresar del exilio suizo el 16 (3) de abril, defendió ante el comité del partido bolchevique que la única forma de gobierno revolucionario era el gobierno de los soviets, por lo que el soviet de Petrogrado debería de dejar de apoyar al gobierno provisional y el partido debería de luchar para que se transfiriese “todo lo poder del Estado a los Soviets de diputados obreros”. Obviamente, esa postura tan opuesta a lo que venía haciendo el soviet y el partido, no contó con el apoyo del partido –de hecho única contó con el apoyo de Alexandra Kollontai-; no obstante, Lenin publico ese documento, las Tesis de abril, en el periódico Pravda, en ese momento vinculado al soviet de Petrogrado, el día 20 (7) de abril.

En un momento en que Rusia, según el análisis de Lenin, avanzaba por la primera fase de la revolución, que le había dado el poder a la burguesía, era necesario, para pasar a la segunda fase: la que diera el poder al pueblo una acción revolucionaria que el soviet de Petrogrado y el partido todavía no estaban en condiciones de dar. De hecho, cuando tras las jornadas de los días 3 y 4 de mayo (20 y 21 de abril), dirigidas de forma espontánea por el pueblo de Petrogrado contra el gobierno de Lvov, se produjo una crisis ministerial, fue el soviet de Petrogrado quien acudió en apoyo del gobierno provisional, apoyando la inclusión en el gobierno de seis socialistas y el nombramiento de Kerenski como ministro de Guerra. ¡Cuánto camino quedaba aún por recorrer para que la aspiración del soviet de Petrogrado dejase de ser la formación de un gobierno de coalición! No obstante, ese largo camino se recorrió en apenas unos meses.

América Latina necesita revoluciones radicales



Por Manuel Alejandro Hernández Barrios

La Revista Contexto latinoamericano de la editorial Ocean Sur vuelve al escenario del debate político y el rescate de la memoria histórica del continente. Editada por primera vez en 2006, tiene como objetivo promover las ideas de izquierda y la necesidad de la unidad en América Latina.

Contexto Latinoamericano se edita dos veces al año y está dividida en cinco secciones. En el número de la revista que se presentó este jueves 30 de marzo en La Habana se hace énfasis en la crisis económica y en la situación de los movimientos sociales de la región latinoamericana. A los retos del actual contexto latinoamericano estuvo dedicado el espacio televisivo Mesa Redonda que tuvo como invitados a un grupo de colaboradores de esa publicación.

Sobre la situación mexicana, lo que ha significado para ese país el nuevo muro de Donald Trump y de las perspectivas que se abren el político y antropólogo mexicano, Gilberto López Rivas, comentó que “la llegada de Trump a la presidencia fue un tanto sorpresiva desde el punto de vista que los grandes medios predecían.

“Para México ha significado un golpe porque el discurso de Trump coloca a los mexicanos como el chico expiatorio para ganar votos de los sectores abandonados de la sociedad norteamericana.

“En Estados Unidos hay una ruptura y una continuidad. La continuidad es que demócratas y republicanos representan el mismo sistema de explotación imperialista que hemos padecido y la misma política migratoria. Obama expulsó a más de dos millones de migrados, representó la guerra de los drones, dobló las fuerzas especiales que existían en el gobierno de Bush.

“Las dos veces que hemos recibido intervenciones norteamericanas en el territorio mexicano fueron presidentes demócratas los que nos invadieron. El gobierno de Obama fue belicista y guerrerista.

“El Tratado de Libre Comercio fue un golpe para la economía latinoamericana. Desapareció la capacidad autosustentable de la alimentación en México. Desaparecieron 700 mil pequeñas y medianas industrias desde 1994 hasta la fecha.

“El muro ya fue iniciado con Bill Clinton. Lo más significativo hasta el momento fue el aumento del presupuesto militar, que es el más grande desde que se tiene memoria en los Estados Unidos.

“La política de Trump por extensión puede llegar a toda América Latina porque sus políticas migratorias criminalizan a los inmigrantes. Ahora hay un endurecimiento de las leyes contra la migración. La llegada de Trump deja la puerta abierta para que surjan sentimientos xenófobos. Su política es una falsedad total.

“El gobierno de México ha tomado una actitud vergonzosa. Una afrenta al sentimiento y la dignidad de los mexicanos. El gobierno de México ha participado en el voto de la OEA contraVenezuela. Para nosotros el gobierno de Peña Nieto es de traición nacional. Es endeble para responder a los retos”.

Respecto al asesinato de los periodistas, y la violación que existe contra estos profesionales, y las causas de estos hechos, el periodista Walter Raudales, novelista y académico de El Salvador comentó que “Centroamérica padece dos grandes dramas: la migración y la inseguridad. La inseguridad nos está desangrando. Las causas son múltiples, pero se resumen en las estructuras económicas que provocan pobreza y que obligan a los ciudadanos a buscar mejores condiciones de vida.

