martes, 31 de marzo de 2015

Por el Derecho a la Verdad y Memoria de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos



Por Sandra Rodríguez

La Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó cada 24 de marzo para que se conmemore el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

El propósito del Día es promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia.
Además, rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño.
En esta fecha, en el año 1980, fue asesinado el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, quien fuese ferviente defensor de la causa de los Derechos Humanos en el hermano país centroamericano.
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba una misa en la capilla del hospital de la Divina Providencia en San Salvador.
El sacerdote católico fue célebre por denunciar en sus homilías las violaciones de derechos humanos y por expresar solidaridad con las víctimas de la violencia política que se vivía en esa época.
Por lo que, tomando en cuenta su ejemplo, en 2010 la Asamblea General de la ONU declaró el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
La observación promueve la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia; y rinde tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger las garantías básicas de todos y a quienes la han perdido en ese empeño.
Conocido popularmente como San Romero de América, a 35 años de su asesinato, el Vaticano ha reconocido su martirio por “odio contra la fe” y lo beatificará el próximo 23 de mayo en San Salvador.

Argentina reemplaza tres palabras: “control de país” por “Memoria, Verdad y Justicia”
Y es que, “la memoria nos ayuda a iluminar el presente y a generar el futuro en la vida de los pueblos y en nuestras propias vidas. La historia es memoria de la vida de los pueblos, que se fue construyendo en el tiempo, entre luces y sombras, entre el dolor y la resistencia. Argentina es sacudida y violentada por la última dictadura militar y por todas las dictaduras implantadas en América Latina impuestas a través de la Doctrina de Seguridad Nacional por los EE.UU. Los golpes militares y sus mecanismos del terror, metodologías que llevaron al asesinato, torturas, desaparición de personas, destrucción de la capacidad productiva del país, y los miles de exiliados dispersos en el mundo, están en nuestra memoria…"

Fragmento de la Carta de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, con motivo del 30 aniversario del golpe militar
"La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento", dice León Gieco en su canción "La memoria", esa memoria que se volverá a reivindicar hoy cuando se conmemoren 39 años del Golpe militar que durante siete años sumió en la noche más oscura a la Argentina.
A 39 años del golpe militar: los pueblos sin memoria son pueblos dormidos, manifiesta el pueblo argentino, quien dedica este día a una jornada para recordar y analizar qué les pasó en esos 2.818 días, llenos de violencia, dolor y ausencias.
El 24 de marzo de 1976 el general José Rogelio Villarreal le dijo a Isabel Martínez de Perón: "Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada".
"Control del país", tres palabras que contenían un futuro fatídico: disolución de los partidos políticos, cierre del Congreso, reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, supresión de la actividad sindical y debacle económica y social.
Este "control del país" fue teñido de sangre con más de 30.000 desaparecidos; detenidos por razones políticas que fueron víctimas de una violencia extrema y vejámenes y 500 bebés robados a sus padres biológicos, a quienes se les cambió la identidad.
"Control del país", también significó una brutal y aniquiladora política económica.


El régimen militar impulsó las bases de un nuevo modelo económico: el neoliberalismo, con la idea de que el Estado debía intervenir lo menos posible en el mercado.
De esta forma, se configuró un país regresivo en lo económico y socialmente injusto, publica hoy http://www.telam.com.ar
39 años después, "control del país" es reemplazado por otras tres palabras Memoria, Verdad y Justicia, que son los pilares en los que una sociedad debe apoyarse para poder mirar hacia delante, pero sin olvidar y aprendiendo de los errores.
Entre otros hechos, la memoria de los argentinos se despierta con 116 nietos recuperados, más de 200 detenidos-desaparecidos identificados a través de sus restos encontrados enterrados clandestinamente; más de 100 ex centros clandestinos de detención señalizados para recordar que por allí pasó el horror y con 11.941 víctimas que vieron y verán sentados en el banquillo de los acusados a sus verdugos.
La memoria se despierta cuando son llevados ante la justicia los jueces cómplices y los empresarios que no dudaron en "entregar" a sus trabajadores a cambio de beneficios económicos bañados en sangre.
Pablo Neruda dice en su poema "Los enemigos": "Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la Patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo".

