viernes, 31 de julio de 2020

Honduras apuesta a los seguros y servicios privados, en detrimento de la salud pública


Expediente Público I de II

** Las reformas al sistema de salud van orientadas a crear un seguro médico público nacional para la población pobre, mientras que el Instituto Hondureño de Seguridad Social funcionaría exclusivamente como aseguradora para contratar servicios médicos para sus afiliados con proveedores públicos y privados. 
El 17 de abril de 2020, Fanny Aracely Pineda, de 40 años, llegó al Hospital “Mario Catarino Rivas” de San Pedro Sula, a 280 kilómetros al norte de Tegucigalpa, porque “tenía problemas para hacer del cuerpo”. Pese a que llevaba los resultados de una tomografía axial computarizada (TAC de abdomen) que se había hecho en enero pasado y que mostraba pequeños tumores en sus ovarios, no le hicieron caso y le dijeron que volviera “cuando pase la pandemia”.  

El TAC de abdomen es un examen de diagnóstico por imágenes que se utiliza para ayudar a detectar enfermedades del intestino delgado, del colon y de otros órganos internos, y generalmente se utiliza para determinar la causa de un dolor al que no se le encuentra una explicación. 

Resignada, esta madre de cuatro jóvenes —el mayor de 22 y la más pequeña de 9 años —, regresó a su casa, en la colonia Cosmul, una zona marginal al este de la ciudad, a esperar su suerte, pero su situación empeoró: a los dolores en su abdomen (que ella atribuía a problemas intestinales) se agregó un dolor en el pecho y dificultades para respirar, que le hizo creer sufría de coronavirus. 

El 4 de mayo no resistió más y pese a que temía a los regaños de los médicos, volvió al hospital. Le hicieron una prueba de COVID-19, que salió negativa, así que le hicieron otros exámenes que revelaron un cáncer de ovarios con posible metástasis y un derrame pleural (acumulación de líquidos en los pulmones, síntoma frecuente de cáncer). 

“Llegar al diagnóstico no fue fácil”.

Fanny Pineda, sobreviviente de COVID-19

“Me hicieron un TAC torácico y un examen de sangre, que creo fue por la prueba del COVID. Ahí gasté 7,500 lempiras (303 dólares). Después me hice otros exámenes, en uno gasté 2,200 lempiras (89 dólares), más otro de COVID que me costó 1000 lempiras (41 dólares). Me mandaron a realizar otro examen, de la circulación, porque pensaban que tenía una trombosis. Ese examen me costó 3,300 (133 dólares). Luego me mandaron a hacer otro examen, un TAC torácico que me costó 4,200 (170 dólares), incluso el doctor Salinas (cirujano oncólogo) me aportó 1,500 lempiras (61 dólares) porque le dije que no tenía más dinero, que mi familia ya no tenía de dónde agarrar. Ahorita me mandaron a realizar otra prueba de COVID, de 1000 lempiras (41 dólares)”, señaló Pineda.  

Fanny Pineda se dedica a elaborar bisuterías que ella y su pareja de 25 años venden en un “puestecito” en la zona peatonal de San Pedro Sula, un negocio consistente en una pequeña mesa sobre la que ponen su mercadería. Para financiar sus gastos médicos, su madre y una tía han tenido que pedir dinero y conseguir préstamos. Mientras se realizaba este reportaje, Pineda fue operada y enviada casi de inmediato a su casa. 

La “vergüenza” de los hospitales públicos
Lo vivido por Fanny Pineda no es casualidad, es la cotidianeidad que viven miles de hondureños en busca de atención en el sistema público de salud.  

La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, explica que en el Hospital Escuela de Tegucigalpa (el más grande del país), donde ella labora, en diferentes momentos ha podido ver cómo las carencias pasan de una cosa a otra, afectando a los pacientes, quienes deben pagar muchos servicios y medicamentos para recuperar su salud. 

En un tiempo faltaron medicinas, anestésicos, insumos (catéteres, jeringas, gases para bombas de infusión), tomógrafos e incluso quirófanos enteros dejaron de funcionar, “¿y esto por qué? porque se pensó en algún momento hacer quirófanos afuera, para venderle ese servicio a los hospitales públicos”, indicó Figueroa en entrevista telefónica con Expediente Público. 

Incluso, la doctora apunta que “los hospitales ya no tienen sus propios laboratorios. En un hospital como el San Felipe (uno de los más antiguos de Tegucigalpa), por ejemplo, casi nunca hay exámenes de laboratorio. Si usted se va a operar tiene que traer su electrocardiograma, sus exámenes de laboratorio, sus radiografías, de afuera, para que le hagan la evaluación preoperatoria e incluso si puede llegar con la evaluación preoperatoria ya hecha, mucho mejor”.  

El Hospital Escuela y el San Felipe no son los únicos. María (nombre supuesto), enfermera del Hospital “Mario Catarino Rivas” (el segundo más grande de Honduras) refiere que en diferentes momentos les han hecho falta medicamentos, alcohol, formalina, reactivos de laboratorio, esparadrapos e incluso ropa estéril desechable para cirugías (que debían comprar los pacientes si querían ser operados).  

“En enero y febrero de este año (2020) no había especialistas de medicina interna para hacer evaluaciones preoperatorias cardiológicas a pacientes mayores de 35 años. Los internistas que había, renunciaron por malas condiciones salariales. Los pacientes tenían que ir a clínicas privadas y pagar para realizarse las evaluaciones”, apuntó María. 

Para la doctora Figueroa “es muy claro que el gobierno cada día se desentiende de la salud pública y esto hace que aumenten los costos en los bolsillos de la gente. Se ha disparado el costo de atención con el único objetivo de deteriorar cada vez más la prestación de la atención para que la gente tenga que buscar la atención médica privada”. “Está claro que se trata de una especie de conspiración con un solo propósito: que colapse todo el sistema y cuando empiezan a hablar mal de los hospitales es parte de esa campaña que los hospitales públicos no sirven, que son una vergüenza”. 

Desmantelando el sistema de salud pública 
La doctora Figueroa refiere que los mejores tiempos para la salud pública en Honduras se dieron a finales de los años 70, cuando la Secretaría de Salud cumplía con su rol rector y trabajaba en programas de prevención de enfermedades, aplicación de vacunas y atención específica a problemas como la enfermedad del mal de chagas, dengue, malaria, transmisión sexual, proyectos de lactancia materna y entrega de alimentos, entre otros. 


En los años 90, los organismos financieros internacionales condicionaron sus préstamos a que se realizaran “ajustes estructurales” a las economías de los países pobres, un eufemismo para designar el aumento a los impuestos, devaluación de la moneda, reducción de salarios (vía destrucción de sindicatos estatales) y por supuesto, disminución en las inversiones en salud y educación. De esta manera pretendían garantizar una economía “sana” que podía pagar sus préstamos. Y comenzó así la crisis en el sector salud ante el abandono paulatino de las políticas públicas. 

La presidenta del Colegio Médico de Honduras, refiere que a principios de los años 2000 comenzaron a crearse programas con la participación de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), las que poco a poco fueron asumiendo roles de la Secretaría de Salud, hasta que en julio de 2015 se aprobó la Ley Marco de Protección Social, la cual salió publicada en el diario oficial “La Gaceta” del 2 de julio de ese año. Esta permite la creación de “Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro siempre que sea necesario, factible y conveniente para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Salud y consecuente con sus principios rectores” (Capítulo IV, artículo 22). 

En ese contexto de transformaciones y ya con la nueva ley “comenzaron a desmembrarse los programas de atención a las enfermedades, los hospitales empezaron a ser cedidos a fundaciones, a organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales no tenían ningún arraigo. Es decir, se juntaban un grupo de amigos que generalmente tenían algún vínculo con entes de tipo político, diputados o funcionarios, y comenzaron a ceder los hospitales a estas ONG”, dijo Figueroa. 

Honduras tiene 29 hospitales públicos, clasificados en nacionales, regionales y de área, y a la fecha, la mayoría están siendo administrados, ya sea por fundaciones privadas o por juntas interventoras.  

Para Figueroa, estas ONG responden a sus propios intereses y no a los de la Secretaría de Salud, quien se limita a traspasarles dinero de su propio presupuesto. Insistió en que estas entidades han puesto en precario dos cosas: el empleo del personal asistencial y las atenciones a la población, “obviamente para tener un mayor rendimiento económico”. 

¿Cuál sería el negocio de estas organizaciones?, se pregunta a Figueroa, a lo cual responde: “Hemos pedido que se investigue, recuerde que es (manejo de) dinero, que ellos deciden a quién compran provisiones, equipo, materiales, a quién contratan”. 

El hospital “Mario Catarino Rivas”, donde Fanny Pineda buscó ayuda, fue administrado por una fundación hasta diciembre de 2019 y luego pasó a una junta interventora en marzo de 2020; mientras que el Hospital Escuela fue administrado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde el 2012 hasta el 2018 y también pasó a manos de una junta interventora. Pero las fundaciones se van “porque se cansan de administrar miserias”, afirma la doctora Figueroa, una de las más destacadas neumólogas del país. 

¿Hacia dónde vamos? 
La desarticulación del sistema de salud público y de la política rectora de la Secretaría de Salud, no solo se centra en traspasar funciones de hospitales y centros de salud a ONG o fundaciones privadas, el objetivo va más allá y está relacionado con la Seguridad Social. Así lo indica el doctor Fidel Barahona, quien labora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), popularmente conocido como el Seguro Social. En charla con periodistas, dijo que todo se encamina a crear un “seguro de salud”, mediante el cual se privatizarán los servicios. “Ese seguro de salud lo va a poder pagar aquel que tiene un empleo, pero también van a haber categorías. Hay gente que va a tener la posibilidad de adquirir un seguro que le va a cubrir una serie de servicios, pero hay otros que aun teniendo ingresos, no van a tener esa posibilidad”, dijo el médico. 