“El triángulo norte de Guatemala, Honduras y El Salvador tienen una relación y un pacto con Estados Unidos de ayuda económica a cambio de varios temas de relación. Los Estados Unidos ayuda con aporte económico y los países se comprometen a desarrollar campañas de no migración.

“Además, Almagro en la OEA ha tenido una posición vergonzosa. Estados Unidos ha querido presionar a El Salvador, que mantuvo una posición digna y de no intervención a otros países y votó a favor de Venezuela.

“El Salvador está padeciendo un golpe múltiple atacado desde distintos flancos. A nuestro gobierno no se le ha dado ni un minuto de descanso. Nos atacan a nivel económico. Hay una crisis fiscal asfixiante que tiene ya su impacto en la población. Hay una situación de golpe judicial parecido a lo ocurrido en Brasil donde a través de la corte suprema de justicia y de la fiscalía misma se crea una serie de investigaciones a personajes de izquierda que ha creado una clara inclinación de inequidad sobre temas de corrupción.

“Además, tenemos la intervención descarada de la actual embajadora de Estados Unidos, que ha tenido un papel participativo he injerencista en las elecciones de El Salvador.

“En el país hemos reducido los índices de homicidio de 24 diarios a 11, aunque este número todavía es escandaloso, pero es un resultado importante. Existe una guerra mediática permanente donde se aplica la ley del hielo y se ocultan temas de noticias y de situaciones favorables a la población, y se tergiversan las informaciones.

“Hay una permanente presencia para perturbar la presión social en el país. Hay una presión en la región para crear en El Salvador la Comisión investigadora de corrupción que se creó en Guatemala, y en Honduras. Pero por qué no la ha creado en México, en Perú, en Colombia, o en Brasil. El tema de la corrupción es de izquierdas y se lo ha dejado quitar.

“La guerra no solo llega desde lenguajes suaves, sino que también es lingüística, cultural. Estamos en un embate del Imperio bastante alarmante, y tenemos que entender el momento en el que estamos.

“Todos los organismos donde hay seres humanos estamos propensos a la división. Y si penetraron el Kremlin, cómo no lo van a hacer con los partidos nuestros. No debemos perder la perspectiva ni la visión de hacia dónde vamos. Considero que muchos en la izquierda de América Latina no han actualizado su forma de interpretar la realidad. Ya no se puede vivir sin entender lo que está pasando con la tecnología”.

El periodista y escritor Jorge Enrique Botero, vive en la Colombia que ha recibido una especie de bocanada de aire fresco con el nuevo Acuerdo de Paz. Sobre la situación que presenta ese proceso evaluó que “después de los cuatro años de conversaciones del proceso de paz no puedo traer buenas noticias porque es mucho más fácil hacer la guerra que hacer la paz.

“Los acuerdos eran fantásticos, fueron avalados por la comunidad internacional y por las naciones unidas como un documento de gran trascendencia que puede ser objeto de referencia permanente para próximos procesos de paz en el mundo. Pero de la letra a los hechos hay mucho trecho.

“Desde la firma de esos acuerdas a nuestros días han sido asesinados 70 líderes sociales y populares de Colombia en las zonas agrarias donde operaban y tenían su área de influencia las FARC. El gobierno no ha aceptado la sistematicidad de estos asesinatos. La violencia persiste en vastas zonas de Colombia.

“Son contados con los dedos de las manos los presos que han salido de las cárceles. Más de 3000 todavía permanecen allí, así como ciudadanos colombianos acusados de apoyar a las FARC. Las Zonas a donde se desplazaron los guerrilleros para realizar la dejación de armas todavía no son completadas como prometió el gobierno. Hoy todavía no están a un 20 % de su completamiento. De tal forma que la situación de los guerrilleros todavía es precaria.

“El proceso se ha sostenido por la voluntad política expresada por las FARC de cumplir a cabalidad los acuerdos. Hoy en día después de que los guerrilleros fueron visibilizados, el nivel de popularidad de la imagen favorable hacia las FARC ha llegado al 20 % del total de la población.

“Si hay una buena señal alentadora del acuerdo es el anuncio que hizo Cuba de que va a otorgar 1000 becas para estudiar medicina a guerrilleros y combatientes como a los familiares de los integrantes del conflicto armado.

“La parte final de los acuerdos fue apresurada. Pero también hay un problema de voluntad política. La ultraderecha ha hecho una campaña de satanización del proceso que ha dicho que la irrupción de las FARC en la escena política colombiana va a llevar al país al Castro-chavismo. Con eso le meten miedo a la gente y crean una situación de pánico.

“La oligarquía de Colombia se ha comportado históricamente de manera sanguinaria que ha querido resolver todas las contradicciones a punta de violencia. Otra constante histórica de esa clase colombiana es la trampa y el engaño. Hay alertas rojas, el movimiento social está encima de los acuerdos, vigilándolos para que se cumplan y también existe una buena participación internacional para cuidar el cumplimiento de los acuerdos”.