En Honduras la impunidad es una norma
En nuestro país, la crisis en materia de derechos humanos continúa profundizándose  en forma acelerada, lo que demuestra la pérdida del estado de Derecho y la debilidad institucional incompetente para  sancionar a los  perpetradores  de crímenes, tanto en los hechos históricos como en los casos actuales.
La impunidad y falta de justicia es norma en el país, lo que motiva a que agentes del Estado se sientan autorizados para cometer abusos de todo tipo que van desde el asesinato por razones políticas, hasta secuestros por colusión con el crimen organizado.
El  Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, sólo registra  una condena  por detención ilegal  en los casos de graves violaciones a derechos humanos en la década  de los años ochenta, pese a las abundantes evidencias existentes que comprometen a los agentes del Estado.
Documentó 189 desapariciones ocurridas durante la década de los ochentas. Asimismo, tiene evidencia de que en 40 casos de desapariciones forzadas actuales, desde el 2006 al 2013, estaban involucrados agentes de todas las fuerzas de seguridad del Estado.
La situación actual es sumamente grave; y, el actual gobierno ha adoptado la posición  simplemente de esconder las cifras, minimizar los hechos y  presentar un discurso a la opinión pública -nacional e internacional- que el país está cambiando, porque lo que más les preocupa es la reputación y la imagen del gobierno y no atender las  violaciones a los derechos fundamentales.

En Honduras el estudiante que exige sus derechos es merecedor de represión



Cuatro estudiantes asesinados, varios heridos y otros cuatro desaparecidos ha sido el recuento de una jornada de manifestaciones estudiantiles que se dieron esta semana en Honduras. Uno de los hechos que ha indignado a la población es que una de las estudiantes asesinadas apenas tenía 13 años de edad y había manifestado su descontento por la falta de mobiliario en su instituto, el Central Vicente Cáceres. Organizaciones como Casa Alianza en Honduras han condenado estos asesinatos y los vinculan con una política represiva del Estado en contra de la juventud. 

Estudiantes de varios colegios públicos en Tegucigalpa,  durante dos semanas han realizado jornadas de manifestación en contra del nuevo horario de clases decretado por el ministro de Educación Marlon Escoto. Las y los estudiantes, que rechazan la nueva medida por los altos niveles de criminalidad en Honduras y que además exigen la mejora de la infraestructura escolar, han sido reprimidos con bombas de gas lacrimógeno, golpes y detenciones  por parte de elementos de la Policía Nacional.

“Cuando ellos empezaron a sacar el equipo antimotines nosotros le dijimos que era en paz, en paz y ellos llegaron, se acercaron demasiado a donde nosotros teníamos nuestra protesta; quemamos una llanta para que no se acercaran y empezaron a lanzar bombas lacrimógenas”, decía una estudiante del Central Vicente Cáceres, al momento en el que los policías decidieron parar la represión contra los más de 100 alumnos y alumnas.

Ese mismo día, 15 de marzo, dos jóvenes de dicho instituto resultaron heridos de bala, uno en el abdomen y el otro en el glúteo; un oficial de policía, quien se identificó como Turcios, que estuvo a cargo del operativo aseguró que los estudiantes, ingresados a la emergencia del Hospital Escuela Universitario, fueron heridos con el arma de un guardia de seguridad privada.

“Nosotros no hemos hecho uso de las armas de fuego, nosotros no hemos hecho uso de nuestras armas, usted mira que estamos replegando, vea la represión de que somos objeto”, declaraba vagamente el oficial Turcios.

A falta de bombas de gas lacrimógeno y después de arrestar a varios jóvenes, los policías determinaron parar la represión de esa tarde de lunes.

Horas después de la represión en el Instituto Central Vicente Cáceres, el ministro de educación, Marlon Escoto, emitía un comunicado en el que pide a la población estudiantil presentar sus propuestas por escrito para atender de forma diferenciada la ampliación de los horarios clase.

Represión en UNAH

La mañana del miércoles 25 de marzo, los alumnos de los institutos Técnico Honduras,  Jesús Aguilar Paz, Hibueras, Técnico en Administración de Empresas y la Normal Mixta Pedro Nufio se tomaron el bulevar Suyapa, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras –UNAH-, una vez más fueron reprimidos. 

Los policías antimotines y militares  ingresaron hasta las instalaciones de Ciudad Universitaria para reprimir al grupo de jóvenes, que se refugiaron en dicho lugar, con una lluvia de gas lacrimógeno. 

La manifestación era diferente, porque no solo exigían derogar la nueva ley de la Secretaría de Educación, demandaban justicia  por el asesinato de dos dirigentes estudiantiles del Instituto Jesús Aguilar Paz y una alumna del primer curso de ciclo común en el Instituto Central Vicente Cáceres. 

Elvin García López y Darwin Josué Martínez Hernández, que estudiaban en la jornada nocturna, mientras conversaban, a inmediaciones del Instituto Jesús Aguilar Paz, fueron acribillados por sicarios.