Sin ahondar en lo expresado por su colega Barahona, la presidenta del Colegio Médico de Honduras aseveró que grandes corporaciones ya están preparando el terreno para implementar ese seguro de salud con los recursos legales aprobados desde el gobierno. Por ejemplo, desde hace algunos años, grupos económicos dueños de bancos, supermercados y farmacéuticas han ingresado al mercado de cadenas de farmacias, sustituyendo a los negocios familiares que predominaron en los últimos 100 años, incluso en pueblos pequeños. También ofrecen servicios de planes médicos de salud, corporativos o individuales. 

“Ellos ya tienen esa captura de la información y conocen bien si usted es hipertenso, si usted es diabético, o si usted tiene enfermedades catastróficas. Ellos lo saben e identifican ya muy bien quién es el que tiene esas enfermedades”, explicó. 

Además, agrega, saben cuánto gasta mensualmente en medicamentos. De esta forma podrán clasificar a la población, desde los segmentos conformados por jóvenes con trabajo e ingresos estables, hasta la “pirracha”, integrada por los sectores más enfermos, de personas mayores y menores ingresos.  

Entonces, cuando se establezcan las cadenas de atención por los prestadores de servicio, obviamente voy a poner a la población de riesgo en el prestador que menos me interese. Va a haber una pirracha con la que alguna prestadora se quede.  Voy a cobrar algún aseguramiento, entonces a mí me va a convenir asegurar a la población joven. Si tengo que agarrar a gente mayor voy a tomar a la gente que menos costo tiene”, subrayó. 

La doctora Figueroa, quien es vicepresidenta de la Asociación Médica Latinoamericana, también refirió que el gobierno pagará un seguro básico que cubrirá cosas elementales y medicamentos de baja calidad, generalmente producidos por las droguerías de las mismas prestadoras de servicio. Pero si el usuario quiere una atención especializada o medicinas de laboratorios reconocidos, deberá pagar de su bolsillo. 

Expediente Público tuvo acceso a audios de una reunión entre capacitadores de organismos financieros internacionales y doctores, funcionarios y abogados representantes de la Secretaría de Salud, donde hablan de conceptos como “pago capitado”, que hace referencia a transferencias anuales de dinero del gobierno a las prestadoras privadas de servicios de salud.  

En la reunión hicieron estimaciones hipotéticas en las que el gobierno pagaría a las prestadoras privadas de servicios de salud 20 dólares por persona al año. 

“Cuando estamos pagando 20 dólares le estamos diciendo OK nosotros le estamos dando ya la infraestructura, el equipo y lo único que va a aportar (el prestador privado de servicios médicos) es la administración y la prestación del servicio en sí. Por eso al final 20 dólares pareciera barato, pero si ya me dan todo, se compensa”, afirmaba el capacitador durante la reunión.

Al consultar al viceministro de Salud en Redes Integradas de Servicios de Salud, Roberto Cosenza, sobre la política pública de llevar el sistema de salud a funcionar a través de seguros públicos y privados, este dijo que: “No, en eso no le sabría dar yo una respuesta adecuada porque todo esto se está trabajando”. 

Seguros privados y públicos 
Un análisis denominado “Situación del Sistema de Salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud Propuesto”, realizado por tres expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señala que existen dos modelos de administración de sistemas de salud. Uno se denomina Cobertura Universal de Salud (CUS), basada en el aseguramiento, y cubre un paquete restringido de servicios; y el otro llamado Sistema Único de Salud (SUS), que pretende ser “un sistema único, público y gratuito de salud para garantizar igual acceso”. 


Basándose en lo dispuesto por la Ley Marco de Protección Social, el análisis sostiene que “en Honduras se plantea la universalización del aseguramiento con un enfoque de CUS mediante un sistema de salud integrado y plural, en el que la SESAL (Secretaría de Salud), aparte de su función rectora, contaría con un seguro público nacional de salud para la población pobre y un IHSS (Instituto Hondureño de Seguridad Social) que funcionaría exclusivamente como aseguradora al contratar servicios para sus afiliados con proveedores públicos y privados”. 

Para garantizar los servicios de salud existirían dos subsistemas básicos: el subsistema de aseguramiento privado en salud (SAS privado) y el subsistema de aseguramiento público (SAS público). El SAS privado lo constituyen las empresas aseguradoras que operan bajo la tutela de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, mientras que el SAS público se desarrollaría al amparo del IHSS. 


Enfatizan que bajo este modelo se da una nueva repartición de responsabilidades que pone en el centro a los proveedores privados, empresas con fines de lucro o la familia/individuo, mientras que el papel del Estado es subsidiario y sólo atiende a los sectores más vulnerables. 

Finalmente refiere que “los modelos CUS desafían la idea del derecho a la salud como un derecho social y humano y emprende el camino hacia su mercantilización. Esta política premisa de que el mercado es el mejor distribuidor de los recursos y que la competencia mejora la calidad y abate los costos”. 

La exministra de Salud, Roxana Araujo, indicó que algunos analistas señalan que el sistema de salud que se pretende en Honduras es una copia del aplicado en Colombia. “Un sistema de salud fracasado, un sistema de salud que al inicio se dio todo esto como una promesa: ampliación de la cobertura, universalización de los servicios, modernización del Estado, pero que, llegado el momento, la población de escasos recursos económicos, la población que se debe proteger, la población a la que se debe el Estado, no lo protegió”. 


Araujo dijo que, de ejecutarse una reforma, esta se haga basada en “la experiencia que tenemos como país y no venir a copiar sistemas de salud de otros países que han fracasado y que sabemos que pueden fracasar (aquí). Allá en Colombia, el sistema de salud se dio a los bancos para que lo administraran y, como se predijo, fue un fracaso”, aseveró. 

Para la extitular de la Secretaría de Salud, en Honduras también existe “temor a que el sistema de salud se le dé a la banca privada y que la banca privada tenga que administrar estos fondos y llegue un momento en que la persona de repente solo pueda pagar para la consulta de un resfriado común, de un síndrome diarreico agudo, pero no pueda pagar una hospitalización por una cirugía y mucho menos por un internamiento en una Unidad de Cuidados Intensivos”. La salud pública, cada vez será menos pública, vaticinó. 

La comunidad LGBTI nuevamente de luto


Por Giorgio Trucchi


Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA

Honduras sigue siendo uno de los países más letales para las personas LGBTI. La noche del 10 de julio, Scarleth Campbell, mujer trans activista de la Asociación Arcoíris Honduras, una de las organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual, fue asesinada de varios balazos por desconocidos en un barrio de la capital.
Para la Asociación Arcoíris, la defensora de derechos humanos fue víctima del odio y la violencia que impera en Honduras. “Rechazamos todo acto de odio, estigma y discriminación hacia nuestra población LGBTI”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales.

Scarleth Campbell integraba el grupo Muñecas de Arcoíris, creado en 2008 por varias mujeres trans de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela bajo la personería jurídica de la Asociación Arcoíris Honduras.

El objetivo del grupo es promover un espacio de reunión para las chicas trans trabajadoras sexuales de dichas ciudades, para informar sobre diferentes temas de importancia para la población trans.

De acuerdo con datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanosen Honduras (RNDH), son 10 las mujeres trans asesinadas en lo que va del año.

El Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI de Red Lésbica Cattrachas calcula que son 361 las personas LGBTI asesinadas después del golpe de Estado de 2009.

El año pasado ha sido el más nefasto para la comunidad LGBTI hondureña con 41 muertes violentas, la cantidad más alta registrada en la última década.

De todos estos casos, 71 fueron judicializados, pero solamente 28 llegaron a una sentencia condenatoria, es decir menos del 8 por ciento.

La misma Asociación Arcoíris señala que en Honduras se mata, en promedio, a una persona LGBTI cada 11 días, 33 por año. Más del 90 por ciento de estos casos quedan impunes.

“Esto también es producto de un Estado fallido que no respeta la laicidad, desde la imposición de preceptos religiosos que no responden a las demandas y problemas de poblaciones en riesgo social y de mayor vulnerabilidad.

Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva del asesinato que no revictimice a la defensora, a fin de que se haga justicia para ella y toda la comunidad LGTBI”, reclamó la organización que defiende los derechos de la diversidad sexual.

La solidaridad, los abrazos
En reiteradas ocasiones, tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado la urgencia de tomar medidas concretas para la protección de las personas de la diversidad sexual.

La OACNUDH Honduras condenó el asesinato de Scarleth Campbell y pidió al Estado de Honduras realizar una investigación exhaustiva, pronta e imparcial “que considere como hipótesis la motivación basada en prejuicios y/o discriminación por la identidad o expresión de género de la víctima”.

Diferentes organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI se pronunciaron ante este nuevo asesinato, abrazando a la Asociación Arcoíris de Honduras y a todas las personas de dicha comunidad.

La pandemia en América Latina

Rebelión

Por  Iosu Perales 

El avance exponencial de la pandemia en América Latina ha encendido todas las alarmas Ciudades que concentran una excesiva población, economías informales de sobrevivencia que chocan con el confinamiento, y débiles sistemas sanitarios, colocan a países de la región al borde del precipicio. Brasil y México lideran en número de contagios y fallecidos.

Pero al ignorar los peligros, descartar la orientación científica y experta, ocultar datos o simplemente negar la extensión del brote, algunos gobiernos han empeorado las cosas. Jair Bolsonaro y López Obrador, desafiando al virus mediante abrazos, besos y llamamientos a concentraciones masivas, no han hecho sino multiplicar los focos de contagio. Al menos el mejicano parece haberse corregido. Al respecto son significativas las palabras del gobernador de Bahía, en Brasil, al decir que pronto se abrirán todos los negocios, mueran los que mueran.

El asunto es que, para afrontar esta gran crisis, América Latina tiene que superar dificultades que vienen de lejos y en alguna medida están cronificadas. En este artículo señalo algunas de ellas.

Desconfianza en las instituciones.

