miércoles, 31 de julio de 2019

Grupo indígena campesino de La Paz solicita suspensión de medidas después de varios años



Por Sandra Rodríguez

Desde el 2012 y 2015 un grupo de 22 indígenas defensores del territorio cumplen medidas sustitutivas a la prisión, acusados de usurpación y tala del bosque, en la comunidad indígenas Los Laureles en Arenales, municipio de Santa María, ubicado a 137 kilómetros de Tegucigalpa.

El 18 de junio del 2015, a las cinco de la mañana llegó la policía a bordo de varias patrullas a Los Laureles. La población se sorprendió ante la irrupción sin previo aviso.

Uno de los procesados es Francisco Vásquez, quien aseguró que “sin decir por qué nos detenían nos subieron a las patrullas”. Les comentaron que era para una investigación, pero no se ahondó en la información.

Desde entonces, va a firmar cada quince días a los juzgados de Santa María, para respetar la ley, misma que considera le violenta sus derechos ciudadanos, ya que ha pasado mucho tiempo sin una revisión de medidas sustitutivas que los coarta de sus derechos a la libertad de locomoción, trabajo y económico entre otros.

Pedimos que actúen con justicia no nos han comprobado los hechos de los que nos acusan, afirmó a Defensores en Línea, el dirigente indígena, quien al igual que 300 mil familias hondureñas de vocación campesina no tiene acceso a tierras para cultivo.

Entre el grupo hay cuatro mujeres criminalizadas. Apolonia Vásquez, Aleyda Díaz, Marcelina Aguilar y Lucia Vásquez, no olvidan como la policía las sometió a la impotencia, subieron a una patrulla y sus hijos quedaron abandonados aquella madrugada.

Lucia, actualmente de 52 años, dejó a sus cipotes sin saber que sucedería con ellos, se quedaron en ayunas, pues ni café les había hecho. Incluso, su hija mayor que tenía un niño de dos años y aún lo amamantaba, fue llevada en la patrulla y acusada injustamente, declaró.

“A una la levantan de su casa, sin saber.  A un sobrino lo sacaron desnudo de la casa para que les enseñara las casas de quienes les preguntaron”, agregó la campesina criminalizada.

¿Usted es Lucía Vásquez? -preguntó la policía

Sí –respondió- me pidieron el número de cédula y me dijeron que no me fuera porque iba para Marcala. Cuando íbamos a mitad de carretera nos decían ¿saben para dónde van ustedes? ¿Y saben que van allá a estar encerradas?

Y les dije que no sabíamos por que nos fueron a sacar a media madrugada, mis hijos se fueron a la escuela sin tomar café, sentí tristeza por mis hijos, reiteró, durante una visita que realizó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en el marco de documentación de casos con la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL-Paz).

El dirigente campesino, Carlos Argueta, tiene dos procesos por la misma lucha. Él fue requerido en 2012,  donde le dieron medidas sustitutivas  a la prisión, acusado de usurpación; En 2015 estuvo seis semanas en privado  de libertad, en esta ocasión acusado por dos delitos.

Su petición a las autoridades judiciales es en favor del colectivo criminalizado, “queremos que nos quiten las medidas, ante las acusaciones por usurpación de tierras y aprovechamiento de madera, algo falso porque ni hemos cortado ni un árbol ¡Éso es mentira!

Declaró que “entre el grupo había una muchacha recién criando (parido) como de dos días, se lo hice ver a la policía, pero no me hicieron caso.

Cuando la policía llegó a su casa,  Argueta recuerda qué abrió la puerta y le preguntaron ¿usted es Carlos? Si respondió.

Nos agarraron a los dos con la compañera (su pareja) y nos llevaron en la patrulla. A un compañero le golpearon la cabeza con un casco, porque dijo que él no estaba en la tierra, lo que era verdad.

Estuve mes y medio preso, con mucho sacrificio pagamos un abogado y llevo sobre siete años firmando y no vemos nada, lamentó el campesino criminalizado.

Según datos de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), regional La Paz, hasta el 2016, unas 700 personas habían sido criminalizadas por la defensa de la tierra, suma que ha aumentado cada año.

Para cada personas criminaliza es un sacrificio cumplir con las medidas impuestas por los jueces, según Luís Alberto López, coordinador de la comunidad indígena Los Laureles,  además de la pobreza, deben perder su día de trabajo.

Aunque unos van a pie, recorriendo largas distancias hasta el casco urbano, ninguno ha dejado de ir a firmar, y se han pasado de tiempo, por lo que queremos que nos solucionen esta situación, puntualizó.

El proceso de recuperación de tierras, lo iniciaron en el 2011, cosechában frijoles, plátano y demás productos locales, pero desde las capturas del 2015 ya no cultivan nada, los predios están abandonadas para cumplir con las medidas de los compañeros.

Es la juventud la que desafía al régimen



Por Gerardo Iglesias

La estructura edilicia es amigable, el local minucioso huele a madera y hay libros por doquier. Casa Alianza es una organización que aboga por la defensa y la protección de los derechos fundamentales de la niñez y juventud, especialmente de niños, niñas y adolescentes en desamparo. José Guadalupe nos recibe amable y dispuesto a profundizar en las heridas de un país que se desangra.

La violencia se transformó en un fenómeno generalizado. En este escenario la juventud es extremadamente vulnerable…
-Recientemente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), dio a conocer datos que son espeluznantes: entre 2010 y el primer trimestre del 2018 fueron asesinados más de 1.520 estudiantes.

Más de la mitad de ellos de educación media.

Si a estos datos le agregamos la cantidad de jóvenes no estudiantes asesinados en el mismo período, el escenario resulta aún más dramático.

Las principales víctimas son los jóvenes, más aún si son de países estigmatizados como El Salvador, Honduras y Guatemala. Dicen simplemente que somos del Triángulo Norte y siempre nos relacionan con el narcotráfico y el crimen organizado. Esto nos vuelve anónimos y más expuestos.

-¿Cómo se explica tanta violencia?
-El tema de la violencia está relacionado con una discapacidad social y política que hemos venido acumulando durante décadas.

En Honduras la gente se mata por cualquier cosa. Todo se resuelve mediante violencia, convirtiéndose en un método de opresión, represión y atomización de la sociedad.

Por otro lado, existe un manifiesto descontento en la sociedad. No hay lugar o actividad pública donde no se grite o aparezcan mantas con “Fuera JOH” (Juan Orlando Hernández). De verdad parece que todo el mundo está en contra de que este personaje siga gobernando.

Los líderes opositores terminan tomando café con los gobernantes

-Ante esta profunda crisis de seguridad, económica, social y política, ¿cómo es posible que el presidente siga en su lugar?
-Desde que se creó la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación ha habido movilizaciones masivas.

El problema aquí está en la diferencia entre los liderazgos de la Plataforma y los liderazgos de los partidos políticos. Es tanto el descontento que ambos pueden aglutinar y convocar gente para que se movilice.

La diferencia es que quienes lideran la Plataforma mantienen una posición de confrontación con el poder. Esta actitud es visible mediáticamente y con cierta independencia política.

Los otros se movilizan, protestan, se indignan, pero cuando se sientan con el poder lo hacen tomando café, negociando y poniéndose de acuerdo.

Por esto hay mucha disconformidad dentro de la base de los partidos de oposición y de los movimientos populares. Desde la Plataforma se está luchando por reivindicaciones sociales, económicas y de dignidad, mientras esos dirigentes negocian puestos en instituciones públicas con fines electorales.

En la Plataforma hay coincidencia entre las aspiraciones del liderazgo y las de la gente que se moviliza, mientras que en los partidos se utiliza la manifestación social de descontento para negociar con el poder.

Esto es uno de los elementos que ha permitido al régimen mantenerse en el poder.

Hernández, más aislado e ilegítimo pero ahí sigue

-No obstante se evidencia una fractura en sus aliados…
-Sí, en los últimos meses ha habido un cambio en la correlación de fuerzas. Juan Orlando Hernández ya no cuenta con el apoyo absoluto de la empresa privada, de la iglesia católica y de otros sectores.

Hay entidades que se están desmarcando de él y el régimen siente que su espacio vital político se ve reducido.

Todo eso lo hace reaccionar a través de campañas mediáticas y del uso de la fuerza bruta de los militares.

