martes, 30 de septiembre de 2014

"Con Nueva Ley de Protección Social quieren borrón y cuenta nueva"



Entrevista con el dirigente sindical Carlos H. Reyes

El pasado 3 de septiembre, el presidente Juan Orlando Hernández entregó el proyecto de “Ley de protección social para una vida mejor” en manos del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Esta ley podría estar aprobada en las próximas 5 semanas, con una urgencia que deja muchos cabos sueltos.

Las centrales obreras, han pedido al histórico dirigente sindical, Carlos H. Reyes, la elaboración de una contrapropuesta para esta ley, ya que consideran que el actual gobierno lo que pretende es hacer “borrón y cuenta nueva” después del saqueo que sufrió el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS. Cobijando el caso en la impunidad y creando un nuevo sistema más privatizador, la universalidad como la plantean no es posible en las condiciones actuales del país.

Reyes accedió a darnos una entrevista sobre esta propuesta y explicarnos por qué no es factible esa seguridad social de ensueño que ha prometido el gobierno de “la vida mejor”.

Ayer la dirigencia de la Central General de Trabajadores (CGT), Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) difundieron un comunicado en el que establecen no estar en contra de la universalización de la protección social, pero aseguran que con esta ley no se va a lograr.

Este comunicado fue enviado como carta al presidente del CN, Mauricio Oliva para que se abran espacios de diálogo con el sector obrero y la empresa privada para crear otra propuesta de ley. 

“Somos un sector discriminado frente a otros trabajadores en materia de sistemas previsionales y, lejos de fortalecer la poca solidaridad que existe, se están llevando los aportantes con mayor capacidad de pago a un sistema de capitalización individual que acaba con la solidaridad de los que ganan más para con los que ganan menos”, reza la carta.

Carlos H. Reyes, sabe que el sistema de seguridad social en el país ha fracasado. Él dice que lo han hecho fracasar a propósito. En 2001, Reyes participó en el diálogo para reformar la vigente ley del Seguro Social. En ese entonces se cotizaba hasta en 600 lempiras, ese era el techo. Es decir, el 2.5% sobre los Lps.600 el trabajador y el patrono 5% sobre Lps.600. Para Reyes, era imposible sostener una institución así. Los trabajadores del IHSS se fueron a una huelga de 45 días, allí se pusieron los techos hasta Lps. 4800,00 que actualmente se mantienen. En ese entonces, Reyes asegura que la seguridad social estaba quebrada, lograron un techo más alto pero los cambios que querían no sucedieron.

“Para nosotros no debió haber techos porque eso es insolidario, tampoco se logró que quitaran la forma de dirigir el IHSS. Hay que hacer que el tripartismo funcione, pero no ha funcionado hasta ahora, no hay un gobierno corporativo, allí lo que hay es un partido político manejando las instituciones como la seguridad social para su beneficio”.

Reyes y las centrales obreras exigen que se respete el tripartismo, nunca se ha hecho y está comprobado que la dirección así como se ha llevado solamente genera grandes niveles de corrupción.

“En Honduras queremos inventar el agua caliente”

Viendo la necesidad de toda la región centroamericana, y como poniendo la cereza al pastel, especialistas de Argentina, Colombia, Honduras, República Dominicana y Uruguay participaron desde este jueves en Tegucigalpa en el Foro “Seguridad Social en Honduras”, auspiciado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA).

Según estas instancias menos del 25 % de la población recibe estos servicios en la región centroamericana.


El director del Centro de investigaciones del Seguro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Eduardo Melinski, dijo a Efe que en Centroamérica hacen falta “procesos de reajustes” en la seguridad social para ampliar la cobertura de los servicios.

Reyes por su parte asegura que este sistema, especialmente lo que se refiere a los bancos para previsión, ha fracasado en varios países incluidos Chile y 

Argentina. 

“El cuarto pilar del que habla esta nueva ley es el de las AFP (Asociaciones Financieras de Pensiones), el Estado y la banca privada están trayendo a personas de Colombia, Uruguay y República Dominicana. Pero precisamente en Chile han tenido un enorme fracaso y se han visto obligados a hacerles reformas por la manera en que algunos fulanos se han hecho ricos. En Argentina procedieron a estatizar el sistema de nuevo. Aquí todo viene tarde, ya en otras partes fracasaron y se quieren inventar el agua caliente”, explicó.  


Un sistema más o menos solidario

Reyes, nos explica los pilares en que se fundamenta la nueva ley y cómo “la solidaridad” que pregona, no es lo que realmente mueve esta normativa ni el origen de un nuevo sistema. 

Por ejemplo, en el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte, una parte será manejada por el IHSS (las personas que ganan menos de dos salarios mínimos) pero la parte de los salarios más altos será manejada por la banca privada, allí no habrá solidaridad.

Primero están respetando el sistema de reparto, de formar un fondo de pensiones, que lo están sosteniendo hasta dos salarios mínimos, a partir de eso están implementando el sistema de capitalización individual. Esto consiste en que cada quien ahorrará a partir de esos dos salarios mínimos de forma individual para tener su pensión. 

“Nosotros proponemos que todo el sistema sea solidario, de reparto. Esto de la capitalización individual será la parte que podría hacer crecer un poco las pensiones, pero como lo plantean no es solidario y al mismo tiempo estará manejado por la banca privada”.

La propuesta de las centrales obreras también incluye un incremento de las cotizaciones. Según Reyes, actualmente es imposible recuperarse del saqueo que le han hecho al IHSS y la sostenibilidad no se logrará sin estos incrementos. Proponen incrementos paulatinos de 2015 a 2030.

“Los maestros por ejemplo cotizan el 9% de su salario y el Estado cotiza el 16%, los militares cotizan alto también y lo mismo los empleados públicos, solo nosotros los trabajadores del sector productivo somos los que cotizamos muy poco porque históricamente hubo una resistencia de los patronos y el Estado al incrementar sus cotizaciones. Hoy dicen que sí quieren hacerlo solidario y que participen los hondureños y es porque los que ganan más tendrán este sistema de capitalización individual”. 

Inclusión

Una de las cosas que ha hecho más popular esta propuesta de ley es que se incluirá a los trabajadores y trabajadoras independientes, a las personas que viven en condiciones de pobreza extrema, es decir, a toda la población.

El gobierno ha socializado con estos sectores desde mayo de 2014, y ha sido su apuesta más clara. Reyes explica que esa es la parte más bonita de la historia, pero no es real. 

“Están planteando un sistema multipilar:

El primer pilar son las personas en extrema pobreza quienes se incluirán en el presupuesto nacional. En el segundo pilar estarían los independientes, por ejemplo un taxista cotiza lo que puede, el Estado cubriría la diferencia entre lo poco que él puede pagar y lo que debe pagar, esto a través del FOSOL (Fondo Solidario) allí entran las cotizaciones del patrono de las personas que cotizan en capitalización individual. 

Es una forma de solidaridad de lo que cotizan los empresarios con los independientes, de esa manera ellos cubrirían parte de los gastos, pero no todo, y con las condiciones actuales del Estado, eso es insostenible”. 

El problema, asegura Reyes, es que esta ley es como querer borrar el pasado. No parte de la realidad que actualmente se vive. Por ejemplo que el 70% de los asalariados ganan el salario mínimo o menos, ahora con el empleo por hora.

Además, de todos los asalariados del país en el sector privado el 72% no cotiza al IHSS, en el caso del Estado el 28% no cotiza. Hay un grave problema de mora por parte del Estado y también por parte de la empresa privada. 

Otro dato de contexto que nos debe aterrizar cuando los cantos de sirena nos engañan, es que el Estado tiene una política entreguista de lo público. El sistema de salud lo está entregando al mejor postor. 

“El hospital de San Lorenzo ha sido entregado a los azucareros del Sur, el Hospital Escuela entregado a la UNAH y así se van entregando los hospitales públicos, con los mismos presupuestos y los mismos desastres, quitándose toda responsabilidad”.

Reyes asegura que la seguridad social debe actuar desde allí, recuperando los hospitales públicos, recuperando la institucionalidad. 

“Al IHSS le han aplicado la misma medicina que le aplicaron a Hondutel, al sistema de generación, distribución y trasmisión de energía eléctrica, a la lotería nacional, a la portuaria, que consiste en poner en su dirección a gente incapaz y generalmente corrupta para que las maneje, las lleve a la insolvencia, para que el pueblo diga mejor privatícelas porque el Estado es incapaz de manejar esas instituciones. 

El Estado ya fracasó en manejar estas empresas, ya fracasó el sistema de descentralización estatal. Ahora una vez quebrado dicen, vamos a construir una nueva seguridad social, universal y con un manejo nuevo porque el anterior fracasó, llevándose de encuentro la junta tripartita. Aunque antes hubo representación en esta junta, nunca la dejaron funcionar y ahora la desaparecen”.

Contrapropuesta

El COHEP ha estado también alejado de esta propuesta de ley. Hernández dialogó con el otro sector empresarial que trabaja con él, propuestas como la del empleo por hora. El sector maquilero y demás. 

