Por Hugo Noé Pino
Hay que reconocer que gobernar bajo las actuales condiciones internas y externas no es nada fácil. A los problemas estructurales del desarrollo, entres otras cosas, de desempleo y subempleo, de la distribución inequitativa de tierras, de la concentración del ingreso, de una estructura tributaria regresiva, de un sector público ineficiente, se suman los desafíos del crimen organizado y los efectos cada vez más fuerte del cambio climático.
Los tiempos más difíciles requieren, por lo tanto, mucha madurez de parte de nuestros gobernantes, mucha reflexión sobre las medidas a adoptar, y principalmente, mucha visión sobre los efectos de sus medidas en el corto, mediano, y largo plazo. Más aún cuando se trata de un gobierno de transición producto de un golpe de Estado y con una mayoría parlamentaria amplia, que no se tuviera sino hubiese sido por las condiciones excepcionales de ese momento.
Por esa razón hemos visto con suma extrañeza las recientes apuestas del gobierno en lo que se refiere al campo económico, muchas de las cuales están a todas luces en el camino equivocado. El tema de las ciudades modelos es uno de lo primero ejemplos; una iniciativa sin ninguna racionalidad económica, social, ni jurídica, que generó una oposición clara y abierta de diversos sectores de la sociedad hondureña. La única lógica que une le puede ver a esta propuesta es la de favorecer a sectores que ya han venido gozando de muchos privilegios.
Ahora se menciona la necesidad de “arrendar” lanchas por un costo de 62 millones de dólares, equivalentes a unos 1,240 millones de lempiras. La justificación es dotar a nuestras autoridades de la capacidad operativa en la lucha contra el narcotráfico. En tal sentido, me permito citar un reciente informe del Banco Mundial sobre crimen y violencia en Centroamérica que dice: “dado los altos niveles de corrupción relacionados con la droga en el sistema de justicia penal y los vastos recursos de los traficantes, la evidencia indica que dedicar más recursos en los esfuerzos contra el narcotráfico probablemente no reduzca la violencia en Centroamérica (subrayado nuestro).
En la medida que se utilice esta estrategia, consideramos que un esfuerzo regional coordinado cuenta con más oportunidad de tener éxito. A fin de combatir la corrupción e impunidad relacionadas con las drogas, vale la pena tomar en cuenta la experiencia de Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), ya que proporcionó un canal adecuado para llevar la experiencia internacional en investigación al país y ha sido de mucha ayuda en la resolución de casos destacados”.
En efecto, se ha calculado que el narcotráfico moviliza anualmente alrededor del 12,000 millones de dólares en la región, equivalentes a 240,000 millones de lempiras, casi tres veces el presupuesto anual del gobierno de Honduras. También llama la atención que aunque el presidente Lobo aceptó e inicialmente gestionó una CICIG para Honduras, nada se haya concretado hasta el momento. Una comisión internacional contra impunidad apoyaría fuertemente el fortalecimiento de la administración de la justicia en Honduras.
Pero el punto principal es que Honduras no tiene los recursos para enfrentar al crimen organizado en la forma que lo quiere hacer, y más bien es la cooperación con otros países de la región y con los Estados Unidos, con que se puede tener éxito en este campo; mientras tanto se necesario avanzar en la depuración de los operadores de justicia, tanto en la policía, como el ministerio público y el sistema judicial.
El tercer ejemplo tiene que ver con las autorizaciones de industrias extractivas. En la actualidad existen fuertes presiones para que los países abran las puertas a la inversión extranjera, principalmente para la explotación de recursos naturales, siendo la explotación petrolera y minera dos de sus principales actividades. Sin dejar de reconocer los aportes que bajo las condiciones apropiadas puedan brindar estas actividades, habría que ser muy cuidadosos en lo que se piensa aprobar.
Reportes de medios de comunicación hablan de concesionar 3.5 millones de hectáreas en la zona de la Mosquitia con empresas extranjeras, y también se refieren a que la nueva Ley de Minas será aprobada esta semana. En ambos casos se requiere una discusión muy amplia de estas decisiones, porque existen muchos ejemplos de daños ambientales y sociales irreversibles que deben tomarse en cuenta, así como las opiniones de las comunidades.
Me llama fuertemente la atención que haya un prisa por aprobar la nueva ley de minería, precisamente antes de las elecciones internas de los partidos políticos. Considero que un instrumento legal de tal naturaleza requiere una discusión más amplia entre sectores y sería lamentable ver que su aprobación es el resultado de la dispensa de dos debates y de una votación en horas de la madrugada.
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