Dentro de un saco blanco y con signos de estrangulamiento, de acuerdo a las declaraciones de Medicina Forense, fue encontrado el cuerpo de Soad Nicole Ham Bustillo, de 13 años, en las cercanías del Instituto Central.

“La comunidad estudiantil estamos de luto. Estamos demostrándole al gobierno que con los estudiantes nadie se tiene que meter, porque si nos mataron a los estudiantes ¿qué nos pasará como dirigentes?”, expresa Obed García del Instituto Mixto Hibueras, con la voz entrecortada, al recordar a sus “compañeros de lucha”.

Obed demanda del gobierno de Juan Orlando Hernández y su ministro de educación “seguridad en los institutos, en las calles y no represión”.

“Un oficial de la Policía Nacional me dijo que a mí no me iban a buscar en una posta sino que me iban a buscar en un cerro, directamente eso es una amenaza a muerte. Entonces yo no le tengo miedo a la muerte, pero no es lo que queremos, aquí en este país ya no queremos más muertes, solo por el derecho que nosotros nos hacemos valer como estudiantes”, denunció el dirigente estudiantil.

Miembros del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH- sirvieron de mediadores y lograron que los policías se alejaran para que los alumnos salieran de las instalaciones de la UNAH: “más allá de una cosa contundente, que los estudiantes puedan retirarse del centro educativo sin ninguna persecución y ningún requerimiento de parte de la Policía”, explicaba Dennis Muñoz del CIPRODEH.

El comité por la Libre Expresión –C-LIBRE-, emitió una alerta en la que destaca que Cuatro estudiantes del Instituto Héctor Pineda Ugarte -HPU- desaparecieron después de participar en una protesta frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

“Son cuatro compañeros del HPU que estaban ayer en la lucha cuando nos estaban reprimiendo en la UNAH, se suponía que estaban en la posta de Valle de Ángeles, se movilizaron y la posta estaba cerrada. La luz del fondo estaba encendida, tocamos, tocamos y nada que nos abrieron, no sabemos su paradero no han llegado a su casa a dormir y viendo la situación en que estamos, son compañeros que han estado al frente de la lucha, han dado su cara”, se detalló en la alerta.

Exigen que el Congreso Nacional interpele al ministro de educación

La tarde del jueves 26 de marzo estudiantes de diferentes carreras de la UNAH realizaron una manifestación para repudiar los actos de represión y el asesinato de Elvin, Darwin y Soad. No hubo represión, pero sí una fuerte militarización en los accesos a Casa Presidencial.

José Luis Somoza, estudiante de último de sociología, comenta que se solidarizan con los jóvenes de educación media porque “están siendo asesinados por reclamar un derecho; porque creen que el derecho a la educación es un derecho humano y que se deber de respetar y garantizarse, y en el país actualmente no se nos garantiza a ninguno de los niveles, solo se nos garantiza represión y desaparición”.

En la manifestación, que inició frente a la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán y finalizó en las cercanías de Casa Presidencial, los estudiantes y las estudiantes pidieron la pronta interpelación en el Congreso Nacional de Marlon Escoto, ministro de educación, ante la “falta de un diálogo y consensos” para la implementación del nuevo horario de clases.

“Como estudiante y como mujer exijo al Frente Nacional de Resistencia Popular –FNRP- retome el camino de la movilización nacional, porque si no nos van a matar a todos y todas. También exijo a la bancada de oposición que interpele al ministro Marlon Escoto, para exigir su renuncia”, manifestó Kelly Núñez, estudiante universitaria e integrante del Partido Socialista de los Trabajadores -PST-.

La jornada de manifestaciones culminó con los discursos estudiantes de varios estudiantes de los diferentes centros estudiantiles, los que también exigen la renuncia del titular de educación.

Marlon Escoto se ha limitado  emitir comunicados de prensa y a expresar que las protestas estudiantiles son impulsadas por el Partido Libertad y Refundación -LibRe, dirigentes magisteriales, docentes y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.

"Ni vagos, ni delincuentes; simplemente estudiantes"



Durante la presentación del informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma  de Honduras (UNAH); donde se relata el comportamiento de los homicidios en el país, se realizaba un evento que reflejó la violencia que vive Honduras. Los estudiantes de distintos colegios de la capital Tegucigalpa, se concentraron en las afueras de la UNAH y fueron reprimidos por la autoridad policial y militar que acudieron a la zona.

En la represión hubo gases lacrimógenos, piedras, y resultaron heridos un policía y un estudiante, además fueron detenidos más de una docena de chavos y chavas.