La presidenta del Cohep, Aline Flores, aseguró a medios de comunicación nacional e internacional en el foro sobre seguridad social en Tegucigalpa que “la nueva normativa debe ser consistente, realista y financiable. Debemos ser responsables, la empresa privada no está en contra que los hondureños tengan un sistema de pensiones digno; porque es parte de la competitividad del país. Pasemos de la ficción a la realidad; que sea un sistema viable, adaptable y progresivo, que tengamos un gobierno corporativo”. 

Recomendó que las reformas no deben ser planteadas en base a sueños e idealismos, sino en base a aspectos realistas de la economía.

También, que es incorrecto que a futuro los directores continúen siendo electos por el Poder Ejecutivo, en cambio, recomendó que la selección sea siguiendo estándares profesionales para asegurar el éxito de la reforma social.

En esto coinciden las centrales obreras. 

También en esta contrapropuesta, el sector obrero exige el respeto a la Constitución de la República  en sus artículos: 142-144. También los convenios 102 y 144 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Hasta le están cambiando el nombre a la seguridad social, le dicen protección social, para no dar cumplimiento a la Constitución de la República que dice que los servicios de seguridad social serán prestados por el instituto”, dice Reyes.

En ese contexto, las centrales obreras proponen que en un proceso de corto, mediano y largo plazo hay que proceder a recuperar el IHSS, hay que recuperar lo que se ha perdido. Sin embargo temen que con esto de estar hablando de universalidad social, se esté escondiendo algo. 

“Con esa propaganda masiva, lo que nos están diciendo es que en el seguro social meterán presos a unos pocos ladronzuelos de esos, que no recuperarán el dinero, ni en los remates de casas se recuperarán los varios miles de millones de lempiras que le robaron a esta institución. Para el rescate tenemos que trabajar en forma tripartita de forma responsable y sin la injerencia directa de los partidos de turno. 

Una vez rescatada, que se extienda a ese 72% de asalariados que no paga, que ese fondo de Invalidez, Vejez y Muerte se use para financiar la construcción de hospitales, para innovar estos centros. En vez de que el IHSS esté agarrando préstamos de la banca privada que sea este fondo que ayude a financiar esto. Y poco a poco a medida que la seguridad social se vaya rescatando, vaya tomando los hospitales del país. Ese sería el proceso hasta que el IHSS con la participación comunitaria se pueda manejar de una nueva forma. 

Presiones del FMI 

Como detrás de todo enredo político o negocio jugoso hay intereses más grandes, Reyes asegura que las presiones del Fondo Monetario Internacional juegan un papel determinante en el impulso de esta nueva ley.

“Una de las exigencias del FMI para dar al Estado préstamos por 200 millones de dólares anuales, entre otros aspectos, es que resuelvan lo que se refiere a la ENEE y al IHSS. Esos mensajitos lo que le dicen al Estado es que acabe de privatizar estas instancias y todos los servicios de seguridad social, por eso es la urgencia de esa ley, que se apruebe en 5 semanas”, explicó.

Reyes lamentó que ante este tipo de imposiciones por parte del gobierno, el sector social no tenga capacidad de movilización para revertir estos procesos. Lamenta que el Frente Nacional de Resistencia Popular se haya perdido en el proceso electoral. Pero asegura que es necesario que las centrales obreras se afiancen y comiencen una campaña. 

“Tenemos que aprender a ser Estado, a hacer más eficientes nuestras instituciones, no ser cómplices de los ladrones que saquean, a veces contribuimos con la corrupción como empleados del Estado. Con dirigentes sindicales que a veces se ponen de acuerdo con los ejecutivos para aprobar clausulas  onerosas para las instituciones mismas y onerosas para el resto de los trabajadores, vemos casos en que estos directores se llevan millones de lempiras. Queremos un sistema estatal bien organizado”, concluyó Reyes.

Sequías y Hambrunas expresan la falta de política agraria, según experto Manuel Alemán



En el país hay una alerta nacional porque cerca de unas 100 mil familias que viven en 66 municipios del país se encuentran afectados por la llamada sequía, es decir, sus cultivos y la producción agrícola se están perdiendo a causa de las lluvias, por lo menos es eso lo que explica el gobierno.

Para el ingeniero Manuel Alemán, coordinador del área técnica de la Escuela Agrícola Valle de Sula en la zona norte del país, esto es producto de la falta de voluntad política. “Las sequías y hambrunas expresan la falta de política agraria. El político tradicional no favorece a las grandes mayorías que son los pequeños productores, los campesinos”.

Las zonas más afectadas están ubicadas en los departamentos de El Paraíso en la parte sur occidente, todo Francisco Morazán, centro sur de Comayagua,  Choluteca y Valle.  Asimismo, el Sur de La Paz, Lempira, Intibucá, Copán y Ocotepeque. Esta zona es conocida como el corredor seco del país.


El ingeniero Alemán considera que el gobierno prioriza y motiva la siembra de palma africana. “Aquí dónde estamos (Monterrey, Choloma, Cortés), la gente vivía de la ganadería, vendieron el ganado y metieron la palma en sus tierras, no hay políticas para impulsar la producción de alimentos” Dijo Alemán.

Amecate Corto (AMC) habló con el ingeniero Manuel Alemán (MA) sobre esta realidad que vive el país.

AMC. ¿Qué debemos entender por sequía?
MA. Sequía es falta del recurso agua en los cultivos. El corredor seco es la zona sur y suroriente. Esa zona siempre se ha considerado como zona seca porque llueve muy poco.

AMC. ¿Cómo solucionar?
MA. Allí siempre vamos a tener problemas de sequías. Se puede mejorar pero mientras no se genere conciencia de protección del bosque y que se generen proyectos de sistema de irrigación vamos a seguir con esos problemas. Ya no podemos, a estas alturas, esperar que a llueva. Tenemos que trabajar en sistemas de riego. Ya pasó la época en que el campesino decía siembro en mayo porque ya vienen las lluvias, eso ya no es así.

AMC. ¿Está alterado el ciclo de lluvias?
MA. Si, el ciclo de lluvias se ha interrumpido, ya no tenemos las lluvias como hace 15, 20 o 30 años atrás. Antes decíamos que se podía sembrar después del 3 de mayo pero ahora eso ya no es posible, los productos salen si se cuenta con proyectos de irrigación.

AMC. ¿Esa alteración es producto del llamado cambio climático?
MA. En cierta forma sí. Recordemos que el cambio climático son eventos que se dan como respuesta al mal manejo que el hombre ha hecho a la naturaleza. El alto consumo de combustibles fósiles, las quemas, talas de bosques, la contaminación. Allí surgen los fenómenos del niño y de la niña que cíclicamente se presentan. Eso son periodos largos de verano y periodos intensos de lluvias.

AMC. ¿Pero ya estamos en invierno?
MA. El invierno entra por la zona sur, allá está lloviendo actualmente. Pero hay un fenómeno que afecta la producción y es que las lluvias caen muy copiosas y rápidas. Llueve dos horas muy fuertes y luego se quita drásticamente y no se sabe cuándo volverá a llover, esas lluvias copiosas generan los grandes problemas de inundación. Las lluvias no están bien distribuidas en todo el año.

AMC. ¿Qué se debe sembrar en zonas secas?
MA. La ciencia ha avanzado mucho. Hay que cambiar la forma como estamos sembrando, los patrones de siembra. Ahora hay variedad de cultivos que pueden ser resistente o tolerantes a las sequías. Debemos irnos a la parte científica. No podemos sembrar cultivos que sean exigentes en agua como ser plátanos, bananos o papayas.

AMC. ¿Por qué estos municipios con sequías y hambrunas son los mismos con menos desarrollo humano?
MA. Recordemos que los departamentos de mayor producción invierten más en educación, salud e infraestructura en dichos municipios y ayudan a palear las obligaciones del gobierno. En los municipios del llamado corredor seco no tienen altos índices de producción y generan pocos ingresos, yo así explico esa disparidad en el desarrollo humano de estos municipios. Hace falta mayor atención a esas zonas, hay que reforestar cuencas para reactivar el sistema ambiental e implementar los sistemas de riego e impulsar cultivos que sea resistentes a las sequías.

AMC. ¿En qué etapa de la siembra estamos?
MA. Ahorita estamos iniciando con lo que es postrera. El campesino y el productor está sembrando frijol y maíz, a la vez espera que las lluvias sean recurrente en estos meses para tener una buena producción.

AMC. ¿Cómo afectó la canícula o veranillo que acaba de pasar?
MA. Mire en el Valle de Sula sirvió para preparar el terreno y al nomás llegar la primera lluvia comenzar la siembra y en las laderas sirvió para votar el monte y abonar la tierra también.

AMC. ¿Cuál es el impacto de las sequías?
MA. El impacto es la alimentación de la población. Si no hay producción no hay comida. Por eso estos municipios con sequías están en hambruna.

