viernes, 31 de enero de 2020

CIDH publica informe temático sobre situación de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes en América Latina y en el Caribe



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe”. Este informe es uno de los principales resultados del proyecto “Erradicación de la Violencia y de la Discriminación contra mujeres y niñas en América Latina y en el Caribe”, llevado a cabo por la CIDH gracias al valioso apoyo del Gobierno de Canadá. El informe fue lanzado en la sede de la OEA, el 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de los 16 días de activismo contra la violencia de género.

Dado el contexto de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en la región, la Comisión las ha identificado como personas en situación particular de discriminación y, en consecuencia, ha priorizado sus líneas de trabajo para promover y garantizar sus derechos fundamentales. Con base en lo anterior, la CIDH ha mantenido un rol esencial en el desarrollo de estándares legales para la protección y la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, a la vez ha formulado recomendaciones para identificar y superar la discriminación estructural y las formas intersecciones de discriminación que les afectan específicamente. En el marco de su mandato, la Comisión Interamericana ha acompañado también a los Estados miembros de la OEA en sus esfuerzos concretos para cumplir con las decisiones y las recomendaciones de los órganos interamericanos de derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Para la preparación del informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe”, la Comisión se basó en la información recibida a través de sus distintos mecanismos de monitoreo, incluyendo visitas de trabajo, visitas in loco, audiencias públicas y solicitudes de información a los Estados y también, de informaciones relacionadas con el sistema de peticiones, casos y de medidas cautelares. Asimismo, en el marco de la elaboración del presente informe, la CIDH realizó dos reuniones de con personas expertas en la materia; recibió información de parte de 12 Estados y de 20 organizaciones de la sociedad civil en respuesta a un cuestionario de consulta; y también, analizó las más de 800 recomendaciones formuladas en los informes temáticos publicados por la Comisión en los últimos 10 años.

Como resultado de la información abalizada, la Comisión presenta en este informe una serie de iniciativas positivas encaminadas por los Estados de América Latina y del Caribe para el avance en la promoción y garantía de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Así, el informe incluye un listado no exhaustivo de buenas prácticas, en particular de leyes, políticas públicas y decisiones de justicia, que representan ejemplos de avances concretos para enfrentar la violencia y de la discriminación. Al respecto, la CIDH reitera su llamado a los Estados a continuar sus esfuerzos en la materia y consolidar los avances logrados.

Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, la Comisión identificó la persistencia de numerosos desafíos en el abordaje de la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas. Uno de los hallazgos principales del informe, se relaciona con la persistente invisibilidad de las necesidades específicas de las niñas. Ellas permanecen bajo la categoría general y sin edad de “mujeres”, que no considera las necesidades especiales de protección requeridas por su condición de personas en crecimiento; y, también permanecen invisibilizadas en la categoría “niñez”, que no tiene en cuenta su género. Analizando en profundidad la violencia y la discriminación contra las niñas, la Comisión identificó la prevalencia de diversas formas de violencia y discriminación específicas, tales como matrimonio infantil y uniones de hecho; embarazos precoces y resultantes de la violencia sexual; trabajo infantil, explotación laboral y trata de personas; y violencia en el campo de las nuevas tecnologías.

Asimismo, la Comisión identificó profundos desafíos que persisten para la eliminación de los factores estructurales de discriminación contra las mujeres y las niñas, como el sexismo, el machismo y la prevalencia de estereotipos de género profundamente arraigados en el tejido social de la región, resultando en elevados niveles de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. En este informe, la CIDH advierte que, la violencia y la discriminación no afectan a todas las mujeres por igual: las mujeres afro-descendientes, indígenas y lesbianas, bisexuales, trans e intersex (LBTI) sufren violencia y discriminación en una base doble e incluso triple, además de su género. Más específicamente, la Comisión observa la prevalencia de leyes discriminatorias contra mujeres y niñas en la región; el aumento de tendencias y discursos contra los derechos de las mujeres; la violencia y la discriminación contra las mujeres que desafían los estereotipos de género como periodistas, defensoras de derechos humanos y mujeres con compromisos políticos; así como los múltiples desafíos que continúan socavando el acceso a la justicia para mujeres y niñas, víctimas de violencia.

En este informe, la Comisión también analiza patrones de violencia que afectan especialmente a las mujeres y las niñas, tales como la prevalencia de asesinatos por motivos de género y la profunda brecha entre el desarrollo de marcos regulatorios y tipos penales con su aplicación específica; las preocupantes cifras de casos de desapariciones de mujeres y niñas, y las fallas en investigarlas adecuadamente; así como los elevados niveles de violencia sexual y las fallas para prevenirla, investigarla y ofrecer atención médica adecuada a las víctimas. Asimismo, el informe aborda deficiencias en el abordaje de ciertas formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, inadecuada o incompletamente tratadas por los Estados, lo cual se expresa por el menor grado de desarrollo de estándares, de políticas públicas y la ausencia de análisis en profundidad. Entre estas formas de violencia se encuentran: la violencia obstétrica, una práctica común en toda la región que resulta de una relación asimétrica entre el personal de salud y las mujeres; los efectos de la criminalización total del aborto sobre los derechos de las mujeres y adolescentes; así como el impacto del crimen organizado en los derechos de las mujeres, entre otros.

El informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe” se relaciona con la persistente invisibilidad de las necesidades específicas de las niñas y culmina con una serie de recomendaciones para acompañar a los Estados en el abordaje de estos desafíos e incluye, igualmente dos anexos. El primer anexo contiene una Compilación de principales estándares y recomendaciones de la CIDH en materia de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. El segundo anexo se relaciona con los impactos y desafíos en casos de violencia y discriminación contra las mujeres.

“A la luz de los hallazgos presentados en este informe, la Comisión aborda de manera específica formas de violencia y discriminación que han de ser debidamente abordados por los Estados latinoamericanos y caribeños para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, niñas y adolescentes. Esperamos que este análisis sea de utilidad para enfrentar problemáticas invisibilizadas o normalizadas y erradicar definitivamente todas las formas de violencia y discriminación” afirmó la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH.

Por su parte, la Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño agradeció el apoyo del Gobierno de Canadá en la realización del proyecto que permitió la preparación de este informe temático.

“Es esencial que los Estados reflexionen sobre el contexto particular de vulnerabilidad que enfrentan a las niñas y adolescentes en las Américas, no solamente por su condición de mujeres, sino también como personas en proceso de desarrollo. Confiamos en que este informe sirva como llamado a los Estados para continuar avanzando en la protección y garantía de los derechos de todas las mujeres y niñas”, concluyó la Presidenta.

“Nos siguen matando”


Por Giorgio Trucchi

Crédito Fotografía: Giorgio Trucchi |
Alba Sud / Rel-UITA

El 28 de diciembre, Ignacia Piota Martínez, de 70 años, activista de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), fue víctima de un atentado en la comunidad garífuna Masca. Dos semanas después falleció como consecuencia de las múltiples heridas.
Ignacia era hermana de Mirna Suazo Martínez, presidenta del patronato de Masca y defensora del territorio garífuna, asesinada en septiembre pasado, y de Amada Piota Martínez, integrante de la coordinación general de Ofraneh.

En diciembre, desconocidos abrieron fuego contra la casa de Amada, hiriendo aPaula Álvarez, activista muy cercana a la dirigente garífuna.

Son 20 los miembros de las comunidades garífunas hondureñas asesinados el año pasado, la mayoría comprometidos con la defensa de los territorios ancestrales y los bienes comunes.

“Ha sido un año nefasto para el pueblo garífuna. En el caso de la comunidad de Masca hay un proceso de recuperación de tierras comunitarias, que fueron ilegalmente titulada a favor de personas ajenas a la comunidad.

Despojo y expulsión
Nos enfrentamos a una estrategia de despojo y expulsión de nuestra gente que tiene un fuerte componente de violencia racista” dijo a La Rel, Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh.

La recién galardonada con el Premio Derechos Humanos 2019 de la Fundación Friedrich Ebert (FES) explicó que estos “invasores” pretenden tomar el control de las tierras comunitarias y tienen a Amada Piota Martínez y a su familia en la mira.

“Nos enfrentamos a una campaña mediática para que se piense que se trata de un conflicto familiar, mientras sabemos que el objetivo es ir sembrando terror en la comunidad para que la gente se vaya”, aseveró Miranda.