Encuestas avaladas por la ONU y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) durante los últimos veinte años, certifican que solamente un 48% de la ciudadanía concuerda en que la democracia es el mejor sistema político, frente a un 28% que se muestra indiferente y un 15% que prefiere un régimen autoritario. De hecho, la OCDE viene señalando desde hace tiempo un desapego hacia las instituciones. Es normal si creemos a las encuestas que dicen que el 80% de la ciudadanía latinoamericana cree que las instituciones están corrompidas y un 75% dice no tener confianza en ellas. Esta desafección golpea a la cohesión social y pone en peligro el contrato social.

Posiblemente, es la corrupción el factor que determina la crítica de las poblaciones hacia gobiernos, parlamentos y partidos. El estado-botín que consiste en llegar al poder para robar patrimonio y dinero público, forma parte de una cultura política extendida. En este escenario la lucha contra la pandemia se resiente. No hay liderazgos. Las legitimidades de los gobiernos están cuestionadas y quien más quien menos piensa que la pandemia es una oportunidad más para los políticos ladrones. Las voces de los gobernantes se pierden entre el ruido de la corrupción y los liderazgos tan necesarios para vencer al miedo simplemente no comparecen.

Sólo instituciones que inspiren confianza pueden aspirar a conducir la lucha contra la pandemia.

Modelos económicos y economía informal.

Está demostrado que el confinamiento es la medida más eficaz para frenar el virus. Pero también sabemos que en América Latina la economía informal es el modo de sobrevivencia de millones de personas. Vender dulces, chicles, helados o pequeños souvenirs es el modo de ingreso diario de quienes viven al día, no tienen ahorros ni modo de sustituir sus magros ingresos. Muchos millones de personas han planteado el dilema “o morimos por el virus o morimos por hambre”. No es retórica es la realidad.

Hay países en los que el 50% de la gente que trabaja lo hace en la economía informal. Se estima que un total de 140 millones de latinoamericanos y caribeños viven de la economía informal. Muchas de estas personas desafían a sus gobiernos y salen a las calles con banderas blancas que han sido convertida en el símbolo del hambre. La respuesta de algunos gobiernos ha sido la de llevar a cabo detenciones y confinamiento forzados en lugares que no reúnen condiciones sanitarias y son vigilados por una amplia seguridad policial. El Salvador puede servir de ejemplo.

¿Cómo resolver este dilema?

Liderazgos negativos y políticas contradictorias.

Jair Bolsonaro en Brasil y Daniel Ortega en Nicaragua, son dos casos de líderes negacionistas que convocan a participar en actividades masivas de la población, playas, deportes, ferias, manifestaciones de apoyo al gobierno, mientras que sus sanitarios, sin apoyo del Gobierno, se juegan la vida mal equipados y sin recursos. López Obrador parece haberse corregido ante el elevado número de fallecidos en México (30.000 contabilizados el 2 de julio).

Estos líderes contribuyen a extender el Coronavirus a la vez que en otros países de América Latina se insiste en el confinamiento. Son mensajes contradictorios que generan confusión y en todo caso alimentan el incumplimiento de medidas de seguridad. Para más gravedad, sus discursos van acompañados de mensajes que afirman su curación mediante medicinas caseras.

Ciudades densamente pobladas.

Es complicado vencer al virus en escenarios de alta densidad poblacional. El mundo rural vaciado ha ido reventando las capacidades de absorción de las ciudades a la par que surgen por doquier asentamientos que no reúnen condiciones para vivir.

En ciudades como Sao Paulo, Río, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Lima Santiago, etc, es muy difícil trazar las rutas del contagio para cercarlo y combatirlo. Los expertos lo intentan, pero tampoco ayuda mucho que en algunos países el combate al virus tenga claves políticas y clientelares, en lugar de estar orientado por la ciencia. La conclusión es la saturación de hospitales y el no saber qué hacer con miles y miles de personas enfermas, muchas de las cuales mueren en las calles.

Hay que hacer notar que mientras en África el 40% vive en ciudades y en Asia el 50%; en América Latina la cifra alcanza al 80%. Este amontonamiento de personas en espacios de ciudad, hace que los transportes sea una vía de contagios, al igual que mercados, centros comerciales, estaciones de trenes, centros de trabajo, escuelas, etc. En el estado español hemos visto las diferencias de impacto entre Madrid y Barcelona con respecto a ciudades menores donde es más fácil el control de contagios y brotes.

Debilidad de sistemas de salud privados de recursos.

No es descubrir nada el afirmar que en muchos países de América Latina y Caribe si no dispones de dinero no tienes acceso a una asistencia sanitaria eficiente. Lo privado que hace de la salud un negocio tiene en Estados Unidos a su máximo estandarte, pero es que “si no tienes reales” no tienes consulta médica en América Latina. Sólo Cuba es una excepción positiva. De modo que el combate contra el Corona Virus es, sobre todo, el esfuerzo de quienes hicieron el juramento hipocrático y de las sanitarias y sanitarios que por ética se están jugando la vida.

Los sistemas de salud públicos en este subcontinente son frágiles, algo que se puede comprobar y comparar a través de la esperanza de vida en cada país y de la tasa de mortalidad infantil. Los países mejores posicionados son Cuba y Chile que invierten el 10% del PIB según la OMS. en tanto que los centroamericanos y en particular Haití están en la cola en cuanto a calidad del sistema de salud. Lo que hay de público en la sanidad de América Latina está pulverizado en lo financiero, siendo además fragmentado ya que no hay coordinación entre lo privado y lo público. El Corona virus se expande con insuficiente oposición.

Violencia social estructural.

Luchar contra una pandemia con una población socialmente castigada ya es difícil. Podemos imaginarnos que pasa si además el índice de criminalidad es enorme. Las mafias, maras y pandillas armadas ocupan las calles, los secuestros se suceden, al igual que el femicidio. El caso más emblemático es México. Datos oficiales del Gobierno reconocen que sólo en el mes de junio del año pasado hubo 2560 homicidios. Con semejante presión que en si misma es una pandemia criminal no es nada fácil que la ciudadanía piense en algo más que el sálvese quien pueda.

Política, poder y ciencia. Si ya en Europa es complicado que los partidos políticos acepten no utilizar la pandemia con fines electorales, podemos imaginarnos qué pasa donde la conciencia democrática si sitúa en otro nivel. Lo cierto es que los gobiernos, algunos, aprovechan el virus para consolidar estructuras de estado autoritarias, desconocer la división de poderes y tomar medidas anticonstitucionales. Por supuesto no hay mucha transparencia en las cuentas públicas.

El afán de concentrar el poder y de usar el desconcierto ante los estragos de la enfermedad sirve, además, para atacar a los partidos rivales. Para colmo la ciencia no ocupa el lugar que debe en el puesto de mando de la lucha contra la pandemia. Demasiada política y poca eficacia.

Resumiendo, el enfoque vacilante, contradictorio y disperso de respuesta ante la pandemia en partes de América Latina, agrava el escenario. Algunos presidentes en la región han cuestionado cuán peligroso es el virus, otros han defendido remedios no probados, infundados o incluso peligrosos, otro se enfrenta amargamente con los gobernadores estatales (Brasil) que defienden el confinamiento y otros se niegan a usar mascarilla en público. El desastre está servido.

El antirracismo en Latinoamérica es un frente comunitario, diverso y disperso


Por Juan Montaño Escobar 

Mural antirracista, Oakland, California -foto de Bill Hackwell

«Las vidas negras importan»; aquellas de George Floyd, Tamir Rice, Eric Garner, Michael Brown (EE.UU.); aquellas de Marielle Franco, Ágatha Felix, Alexandre da Silva (Brasil); aquella de Andrés Padilla (Ecuador). Ya no quedan ánimas solas y adoloridas por las injusticias de los gobiernos racistas.

Babaíla[1]

Estas breves líneas están dedicadas a la memoria de

Pete ‘El Conde’ Rodríguez, salsero antirracista.

Por la calle encendida se escucha un tambor sonar[2]

            Algo se ha logrado, menos de aquello que era deseable para el antirracismo activo y pasivo de las Américas, aquel de antes y este de ahora, pero aun así es demasiado para los actuales herederos del colonialismo europeo. Mucho con demasiado de la riqueza nacional para su clase, incluyendo ventajas exclusivas. Los enriquecidos tienen color y los empobrecidos también. Color racial. Ahí está, a menos de un jeme de nuestras narices, aconsejando con frases endulzadas con el azúcar impalpable de la academia eurocéntrica: “esto no es de negros contra blancos”; “el racista eres tú”; “todos somos humanos”. El afroproletariado mira pa’un lado y mira pa’otro, la salvación no viene de la derecha ni de la izquierda. Ni siquiera un chininín de razones arcaicas (con algún punto de validez) para estas esquinas palenqueras (o quilombolas) que tienen las prisas de la emergencia social, porque la política está boqueando algún mal del entendimiento. Y los sustos colectivos por el Covid-19. El hermano se siente apabullado por el borbotón fraseológico y unas dudas canallas le hacen mala cancha al tándem: fe y optimismo. Materiales jamás despreciables en territorios de hambre y necesidad, porque la rebambaramba va por dentro. Muy adentro como por el manigual de la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde solían energizarnos la comunidad de mayores y hasta ahora lo creemos, porque nuestra negritud americana está aquí, en pelotas, casi la totalidad: fútbol, básquet, pocos en el tenis e individualidades en otros deportes.

            El racismo marca canchas en las polis y preserva zonas para vidas apenas necesarias. Escasamente necesarias. Achille Mbembe fue más directo: necropolítica. Los Estados americanos definen cuáles son las que importan.  Y aquellas de sino triste. Las hermanas cimarronas Opal Tometi, Patrisse Cullors y Alicia Garza, le dieron la vuelta a la (necro) historia para convertirla en (bio) Historia: Black Lives Matters. Ese axê  termina por empezar otros principios existenciales, para las comunidades negras de allá y de acá: “El camino que nos trajo a estas tierras donde ahora vivimos, no es el camino de andar y apropiar el mundo por la ambición de colonizar, ni por el orgullo de conquistar. Llegamos a vivir aquí en estas tierras donde ahora somos el pueblo afroecuatoriano (o los Pueblos de Afro América, JME) siguiendo el camino de la injusticia, de la dispersión obligada que para nuestro pueblo significó la diáspora africana por las tierras de América”[3].

