viernes, 26 de agosto de 2022

Corte-IDH deliberará en su 150 período de sesiones la sentencia sobre el caso Deras García vs Honduras

Defensoresenlinea.com

Del 22 al 27 de agosto de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará en Brasilia, Brasil, su 150 Período Ordinario de Sesiones, donde deliberará la Sentencia sobre el Caso Deras García y otros Vs. Honduras.

En un comunicado, la Corte-IDH señala que la coorganización de este Período de Sesiones se realizará junto al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y el Superior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ).

El presidente de la Corte Interamericana, Juez Ricardo C. Pérez Manrique, manifestó que “la celebración de este Período de Sesiones de la Corte Interamericana en Brasil es una gran oportunidad para que se profundice el conocimiento del trabajo del Tribunal, así como la participación en las actividades públicas de todos quienes estén interesados en la temática de los derechos humanos”.

La Corte celebrará de manera presencial audiencias públicas en los siguientes Casos Contenciosos. Todas las audiencias se realizarán en la sede del Superior Tribunal de Justicia de Brasil y serán transmitidas por las redes sociales de la Corte Interamericana (español) y del Superior Tribunal de Justicia (portugués) señala el comunicado.

Las audiencias públicas a realizarse en este 150 periodo ordinario de sesiones son Audiencias Públicas de Casos Contenciosos:

Caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane Vs. Ecuador: El presente caso se refiere a la presunta responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por una serie de alegadas violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane y sus miembros, en el marco de proyectos que presuntamente afectan sus territorios, recursos naturales y modo de vida.

Caso Olivera Fuentes Vs. Perú: El caso se relaciona con la alegada violación de los derechos del señor Olivera Fuentes a la igualdad y no discriminación, vida privada, garantías y protección judiciales, como consecuencia de actos de discriminación basados en la expresión de su orientación sexual ocurridos en un supermercado.

Caso Álvarez Vs. Argentina: El caso se relaciona con las presuntas violaciones a derechos humanos de que habría sido víctima Guillermo Antonio Álvarez en el marco de un proceso penal seguido en su contra, en tanto no habría contado con el tiempo y medios para la preparación de una defensa adecuada.

Además del Caso García Rodríguez y Reyes Alpízar Vs. México: El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional de México por las torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años.

Cabe señalar que en este 150 periodo de sesiones, la Corte deliberará Sentencia sobre el Caso Deras García y otros Vs. Honduras: El presente caso se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la supuesta ejecución extrajudicial de Herminio Deras García, maestro, dirigente del Partido Comunista de Honduras y asesor de varios sindicatos de la costa norte de Honduras, así como a las supuestas amenazas, detenciones ilegales y actos de tortura en contra de sus familiares.

Recientemente el estado de Honduras aceptó su responsabilidad ante la Corte por el crimen del líder del Partido Comunista, Herminio Deras García, en el juicio realizado en esa entidad internacional el 10 y el 11 de mayo pasado. .

La composición de la Corte para este Período de Sesiones será la siguiente: Juez Ricardo C. Pérez Manrique, presidente, (Uruguay), Juez Humberto Antonio Sierra Porto, vicepresidente, (Colombia), Juez Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot (México), Jueza Nancy Hernández López (Costa Rica), Jueza Verónica Gómez (Argentina); Jueza Patricia Pérez Goldberg (Chile) y Juez Rodrigo Mudrovitsch (Brasil).


Reclamar derechos no puede convertirse en delito


Rel-uita.org


Que desmontar el sistema corrupto e impune que dejaron instalado la narcodictadura y los sectores fácticos del país no iba a ser fácil, era de sobra sabido.

Un ejemplo de ello es la investigación penal que el Ministerio Público hondureño ha iniciado en contra de líderes garífunas y el abogado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

El pasado 9 de agosto, en ocasión del Día internacional de los pueblos indígenas, una delegación de miembros de pueblos indígenas y garífunas, acompañada por organizaciones sociales y populares hondureñas, se movilizó hasta las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa.

Después de más de un año de haber solicitado una entrevista con el fiscal general, esta institución nunca respondió a la petición.

