Representantes agrarios hondureños denunciaron en Madrid la violación de los derechos humanos de los campesinos de su país y dijeron que pedirán a distintos gobiernos europeos y a la UE la creación de una comisión de observadores permanente.
Así lo anunciaron en una entrevista con EFE Yoni Rivas, secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), y la abogada Kenia Veliza, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), acompañados del periodista hondureño Félix Antonio Molina.
En los últimos tres años y medio, un centenar de campesinos han muerto y unos 3,000 han sido procesados dentro del conflicto por la tierra que les enfrenta a terratenientes, según explicaron.
"La Comunidad Europea no debe permitir un Tratado de Comercio que contiene una cláusula de Derechos Humanos que no se cumple", manifestó Molina, periodista hondureño comprometido con la causa campesina al referirse a los acuerdos entre la UE y Honduras.
Para promover la creación de dicha comisión de observadores, los tres hondureños se reunirán este viernes con funcionarios del Ministerio español de Asuntos Exteriores y el fin de semana plantearán en Bruselas su causa a eurodiputados y a representantes de diversas organizaciones, para posteriormente trasladarse a Londres.
"Pero nuestro objetivo no es solo pedir la presión de los gobiernos, sino también que la sociedad europea conozca la lucha que se vive en Honduras porque desde el Estado estamos desprotegidos", afirmó Veliza.
"Desde hace tres años y medio, más de 100 campesinos han sido asesinados, 80 de ellos en el Bajo Aguán, y más de 3,000 han sido procesados", denunció Yoni, quien culpó al actual gobierno hondureño de la "persecución y criminalización" que sufren los agricultores.
El expresidente hondureño Manuel Zelaya, derrocado en 2009, "aprobó legalizar la tierra y este gobierno derogó el decreto. Se trata de proteger los intereses de los terratenientes frente a las necesidades de los campesinos y sus familias", explicó Molina.
El periodista aseguró que se están aprobando una serie de leyes que van en contra de la propia Constitución hondureña, con el objetivo de "imponer un modelo económico que privilegia el monopolio, que provoca la pobreza y el desplazamiento de las comunidades, frente al modelo de producción para el consumo humano".
Molina se refirió concretamente a la expansión del cultivo de la palma africana, cuyo aceite es uno de los más consumidos en el mundo.
"¿Cómo es posible que en los años ochenta fuéramos el granero de América y ahora haya 52 municipios en crisis alimentaria según la FAO?", se preguntó.
Los enfrentamientos entre campesinos y la guardia privada de los terratenientes son continuos, en especial en el Aguán (noreste de Tegucigalpa), afirmaron, a la vez que Rivas aseguró que los agricultores creen "en la mesa de diálogo y no en las armas".
"En agosto se aprobó un decreto para eliminar las armas pero se hizo excepción con las empresas mercantiles, así que la seguridad de los terratenientes es la que puede estar armada", manifestó Veliza, quien lamentó, por otra parte, que en Honduras este "conflicto no existe en las noticias, por miedo".
Ese mismo mes de agosto, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, afirmó que el conflicto en el Bajo Aguán no es solo por tierras sino que se debe también al crimen organizado, y que lo combatiría "como un problema de seguridad nacional"
El Gobierno hondureño mantiene abierta una mesa de diálogo entre campesinos y propietarios, sin que de momento se haya encontrado una solución al conflicto.
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