Lamentablemente, como organizaciones, como pueblo, aún no hemos aprendido a juntarnos y a leer lo que de nuevo está ocurriendo en nuestra sociedad. Y esto es otro elemento que permite al régimen mantenerse en el poder.

-La campaña mediática tiene la intencionalidad de internalizar que juventud y sedición son sinónimos…
-La juventud se siente profundamente afectada por la triste realidad que vive la población, y se apasiona por las luchas territoriales, temáticas, jurídicas, económicas y empieza a involucrarse. Esto, claro está, es algo que preocupa mucho al régimen.

Los jóvenes son los que le dan a la protesta social un tinte de lucha y confrontación, volviéndose una amenaza real contra el poder de las armas. Por esto la represión es terrible contra ellos.

El régimen se indigna por el desafío que le plantea la juventud. Desde su perspectiva las y los jóvenes deben mantener el orden y obedecer, y pagan con su sangre el atrevimiento de ser desobedientes y desordenados.

-Una juventud que carece de ámbitos de participación, más allá de las calles.
-Esto es el corazón del problema. Tener ámbitos de participación presupone vivir en un país donde haya instituciones legítimas.

En Honduras no las hay porque el mismo régimen es ilegítimo y se ha constituido al margen de la Carta Magna.

Entonces no hay una institucionalidad con la cual se pueda dialogar o hacer incidencia política. Mientras Honduras no regrese a la institucionalidad, mientras no restauremos la República, todo lo que se haga son simples parches.

La sociedad y las mismas autoridades universitarias deberían estar orgullosos de que los jóvenes salgan a las calles a manifestar su inconformidad.

Si estos jóvenes están dispuestos a sacrificar sus propios proyectos individuales por un proyecto colectivo hay que apoyarlos y felicitarlos porque tenemos a una adolescencia que piensa en el futuro.

Una migración de la desesperanza

-La migración masiva actúa como una válvula de escape para el gobierno.
-Así es. Es una migración de la desesperanza. Prefieren arriesgarlo todo antes que quedarse aquí. Hay un nivel de frustración altísimo y el tema de la impunidad y la corrupción es lo que hace que la gente pierda cualquier esperanza.

Imagínate que del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se robaron 7.000 millones de lempiras (280 millones de dólares). Si se le diera a una persona una lempira por segundo, necesitaría 221 años para alcanzar la cantidad que se robaron.

Según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) la corrupción produce pérdidas al Estado calculadas en unos 55.000 millones de lempiras (2.200 millones de dólares) al año.

El presupuesto anual de la educación es de 20 mil millones (813 millones de dólares), es decir que se roban casi tres veces lo que gastamos para la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Si consideramos que con este presupuesto logramos que sólo el 51 por ciento de niños y niñas en edad escolar tenga acceso a estudios primarios y apenas el 31 por ciento de los y las adolescentes de entre 13 y 17 años cursen educación secundaria, los alcances de corrupción e impunidad son aún más dramáticos.

¿Qué más les queda si no irse para ser explotados en Estados Unidos, pero ganando en un día lo que aquí ganarían en dos semanas?

Este año se calcula que las remesas alcanzarán los 5.500 millones de dólares, es decir un poco más de la mitad de nuestra deuda externa.

Pero si dividimos esta cantidad entre un millón de migrantes, vemos que lo que envían es aproximadamente el equivalente a un salario mínimo por familia. Muy poco, pero igual la gente logra sobrevivir.

Y ahí la irresponsabilidad de los gobernantes que piensan que la gente igual sobrevive con nada. Lamentablemente, esta prueba de resiliencia muchas veces se convierte en un método de validación del sistema de explotación.

El sostén del imperio, una constante

-¿Qué papel juega Estados Unidos?
-Si pensamos el papel que jugó el entonces embajador Hugo Llorens durante el golpe, el de la actual encargada de negocios Heide Fulton durante las elecciones de 2017 o lo que pasó en mayo con el “falso positivo” de la quema de llantas frente al portón de la embajada, resulta evidente que el respaldo a los gobiernos instalados después del golpe ha sido absoluto.

A Juan Orlando Hernández lo pusieron ellos y siguen apostando por él.

El problema es que en Honduras hay liderazgos pero todos son polarizantes. Hasta que no entendamos que en lugar de evidenciar las diferencias debemos valorizar lo que nos une, Juan Orlando se va a quedar.

-También el comportamiento de los organismos internacionales deja mucho que desear.
-Es gente que está cómoda. Quién está mal es el pueblo. Además, con el tema de la cooperación tenemos un problema muy serio. Técnicamente hablando en Honduras no hay políticas sociales, sino filantropía gubernamental, limosnas.

Nuestra política económica no está dictada por planes o necesidades nacionales, sino por nuestra capacidad de endeudamiento. Hace 20 años, junto con Bolivia fuimos considerados países pobres altamente endeudados. Entramos a la misma iniciativa y nos condonaron la deuda.

En la actualidad somos el país más pobre de América Latina después de Haití y tenemos una deuda de casi 15 mil millones de dólares, es decir tres veces más que hace 20 años.

Sin embargo estos organismos siguen diciéndonos que privaticemos, que despidamos a médicos y maestros, que vendamos nuestros recursos, para así tener el dinero para pagar los intereses de la deuda. Así funciona.

“Hemos internalizado la sumisión”

-¿Crees en la construcción de una Honduras diferente?
-Lo que está proponiendo la Plataforma a través del diálogo alternativo es interesante.

Hay que formarse, organizarse en la diversidad, planificar y mantenerse fiel a lo que se ha planificado.

Lamentablemente, hay amplios sectores de la sociedad que siguen creyendo que el voto puede resolver las cosas. Hay factores educativos que van formando una infraestructura de creencias que nos hacen aceptar tantas barbaridades, incluso la sumisión.

Afortunadamente, en medio de esto hay jóvenes que se rebelan, que se enfrentan a policías armados, que no bajan la cabeza. Esto también es el resultado del golpe que sufrimos en 2009.

Es una juventud que no confía en nosotros.

Y nosotros, en lugar de aprender de ellos y ellas, nos hemos puestos a la defensiva.

Tegucigalpa, Gerardo Iglesias
Fotos: Giorgio Trucchi

Organizaciones sociales condenan represión estudiantil



Ante los ataques policiales, militares y judiciales contra el sector estudiantil en los últimos días,  el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y la Coalición Contra la Impunidad (CCI), exigieron este lunes 22 de julio, el respeto a los derechos humanos de la comunidad estudiantil criminalizada.

Mediante conferencia de prensa frente a las instalaciones del Ministerio Público en San Pedro Sula, los y las defensoras de derechos y humanos, padres  y madres de familia solicitaron además, el debido proceso en favor de Josué Morales, estudiante del Instituto “José Trinidad Reyes”, convocado a audiencia inicial el  9 de agosto a las nueve de la mañana. 

Morales, cuatro estudiantes más y un guardia de seguridad interna, fueron apresados el pasado 18 de julio cuando elementos de la Policía Nacional y la unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuestas Especiales (TIGRES), irrumpieron en las instalaciones del colegio. 

Fueron capturados arbitrariamente: Yeison Almendrares (19), Rodiney Zelaya (18), Víctor Trujillo (18), Angie Bonilla (16), Mario Sánchez (34) guardia,  todos en libertad definitiva, excepto Josué Morales.

Por lo que el MADJ y la CCI afirmaron que, respaldan la lucha que las y los estudiantes han emprendido históricamente en el país, resistiendo ante la avanzada neo liberal, empresarial e institucional contraria a los derechos de la población y violatoria de los mismos. Y se suman a su demanda de un modelo y sistema educativo laico, gratuito y de calidad.

Además, condenan los hechos realizados por la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional, Comandos Especiales Tigres, en el instituto “José Trinidad Reyes”, con los cuales pusieron en riesgo la integridad de las estudiantes, docentes y personal administrativo quienes se encontraban realizando exámenes finales.

Estas acciones ilícitas evidencian abuso de autoridad y claras violaciones de los deberes de los funcionarios públicos, en tanto, no se enmarca en los comportamientos facultados por la ley.

Para las organizaciones  sociales, es de alta preocupación y rechazo los hechos del pasado jueves en la tarde, que son una clara persecución sistemática contra la población que se manifiesta en el país, y particularmente en el reciente escenario de la lucha por la salud y la educación, la cual en el sector de educación secundaria ha sido dirigida con énfasis contra estudiantes organizados en el Movimiento Estudiantil “Lenín Dubón” (nombre del líder estudiantil asesinado en 2013).