Durante la actividad, la Ofraneh condenó la falta de avances en la investigación de los cuatro jóvenes líderes garífunas víctimas de desaparición forzada.

Asimismo, denunció los ataques sistemáticos que sufren miembros de las comunidades garífunas, así como el expolio de territorios ancestrales por la imposición de proyectos extractivistas, de generación eléctrica, turísticos y por la expansión de monocultivos.

También pidió el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente.

Años de discriminación y racismo institucional

Durante años, la organización ha venido denunciando el “racismo institucional” del cual ha sido víctima el pueblo garífuna, así como la falta de voluntad de esclarecer los tantos ataques sufridos y la impunidad que garantiza un sistema de justicia corrupto.

Menos de dos semanas después de la movilización, la Fiscalía contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) informaron que se ha abierto una investigación penal en contra de Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, Luther Castillo, dirigente garífuna y actual ministro de Ciencia y Tecnología, Edy Tábora, abogado de la Ofraneh, y otros líderes que participaron de la actividad.

“Demandamos que, con la misma velocidad con que están actuando en contra de nuestra gente, investiguen las muertes, desapariciones y agresiones contra los pueblos indígenas de Honduras y sus territorios”, escribió la Ofraneh en un comunicado.

“Si el Ministerio Público piensa que con estas acciones de criminalización nos va a amedrentar, se equivoca. Seguiremos luchando por la restitución de nuestros derechos ancestrales y a exigir la investigación para dar con el paradero de nuestros compañeros desaparecidos”, concluye el documento.

“La justicia en Honduras no sólo es cómplice de criminales, sino ente persecutor de figuras altamente trascendentales que han aportado mucho más a la democracia que esta institución. Un pueblo se alzará si tocan a Miriam Miranda. ¡Si tocan a una, tocan a todas!”, aseguró Bertha Zúniga, coordinadora del Copinh.

Varias organizaciones, redes y articulaciones nacionales e internacionales han expresado su solidaridad con las personas que están siendo injustamente investigadas, y han condenado con fuerza este nuevo acto de criminalización de líderes sociales.


Conducir y administrar la Defensa Nacional y la Seguridad: ¿Un asunto del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial?

Radioprogresohn.net

Leticia Salomón

Desde fuera del país leí asombrada los titulares y las declaraciones de algunos personajes acerca de la frustrada aprobación de la iniciativa de ley enviada por el poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su respectiva revisión y aprobación. El amarillismo de los medios y las exaltadas declaraciones de algunos políticos y analistas del medio, con la excepción de algunas figuras respetables que analizaron con más sobriedad la situación, daban la impresión de que Honduras transitaba de forma acelerada a la situación de degradación política y de una especie de locura sin frenos que se vive en la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para desgracia de los nicaragüenses y de todos los centroamericanos que vemos con preocupación lo que ahí sucede. Lo primero que hice, y que debieron hacer todos los exaltados antes de opinar sobre un tema tan sensible, fue leer la ley actualmente vigente (“la ley de JOH como han dado en llamarla”) y la propuesta de nueva ley enviada por la presidenta (“la ley de Xiomara”), además de leer varios artículos de la Constitución de la república relacionados con los temas que se debaten.

Leí y escuché algunas voces del Congreso Nacional explicando el rechazo a la dispensa de dos debates para la aprobación de la ley en cuestión, aludiendo a que se había enviado con muy poco tiempo para su revisión, razón totalmente válida pese a que el Congreso anterior, “el Congreso de JOH”, como solía llamarse, introdujo esa forma increíble de aprobar las iniciativas de ley enviadas por el poder Ejecutivo para que fueran aprobadas sin mayor discusión. Me llamó la atención la mención a presiones externas para que la ley no se aprobara y lo primero que se me ocurrió fue la presión de los militares a través de sus amigos incondicionales que recibieron en algún momento de su carrera política el curso del Colegio de Defensa al que entraron como civiles y salieron camuflajeados de militares, con traje moteado, kepis (o quepis) y anteojos oscuros.