Patriarcado e impunidad
Las mujeres son las principales víctimas de esta violencia y la impunidad reina soberana.

“Hay que tener claro que el sistema de aplicación de justicia en Honduras es patriarcal y profundamente racista.

Nadie investiga, ni siquiera están aceptando testimonios sobre los asesinatos del año pasado. Estamos en total indefensión.

Todo esto demuestra la falta de voluntad política y el racismo del estado hondureño hacia el pueblo garífuna”, manifestó la coordinadora de Ofraneh.

Una muestra más de lo que asevera Miriam Miranda es el hecho de que, cinco años después, el Estado sigue desconociendo las sentencias condenatorias de la Corte IDH por los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

La dirigente garífuna aprovechó la ocasión para agradecer a la Rel UITA por estar divulgando, a nivel internacional, lo que ocurre en Honduras al pueblo garífuna y pueblos indígenas en general.

“Hoy más que nunca la defensa de los territorios y bienes comunes es criminalizada y reprimida. Nuestros derechos son a menudo violados y el Estado es cómplice de dichas violaciones.

Sentir esta solidaridad y poder visibilizar la situación que vivimos va a ser sumamente importante”, concluyó Miranda.

Gobierno reporta retorno de 500 migrantes diarios desde México


La primera caravana de 2020 salió de San Pedro Sula,
el pasado 15 de enero.

El gobierno hondureño reporta que desde la presente semana, un total de unas 500 personas retornan deportadas desde México a diario, estas cifras fueron dadas a conocer por el Instituto Nacional de Migración.

De acuerdo a las autoridades de Protección al Hondureño Migrante, solo entre martes y miércoles se recibirán más de mil personas, quienes llegaron por vía aérea y terrestre, además anunció que, para los próximos días, estarían llegando más retornados desde México.

La directora de Protección al Hondureño Migrante, Jessica Guzmán, aseguró que no todas las personas que han llegado son parte de la última caravana que salió del país el 15 de febrero desde San Pedro Sula, pero sí detalló que no se descarta que para el resto del mes sean deportadas por las autoridades mexicanas.

Guzmán dijo que hay más de 20 mil personas esperando proceso, tanto de asilo como de deportación en México, y que como gobierno han desplazado una serie de personal de los consulados de Guatemala y México, para brindar atención y ayuda a los compatriotas migrantes.

Por su parte, la Policía de Frontera, adscrita a la Secretaría de Seguridad en Honduras, ha dicho que están desarrollando operativos permanentes para identificar a sujetos dedicados al tráfico de personas, conocidas popularmente como coyotes.

El comisionado Julián Hernández, director de la Policía de Frontera, ha dicho que el último año han identificado un fuerte número de personas dedicadas a este delito y que tal y como lo explica la ley inician con el procedimiento correspondiente.

Hernández habló de los protocolos que deben cumplir los hondureños y hondureñas que deseen salir del país, además niega que en algún momento la Policía haya incurrido en violación a la libre circulación y violación de los derechos humanos de los migrantes.

El gobierno a nivel institucional ha visto de lejos el desarrollo de la última caravana y eso se expresa en el discurso público del oficialismo, para el caso la diputada nacionalista Welsy Vásquez, manifestó que en Honduras hay muchas oportunidades para los migrantes y acusó de ser influenciados por grupos políticos de izquierda que quieren poner en mal al país.

Además, el secretario de Seguridad, Julián Pacheco, manifestó a medios de comunicación, que son personas con malas intenciones las que promueven las caravanas, y que llevan a la población a un futuro riesgoso e incierto.

Sobre tal situación, el analista Tomás Andino, cree que el Estado no ha tomado en serio este fenómeno migratorio y que se reduce a simplemente cuestionar la acción de la población y en acusar a otros grupos políticos.

Andino lamenta que en las fronteras no se dé el acompañamiento consular a los migrantes, dejándolos a merced de violaciones a derechos humanos, tal y como ocurrió en la frontera entre Guatemala y México, en el que militares azteca reprimieron a migrantes que pretendían ingresar a este país.

Al discurso público se adhirió el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), quienes pidieron a los migrantes que no salgan del país, pues en Honduras los necesitan, asimismo exigieron al gobierno declarar una emergencia migratoria, misma que debería ir acompañada de nuevas estrategias de oportunidades y protección para la ciudadanía en general.

Sonámbulos caminando hacia la crisis



Por Alejandro Nadal

La tragedia de Casandra, la hija del rey Príamo y Hécuba de Troya, no fue haber sido asesinada. Su verdadera maldición fue que, a pesar de tener el don de la profecía, ella estaba condenada a ser ignorada y, por tanto, nadie creía sus presagios. Cuando los griegos tendieron la trampa del caballo de Troya, ella fue la única que advirtió sobre el ardid y nadie le hizo caso.
El mundo parece hoy estar lleno de Casandras que alertan sobre la inminencia de la próxima crisis del capitalismo global. A fuerza de escuchar tanta advertencia, la credibilidad se esfuma rápidamente. Tal parece que la maldición de Casandra renace todos los días.

La realidad es que las amonestaciones sobre la llegada de una nueva crisis no provienen de un don mágico de algunos expertos economistas. Esas advertencias están bien cimentadas en datos duros y en un análisis riguroso de experiencias pasadas. Si las advertencias caen en oídos sordos, eso se debe al trabajo de los medios de información y a la necedad de los economistas ortodoxos que siguen recomendando más austeridad y más libertad para el mercado para superar y hasta evitar la llegada de una nueva crisis.

De manera especial, cuando la admonición proviene de economistas como Mervyn King, ex director del Banco de Inglaterra, sería bueno escuchar cuidadosamente. En una conferencia dictada en noviembre del año pasado en el Fondo Monetario Internacional (conferencia Per Jacobsson, www.fmi.org), King puso el dedo en la llaga al señalar que desde que estalló la crisis de 2008 nadie ha cuestionado las ideas económicas que aún predominan y que condujeron al desastre de hace 10 años. Los bancos centrales y las autoridades económicas en general siguen comportándose como si aquella crisis hubiera sido producto de un terremoto. De hecho, esa es una explicación que un funcionario del banco le ofreció a la reina cuando en visita a las bóvedas del banco preguntó cómo era posible que nadie hubiera visto venir la crisis y sus efectos. Es tan difícil hacerlo como predecir un terremoto, fue la respuesta.

No es lo que piensan Mervyn King y muchos otros economistas críticos. Su advertencia es clara. Primero, la crisis de 2008 no se produjo por factores externos imposibles de predecir. Se generó por fuerzas endógenas, inherentes a cualquier economía capitalista. Segundo, al seguir abrazando la ortodoxia de la política monetaria y fiscal nos seguimos acercando como sonámbulos a una nueva crisis. Ese es el diagnóstico del ex director del Banco de Inglaterra. Algo debe conocer sobre el tema.

Sin embargo, muchos políticos y portavoces del sector financiero señalan que estamos ya entrando en el décimo año de crecimiento y recuperación económica. Pero olvidan siempre mencionar un dato que puede ser una señal ominosa: esta recuperación ha sido más larga que las que siguieron a las últimas cinco recesiones de la economía estadunidense, la recuperación ha sido mucho más lenta. Y este comportamiento letárgico de la economía ha sido calificado de ‘estancamiento secular’, queriendo decir con esto que las mediocres tasas de crecimiento coexisten con muy bajas tasas de interés (en la vecindad de cero por ciento). Eso significa que la política monetaria no está teniendo ningún efecto sobre el nivel de actividad económica. Y que en caso de crisis, el banco central estará desarmado.

Una parte clave del diagnóstico de King es que ha existido un exceso de inversión en países como Alemania y China, y que será necesario introducir cambios en esos patrones de inversión. Pero aquí se aprecian las limitaciones del análisis de King. Si algo sabemos de las economías capitalistas es que exhiben permanentemente una tendencia a la sobreinversión. Así que el remedio no será fácil de introducir.