AMC. ¿Las sequías es sinónimo de hambruna?
MA. Si, pero hay un problema. Ha habido una mala política agraria. Los valles que tiene el país, que son las zonas de mayor productividad, están llenas de palma africana, de caña de azúcar y zacate para biomasa. Esas zonas deben estar llenas de maíz, frijoles, arroz, y cultivos como plátanos, yuca, que alimenten al país. Creo que allí ha habido una mala distribución de los cultivos.

AMC. ¿Cómo hacerlo?
MA. La Secretaría de Agricultura y Ganadería no ha podido restringir. Se tiene que definir qué área vamos a utilizar para palma y qué área vamos a utilizar para granos básico, allí está el problema. Creo que si se cumpliera ahora no estaríamos importando frijoles para alimentar a nuestra gente.

AMC. ¿Por qué cree usted que no se hace?
MA. Es falta de voluntad política. Las sequías y hambrunas expresan la falta de política agraria. El político tradicional no favorece a las grandes mayorías que son los pequeños productores, los campesinos. El gobierno impulsa la siembra de palma africana. Aquí dónde estamos (Monterrey, Choloma, Cortés), la gente vivía de la ganadería, vendieron el ganado y metieron la palma en sus tierras, no hay políticas para impulsar la producción de alimentos.

Proyecto de Presupuesto General para 2015 debe preocupar a la ciudadanía, según FOSDEH



Esta semana comenzó la socialización en el Congreso Nacional del proyecto de Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal del año 2015, pero con ella se vio también la polémica, ya que no hay claridad en el proyecto. Según economistas, esto debe preocupar a la población, ya que sectores fundamentales como salud y educación no están siendo priorizados.

Marlon Tábora presidente del Banco Central de Honduras (BCH) dijo que el Presupuesto General de la República para 2015 es de 185 mil 482 millones de lempiras, menor en dos mil 700 millones de lempiras, comparándolo con el presupuesto de 2014. 
El Foro Social para el Desarrollo y la Deuda Externa de Honduras (Fodeh) decidió no participar en la socialización de dicho Presupuesto debido a la actitud de la mayoría de diputados que de antemano dijeron que aprobarían lo enviado desde el Ejecutivo, sin siquiera discutirlo, además, porque no hay claridad en las proyecciones que hacen los ministros y diputados.

“Nosotros no estamos participando en estas reuniones al interior del Congreso pues, para tener medianamente claridad en este tema tendríamos que saber por ejemplo, cuál es la estrategia real y concreta de inversión pública que se tiene para el próximo año, cuál es la estrategia de desarrollo económico que se está planteando, cuál es la política de endeudamiento que va tener el país para el próximo año, en qué se basan las proyecciones tributarias para el próximo año; pero como todas estas preguntas no tienen respuestas formales por parte del gobierno, es bien difícil llegar a discutir un tema como el presupuesto,” expresó Ileana Morales economista del Fosdeh.

Morales añadió que el gobierno habla de una reducción de casi 3 mil millones de lempiras, y tiene toda la razón, pero si lo comparamos con el presupuesto ejecutado de 2014; la reducción de la que tanto se habla, no existe; estamos hablando más bien, de un incremento de al menos 2 mil millones de lempiras.

El Gobierno asegura que los impuestos que pagan los hondureños generarán 66,571.1 millones de lempiras (el 63.4% del presupuesto), pero el Fosdeh, se pregunta, en qué se basan estas proyecciones tributarias.

En la hoja de prensa de la página del Congreso Nacional se dice lo siguiente en cuanto al crecimiento económico: “La meta sigue siendo la que se planteó en el Programa Monetario que es del 3%, más menos cinco, meta que se mantiene, mientras que la inflación continúa proyectada en 6.5%, más menos uno”.

Mala distribución del presupuesto: Salud y Educación
Según el diputado Francisco Rivera, presidente de la comisión de presupuesto del Congreso Nacional, las Secretarías de Educación y Salud, mantienen el mismo presupuesto de 2014.

En cuanto a la distribución, Morales asegura que es bastante sintomático que sectores como salud y educación que a lo largo del 2014 hicieron reiteradas denuncias, por ejemplo en los hospitales, de desabastecimiento, de problemas instrumentales, de problemas en la parte humana, y que a pesar de esto, el presupuesto de estas dependencias quede inamovible, todo esto debe preocupar a la gente.

El secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, la directora de la DEI, Miriam Guzmán, diputados miembros de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional y jefes de bancada de los partidos políticos, tendrán 3 meses para compartir y discutir los detalles de la elaboración y aprobación del Presupuesto General de la República 2015.

América Latina en la geopolítica del imperialismo


Por Gilberto López y Rivas

El libro de Atilio Boron América Latina en la geopolítica del imperialismo (México, UNAM, 2014) es de importancia estratégica para la lucha de nuestros pueblos contra el imperialismo estadunidense, y está destinado a convertirse en un clásico de obligada lectura, tanto en los ámbitos de la academia como en los de la militancia revolucionaria y las resistencias anticapitalistas. Atilio Boron sobrepasa con creces su propia aspiración, expresada al final del texto, de que esta obra fuera una contribución útil y persuasiva a la batalla de ideas. Con toda justeza, esta acuciosa, seria y fundada investigación ganó el prestigiado Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, que otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y ha sido un gran acierto que la Universidad Nacional Autónoma de México haya decidido publicarla en nuestro país, incluyendo un pertinente postfacio para esta edición mexicana.

Atilio Boron siempre se ha distinguido por su modo franco y sin ambages para tratar temas complejos y controvertidos, los cuales aborda con una afortunada combinación de sencillez y profundidad, de información e interpretación. Desde las primeras páginas introductorias va planteando las tesis que sostienen sus argumentos centrales: la transición geopolítica global se está llevando a cabo no en una época de cambios, sino en un cambio de época, según expresión de Correa, en la que se constata el debilitamiento del poderío global de Estados Unidos, que aunque es y seguirá siendo un actor fundamental del sistema internacional, sus poderes se encuentran acotados, y tomando muy en cuenta que la ratificación histórica señala que en su fase de descomposición los imperios se tornan mucho más agresivos y sanguinarios. Estas tesis van de la mano, a lo largo de la obra, de otra que reitera y demuestra exhaustivamente: América Latina es, para Estados Unidos, la región más importante del planeta; juega un papel crucial en el diseño geopolítico del imperialismo y es la zona del mundo en donde la resistencia al imperialismo estadunidense ha sido más prolongada y tenaz. De este hecho se deriva una idea de la mayor importancia, particularmente para la intelectualidad comprometida con la lucha de los pueblos de nuestra América: el conocimiento del imperialismo, de Estados Unidos como centro del sistema, de su sociedad, economía y cultura, es elemento indispensable de cualquier estrategia emancipatoria. Me considero parte de esta corriente que estudia las élites del poder, como aconsejaba oportunamente C. Wright Mills.

Tratar el significado actual de imperialismo es crucial frente a conceptos como el de globalización, concebido como la interdependencia de todas las naciones, con desconocimiento de las asimetrías económicas y las distintas posiciones que ocupan en el sistema. En el campo de la izquierda, Atilio despeja toda duda sobre el discurso pernicioso que se plasma en las tesis de autores como Michael Hardt y Antonio Negri, que en su libro Imperio llegan a sostener que la edad del imperialismo ha concluido; que hay imperio pero ya no más imperialismo. Con toda razón, se destaca que el efecto de este argumento ha sido el desarme ideológico y político, la desmovilización, y la desmoralización, en un momento en que el imperialismo redobla su agresividad. Coincido en afirmar que más allá de estas confusiones teóricas o alucinaciones discursivas, el imperialismo persiste. Asimismo, es muy importante la afirmación de Boron de que la globalización neoliberal no ha hecho desaparecer a los estados nacionales, de que seguimos viviendo en un mundo de estados nacionales. Para quienes hemos estudiado los avatares de la cuestión nacional, queda claro que si bien la explotación y el despojo se mundializan, la dominación es mediada por estados nacionales. Esto es, el imperialismo pasa inexorablemente por estructuras nacional-estatales de mediación, no es un factor externo, sino que opera a través de una articulación entre las clase dominantes a escala global, lo que se denomina la burguesía imperial, la cual dicta sus condiciones a las clases dominantes locales en la periferia del sistema. Este Estado nacional de competencia –término de Ana María Rivadeo– posibilita el funcionamiento de exacción de excedentes y saqueo de recursos que caracterizan el pillaje imperialista; garantiza la eficaz labor de los aparatos legales y represivos para someter a la fuerza de trabajo y criminalizar a las oposiciones.