Con lo expuesto anteriormente, les presento mi reflexión:

Por todos es sabido, o debería serlo, que el poder Ejecutivo es el encargado de la administración general del Estado (art.245 de la Constitución); que esa función la ejerce a través de las Secretarías cuyos titulares “dependen directamente del presidente de la república” (art.246); además, este poder del Estado es el encargado de elaborar la política general del mismo (art. 245, incisos 2 y 12), y, consecuentemente, las políticas de Estado en todos los campos de su quehacer, incluyendo la defensa nacional y la seguridad pública.

Con la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, actualmente en vigencia, “la de JOH”, se produjeron algunas verdaderas aberraciones jurídicas, entre ellas:

1. Se le quita al poder Ejecutivo la función constitucional de administrar el Estado y de elaborar las respectivas políticas en todos los campos de la administración pública.

2. Se incorporan al Consejo los otros dos poderes del Estado y el Ministerio Público, anulando con ello sus funciones de control sobre el Ejecutivo en los temas de defensa nacional y seguridad pública.

3. La inclusión de estos en el Consejo, bajo la dirección del presidente del Ejecutivo y en total posición subordinada, anula el precepto constitucional de independencia y complementariedad de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tal y como plantea la Constitución de la República señalando que son “complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación” (Título I, capítulo I, art. 4).

4. Al definir el Consejo como “el máximo organismo permanente encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia” (art. 2 de la ley vigente), suplanta a la presidencia de la República en sus funciones constitucionales (rectorar, diseñar) y al Legislativo su función de controlar/supervisar) colocando a los Secretarios de Estado, que son subordinados de esta, por encima de la presidencia, al igual que a los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, y del Ministerio Público.

5. La ley actual incorpora otra función que no está en el artículo 287 constitucional que crea al Consejo de Defensa y Seguridad, como es la de Investigación e Inteligencia concentrada en “hacer” y no en “coordinar” la inteligencia que hacen varias dependencias civiles, además de las Fuerzas Armadas y la Policía.

6. Esa ley, “la de JOH”, concentra excesivo poder en el secretario del Consejo dado que le adjudica la atribución de “ejecutar las políticas públicas que en materia de Defensa y Seguridad establezca el Consejo” (art.7, inciso 1) con lo cual suplanta las competencias de las Secretarías de Defensa Nacional y de Seguridad.

Con lo anterior conviene preguntarse ¿qué llevó al exmandatario Juan Orlando Hernández a tomar esta iniciativa de concentración abusiva de poder en una instancia del poder Ejecutivo como es el CNDyS, a pesar de que afectaba a la misma presidencia y a los titulares de las Secretarías involucradas? Puede haber varias respuestas, pero es indudable que una de ellas y quizás la más importante es la necesidad de convertir a sus integrantes en CÓMPLICES con la certeza de que, de esa forma, controlaba todos los hilos del poder y desde ahí podía adelantarse a cualquier iniciativa que apuntara a él mismo, a su hermano y a su familia en general en materia de corrupción y narcotráfico. Y definitivamente lo logró: tanto él como su hermano nunca fueron investigados por el Ministerio Público y menos por la Dirección de Investigación e inteligencia creada con esa ley y al servicio de ese Consejo.

Sobre la propuesta de ley:

1. La Constitución habla del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ese es el nombre que debe tener la nueva ley. Para hablar de defensa y seguridad hay que incluir muchos más temas y precisar muy bien los nombres: Defensa Nacional en el caso de los militares (tal y como se denomina la respectiva Secretaría) y Seguridad a secas porque incluye la seguridad pública, que es un asunto policial, y la seguridad del Estado, que es un asunto militar/policial.

2. En la nueva ley se restituye la condición técnica al Secretario del Consejo, o al menos eso parece. Para que lo sea en su totalidad hay que revisar, precisar o completar el artículo 9, inciso VII: “preste auxilio”; el artículo 13 en los incisos III, IV, XV y XVI: “proponer”; V: “presentar”; X: “realizar estudios”; “XIII: “elaborar los lineamientos”; XIV: “establecer cooperación”, recordando que la Secretaría es y debe ser una instancia que presenta, canaliza o somete a consideración del Consejo, iniciativas que provienen de las Secretarías que constituyen el Consejo en los campos de su competencia.