King no mencionó el indicador que más preocupa al mundo financiero. En diciembre pasado, la Reserva Federal (Fed) decidió inyectar unos 500.000 millones de dólares al mercado de reportos (contratos de recompra de títulos vendidos en garantía por un prestatario a un prestamista en el mercado de muy corto plazo). Este mercado es un gran indicador sobre la salud y tendencias del mercado interbancario. Claramente la Fed quiere evitar un estrangulamiento en la liquidez para el mercado interbancario. En consecuencia, el regreso a la normalidad ya no se refleja en la hoja de balance de la Fed y habrá que ver si esta enorme inyección de liquidez sirve para evitar la crisis que muchos analistas anuncian para el mercado de reportos. En todo caso, sin regreso a la normalidad la Fed está desprovista de herramientas para hacer frente a la próxima crisis. Grandes implicaciones tiene esta medida de la Reserva Federal.

El último libro escrito por Mervyn King se titula El fin de la alquimia. Ese título hace referencia a la creación de poderes financieros extraordinarios que constituyen un factor de desestabilización y son, al mismo tiempo, un desafío a la imaginación. Casandra se hubiera sentido en casa con esos poderes mágicos como interlocutores.

Twitter: @anadaloficial

Cómo se conectan las economías ilegales con el poder político


Por Denisse Legrand

La presencia del Estado en los territorios y la regulación de los mercados son fundamentales para combatir la actividad ilegal, pero también hay otras acciones posibles, según especialistas.

Las economías ilegales, el crimen organizado y el poder político no son movimientos aislados. Unos deben su existencia a los otros y, a pesar de que se trazan estrategias públicas para enfrentarlos, sus caminos parecen entrelazarse y así se fortalecen todos. A esta conclusión arriban diversos expertos internacionales que encaran la seguridad desde múltiples enfoques y tareas.

Para comprender las economías ilegales hay que definirlas. Cuando hablamos de economías ilegales hablamos de una economía que está prohibida o limitada por el Estado, que idealmente tiende a no permitir que funcione. “En teoría suena bien, pero la diferencia entre prohibir algo y evitar que efectivamente pase es enorme”, señala el colombiano Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto de la fundación Ideas para la Paz.

También hay que definir con certeza lo que es legal y lo que es ilegal. Hay economías que son parcialmente legales o plantean límites difusos. “Aunque queramos prohibir transacciones de actividades, en la práctica es más complejo y las transacciones ocurren”, afirma Garzón. Además, hay que saber que “cuando hablamos de economía hablamos de poder, y de poder político”, agrega.

Según Garzón, “le hemos dedicado muchas páginas al narcotráfico, pero las economías ilegales son múltiples”. Dice que incluso en algunas zonas el narcotráfico no es la más importante, y que la trata de mujeres en América Latina “es uno de los mercados más grandes y más mancomunados con el poder político”.

“El crimen organizado debe su existencia al poder político, sin esta conexión no podría existir”, dice Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, y agrega que “el crimen organizado vive de sus relaciones con el Estado”. En Colombia, por ejemplo, “los paramilitares siempre tuvieron vínculo con la política, y construyeron así la parapolítica”.

La falta de capacidades para abordar estos delitos desde la Justicia y enjuiciarlos es determinante. En este sentido, “la impunidad es un factor para el crimen organizado”. Otro problema aparece cuando los habitantes de los territorios colaboran con el crimen organizado y observan impunidad.

El programa que dirige Isacson monitorea las tendencias de seguridad y la cooperación militar de Estados Unidos. En este sentido, sugiere que un claro ejemplo de fracaso en las políticas de seguridad asociadas al crimen organizado es ese país. “No se han logrado resultados porque se ha privilegiado propiciar una guerra contra las drogas”. Es una estrategia que ha fracaso históricamente, no hay valoración empírica que demuestre lo contrario. Isacson agrega que en Estados Unidos “se encontraron vínculos entre las unidades antinarcóticos y el crimen organizado”, reafirmando así la hipótesis de vinculación entre las redes delictivas y el Estado.

A la hora de sugerir otros caminos, comenta que una estrategia poco transitada ha sido el apoyo al sistema de justicia para romper vínculos entre el crimen organizado y el poder político. “Tampoco ha habido distancia de los poderes políticos que tienen relación con el crimen organizado en la región” ni apoyo para la sociedad civil que trabaja en estos temas. Lo otro que no ha sido considerado, y es prioritario para el abordaje del crimen organizado, es el lavado de dinero.

Es más que narcotráfico

El narcotráfico es la mayor economía del crimen organizado, pero también existen otras economías ilegales. El salvadoreño Alex Segovia, que preside el Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social, afirma que “hay un consenso formal que dice que hay una debilidad estatal en toda América Latina”. Esto se traduce en una baja presencia del Estado en territorios complejos, lo que significa una oportunidad para la instalación de redes de crimen organizado. “Hay lugares en los que simplemente no hay Estado, realidad presente en casi todos los países. Ante el vacío aparece el crimen organizado”. La ausencia del Estado es un campo fértil para que se desarrollen economías ilegales.

“Si además no hay infraestructura y hay caudillismo local, se genera un vínculo entre la falta de controles que genera la ausencia del Estado y la presencia de élites regionales que generan un aumento de la economía ilegal”, afirma Segovia. Explica que se está haciendo muy poco en la región en este sentido y que hay factores novedosos, como los fenómenos migratorios, que han generado una economía ilegal que “incluye personas y cosas”.

La debilidad institucional en términos de controles y regulaciones también complejiza el problema, además de las escasas habilidades de quienes tienen que abordar las políticas de seguridad. Hay una carencia de conocimiento sobre los niveles de complejidad que implican las redes delictivas. Para ejemplificar esto, Segovia señala las dificultades que existen para comprender a las maras, pandillas criminales con origen en El Salvador. “Las maras son un actor económico de acumulación, ya no se trata del delito común y cotidiano para sobrevivir. Cuando el actor delictivo da el salto y acumula estamos hablando de otra cosa”, afirma.

Hoy las maras reciben dinero de actividades delictivas muy diversas, enfocadas fuertemente en los servicios, como el procesamiento de café y el control del transporte, entre otros. Sin embargo, desde la política se tiende a un razonamiento básico a la hora de pensar en las redes delictivas. Esto se traduce en estrategias basadas en la mano dura, que no sólo no funcionan sino que aumentan el nivel de conflictividad y la letalidad, dice Segovia.

Los niveles de violencia que manejan las economías ilegales y los grupos asociados al crimen organizado son diversos. “A cierto crimen organizado no le interesa ser visible. A otro sí, y basan su poder en el control del territorio y la población, con mecanismos de coerción mediante el miedo y el asedio”. El rol de la sociedad civil es fundamental. “La población ha formado sistemas de protección y contención que han permitido que se reduzca la violencia”.

Para Garzón, hoy en día “estamos mejor que antes para pararnos frente al crimen organizado”. Afirma que “hay mayores capacidades de investigación, más políticos destituidos”, y “eso plantea un cambio”. Considera que la región está en problemas, pero que también se ha avanzado. “Esto crea nuevos desafíos. Hay que pensar cuáles son los efectos de tener mayores capacidades de desestabilizar el sistema político, que históricamente ha tenido capacidad de interactuar con lo ilegal”, señala.

“El problema de que esto se haga visible es que la percepción no es de que haya mejores mecanismos, sino mayor corrupción”. Para el experto, esto tiene que ver con que ahora la información “sale a la luz, cosa que antes no pasaba”. Por eso, señala, “la gente hoy piensa que el sistema es más corrupto, y esto quizás tenga que ver con que hay más investigaciones”. Dice que la conclusión que se puede extraer de esto no es que no se investigue para que la gente tenga mejor percepción, pero es un dato a tener en cuenta.

“La ley está escrita, pero no es aceptada por la gente, que opera con otra cotidianidad”. Juan Carlos Garzón, colombiano, director del Área de Dinámicas del Conflicto de la fundación Ideas para la Paz.

Revelar una investigación y contar lo que está pasando es una parte, pero hay que ver qué se hace luego. “Las investigaciones generan movimientos sísmicos y lo que viene después no siempre es mejor”, dice Garzón. Agrega que “hay que tomar en cuenta que las élites aprenden y empiezan a cuestionar el sistema para salvarse a sí mismas”. En su opinión, “el problema no es que estén investigados por corrupción, sino que interpelan qué tan legítimo es el sistema”.

El experto colombiano sugiere que para tener mejor concepción de la seguridad “tenemos que cuestionarnos de dónde sale el poder político en los territorios”. Sostiene que ese poder “está dado por las economías ilegales en esos lugares, la incapacidad estatal de controlar y el desinterés de llegar a determinadas regiones. Hay élites políticas que no tienen interés en llegar a ciertos territorios”.