En América Latina gobiernos con evidentes logros sociales son derrotados en las urnas. En Ecuador la situación está bastante apretada. Sobre las contradicciones que explican estos hechos el doctor Alberto prieto Rozos, profesor titular y académico de Número de Cuba, explicó que “en 1959 no había países revolucionarios en América Latina. Triunfo la Revolución Cubana que desató el ciclo de tránsito social. Se desató una lucha que fue derrotada en todos los países menos en Nicaragua.

“Los guerrilleros fueron derrotados por su divisionismo. En 1979 triunfo el sandinismo, que fue derrotado en las urnas en 1990, año en que parecía que el fin de la historia iba a llegar como dijo Fukuyama. En ese momento Fidel y Lula lanzan el Foro de Sao Paulo. Nueve años después Chávez gana las elecciones. En un período de una década a partir de entonces hubo triunfos de la izquierda que volvieron a llegar al poder.

“Hoy en día existe el ALBA, una integración revolucionaria, paralela a la integración mayor que incumbe a toda América Latina, que se expresa en la CELAC y que todavía tiene conservadores en su interior.

“Se ha tratado de imponer una votación contra Venezuela. Ha cambiado la situación en América Latina. Para que un proceso revolucionario sea definitivo depende no solo de los ataques del enemigo. No son solo las armas las que defienden un proceso revolucionario, sino el cambio de conciencia. El principal mérito de la población cubana es el cambio de conciencia que hoy en día no tiene la compostura moral de los años. La Revolución cubana logró el milagro de mejorar a las capas más humildes mediante una participación activa de las masas en ese proceso.

“Cuando hay un proceso de beneficio para las masas, pero sin la participación de ellas, la moral no cambia, la conciencia seguirá siendo la de antaño. Hablamos de la ofensiva de la derecha, pero Chávez ganaba más del 70 % en las elecciones y la oposición ganaba más del 50 %. En Colombia el tratado de paz tuvo un 65 % de abstención y un 38 % en contra. Eso es un fenómeno político, eso debe alertar a las vanguardias que algo están haciendo mal, porque las vanguardias se mantienen en el poder cuando saben interpretar las tradiciones y los anhelos de la masa.

“Lo que cambia la conciencia de las masas es la participación. Cuando la persona participa, cambia su moral. La conciencia soporta todas las vicisitudes. La conciencia se adquiere mediante una participación activa. Mientras las vanguardias no logren una unificación es difícil lograr una victoria popular duradera”.


Saltan las costuras del traje institucional por todos lados


Rebelión

Por Gilberto Lopes

Incómoda en su traje institucional América Latina ve romperse todos los hilos con los que los cosió, sin que ningún sastre sepa tomar las medidas del nuevo, que le hace falta.
Agotado el corsé neoliberal, durante una década se estuvo probando nuevos, sin que ninguno encajara a la perfección. Esta semana, el de Venezuela saltó en pedazos, en medio de renovadas tensiones políticas y económicas y de un escenario de graves dificultades para la vida diaria de la población.

La OEA divide a América Latina

La crisis es ya de larga data, pero el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, ha puesto en el centro del debate regional la de Venezuela.

Ya en mayo del año pasado había invocado la aplicación de la Carta Democrática del organismo contra ese país, para lo que convocó a una reunión del Consejo Permanente que se llevó a cabo en junio del 2016. Ahí no se aprobó la propuesta de Almagro, pero el proceso promovido por el Secretario General ha seguido su curso.

En un largo documento divulgado el pasado 14 de marzo, Almagro pidió nuevamente aplicar la Carta Democrática y suspender Venezuela de la OEA si no convocaba elecciones dentro de treinta días. La sesión del Consejo Permanente se celebró el 27 y 28 de marzo recién pasados.

Si antes de la reunión un grupo de 14 países –Costa Rica entre ellos– se había manifestado a favor de la convocatoria, al final 20 países –de los 35 activos en la organización– se pusieron de acuerdo en una declaración de pocos párrafos en el que se insta a la OEA a "seguir examinando opciones, con la participación de todas las partes” y a definir una hoja de ruta “en el menor plazo posible” para “apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho” en Venezuela.

El documento fue presentado por la embajadora canadiense Jennifer May Loten y, al contrario del ultimátum de Almagro, no hace alusión a la celebración de elecciones, ni la liberación de presos políticos.

Criterio diversos

El resultado de la reunión fue evaluado con criterios diversos. Para el presidente de la Comisión de Exteriores del parlamento venezolano, Luis Florido, la sesión representó "un paso adelante" en la lucha contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. "Queda muy mal Maduro en el concierto de naciones”, afirmó. “Hoy fueron 20 países, muy probablemente, en el próximo Consejo Permanente, sean más".

En vísperas de la reunión del Consejo Permanente, el senador republicano Marco Rubio, de origen cubano, amenazó a Haití, El Salvador y República Dominicana con el recorte de programas de ayuda norteamericanos si no votaban a favor de la condena a Venezuela, una presión que, sin duda, irá en aumento, como lo revela la marcha de este proceso.