3. Las amenazas a la defensa y seguridad contenidas en la nueva ley son similares a las que se incluyen en muchos países, incluidos los actos de interferencia extranjera que tanto escandalizaron a los amarillistas.

4. El artículo 6 resulta innecesario. No se puede decir que en un plan se van a definir temas centrales como seguridad y defensa nacional y menos que se va a elaborar una agenda de riesgos basada en ese plan, aunque la elaboración de planes es potestad del Ejecutivo y la de agendas de riesgos sería potestad de las Secretarías que integran el Consejo, de forma individual o coordinada, con la aprobación de la presidencia.

Por ello resulta interesante ver la forma en que han manejado la noticia algunos medios de comunicación, varios analistas despistados o malintencionados y más de algún diputado cínico: ¡igual que en Nicaragua!, ¡es una copia de Venezuela! ¡demasiada concentración de poder en la presidenta!, cuando es precisamente lo contrario: en la nueva ley se devuelve la independencia a los otros poderes del Estado y la presidencia de la república recupera su atribución constitucional de coordinar con los INTEGRANTES DE SU GABINETE, que tienen las facultades para hacerlo, los temas de defensa y seguridad al igual que en el pasado se constituyeron los gabinetes económico y social.

Lo de la ley del Consejo de Defensa y Seguridad es apenas el comienzo de la desarticulación de la estructura autoritaria de protección de la impunidad que garantizó el gobernante anterior con el silencio cómplice de quienes constituyeron y aún constituyen ese Consejo. Falta todavía la eliminación de la ley antiterrorista, revisar las funciones de la Dirección de Investigación e Inteligencia, establecer límites a la confidencialidad o reserva de temas de defensa y seguridad para que quede clasificada la información estrictamente necesaria y no las barbaridades que se aprobaron en ese Consejo que tanto defienden los despistados, cínicos o cómplices. ¡Sólo toca esperar que para entonces no salten los mismos de siempre diciendo que ya llegó el comunismo al país…!


La iniciativa de ley de Xiomara Castro respecto al CNDS busca la interdependencia de los poderes

Defensoresenlinea.com

Xiomara Castro Sarmiento presidenta constitucional de HondurasLa presidenta Xiomara Castro envió el miércoles 17 de agosto al Congreso Nacional, una iniciativa de ley que busca la creación de un nuevo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que excluye al Ministerio Público, el Congreso y la Corte Suprema, para que ejerzan independientes sus funciones constitucionales.

En la propuesta del Ejecutivo, el Consejo de Defensa y Seguridad estaría integrado por los ministerios de Gobernación, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores y la Procuraduría, presidido por Xiomara Castro en su condición de Ejecutiva.

La iniciativa de ley de la presidenta Xiomara Castro para la conformación de un nuevo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no tuvo buena acogida en las bancadas del PSH y Liberal
La iniciativa de ley de la presidenta Xiomara Castro para la conformación de un nuevo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no tuvo buena acogida en las bancadas del PSH y Liberal

Este tema fue abordado por el sociólogo, escritor y defensor de derechos humanos Guido Eguigure, en el programa Voces contra el Olvido, que es una producción del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y que se transmite los sábados a las 7:00 pm por Radio Globo.

Eguigure dijo que la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, aprobada en 2011 y actualmente vigente, derogó de facto la independencia de los poderes del estado.

“Esto concentró en las manos de Juan Orlando Hernández todas las decisiones de este país. En palabras sencillas lo que hizo esta ley, es devolver la Doctrina de Seguridad Nacional a su máxima expresión y convertirse prácticamente en un emperador o un Nerón al estilo de la Roma Imperial”, aseguró.

Eguigure indicó que dicha ley derogó de facto la Inter independencia de poderes del estado. Es decir que bajo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se puso al servicio de los dictados de la narco-dictadura, la justicia, la emisión, modificación o derogación de las leyes y todo lo que tiene que ver con la inteligencia y la seguridad del estado.