Afirma que además hay una tensión entre la legalidad y la legitimidad. “Legalidad es imponer orden y ley. La deuda pendiente es la legitimidad. La ley está escrita, pero no es aceptada por la gente, que opera con otra cotidianidad”, explica. En seguridad, “la gran pregunta es cómo hacemos para reunir a estas poblaciones en procesos de legitimidad y no de imposición”. Según Garzón, “si la gente no conecta con esa idea de Estado, es una forma de que las organizaciones ilegales permanezcan en el tiempo”.

La responsabilidad política

Para Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, hay que analizar la salud de la democracia representativa. “Vemos un gran desencanto con la democracia en todo el continente, con caídas clarísimas de la confianza”, afirma. “En muchos lugares, la gente prefiere un gobierno autoritario y no democrático, si soluciona el problema la seguridad”. La seguridad ha sido en todos los países motor de campañas políticas que han logrado generar transiciones de gobierno.

Medina identifica dos problemas: la desafección de la democracia y el crecimiento de respuestas populistas frente al descontento. Esto responde a una “pérdida de control de los políticos frente a la economía y a las políticas en general, en particular en materia de seguridad”, y “eso mina a la democracia, porque la gente siente que elige personas que no tienen la capacidad de tomar decisiones”, agrega. El crecimiento de economías ilegales, tanto en importancia como en nivel de transacciones, desplaza al Estado y cubre por vía ilegal a la economía.

La crisis de la representación en los partidos es otro problema en varios países. “En todos los partidos políticos vemos cómo los partidos ya no son lo que fueron, y así se va transformando la naturaleza de la representación política. Ahora no sabemos si seguirán siendo partidos o no, porque no están cumpliendo con su rol de representación”. Sugiere que el avance de la tecnología ha vaciado algunas de las cosas que hacían los partidos, como ser espacios para generar información y debate. “Las tareas fundamentales de formar cuadros para la política y agregar intereses para representar a la gente siguen siendo fundamentales, pero los partidos no están dando la talla”. La crisis de los partidos es una oportunidad para el avance del crimen organizado. “Si no hay organización política y densidad, es más fácil que entre la criminalidad a tomar el poder político y el Estado. Si no hay partidos fuertes, es más fácil que el crimen influya, no sólo a partir de financiar campañas sino para incidir en la agenda pública”.

Otro de los ejes fundamentales para encarar esta realidad es el financiamiento de la política. “La relación entre dinero y política es uno de los grandes elefantes en la habitacón si no se regula cómo entra el dinero a ese ámbito. El dinero termina siendo tóxico para la política. En vez de que la política regule el dinero, el dinero regula a la política”. En un escenario en el que las campañas son crecientemente más caras y los políticos requieren más fondos para ser competitivos, “terminan estando a la merced de los capitales y de las redes delictivas, que pagan por tener poder e impunidad”. Medina dice que “hay que poner el ojo en cómo se están organizando las campañas, de dónde están sacando la plata los políticos, y en saber si el dinero que entra es limpio y no del crimen organizado”.

La chilena Lucía Dammert, que dirige la organización Espacio Público y se dedica a la investigación de temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina, dice que “la democracia trae el fortalecimiento de las redes de crimen organizado”. No duda en afirmar que “en democracia las organizaciones criminales tienen un rol político en términos de definición”. Asegura que en América Latina esta realidad se ve todos los días. “El problema no es la calidad de los mercados ilegales, sino la calidad de la política”.

Al igual que Medina, destaca la importancia de conocer la naturaleza del financiamiento de la política. “Se aporta mucho dinero y no se sabe de dónde viene. Hay quienes creen que no es malo recibir esa plata porque consideran que el bien superior es otro: poder financiar la política”.

Aunque se las niegue, las economías ilegales forman parte activa de la economía. Estamos en un continente en el que la cultura de la ilegalidad se ha ido fortaleciendo. “No hay una lucha entre Estado y mercados ilegales, hay una zona gris donde conviven. No podemos seguir pensando que hay una guerra entre unos y otros”. No hay claridad diametral entre quién es el bueno y el malo. “La política gana mucho diciendo que al mercado ilegal se le responde con políticas de seguridad, pero en los hechos es falso”, afirma Dammert.

En la región hay determinados fenómenos que aparecen como novedad en la política y podrían tener vínculo con el crimen organizado. “Aparecen por sorpresa nuevos actores políticos, asociados a movimientos fuertemente personalistas, con poca vinculación con los partidos políticos existentes”. No se sabe de dónde salen los financiamientos para estas campañas, que suelen ser muy ostentosas.

“Todos estos personajes dicen ser nuevos en la política. Son outsiders , con poca o casi ninguna vinculación. Todos son empresarios que dicen partir de no tener nada y al otro día tener todo. Otra característica es que en general tienen familiares con causas penales”, dice Dammert. Suelen ser movimientos familiares o con financiación familiar, lo que refuerza las teorías criminológicas que relacionan la economía ilegal con mafias familiares.

La situación actual de la política, la crisis de los partidos y la sed punitiva de la sociedad configuran un escenario proclive para la puesta en juego de estos actores. “Se dan cuenta de que pueden penetrar la política, que se pueden hacer dueños de la política, y que la ciudadanía no los va a castigar si cometen delitos, porque la sociedad está pidiendo castigo para otros”. 

Asumir una realidad y regular los mercados 
Regular los mercados es una estrategia más que válida para encarar la realidad de las economías ilegales. La economía más fuerte, y con resultados más negativos en términos de seguridad, es la que se asocia al tráfico de drogas. Las políticas prohibicionistas demuestran su fracaso día a día. Quienes se dedican profesionalmente a la seguridad se plantea la necesidad de trazar estrategias más eficientes.
En este sentido, Mario Layera, director nacional de Policía, sugiere que “la solución global al narcotráfico debe ir de la mano de la legalización y regulación de las drogas”, superando así la tradicional faceta prohibicionista, que sólo ha traído más violencia.
Para el jerarca, que dedicó más de la mitad de su carrera a la dirección y el “combate a las drogas”, la regulación de los mercados de drogas tiene que estar bajo la órbita del Estado y se deben desarrollar políticas específicas que consideren la peligrosidad de cada mercado.

En 2050 el 70% de la población vivirá en las grandes ciudades. ¿Quién alimentará a esta bestia?


Por Gustavo Duch

Parque Agrario del Baix Llobregat / XAVIER BERTRAL

Cuando se habla del problema demográfico de Cataluña se presentan estos datos: en el medio rural, que ocupa el 88% del territorio vive el 34% de la población, lo que significa que, aproximadamente, en las zonas rurales habitan unas 90 personas por km². Un ejemplo extremo sería el pueblo de Susqueda, donde tenemos 97 personas para una superficie total de 50 km², cerca de dos personas por km². ¿Pero qué piensan ustedes si miramos la otra cara de las mismas cifras? En Cataluña, casi cinco millones de personas viven en ciudades con una densidad media de 1.300 personas compartiendo el mismo kilómetro cuadrado. En el caso extremo de Barcelona, con 100 km² de extensión, sólo el doble de superficie que Susqueda, enlatadas como gallinas de una granja intensiva, 15.000 personas conviven en un espacio de un km².

La primera mirada presenta el problema de la despoblación rural, que en el ámbito estatal equivale al ya famoso La España vacía. En la segunda mirada, lo que yo quiero visibilizar es el problema de La España llena o, en general, el fabuloso problema de la superpoblación, sobre todo si hablamos en términos de contaminación, como se está haciendo estos días en Madrid en la Cumbre del Cambio Climático.

Me gusta recurrir a las tesis de la fisiocracia -del griego "el gobierno de la naturaleza"- una escuela de pensamiento del siglo XVIII que defendía que sólo en las actividades agrícolas es posible que el resultado obtenido sea superior a los recursos utilizados en la producción. Todas las otras actividades, tales como la industria o el turismo, por los fisiócratas son estériles, simplemente transforman materiales. Un campesino que planta una diminuta semilla de tomate y cuida del crecimiento de la tomatera producirá 15 o 25 tomates. Una fábrica de coches, en cambio, no produce coches, transforma materiales y les da forma de coches. Quizá suena un poco provocativo, pero es bastante obvio que de forma global podemos afirmar que las grandes ciudades alejadas de la agricultura, climáticamente hablando, son contaminadoras limpias, ya que por sí mismas no son capaces de producir ni alimentos ni otras formas de energía. De hecho, para mantenerlas con vida, y tal como el escritor John Burroughs ya contaba a caballo entre el XIX y el XX, "un caudal fresco de humanidad entra en las ciudades constantemente desde el campo, y un caudal no tan fresco fluye de vuelta al campo, es sangre arterial cuando entra y sangre venosa cuando retorna ".