Para el presidente Maduro, Venezuela obtuvo “una gran victoria: ni se aprobó la Carta Interamericana, ni el comunicado infame de la coalición de países de derecha. Victoria popular para Venezuela”, afirmó.

El internacionalista Luis Quintana, citado por la alemana DW, estimó que esa reunión “se utilizó para calibrar fuerzas y sentar las bases para una mayor presión más adelante”. Pero –agregó– “ayer no pudieron avanzar".

El jueves 30, “un funcionario del gobierno estadounidense aseguró, bajo anonimato, que el texto no había sido sometido a votación porque ‘ya tenía el acuerdo’ de más de la mayoría".

Almagro se presenta públicamente en la OEA con representantes de la oposición venezolana que acuden a Washington en busca de apoyo y ha asumido la agenda de esos grupos en sus informes. A fines de marzo recibió en la sede de la OEA la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, preso que la oposición califica de “político”; así como el gobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial, Enrique Capriles, o el mismo Florido.

Jacobo Shifter, presidente del “Diálogo Interamericano”, una institución con sede en Washington que reúne a diversas personalidades del hemisferio, estimó que "Almagro no tiene un estilo típico al de sus predecesores en la OEA". " Quiere tomar posiciones públicas ".

Una vieja historia

La decisión de Almagro de asumir una representación política no solo ha dividido el hemisferio, sino que ha despertado viejos recuerdos sobre el papel de la OEA que parecían haberse ido disipando, en la medida en que se iba renovando el traje político del continente.

Ahora, que todas las costura se han roto, Almagro trata de acomodarle un viejo traje.

Su actuación ha despertado viejos recuerdos sobre el papel de la OEA en el hemisferio que estaban algo olvidados.

El argentino Javier Tolcachier , investigador, escritor y militante del Movimiento Humanista, recordó lo que calificó como “función histórica” de esa organización desde su fundación en 1948, “en términos de alineamiento con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos”.

Basta recordar, agregó, el aval dado al golpe de Estado en Guatemala en 1954; al golpe militar contra Salvador Allende, en Chile, en 1973; y al golpe militar en Brasil, contra João Goulart, en 1964. La OEA tampoco se manifestó contra la invasión de Panamá (1964), o de República Dominicana (1965) o de Granada (1983), cuando fue asesinado el presidente Maurice Bishop.

Pasqualina Curcio, Profesora Titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar, de Venezuela, desempolvó un informe del Grupo de trabajo interagencial sobre Chile y remitido al entonces Secretario de Estado Henry Kissinger, el 4 de diciembre de 1970. Allende había asumido el poder un mes antes. El memorando contenía un informe de 56 páginas, decía Curcio, “el cual, de manera detallada, presentaba las opciones que podían ser tomadas por el gobierno de los Estados Unidos ante la situación en Chile”. Entre los nueve puntos que formaban parte del informe, el punto 2 estaba directamente relacionado con la participación de la OEA en los planes para derrocar a Salvador Allende.
Curcio afirma, refiriéndose a la actuación de Almagro: “Tanto el informe de mayo de 2016, como el reciente del 14 de marzo de 2017, carecen de toda rigurosidad”. Abundan afirmaciones imprecisas basadas exclusivamente en opiniones, juicios y valoraciones de la oposición; en casos en los que se muestran cifras, estas son tomadas solo de estimaciones no oficiales, resultado de ejercicios sin rigurosidad metodológica, que tratan de mostrar condiciones sociales y económicas negativas en Venezuela, dice Curcio.

Costura rotas

Lo cierto es que las costuras se han roto no solo en Venezuela. El reciente golpe institucional en Brasil siguió al pie de la letra un modelo inaugurado en junio del 2009, en Honduras, seguido, tres años después, en Paraguay.

La semana pasada la aprobación por el senado paraguayo de una propuesta para reformar la constitución y permitir la reelección presidencial (maniobra similar a la realizada en Costa Rica hace unos años) terminó en protestas y el incendio del Congreso. Una provocación que analistas paraguayos se permitieron comparar con el incendio del Reichstag alemán, que permitió a Hitler asumir el poder en 1933.

Pero las costuras se rompen por todos lados. Un breve recorrido nos permite recordar la situación de México, con sus cerca de 30 mil desaparecidos, en medio de una ola de violencia incontrolable; o de Colombia, donde 156 líderes sociales han sido asesinados en los últimos 14 meses, según informe de la Defensoría del Pueblo.

En Venezuela, la reciente decisión del Tribunal Supremo, de declarar en rebeldía la Asamblea Nacional –que, entre otras cosas, había declarado vacante la presidencia de la República– y asumir funciones legislativas, planteó un conflicto político en otra dimensión.