El sociólogo destacó que con la iniciativa de ley enviada por la presidenta Xiomara Castro al Congreso Nacional para modificar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, hay un elemento a destacar que es la soberanía del estado hondureño.

“Este es un tema fundamental en estos momentos en los que los sectores más conservadores, los sectores más retrógrados de la sociedad hondureña están conspirando para evitar que las reformas estructurales y la derogación del estado criminal instaurado durante 13 años de dictadura, no sea desmontado”, aseguró.

Eguigure dijo que la propuesta de la mandataria hondureña va encaminada a constituir al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con entes que pertenecen al poder Ejecutivo.

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“La diferencia ahí es que no está sujetando ni al Legislativo, ni al Judicial, ni al Ministerio Público, a excepción de entes e instituciones que están bajo el mando del Poder Ejecutivo. Esa es una distancia abismal de lo que hizo la dictadura de Juan Orlando Hernández”, sostuvo.

La propuesta de Xiomara Castro es retornar a un estado democrático, reconstruir el estado de derecho y restituir la soberanía y el control de elementos de defensa y seguridad del estado hondureño, sostuvo el analista.

El sociólogo indicó que con Juan Orlando Hernández (que aguarda juicio por narcotráfico en Estados Unidos) se dejó en manos de una estructura criminal, el control del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y que incluso se puso al servicio de dicha estructura, muchas de las funciones que la defensa y la seguridad de un país como el nuestro, deben estar en manos del Ejecutivo y en función de los intereses del pueblo hondureño.

Hay que recordar que, el hecho de que se haya extraditado a la cabeza de este monstruo que se apoderó del estado hondureño, que es el narcotráfico y el crimen organizado, no significa que esa estructura no siga vigente. Esa estructura permeó a todo nivel, la institucionalidad del estado hondureño y de la sociedad misma, explicó el también defensor de derechos humanos.

“De manera que desmontar esa estructura que además generó toda una maraña legal y una maraña institucional definida por decretos y por leyes, no es tarea fácil”, advirtió.

Eguigure dijo que esta nueva ley que propone el Poder Ejecutivo va en línea del desmontaje de esa estructura criminal y de las funciones que se le habían atribuido, y de devolver la soberanía al estado hondureño, de las decisiones que le competen en materia de defensa y seguridad.

Xiomara Castro Comandante en Jefe de las FFAA
Xiomara Castro Comandante en Jefe de las FFAA

El analista señaló que el fin de la iniciativa de ley de la mandataria es la conservación de la integridad, seguridad y soberanía del estado. Además, tiene la finalidad de proteger al conjunto de la sociedad y garantizar el pleno ejercicio de los derechos, libertades y de la garantía e independencia e integridad territorial.

Guido Eguigure destacó que dicha iniciativa se refiere también a un tema tabú durante el régimen de Juan Orlando Hernández y que tiene que ver con la desclasificación de la información pública.

Otros aspectos están relacionados con controles, valores y definiciones que dan garantía, para que nunca más, se utilice la seguridad nacional del estado, para violentar derechos humanos.

En ese sentido, Eguigure destacó que fue precisamente la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional en los años 80´s, la que cimentó la acción estatal fuera de la ley, para ejecutar a personas consideradas como opositoras al estado.

Respecto a la reacción expresada por el partido Salvador de Honduras (PSH) así como de la bancada Liberal, que se opusieron a la aprobación de la ley en un solo debate, el analista calificó como reacciones normales las mostradas por estos partidos, “cuando se tocan temas tan fundamentales, es preciso que haya debate, que haya rupturas, que haya nuevas alianzas”.

Pero creo que una vez que se estudie claramente y a profundidad lo que se propone en esta nueva ley, pienso que se puede lograr el consenso para avanzar en el desmontaje de este modelo que dio la potestad a una sola persona, que estuvo involucrada en actividades criminales, y que llegó a controlar la institucionalidad misma, sostuvo el entrevistado.