En el comunicado, la CCI y el MADJ solicita:

A la Policía Nacional, que brinde un informe a la población estudiantil y población en general sobre sus acciones desarrolladas en el Instituto “José Trinidad Reyes” el pasado 18 de julio de 2019, a fin de conocer con exactitud los nombres de quién coordinó la operación y quienes participaron, y si estas tal cual se llevaron a cabo formaron parte de lo ordenado en el marco de sus funciones.

Al Ministerio Público, investigue de oficio las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas en contra de estudiantes, docentes y personal administrativos y proceda, con la misma eficiencia que en las acusaciones en contra de manifestantes, a deducir responsabilidad a quienes cometieron las acciones arbitrarias.

Al Ministerio Público, pedimos haga un razonamiento lógico y justo de la acusación que ha incoado en contra del estudiante Josué Morales quien es víctima de un proceso de criminalización vinculado a su participación en las acciones de protesta en defensa de la educación pública las cuales no constituyen delito alguno.

Al estudiantado, organizaciones de derechos humanos y población en general:

Les llamamos a asistir a la audiencia inicial en contra del estudiante Josué Morales, que se llevará a cabo el día martes 09 de agosto del 2019, a las 9:00 a.m.

Ninguna de las condiciones bajo las cuales se han desarrollado las protestas estudiantiles justifica el uso desproporcionado de la fuerza policial, por ello, reafirmamos que estaremos expectantes del comportamiento de los cuerpos de seguridad en relación a la población estudiantil y población en general y del curso de la audiencia en contra del estudiante Josué Morales.

Cabe señalar que, en el editorial del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), del sábado 20 de julio, titulado Los Estudiantes, Siempre, se expresa “A la policía no le gustan los estudiantes, especialmente a esta que proteje a la dictadura del impostor y a su cartel criminal”.

En general, a los déspotas no le gustan las juventudes organizadas porque son independientes, no tienen miedo y porque representan la energía nueva de la patria.

En los últimos 50 años en América Latina, los estudiantes de secundaria y universitarios encabezan, lamentablemente, las listas de torturados, desaparecidos y asesinados.

En la emisión del programa radial Voces Contra el Olvido, el abogado Martín Fernández, integrante del MADJ; y el dirigente magisterial, Ruy Díaz docente del JTR, resaltaron la lucha estudiantil en nuevos procesos sociales que vive Honduras, bajo la dictadura impuesta desde el golpe de Estado del 2009.

Desde finales de abril se realizan constantes acciones de protestas sociales a nivel nacional, convocadas por la Plataforma de lucha en defensa de la Salud y Educación, en su mayoría reprimidas por militares y policías, atacando incluso con balas de fuego dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dejando cinco estudiantes heridos.

También lanzaron bombas lacrimógenas dentro se la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” y el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE) afectando a niños y niñas; el Instituto Técnico Honduras (ITH), además del JTR.

Hoy continuó la represión contra estudiantes del Instituto Central “Vicente Cáceres”, en Comayagüela, que se tomaron la calle frente al centro educativo.

La derecha se apropia del feminismo



Por Lidia Falcón *

Christine Lagarde y Úrsula von der Leyen han sido elegidas Directora del Banco Central Europeo y Presidenta de la Comisión Europea, respectivamente. Las dos pertenecen al Partido Popular Europeo, que ha dirigido la Comisión Europea durante 15 años ininterrumpidos y sigue siendo el grupo político más grande de la UE, y que después de las últimas elecciones ha logrado imponer su candidata, cuando parecía que la socialdemocracia recogería al fin el testigo.

Pero esta elección parece haber contentado tanto a la derecha como a los socialistas españoles que presumen de haber situado por primera vez a mujeres en los puestos de dirección más importantes de la Unión. Para Lagarde su condición de mujer ha sido clave en su elección para el BCE, ya que Macron hizo de la paridad uno de sus objetivos en el reparto de cargos europeos. Fue también la primera fémina al frente del FMI y la primera en una reunión de ministros económicos del G7. Con estos méritos está justificada y aplaudida su elección.

Ursula Gertrud von der Leyen, a su vez, es alemana y ministra de Defensa desde el año 2013. También reúne el mérito de ser la primera mujer en la historia de Alemania que ocupa este cargo. Su profesión es médica, anteriormente fue ministra de Trabajo y Asuntos Sociales desde el 2009 hasta el 2013 y ministra de Tercera Edad, Mujeres y Juventud desde el 2005 al 2009. Durante mucho tiempo fue vista como posible sucesora de la canciller Angela Merkel debido a su instinto político y a su lealtad hacia la canciller. Y por ello, ha alcanzado uno de los más importantes puestos de la Unión Europea, la presidencia de la Comisión Europea, el órgano directivo y ejecutivo de la misma.

Y como si estas mujeres no representaran la misma política de la derecha que ha gobernado la Comunidad Económica primero y la Unión Europea más tarde, desde 1957 en que se firmó el Tratado de Roma, los medios de comunicación, los políticos de diversos pelajes e incluso el MF por acción o por omisión, aplauden sus nombramientos por el mérito de que se trata de mujeres. La estrategia de la derecha de promocionar mujeres le está dando muy buenos resultados.

Convertido el feminismo en una condición biológica la ideología no tiene protagonismo. El solo hecho de ser mujer, por tanto, redime a Margaret Thatcher, Golda Meir, Indira Gandhi, Madeleine Albrigth, Condoleeza Rice, que además era negra, entre otras muchas, de su adscripción a las fuerzas del capital que han desencadenado guerras imperialistas como la de las Malvinas y las de Afganistán, Irak, Libia, Yemen, han mantenido las políticas depredadoras de las naciones pobres y esquilmadas por Europa y EEUU, la explotación cada vez mayor de trabajadores y mujeres, la desigualdad económica y patriarcal, la masacre de emigrantes y refugiados en las fronteras europeas, la extracción de las materias primas en África, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, el infame comercio de la prostitución, el dominio de Israel en Palestina, el genocidio que se está practicando en la frontera de México y EEUU, Guantánamo y los campos de concentración para emigrantes en Grecia, en Turquía, en Libia, que constituyen verdaderos centros de tortura y exterminio, y tantas otras infamias.

Según este criterio el feminismo debía aplaudir a la pléyade de féminas que el PP llevó a puestos de responsabilidad: Isabel Tocino, Celia Villalobos, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, María Dolores de Cospedal, entre otras, y ahora a la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Pero veamos cuales son los méritos de las nuevas gobernantas de Europa.

Úrsula Von der Leyen es aristócrata, descendiente de esa casta de empresarios belgas del siglo XIX que hicieron su fortuna con la explotación de los recursos naturales del Congo y el tráfico de esclavos. En el 2003, Leyen fue parte de un grupo organizado por la líder y presidenta de su partido político (CDU) Angela Merkel, para preparar una serie de alternativas con las que reformar el sistema social en respuesta a la Agenda 2010 del canciller Gerhard Schröder , que ya había llevado a cabo reformas en la protección social, precisamente a las que hoy se achaca el fracaso electoral de la socialdemocracia. En la misma línea, en 2005, Merkel eligió a Ursula von der Leyen para ocupar las carteras de Mujeres, Juventud, Familia y Seguridad social en su gabinete . El tema de Úrsula es la Familia. Tiene siete hijos.

Y además es sionista. En los festejos del 60 aniversario de la fundación de Israel, von der Leyen participó en el primer gabinete conjunto de los gobiernos de Alemania e Israel en Jerusalén en marzo del 2008.

Finalmente, nombrada Ministra de Defensa, dedica parte de los recursos del ministerio a la compra de armas y a la fabricación y exportación de éstas. Entre otros países a India con el apoyo a la construcción de submarinos a ese país, lo que derivó en una investigación de Tribunal de cuentas por sospechas de corrupción que obligó a abrir una comisión de investigación en el Parlamento.

Úrsula organiza la participación de la Fuerzas Armadas de Alemania en Afganistán, así como en la guerra kurda apoyando a Turquía. Un ejemplo de su postura fue su decisión en septiembre del 2014 de enviar armas a las fuerzas kurdas e iraquíes, medida que rompió el tabú de que Alemania no enviaba armas a zonas en conflictos, y apoya la creación de un ejército europeo. Implantó un programa para hacer más atractivas las fuerzas armadas para los jóvenes.