Además, una noticia que conmovió al país entero ayer fue el hallazgo del cuerpo sin vida de una alumna del Central Vicente Cáceres, quien con apenas 13 años de edad ya participaba en las protestas estudiantiles exigiendo mejores condiciones.

En el programa Más que Dos, de Radio Progreso, los periodistas Sandra Marybel Sánchez y José Peraza, conversaron ayer con dirigentes estudiantiles de Tegucigalpa, capital de Honduras. Obed García y José Eduardo quienes contaron, indignados, lo que han vivido estas últimas semanas entre represiones y asesinatos. 

“Nosotros defendemos la educación y el presidente ha armado un escuadrón para que elimine a cada uno de los dirigentes, pero que sepa el presidente que eso no nos llena de miedo, si no que nos hace más fuerte, porque sangre de mártir… semilla de libertador. Mi madre derrama lágrimas por mí, me dice: hijo cuídate y cuida a tus compañeros. Pero que quede claro ante todos los medios, que solo por reclamar un derecho nos quieren matar. 

Un policía dijo que a mí no me fueran a buscar en la posta si no en el cerro, eso es una amenaza de muerte”, expresó Obed, estudiante del Instituto Mixto Hibueras y dirigente estudiantil.

¿Cambio de escenario en protestas?

El joven además dijo que en Honduras se alegran por los 200 días de clases pero aunque eso llene de alegría a todo el pueblo hondureño, su deseo va más allá, “queremos una educación pública laica y de calidad, estamos en un país donde al Ministro de Educación, Marlon Escoto; le interesa más la cantidad de días de clases, que la calidad educación de los mismos. En Tailandia por ejemplo, tienen uno de los mejores sistemas educativos del mundo, y reciben solamente 4 horas diarias de clases y 130 días al año, es entonces un clarísimo ejemplo, que no es la cantidad de días que si impartan de clases, si no la calidad de los mismos. A nosotros nos quieren tener con 6 horas de clases diarias, viendo el gobierno los grandes índices de violencia que tenemos en el país”, dijo García.

En la movilización que terminó en represión frente al Alma Máter ayer por la tarde participaron estudiantes de diferentes centros educativos; como el Instituto Técnico Honduras, Instituto Nueva Suyapa, Héctor Pineda Ugarte, Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), Milla Selva, la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio Gamero, Instituto Mixto Hibueras, Central Vicente Cáceres y el Instituto Cultura.

“Era una marcha pacífica, donde manifestamos nuestros derechos como estudiantes que somos, pero al ver militares adelante con escudos, con esos palos, con gases lacrimógenos y la tanqueta, cuando la marcha ya iba por la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) un militar lanzó una bomba lacrimógena y entonces nosotros estando tan cerca de la universidad entramos para resguardarnos, y más a las compañeras,  cuando estábamos dentro de la universidad, compañeros de la “u” como buenos hermanos que son, nos brindaron su ayuda y salieron a defendernos”, expresó Obed García.

Ayer el Ministro de Educación a través de un comunicado expresó que los demás colegios habían aceptado los nuevos horarios de clases, y García dice que es mentira. 

“La policía nos reprimió y de tanto que nos reprimían, nosotros también actuamos, a algunos compañeros se les subió la adrenalina mucho más rápido; al ver que compañeras se estaban ahogando del humo, que estaban llorando en el suelo, compañeros golpeados y que estaban siendo detenidos, no entendemos lo de la represión, si nosotros solo luchamos por una educación de calidad”, dijo José Eduardo alumno del Intae y dirigente estudiantil.

Riesgos y demandas

“Exigimos seguridad, transporte y una mejor infraestructura de los colegios públicos, porque la mayoría de ellos se está cayendo a pedazos y eso los medios de comunicación lo pueden ver, pero lo que pasa con ellos, es que manipulan la información. Responsabilizamos al gobierno que si algo nos pasa la culpa va sobre ellos, porque estamos recibiendo amenazas de que vamos aparecer muertos por estar apoyando la lucha de nuestro derechos”, continuó diciendo el joven José.

Los estudiantes prometen llegar hasta agotar todas las instancias, hasta que se les cumpla sus derechos, hasta que se les respete y le hicieron saber al ministro de educación, Marlon Escoto que ni son vagos, ni son delincuentes, que simplemente son estudiantes que defienden sus derechos y que se hacen valer por sí mismos.