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“Ni siquiera los capos más renombrados del crimen organizado a nivel internacional como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, lograron o hubieran soñado con lograr, lo que logró Juan Orlando Hernández. Tener el poder total del estado y la discrecionalidad para hacer con él, lo que sus propósitos criminales le dictaban”, subrayó.

Por otra parte, Guido Eguigure resaltó que “estos últimos días la matriz mediática que ha sido difundida por los medios corporativos que sabemos a qué intereses están vinculados y también sobre qué agenda están manejando, han subrayado fuertemente el parangón entre lo que puede llegar a ser, dicen ellos, nuestro país, comparado con Nicaragua”.

En este sentido lo que se está “vendiendo” es una agenda basada en el miedo y el temor, que no tiene sustento real, pero que difundida a través de estos medios cala en la población, porque hay que recordar que cosas tan absurdas como el miedo al comunismo se siguen explotando desde estos sectores conservadores, comentó.

Eguigure añadió que todo esto se sigue explotando porque se apela a una conciencia ciudadana que todavía no ha desarrollado el sentido de patria y el sentido de la necesidad de cambiar de conceptos que están ya rebasados.

El sociólogo dijo que todo esto obedece a la hegemonía que están teniendo potencias como China y Rusia en la región latinoamericana y que desde Estados Unidos se pretende asignar a Honduras un papel de contención de un cambio que ya es imposible detenerlo.

“Sabemos que hay todo un ataque hacia los modelos progresistas de América Latina, especialmente hacia Cuba, Venezuela, Nicaragua y también hacia otros países del sur que están optando por un modelo más democrático, más socialista, modelos que devuelvan la dignidad a las personas. Justamente lo que el gobierno de Xiomara Castro está haciendo, proponiendo devolver las prioridades del estado a la persona humana”, resaltó.

El analista destacó que, durante la dictadura de Juan Orlando Hernández, el país alcanzó 75 por ciento de pobreza, con casi 50 por ciento de pobreza extrema y no es posible seguir con un modelo en el que la gente está padeciendo.

Y por el otro extremo las políticas del estado favoreciendo la acumulación de grandes capitales al máximo. Eso no es posible seguirlo manteniendo, advirtió.

En el editorial del COFADEH titulado:” Insólita reacción del Congreso ante iniciativa Presidencial”, el artículo señala que: “…La presidenta Xiomara Castro, investida de poderes por el pueblo hondureño, con iniciativa de ley según la Constitución, envió el miércoles un proyecto para derogar el mamarracho del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del 11 de diciembre de 2011, que mete a todos los poderes en un solo costal…”.

“…Además, Xiomara pidió en la misma iniciativa la derogación de la Ley de Inteligencia Nacional, de 2013, que permitió a la dictadura narcotraficante espiar a medio mundo, incluyendo a los diputados, a los periodistas, a los empresarios y, por supuesto, a los liderazgos sociales a nivel nacional.”

En su propuesta, la presidenta hondureña también pidió derogar la Ley de Seguridad y Policía, incluida la Ley del Sistema Nacional de Emergencia 911, que han producido información de inteligencia a favor de los carteles del crimen organizado incrustados en el aparato estatal.

“…En reemplazo de esos aparatos de inspiración chafista, de vocación antidemocrática y represivos, la mandataria propuso 24 artículos en los cuales se concentran nuevas disposiciones; por ejemplo, sacar de ese parlamento paralelo al Ministerio Público, el Congreso y la Corte Suprema, para que ejerzan independientes. Eso ha sido ese Consejo, un deliberante. Allí se decidía todo, los casos, los juicios, los negocios, hasta el continuismo, llevándose en las patas la interdependencia de los poderes como la concibió Montesquieu…”-

“…En esencia, toda la propuesta está encaminada a desmontar institucionalmente la dictadura chafarótica que instalaron los narcos para endiosar a juan orlando hernandez, el prisionero mil 238 del correccional de Nueva York. Es decir, el mensaje de Xiomara es claro: no necesitamos para gobernar el poder de ese aparataje…”.