Von der Leyen constituye la propaganda feminista de la CDU, apoyando el incremento del número de jardines maternales, la introducción de una cuota de mujeres en los cargos directivos de empresas, el matrimonio entre personas del mismo sexo , el bloqueo de las páginas de pornografía infantil en Internet y un salario mínimo en todo el país. Von der Leyen se hizo enemigos dentro del sector más tradicional de su partido y al mismo tiempo se ganó muchos admiradores de la izquierda. La derecha alemana la catalogó de feminista, y con esta calificación ha sido elegida para presidir la Comisión Europea. Y parece que engaña incluso a los socialistas que se muestran satisfechos con haber cumplido con la cuota femenina.

La otra ilustre que ha sido designada para dirigir el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, fue ministra con varios Gobiernos conservadores de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy y ha tenido problemas notables con la justicia: unos meses después de ser Presidenta del FMI, un tribunal francés ordenó una investigación sobre su papel en un arbitraje de 403 millones de euros a favor del empresario Bernard Tapie (que había apoyado una campaña de Sarkozy) en 2008. Lagarde fue declarada formalmente investigada por negligencia, meses antes de ser elegida para un segundo mandato en el FMI, en 2016. Y meses después de esta reelección, fue declarada culpable, pero no recibió ninguna condena por su estatus político y porque los hechos ocurrieron en plena crisis económica mundial (eso dijo el tribunal). El FMI respaldó a Lagarde, incluso tras publicarse en Le Monde una carta manuscrita dirigida a Sarkozy en la que le decía frases como: “Utilízame mientras te convenga y convenga a tu proyecto”.

La presidenta del BCE será, junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Angela Merkel, canciller alemana –las tres conservadoras–, una de las mujeres más poderosas de Europa y el mundo. El comentarista añade de su cosecha que “tendrá la oportunidad de demostrar que las cosas se hacen distintas con mano femenina; y si es posible, que se hacen mejor”. Y me pregunto, ¿la trayectoria de las tres mujeres, pilares de la política de derechas que ha hundido en la miseria a Grecia, nos ha condenado a un paro estructural inamovible, establece las fronteras de Europa que permite la muerte de miles de emigrantes en el Mediterráneo, realiza los más perversos pactos con Israel y Arabia Saudí, alimenta el comercio de armas y las guerras con Oriente Medio, firma acuerdos como el Mercosur con Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, y mantiene las desigualdades económicas, sociales y patriarcales en los Estados de la Unión, permite esperar que “ la mano femenina ” haga las cosas mejor?.

El discurso de valorar “ lo femenino ” ha sido difundido tradicionalmente por la ideología patriarcal para mantener las diferencias sociales y económicas entre los hombres y las mujeres. Cuando esta distinción se desprestigió, las fuerzas de la derecha se dedicaron a promocionar mujeres que bien les sirvieran, estrategia con la que han obtenido un notable éxito. Pero que no puede engañar al feminismo.

El feminismo es una ideología no una condición biológica. Que la mujer sea una clase explotada no significa que todas ellas tengan la conciencia de clase para inscribirse en el feminismo. Bien sabemos que la mayoría de las mujeres ni aun siquiera conoce los términos de su explotación, amén de que como en todas las clases hay siempre traidores. Si todos los obreros votaran a la izquierda otro sería su poder. Si todas las mujeres trabajaran por el feminismo hace tiempo que habríamos hecho la más transcendental revolución: la feminista. 

* Lidia Falcón O'Neill  es licenciada en Derecho, en Arte Dramático y Periodismo y Doctora en Filosofía. Nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Wooster, Ohio. Es fundadora de las revistas Vindicación Feminista , y Poder y Libertad , que actualmente dirige.

Creadora del Partido Feminista de España y de la Confederación de Organizaciones Feministas del Estado Español. Ha participado en el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer de Bruselas, en el congreso Sisterhood Is Global de Nueva York, en todas las Ferias Internacionales del Libro Feminista y en los Foros Internacionales de la Mujer de Nairobi y de Beijín.

Es colaboradora de numerosos periódicos y revistas de España y de Estados Unidos. Ha publicado 42 libros. En el terreno del ensayo destacan: Mujer y sociedad, La razón feminista, Violencia contra la mujer, Mujer y poder político y Los nuevos mitos del feminismo que han sido traducidas a varios idiomas.

Asimismo tiene una extensa obra narrativa Cartas a una idiota española, Es largo esperar callado, Los hijos de los vencidos, En el infierno, El juego de la piel, Rupturas, Camino sin retorno, Postmodernos, Clara, Asesinando el pasado, Memorias políticas, Al fin estaba sola, Una mujer de nuestro tiempo, Ejecución sumaria y el libro de poesías Mirar ardiente y desgarrado.

Involución y resistencias. La nueva disputa por la hegemonía geopolítica



Por Decio Machado *

Antecedentes
El ciclo progresista se caracterizó por: a) el fortalecimiento/reposicionamiento de los Estados nación anteriormente reducidos a su mínima expresión durante el periodo neoliberal y en crisis, fruto del fenómeno de la globalización; b) el modelo extractivo de producción y exportación de commodities como base de la acumulación estatal, lo que se da en un periodo coincidente con los más altos precios de los que estos gozaron en el mercado internacional, lo que significó los mayores ingresos recibidos por la región en su historia republicana; c) la aplicación de políticas sociales compensatorias con base en los excedentes estatales producidos por la exportación de materias primas como eje de las nuevas gobernabilidades; d) la realización de grandes obras de infraestructura como pilar de la modernización de los Estados; e) la articulación de un discurso soberanista enmarcado en la construcción de un bloque regional que significó un notable impulso de organismos de integración tales como ALBA, UNASUR o CELAC.

En ese contexto cada uno de los elementos anteriores requiere de un somero análisis que permita explicar el fracaso del laboratorio político progresista latinoamericano.

En primer lugar, la nueva centralidad de los Estados frente a la sociedad devino en el debilitamiento de los movimientos sociales que habían sido los protagonistas de un periodo de convulsiones políticas y que entre 1989 y 2005 derribó a una docena de presidentes en diferentes países de la región. En la actualidad, la implementación de políticas agresivas contra los derechos adquiridos por las y los trabajadores por parte de lo que se ha venido en denominar como un nuevo periodo de reinstauración conservadora carece del nivel de resistencia y organización expresados por los sectores populares durante los momentos previos al ciclo progresista.

En segundo lugar, el modelo extractivo anclado en los hidrocarburos, la minería a cielo abierto y monocultivos como la soja fueron la clave del éxito económico y lo que permitió políticas sociales ancladas en transferencias monetarias hacia los sectores históricamente olvidados, convirtiéndose en el eje de la legitimidad progresista durante sus momentos de gloria. Sin embargo, lo anterior implicó que se haya agudizado la dependiente inserción internacional de la región como proveedores de materias primas. Las economías latinoamericanas se reprimarizaron, lo que significa mayor vulnerabilidad, subordinándolas a las fluctuaciones erráticas de los mercados globales. La temporalidad del boom de los commodities hizo que dichos gobiernos nacieran en los momentos de bonanza económica latinoamericana y entraran en crisis con el fin de esta.

Un tercer factor reseñable es que, pese a la transferencia de excedentes estatales a los sectores vulnerables –políticas de subsidios– durante el ciclo progresista, América Latina sigue siendo el continente más desigual del planeta dado que no se redistribuyó la riqueza acumulada por sus élites históricamente dominantes. Aquí cabe una primera aclaración: la reducción de la pobreza en América Latina durante el período de boom de los commodities no es un proceso exclusivo de los regímenes progresistas y basta comparar para ello un par de datos: siguiendo indicadores oficiales, entre 2007 y 2014 –momento de la caída de los precios de las materias primas y comienzo de la parálisis económica en diversos países del Sur global–, la pobreza medida por ingresos en el Ecuador correísta se redujo del 36,7% al 22,5%, mientras que en la Colombia de Uribe y Santos se pasó del 45,06% al 28,05%, es decir, la Colombia neoliberal redujo su tasa de pobreza en 3,25 puntos porcentuales más que el Ecuador del socialismo del siglo XXI. En términos globales podríamos decir que la combinación de lo que fue una creciente demanda global de recursos naturales por parte de las economías emergentes, especialmente de China, y una serie de sucesivas reducciones de los tipos de interés estadounidenses –en aras a mantener su recuperación económica tras la burbuja tecnológica de 2001– determinó que ingentes cantidades de dinero aterrizasen en los países del Sur haciendo crecer mercados emergentes a partir de 2003. De hecho, a nivel global se asistió a la racha de crecimiento económico más extendida que ha vivido el mundo en el transcurso de su historia. Entre los años 2003 y 2007, la tasa de crecimiento promedio del PIB de los países del Sur pasó del 3,6% en las dos décadas anteriores al 7,2%, quedando muy pocos países en desarrollo fuera de ese fenómeno.