La medida fue revisada tres días después, ante las reacciones que provocó, pero dio pie a que la derecha más rancia del continente renovara sus demandas contra el gobierno de Maduro.

En Costa Rica, Oscar Arias pidió el retiro del embajador costarricense de Caracas, una medida que el gobierno adoptó ya hace meses. En Colombia, el senador y expresidente Álvaro Uribe, vinculado a las más atroces violaciones a los derechos humanos, pidió la prisión de Maduro; y en Perú, el conservador Pedro Pablo Kuczynski anunció que el retiro provisional de su embajador de Caracas se hacía ahora “definitivo”.

Pero la incomodidad en su traje institucional es también una vieja historia en Venezuela. Como lo recordó en un texto en Facebook publicado el 31 de marzo, Jm Abreu escribió: “UN POCO DE MEMORIA CORTA: el 12 de abril de 2002, Carmona Estanga, por decreto se autoproclamó presidente de "la República de Venezuela" y de un solo plumazo disolvió, eliminó todos los Poderes del Estado... La historia es ampliamente conocida... Y la entonces la Corte Suprema de Justicia, en sentencia firme, declaró que en Venezuela no había ocurrido ningún golpe de estado... Todo el mundo lo vio por TV, menos los magistrados de la CSJ... Y entonces, en un gesto de profundo sentido democrático Chávez declaró: "No estoy de acuerdo con la sentencia, pero la acato porque es sentencia del máximo tribunal de la República"... Eso nunca lo ha hecho ahora la AN”.

sábado, 20 de mayo de 2017

Rompiendo el silencio

Rel-UITA

Por Giorgio Trucchi 

Fotos: Giorgio Trucchi

Bertha Oliva es coordinadora nacional del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y una reconocida defensora de los derechos humanos. La Rel conversó con ella para conocer sus impresiones sobre los alcances de esta nueva misión de la UITA en tierra hondureña, donde Bertha y el equipo de compañeras y compañeros del Cofadeh nos brindaron su mayor apoyo y solidaridad.

- ¿Cuál es tu evaluación de esta nueva Misión de la UITA?
- Esta nueva misión que coordinaba Gerardo (Iglesias) ha dejado buenas expectativas. Vino en uno de los momentos políticos más importantes para el país, donde todo el mundo piensa sólo y exclusivamente en quiénes serán los candidatos en las elecciones nacionales de noviembre.

La misión rompió esta dinámica y volvió a colocar, a nivel nacional e internacional, el tema de la crisis de derechos humanos que hay en Honduras. Una vez más la UITA mostró su compromiso solidario y nos dio una voz de aliento.

Los hallazgos contenidos en el Informe Preliminar presentado en conferencia de prensa fueron un verdadero campanazo para el país.

Ahí se recogen tanto las inquietudes surgidas de los encuentros realizados con exponentes de diferentes sectores y gremios, como las preocupaciones profundas presentadas ante la Secretaría del Trabajo y, conjuntamente al Cofadeh, ante el Ministerio Público.

Se tocaron temas trascendentales como el asesinato de Berta Cáceres, la criminalización del sector campesino y la grave situación de violación de derechos que viven cientos de trabajadoras de las meloneras de la transnacional Fyffes en el sur del país.

Esperamos que dichas autoridades sepan aprovechar este intercambio y las solicitaciones que se les hicieron por la situación de los derechos humanos, la impunidad y la precarización laboral.

- Un compromiso solidario que la UITA ha venido consolidando durante años.
- Un compromiso que, como bien lo dijo Gerardo, no persigue desinformar ni desprestigiar al país, sino dar a conocer la realidad que vive Honduras, contribuyendo en la búsqueda de soluciones y en la construcción de la verdad.

Nos enfrentamos a una crisis de derechos humanos y de indefensión que es producto de la falta de institucionalidad y la aprobación de leyes restrictivas e involutivas, que atentan contra los derechos humanos.

Necesitamos más misiones de observación internacional, para romper el silencio que nos rodea, ejercer presión e incidir en los tomadores de decisiones.

- La UITA se fue, pero se quedó…
- Gerardo fue muy claro en su postura política y su mirada técnica: la Misión se va, pero nuestras organizaciones afiliadas y amigas se quedan a trabajar, para seguir informando y coordinar acciones.

Nosotros acogemos este posicionamiento de la UITA no sólo con satisfacción, sino con compromiso hacia el futuro, para dar seguimiento a todo lo que se ha sembrado en estos días.

Definitivamente lo de la UITA ha sido un acto lleno de solidaridad.

Berta Cáceres: ¿Y los autores intelectuales?

- El mundo sigue clamando justicia por el asesinato de Berta Cáceres.
- Desde el principio, el Ministerio Público orientó la línea de investigación hacia la búsqueda de los responsables materiales y no de los que planearon y financiaron el asesinato.

Las 8 personas que tienen presas les sirven como consuelo para las y los que reclamamos justicia a nivel nacional e internacional.