Estas son las notas de su tambor[4]

            ¿A ti te importan nuestras vidas? ¿O solo somos un espectáculo de la historia? Si nuestra presencia es solo espectáculo antropológico estereotipado, entonces, nuestra preocupación para la sociedad dominante americana está en la obligatoria ausencia espacial, por ejemplo, en las ciudades. Ocurre en Guayaquil o en Nueva York, en París o en Sâo Paolo. La gentrificación es racial, al menos por acá, por las Américas. El racismo no se esclerotiza advertía Frantz Fanon. No es ninguna enfermedad del alma, faltaba más, es la verdadera funcionalidad ideológica para sacralizar los privilegios de la burguesía sin importar su tamaño, características o nacionalidad. Porque “le ha sido preciso renovarse, matizarse, cambiar de fisonomía”[5]. También acomodar sus narrativas en los sistemas de comunicación para culpar a la víctima de su marginalidad o su mala suerte, apelar a la misericordia idiota para para perpetuar el empobrecimiento por apocamiento intelectual. O sea “le ha sido preciso experimentar la suerte del conjunto cultural que lo informaba”[6]. El antirracismo de Latinoamérica es un amplio frente comunitario, diverso y disperso en sus voces y en sus pieles, democrático desde la raíz y socialmente justo en sus propósitos. Pero disperso, insisto. Aún. Es la causa mayor por la que fracasa el movimiento anticapitalista de las izquierdas. No hay racismo sin capitalismo. A ver si entiende la tendencia aliada. O prefiere la comodidad de sus dogmas cuasi religiosos.

            Frase dura si las hay: la policía racista estadounidense asesinó al negro equivocado. A George Perry Floyd, Jr. Esta y otras policías americanas habían matado a otras personas negras. Dolor y rabia a partes iguales conmovieron a las familias de Casa Adentro y Casa Afuera, calentaron la sangre chiquitita y la sangre extendida. Pero hasta ahí nomás. El 25 de mayo del 2020, se renunció a la complicidad subliminal con los criminales asalariados, dizque para la seguridad de la ciudadanía. Eso se creía. Al fin se ciudadanizó la decencia en voz alta, fuerte y clara. Y se internacionalizó en lo más profundo del anonimato solidario. ¡Decorosos de todos los países, uníos! Y se unieron. El hashtag, rabiando por las vidas, ganó calle y se encarnó en millones de personas comprometidas con las tres palabras (Black Lives Matter), en muchas ciudades del planeta. Las Vidas Negras Importan. Aquellas de George Floyd, Tamir Rice, Eric Garner, Michael Brown (EE UU). Aquellas de Marielle Franco, Ágatha Felix, Alexandre da Silva (Brasil). Aquella de Andrés Padilla (Ecuador). Ya no quedan ánimas solas y adoloridas por las injusticias de los gobiernos racistas. Hasta el antirracismo descafeinado rompe la modorra de la sospecha primero y la discreción indolente después. Entendieron la convocatoria de Patrisse, Opal y Alicia.

Como negra que es mi raza

Así de negro soy yo[7]

            Parafraseando la juventud territorial urbana: ¡lo que es con aquellos es con nosotros! O aquello que es con las vidas negras de allá también es con las nuestras. Con todas las vidas y sus colores bondadosos. No es críptico, al revés, es real y directo al entendimiento de la sociedad dominante. Se cancela para siempre la clasificación racial de las vidas y habrá que impedirlo, en las calles, con murales, con una rodilla en el suelo y el puño en alto. O con la necedad esplendorosa del arco iris. Está en nuestras cortas o largas militancias antirracistas. O dejamos que las formalidades partidarias, de esta u otra tendencia, impongan límites precisos a nuestra resistencia y por eso cada nación oprimida (por la raza, el género o la religión) se radicaliza en la sección indispensable de su opresión. Las opresiones son transseccionales, por eso ‘tú problema es mi problema’ y ‘tu bandera muy bien podría ser la mía’. Si no se entiende los camajanes del Estado-plantación triunfan.

            Algo está cambiando con la pandemia y con las respuestas intergrupales a los asesinatos policiales. Es como un tiempo de afirmaciones radicales, de solidaridad aparentemente espontánea. ¿Serán sostenibles las acciones solidarias? Para que no se extingan deberíamos aprender, quemando suela de zapato en cualquier calle del mundo, la interseccionalidad cimarrona emancipadora. Nuestra resistencia no solo la compartiremos con aquellos que vayan en la misma dirección de nuestro viento, sino también con quienes empiezan con sus brisas prometedoras o ya programaron sus ventarrones. Si la opresión es transseccional se responde con la resistencia interseccional.       

            Uno de estos domingos de centena (por acá, en Esmeraldas, Ecuador, ya tenemos más de cien días de encierro), de esas jornadas de libro y café, cabe preguntarse: ¿cómo se mezclan democracia y racismo en la razón? Es una democracia envenenada. ¿Hay alguna explicación? Es fácil si se observa con cierta atención, valga el ejercicio irreal y de destiempo, imaginemos un bus hipotético: si no te bajan, te mandan a los asientos de muy atrás, te cobran el pasaje con recargo racial o simplemente no hay traslado porque no hay lugar. Esa es la analogía recordando a Rosa Parks. Y es válido para el norte, centro y sur americanos. Aun para sus partidos políticos, de izquierda y derecha; no hay el tal centro. ¡No sé si hay un verdadero partido antirracista en América! Algunos de sus líderes, mujeres y hombres, no necesitan santiguarse, pero a las estructuras partidarias les hace falta un Black Lives Matter. Por estos días leo con atención el desafío planteado por Julio César Guanche, para Cuba, en este espacio de Rebelion.

            Curiosidad. Y no solo intelectual: ¿en qué momento las izquierdas convirtieron el antirracismo en accesorio discursivo? Pero, ¿es realmente un accesorio discursivo? Uno tiene sus grandes dudas por la experiencia progresista en las Américas. Dudas razonables: a veces sí a veces no. Y también ni eso.

Con el embrujo de tu tambor
Siente el mundo tanta emoción[8]

            Si la democracia se pudiera cuantificar hasta alcanzar cierto volumen de igualdad, uno de sus niveles óptimos sería el antirracismo activo. Práctico y verificable. ¡Y cómo joden los presidentes hablando de democracia mientras las instituciones estatales son racistas! ¿Hay alguna excepción? Si la hay que los orishas la vean y bendigan. En el Norte “revuelto y brutal”, para su policía es Non-Black Lives Matter, por el sur se matiza. O más preciso ese Non-Black Matter Lives les corresponde a los ministerios de educación, en ellos y con ellos ocurren losasesinatos epistemológicos, la negación ontológica de las comunidades negras en los programas de educación pública. Ninguno tiene sanciones, a pesar de los mandatos de algunas constituciones, por ejemplo, la ecuatoriana y nuestras constantes exigencias. El fariseísmo del Estado-plantación es política pública clasificable como mata diversidades.  

            La sociedad racista dominante modifica sus estrategias ontológicas y epistemológicas para que pueblos y naciones oprimidas transiten por el limbo interminable de sus anhelos, si aquellas no prosperan se devuelve al clásico Estado-plantación. Aconteció antes y se repite en estos años en las Américas. El concepto plantación  define extracción material e intelectual, fatiga popular y desencanto, ruina moral en los movimientos sociales, desmerecimientos inducidos e impuestos por las derechas más reaccionarias y aniquilación de las comunidades negras y pérdida de su territorialidad. A veces las malas acciones son a la humanidad física y con más frecuencia es a la subjetividad.

            Humanidad es solo una denominación de un remoto distinto y jamás parecido a quien la pronuncia. ¿Querían otra definición de racismo? Las existencias negras solo importan si los componentes infinitos de esas existencias no tienen propietarios por dominios seculares acumulados y convertidos en privilegios legales, por despojo brutal durante el colonialismo europeo o en el postcolonialismo republicano. La sociedad dominante tiene en su inventario de poderes religión, educación, ejército e historia para construir y afinar sus privilegios raciales. Nuestra lucha es por la importancia consciente de existir. Así nos importamos, así nos merecemos. En nuestra finitudes.   

 Sonero nunca olvides tu son sonero[9]  

            La modernidad es una pelota de trapo. La cancha de tierra batida o el potrero fueron palenques o quilombos de la resistencia anticolonialista con artefactos que se obtuvieron de la memoria hija de la oralidad pluriversal. Y de la perseverancia cimarrona aprendida en la cotidianidad familiar y comunitaria. Además hoy se pronuncian con respeto ciertos nombres venidos de la casa de enfrente, del barrio nombrado para la historia, de otros vecindarios, de otras realidades no por lejanas dejan de ser próximas. Alberto Spencer (+), Samuel Eto’o, Didier Drogbá, Lilian Thuram y muchos más. Por sus nombres se recuerda que hay un mundo tercero en ese orden de no aceptación, porque quien clasifica a la humanidad la envenena de racismo. Es el balón y es la música que agigantan al afropoletariado de las Américas, de África o de las barriadas europeas. O con las travesuras maravillosas de los tambores, el engatusamiento de los teclados, los soplidos a las sonoras cachimbas de cobre o el rasgueo de alambres prodigiosos. En Ecuador hay quien pretende abochornarnos con eso que somos ‘marimba y fútbol’. Inepcia atrevida y fervoroso racismo. Sin embargo, perdiendo ganamos. “Once tipos rubios jugando por las selecciones nacionales de fútbol y centenares de miles de estudiantes negros, mujeres y hombres, en las universidades americanas”. I have a dream  de Ulises de la Cruz.