En lo que respecta a los países con gobiernos denominados progresistas, durante este periodo y pese a las óptimas condiciones para hacerlo, no se actuó sobre los pilares estructurales de la desigualdad, lo que implica que en la actualidad el 10% más rico de la población del subcontinente concentre el 71% de la riqueza regional. El propio Banco Mundial ha elaborado informes recientes en los cuales se indica que si esta tendencia continúa, en menos de una década el 1% más rico de la región tendrá más riqueza que el 99% restante. Desde que la riqueza derivada del auge de los precios de los commodities desapareciera, allá por el año 2015, los indicadores de pobreza latinoamericanos se han vuelto a incrementar de forma paulatina. Pero más allá de que durante el ciclo progresista no se transformase la matriz de acumulación económica heredada de la era neoliberal anterior, tampoco se superó la matriz cultural colonial pese a grandilocuentes discursos de corte popular nacionalista. Un estudio realizado por Oxfam hace apenas tres años demostró que la carga impositiva para las empresas nacionales latinoamericanas seguía equivaliendo al doble de la carga efectiva soportada por las compañías transnacionales en la región.

En cuarto lugar, y más allá de la enorme corrupción destapada en la asignación de contratos para la realización de megaproyectos por los gobiernos latinoamericanos en la última década y media (Club de los Contratistas en Perú, caso Odebrecht en múltiples países, descomposición al interior de Petrobras y PDVSA o sobreprecios de constructoras chinas involucradas en la realización de megaobras en prácticamente todos los países de la región), la canalización de gran parte de estas infraestructuras estuvo vinculada de una u otra forma a lo que fue la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA), hoy redenominada Cosiplan dentro de la moribunda UNASUR. El desarrollo de las infraestructuras latinoamericanas en este período de insólita expansión se articuló en torno a lógicas vinculadas a la acumulación por desposesión, la nueva fase de acumulación capitalista en la región, en beneficio final del capital global centralizado, fundamentalmente en el hemisferio norte y el Asia emergente. Carreteras, ferrovías, represas, puertos, aeropuertos, hidrovías y líneas de transmisión formaron parte de una amplia cartera de megaproyectos destinados a profundizar el extractivismo a escala interamericana con sus correspondientes impactos sociales y ambientales en los territorios explotados.

Por último hay que significar que el discurso soberanista quedó supeditado a una mayor dependencia respecto a los mercados globales y la tan aireada refundación de –en términos bolivarianos– la Patria Grande se enmarcó en una lógica de integración regional que quedó paralizada incluso antes del cambio hacia la nueva hegemonía política conservadora. La última cumbre con cierto dinamismo de la CELAC tuvo lugar en La Habana el 28 y 29 de enero de 2014, las comisiones de trabajo de la UNASUR prácticamente se paralizaron en el transcurrir del año 2015 y el ALBA –especialmente Petrocaribe– dejó de ser útil para los países implicados a partir de la agudización del deterioro económico de Venezuela en el año 2016. Todo ello coincidente con el impacto en las economías latinoamericanas de la caída de los precios de los commodities en los mercados internacionales.

El posicionamiento de China en América Latina

La República Popular China se ha posicionado como un global player desde comienzos del presente siglo, fruto del proceso de reformas y apertura iniciado en diciembre de 1978 por Deng Xiaoping. En estas cuatro décadas, y mediante la estrategia definida como “cruzar el río sintiendo las piedras”, el gigante asiático ha ido liberalizando de manera escalonada su economía sin privatizar masivamente sus empresas estatales.

A inicios del siglo XXI, China impulsó la estrategia go out mediante la cual rompió sus barreras tradicionales con respecto a la política económica externa, reafirmando su posicionamiento en el sistema económico internacional y colocando montos crecientes de capitales propios en inversiones en el exterior. Esto implicó un drástico reforzamiento de los vínculos comerciales de China con las economías emergentes y en desarrollo, entre ellas las de América Latina.

Así es que entidades como China Development Bank y Export-Import Bank of China han financiado iniciativas de infraestructura, energía, transporte y logística en el subcontinente, si bien la mayoría de estos créditos han sido condicionados a la intervención de empresas chinas en su desarrollo y al interés estratégico del nuevo imperio asiático (creación de corredores para el suministro de petróleo, minerales y soja hacia Asia y la modernización de instalaciones portuarias en la costa latinoamericana del Pacífico). China se ha convertido en un proveedor de capital clave para la región en los últimos años, proceso que tiene su origen en el arranque del ciclo político progresista y justificado políticamente bajo un discurso de ruptura con las instituciones de Bretton Woods. En paralelo, las necesidades de materias primas para el desarrollo industrial chino hicieron que desde 2003 las economías de América Latina y Caribe, especialmente las de América de Sur, hayan considerado al gigante asiático como su principal cliente en el ámbito de la exportación de commodities.

Sin embargo, y fruto de un proceso de reformas propugnadas por Beijing que tuvo su arranque a partir de 2010 –con la meta de cambiar su modelo productivo y enfocada a que el motor de la economía sea el consumo interno y no las exportaciones–, en los últimos cinco años la demanda de materias primas de China ha disminuido, motivo por el cual los asiáticos pusieron el foco en los proyectos de infraestructura latinoamericanos. Sea por inversión extranjera directa o a través de la entrega de créditos por parte de bancos chinos, la presencia del país asiático en América Latina ha ido cambiando de forma en los últimos años.

Pero si algo distingue a la diplomacia china de la occidental es que siempre han sido hábiles practicantes de la realpolitik y estudiosos de una doctrina estratégica claramente diferente de la estadounidense. El ideal chino hace hincapié en la sutileza, la acción indirecta y la paciente acumulación de ventajas relativas. Es por algo que frente al ajedrez (un juego de estrategia que surgió en Europa durante el siglo XV como evolución del juego persa shatranj y donde existen 32 piezas móviles en un tablero dividido por 64 casillas que buscan la batalla decisiva para matar al rey), los chinos juegan a Wei Qi –conocido en Occidente con el nombre japonés go–, donde lo que se mueven son 360 piezas en 361 posiciones bajo una lógica de la batalla prolongada que busca rodear al enemigo.

Consciente de las ingentes necesidades de recursos por parte del subcontinente, Beijing se ha asegurado que los cambios políticos de tendencia conservadora desarrollados en los últimos años en la región no afecten a sus flujos comerciales e inversiones en los diferentes países latinoamericanos. Es más, en el segundo foro de ministros de la República Popular China, América Latina y el Caribe, que se celebró en enero de 2018 en Chile, el gigante asiático se comprometió a incrementar notablemente su inserción económica en una región ya hegemonizada por gobiernos de perfil conservador.

En los últimos seis años, el presidente Xi Jinping ha realizado cuatro giras por América Latina, visitando 12 países; más de las realizadas por Barak Obama y Donald Trump durante la última década. Mauricio Macri, uno de los representantes del cambio de ciclo político en la región, ha sido más visitado por Xi Jinping que Nicolás Maduro, presidente de un país suministrador de petróleo, coltán y oro a China, que además debe a los créditos asiáticos el balón de oxígeno financiero gracias al que aún subsiste el gobierno bolivariano.

De esta manera, en el año 2018 el volumen del comercio bilateral entre China y América Latina alcanzó un récord de 307.400 millones de dólares, lo que implica un aumento del 18,9% respecto al año anterior. En la actualidad, China es el principal socio comercial de la región, pese a que la relación entre ambos lados del Pacífico sea notablemente asimétrica: la mayoría de los países de la región mantiene déficits comerciales con China, los escasos superávits existentes se generan gracias a las ventas de productos primarios, y las manufacturas chinas han desplazado a las latinoamericanas tanto en sus propios mercados como en terceros mercados. Mientras las exportaciones de América Latina a China se mueven en ratios de un 70% de bienes primarios y un 25% de manufacturas basadas en recursos naturales de bajo valor agregado, el subcontinente importa del país más poblado del mundo un 41% de manufacturas de alta tecnología y un 27% de manufacturas de tecnología media.