Así, el imperialismo continúa siendo la fase superior del capitalismo, en nuestro tiempo, con rasgos cada vez más depredatorios, agresivos y violentos, colocando a la humanidad en los límites de su propia destrucción como especie. El imperialismo actual tiene como su centro indiscutido a Estados Unidos, con cinco oligopolios, siguiendo Boron a Samir Amin: el tecnológico, el control de los mercados financieros mundiales, el acceso a los recursos naturales del planeta, el control de los medios de comunicación y el de las armas de destrucción masiva. En este contexto, la supremacía militar de Estados Unidos es incontestable, dentro de ciertos límites; es capaz de destruir países pero no puede llegar a normalizar el funcionamiento de sus víctimas para garantizar el eficaz saqueo de sus riquezas y el despojo de sus recursos, como demuestran los casos de Irak, Afganistán y Libia. Acorde a nuestro autor, al recurrir el imperialismo cada vez más a la represión, ésta potencia la resistencia de los pueblos, lo que a su vez, requiere incrementar la dosis represiva, en una sucesión creciente de acontecimientos que no tiene otro destino que el derrumbe final del sistema.

Coincidimos plenamente con el autor en torno a la excepcionalidad de la crisis actual. Esto es, vivimos una crisis integral, civilizatoria, multidimensional, cuya duración, profundidad y alcances geográficos el tiempo se encargará de demostrar que son de mayor envergadura que todas las que le precedieron.

Lucha progresista contra el pernicioso individualismo capitalista



Por Frank Barat

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.

En esta entrevista, Angela Davis, activista, profesora, escritora e icono del movimiento Black Power, habla de los vínculos existentes entre las luchas globales. Retomando los temas del feminismo negro, de la importancia de lo colectivo, de Palestina, del complejo industrial de prisiones, la Profesora Davis expone el papel que los pueblos pueden y deben jugar.
-Frank Barat (FB): A menudo hablas del poder de lo colectivo y haces hincapié en la importancia de los movimientos populares. ¿Cómo podemos conseguir ese poder en una sociedad que fomenta el egoísmo y el individualismo?

-Angela Davis (AD): Desde el ascenso del capitalismo global y las ideologías relacionadas con el neoliberalismo, es cada vez más importante identificar los peligros del individualismo. Las luchas progresistas –centradas sólo en el racismo, la represión, la pobreza u otras cuestiones- están destinadas al fracaso si al mismo tiempo no intentan desarrollar la conciencia acerca de la insidiosa promoción del individualismo capitalista. Aunque Nelson Mandela insistía siempre en que sus logros eran logros colectivos conseguidos por hombres y mujeres, sus camaradas, los medios trataron de santificarle como individuo heroico. Un proceso parecido se llevó a cabo para disociar al Dr. Martin Luther King, Jr, del inmenso número de mujeres y hombres que constituyeron el corazón mismo del movimiento estadounidense por la libertad de mediados del siglo XX. Es esencial resistirse a describir la historia como la obra de individuos heroicos para que la gente reconozca hoy su potencial como parte de una comunidad de lucha cada vez más amplia.

-FB: ¿Qué queda hoy del movimiento del Black Power?

-AD: Pienso en el movimiento del Black Power –o a lo que nos referíamos en su momento como movimiento de liberación de los negros- como un momento especial en el desarrollo de la búsqueda de la libertad de los negros. Fue, en muchos sentidos, una respuesta a lo que se percibía como límites del movimiento por los derechos civiles: no sólo necesitábamos proclamar derechos legales dentro de la sociedad existente, sino también exigir derechos sustantivos –puestos de trabajo, vivienda, atención sanitaria, educación, etc.- y desafiar la estructura misma de la sociedad. Esas demandas –también contra los encarcelamientos racistas, la violencia de la policía y la explotación capitalista- se sumaron al programa de diez puntos del Partido de las Panteras Negras (PPN).

Aunque las personas negras han entrado en las jerarquías económicas, sociales y políticas (el ejemplo más espectacular fue la elección de Barack Obama en 2008), hay un abrumador número de ellas sometidas al racismo económico, educativo y carcelario a un nivel mucho mayor que durante la era anterior a los derechos civiles. En muchos aspectos, las demandas del programa de diez puntos del PPN son ahora tan importantes –o quizá incluso más importantes- como durante la década de los sesenta, que fue cuando se formularon por vez primera.

-FB: La elección de Barack Obama fue celebrada por muchos como una victoria contra el racismo. ¿Crees que fue una falacia? ¿Piensas que realmente ha estado paralizando durante mucho tiempo a la izquierda, así como a los afroamericanos implicados en la lucha por un mundo más justo?

-AD: Muchos de los supuestos respecto a la importancia de la elección de Obama están totalmente equivocados, especialmente los que describen que un hombre negro en la presidencia de EEUU simboliza la desaparición de la última barrera del racismo. Pero creo que la elección en sí fue importante, sobre todo porque la mayor parte de la gente –incluyendo la mayoría de la gente negra- no creía al principio que fuera posible elegir a una persona negra para la presidencia. Efectivamente, los jóvenes crearon un movimiento –aunque debería calificarse diciendo que era un cibermovimiento- que consiguió lo que parecía ser imposible.

El problema es que la gente que se asociaba a sí misma con ese movimiento no prosiguió ejerciendo ese poder colectivo como presión, lo que hubiera podido obligar a Obama a moverse en direcciones más progresistas (por ejemplo, contra un incremento militar en Afganistán, por un rápido desmantelamiento de Guantánamo, por un plan más completo de atención sanitaria). Creo que es importante destacar, incluso cuando nos mostramos críticos con Obama, que no habríamos estado mejor con Romney en la Casa Blanca. De lo que hemos carecido en estos últimos cinco años no es del presidente adecuado, sino más bien de movimientos de masas bien organizados.

-FB: ¿Cómo definirías el “feminismo negro”? ¿Y qué papel podría jugar en las sociedades actuales?

-AD: El feminismo negro surgió como un esfuerzo teórico y práctico para demostrar que la raza, el género y la clase son inseparables en los mundos sociales que habitamos. En el momento de su aparición, a las mujeres negras se les pedía con frecuencia que eligieran qué era lo más importante para ellas, el movimiento negro o el movimiento de las mujeres. La respuesta era que esa era una pregunta equivocada. La pregunta más apropiada era cómo entender las intersecciones e interconexiones entre los dos movimientos. Todavía estamos enfrentándonos al desafío de entender las complejas vías por las que se entrelazan la raza, la clase, el género, la sexualidad, la nación y las capacidades, pero también al reto de cómo avanzar más allá de estas categorías para entender las interrelaciones de ideas y los procesos que parecen estar separados y sin vínculos entre ellos. Insistir en las conexiones entre las luchas y el racismo en EEUU y las luchas contra la represión israelí de los palestinos es, en ese sentido, un proceso feminista.

-FB: ¿Piensas que ha llegado ya el momento de que la gente se desenganche de los principales partidos políticos y de ese concepto que nuestros “dirigentes” denominan democracia representativa? El hecho de involucrarnos en un sistema tan corrupto y podrido, gobernado sólo por el dinero y la avaricia, le da legitimidad, ¿no es verdad? ¿Cómo detener esta charada, dejar de votar y empezar a crear algo nuevo y orgánico de arriba abajo?

-AD: Ciertamente, no creo que los partidos políticos existentes puedan constituir nuestros ámbitos fundamentales de lucha, pero el ámbito electoral puede utilizarse como terreno sobre el que organizarse. En EEUU, hemos necesitado durante mucho tiempo de un partido político independiente, un partido de los trabajadores antirracista y feminista. Creo también que tienes toda la razón al identificar el activismo de base como el ingrediente más importante para la construcción de movimientos radicales.

-FB: El mundo árabe ha pasado por cambios tremendos en los últimos años, con revoluciones en curso en muchos países. ¿Qué importancia tiene que en Occidente la gente comprenda la complicidad de nuestros propios gobiernos en el mantenimiento de las dictaduras árabes?

-AD: Creo que es completamente pertinente que los pueblos del mundo árabe exijan que nosotros, en Occidente, impidamos que nuestros gobiernos apoyen a regímenes dictatoriales, y especialmente a Israel. La llamada “guerra contra el terror” ha hecho un daño inestimable al mundo, incluyendo la intensificación del racismo antimusulmán en EEUU, Europa y Australia. Como progresistas del Norte global, no hemos reconocido realmente nuestras importantes responsabilidades en la prosecución de los ataques ideológicos y militares contra los pueblos del mundo árabe.

-FB: Hace poco diste en Londres una charla sobre Palestina, el G4S (Grupo 4 de Seguridad), que es el grupo de seguridad privada mayor del mundo, y el complejo industrial de prisiones. ¿Puedes explicarnos como están vinculados?

-AD: Con el pretexto de la seguridad y el Estado de seguridad, el G4S se ha introducido en las vidas de la gente por todo el mundo, especialmente en Gran Bretaña, EEUU y Palestina. Esta compañía es la tercera corporación más grande del mundo después de Walmart y Foxcomm, y es el mayor empleador privado en el continente de África. Han aprendido a aprovechar el racismo, las prácticas antiinmigratorias y las tecnologías de castigo en Israel y en todo el mundo. El G4S es directamente responsable de las experiencias de reclusión política de los palestinos, así como de todo lo relativo al muro del apartheid levantado allí, del encarcelamiento en Sudáfrica, de las escuelas-prisión en EEUU y del muro a lo largo de la frontera entre México y EEUU. Sorprendentemente, durante la reunión de Londres nos enteramos que el personal del G4S es responsable de ataques sexuales contra las mujeres en determinados centros de detención en Gran Bretaña.