Pero nosotros vamos más allá. El mundo entero clama para que se persigan los mandantes, así como los actos de corrupción que rodean el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual Berta luchaba.

Eso no va a ser fácil. El Ministerio Público tendrá que demostrar que realmente va a entrar a combatir la impunidad y la corrupción en el país.

Quimistán y el estado de Honduras: Entre la ilegalidad e impunidad



Por Rodolfo Cortés Calderón

Quimistán es uno 298 municipios de Honduras ubicado en la zona noroccidental del país, específicamente en el departamento de Santa Bárbara. Goza de una centenaria historia que generó el surgimiento de San Pedro Sula, el más próspero municipio de Honduras, después del municipio capitalino de Tegucigalpa, su capital.

Quimistán es el municipio más rico en extensión territorial (745.3 km2); bienes naturales (suelos, aguas, bosques, climas) y una laboriosa población de aproximadamente 40,000 habitantes en el departamento de Santa Bárbara.

Pero a pesar de tantas bendiciones naturales, tradiciones y ubicación geográfica estratégica, es uno de los municipios menos desarrollados de Santa Bárbara. Su población es de origen Lenca y Chortí en su mayoría. Tiene muchas comunidades que no disponen de agua potable, energía eléctrica, escuelas, centros de salud, viviendas dignas, vías de comunicaciones, etc.

Además, a estos males endémicos se suma el desempleo, la violencia, el narcotráfico y la falta de autoridades judiciales y policiales tanto municipales como estatales que cumplan las leyes. Según analistas y defensores de los derechos humanos y de la vida el estado hondureño está en deuda con la sociedad al no haber judicializado el 96% de las muertes violentas en Honduras, pero en el caso del municipio de Quimistán podría llegar al 100% de impunidad. Ni las autoridades municipales, ni estatales, ni militares hacen nada, mucho menos la Policía y a esto se agrega la desilusión que este municipio cuenta desde hace más de media centuria con el II Batallón de Artillería que recibe muchos millones de la tasa de seguridad, pero sin logros.  

El sacerdote Miguel Pozuelo, párroco y miembro del equipo sacerdotal pasionista de Quimistán, teniendo como base las lecturas bíblicas del domingo 14 de mayo, concretamente el Evangelio de Juan, 14, 1-13 y en ocasión de celebrarse además este día el Día de las Madres de Honduras, enfocó su homilía en el versículo evangelista “Yo soy el camino, la verdad y la vida” enfatizando sobre el compromiso que todos los cristianos, cristianas y la sociedad en general debemos asumir para defender la Vida. Hizo una hermosa semblanza del rol que juegan las mujeres madres en este país ante tanta incertidumbre y desgracia -siempre apostando por la vida-, a la vez que exhortó a la defensa de la Madre Tierra, la obra del Creador que nos acoge, herida por tanta destrucción de parte de las grandes empresas extractoras de las cuales Quimistán no está exento, entre ellas las mineras, hidroeléctricas, forestales y ganaderas.

El padre Pozuelo hizo público que la Iglesia está documentando todos los casos de violencia y asesinatos que han sucedido en los últimos años en este municipio, supuestamente la mayoría de ellos por cuestiones políticas y otras por ajuste de cuentas entre el crimen organizado.

Para que las autoridades defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales conozcan algunos nombres de personas asesinadas en los últimos años y recientemente, tomadas de la prensa nacional, recordamos a: Carlos Johnson, César Paz Cruz (29), Angelly Jackeline Paz Castellanos  (3), Modesto Funes Mejía (58), Luis Santos Martínez Mercado (60), Jorge Luis Martínez Pineda (17), Leo Abimael Enamorado Flores (60), Denilson Aldeir Castillo Rivera, Óscar Paz, Carlos Alberto Rodríguez Cisneros (19), Arnold Steve Rodríguez Sol (18), Mártir Aníbal Castro Ramos (18), José Wilmer Díaz Hernández y Julio Castro (45), pero en esta lista no están incluidos más de una docena de asesinados en Pinalejo no identificados, ni publicados.  

Pero los casos más escandalosos por ser estas personas miembros y funcionarios del gobernante Partido Nacional y del municipio desde hace más de un lustre están Pamilo Peña, ex Comisionado de Transparencia Municipal y Geovanny Rodríguez, ex gerente municipal de Quimistán, ambos estaban en funciones cuando fueron asesinados y su muerte como todas, ha quedado impune.

En un tiempo más lejano recordamos los asesinatos de los jóvenes Nery Melgar, supuestamente asesinado por la Policía frente al parque y a José Luis Rivera, universitario, masacrado delante de su esposa en su propia vivienda, ambos casos en Quimistán.

Según los medios de prensa nacional, Quimistán se ha vuelto uno de los 25 municipios de Honduras más peligrosos para vivir. De ahí el marcado escepticismo de la población hondureña a la cual el actual gobierno pretende engañar con cifras maquilladas de reducción de muertes violentas.