En los últimos años, además del avance en obras de infraestructuras, la inversión china directa en América Latina se ha expandido también a sectores como los servicios financieros, comercio, adquisición de bienes raíces para alquiler y actividades manufactureras. Otra gran parte de esa inversión reciente se debe a fusiones o compra de empresas latinoamericanas, aunque esto no ha significado ni el aumento de capital productivo ni generación de empleo.

En el ámbito hidroeléctrico, China invertirá en la segunda etapa de un programa de modernización de represas hidroeléctricas Jupiá e Ilha Solterira en Brasil y la compra del 100% de la empresa hidroeléctrica Atiaia Energía. Ampliando este marco de acción, la China Southern Power ha pasado a controlar el 28% de las acciones de la compañía chilena de electricidad Transelec.

En materias primas destacan dos recientes grandes inversiones regionales: Tianqi Lithium –con sede central en Chengdu, capital de la provincia china de Sichuan– se hizo con el 24% de la chilena Sociedad Química y Minera (SQM) y Chinalco –rama peruana de la firma de capitales chinos Aluminum Corp of China Ltd– expandirá su mina de cobre Toromocho en Junín.

De igual manera destacan las últimas intervenciones chinas en Panamá, país convertido en su centro de comercio y logística para América del Norte y del Sur, con quien ha firmado en menos de año y medio 47 acuerdos comerciales. En breve, el Banco de China tendrá una sede regional en Ciudad de Panamá.

Otro de los ejemplos más recientes de diversificación de inversiones chinas en la región es la adquisición que hizo Didi Chuxing –una especie de Uber chino– de la empresa 99, denominada popularmente como el Uber brasileño. El Business Plan de Didi Chuxing en América Latina apunta a su expansión regional, combinándola con servicios de asesoramiento en inteligencia artificial a gobiernos municipales de varias ciudades latinoamericanas. Al respecto, es destacable indicar que casi todos los gigantes tecnológicos chinos están entrando en los mercados latinoamericanos: TCL –firma electrónica china– estableció una empresa conjunta con Radio Victoria, el mayor fabricante de productos electrónicos de Argentina; Huiyin Bockchain Venture ha invertido en el servicio argentino de procesamiento de pagos en bitcoins Ripio, y la empresa Mobike, la más grande red de bicicletas compartidas sin estaciones de aparcamiento, ha lanzado recientemente sus servicios en Ciudad de México y Santiago de Chile.

Desde una perspectiva meramente comercial, los países latinoamericanos son un gran mercado de consumo donde marcas como Huawei y Xiaomi venden smartphones baratos y de alta calidad en poderosos mercados como Brasil, México, Colombia o Argentina. Sin embargo, los países latinoamericanos que no pueden ofrecer un gran mercado interno también son de interés para las tecnológicas chinas. Sin ir más lejos, las autoridades venezolanas han asignado a primeros de año a ZTE Corpora-tion 70 millones de dólares para el desarrollo de tecnologías aplicables a la creación de un sistema nacional de identificación electrónica de las ciudadanas y ciudadanos del país.

En paralelo, y desde una perspectiva geopolítica más convencional, Beijing ha conseguido en el marco de su política denominada Una sola China que países como Costa Rica (2007), Panamá (2017) y República Dominicana (2018) hayan roto relaciones diplomáticas con Taiwán. En la actualidad, los países en los que Taiwán mantiene embajadas en el subcontinente son escasos y carecen de importancia estratégica y económica.

Rusia en América Latina: los enemigos de mis enemigos son mis amigos

El interés de Rusia por América Latina es relativamente reciente. Tras la desaparición de la Unión Soviética (1991), los rusos no habían vuelto a mirar al subcontinente hasta el conflicto armado en Osetia del Sur, cuando la Nicaragua de Daniel Ortega (2008), e inmediatamente después la Venezuela de Hugo Chávez (2009), fueron los dos primeros países del planeta –tras el Kremlin– en reconocer la independencia de Osetia del Sur y Abjasia. Esta fuerte actividad diplomática rusa en la región volvió a repetirse en 2014 tras la crisis en Crimea y la guerra en el Donbáss (este de Ucrania), como respuesta a las correspondientes sanciones impulsadas por Washington y la Unión Europea contra Moscú.

A diferencia de China, el comercio ruso de bienes en el subcontinente es insignificante y apenas representa el 2% de toda su actividad comercial global. Su principal socio es Brasil, con un comercio bilateral de unos 4.000 millones de dólares, y en segundo lugar Venezuela, a quien compra alrededor de 1.700 millones de dólares de petróleo. El resto de las actividades comerciales rusas en la región es marginal y la influencia del Kremlin es prácticamente nula.

Desde una visión clásica de la geopolítica, Vladímir Putin ha buscado en los últimos años aliados estratégicos en una región cercana a Estados Unidos buscando emular las acciones realizadas por Washington en la periferia de la Federación Rusa.

Es así como Moscú ha prestado a Venezuela unos 16.000 millones de dólares desde 2006 hasta la fecha, siendo estos préstamos reembolsados a través de envío de petróleo. En la actualidad, Venezuela está utilizando al gigante energético ruso Rosneft para evadir las sanciones comerciales de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el pasado mes de enero –momento en el que Juan Guaidó fue parcialmente reconocido por la diplomacia internacional como presidente encargado de Venezuela–, la petrolera estatal venezolana PDVSA, bajo una estrategia de triangulación contable, cobra gran parte de sus facturas de venta de petróleo a través de Rosneft. Este inusual acuerdo de pago es parte de una serie de esquemas estratégicos puestos en marcha por el gobierno de Maduro para tener acceso a efectivo en medio de las sanciones internacionales que sufre el país en la actualidad, incluida la venta de reservas de oro por parte de su Banco Central. De esta manera, una parte del flujo económico hacia Venezuela pasa a través del banco ruso-venezolano Evrofinance Mosnarbank, entidad financiera que desde el pasado mes de marzo también ha sido colocada bajo sanciones estadounidenses.

Estados Unidos y América Latina en el marco de la guerra comercial con China

Entre los escasos compromisos electorales de Donald Trump en materia de política exterior destaca su promesa de contener la emergencia de China a nivel global y limitar el libre comercio con Asia y América Latina. Evidentemente, entre ambos existe una contradicción, pues los espacios dejados por el repliegue estadounidense a nivel global son rápidamente ocupados por los intereses chinos.

La nueva Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, presentada en enero de 2018 por James Mattis –general que ejerció como secretario de Defensa hasta diciembre del pasado año–, indica que “la competencia estratégica entre los Estados, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos”. Lo anterior significa un cambio respecto al enfoque de la seguridad realizado por Washington tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, e identifica a China y Rusia como las nuevas principales amenazas, posicionando a Corea del Norte e Irán en un segundo estadio.

Bajo un plan estratégico definido como “competir, impedir y ganar”, se asevera que “los costos de no implementar esta estrategia están claros e implicarán una disminución de la influencia global de Estados Unidos, la erosión de la cohesión entre aliados y socios, así como la reducción del acceso a mercados, lo que contribuiría al declive en la prosperidad y el modo de vida estadounidense”.

Aterrizando lo anterior a América Latina, vemos cómo desde marzo de 2018 –momento en que comenzara el conflicto comercial entre Estados Unidos y China– Donald Trump ha ido anunciando el recorte de la ayuda económica a Centroamérica como respuesta al flujo migratorio, ha retrotraído parcialmente los niveles de apertura del gobierno Obama respecto a Cuba, incrementó el volumen de sus amenazas respecto al cierre de la frontera con México, le espeta a Colombia que “no ha hecho nada” contra el narcotráfico y en la actualidad aplica duras sanciones económicas contra Venezuela.

Pese a que la diplomacia estadounidense ha lanzado una ofensiva en el subcontinente planteando que Washington es mejor socio comercial que China, sigue sin ser capaz de proponer una política especialmente atractiva para los gobiernos latinoamericanos, lo que demuestra la carencia de planes estratégicos orientados a la región.