-FB: ¿Cómo es de rentable el complejo industrial de prisiones? Has dicho a menudo que es el equivalente a la “esclavitud moderna”.

-AD: El complejo industrial global de prisiones está continuamente expandiéndose, como se puede ver en el ejemplo del G4S. Por tanto, una puede asumir que su rentabilidad está en alza. Ha llegado a abarcar no sólo prisiones públicas y privadas (y las prisiones públicas están más privatizadas de lo que uno podría pensar y cada vez más sujetas a las demandas del beneficio) pero también las instalaciones para jóvenes, las prisiones militares y los centros de interrogatorio. Además, el sector más lucrativo del negocio de las prisiones privadas es el de los centros de detención de inmigrantes. Puede por tanto entenderse por qué la legislación antiinmigrante más represiva en los EEUU fue redactada por las compañías de las prisiones privadas en un intento manifiesto de maximizar sus beneficios.

-FB: Una sociedad libre de cárceles-prisiones ¿es, en tu opinión, posible o es una utopía? ¿Cómo podría funcionar?

-AD: Pienso que una sociedad sin prisiones es una posibilidad realista en el futuro, pero en una sociedad transformada, una sociedad en la que las necesidades de la gente, y no el lucro, constituya la fuerza motriz. Al mismo tiempo, la abolición de las prisiones parece una idea utópica precisamente porque la prisión y las ideologías que la refuerzan están muy profundamente enraizadas en nuestro mundo contemporáneo. Hay cifras enormes de gente tras las rejas en EEUU –alrededor de dos millones y medio- y cada vez se utiliza más el encarcelamiento como estrategia de desviación de los problemas sociales subyacentes: racismo, pobreza, desempleo, falta de educación, etc. Estas cuestiones no se abordan nunca de forma seria. Sólo es una cuestión de tiempo que la gente empiece a darse cuenta de que la prisión es una solución falsa. La defensa del abolicionismo puede y debería producirse en relación con las demandas de una educación de calidad, de estrategias laborales antirracistas, de atención sanitaria gratuita y todo ello dentro de otros movimientos progresistas. Puede ayudar a promover una crítica anticapitalista y movimientos por el socialismo.

-FB: ¿Qué es lo que el boom del complejo industrial de prisiones está indicando sobre nuestra sociedad?

-AD: Las elevadas cifras de gente tras las rejas por todo el mundo y la creciente rentabilidad de los medios para mantenerlos cautivos son uno de los ejemplos más impresionantes del capitalismo global. Pero los obscenos beneficios que se obtienen del encarcelamiento masivo están vinculados a los beneficios de la industria sanitaria y de la educación y otros servicios humanos comercializados que deberían realmente estar a libre disposición de todos.

-FB: Hay una escena en “The Black Power mixtape”, un documental sobre el movimiento de las Panteras Negras/Poder Negro que apareció hace un par de años, donde el periodista te pregunta si apruebas la violencia. Tu respuesta fue: “¡Qué pregunta, ¿que si apruebo la violencia?! No tiene sentido”. ¿Podrías elaborarla?

-AD: Intentaba señalar que las preguntas acerca de la validez de la violencia deberían dirigirse a esas instituciones que mantienen y continúan manteniendo el monopolio de la violencia: la policía, las prisiones, el ejército. Expliqué que crecí en el sur de EEUU en un momento en el que los gobiernos permitían que el Ku Klux Klan perpetrara ataques terroristas contra las comunidades negras. En aquella época me metieron en la cárcel, tras acusarme falsamente de asesinato, secuestro y conspiración y me convirtieron en un objetivo de la violencia institucional, y van y me preguntan si estoy de acuerdo con la violencia. Fue grotesco. También estaba tratando de señalar que la defensa de la transformación revolucionaria no se basa fundamentalmente en la violencia, sino que tiene que ver con cuestiones sustantivas como mejores condiciones de vida para la gente pobre y la gente de color.

-FB: Mucha gente piensa actualmente que formaste parte de las Panteras Negras, y algunos incluso piensan que fuiste uno de los miembros fundadores. ¿Puedes explicar cuál fue tu papel exactamente, tus afiliaciones en aquel momento?

-AD: No fui miembro fundador del Partido de las Panteras Negras. En 1966, el año en el que se fundó el PPN, me encontraba estudiando en Europa. Después, en 1968, me uní al Partido Comunista y también me convertí en miembro del PPN y trabajé con una rama de la organización en Los Ángeles, donde me encargaba de la educación política. Sin embargo, en un determinado momento, el liderazgo decidió que los miembros del PPN no podían afiliarse a otros partidos, por lo que decidí conservar mi afiliación con el Partido Comunista. Sin embargo, seguí apoyando y trabajando con el PPN. Cuando me metieron en la cárcel, el PPN fue la principal fuerza que defendió mi libertad.

-FB: Volviendo a tu respuesta sobre la violencia, cuando escuché lo que decías en el documental, pensé en Palestina. La comunidad internacional y los medios occidentales están pidiendo siempre, como condición previa, que los palestinos renuncien a la violencia. ¿Cómo puedes explicar la popularidad de esta narrativa de que los oprimidos tengan que garantizar la seguridad de los opresores?

-AD: El hecho de poner la cuestión de la violencia en primer plano sirve casi inevitablemente para tapar los problemas que están en el centro de las luchas por la justicia. Así sucedió en Sudáfrica durante la lucha contra el Apartheid. Fíjate que a Nelson Mandela –al que han santificado como el defensor más importante de la paz de nuestro tiempo- le mantuvieron en la lista estadounidense de terroristas hasta 2008. Los aspectos más importantes de la lucha palestina por la libertad y autodeterminación se minimizan y se vuelven invisibles ante quienes intentan equiparar la resistencia palestina ante el apartheid israelí con el terrorismo.

-FB: ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Palestina? ¿Qué impresión dejó en ti esa visita?

-AD: Viajé a Palestina en junio de 2011 con una delegación de activistas/académicas feministas indígenas y de color. La delegación incluía mujeres que habían crecido bajo el Apartheid sudafricano, bajo las leyes Jim Crow del Sur y en las reservas indias. Aunque todas habíamos estado anteriormente implicadas en el activismo solidario palestino, todas nosotras nos quedamos terriblemente impactados por lo que vimos y decidimos animar a nuestros distritos a que se unieran al Movimiento del BDS (siglas en inglés de Boicot, Desinversión y Sanciones) y ayudar a intensificar la campaña por la libertad de Palestina. Más recientemente, alguna de nosotras nos implicamos en conseguir que se aprobara una resolución que instaba a participar en el Boicot Académico y Cultural de la American Studies Association. Las componentes de la delegación se involucraron en la aprobación de una resolución de la Modern Language Association censurando a Israel por rechazar la entrada de académicos estadounidenses en Cisjordania que iban a enseñar e investigar en las universidades palestinas.

-FB: Hay varios medios de resistencia de los que pueden disponer los pueblos oprimidos por regímenes racistas o coloniales o por ocupaciones extranjeras (i.e., Protocolo Adicional I del Convenio de Ginebra), incluyendo el uso de de la fuerza armada. En la actualidad, el movimiento de solidaridad palestino se ha comprometido con la vía de la resistencia no violenta. ¿Piensas que con sólo esto se pondrá fin al apartheid israelí?

-AD: Desde luego, los movimientos de solidaridad son por su propia naturaleza no violentos. En Sudáfrica, incluso cuando se estaba organizando un movimiento de solidaridad internacional, el CNA (Congreso Nacional Africano) y el PCSA (el Partido Comunista de Sudáfrica) llegaron a la conclusión de que su movimiento necesitaba de un ala armada: Umkonto We Siswe. Tenían todo el derecho a tomar esa decisión. Del mismo modo, le corresponde al pueblo palestino utilizar los métodos que estime más convenientes para tener éxito en su lucha. Al mismo tiempo, está claro que si Israel está aislado política y económicamente, como la campaña del BDS intenta, no podrá seguir adelante con sus prácticas de apartheid. Si, por ejemplo, nosotros, en EEUU, obligamos a la administración Obama a interrumpir sus ocho millones de dólares al día de apoyo a Israel, se iniciaría un largo camino de presiones a Israel para que pusiera fin a la ocupación.

-FB: Formas parte de un comité para la liberación del preso político palestino Marwan Barghouti y de todos los presos políticos. ¿Qué importancia tiene, para que prevalezca la justicia, que todos ellos sean liberados?