En las cumbres e informes del cambio climático se habla mucho de la necesidad de modificar nuestras dietas, de reducir los consumos energéticos, de reducir el transporte... pero se dice muy poco o nada que todo esto no será posible si no volvemos a un equilibrio demográfico sensato que pasa por valorar el medio rural y su actividad principal, la agricultura. No podemos admitir ni dar por buena -porque de hecho será científicamente imposible- la estimación que dice que en 2050 el 70% de la población vivirá en las grandes ciudades. ¿Quién alimentará esta bestia? ¿Cómo gestionaremos las colosales excreciones de este Leviatán?

El mantenimiento con vida de las ciudades ya es actualmente uno de los grandes responsables de la crisis climática. En concreto, y según datos de ONU-Hábitat, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen alrededor del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, si cruzamos estos datos con las cifras del IPPC (Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático) donde nos explican que las emisiones relacionadas con el conjunto del sistema alimentario representan el 37% de las emisiones totales, podemos atar cabos y sacar una conclusión obvia: una buena parte de la crisis climática se concreta en un sistema alimentario intensivo -sin personas en los territorios-, dependiente del petróleo y muy contaminante, obligado a viajar constantemente por todo el mundo para suministrar comida a las superpoblaciones residentes en las ciudades imposibilitadas de producción alimentaria.

Y como todo son políticas y cultura urbanocéntricas, lo que tenemos es una brutal realidad escondida entre bastidores. Por eso, como nos gusta decir a mucha gente, "ruralismo o barbarie".

jueves, 30 de enero de 2020

Sobre caudillos, populismos y cultura institucional



En estos tiempos de angustias, con miles de compatriotas que pujan por cruzar fronteras desesperados por huir del país y llegar a un destino del norte incierto, queda en evidencia que la institucionalidad pública además de estar resquebrajada, está sometida a decisiones personalistas y arbitrarias.

Las instituciones no responden. No existen para las demandas ciudadanas. Responden las personas con cargos públicos que actúan como si ellas fuesen la institución. La gente está esperando, no tanto que una institución responda, sino que respondan las personas cuando se usan palancas. Y a veces ni siquiera las palancas funcionan.

En estos días, un niño hospitalizado en un centro hospitalario del Seguro Social, debió pasar días y semanas sin una sola señal, hasta que sus padres, desesperados, recurrieron a unos amigos que a su vez conocían a unos médicos amigos para que intercedieran para apurar la operación. La enfermedad no importa, no existe. Importan las influencias para que un paciente sea atendido.

Sin duda, muchísimos de los compatriotas que van en su incierto camino hacia el norte, se toparon con esta experiencia de buscar salud y no encontraron palancas que les ayudarán, o pasaron horas y horas esperando una respuesta para un trabajo. Y todo fue en vano. Cuando no funcionan las instituciones, funcionan los caudillos. Y los caudillos jamás harán un favor de gratis. Detrás de la palmadita va la advertencia, ese favor se ha de pagar sin duda con algún voto en las elecciones, o con el silencio cuando se haga público alguno de los actos de corrupción de quien hizo los favores.

La pérdida de institucionalidad pública va de la mano con el fortalecimiento de los caudillos con su práctica populista. Ellos contribuyen a crear las necesidades, y luego se presentan como salvadores de la gente pobre. Esto es en sí mismo un acto de corrupción. El gran caudillo promociona a los caudillitos de las comunidades. Las instituciones se ponen al servicio de los caudillos, y los caudillos funcionan con su lógica populista y hacen añicos las instituciones. Ellos son la institución.

El caudillo regala cosas que casi siempre son del Estado. Pero la gente necesitada no repara en eso. Para la gente, la ayuda es un regalo del caudillo. Y la manera cómo se ha de agradecer al caudillo es a través de la obediencia y el silencio. Así la gente pobre se desprende de su dignidad a cambio de las regalías del caudillo. Y cuando ni siquiera esto funciona, ocurren las caravanas o los suicidios.

Ninguna respuesta individual y arbitraria es solución real a nuestras demandas. Una cultura institucional comienza, sin duda, con una organización comunitaria que no dependa de una sola persona, sino de mucha gente de la comunidad. Una comunidad organizada descubre con alegría que, de pronto, nuestra dignidad se nutre de nuestra lucha y nunca de las regalías y promesas de los caudillos. Ellos nos hacen creer que son nuestros salvadores, mientras nos hundimos más en sus prácticas corruptas y en sus promesas adornadas de palabreríos, pero vacías de contenido. Una comunidad organizada y en lucha, es la mejor defensa frente a esa mentalidad que nos hace creer que la solución a los problemas siempre viene de la bondad de un caudillo.

La presión de la caravana de migrantes logra iniciar proceso de refugio en México


Instituto Federal de Defensoría Pública ofrece a 
migrantes ser sus representantes legales en un trámite 
colectivo de solicitud de refugio. 

El Instituto Federal de Defensoría Pública de México, inició desde la tarde de hoy martes (21/01/2020) los primeros 200 trámites para “refugio” en los estados del sur del país azteca, para integrantes de la caravana de migrantes hondureños y hondureñas.

De acuerdo a los representantes, quienes llegaron hasta un albergue improvisado instalado en un templo de Tecún Umán, Guatemala, la solicitud de manera masiva para la “condición de refugiados” será la primera experiencia que se hará ante el Instituto Nacional de Migración.

Esta decisión tomada por las autoridades mexicanas es el resultado de la presión ejercida por la caravana integrada por más de 4 mil migrantes que salieron de Honduras el pasado 15 de enero.

La caravana que llegó a Tecún Umán, Guatemala, desde el viernes 17 de enero y a partir del sábado 18 comenzó a solicitar el paso de la ruta migratoria hasta llegar a frontera con Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades mexicanas negaban el ingreso y amenazaban con detener a toda persona extrajera que ingresara a su territorio sin una visa o documento migratorio especial.
“Lo único que habíamos recibido del Gobierno de México fue represión desde el sábado pasado, pero ayer lunes fue la mayor que vivimos al cruzar el río (Suchiate) e intentar ingresar a Ciudad Hidalgo. La Guardia Nacional comenzó una gran persecución y nos lanzaba piedras, toletazos y gas pimienta. Como resultado más de 300 personas fueron detenidas y 15 golpeados. Se maneja que había una niña desaparecida pero no confirmamos el dato”, dijo uno de los líderes de la caravana.

Al cierre de la nota, se informó que la menor se reencontró con su madre en Ciudad Hidalgo, al lado de la frontera mexicana.

A renglón seguido aseguró que, para mañana miércoles se había programado una toma de los puentes del río Suchiate que divide a Guatemala y México. “Parece que la información llegó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y acordaron proponer la figura de refugio, y hasta el momento el 50% de los que quedamos de la caravana hemos aceptado. Mañana se hablará con las personas que faltan”, indicó.

Por su parte los representantes del Instituto Federal de Defensoría Pública, indicaron que en el transcurso de la semana irán llenando y presentando las solicitudes, y una vez presentadas a Instituto Nacional de Migración, las personas podrán ingresar a México de manera legal y podrán transitar por los 5 estados del sur. “Si alguien incumple el acuerdo se emitirá una alerta migratoria y las autoridades comenzarán a dar con su paradero para luego ser deportado”, dijo un representante de IFDP.

El trámite puede durar hasta 4 meses y no todas las solicitudes de refugio van a clasificar. Pero, si no clasifican, en todo el proceso estarán en México de manera legal. Nosotros vamos hacer sus representantes”, indicó.

Las víctimas de la violencia en todas las escalas serán una prioridad para obtener el beneficio del refugio. Los temas de precariedad económica no clasifican para este beneficio, dijo a integrantes de la caravana.