Vocero de Policía Nacional y analista debaten matices de situación de violencia en Honduras



En el programa Más que Dos emitido por Radio Progreso, los periodistas Sandra Marybel Sánchez y José Peraza conversaron con el subcomisionado Leonel Sauceda, vocero de la Policía Nacional y Fabricio Herrera, analista y estudioso del tema de seguridad en el país para debatir sobre la situación de violencia que aqueja el país. 

El último dato arrojado por el Observatorio de la Violencia, es 66 muertes por cada 100,000 habitantes y mañana se presentará un nuevo informe. Los periodistas cuestionaron este dato contra poniéndolo con el día a día de múltiples asesinatos o masacres, asesinato de jóvenes, de niños y de mujeres en este país.

“Sin importar por donde se vaya hoy en día, nos damos cuenta que si tomamos para la izquierda, para la derecha, para el frente o para atrás, sin importar para donde nosotros vayamos, habrá una barrera metálica”, cuestionó la periodista Sandra Marybel Sánchez.

El subcomisionado Leonel Sauceda respondió diciendo que se han hecho muchas cosas para contrarrestar la violencia en el país, pero que a su vez falta mucho por hacer. “Sin importar el lugar en donde nosotros nos encontremos, desde ese lugar debemos de aportar nuestro granito de arena para combatir la inseguridad, porque la seguridad si bien es cierto es responsabilidad directa de todos los operadores de justicia del Estado, pero también es responsabilidad de todos y todas. La violencia es una situación multifactorial, ya que dentro de nuestras propias familias generamos violencia”, dijo.

Diversas visiones

Para el subcomisionado, violencia es el acto derivado por el uso de la fuerza que genera a la víctima lesiones, que genera la muerte y circunstancias de esa naturaleza pero donde no se conjuga la comisión de otro delito.

“La violencia también es psicológica, sexual, pero teniendo en cuenta que cuando se dice sexual, no solamente se refiere a que violen a una mujer, si no también que un albañil, un policía, le acosen hasta con la manera de decirle un piropo y violencia del mismo Estado cuando este deja en impunidad los casos que hay en contra de las mujeres”, dijo Sauceda.

Sin embargo, al preguntarle al vocero de la Policía si conocía los datos de impunidad y cómo se enfrentarían los entes de seguridad a esta, éste no supo responder y pidió que el analista Herrera, totalmente independiente de los entes de seguridad del Estado, respondiera la pregunta. 

El analista Fabricio Herrera agregó que “también hay que considerar la violencia estructural, cuando sabemos que en Honduras hay más de un millón de familias pobres, pero cinco familias controlan el 40 por ciento de la riqueza nacional, esto quiere decir que estamos condenando a las otras familias que no son de las cinco, a vivir en condiciones cada vez peores”.

Según Herrera la violencia no es un fenómeno nuevo, si no más bien histórico que nunca se resolvió, porque esa tasa de violencia nunca mejora, sino que día a día va empeorando, y en su mayoría es violencia contra las mujeres y contra los jóvenes. “Somos seres humanos violentos no por naturaleza, si no contra la naturaleza. Generalmente la violencia es un ejercicio de poder en contra de otras personas y que tiene como origen el sistema patriarcal y lo del patriarcal no solamente es con la mujeres si no con las demás personas, pero claro es esencialmente contra las mujeres”, expresó.


Desarrollo de la violencia

"La violencia es un proceso, que día con día va creciendo. Puede que alguien comience robando en su propia casa el dinero a su papá o a la mamá y así sucesivamente hasta que ya no es un simple robo, si no que se convierte en un criminal, que luego formará parte de alguna banda delincuencial organizada. Los valores en el hogar son fundamentales para poder crear una persona de bien para la sociedad, para la comunidad donde ésta persona vive", explicó Sauceda. 

Durante el programa, el oyente Ramón Zabala quien trabaja con comunidades eclesiales de base de la Iglesia Católica y le toca atender comunidades  conflictivas, llamó y dijo que le parece muy triste las consecuencias de la violencia, ya que conversa con personas que la han vivido directamente, personas a las que le han asesinado familiares y que viven en un estado de indefensión y que cuando se tratan esos temas (los de violencia) ellos le dicen que no hable tan fuerte, porque alguien puede escuchar y podrían venir a causarle algún daño.

“Para poder colaborar a disminuir la violencia en nuestras comunidades, la gente debe organizarse de tal manera que haya una policía comunitaria. Hay un grupo de policías trabajando con el acercamiento a las comunidades, por un lado para desarrollar programas de prevención en esos barrios y colonias y por otro lado que los ciudadanos tengan acceso a policías en los cuales tengan confianza y esos policías les van a estar ayudando en todos sus problemas y que van ha darle respuestas a esos problemas en materia de seguridad”, respondió Leonel Sauceda. 