            En el origen del racismo está la tecnología[10] para la opresión de pequeños grupos a ciertas mayorías de la humanidad. Cada centímetro cúbico epidérmico tenía (o tiene) tal valor que hasta cambiaba su color habitual por otro inventado a satisfacción cultural. Cinco siglos después eso es lo que hay: el bienestar es para un segmento de la humanidad que se nombró con una marca de superioridad. Es mentira que la humanidad es proclive al racismo y es mentira que el racismo está en la genética social de los pueblos. La vida (biológica, social y religiosa) se organizó para que desde ese mismo momento la desigualdad fuera el lenguaje del desentendimiento de unos

 Para oprimir a otros. En ese cachumbambé quién quiere estar con los del otro lado de la raya, sobre todo si se ideologiza su existencia hacia la insignificancia. El racismo fue una invención europea del siglo XV, para convencer a sus pueblos de la exclusividad divina de sus élites, los linajes disímiles y superiores de sus poblaciones y no falló: se exportó riqueza a Europa blanqueando huesos de negros. El antirracismo es lírica combativa, cantada y necesaria; pero también debe comprender mejor la genealogía de aquello que enfrenta. “El racismo, lo hemos visto, no es más que un elemento de un conjunto más vasto: el de la opresión sistemática de un pueblo. ¿Cómo se comporta un pueblo que oprime?”[11]. De ahí la serie infinita de tópicos típicos. Y para que los procesos emancipatorios antirracistas se compliquen hasta pequeñas o medianas luchas de falsos contrarios mejoraron la tecnología para la inferiorización: mujeres (negras, indígenas), procedencia (África, América latina), sexualidad (gay, lesbiana y demás), religión (cultos indígenas, cultos afroamericanos). Así van las invenciones.       

Notas:  

[1] Babaíla, letra de Pete ‘El Conde’ Rodríguez. (Juan Rodríguez Ferrer, 1933-2000).

[2] Verso tomado de la canción Catalina la O, interpretada por Pete ‘El Conde’ Rodríguez.

[3] Pensar sembrando/Sembrar pensando con el Abuelo Zenón, Juan García Salazar y Catherine Walsh, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y Ediciones Abya Yala, 2017, p.50.

[4] Verso tomado de la canción Catalina La O.

[5] Raza y cultura, Frantz Fanon, p. 38.

[6] Ibídem.

[7] Versos de la canción Soy la ley, de Pete ‘El Conde’ Rodríguez.

[8] Versos de la canción Catalina La O.

[9] Verso de la canción Sonero, cantada por Pete ‘El Conde’ Rodríguez..

[10] Conjunto de conocimientos y técnicas aplicados para obtener un producto.

[11] Racismo y cultura. Texto de la intervención de Frantz Fanon en el Primer Congreso de Escritores y Artistas Negros en París, septiembre de 1956. Fue publicado en el número especial dePrésence Africaine, junio-diciembre de 1956.

jueves, 30 de julio de 2020

Instituciones financieras y derechos humanos

LINyM


Imagen de Giorgio Trucchi
Tomado de pressenza.com

El informe «Riesgos no calculados» [1] de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, evidencia algo que los grandes medios, consciente o inconscientemente, ocultan: las amenazas y los ataques contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes son cada vez más frecuentes y las instituciones financieras de desarrollo (IFD) son cómplices de ello.

«El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades», señala el informe.

Lamentablemente, comunidades, movimientos sociales y populares y periodistas comprometidos, que a diario protegen tierras y bienes comunes, exigen acceso a vivienda, educación y salud y denuncian los abusos y la corrupción, son víctimas de acoso, violencia física, criminalización y asesinato.

En especial, «amenazas y ataques son cada vez más frecuentes en el contexto de las actividades emprendidas en nombre del desarrollo», agrega el documento presentado a finales de junio pasado.

Entre los principales hallazgos, la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo señala que los ataques son generalizados e involucran a una gran variedad de países, personas, sectores, inversiones y financiadores.

Asimismo, elementos desencadenantes de la escalada criminalizadora y represiva son tanto las campañas de estigmatización contra comunidades, grupos e individuos que son etiquetados de «opositores al desarrollo», como la imposición de «proyectos de desarrollo» sin una consulta previa, libre e informada.

IFD corresponsables

«Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas. Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras», advierte el informe Riesgos no calculados.
A través de 25 estudios de casos – diez de ellos en América Latina [2] –  el amplio documento evidencia como, a pesar de los compromisos ambientales y en materia de derechos humanos asumidos, las IFD continúan financiando proyectos que ocasionan daños severos a las comunidades locales.

En efecto, casi ninguna de estas instituciones financieras «estudia de manera sistemática si el entorno es favorable para la participación pública y la defensa de los derechos humanos», conformándose con informes parcializados de sus clientes, sin monitoreo en el terreno, y pasando por alto señales de alerta temprana de riesgo para defensores y defensoras.

Tampoco los mecanismos de quejas y denuncia de irregularidades tienen las herramientas y la autoridad necesaria para prevenir y hacerle frente a las agresiones.

Una larga secuela de muerte

«El desarrollo siempre es para el gran capital y no para las comunidades. En la lucha que desarrollamos contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sufrimos división, represión y asesinatos, entre otros el de nuestra coordinadora Berta Cáceres.

Los bancos nacionales e internacionales que financiaban[3] el proyecto nunca quisieron escucharnos y prefirieron quedarse callados. Por eso son corresponsables de todas las violaciones que hemos sufrido», dijo Dunia Sanchéz del Copinh.

Siempre en Honduras, el financiamiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad del Banco Mundial, para la expansión de la palma africana en la zona del Bajo Aguán, fue uno de los elementos que contribuyó al estallido de uno de los más sangrientos conflictos agrarios y al asesinato de decenas de campesinos.

El pueblo garífuna es otra víctima de proyectos de «desarrollo» financiados por instituciones financieras, en especial agroindustriales y turísticos, que acaparan territorios y expulsan comunidades[4].

Justo en estos días, el secuestro y desaparición de cuatro pobladores de la comunidad de Triunfo de la Cruz[5], entre ellos el presidente del patronato Alberth Esnider Centeno, tienen en vilo al pueblo garífuna hondureño que exige su aparición inmediata y con vida.

Detrás del crimen está el despojo de tierras ancestrales garífunas para impulsar «proyectos de desarrollo» y la lucha de las comunidades para recuperar lo que durante siglos les han estado arrebatando.

El derecho del pueblo garífuna sobre estas mismas tierras ha sido objeto de un largo juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en 2015 falló a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, instando al Estado de Honduras a hacer efectivo el derecho de propiedad comunal y la posesión sobre las tierras ancestrales.

Cinco años después, el Estado sigue sin acatar la sentencia.

Pequeños avances
Si bien hay IFD que han comenzado a abordar estas temáticas, hace falta mucho más por hacer.
«Se necesita no sólo un cambio en las políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo se concibe y se implementa el desarrollo», aclara la Coalición.

Entre las principales recomendaciones a las IFD y a los Estados, la Coalición insta a respetar los derechos y prevenir los daños, garantizar un entorno favorable para la participación de comunidades y personas defensoras, escuchar a las personas defensoras y monitorear los riesgos, y respaldar a quienes son amenazados.

[2] Brasil (2), Guatemala (2), Honduras (2), Perú (2), Colombia y México
[3] Banco Holandés de Desarrollo (FMO), Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Ficohsa


De Golpe y Lágrima



Estos días “La historia de Honduras puede resumirse en una lágrima”, tal vez el llanto sea uno de los hilos que une los días de Rafael Eleodoro Valle con los que hoy estamos vivimos. Nos llevan de golpe y lágrima en esta pandemia.

En medio de las angustias por el Coronavirus, brotan nuevos dolores como el secuestro de tres garífunas de la comunidad de El Triunfo de la Cruz y la condena a casi tres años de cárcel a la diputada y Comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, por el delito de calumnias constitutivas de difamación, en perjuicio del empresario Camilo Atala.

Según organizaciones defensoras de derechos humanos, su acción fue contraria a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ella simplemente compartió información que ayuda al debate nacional sobre la situación de impunidad y la participación de funcionarios policiales, militares, profesionales del derecho y empresarios en el asesinato de Alfredo Landaverde, el Fiscal Orlan Chávez y la reconocida lideresa indígena Berta Cáceres.

Para nuestro compañero, Joaquín Mejía, experto en derechos humanos la intención de Borjas no era dañar la imagen del empresario, sino poner en debate público una información de interés general. Al tiempo afirma que el informe es público y que de acuerdo la Convención Interamericana de los Derechos Humanos no hay responsabilidad de parte de la diputada, sino que era el empresario, el que debía probar que ella tenía la intención de dañarlo. Algo que la defensa del empresario no hizo en el juicio.

Estamos nuevamente ante una decisión de la Corte Suprema no sustentada en lo jurídico sino en “esa sensación de ternura que produce el dinero”. Algo que bien se sustenta en el sondeo de Opinión pública del ERIC, donde se establece que para el 80 por ciento de la población cree que los magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de los ricos y poderosos, y los intereses de los corruptos. Una afirmación que está sintonía con que el 80 por ciento de la población no tiene confianza en la Corte Suprema de Justicia y un 74 por ciento considera que la corrupción está muy extendida en dicha institución.

La condena de la María Luisa solo reafirma la necesidad de seguir fortaleciendo la articulación de todos los sectores sociales para echar ese grupo de criminales disfrazados de funcionarios públicos cuadrados con la dictadura financiera. Cada día los caminos se cierran, pero cada día puede ser una oportunidad para abrirlos. El mejor regalo para el país es que todos aportáramos una hora cada día a pensar y accionar en abrir caminos a la crisis que hoy vivimos. El encierro es una sentencia a muerte.

Detienen por varias horas a periodista en Puerto Cortés



Por Riccy Ponce

Capturas de video cuando la policía baja de la patrulla al periodista Mauricio Ortega.A eso de las 10:00 de la mañana, el periodista Mauricio Ortega, director del medio de comunicación Noti Omoa, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en Puerto Cortés, mientras le daba halón a varios jóvenes deportados de Estados Unidos, y después los llevaría a comer, acción que el comunicador realiza desde hace varios años.
A través de un video compartido en redes sociales, Ortega manifestó que él trasladó a los muchachos en la parte de arriba (atrás) del auto, ya que en el interior transportaba a su familia, a la que no la puede poner en riesgo. En todo caso esta acción implicaba una sanción de tránsito, no una detención.