De esta manera la primera caravana de 2020 llegaría a su final. Hay personas que han quedado con varias dudas sobre la propuesta, pero tendrán 4 días para pensarlo mientras sus compañeros y compañeras de viajes y sueños les informan de su situación.

“Las dudas que surgen son muchas porque nuestra meta es llegar a Estados Unidos, para sacar adelante nuestras familias. Pero, si nos dan refugio en México nos van a permitir transitar libremente en solo los 5 estados del sur y eso nos complica la ruta. Eso es lo que me queda de dudas. No sabemos si será la mejor decisión’, dijo una señora integrante de la caravana.

El Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia técnica y operativa, cuya función es garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal, civil y derivada de causas penales, permitiendo atender a la población menos favorecida del país, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el estado de derecho.

Oposición llama a no creer en falsas promesas del gobierno de luchar contra la corrupción



Polarizado se encuentra el ambiente en el país, luego de la no renovación del convenio que daba vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El oficialismo y todos sus aliados han iniciado una campaña mediática para promocionar la creación de un nuevo ente anticorrupción en el país.

La determinación fue anunciada por el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz y el canciller Lisandro Rosales. El gobierno dijo que este nuevo ente será conformado por diversos sectores del país y que esperan siga fortaleciendo la lucha contra la corrupción e impunidad.

El ministro de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, afirma que como gobierno están dispuestos a crear una nueva estructura que combata la corrupción y deja claro que ellos no le tienen miedo a la MACCIH.

Por otra parte, analistas aseguran que al gobierno hondureño no se le puede creer absolutamente nada, pues las acciones han sido claras y evidencian el blindaje que construyen para no ser castigados por la corrupción.

Por su parte el pastor Alberto Solorzano, uno de los principales aliados del gobierno de Juan Orlando Hernández, une su voz hacia la apuesta oficial, Solorzano valora que quienes califican de corruptos a los que no renovaron el convenio de la MACCIH, caen en el radicalismo.

Además, declaró que Honduras debe tener moral, determinación y confianza en sus instituciones, sobre todo en las nuevas apuestas que desde el gobierno busquen fortalecer la justicia en el país.

La oposición lamenta la postura del gobierno y sus activistas disfrazados de sociedad civil. El Frente Parlamentario en conjunto con la Coalición por la renovación de la MACCIH, piden a la ciudadanía que se unan a las acciones a desarrollarse en los próximos días a nivel nacional.

“Sabemos que en derecho todo se puede arreglar, y eso es lo que demandaremos, que la MACCIH continúe en el país, pero sabemos que eso solo se puede lograr si salimos a la calle y hacemos un paro nacional”, dijo el integrante de este Frente, Osman Aguilar.

Aguilar recalcó que este es momento de conversar con todos los sectores que consideran que la MACCIH debe continuar en el país, y de esa forma lograr acuerdos para realizar acciones conjuntas, asimismo hizo un llamado a la ciudadanía a jugar su rol de demanda y repudio a la corrupción.

El analista Luis León, manifiesta que por ahora han ganado los corruptos, al negar y obstaculizar la renovación del convenio, también considera que hoy por hoy no se puede confiar en ninguna apuesta gubernamental de combate a la corrupción, porque la institucionalidad sigue débil.

Para León en la actualidad es una duda el futuro que le espera a los casos ya presentados por la MACCIH, dijo que la ciudadanía debe presionar para que sigan su curso y que no sean frenados por los grupos corruptos del país.

Pero no todos los sectores creen que la MACCIH tuvo una labor impecable en contra de la corrupción, algunos analistas dicen que hubo deudas y tareas por cumplir, una de ellas es haber presentado requerimientos contra Juan Orlando Hernández, por delitos relacionados a corrupción.

El abogado penalista Raúl Suazo, dice poseer documentación donde existe un recurso realizado pero que nunca fue presentado ante los entes competentes, en el cual se vincula a Juan Orlando con la corrupción del caso Pandora.

En la actualidad la MACCIH en conjunto con la UFECIC, tienen en sus manos documentación que vincula a Juan Orlando Hernández, su hermana, esposa y suegra en casos vinculados a corrupción, los que no se han presentado ante los tribunales de justicia.

Suazo es del criterio que la MACCIH debe dar explicaciones de por qué no se presentó dicho documento y si en realidad hubo otras presiones para que el mismo no se presentara. Raúl Suazo, dijo que en los próximos días hará pública tal documentación a pesar que la misma le pueda generar problemas.

Por ahora la lucha contra la corrupción en el país ha recibido un fuerte golpe de parte de quienes ostentan el poder de las instituciones del Estado.

Guerra y fuego, la venganza del cambio climático



Por Alejandro Nadal

El nuevo año despertó con un doble llamado sobre la realidad del cambio climático. Por una parte están los incendios en Australia, que han cubierto millones de hectáreas y representan una amenaza existencial para el continente. Por otra, los tambores en Medio Oriente nos anuncian la proximidad de una guerra vinculada con las reservas de crudo más importantes del mundo. Doble llamado para tomar acción decisiva y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Australia se ha desempeñado mal en el tema de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En el marco del Acuerdo de París, Australia fijó una meta de reducción de emisiones de entre 26 y 28 por ciento respecto de las de 2005 para ser alcanzada en 2030. Estas metas son demasiado modestas y lo peor es que Australia ni siquiera está en camino de cumplirlas.

De acuerdo con el índice de desempeño sobre cambio climático ( www.climate-change-performance-index.org ), que agrupa a las 57 economías responsables de 90 por ciento de las emisiones de GEI, Australia ocupó el último lugar en 2019. Y esta situación va a empeorar. Desde el primero de agosto de 2019 los incendios en Nueva Gales del Sur y Queensland han emitido 306 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese monto representa más de la mitad de las emisiones anuales de Australia.

Para el primer ministro de Australia, Scott Morrison, los incendios no tienen nada que ver con un pretendido cambio climático. Sus posturas negacionistas adoptan un tono extremo en su Partido Liberal (conservador) y la falta de acción del gobierno australiano para reducir emisiones es admirada por muchos gobiernos de derecha en el mundo. Para cerrar con broche de oro, el gobierno en Canberra ha aprobado los planes para abrir la mina de carbón más grande del mundo. El país sigue siendo el segundo exportador de carbón más importante del planeta, con 370 millones toneladas en 2018 (principalmente a India y China). Ya veremos si las temperaturas extremas y la duración de la temporada de incendios dan para que electores y gobierno puedan ver la realidad.

Al otro lado del planeta, el asesinato de Qasem Soleimani, el general más importante del régimen en Irán, coloca a Medio Oriente al borde de una guerra que podría calificarse de intensiva en GEI por dos razones. La primera es que el conflicto tiene como telón de fondo los yacimientos petroleros más importantes del mundo. La segunda es menos conocida: el ejército estadunidense es la institución que más emisiones de GEI tiene en todo el mundo. Al igual que cualquiera de las corporaciones multinacionales que operan en la economía global, su cadena logística integra una vasta red de barcos contenedores, buques tanque, aviones de transporte y una flota interminable de camiones para abastecer sus bases y operaciones militares. Un estudio reciente de la Royal Geographical Society ( www.rgs.org ) reveló que las fuerzas armadas estadunidenses emiten más gases de efecto invernadero que la mayoría de los países del mundo. Se trata del peor contaminador institucional en todo el planeta. En 2017 las fuerzas armadas de Estados Unidos compraron 269 mil 230 barriles de petróleo diarios y emitieron más de 25 millones de toneladas diarias de dióxido de carbono. Si esas fuerzas armadas fueran un país, ocuparía el lugar 47 en la escala de emisiones de GEI, algo comparable con las totales de Perú o Portugal.

¿Por qué consume tanta energía el ejército estadunidense? Además de la gigantesca plataforma de apoyo logístico que requiere el despliegue militar global de Washington, la eficiencia energética nunca le ha interesado al complejo militar-industrial. Por eso un bombardero B2 necesita 20 litros de combustible para recorrer una milla, y un tanque Abrams requiere cuatro litros de combustible para avanzar 950 metros.

En la Segunda Guerra Mundial las fuerzas armadas estadunidenses utilizaron un galón de combustible diario por cada soldado en el frente. En la primera guerra del Golfo ese coeficiente subió a cuatro galones al día. Para 2007, con operaciones en Irak y Afganistán, se necesitaron 16 galones de combustible diarios por cada soldado en operaciones. Tal parece que hasta los dioses de la guerra prefieren una mayor intensidad en gases de efecto invernadero.