Exhortamos a las autoridades municipales y estatales a cumplir con su deber. No debemos olvidar que el alcalde de Quimistán don Juan José Guevara Figueroa tiene 4 periodos, 16 años, de ser alcalde y va por un quinto y su madre doña Martha Concepción Figueroa de Guevara es diputada por el departamento de Santa Bárbara desde el gobierno de Rafael Leonardo Callejas Romero (1990), lleva 7 periodos y va por el octavo y esta situación es de su competencia y responsabilidad. 

Esperamos que las autoridades judiciales municipales, nacionales e internacionales tomen en cuenta estas denuncias.

¡La vida es el más hermoso regalo dado por la creación a la humanidad y debemos cuidarla!

Albertina López: Defender el agua es recuperar la vida



Una manta con el rostro de Berta Cáceres está entre las imágenes y mensajes colocados en la toma que por más de tres semanas mantienen varias comunidades del sector Pajuiles en el municipio de Tela, Atlántida. 

Una carpa vieja, que con suerte lograron conseguir prestada, varias sillas plásticas y un sonido que no deja de sonar canciones que motivan a defender el agua y los bienes naturales son el escenario diario de este grupo de comunidades que rechazan la construcción del proyecto hidroeléctrico Centrales de El Progreso (HIDROCEP) una empresa propiedad del empresario Jason Hawit. 

Es allí, en ese calor sofocante, subida en una motocicleta que conocimos a una mujer de voz dulce, piel trigueña y estatura media. Animaba a sus compañeros a continuar la lucha luego de noches enteras de no dormir, haciendo turnos para resguardar "el campamento de la dignidad", así han nombrado a las dos tomas que mantienen para evitar que camiones de la empresa suban y completen su plan de construir la represa.  

Albertina López Melgar, de 40 años de edad, es originaria de Planes de Arena Blanca, una de las veinte comunidades que se verán afectadas con la instalación del proyecto hidroeléctrico. Por más de dos semanas ella ha dividido su tiempo y energías entre las responsabilidades del hogar, su trabajo de costurera y la presencia en la lucha.

Una vida en comunidad 

Luego de laborar 14 años en la industria de la maquila, cansada de la explotación, bajos salarios y la inseguridad de la ciudad, decidió regresar a la comunidad donde nació. Ya con dos de sus tres hijos, ella y su esposo iniciaron una vida menos ajetreada, disfrutando de la comunidad y contando con tiempo en familia. Ella con los conocimientos de coser y su esposo trabajando en una maquila cerca del municipio de El Progreso, Yoro, han podido brindar lo necesario a sus hijos. 

Desde que retornaron a la comunidad ha pasado más de una década, 10 años donde han criado a sus hijos, ahora de 19, 15 y 10 años, además de todas las responsabilidades que tiene dentro de la iglesia y en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, una organización territorial de base que surgió luego de la huelga de los fiscales del Ministerio Público el año 2008. Ese Movimiento que ahora es comunidad que defiende los bienes naturales comunes.  

Ha sido dentro del Movimiento Amplio que Albertina asegura comenzó su compromiso de defender el agua, defender sus derechos y no dejar que sus bienes, los de su comunidad sean robados para beneficiar a una familia, a unos pocos por encima de la desgracia de los más pobres. 

“La lucha no inició hace un año, recuerdo que junto a varios agentes de pastoral nos alertaron que en el municipio de Tela, las autoridades estaban otorgando licencias de explotación, pero lastimosamente esa advertencia no tuvo eco. Cuatro años después lo que era un rumor se convirtió en una realidad, el gobierno local daba permiso de operaciones a una empresa para tomar el agua del río Mezapa, ese río que es la principal fuente de agua para nosotros”, recuerda Albertina. 
Albertina no es la única mujer en la lucha, pero su compromiso y perseverancia recuerda cuántas otras más están comprometidas con el agua, el bosque, los minerales, las carreteras públicas, el aire, sus cuerpos, dando signos de verdadera construcción de soberanía. 

Varios de sus compañeros están amenazados, no únicamente por el empresario o la autoridad, sino por otros vecinos de comunidades aledañas, a quienes también la hidroeléctrica dejará sin agua, pero que ahora, ante el abandono estatal, prefieren defender los intereses del empresario con la esperanza que las promesas de proyectos y ayudas se hagan realidad. 

Esas amenazas e intimidaciones han llegado hasta funcionarios del Ministerio Público quienes iniciaron investigaciones por posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos y de daños ambientales con la ejecución del proyecto, pero que debieron abandonar la ciudad o el país para proteger su vida. 

Ante la pregunta por qué lucha, Albertina no duda en decirlo con claridad y convencimiento: “porque como pueblo tenemos derechos, derecho al agua y a la vida,  no dejaremos que las autoridades nos pisoteen”. Ella no siente miedo, cree que nadie debe arrebatarles el derecho defender lo suyo, y que en esa lucha continuarán a pesar que el empresario coludido con la autoridades, siguen sus maniobras para que la represa sea una realidad. 