Nadie se escapa

Bien se sabe que hasta dentro de la policía existen casos de violaciones sexuales y de otro tipo de delitos en donde los policías fueron llevados a los tribunales, la fallida depuración policial y casos de militares involucrados en asesinato u otros delitos. Entonces uno se pregunta: ¿Habrán otras violaciones que no se detectaron?

Sin embargo, para el vocero de la policía es desde la casa donde se deben fortalecer los valores éticos y morales a los jóvenes, “necesitamos espacios para que ellos puedan hacer deportes, se deben crear fuentes de empleo. Debemos comenzar a enfrentarnos a la realidad que nos rodea, tomar cartas en el asunto y como se dice por allí… hay que poner el dedo en la llaga”, dijo. 

Mientras que el analista Fabricio Herrera concluyó diciendo que: “El tema de seguridad no pasa por las cárceles, ni por la policía, ni por los jueces la solución. La solución lógicamente incluye a la policía, incluye a los juzgados, incluye a los fiscales, a la defensa pública, centros penales, etc., si se mejora la investigación criminal, entonces se está mejorando la investigación de un crimen que ya se cometió. Hay que tener en cuenta, que los municipios con presencia militar, no son principalmente los municipios con menos violencia, si no lo contrario, los municipios que presentan baja en violencia son los que no tienen presencia militar”.

"La deuda es un elemento de chantaje para imponer políticas neoliberales"


Por Rosa Moussaoui

Kalvellido

Entrevista realizada por Rosa Moussaoui para el diario L’Humanité. Éric Toussaint es profesor en la Universidad de Lieja, presidente del Comité para la Anulación de la deuda del Tercer Mundo (CADTM) Bélgica. Es autor de, entre otras obras, Bancocracia, (Icaria editorial, Barcelona, 2014). Para Toussaint, el gran peso de la deuda griega está ligado al plan de rescate de la banca, consecuencia de la crisis financiera de 2008. El domingo 15/2/2015 por la tarde nos encontramos con Toussaint en Atenas. Participaba en la manifestación organizada en la plaza Sintagma en la víspera de la reunión del Eurogrupo. 

¿Continúa vigente la propuesta de anular una parte de la deuda griega, tal como fue presentada por Syriza durante la campaña electoral?

Éric Toussaint: El gobierno dirigido por Alexis Tsipras considera prioritario obtener de las autoridades europeas la posibilidad de aplicar su programa de anti-austeridad. Debido a eso, se ha optado por evitar el enfrentamiento directo sobre la cuestión de la deuda. La propuesta de una conferencia internacional para reducir radicalmente la deuda ha dejado lugar a la de Yanis Varoufakis, que piensa que es posible mantener el stock de la deuda, a partir del momento en que el Banco Central Europeo (BCE) transforme los títulos griegos en títulos perpetuos, de los que no se reembolsa el capital y cuyo tipo de interés estará indexado al crecimiento. Dicho esto, si esta propuesta se aplica conllevaría, en concreto, una reducción radical de la deuda. Es una opción táctica. Esta claro que el gobierno Syriza avanza esa solución de compromiso pensando que Grecia no conseguiría una verdadera concesión sobre el stock de la deuda, y que vale más no llevar el debate a ese terreno ya que lo urgente es parar las políticas de austeridad.

¿Cuál es el origen de esa deuda insostenible? ¿Se puede incriminar a los planes de rescate posteriores a la crisis financiera de 2008?

Éric Toussaint: Por supuesto. En total, el 80 % de la deuda griega está en manos de la troika. El 20 % restante, que responde a las obligaciones emitidas por el Estado griego a tres y seis meses, fueron compradas por los bancos griegos que, por otro lado, dependen de la liquidez puesta a su disposición por el BCE mediante el mecanismo ELA. Es evidente que esta deuda remonta a 2010 y a 2012. Esta ligada al rescate de los bancos privados franceses, alemanes, italianos, luxemburgueses, belgas, principales acreedores de Grecia hasta 2010. Los bancos franceses tenían, solamente ellos, el 25 % de la deuda griega. Los bancos alemanes casi el 20 %, los italianos el 10 %, los belgas el 8 %. Algunos bancos privados (en el caso de Francia, el BNP-Paribas, la Société Générale y el Crédit Agricole) compartían lo esencial de la deuda griega. El plan de rescate de 2010 tuvo por función desbloquear los préstamos bilaterales por un monto de 52.000 millones de euros, correspondiendo a Francia 11.390 millones, antes que el mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) no cogiera el relevo, así como un préstamo del FMI. Ese dinero sirvió para reembolsar los bancos franceses, alemanes, etc. acreedores de Grecia. Así fue como esos bancos se liberaron de la deuda griega y fueron reemplazados por la Troika. En 2012, la reestructuración de la deuda por supuesto no les afectó. Por el contrario, los bancos chipriotas, que habían comprado en el mercado secundario títulos griegos a precio de saldo, creyendo hacer un buen negocio, se encontraron al borde de la quiebra. En 2010, el «plan ayuda» sobre todo permitió, e insistieron en ello Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, garantizar el rescate de los bancos de los países centrales y sobre todo los bancos franceses y alemanes. Esos préstamos estaban por supuesto condicionados a un plan de ajuste estructural que implicaba graves retrocesos en los salarios y jubilaciones, sobre el derecho de negociación colectiva, sobre las privatizaciones.