Es cierto que hablar de las emisiones del ejército imperial se antoja algo absurdo. Después de todo, no hay guerra por más verde que sea que justifique la barbarie y la masacre. Así que antes de hablar de la contaminación que provocan esas fuerzas armadas habría que abordar las consideraciones éticas, humanitarias y geopolíticas. Pero el análisis sobre las emisiones de las fuerzas armadas estadunidenses permite observar que en realidad el régimen de cambio climático que hoy existe es sumamente débil, por no decir que, en el fondo, no existe. Los incendios en Australia y una guerra en Medio Oriente anularán cualquier logro que se hubiera alcanzado al amparo del Acuerdo de París. El cambio climático arremete contra los que no quieren ver la autoridad de la realidad.

Twitter: @anadaloficial

¿Y ahora qué? La agenda del cambio climático tras la COP25



Por Helena Ancos

En una COP donde ni las evidencias científicas ni el clamor de la sociedad civil han bastado para acercar posiciones, donde lo urgente ha dejado paso a los intereses de los grandes grupos y países contaminantes, la pregunta es ¿y ahora qué?

Ni el lema de la conferencia “Tiempo de actuar” ni las apelaciones a la emergencia climática han ayudado a evitar un acuerdo “decepcionante” o “débil” como lo han calificado miembros de algunas delegaciones. La Agenda de partida de la COP25 no era fácil, pero ante una emergencia climática un acuerdo débil, no es un acuerdo.

El texto final «alienta» a los países a «aprovechar la oportunidad en 2020» para mostrar la más alta ambición ante «la urgencia de abordar el cambio climático». Sin embargo, en las declaraciones finales no se hace un llamamiento explícito a los países a presentar planes nacionales más duros en 2020 por la resistencia de los grandes países emisores. En todo caso, según el Ministerio para la Transición Ecológica el texto, «sienta las bases» para que el próximo año en la Cumbre del Clima de Glasgow, «los países presenten compromisos de reducción de emisiones» más ambiciosos.

El texto final también fracasa en el desarrollo del artículo 6 del Acuerdo de París que regula los mercados de derechos de emisiones de CO2 . El desarrollo de estos mecanismos de intercambio de derechos de emisiones que permiten a países y empresas compensar los gases de efecto invernadero que expulsan ya se atascó hace un año en la Cumbre del Clima que se celebró en Katowice (Polonia).

Y es que la expansión prevista de combustibles fósiles para 2030 es al menos un 50% más allá de un objetivo de 2ºC y un 120% más de lo que puede ser compatible con el compromiso global de limitar el calentamiento a 1.5ºC. El hecho de que hace unos días, la petrolera saudí Aramco protagonizara una subida del 10% en su salida a la bolsa y que la mayor empresa del mundo por beneficios se convierta también ahora en la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil es un signo de que la transición energética parece estar lejos de los mercados financieros y por tanto, de la arena política internacional.

Junto a ello, los mercados de carbono eran y son una solución de transición, de “compensación” de emisiones, y no de reducción, y que a falta de métricas sólidas y mecanismos robustos, trasladan las cargas a través del comercio de carbono hacia el Sur, aumentando la brecha de la desigualdad de los pueblos indígenas y las comunidades más vulnerables.

Es por ello que en la COP25 se presentaron los Principios de San José para la Alta Integridad de los Mercados Internacionales de Carbono con el objetivo de crear un mecanismo «justo y sólido en los mercados de carbono», principios que van desde asegurar la integridad ambiental hasta evitar la doble contabilidad, evitar el traspaso de créditos anteriores a 2020 al nuevo sistema, bloquear tecnologías incompatibles con la reducción de emisiones o garantizar financiación para los países en desarrollo*.

Pero ¿qué es necesario que cambie para lograr un mínimo de éxito en la próxima Cumbre del Clima?

«Finaliza una cumbre del clima complicada, que reafirma el valor de la cooperación internacional, de la ciencia y la exigencia de más acción climática y su incidencia social«, ha afirmado a través de su cuenta de Twitter, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En efecto, en primer lugar, la Cumbre refleja el fracaso del multilateralismo, de la capacidad del ser humano para consensuar decisiones aún vitales para la humanidad.

Pero en esta cumbre solo se ha conseguido que 84 países se comprometan a presentar planes más duros en 2020. Dentro de ese compromiso están Alemania, Francia, España y el Reino Unido, pero están ausentes EEUU, China, la India y Rusia (que suman alrededor del 55% de las emisiones mundiales de efecto invernadero).

La ONU ha advertido de que se deben multiplicar por cinco los esfuerzos globales previstos si se quiere que el incremento de la temperatura se quede por debajo de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Y por tres si se aspira a que ese incremento esté por debajo de los 2 grados (la otra meta que se establece en el Acuerdo de París). En el mejor de los escenarios, si se cumplen los planes actuales, habrá al menos un incremento de 3,2 grados.

Desde los grupos activistas se ha denunciado el secuestro de los intereses globales por parte de países contaminantes como EEUU, Brasil, Australia, Arabia Saudí y de las principales compañías de petróleo, gas y carbón por socavar la ambición climática.

Los resultados de esta COP reflejan así mismo una importante brecha entre la voz de la calle y de la ciencia pero a la sociedad civil nos queda seguir luchando. Joaquín Araújo, nuestro gran naturalista, me comentaba estos días en la COP que nunca había visto una sociedad civil tan concienciada y con la fuerza que tenía ahora.  

A las empresas, habrá que exigirles que una vez pasada la exposición a los focos de la COP25, mantengan su compromiso con el clima y traducirlo en acciones efectivas para la transición energética. La Agenda de la emergencia climática ha venido para quedarse en los compromisos de responsabilidad social empresarial.  

Es difícil imaginar medidas audaces, innovadoras e inmediatas para una transición justa. Las soluciones tecnológicas todavía no son viables y las tecnologías basadas en la naturaleza como la quema de biomasa a gran escala o el almacenamiento de carbono, pueden tener consecuencias en la seguridad alimentaria y la integridad de los ecosistemas aumentando aún más la brecha de la desigualdad.

A los Estados que se han unido en la Alianza por la Ambición climática, rechazar la agenda de los contaminadores pero sumar aliados a su causa, asegurar que los países desarrollados proporcionen fondos y tecnología para evitar y minimizar los impactos del cambio climático, respetar los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y aplicar los compromisos medioambientales y sanciones comerciales en los tratados de comercio.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se mostraba frustrado con los resultados de esta Cumbre pero nos quedamos con el inciso final de sus declaraciones: «Estoy decepcionado con los resultados de la COP25. La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática. Pero no debemos rendirnos, y no me rendiré». 

* Paises que han presentado los principios de San José: Costa Rica, de Suiza, Belice, Colombia, Paraguay, Perú, Islas Marshall, Vanuatu, Luxemburgo e Islas Cook


Los señores presidentes

Rebelión

Por Carolina Vásquez Araya

La criminalización de las protestas ciudadanas en el mundo ha sido la respuesta de los centros de poder económico y político, amenazados con la pérdida de privilegios y espacios de decisión. Las calles han hablado claro y, como respuesta, han recibido los duros golpes de la represión. Sin embargo, los diques van cediendo cada vez más y aquella ciudadanía indecisa y acomodada comienza ya a decantarse por la protesta. Sin embargo, aun cuando los cuerpos institucionales armados y entrenados para contener la frustración de los pueblos han causado muertes y daños severos a quienes expresan su descontento con el sistema, la dinámica es ya difícil de contener a pesar de tácticas represivas más propias de situaciones de guerra que de contención de manifestaciones ciudadanas.
Ante esta realidad, se han disparado desde el corazón del imperio neoliberal los mecanismos de la nueva Guerra Fría y, sin disimulo alguno, los presidentes sumisos al poder económico abren las compuertas y permiten la intervención de elementos capaces de hacerles la tarea sucia: acallar las protestas y fortalecer a esos gobiernos, no importando cómo ni a qué precio. Hoy Chile es un espejo en donde se puede ver la mano externa que viene al rescate de un sistema caduco y fracasado. Por supuesto, cuenta con la indudable complicidad del puñado de familias poderosas y sus círculos de influencia, aterrados con la perspectiva de ver afectados sus intereses en el corto plazo.