Albertina sabe de la conexión que el agua tiene con las mujeres y su familia, sin agua cualquier posibilidad de vida se esfuma, por eso sueña con ver libre de hidroeléctricas y mineras, a la cordillera Nombre de Dios, que baña varias comunidades de los departamentos de Yoro, Atlántida y Colón, sueño que puede convertirse en realidad si las comunidades se organizan para luchar en contra de los proyectos de muerte. 

A partir del golpe de Estado del año 2009, el régimen de facto de Roberto Micheletti aprobó decretos para el concesionamiento de territorios para la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos que ahora se ha convertido en punto de conflicto debido a los daños que dejan al ambiente y a la vida social de las comunidades, además de la violaciones a las leyes y convenios internacionales vinculados a pueblos indígenas quienes tienen derecho a la consulta previa, libre e informada.

Creciente violencia pone en peligro paz en Nuestra América

Rebelión

Por Patricio Montesinos

El incremento de la violencia, a niveles desorbitantes, constituye hoy un grave peligro para la preservación de la distensión en la Patria Grande, declarada Zona de Paz por los 33 países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la II Cumbre de ese mecanismo de concertación política celebrada en La Habana, Cuba, en 2014.
Los acontecimientos y las noticias de los últimos días y semanas sobre Nuestra América no son nada halagüeñas para un futuro pacífico y de integración en la región, blanco actualmente de una ofensiva derechista que, al parecer, tiene como propósito restaurar, con el apoyo de Estados Unidos, las dictaduras del pasado siglo.

Por un lado, gobiernos neoliberales de turno han retomado el uso de la fuerza policial y militar para coartar manifestaciones pacificas en su contra, como son los casos recientes de Chile, Argentina, Brasil y México,

Miles de estudiantes chilenos que se volcaron a las calles este martes, en protesta por los elevados costos de la educación universitaria en ese país, fueron reprimidos nuevamente como en tiempos del régimen del general golpista Augusto Pinochet.

En Argentina ocurre algo similar ante las marchas cotidianas contrarias al ejecutivo del presidente Mauricio Macri, quien como si fuera poca su actuación antipopular, pretende imponer ahora la denominada reforma 2x1 que beneficia a los genocidas de la otrora dictadura en esa nación.

Los brasileños tampoco escapan de la violencia policial y a los efectos dañinos de las medidas neoliberales del gobierno golpista de Michel Temer, quien planea artimañas dirigidas a aferrarse al poder, al tiempo que abre las puertas del gigante sudamericano al ejército estadounidense para maniobras castrenses en la Amazonía, en noviembre venidero.

México, por su parte, es considerado el segundo país más violento del mundo, tras conocerse la noticia que solo en 2016 fueron asesinadas 23 mil personas.

Según reportes de prensa que citaron una investigación del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), México es más violento que naciones en conflicto como Afganistán y Somalia, y solo es superado por Siria, a la que se le impone una devastadora guerra terrorista desde el exterior.

Hace poco menos de un año escribí un artículo titulado: Pobre México, tan lejos de Dios y tan violento como Estados Unidos, a propósito de protestas de rechazo de centenares de profesores a otra reforma neoliberal educativa del régimen del mandatario Enrique Peña Nieto.

Entonces los gendarmes habían respondido con el acostumbrado uso de la fuerza, causando 13 muertos, 25 heridos y más de 100 desaparecidos.

En mi nota referí que el neoliberalismo sin límites impuesto por las autoridades mexicanas, el dominio de los llamados poderes fácticos, que actúan al margen de las leyes, el narcotráfico y la corrupción, han convertido a esa nación norteña en un verdadero manicomio para sus ciudadanos.

Todo indica que el modelo aplicado en México fue el ensayo de laboratorio de un plan macabro para la Patria Grande que se ha ido materializando en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Guatemala, y Honduras, entre otros, y que el conservadurismo regional con Washington a la cabeza desea extender a Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua, donde persisten procesos progresistas.

No es casual ni mucho menos que la derecha en Venezuela apueste con su actuación terrorista desde la oposición a crear el caos en el país, justificar así la ingobernabilidad de la Revolución Bolivariana y destronarla para hacerse con el poder.

A juicio de analistas, la creciente ola de violencia desatada por el conservadurismo en Nuestra América pone en riesgo la distensión y la unidad en la región, y puede echar por tierra la proclama de Zona de Paz adoptada por la CELAC hace 3 años en La Habana.

Precisamente preocupados con estas y otras problemáticas, académicos cubanos concurrirán este 11 de mayo en La Habana a un taller denominado “Los desafíos de la izquierda en América Latina y el Caribe frente a la ofensiva de las oligarquías y el imperialismo”.

En ese foro los participantes intercambiaran criterios acerca de la situación que vive actualmente la Patria Grande, y los desafíos que se presentan en el camino hacia la preservación de la paz, su integración y desarrollo.