Ese plan de ajuste estructural, que supuestamente debía sanear las finanzas públicas, finalmente condujo a la explosión de la deuda griega, que pasó del 113 % del PIBen 2009 al 185 % actual, según las últimas cifras publicadas por el gobierno griego. ¿Cuál es su explicación sobre eso?

Éric Toussaint: En 2012, mediante un hábil juego de prestidigitación, se presentó a la opinión pública griega y europea un plan de reestructuración que debía, decían en ese momento, aliviar la deuda en un 50 %. Pero este alivio estaba ligado a nuevos préstamos condicionados a los programas de la Troika, préstamos que aumentaron aún más el peso de la deuda. Era una falsa anulación de deuda, una superchería que costó caro a algunas estructuras públicas, a los bancos griegos y a las cajas de jubilación de la función pública que habían comprado títulos. Fueron golpeadas con fuerza por la reducción impuesta por esa reestructuración. Creo que esta deuda es, por lo tanto, ilegítima, ya que fue contraída, en gran parte, para satisfacer los intereses privados de los bancos extranjeros o de ciertos sectores griegos. El plan de ajuste estructural impuesto a Grecia es odioso, porque conduce a la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos griegos. Podríamos demostrar que también es ilegal, en la medida en que el programa de 2010 no respetó la Constitución griega. El parlamento no pudo deliberar, había sido desposeído por el procedimiento del voto bloqueado. Las reglas europeas habían sido también burladas ya que el artículo 125 del Tratado de Lisboa prohíbe a los Estados miembros responder a los compromisos de otro Estado miembro. Si se ha violado el Tratado, entonces los préstamos en cuestión son ilegales. En cuanto al FMI, también pisoteó sus propios estatutos que prevén que esa institución financiera solamente puede conceder préstamos a un país si ese préstamo hace sostenible el pago de su deuda. Ya está demostrado que ese no fue el caso. Así que existen contundentes argumentos para protestar la deuda griega. El discurso que culpabiliza a Grecia es mentiroso. Puesto que lo que está en juego no es en realidad el pago de la deuda, si no la continuación de las políticas de ajuste estructural, las privatizaciones, la precarización de los contratos de trabajo. La deuda es un medio de chantaje para que se apliquen las brutales reformas neoliberales.

Traducción: Griselda Piñero

La UE prepara una directiva "antifiltraciones"


Por Gladys Martínez López

Josetxo Ezcurra

Una rebelión en toda regla de la profesión periodística. Aunque ha pasado desapercibido en nuestro país, es lo que ocurrió a finales de enero en Francia. En poco más de 72 horas, periodistas, asociaciones de prensa, medios de comunicación, consejos de redacción, agencias, blogueros y ONG se levantaron masivamente y lograron tumbar el día 30 una enmienda que había sido incluida a última hora y a escondidas en la Ley Macron, un proyecto de ley sobre “la actividad y el crecimiento”. La enmienda, relativa al “secreto comercial” y teóricamente dirigida a evitar el espionaje industrial en el mundo empresarial, preveía penas de tres años de cárcel y multas de 375.000 euros para todo aquel que “obtenga conocimiento, revele sin autorización o desvíe una información protegida”, unas penas que podían aumentar hasta los siete años y 750.000 euros en caso de “atentar contra la seguridad del Estado o los intereses económicos esenciales de Francia”.

Para Charles Morel, abogado especializado en Derecho de Prensa, una de las claves de la peligrosidad de este texto era la penalización de la revelación: “Si haces espionaje industrial desvías la información y la utilizas para tu interés, pero no la revelas. El hecho de sancionar la revelación de la misma manera que el desvío para interés personal presenta un peligro de deriva y de utilización liberticida”.