-AD: Es fundamental que se libere a Marwan Barghouti y a todos los prisioneros políticos que se hallan en las cárceles israelíes. Barghouti lleva dos décadas tras las rejas. Su terrible situación refleja el hecho de que la mayor parte de las familias palestinas han tenido o tienen al menos a un miembro encarcelado por las autoridades israelíes. Actualmente hay alrededor de 5.000 presos palestinos y sabemos que desde 1967, Israel ha enviado a prisión a 800.000 palestinos (el 40% de la población masculina). La demanda de liberar a todos los presos políticos palestinos es un ingrediente fundamental de la exigencia de acabar con la ocupación.

-FB: Durante una charla en la Universidad Birbeck de Londres, dijiste que la cuestión palestina tiene que convertirse en una cuestión global, una cuestión social que debería llevar en su programa o agenda todo movimiento que luche por la justicia. ¿Qué quisiste decir con esto?

-AD: Que al igual que la lucha contra el apartheid sudafricano fue una causa abrazada por los pueblos de todo el mundo e incorporada a muchas agendas de justicia social, las organizaciones y movimientos involucrados en causas progresistas por todo el planeta deben involucrarse de igual modo en la solidaridad con Palestina. Se ha tendido a considerar a Palestina como una cuestión aparte –y, lamentablemente, demasiado a menudo, marginal-. Este es precisamente el momento de animar a todos los que creen en la igualdad y en la justicia para que se unan al llamamiento por una Palestina libre.

-FB: La lucha es interminable, ¿verdad?

-AD: Yo diría que nuestras luchas maduran, producen nuevas ideas, nuevos planteamientos y nuevos terrenos con los que comprometernos en la búsqueda de la libertad. Como Nelson Mandela, debemos estar dispuestos a abrazar el largo camino hacia la libertad. 

* Frank Barat es un activista por los derechos humanos, vive en Londres. Es asimismo coordinador del Tribunal Russell sobre Palestina. Ha editado dos libros: “ Gaza in Crisis: Reflections on Israel’s War Against the Palestinians”, con Noam Chomsky e Ilan Pappe, y “ Corporate Complicity in Israel's Occupation” , con Asa Winstanley. Ha participado también en el libro “ Is There a Court for Gaza?” , con Daniel Machover .

lunes, 29 de septiembre de 2014

UNAH aprueba elevar índice de permanencia de estudiantes del 40 al 60 por ciento



El máximo órgano de educación superior, en un amplio debate y con oposición de la representación estudiantil, aprobó el artículo 253 que dice que “el índice académico mínimo de promoción en los estudios de grado en ningún caso será inferior al 70 por ciento y en los de postgrado es de 75 por ciento para la permanencia y promoción”.

Con 37 votos a favor y 11 en contra el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) aprobó los artículos 243 y 253 que regularán los índices de matrícula como permanencia en una carrera universitaria, que en la actualidad es del por ciento.

Al respecto, el artículo 243 aprobado menciona que: “para matricularse en la UNAH, es de requisito obligatorio para todos los estudiantes de grado de ingreso regular (reingreso) e irregular (que se ha retirado en un lapso de tiempo) ostentar un índice académico global mayor o igual al 60 por ciento después del tercer período académico cursado”.

Sobre este artículo, el Consejo anexó uno de transición para su aplicación, donde establecieron que la normativa se aplicará, en el caso de los alumnos de primer ingreso, a partir del primer período académico del 2015, y para todos aquellos que ya están matriculados en la universidad tendrán un plazo de dos años para subir su índice al 60 por ciento, es decir, que entrará en vigencia a partir de 2017.

El máximo órgano de educación superior, en un amplio debate y con oposición de la representación estudiantil, aprobó el artículo 253 que dice que “el índice académico mínimo de promoción en los estudios de grado en ningún caso será inferior al 70 por ciento y en los de postgrado es de 75 por ciento para la permanencia y promoción”.

Sobre el artículo 253, el Consejo Universitario al igual al artículo 243, añadió un artículo de transición, que establece que se aplicará progresivamente para las carreras de grado, que el índice mínimo de promoción será de 65 por ciento a partir del tercer período académico de 2015, esto para dar tiempo que se aplique la evaluación del docente y las medidas que hay que tomar, explicó la vicerrectora Rutilia Calderón y hasta llegar a un 70 por ciento a partir del segundo período académico de 2016.

En ambos artículos la representación estudiantil votó en contra, debido que consideraba que los plazos de los artículos de transición eran demasiado cortos.

Los estudiantes han efectuado varias protestas en días recientes ante una eventual expulsión de alumnos que tienen a la fecha índices que oscilan entre el 40 y 60 por ciento.

Otro año récord en deportaciones para Honduras



Por tercer año consecutivo, Honduras experimenta hoy cifras récord en repatriaciones procedentes fundamentalmente de Estados Unidos, México y Guatemala, precisa un informe del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR).

Según datos de esta entidad, hasta la fecha han sido deportadas 29.355 personas desde Estados Unidos por vía aérea, cifra que representa un promedio mensual de 3.200, por lo que de mantenerse este comportamiento el actual año podría significar el retorno forzoso a su lugar de origen de al menos 39 mil hondureños.

De acuerdo con sor Valdette Willeman, directora del CAMR, esta cantidad sería la más alta registrada desde que Estados Unidos inició las deportaciones de hondureños en la década pasada, producto de la imparable oleada de personas que todavía creen en el llamado sueño americano.

En el caso de México y Guatemala, las estadísticas registran la expulsión de 31.953 hondureños en lo que va de 2014, precisa la fuente.

En 2012 se estableció el primer récord en deportaciones de hondureños desde Estados Unidos con 32.340, la suma más alta cuantificada desde el 2000, cuando arreciaron las repatriaciones.

Al año siguiente, la cifra ascendió a 38.342. Justamente en 2013 el flujo migratorio de hondureños a Estados Unidos experimentó la variante del éxodo de menores que dejaron los hogares para salir en busca de sus padres.

Sobre este particular, datos del gobierno estadounidense establecen que al menos 13 mil menores de edad llegaron solos a esa nación entre octubre de 2013 y julio de 2014.

Destituyeron jefe militar hondureño por no reducir violencia



El jefe en la zona norte de Honduras de la denominada Fuerza de Seguridad Nacional (Fusina), coronel German Alfaro, fue destituido del cargo por no poder reducir la alta tasa de criminalidad que azota esa región.

De manera sorpresiva, se dio a conocer la información que Alfaro era relevado del cargo ya que la misión que se le encomendó no la pudo cumplir y fue nombrado en el cargo René Ponce.

El portavoz de Fusina, José Coello, manifestó que Ponce fungía en el cargo de titular de de Operaciones y Adiestramiento de las fuerzas militares hondureñas.

Con relación al exjefe militar, dijo que este pasará al cargo que deja el sucesor.

El gobierno creó esta fuerza compuesta por policías y miembros de las FFAA para reducir la violencia que azota el país, que ha sido calificado por organismos internacionales como “una de las naciones más violentas del mundo”.

Alfaro estuvo al frente del batallón Xatruch que se encuentra estacionado en el Valle del Aguán; tampoco puso reducir masivo tráfico de drogas que hay en la región y la escalada criminal.

Agrupaciones campesinas señalan al coronel de mentir con relación a la crisis que padecen los labriegos que han sido atacados por la fuerza pública y guardias privados de terratenientes que controlan grandes extensiones de tierra.

Resoluciones de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas



La Asamblea General, Aprueba el siguiente documento final:
Documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 

1. Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y representantes de los Estados Miembros, reafirmando nuestro compromiso solemne con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en un espíritu de cooperación con los pueblos indígenas del mundo, nos hemos reunido en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York los días 22 y 23 de septiembre de 2014 con ocasión de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas para reiterar la importante función que desempeñan permanentemente las Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.

2. Acogemos con beneplácito los procesos preparatorios de los pueblos indígenas para la Conferencia Mundial, incluida la Conferencia Preparatoria Mundial de los Pueblos Indígenas que se celebró en Alta (Noruega) en junio de 2013. 

Tomamos nota del documento final de la Conferencia de Alta y otras contribuciones de los pueblos indígenas. Acogemos con beneplácito también el proceso preparatorio inclusivo de la reunión plenaria de alto nivel, en particular la amplia participación de representantes de los pueblos indígenas.

3. Reafirmamos nuestro apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, y los compromisos que hemos contraído al respecto de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con los principios aplicables de la Declaración.

4. Reafirmamos nuestro solemne compromiso de respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de los pueblos indígenas y de defender los principios de la Declaración.

5. Además de la Declaración, recordamos los otros grandes logros de los últimos dos decenios en cuanto al desarrollo de un marco internacional para promover los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas del mundo, como el establecimiento del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la creación del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el establecimiento del mandato del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Nos comprometemos a tener debidamente en cuenta las recomendaciones y el asesoramiento ofrecidos por esos órganos en cooperación con los pueblos indígenas. 

6. Alentamos a los Estados que todavía no han ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la Organización Internacional del Trabajo, o que no se han adherido a él, a que consideren la posibilidad de hacerlo. Recordamos que el Convenio impone a los Estados que lo ratifican la obligación de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas.