El presidente chileno, uno de los hombres más acaudalados del continente y también uno de los más despreciados en su propio país, se ha revelado en toda su pequeñez al sabotear la COP25, importante cumbre sobre el cambio climático, en donde el gobierno chileno dejó en evidencia su decisión de sacrificar el futuro del planeta en una balanza cuyo peso mayor es el beneficio particular de los sectores corporativos, en cuyas operaciones reside el mayor peso de la degradación ambiental del globo. La fracasada intervención de Chile en el evento y su presentación de un texto alejado de los Acuerdos de París fue la ratificación de una postura contraria a las evidencias científicas, pero sobre todo su indiferencia ante la creciente preocupación de los pueblos por los nocivos efectos de las emisiones de carbono provocadas por la industria.

En otros países de la región se comienza a perfilar un retroceso a los años de la Guerra Fría, cuando la estrategia de intervención desde Estados Unidos era totalmente abierta y descarada. En Bolivia, por ejemplo, puso a funcionar a su títere mayor –la OEA- hasta conseguir sacar del poder al único mandatario del continente que había realizado un trabajo sorprendente en uno de los países más golpeados y desiguales de América Latina. Esto, quizá, como respuesta a su fracaso en las elecciones de Argentina, en donde la balanza hacia el socialismo le asestó un duro revés. Mientras tanto, el discurso moralista –democracia, derechos humanos y lucha contra las drogas- no resiste el menor análisis cuando se observa la manera cómo el Departamento de Estado actúa frente a los crímenes cometidos por gobiernos mucho más débiles y corruptos, como el guatemalteco, para asegurarse el uso del territorio de esa nación en su política anti inmigrantes. Estos peleles, obedientes ante el poder supremo de las grandes corporaciones y los gobiernos del primer mundo, son incapaces de comprender los alcances de su traición y arrastran a sus naciones sin el menor escrúpulo, hacia la miseria y la destrucción.

miércoles, 29 de enero de 2020

La sombra del poder


Por Juan Almendárez

Foto: Honduras.es.serrch.yahoo.com soldados manifestante honduras

El gato cuántico

Erwin Schrödinger, premio nobel de física, para explicar el modelo de la física cuántica desarrolló el experimento mental del gato cuántico, bajo el principio de la superposición, el cual sugiere que una partícula cuántica puede estar en múltiples estados a la vez. El gato representando la partícula puede estar vivo y muerto simultáneamente. Esta metáfora cuántica la aplicamos al proceso político del Golpe de Estado Militar en Honduras que tuvo su acontecimiento el 28 de junio del 2009, sin embargo, es un proceso que está vigente y sufriendo modificaciones. En este modelo el gobierno está representado por el gato, que está vivo cuando le permiten ser emisario de las decisiones del poder hegemónico y que es gato muerto cuando está totalmente aplastado por el poder imperial.

Cabe aclarar que la metáfora aplicada a estas situaciones es un camino para introducirnos en un análisis de la realidad que no es solamente cuántica, sino que requiere mayor profundidad filosófica y científica (social y política).

Geopolítica del golpe de estado

Honduras militarmente ocupado por Estados Unidos toma la decisión de derrocar a Zelaya por su acercamiento con Chávez, el apoyo a los movimientos del ALBA y al hacer relaciones petroleras con Venezuela menoscabando los intereses imperiales de Estados Unidos en América Latina, el Caribe y particularmente Honduras.

El Golpe de Estado y la venta de Honduras

Los diferentes gobiernos que se produjeron después del Golpe causaron un aumento de la deuda externa, facilitaron los tratados comerciales desiguales, se acrecentaron los proyectos transnacionales destructores del ambiente, facilitando la acumulación capitalista por desposesión, la consecuencia de esto se reflejó en la multiplicidad de proyectos mineros, construcciones de represas hidroeléctricas, deforestación, incremento de la sequía, destrucción de la biodiversidad y agrocombustibles.

En consecuencia, se vendió el país a las empresas transnacionales, creando la idea que el mega turismo, las maquilas, las privatizaciones (COALIANZA) favorecerían el desarrollo del país.

Honduras multienferma

La crisis económica agravó la multienfermedad ecológica y de salud.

La corrupción

La corrupción fue uno de los ejes más graves después del golpe.

En el caso del narcotráfico debemos hacernos algunas preguntas. ¿Por qué Estados Unidos, siendo el mayor consumidor de droga en el mundo, la guerra contra el narco tráfico la desarrolla en nuestros países y el enfoque dentro de su territorio es totalmente diferente? Consideramos que la corrupción no solamente es de nuestros gobiernos también tiene que haber corrupción de las políticas de las drogas de Estados Unidos porque, ¿por qué no se controla el consumo de la droga? Por consiguiente, creemos que la responsabilidad de las drogas no es exclusiva de América Latina.

Leyes perversas

Se crearon leyes que no fueron respetadas por las propias autoridades. Se militarizó el Estado y las instituciones. Se incrementaron las tasas de homicidios, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y la impunidad alcanzó más del 90%.

Las instituciones jurídicas y el Estado de Derecho, procesos democráticos y electorales se convirtieron en una ficción, irrespetando totalmente los derechos humanos.

A nivel legislativo, el Congreso emitió leyes que no garantizan la seguridad social y que apoyan la corrupción, la compra de armas y el poderío militar.

La máscara del poder

La palabra persona tiene su origen relacionado con máscara y el poder ejecutivo se convirtió en la máscara del poder, ya que prevalece a nivel de opinión publica y de las fuerzas de oposición, el enfoque reduccionista político, es decir responsabilizar a una persona de toda la desgracia del país y no considerar que es un sistema de gobierno que influye también, no solamente los dirigentes de un gobierno sino los componentes de la clase dominante y sobre todo de la fuerzas militar y policial.

No se puede desconocer que al principio el Poder Ejecutivo aparece como la máxima fuente de poder, por ejemplo, que es el que decide la militarización del Estado. En realidad, en el proceso golpista las fuerzas armadas fueron logrando cada vez más poder a tal grado que son el verdadero poder detrás de la máscara.

Sin embargo, a que nos referimos cuando hablamos del poderío militar: primero a las fuerzas armadas de Honduras que según La Constitución deben de ser apolíticas y deben de estar destinadas a la defensa de la soberanía nacional. Tareas que no cumplen porque en vez de ser fuerzas defensoras del territorio se han convertido en fuerzas represoras, violadoras, torturadoras y en muchos casos asesinas de poblaciones civiles. En la máscara del poder aparenta ser el poder real puesto que es una casta superprivilegiada y se ocupan de tareas que no tienen capacidad como manejo de cárceles, manejo de bosques, manejo de la agricultura, de la educación, de la salud, manejo de la niñez, por lo tanto, se convierten en fuerzas punitivas, persecutorias y criminales.

Paradójicamente las fuerzas armadas son sumisas a las órdenes del Comando Sur que son a la vez, la máscara del poder de El Pentágono y las fuerzas imperiales de Estados Unidos.

¿Cuál es la sombra del poder? La sombra del poder es lo que no es visible para el pueblo ni para la oposición cuando no hay conciencia que el poder es un sistema que depende de la geopolítica y el poder imperial de Estados Unidos, por eso creemos que toda la política de este poder ha estado orientado a la perdida de la identidad nacional, a la hegemonía cultural y a una profunda crisis existencial, que obliga a nuestra gente a emigrar y a creer que nosotros somos enemigos de nosotros mismos y que lo que tenemos es una guerra entre nosotros cuando lo que existe es una guerra total de este poder hegemónico que nos fragmenta, que nos extraña de nuestra cultura y territorio y que obliga a miles de Hondureños y hondureñas a emigrar donde van a ser nuevamente estigmatizados, torturados, enjaulados y donde poco a poco este poder se apodera de nuestro territorio con las Zonas Especiales de Desarrollo, destruye la naturaleza y nuestras vidas, a esto es lo que he llamado el genocidio histórico del pueblo hondureño por los intereses neocoloniales e imperiales.

El gobierno está vivo cuando es oportunista y está muerto cuando es todavía más traidor y aplastado, lo que necesitamos es una unidad real basada en nuestras raíces culturales en el amor, en la solidaridad en la defensa histórica de la vida y la dignidad de nuestro pueblo y de todos los pueblos de América Latina y el Caribe.