“…Pero increíblemente, los diputados de Salvador Nasrralla y de Yanny Rosenthal se unieron a las voces de la bancada criminal y de la embajada de Estados Unidos, que no aceptan la discusión y aprobación de la ley en un solo debate. Reclaman una discusión más profunda antes de agarrar artículo por artículo…”.

“…La derecha ensimismada, que ha perdido los fideicomisos, los contratos de energía y que no logra aún facturar publicidad, tomó esta votación como una victoria propia, como una celebración que Marybel Espinoza y sus aleros liberales hayan entrado al redil de los delincuentes azules, sobrevivientes del cartel de los Hernández. Y los titulares de comparación a Nicaragua no se hicieron esperar, invadieron las portadas de los pasquines cotidianos…”, destacó la opinión editorial del COFADEH sobre este trascendental tema abordado en Voces contra el Olvido.


Libertad para tod@s los perseguidos políticos y de conciencia en Honduras!

Defensoresenlinea.com

Por inexactitud de destino, el juzgado correspondiente de Choluteca no desestimará la constancia extendida por nuestra organización a petición del periodista Jairo López, para quien guardamos respeto, admiración y estima por su valentía, pasión y perseverancia en la defensa de la libertad de expresión y la transparencia en la región sur de Honduras.

Estamos seguras de que, en los próximos días, el propio poder judicial subsanará ese error de jurisdicción, y procederá conforme a derecho.

La persecución y criminalización del periodista López es una enfermedad inadmisible del sistema de impunidad construido por la narcodictadura, que ha afectado a centenares de personas activistas sociales, defensoras, periodistas y minorías discriminadas.

Desde febrero de 2022 hasta la fecha, este Comité emitió más de 100 constancias individuales y colectivas, que han sido respetadas por el poder judicial en el marco de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan.

Libertad para tod@s los perseguidos políticos y de conciencia en Honduras!

COFADEH


Congreso Nacional suspende aprobación de nueva ley de Defensa y Seguridad Nacional

Radioprogresohn.net

Ante la falta de acuerdos con las bancadas del Partido Nacional, Liberal y Salvador de Honduras, la junta directiva del Congreso Nacional suspendió la discusión y aprobación de la nueva Ley de Defensa y Seguridad Nacional.

La ley en discusión, que busca transformar el funcionamiento y composición del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, fue enviada desde el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, diputados y diputadas de liberales, nacionalistas y de Salvador de Honduras se opusieron a la aprobación en un solo debate.

El Secretario del Congreso Nacional y jefe de bancada del Partido Libre, Carlos Zelaya, anunció la suspensión de la discusión porque no lograron los acuerdos que esperaban y señaló que fuerzas extrañas impidieron la aprobación de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional.

Por su parte, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, dijo que la Ley de Defensa y Seguridad y Nacional debe aprobarse con un amplio debate porque establece la independencia de poderes.

Además, Figueroa cuestionó que la Ley está queriendo imponer la secretividad de la información pública y las escuchas.

Del lado del Partido Liberal, el diputado Marlon Lara afirmó que la propuesta de nueva ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tiene elementos buenos porque permite la separación de poderes.

Lara agregó que la Ley también pone en alarma a muchos sectores de la población, puesto que entidades de defensa y seguridad como la Policía Nacional estarán bajo subordinación de la presidenta Xiomara Castro.


Migración vuelven engorrosa aplicación de Amnistía Migratoria en Trojes, El Paraíso

Radioprogresohn.net

A pesar de que ya se está platicando la amnistía en el cobro de la multa por ingreso irregular al país, se mantiene retenida a la población migrante que tiene el territorio hondureño como paso obligado en misión de llegar al norte.

Según explicó en Radio Progreso el defensor de Derechos Humanos, Heriberto Ramírez, todo se debe a que los agentes de migración, que antes atendían hasta 350 personas o más, decidieron sólo atender a 150 personas.

La población migrante se queda varada en el municipio de Trojes, El Paraíso, frontera con Nicaragua, porque no puede desplazarse sin el documento de permiso o salvoconducto. Ramírez aprovechó los micrófonos de Radio Progreso para denunciar los abusos de los que son víctimas los migrantes en los retenes policiales al hacerles cobros ilegales por transitar por el país.