7. Nos comprometemos a adoptar, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, medidas apropiadas a nivel nacional, incluidas medidas legislativas, administrativas y de política, para alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y promover que se conozca entre todos los sectores de la sociedad, incluidos los integrantes de los órganos legislativos, el poder judicial y la administración pública. 

8. Nos comprometemos a cooperar con los pueblos indígenas por medio de sus instituciones representativas a fin de definir y poner en práctica plane s de acción, estrategias u otras medidas nacionales, según corresponda, para alcanzar los fines de la Declaración. 

9. Nos comprometemos a promover y proteger los derechos de las personas indígenas con discapacidad y a seguir mejorando sus condiciones sociales y económicas, por medios como la concepción de medidas específicas para incluirlas en los planes de acción, las estrategias o las medidas antes mencionados, en colaboración con las personas indígenas con discapacidad. Nos comprometemos también a velar por que las estructuras legislativas, políticas e institucionales nacionales relacionadas con los pueblos indígenas incluyan a las personas indígenas con discapacidad y contribuyan a promover sus derechos. 

10. Nos comprometemos a trabajar con los pueblos indígenas para desglosar datos, según corresponda, o hacer encuestas y a utilizar indicadores holísticos del bienestar de los pueblos indígenas a fin de abordar la situación y las necesidades de los pueblos y las personas indígenas, en particular las personas de edad, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad. 

11. Nos comprometemos a asegurar la igualdad de acceso a una educación de alta calidad que reconozca la diversidad de la cultura de los pueblos indígenas y a la salud, la vivienda, el agua, el saneamiento y otros programas económicos y sociales para mejorar el bienestar, mediante, entre otras cosas, iniciativas, políticas y el suministro de recursos. Nos proponemos empoderar a los pueblos indígenas para que lleven adelante esos programas en la medida de lo posible. 

12. Reconocemos la importancia de las prácticas de salud de los pueblos indígenas y su medicina y conocimientos tradicionales. 

13. Nos comprometemos a asegurar que las personas indígenas gocen de igualdad de acceso al más alto nivel posible de salud física y mental. Nos comprometemos también a intensificar los esfuerzos para reducir las tasas de VIH y SIDA, malaria, tuberculosis y enfermedades no transmisibles dando prioridad a la prevención con programas, políticas y recursos adecuados para las personas indígenas, entre otros medios, y a asegurar su acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 

14. Nos comprometemos a promover el derecho de los niños indígenas, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. 

15. Apoyamos el empoderamiento y el desarrollo de la capacidad de los jóvenes indígenas, incluida su participación plena y efectiva en los procesos de adopción de decisiones sobre los asuntos que les conciernan. Nos comprometemos a desarrollar, en consulta con los pueblos indígenas, políticas, programas y recursos, cuando corresponda, dirigidos a mejorar el bienestar de los jóvenes indígenas, en particular en los ámbitos de la salud, la educación, el empleo y la transmisión de los conocimientos, los idiomas y las prácticas tradicionales, y a adoptar medidas para promover el conocimiento y la comprensión de sus derechos. 

16. Reconocemos que las instituciones de justicia de los pueblos indígenas pueden contribuir de manera positiva a dar acceso a la justicia y a resolver las controversias y fomentan las relaciones armoniosas en el seno de las comunidades de los pueblos indígenas y en la sociedad. Nos comprometemos a coordinar y mantener un diálogo con esas instituciones, allí donde existan. 

17. Nos comprometemos a apoyar el empoderamiento de las mujeres indígenas y a formular y poner en práctica, en colaboración con los pueblos indígenas, en particular las mujeres indígenas y sus organizaciones, políticas y programas destinados a promover la creación de capacidad y a fortalecer su liderazgo. 

Apoyamos las medidas que aseguren la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles y en todos los ámbitos y eliminen los obstáculos a su participación en la vida política, económica, social y cultural. 

18. Nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos, en cooperación con los pueblos indígenas, para prevenir y eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra los pueblos y las personas indígenas, en particular, las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad, mediante el fortalecimiento de los marcos jurídicos, políticos e institucionales. 

19. Invitamos al Consejo de Derechos Humanos a que considere la posibilidad de examinar las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, en consulta con el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros titulares de mandatos de procedimientos especiales en el marco de sus respectivos mandatos. Invitamos también a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a que examine la cuestión del empoderamiento de la mujer indígena en un futuro período de sesiones. 

20. Reconocemos los compromisos contraídos por los Estados, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos. 

21. Reconocemos también los compromisos contraídos por los Estados, en la Declaración, de establecer a nivel nacional, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente para reconocer, promover y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con las tierras, los territorios y los recursos. 

22. Reconocemos que los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales aportan una importante contribución a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. 

Reconocemos la importancia de la participación de los pueblos indígenas, siempre que sea posible, en los beneficios de sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 

23. Nos proponemos trabajar con los pueblos indígenas para abordar los efectos que tienen o puedan tener en los pueblos indígenas los grandes proyectos de desarrollo, incluidos los relacionados con las actividades de la industria extractiva, entre otros fines para gestionar debidamente los riesgos. 

24. Recordamos la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas de respetar todas las leyes y todos los principios internacionales aplicables, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y de operar con transparencia y de manera responsable desde el punto de vista social y ambiental. A este respecto, nos comprometemos a adoptar nuevas medidas, según proceda, para evitar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. 

25. Nos comprometemos a desarrollar, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, y cuando proceda, políticas, programas y recursos para apoyar los oficios, las actividades de subsistencia tradicionales, las economías, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de los pueblos indígenas. 

26. Reconocemos la importancia de la contribución que los pueblos indígenas pueden hacer al desarrollo económico, social y ambiental por medio de las prácticas agrícolas tradicionales sostenibles, incluidos los sistemas tradicionales de suministro de semillas, y el acceso a créditos y otros servicios financieros, a los mercados, a regímenes seguros de tenencia de la tierra, a los servicios sociales y de atención de la salud, a la educación, a la capacitación, a los conocimientos y a tecnologías apropiadas y asequibles, en particular para el regadío y la captación y el almacenamiento de agua. 

27. Afirmamos y reconocemos la importancia de los lugares religiosos y culturales de los pueblos indígenas y de hacer posible el acceso y la repatriación de sus objetos de culto y de restos humanos de conformidad con los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nos comprometemos a establecer, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, mecanismos justos, transparentes y eficaces para el acceso y la repatriación de objetos de culto y de restos humanos a nivel nacional e internacional. 

28. Invitamos al Consejo de Derechos Humanos a que, teniendo en cuenta las opiniones de los pueblos indígenas, revise los mandatos de sus mecanismos ya existentes, en particular el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, durante el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, con miras a modificar y mejorar el Mecanismo de Expertos de manera que pueda promover más eficazmente el respeto de la Declaración, entre otras cosas ayudando mejor a los Estados Miembros a seguir de cerca, evaluar y mejorar el logro de los fines de la Declaración. 

29. Invitamos a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos a examinar la Declaración en el marco de sus respectivos mandatos. Alentamos a los Estados Miembros a que incluyan, según proceda, información sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, incluidas las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos de la Declaración, en los informes que presentan a esos órganos y en el proceso del examen periódico universal. 

30. Acogemos con beneplácito la contribución cada vez más importante de las instituciones nacionales y regionales de derechos humanos al logro de los fines de la Declaración. Alentamos al sector privado, la sociedad civil y las instituciones académicas a que contribuyan activamente a promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas. 

31. Solicitamos al Secretario General que, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas y los Estados Miembros, ponga en marcha la elaboración, dentro de los límites de los recursos existentes, de un plan de acción para todo el sistema que asegure un enfoque coherente para lograr los fines de la Declaración, y que informe a la Asamblea General en su septuagésimo período de sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social, sobre los progresos realizados. Invitamos al Secretario General a que asigne, antes de que termine el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea, a un alto funcionario del sistema de las Naciones Unidas con acceso a los más altos niveles de adopción de decisiones del sistema la responsabilidad de coordinar el plan de acción, crear mayor conciencia sobre los derechos de los pueblos indígenas al más alto nivel posible y aumentar la coherencia de las actividades del sistema a este respecto. 

32. Invitamos a los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, así como a los coordinadores residentes, a que, según proceda, cuando se les solicite, apoyen la ejecución de planes de acción, estrategias y otras medidas nacionales para alcanzar los fines de la Declaración, en consonancia con las prioridades nacionales y los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, si los hubiera, mediante una mejor coordinación y cooperación. 

33. Nos comprometemos a examinar, en el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General, la forma de hacer posible la participación de representantes e instituciones de los pueblos indígenas en las reuniones de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas sobre los asuntos que les conciernan, incluida toda propuesta concreta formulada por el Secretario General en respuesta a lo solicitado en el párrafo 40 del presente documento final. 

34. Alentamos a los Gobiernos a que reconozcan la importante contribución de los pueblos indígenas a la promoción del desarrollo sostenible a fin de lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras y la necesidad de promover la armonía con la naturaleza para proteger nuestro planeta y sus ecosistemas, a los que en múltiples países y regiones se denomina la Madre Tierra. 