Con un enfoque que busca priorizar acuerdos comerciales bilaterales país a país –condición que se ve beneficiada por el actual desmantelamiento de las herramientas de integración regional impulsadas durante el ciclo progresista– y la reducción de su déficit comercial, Estados Unidos busca reposicionarse en la región mediante una variedad creciente de actividades económicas trasladadas al ámbito digital (online), abarcando varias tecnologías de información y comunicaciones (TIC) que tienen un impacto transformador en la manera de hacer negocios, y en la interacción de las personas entre sí y con el gobierno y las empresas. Las exportaciones de Estados Unidos relacionadas con el comercio digital están aumentando, junto con la inversión extranjera directa en esas industrias. Lo anterior indica una dura competencia frente a China por la hegemonía tecnológica en América Latina.

Sin embargo, la nueva derecha latinoamericana en el poder y la que viene camino de hacerlo en los escasos gobiernos progresistas que quedan en la región, es tremendamente pragmática y, salvando el caso brasileño, tiene escaso conflicto en articular relaciones con el capital, venga este de donde venga, en aras a implementar sus nuevas políticas neoliberales.

Donde sí se atisban cambios estratégicos es en la política de seguridad regional. La nueva agenda, orientada nuevamente por Estados Unidos, tiene dos características esenciales: mayor participación de inteligencia estadounidense en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que a la postre tendrá su impacto en los mecanismos de control sobre la disidencia política, así como la vuelta a las maniobras militares conjuntas con operativos de apoyo de Estados Unidos, tal y como fue el caso de Amazon Log17 en territorio amazónico brasileño durante el gobierno de Michel Temer.

Esta condición implica, más temprano que tarde, que habrá una colisión entre la hegemonía militar estadounidense y la nueva hegemonía comercial china en la región. Cómo se canalice su desenlace es lo que está por verse…

* Decio Machado es director de la Fundación Nómada (Ecuador).

martes, 30 de julio de 2019

Atacan a Río Blanco, comunidad que defendió con su vida Berta Cáceres del extractivismo



El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que fundó la activista Berta Cáceres, denunció que el pasado 15 de julio en horas de la noche miembros de la familia Madrid, asociados de la familia Atala Zablah, destruyeron todas las cosechas de la comunidad de Río Blanco organizada en el COPINH en los sitios de La Vega del Culatón y el Achotal.
El COPIHN detalló que la gran mayoría de la cosecha de la comunidad consistente en maíz; sustento principal de la alimentación de la comunidad, fue destruida por manos criminales en las tierras ancestrales que la empresa DESA pretendió utilizar para el desarrollo del Proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Por lo menos 25 familias fueron afectadas, de nuevo, con la destrucción de más de 15 manzanas de tierra cultivada de manera colectiva, esto se da como resultado de la violencia instalada por la imposición del proyecto hidroeléctrico de la Familia Atala Zablah. Junto a esta acción son más 22 ocasiones en los que se ataca a la comunidad de Río Blanco en los últimos años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, afirmó el Colectivo en un comunicado. Ante ello, responsabilizaron al Estado de Honduras por estas acciones violentas debido a la falta certeza jurídica de las tierras y la impunidad de las acciones violentas en contra de la comunidad.
Además, responsabilizaron al Instituto Nacional Agrario INA, al Ministerio Público, a la dirección Nacional de Pueblos Indígenas y AfroHondureños DINAFROH. Por la seguridad e integridad física de los compañeros y compañeras de la comunidad.
Por último, hicieron un llamado urgente a la solidaridad activa, nacional e internacional, y expresarlo haciendo presencia en la comunidad de Río Blanco, a contribuir económicamente, a donar provisiones de alimentos, a la difusión y a exigir a este gobierno indiferente e incompetente que cumpla con las demandas de los pueblos indígenas. Por lo que piden realizar donaciones de: toldos, colchonetas, naylon, materiales de construcción y herramientas y sobre todo necesitamos aportes de alimentos porque les han destruido la cosecha de su sustento alimentario básico. Los centros de acopio serán:
El Progreso- Eric-SJ e Instalaciones de Movimiento Amplio Tegucigalpa- Catrachas, CDM
También, dejamos la cuenta bancaria del Banco de Occidente 21 301 029 1959, para realizar donaciones en Lempiras para la compra de alimentos para la comunidad.

Les invitamos a llamar a los siguientes números para exigir la pronta solución de este conflicto en Río Blanco:
Instituto Nacional Agrario: +504 2239-8397 Policía Nacional +504 2783-4067
Dirección Policial de Investigaciones: 2240-0400
Dinafroh: +504 2230-1459
Mecanismo de Protección:
Encargado de DDHH de la embajada de EE.UU: +504 9463-6353
Ministerio Público:+504 2764-5889
Secretaria de Derechos Humanos en Honduras: +504 9995-5297
Para más información comunicación@copinh.org y el número de teléfono 2783 0817

Poder popular en tiempos de dictadura



Por Luis Méndez

Foto: Luis Méndez

A 10 años del golpe de Estado político militar, Honduras post golpe vive uno de los momentos más álgidos en el marco de la confrontación política y social que trasciende la clásica lucha de clases. La ruptura de la institucionalidad en el 2009, y la posterior oleada de represión política, económica, social, y cultural configuró un nuevo escenario de rebelión popular, y profundizó la violencia estatal muy propia de regímenes dictatoriales. Frente a esta violencia de Estado, dadas las condiciones de impunidad, de ausencia de Estado de derecho en un país que perdió el rumbo, y el referente de una incipiente democracia. Se encienden las alarmas en un Estado sin derechos, que nunca abandonó las prácticas caudillistas propias de las dictaduras del siglo pasado, y que busca en esta etapa consolidar nuevas formas de dictaduras- “democráticas”, del siglo XXI.

Honduras es un país enfermo, atacado por la peste neoliberal que en América Latina ha hecho estragos con las débiles democracias, con las instituciones públicas, el tejido social, y el despojo de los bienes comunes de la naturaleza como característica del modelo, llevando a condiciones de indigencia a millones de personas, víctimas de un falso desarrollo impulsado principalmente por los organismos de crédito internacional, BID, FMI y BM.

Ante la ausencia de Estado, y la profundización de la crisis, el dilema que se presenta hoy es; democracia o dictadura. “Socialismo o barbarie”, como lo planteara Rosa Luxemburgo. Democracia que pasa por la construcción de poder popular, de un poder popular organizado, que se moviliza, que se mueve constantemente, capaz de paralizar la economía y su dinámica de acumulación, y con un nivel de conciencia acumulada con posibilidades de dar el salto cualitativo que estremezca la superestructura de poder.

Las condiciones favorables generadas por las y los trabajadores del sector salud y educación, para el avance de las fuerzas populares en defensa de lo público marcan un momento de inflexión clave, que de intensificarse podrá romper los eslabones que sostienen una forma de malgobierno, basado en la militarización de la sociedad, la violencia de Estado, y una política de terror como algunas de sus principales características. Etapa de inflexión que deja al descubierto el aletargamiento, el cálculo y la comodidad de viejos e incluso nuevos liderazgos políticos tanto de partidos políticos de oposición como de liderazgos del sector popular amaestrados por la política electorera, y sus afanes de construir redes clientelares que les garanticen en la siguiente contienda devotos seguidores; lo anterior en oposición a nuevos liderazgos que irrumpen, no necesariamente desde la impronta ideológica (de izquierda), pero que han sido capaces de movilizar amplios sectores populares en defensa de la salud y la educación como línea estratégica; nuevos liderazgos que han impulsado la construcción de un sujeto articulador desde lo local, y aglutinado en Plataformas municipales y departamentales que en consonancia con la demanda popular, incluyen (aunque no sea el propósito de la Plataforma), el ¡Fuera JOH!, dentro de sus consignas y horizonte que dinamiza los procesos de movilización, y de pre insurrección popular desde abajo.

El desafío de construir poder popular en defensa de la salud y la educación, y el avance estratégico para la salida del dictador es un binomio que deberá conjugar fuerzas desde diferentes capas sociales, desde abajo y con sinergias profundas entre capas medias que a mediano plazo, posibiliten agudizar las contradicciones entre los poderes facticos, (poder militar, y religioso), las estructuras político - partidarias, las estructuras criminales de la narco política, la clase económica dominante, Y por ende la oportunidad idónea para la salida del dictador, y el fin de la dictadura.