Ortega no terminó de dar declaraciones a la prensa, ya que en dicho video se puede ver como dos agentes policiales lo empujaron para luego ingresarlo de arrastras a la posta policial, demostrando el salvajismo que comete la Policía Nacional a las personas detenidas.

Tomando en cuenta que desde hace cuatro meses hay un toque de queda continuo con suspensión de garantías constitucionales según el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 por la pandemia del Covid-19, Mauricio Ortega, al ser comunicador social que cubre noticias de la zona y sus alrededores, puede movilizarse sin ningún problema, ya que posee un salvoconducto que le avala la libre circulación.

Según conoció el Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el comunicador primero fue trasladado a la Unidad Metropolitana Preventiva (UMEP-5) de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras, donde estuvo detenido por varias horas, por supuestas “faltas a la autoridad”.

Después lo trasladaron a la Dirección Municipal de Omoa, donde posteriormente fue liberado, una vez que pagó la multa establecida por trasladar a cuatro jóvenes en la parte de arriba de su vehículo, como un acto humanitario que realiza en favor de los migrantes retornados.

El comunicador social es un crítico a las diferentes violaciones de derechos humanos que comente las fuerzas represoras del Estado durante el toque de queda implementado por el régimen para disminuir el avance del Coronavirus, como es el caso del asesinato a manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) contra el joven Marvin Alvarado, el pasado 24 de abril en la comunidad de El Paraíso, Omoa, Cortés.

A lo que va de la pandemia, varios periodistas y comunicadores sociales han sido objeto de detenciones ilegales en un intento para restringir su labor de informar a la población sobre lo que acontece en diferentes sectores del país, y que no se evidencie los actos de barbarie que cometen contra la población hondureña.

La lucha política y el "otro bando"


Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

Los conflictos políticos entre liberales y conservadores, que caracterizaron el primer siglo de vida republicana en América Latina, no estuvieron ajenos a la intolerancia e incluso a la guerra civil.

A mediados del siglo XIX en Argentina y México lograron implantarse las primeras reformas liberales; en Colombia, en cambio, el bipartidismo, que no descartó la lucha armada en sus enfrentamientos, se extendió hasta el siglo XX; y en Ecuador el triunfo liberal solo fue posible por la revolución armada, en 1895.

La violencia, la persecución a los contrarios, la arbitrariedad procesal, la cárcel y la imposición de gobiernos autoritarios o de dictaduras, han formado parte de las disputas políticas latinoamericanas del siglo XX incluso una vez que el viejo bipartidismo fuera superado y que en su lugar surgiera la pluralidad de partidos políticos y se lograra progresos significativos en la democracia representativa.

Pero el avance de fuerzas sociales y políticas capaces de cuestionar seriamente los poderes tradicionales, siempre fue visto como el peligro mayor. Colombia ofrece uno de los ejemplos históricos más significativos: la explosión social y el apoyo popular a Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948) lucían como un riesgo al poder. La solución fue doble: no solo el asesinato del carismático líder, sino la creación, una década más tarde, del “Frente Nacional”, por el cual conservadores y liberales se turnarían en el gobierno durante los próximos 16 años (1958-1974). Sin embargo, con ello excluyeron la posibilidad de acceso al poder de otros sectores y especialmente de las izquierdas, lo cual explica el agravamiento de la violencia en el país, que desde la década de 1960, experimentó el indetenible fortalecimiento de distintos grupos guerrilleros.

La guerra fría, instalada en América Latina desde el triunfo de la Revolución Cubana (1959), sirvió para marginar todo intento de toma del poder por parte de las fuerzas de izquierda; y los gobiernos militares terroristas inaugurados por Augusto Pinochet en Chile en 1973 (en Brasil había dictaduras militares desde 1964), inspirados en el irracional anticomunismo de la época, se propusieron exterminar al marxismo y liquidar a toda izquierda, para lo cual despreciaron la vida, privilegiando las torturas, asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos, que se convirtieron en fenómenos inéditos en la historia contemporánea de la región. Por cierto, en los países donde no se establecieron semejantes regímenes, las derechas empresariales y políticas, normalmente en forma privada, pero también en forma pública, solían argumentar que era necesario “un Pinochet” en su respectivo país (en Ecuador ese ideal formaba parte de las conversaciones y reuniones cotidianas), para acabar con tanto “comunismo”, que para esos sectores comúnmente representaban las luchas obreras y campesinas, la movilizaciones de las clases medias, las reivindicaciones por los derechos laborales y sociales, la demanda por mejora en las condiciones de vida e incluso la protección al medio ambiente.

Pero también es posible hallar momentos históricos en los cuales el odio político se despliega sin control. El ejemplo contemporáneo para América Latina se halla en Argentina, y tuvo como protagonista central a Juan Domingo Perón (1895-1974), quien ejerció la presidencia del país entre 1946-1952 y 1952-1955 (administraciones destacables, porque no fue igual su tercera presidencia entre 1973-1974).

Perón fortaleció una economía social, un poder con base popular y una orientación nacionalista. Amplió los servicios públicos, la protección a los trabajadores y la sindicalización, las reformas para mejorar la calidad de vida de las masas, la industrialización, la afectación a grandes intereses económicos tradicionales. El papel de Eva Duarte, “Evita”, fue fundamental en el apoyo a la obra social. El “populismo” demostró sus virtualidades para superar el régimen oligárquico y construir un modelo capitalista regulado por el Estado. Pero el peronismo ha merecido innumerables estudios y las polémicas persisten entre los mismos académicos, dependiendo de que se acentúe la visión sobre los indudables progresos sociales o la forma autoritaria que se atribuye a su gobierno.

En todo caso, las elites del poder (para utilizar un concepto de Charles Wright Mills) no perdonaron al régimen de Perón, por la ruptura histórica que representaba. En septiembre de 1955 un golpe de Estado derrocó a Perón e instauró la dictadura del general Eugenio Aramburu (1955-1958). Se definió como “Revolución Libertadora”; pero, al mismo tiempo que se volcaba a favor de la oligarquía liberal y a los intereses del gran capital interno y de los norteamericanos, intervino en los sindicatos y la Confederación General de Trabajadores, así como pasó a implementar la “desperonización” de la sociedad, que incluyó fusilamientos y cárcel. El 5 de marzo de 1956 promulgó el decreto-ley 4161 (complemento de otro, el 3855), que declaró fuera de la ley al peronismo, con disposiciones de alcances inusitados, como las de prohibir que se utilice el nombre del general Perón, el uso de fotografías, retratos o esculturas relacionados con funcionarios peronistas o sus parientes (fueron destruidas obras de arte y estatuas), el empleo de otras fórmulas relacionadas como “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, o “tercera posición”, la prohibición de las fechas exaltadas por el anterior régimen, las composiciones musicales o fragmentos de “Marcha de los muchachos peronistas” o también “Evita Capitana”. Las propias fuerzas armadas fueron depuradas. Resultó imposible pensar en la participación electoral de los peronistas, pues quedó bloqueada. Y se llegó al extremo de secuestrar el cadáver de Evita, que pasó de un reparto a otro, hasta su paradero final en un cementerio de Milán, en Italia y con un nombre falso, donde permaneció largo tiempo. La proscripción oficial del peronismo duró hasta 1964.

La política empresarial, antilaboral y antisocial ocasionó la “Resistencia Peronista”, que expresó a múltiples sectores, con acciones populares, huelgas, boicot productivo, manifestaciones y también acciones clandestinas, explotación de bombas y otros atentados, que antecedieron a la conformación de grupos guerrilleros. Paradójicamente, a despecho de lo que creían sus enemigos, el peronismo se convirtió en una fuerza política e histórica de Argentina, que tiene vigencia hasta el presente, pues fue la base de respaldo del kirchnerismo y, sin duda, del triunfo presidencial de Alberto Fernández el año pasado.

Esta, que parece una historia del pasado, tiene suficientes elementos para comparar con el presente, porque el ensañamiento y la persecución política siguen caracterizando la vida latinoamericana, a pesar de los avances modernizantes. El ejemplo más significativo está en Brasil. Los estudios que se han realizado en Latinoamérica, no han podido soslayar el hecho de que el lawfare, el contubernio de los medios de comunicación más influyentes, la judicialización forzada y selectiva, el afán por desmontar lo construido en cuanto a beneficios sociales, el deseo por recuperar la vía neoliberal-empresarial de desarrollo, a fin de garantizar el dominio de la elite económica tradicional, fueron cuidadosamente empleados para perseguir a Luiz Inácio Lula da Silva (presidente entre 2003-2010), desmontar sus logros y proscribir su figura política.

Argentina del pasado o Brasil en la historia más reciente, han sido el punto de referencia para que el camino de la política del odio contra el otro, se convierta en modelo, atropellando leyes y derechos. Pero las condiciones históricas no son las mismas que tuvo la época de Aramburu. De modo que ya no es posible ocultar las políticas de revanchismo selectivo ante el mundo y mucho menos ante las poblaciones nacionales. Tampoco es posible burlar las institucionalidades nacionales e internacionales sin consecuencias jurídicas y políticas. Como lo demostró el peronismo, los pueblos forjan ideales que los golpes no logran destruir.

El dengue avanza mientras América Latina mira al coronavirus


Los casos de dengue en la región pasaron de 1,6 millones en los primeros cinco meses de 2020, y su combate no debe distraerse por los esfuerzos para enfrentar la pandemia causada por el nuevo coronavirus, advirtió este miércoles 24 la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las cifras del dengue “ponen de relieve la necesidad de proseguir las acciones para eliminar los criaderos de los mosquitos que pueden transmitir la enfermedad, incluso durante la pandemia covid-19”, señaló un informe de la OPS.

Junto con el dengue persisten otras enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes, como la chikungunya, con 37 279 casos reportados, y el zika, con 7452, durante el mismo período enero-mayo.