Incertidumbre genera posible construcción de represa el Tablón

Radioprogresohn.net

Imagen tomada de Revista Construir.

La administración de Xiomara Castro Sarmiento anunció la construcción de las represas El Tablón sobre el río Chamelecón y los Llanitos y Jicatuyo en el río el Ulúa a la altura del departamento de San Bárbara, con el objetivo de evitar las inundaciones por fenómenos naturales en el Valle de Sula.

La construcción de estos dos megaproyectos se viene negociando desde hace más de 20 años en Honduras, pero tomó fuerza luego del impacto ambiental y económico provocado por los huracanes Eta e Iota en 2020.

Las represas son promovidas por el sector empresarial, y en junio de este año, el titular de la Secretaría de Energía, Erick Tejada, anunció que el gobierno destinará más de 200 millones de lempiras para la construcción de la represa El Tablón.

Recientemente el Congreso Nacional aprobó un convenio de crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por un monto de mil millones de dólares, con el objetivo de financiar inversión pública, pago de deuda y proyectos de inversión social e infraestructura, entre ellos la construcción de la represa El Tablón.

Pero las comunidades, especialmente de Quimistán en Santa Bárbara, ven con incertidumbre y temor este proyecto porque el gobierno ha sido incapaz de informarles y consultarles si quieren la represa. La información que las comunidades tienen es la que dan los medios de comunicación.

Representantes del patronato en La Ceibita, Quimistán, aseguran que solo en su comunidad serían desplazadas forzosamente más de 500 familias si se construye la represa, porque la cortina y el embalse se construirán donde se ubica el centro del caserío.

El municipio de Quimistán, Santa Bárbara, se declaró libre de proyectos hidroeléctricos, mineros y Zede a inicios del gobierno de Xiomara Castro.

En la asamblea la ciudadanía de Quimistán les recordó a las autoridades la importancia de implementar proyectos que sean informados y consultados, de contrario estos se convierten en violatorios de derechos humanos.

Marcia Gutiérrez del Servicio Social Pasionista dijo en Radio Progreso que, la única información que se conoce sobre la construcción de la represa El Tablón es la que el gobierno ha dado a través de entrevistas en medios de comunicación, donde inicialmente se hablaba de una represa rompe picos, que no generaría energía eléctrica.

Sin embargo, el director de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Humberto Meza Casco, ha manifestado que El Tablón será una empresa de servicios múltiples, donde sí se estará generando energía.

Marcia Gutiérrez habló de la importancia que tiene informar a la población sobre ese proyecto, y lamenta que los actuales funcionarios violenten el derecho a la información pública, y mantengan el mismo discurso y prácticas de gobiernos anteriores.

Conflictos socio ambientales

En Quimistán, Santa Bárbara ya opera el proyecto hidroeléctrico El Cuyagua, que según las comunidades y el propio alcalde municipal Rubén Darío Pacheco, solo ha generado conflicto y desplazamiento de la población.

“Hago un llamado urgente a las autoridades de gobierno para que brinden información de la represa El Tablón al municipio, y para que respeten la decisión que las comunidades han tomado al declararse territorio libre de proyectos hidroeléctricos y mineros”, expresó el alcalde.

Por su parte, Betty Vásquez coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, MAS, dijo que, en reunión sostenida con el ministro de la Secretaria del Ambiente, Lucky Medina, éste manifestó estar a favor de los proyectos hidroeléctricos desconociendo totalmente el impacto negativo que estos acarrean en las comunidades.

La lideresa comunitaria aseguro que han planteado a la presidenta Xiomara Castro la situación que enfrenta el departamento de Santa Bárbara ante la instalación de las represas hidroeléctricas, pero lamenta que tanto la presidenta y otras dependencias del Estado no vean los conflictos socio ambientales que estos proyectos generan, por ende, advierte que están dispuestos a dialogar con las autoridades sin abandonar las calles hasta lograr que la voz de las comunidades sea escuchada.