El desafío que se presenta al corto plazo pasa la consolidación y construcción de poder popular como fuerza dinamizadora de pensamiento, y de rebeldía en tiempos de dictadura. Los levantamientos territoriales que por años han sostenido los pueblos indígenas, campesinado y pobladores que se oponen al proyecto extractivo representan en esta etapa, una experiencia acumulada de levantamientos territoriales, y autodefensa que corto plazo podría desarrollarse de forma sostenida en el ámbito local; caseríos, aldeas, pueblos, ciudades. Levantamiento de pobladores exigiendo y luchando por el fin de la dictadura. Asistimos por tanto a una etapa donde se ve en el horizonte un avance hacía la profundización de la lucha, y el rechazo al repliegue de las fuerzas populares.

Si en el corto plazo, las condiciones se dan para la salida del dictador, también es tiempo de repensar el horizonte cercano. Y eso pasa por repensar el poder. Preguntarnos: ¿Qué condiciones para repensar la democracia tiene este sujeto político que ha impulsado la salida de la dictadura, y que a pesar de la violencia estatal luchó sin temor, hasta las últimas consecuencias?; Si la salida del dictador solo representa un primer paso para el repensar la “institucionalidad”, y la democracia, ¿Quiénes serán los actores claves para esa posible etapa donde por primera vez se piense la democracia, -no la impuesta por los grupos de poder- sino aquella, la otra que apenas se conoce como enunciado? El riesgo de que aparezca el oportunismo de viejos dirigentes acostumbrados a asaltar el poder, (alta dirigencia político – partidaria, grupos económicos y religiosos), acostumbrados a ver las crisis desde sus comodidades, observadores del sacrificio de los pueblos en lucha, (donde los heridos, encarcelados, asesinados, exiliados), pasan a la página del olvido inmediatamente que se firman los pactos de “gobernabilidad”, que funcionan bajo la misma lógica de los opresores.

Que las estructuras de poder al acecho pretendan imponer una Asamblea Constituyente derivada cosmética, a su medida, imagen y semejanza, que cambie la forma pero no el fondo, y no una Asamblea constituyente originaria y refundacional como lo planteó post Golpe de Estado Berta Cáceres es un riesgo.

Sobre el tema del poder, en su momento Berta Cáceres se planteaba las siguientes preguntas:

“Desde antes del Golpe, hemos venido debatiendo bajo qué concepto de poder es que nosotros y nosotras tenemos nuestros procesos, a qué poder le apostamos, ¿será el poder del pueblo o será ganar el Ejecutivo? Nos planteamos: “¿preguntemos a Mel Zelaya si tenía poder? Entonces aquí viene otra reflexión: ¿Qué es el poder desde abajo, desde el pueblo, desde la comunidad? ¿Cómo desarrollar un trabajo articulado que consolide los procesos emancipatorios? ¿Cómo ver que el poder también se construye y se ejerce? ¿Cómo construir un poder que sea capaz de soportar la presión de la oligarquía, del imperialismo 1?

Es tiempo de repensar el poder desde abajo, desde los marginados, oprimidos y de los históricamente olvidados, de un poder capaz de refundar una patria en harapos, donde los interlocutores principales sean los que luchan, y anhelan otro mundo, otro país, otra democracia posible. 

Tegucigalpa, 23 de junio de 2019

Asamblea Popular del Comité Indígena de Reitoca, Sur de Francisco Morazán.

Foto: Luis Méndez

1 Pàg. 108; Las Revoluciones de Berta, conversaciones con Claudia Korol.

¿Qué cambió a 10 años del golpe de Estado?



Por Ollantay Itzamná *

En la madrugada del 28 de junio del 2009, el Ejército de Honduras, obediente al gobierno norteamericano, irrumpió en la Casa Presidencial y en pijamas sacó al entonces Presidente constitucional Manuel Zelaya y lo envió para Costa Rica. 

Así se consumó el primer golpe de Estado del siglo, en el país más nublado (desconocido hasta entonces) de la región, siempre bajo la consigna de: “democracia”, “prosperidad”, “libertad”...

El gobierno norteamericano, en su intento de contener en Honduras el “avance de los vientos anti imperialistas del Sur” empujó a la irreflexiva oligarquía y al Ejército hondureño al abismo letal del cual aún no logran salir.

¿Qué cambió a 10 años del golpe de Estado?

Una década de dictadura consolidada. Si bien para este país bicentenario de 9 millones de habitantes la democracia no había trascendido de la alternancia plutocrática bipartidista, con el golpe de Estado se anuló por completo el orden constitucional y el ritual electoral.

El partido Nacional, coautor del golpe, tomó y se mantiene en el poder con dos fraudes electorales consecutivos (2013 y 2017). Incluso rompiendo el artículo pétreo de la Constitución Política que prohíbe la reelección presidencial.

En lo político, Honduras se encuentra como a principios del siglo pasado: Los gobernantes “democráticos” se mantienen en el poder mano militari.

Disolución de las instituciones públicas. En dos siglos de República se había conseguido cimentar, aunque incipiente, las instituciones públicas en base al ordenamiento jurídico.

Ahora, los resabios de dicha incipiente institucionalidad fueron cooptados “públicamente” por el crimen organizado y el narcotráfico, y funcionan en la alegalidad. “Narco municipios”, “narco dictadura”, “impuesto de guerra”… son términos utilizados para referirse a la administración pública.

La pobreza trepó de 58% al 70%. Para 2009, el 58% de los hogares hondureños vivía en situación de pobreza, y en pobreza extrema, el 36% (INE, 2009) [1]. Según informe del PNUD, para el 2018, más del 70% de hondureños viven en situación de pobreza multidimensional [2], y el 48% en situación de pobreza extrema.

La década de la consolidación de la dictadura produjo cerca de 2 millones de nuevos pobres en el país. Casi en ese mismo período, en países como Bolivia, cerca de 3 millones de pobres salieron a niveles de ingresos medios.

Disolución de los derechos humanos. Para el Estado dictatorial de Honduras el principal enemigo interno del país es el o la defensora de derechos humanos. La dictadura premia con la impunidad al predador de defensores derechos (caso Berta Cáceres, y cientos más).

Entre 2010 y 2016, cerca de 21 mil jóvenes fueron asesinados, la mayoría escolares (UNAH, 2017). Con el golpe de Estado, se diluyó el amor por la vida. El golpe y la dictadura hicieron de Honduras uno de los países más violentos y peligrosos del mundo.

Entre 2009 y 2017, fueron asesinados 70 periodistas (de estos casos más del 90% se encuentran en la impunidad) [3]. Honduras vive una acelerada y violenta desintegración social.

Deuda pública se duplicó. El golpe de Estado fue una estrategia para afianzar el sistema neoliberal mediante la transferencia de bienes y servicios públicos al sector privado.

Según informes oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció de $14 mil millones (2009) a $ 23 mil millones (2018). Pero, también, en ese mismo período, la deuda pública se duplicó de $ 8.6 millones a 16.5 millones. [4] Es decir, ahora, cada hondureño nace con una deuda de $1700. El costo de la electricidad, la canasta básica, los hidrocarburos… se incrementaron como nunca antes.

La economía creció en un promedio de 3 a 4%, pero la estampida hondureña hacia el exterior cobró ribetes dantescos. La economía casi funciona a control remoto, gracias a los circulantes inyectados por la industria del narcotráfico. Las remesas representan más del 18% del PIB del país. [5]

Germinó una rebeldía popular. Inmediatamente después del golpe de Estado, en Honduras surgió una inédita y espontánea resistencia popular movilizada, articulada en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Con la creación del partido político Libertad y Refundación LibRe (dirigido por Zelaya), este movimiento social se fue desintegrando. Aunque algunos de sus integrantes aún resisten en las calles a la dictadura actual, no necesariamente bajo la orientación de LibRe o de Zelaya.

Quizás se perdió una década de oportunidad para consolidar el sujeto sociopolítico colectivo, alrededor de una agenda común consensuada. Lo cierto es que con seguridad la Honduras post dictadura necesitará de ese sujeto y de esa agenda para proyectarse como país.

Hace 10 años atrás, la resistencia popular planteaba proceso constituyente popular para refundar el Estado. Dicha propuesta fue pospuesta por el partido LibRe. Ahora, al parecer, la bandera de la constituyente es enarbolada por la oligarquía dictatorial como “una salida al caos”.

Notas:






* Ollantay Itzamná es defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos


@JubenalQ