35. Nos comprometemos a respetar las contribuciones de los pueblos indígenas a la ordenación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible, incluidos los conocimientos acumulados a través de la experiencia en la caza, la recolección, la pesca, el pastoreo y la agricultura, así como sus ciencias, tecnologías y culturas. 

36. Confirmamos que los conocimientos y las estrategias de los pueblos indígenas para conservar su entorno han de respetarse y tenerse en cuenta cuando definamos los enfoques nacionales e internacionales para mitigar el cambio climático y adaptarnos a él. 

37. Hacemos notar que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y establecer las prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En este sentido, nos comprometemos a tener debidamente presentes todos los derechos de los pueblos indígenas al elaborar la agenda para el desarrollo después de 2015. 

38. Invitamos a los Estados Miembros y alentamos activamente al sector privado y otras instituciones a que hagan contribuciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, el Fondo Fiduciario para el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas y la Alianza de las Naciones Unidas con los Pueblos Indígenas como medio de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. 

39. Solicitamos al Secretario General que incluya información pertinente sobre los pueblos indígenas en su informe final sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

40. Solicitamos al Secretario General que, en consulta con el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas y los Estados Miembros, y teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los pueblos indígenas, informe a la Asamblea General en su septuagésimo período de sesiones sobre la aplicación del presente documento final y que en el mismo período de sesiones presente, por conducto del Consejo Económico y Social, recomendaciones sobre la manera de utilizar, modificar y mejorar los mecanismos de las Naciones Unidas ya existentes para alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, medios para lograr un enfoque mejor y más coherente en todo el sistema para alcanzar los fines de la Declaración, y propuestas concretas para hacer posible la participación de representantes e instituciones de los pueblos indígenas, sobre la base de su informe sobre medios para promover la participación en las Naciones Unidas de los representantes de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.

sábado, 27 de septiembre de 2014

Trancazo eléctrico: ¿Acaso el FMI tiene la última palabra?



Por Javier Suazo 

 Comunidad Guadalupe Carney sigue apostándole a la vida a pesar de persecución
El ajuste económico a inicios de los años 90s abrió el sector eléctrico al capital privado. La Ley Marco del Sub-sector Eléctrico aprobada en noviembre de 1994 tuvo como objetivo fundamental regular las actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, para lo cual se dio vida al gabinete energético para formular y evaluar las políticas del sector. ¿Nunca se formuló una política de Estado de largo plazo? Igual se crea la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) que no se supo cuál era su verdadera función, ya que sus actuaciones eran de oficina de trámites de contratos de energía para los operadores privados y la actualización de las tarifas.
En octubre de 2007, al capturarse la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) por grupos y poderes fácticos representados por un oligopolio de generación de energía térmica, el gobierno de Zelaya Rosales aprobó la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, que facilitó la proliferación de proyectos de inversión que, para su ejecución, debía secuestrarse a los ríos, micro cuentas y cuencas del país, así como a los pobladores. La Ley de Producción y Consumo de Biocombustibles le siguió, pero el resultado más visible es la presión desmedida por la tierra agrícola y la expulsión de campesinos productores de alimentos, frente a la siembra de palma africana, cacao y el azúcar. 
Los mismos empresarios de las empresas térmicas capturaron la mayor parte de estas iniciativas de inversión, sumándose políticos de turno; el caso de la energía eólica y solar observa una mayor partición de capital privado externo. Sin embargo los costos sociales, ambientales y las violaciones de los derechos humanos han sido demasiado altos para el país, aunque todavía, como era de esperarse, la dependencia de la energía térmica sigue siendo mayor.
El asalto a la ENEE ha sido salpicado por actos de corrupción, acompañado de una politización y mala gestión técnica y financiera. En el gobierno de Zelaya Rosales hubo más de cuatro gerentes de la ENEE, incluyéndose él mismo. Las pérdidas de la ENEE representaban el 25% por no facturación, que significaba unos 200 millones de dólares anuales; los grandes morosos no se tocaron ya que incluía connotados líderes empresariales y políticos, y las pérdidas por concepto de un subsidio generalizado superaron los 3 mil millones de lempiras, pero además se otorgó dicho beneficio a consumidores de hasta 300 kilovatios.
El golpe de Estado profundizó la crisis de la ENEE ya que se autorizó la ejecución de proyectos hidroeléctricos en áreas de bosques protegidos, modificó la formula de importación de combustibles y se otorgaron licencias ambientales para proyectos de energía renovable como si fueran cupones de comida para indigentes. El balance de la empresa de la ENEE arrojó un déficit de cerca de 3 mil millones de lempitas al 31 de diciembre de 2009.
El gobierno del Humanismo Cristiano (2014-2013) no se quedó atrás; politizó la ENEE, las pérdidas crecieron, la mora aumentó y se observó un mayor drenaje de recursos del fisco para cubrir los déficits operaciones. Se ensayaron varias alternativas, desde la creación de una junta interventora hasta el ofrecimiento de los empleados de la empresa eléctrica colombiana para capitalizar la ENEE, siempre y cuando se tuviera el 51% de las acciones de capital, lo cual no se aceptó. 
La alternativa aprobada por el Congreso de la República en el marco de las Alianzas Público-Privadas, que a juicio del presidente del Sindicato de la empresa Miguel Aguilar, fue para favorecer a los Bancos del Sistema opuestos a la propuesta de los colombianos, es la operatizacion de tres fideicomisos para el rescate financiero de la empresa. Un fideicomiso con el Banco Atlántida para recuperar pérdidas en el área de despacho y trasmisión; un fideicomiso con Ficohsa para pérdidas en distribución y flujo financiero y otro, de menor cuantía, con el Banco Continental por iluminación pública; ya no habrá una ENEE, sino que tres (3) unidades empresariales operando bajo un esquema distinto.
El problema con estos fideicomisos es que marchan a “paso de tortuga” ya que tienen más de un año de haber sido autorizados por el gobierno sin que estén debidamente conformados, en el entendido que solo recuperan ingresos pero no invierten capital ¿del mismo cuero las correas?. En el caso particular de los fideicomisos con Banco Atlántida y Ficohsa, el FMI espera que se avance ya que no puede aprobar una Carta de Intenciones sin tener claridad de cómo se recuperan dichas pérdidas y los aportes de capital (inversiones) fresco por el operador privado internacional a contratar; más de algún banco está pensando en una figura donde el operador no invierta y solo cobre a los contribuyentes comerciales, dejando un porcentaje para los gastos y sus beneficios. 
El presidente del BCH ha expresado que la solución de la crisis financiera de la ENEE contempla varias intervenciones: a) reducción de las pérdidas que representan un 32%, a razón de una pérdida de 1 millón de dólares diarios ¿Unos 7,000 millones de lempiras al año?, aspirando a una reducción gradual máxima de cerca de 23% al finalizar el gobierno; b) la reingeniería institucional que permita sanear la empresa y mejorar la gestión administrativa y técnica, pero eliminando también el paracaidismo político y la burocracia de cuello blanco; c) renegociación de los contratos con las empresas térmicas con una deuda de 320 millones de dólares ¿revisar los costos fijos caso por caso, tiempos de pago, el calculo del costo marginal, colocación de bonos para pagar deudas viejas?; d) focalización de los subsidios ¿ pagarán más los indigentes ya que en actualidad el subsidio se redujo a los que consumen menos de 50 kilovatios; f) ajuste de tarifas. 
Sobre esto último, ya se habla de un ajuste de 10% de la factura de energía, que representa ingresos adicionales al fisco de 2,000 millones de lempiras al año. Ha sido rechazado por la colectividad nacional incluyendo a los empresarios y el colegio de economistas. Para los miembros del Sindicato de la ENEE, el ajuste de las tarifas sería mayor por cuanto es la única manera para que los bancos y operadores privados cubran los costos reales de operación y recuperen su inversión
El presidente del BCH considera que el ajuste de tarifas es la última opción, pero deducimos que si no se logra firmar con el FMI será la primera opción. Tanto la recuperación de perdidas como la reingienria institucional llevan tiempo, como también es evidente que el ahorro por focalización de subsidios no será significativo y puede más bien afectar a un grupo poblacional vulnerable. El drenaje de recursos que causa la situación financiera de la ENEE es diario, por lo que es de esperar que se ajusten las tarifas de inmediato en tanto la ENEE opera con costos por debajo del costo real. El ajuste de tarifas fue una de las recomendaciones del FMI en 2010, que sirve de justificación para exigir de nuevo su cumplimiento.
Es poco probable que los diez (10) trancazos económicos que ha sufrido el pueblo hondureño después del golpe de Estado, sea un factor que pueda utilizarse para que el trancazo eléctrico no forme parte de la condicionalidad exigida por el FMI, aunque un punto a favor es que el presidente de la Republica está en contra de cargar al pueblo con más impuestos.