Aunque las cifras muestran una merma de 10 por ciento con relación al mismo período de 2019, que fue un año epidémico, el dengue mantiene su gravedad y ha causado la muerte a 580 personas en lo que va de año.

La enfermedad avanzó con altibajos a lo largo de la década que concluye, y unos años ha afectado a  más de dos millones de personas y otros a solo 500 000. En 2019 se presentaron tres millones de casos, lo que evidencia que crece o disminuye según la eficacia para eliminar al mosquito transmisor del virus que ocasiona el mal.

Brasil es el principal foco de dengue en la región, pues registró 1 040 481 casos, 65 por ciento del total, y le siguen Paraguay, con 218 758 casos (14 por ciento), y Bolivia y Argentina con 82 460 y 79 775 casos, es decir, cinco por ciento cada uno.

Por el peso de la enfermedad en Brasil, la prevalencia del dengue por cada 100 000 habitantes es de 413 casos en el Cono Sur, de 123 en los Andes, de 63 en América Central  el Caribe, y de 43 en México.

En América Central el dengue afecta sobre todo a Nicaragua, con 25 882 casos y Honduras, con 13 030, y en el Caribe insular se reportó incidencia en las islas francesas San Bartolomé, Guadalupe y Martinica.

Brasil carga con 95 por ciento de los casos de chikungunya este año, y también con reportes de zika, al igual que Bolivia y Guatemala.

Las tres enfermedades, producidas por virus del tipo alfavirus, que emplean al mosquito como vector, comparten algunos de sus síntomas. En el caso del dengue, la sintomatología se asemeja a la de una gripe, pero puede causar hemorragias, en lo que se conoce como dengue hemorrágico, y provocar la muerte.

Las personas con síntomas de dengue “incluyendo fiebre y dolores de cabeza intensos, deben buscar atención médica y estar alertas a los signos de severidad, como vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y mareos”, dijo el jefe de la unidad de enfermedades infeccionas en la OPS, Luis Gerardo Castellanos.

Comentó el experto que “estar confinado en casa durante la pandemia covid-19 es una buena oportunidad para limpiar los criaderos de mosquitos, como recipientes de agua sin tapar o neumáticos viejos, para reducir los criaderos y el riesgo de transmisión”.

Las familias “deben ser alentadas a trabajar juntas dentro y alrededor de los hogares para eliminar agua estancada, reducir y eliminar desechos sólidos y garantizar la cobertura adecuada de los contenedores de agua”, agregó Castellanos.

La OPS pidió a los Estados del hemisferio “hacer un uso efectivo de los recursos disponibles para atacar a los alfavirus, ya que es probable que el personal, el equipo y los suministros se desvíen para dar respuesta a la epidemia covid-19”.

Más allá de Greta Thunberg, voces de mujeres indígenas en la lucha medioambiental



Por MlMila García Nogales 

Nicolasa, de 34 años, es indígena perteneciente a la etnia kaqchikel. Nunca pasó de tercero de primaria. Quiso seguir estudiando, pero su padre y su madre no lo consideraron oportuno por sus «responsabilidades como mujer». G. G.
Para que se alce la voz de las mujeres indígenas el ecofeminismo blanco tiene que callar. Matizo: si no eres racializada y no estás unida al territorio, pero quieres que el mensaje de tus hermanas se escuche, no hables más. Hazte a un lado. Sé un megáfono, no otra mano en su garganta.

Empiezo a escribir este artículo sentada en el sofá de mi piso de Madrid, con los pies en alto y un cojín bajo la espalda. He abierto las ventanas. Estoy cómoda. Empezar a escribir este artículo sentada en el sofá de mi piso de Madrid, con las ventanas abiertas, mientras el aire y la sensación de espacio me dan toda la libertad que necesito, es cómodo. Pero no es justo. Porque, en este momento, en otro lugar del mundo, una mujer con más cosas que decir que yo no tiene ninguna hoja en blanco sobre la que respirar. Esa mujer no cuenta ni con las mismas oportunidades ni con los mismos medios ni, en definitiva, con los mismos privilegios (la comodidad es una metáfora de todo aquello de lo que casi ni te enteras y a lo que, sin embargo, no quieres renunciar) que yo. Esa mujer es muchas mujeres a la vez, y posee tantas voces como mordazas arrastra.

Para que se alce la voz de las mujeres indígenas, el ecofeminismo blanco tiene que callar. Matizo: si no eres racializada y no estás unida al territorio, pero quieres que el mensaje de tus hermanas se escuche, no hables más. Hazte a un lado. Sé un megáfono; no otra mano en su garganta.

Ahora, Nia Huaytalla, con doble nacionalidad argentina/peruana y de raíces apurimeñas y chankas, Violeta Silvestre, chilena, andina, altiplanika, y Ninari Chimba Santillan, perteneciente a la nacionalidad Kichwa de los pueblos Cotopaxi y Otavalo, las tres activistas, las tres indígenas, explican lo que yo no tengo derecho a contar por ellas.

Nia Huaytalla, Argentina/Perú (raíces apurimeñas y chankas)

La crisis climática es una consecuencia de un sistema extractivista y colonial. Históricamente, un 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero fueron causadas por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras «Latinoamérica» entero solo emitió un 3%, igual que África. Sin embargo, los territorios explotados para producción agrícola, ganadera, minera o petrolera casi siempre son del Sur Global y, particularmente, territorios indígenas. También es importante marcar que las clases privilegiadas (que suelen ser blancas) de las ciudades del sur Global son cómplices de esta explotación.

Ahora, ¿quiénes sufren más la crisis climática? Hay muchísimos estudios que apuntan a lo mismo: mujeres racializadas de territorio o de los barrios más precarizados. Mi mamá me contaba cómo la presencia de las mineras en un pueblo cercano contaminó el río de su comunidad; eso hace que tengas que caminar decenas de kilómetros solo para buscar agua y ¿quién lo hace? Las mujeres. Sumado a que con las sequías, desastres naturales, epidemias o inundaciones, las familias sufren mayor precarización y las mujeres racializadas son forzadas a dejar la escuela para trabajar o casarse.

Sin embargo, acá en la ciudad seguimos llamando «caras del ecologismo» a gente blanca europea o de descendencia europea que jamás vivió una complicación así en su vida, todo lo contrario: se benefician constantemente del saqueo al territorio mientras son entrevistadas en medios y asisten a conferencias (financiadas por empresas) a llorar por un futuro cuando a miles de vidas racializadas les arrancaron su presente. Ese ambientalismo cae en el cinismo de intentar «ser diverso», pero esta lucha no les pertenece porque fueron y son opresores.

Lo siguiente va particularmente al ambientalismo blanco, en su mayoría racista, privilegiado, que hace extractivismo epistemológico y se apropia de una lucha histórica: vivir en la ciudad no significa que no te pueda preocupar el medioambiente, pero sabé tu lugar, dejá de apropiar espacios que no corresponden, dejá de usar la lucha para llenar tu ego colonial, cedé espacios a quienes lo viven en primera persona y hazte a un lado, acompañá a las hermanas pero vos no tenes que salvarlas del desastre que vos y tus ancestros crearon.

El ecologismo blanco es un movimiento apropiado y banalizado. Es un chiste que habiendo tanta cantidad de activistas indígenas muriendo todos los años recién la gente empiece a pensar la situación crítica de la crisis climática cuando una niña blanca europea, privilegiada, se sienta con un cartel. Es insultante. Y ni siquiera les importan las vidas negras e indígenas, solo les importa no perder su privilegio de ciudad en el futuro.

Justicia climática es justicia racial. Justicia climática es la reparación histórica que las personas blancas privilegiadas de todo el mundo le deben a las personas racializadas. Tras cientos y cientos de años de saqueo en nuestros territorios, es hora de pagarlos.

Violeta Silvestre, Chile (vinculada al territorio andino del Altiplano)

Una comienza a luchar de diversas formas al ser consciente de todas las opresiones desde el cuerpo, en lo cotidiano. Muchas de esas opresiones cambian tu modo de ver la vida justamente porque se te ha violentado. En el camino, vas encontrando a otras personas como tú, que han vivido situaciones similares de violencia por lo que son o cómo deciden ser, y ahí te das cuenta de que no es solo un problema personal (ya que individualmente no trasciende) sino colectivo, comunitario, de pluralidades diversas. Y lo haces por ti, pero también por quienes te rodean, y con esto no solo me refiero a humanas, sino a la Madre Tierra, a los animales, a las plantas, a las montañas, a todo.

Yo luego de salirme de la universidad me sumergí en la danza, que tiene una memoria ancestral y de lucha. Hoy en día, es lamentable cómo es vista como una actividad blanda y poco trascendental. Sin embargo, dialogar desde el cuerpo ha sido fundamental para mí, y empecé a compartirlo con otras mujeres o disidencias entendiendo estos cuerpos como territorios que también están en disputa y colonizados, patriarcalizados, capitalizados. Conectar con ellos y volver al placer y a la alegría también son actos rebeldes contra el sistema.

El capitalismo y el patriarcado se sostienen por las opresiones sobre otros cuerpos, comunidades o territorios. La naturaleza o la “gran madre” se relaciona con el cuerpo sexuado de las mujeres, sobre todo indígenas. Esta construcción no es casual y justifica la explotación, que opera bajo la lógica extractivista, entendiendo el cuerpo de mujeres racializadas como un territorio. Ambas territorialidades son oprimidas por cuerpos o empresas hegemónicas. Y ser mujer blanca, eurocentrada, de clase media-alta en una ciudad puede implicar privilegios a costa de la precarización del trabajo de las mujeres indígenas y de la depredación de la naturaleza.

Chile es un país que, desde sus cimientos colonialistas, o desde que comenzó a llamarse así, promueve y solo visibiliza a cuerpos blancos hegemónicos. No reconoce a los pueblos originarios de donde actualmente se ubica. Su educación, su medicina: todo yace bajo una perspectiva eurocentrista yanki hecha para que “Chile” sea blanco. Si ni el pueblo mestizo de Chile se reconoce como sujeto de derechos y de vida digna, ¿qué queda para los indígenas? Los apoyos que se reciben son para ser folclorizados, pero nunca para alzar la voz, si la alzas te desaparecen, como a Macarena Valdés, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca o el Machi Celestino Córdoba, que se encuentra en huelga de hambre por ser condenado a 18 años de cárcel por un caso con irregularidades, sin pruebas y con montajes. Tengo mucha rabia a veces con $hile, ese $hile que aspira ser gringo y «exitoso», pero también quiero mucho a ese Chile organizado y rebelde que como pueblo ha construido su historia, y amo montones también a quienes no se sienten parte del nombre Chile, y tienen sus propios nombres previos a llamarse así.

Es ahí en donde nos miramos con nuestros ojos negros, con el cabello fuerte y la memoria larga. Las personas que por generaciones hemos defendido la Tierra ahora nos vemos mucho más amenazadas y con dificultad para subsistir (persecución política, desplazamiento de nuestro territorio, contaminación, etc.). Y a cambio solo somos sujetos de estudio y/o romantización, no agentes que tienen voces y demandas, con estudios, con sentipensares. Si desde el feminismo ha costado llegar a las tribunas y ser escuchadas, desde el pronunciamiento de comunidades indígenas para la defensa de la Tierra cuesta mucho más. El ecofeminismo ha sido un gran aporte, aunque existen feminismos en el aya que que no se nombran como ecofeministas pues muchas de esas teorías nacen eurocentradas y de academicistas blancas. El feminismo del Abya Yala es ese feminismo sin ola, pero que ha estado arraigado a su tierra en acuerpamiento por siglos.

Es necesario, vital, el reconocimiento de las mujeres indígenas que escriben sus luchas. Es necesario un cambio de sistema, la reparación histórica hacia los pueblos originarios que han defendido los territorios, acabar con la impunidad de quienes fueron y son dueños y/o parte de las empresas extractivistas que alteran la ciclicidad de la tierra sin ningún tipo de consideración hacia ella ni a quienes la viven. Es cuestionar y hacernos cargo de nuestros privilegios, es un cambio de paradigma desde lo macro hasta lo micro (y me incluyo), ya que requiere de responsabilidades y cambios radicales de los modos de ser, ver y sentir la vida.

Ninari Chimba Santillan, Ecuador (nacionalidad Kichwa de los pueblos Cotopaxi y Otavalo)

Lucho por el retorno al respeto de todas las formas de vida, humanas y no humanas. Lucho por la generación que aún no ha llegado, y por la que está, por su infancia, por que las primeras letras que aprendan a leer y escribir sean palabras suyas, milenarias, andinas, tan nuestras que escriban su camino tejido al del resto; por que sepan que en la vivencia anida la memoria, que les sonríen, les abrazan y les guían sus ancestras y ancestros, que la escuela forma, pero que la chakra, los paisajes, crían. Quiero que, cuando aprendan lo ajeno, sepan de dónde viene, qué trae, de qué despoja, cómo aporta, cuándo usarlo. Lucho por el resurgimiento de escuelas amables con el saber local, docentes descolonizados con actitud de cariño y respeto hacia los comuneros, comuneras y los wawas, a la lengua nativa y a las prácticas comunitarias de crianza de agrobiodiversidad que cada comunidad andina-amazónica tiene.

Lucho por que el espacio que ocupo me cuestione, me recuerde, me permita, y me retorne a la coherencia y a la cosmoexistencia de mis abuelos, de mi mamá y de mi papá. Lucho por saber usar bien los privilegios ganados con esfuerzo, pero también aquellos con los que nací. Lucho porque la lucha feminista sea interseccional y no se separe de la lucha ecológica. Lucho porque reconozcan, conozcan, las más de 3000 variedades de papa que se cultivan en los Andes, o las variedades de maíz, con tanta variabilidad de colores como nosotres siendo LGBTQ indígenas: porque existimos y nos atraviesan todas las luchas y todos los dolores, pero también todas las resistencias.

Lucho para que nuestra música andina no muera, para que nuestros tejidos y colores no desaparezcan, para que la memoria del corazón no deje de latir porque aún hay mucha lucha que bombear, y el arte lo permite. Lucho para que ninguna wawa se vea al espejo y no se sienta hermosa con su piel y rasgos milenarios, color tierra, que guarda más de 10000 años de antigüedad. Lucho para que las mujeres indígenas aprendamos a soltar la rabia cuando lo necesitemos, y el afecto firme y encariñador cuando sea el momento.

Lucho porque la gente blanca y mestiza no nos cuestione el dolor ni la muerte. Contra su ignorancia, falta de empatía y sensibilidad, carencia afectiva cultural, arrogancia, poder, odio, conocimiento «universal» que no es de todos. Lucho para que no cuestionen nuestros saberes porque su ciencia no logró comprobarlos. Y, aunque digan que hay que cuidar la tierra, no saben hablarle, no saben llorarla, no saben amarla como a sí mismos; pero, sobre todo, no saben defender a los defensores de siempre, los pueblos indígenas campesinos. Lucho para que sea posible la interculturalidad consciente y crítica.

Lucho para que en la lucha medioambiental el privilegio blanco sea una herramienta más de tantas, pero no de poder, no de protagonismo. Por que sea empuje, aliado, pero no el color oficial teniendo a lado a alguien indígena, de territorio, al que se pueda ceder o dar espacio. Lucho por que el ecofeminismo regrese a ver a las mujeres que, aun antes de que se tornara en concepto, en movimiento, siendo analfabetas lo han venido conociendo, gritando, viviendo, tejiendo; por que las escuche y aprenda de ellas. Por que las ecofeministas sean recíprocas en la cotidianidad y enciendan coherencia por donde caminan.

Ser mujer indígena en Ecuador significa vivir con los conflictos socioculturales, religiosos, raciales, homofóbicos o cocidas en la cotidianidad.

Significa saber conjugar la ciudad y el campo en nosotras. Pero también es tener raíz, tener comunidad, tener amparo, crecer con biodiversidad, vivir una interculturalidad a medias o en camino, pero no imposible. Significa llegar a ocupar espacios y luchar para que estos no te absorban, no te contaminen, no te despojen y te hagan olvidar. Significa tener la suerte de comer variabilidad local, significa que en algún momento de tu vida puedas conocer alguna de las 14 nacionalidades y 18 pueblos que habitan en este territorio llamado Ecuador. Significa tener la opción de aprender, de desaprender, de volver a tus raíces. Porque aún hay tesoros vivientes.

Yo también he vivido en España. Vivir en España significa sobrevivir sola, tengas familia o no, vivir sin abrazos inesperados y llenos, sin un tono de voz que no te haga sentir pequeña o tonta, callar o hablar pero casi siempre callar, levantarte con el suspiro de “un día más”, porque otra vez vas a aguantar la incomodidad en los metros, las miradas porque no encajas y nunca lo harás aunque te compres algo de ropa en Primark. Porque nuestra belleza es diferente, nuestros cuerpos son diferentes y nuestras ropas como mujeres indígenas son otras. Significa angustia en las calles porque no conoces los lugares y, como no sabes, te gritan o te hablan duro (normal) porque no saben que nuestra forma de expresar es siempre más cálida y su trato lastima. Y buscas alguna familia o colectivo de personas racializadas para sanar, para sentirte abrazada, querida, amparada, importante, para que sobrevivir sea llevadero.

Para mí, vivir y estudiar en España significa que académicamente tengas que sobrevivir, que aprendas a pelear, que duela, que te ignoren,  que cuestionen tus saberes y conocimientos porque no conocen o no quieren conocer. Pero también es encontrar a personas blancas como docentes o estudiantes (jóvenes, pocas) si tienes suerte; que pregunten, que se cuestionen, que escuchen, que pidan perdón, que agradezcan, que abracen, que quieran ser hermanas, que lo intenten y que, en medio de todo lo doloroso que resulta esa metrópoli para las mujeres indígenas racializadas, sean descanso y amparo. Vivir en España también es buscar los espacios verdes y sentirte en casa por un segundo, o conversar con una persona migrante, sentirte en casa por otros segundos y palpar ya no sobrevivencia sino resistencias.

Si Greta Thunberg ha conseguido convertir la cuestión medioambiental – esa por la que tantas niñas y mujeres como Nia, Violeta y Ninari han sido despojadas de sus tierras, de sus derechos y hasta de sus vidas – en un movimiento global, es porque lo ha hecho desde una posición cómoda, de privilegio; más parecida a mi escena de sofá y ventana que a las identidades indígenas oprimidas que luchan, día a día, golpe a golpe, por lo suyo. La ventaja estructural y sistémica con que la líder de Fridays for future cuenta por el simple hecho de haber nacido blanca y en el Norte mundial con respecto a las femineidades racializadas del territorio se traduce, del otro lado, en opresión. Por cada privilegio siempre hay una opresión.

En el caso de Greta, se conectan las opresiones machista (por ser mujer), edadista (por ser una persona joven en un contexto adulto) y capacitista (por ser Síndrome de Asperger), pero ella en ningún caso sufrirá nunca opresión racista o territorial, vinculadas en tal medida a la explotación capitalista y colonial de la naturaleza que, si no se viven, tampoco el vínculo con ésta se puede llegar a entender o más bien a sentir en toda su dimensión, en toda su honestidad.

Esto deja un gran hueco vacío en su relato: el gran hueco vacío de su relato. Al mismo tiempo, apoya el activismo interseccional y la idea de que, dentro del feminismo, no se da una situación de desigualdad única sino muchas diferentes, con más o menos opresiones relacionadas entre sí, con mayor o menor número de privilegios interconectados, y que cada una de estas realidades merece una habitación propia dentro del feminismo. El problema llega, y prevalece, cuando la falta de empatía de unas favorece la tiranía que se ejerce sobre las otras; cuando las más privilegiadas disfrutamos de varios cuartos en propiedad y las que lo son menos solamente pueden existir de puertas para afuera porque les hemos arrebatado su lugar.