Su aprobación iba a suponer, denunciaron los periodistas, una mordaza para la prensa y para las fuentes que filtren información, un atentado contra el derecho a informar y un obstáculo a la publicación y difusión de graves casos de prácticas irregulares producidas en el seno de las empresas. Una carta, firmada por miles de personas en pocas horas, denunciaba que “con la excusa de la lucha contra el espionaje industrial, el legislador instaura como nueva arma de disuasión masiva contra el periodismo un ‘secreto comercial’ cuya definición autoriza ni más ni menos que una censura inédita en Francia”.

Pero el peligro, lejos de haber desaparecido, planea sobre todos los paí­ses de la UE, donde se está preparando desde noviembre de 2013 una directiva relativa al secreto comercial que comparte más que las líneas básicas con la enmienda retirada en Francia.

Charles Morel explica a Diagonal que en Francia, “vista la ausencia de precisión y la amplitud de la definición de secreto comercial, esta enmienda dejaba a la empresa decidir qué es un secreto”, ya que se incluía “todo lo que afecta al posicionamiento estratégico de la empresa, todo lo que presenta un interés comercial o tiene un valor económico”. Para Laurent Richard, periodista de la agencia Premières Lignes, “en resumen, esta enmienda prohibía revelar cualquier documento que tuviera un valor para la empresa. Era ésta la que iba a decidir lo que el periodista podía decir. Y los periodistas o sus fuentes podían ir a la cárcel por denunciar una información con un interés general”.

El texto preveía incluso, en una de sus disposiciones, la posibilidad de que un juez impidiera la publicación o difusión de una investigación con el objetivo de evitar una posible vulneración del secreto comercial denunciada por una empresa. “Si ya es difícil hoy investigar sobre la industria, con esto el mundo de los negocios habría usado sistemáticamente esta arma para disuadir a los periodistas de investigar sobre las multinacionales”, añade Richard. Y es precisamente el efecto de disuasión y la consiguiente autocensura uno de los mayores peligros de la norma, que habría afectado en mayor medida, según Morel, a medios con pocos recursos y blogueros, “por el miedo al golpe que podría provocar el proceso”, y a las fuentes de filtraciones, que también podrían verse encarceladas tras desvelar un secreto.

Aunque la enmienda presentaba varias excepciones a la aplicación del secreto comercial, como el “uso legítimo del derecho a la libertad de expresión e información” y “la revelación de una infracción, una malversación o una actividad ilegal” siempre que el filtrador o revelador haya actuado por el bien del “interés público”, éste “es un límite falso –explica Richard–. En cada caso un magistrado habría tenido que decidir si nos encontramos ante un ‘uso legítimo’ de la libertad de prensa o no”. Este periodista añade que, además, “el problema es qué es ‘infracción’ y qué no lo es... Cuando se denuncia el escándalo de la evasión fiscal, ésta no necesariamente es una infracción penal, puede ser legal pero ir en contra del interés general”, pero en este caso su revelación podría implicar denuncias de las empresas. Casos en Europa ya existen, algunos muy recientes. Antoine Deltour, el único filtrador conocido del escándalo Lux­leaks, que ha desvelado los acuerdos fiscales secretos entre Luxemburgo y cientos de multinacionales, fue imputado el 14 de diciembre por un tribunal luxemburgués y acusado, precisamente, de “violación del secreto comercial” después de ser denunciado por su antigua empresa, PriceWaterhouseCoopers. Y Suiza ha imputado en ausencia a Hervé Falciani, antiguo empleado del banco HSBC y filtrador del caso SwissLeaks, entre otras cosas por “violación del secreto comercial y bancario”, después de una denuncia del Ministerio Público del país. Mientras, en ninguno de estos dos países se ha imputado a ninguna empresa ni político relacionado con los escándalos.

Directiva europea
Según Martin Pigeon, investigador en Corporate Europe Observatory, organización que denuncia el poder de los lobbies corporativos en Euro­pa, uno de los objetivos de la directiva europea es la armonización de todas las legislaciones europeas, a la vez que Estados Unidos, donde cada Estado dispone de su propia normativa, trabaja en la misma dirección. “La idea es tener una definición armonizada a ambos lados del Atlán­tico para poder negociar en el TTIP (tratado de libre comercio entre EE UU y la UE). Y por eso quieren ir deprisa”, afirma. Pre­sen­tado por la Comisión Europea a finales de 2013, el texto fue respaldado en 2014 por los Estados, representados en el Consejo de Europa, y si no hay retrasos, podría votarse en el Europar­lamento en abril, después de que las tres comisiones que trabajan en él hayan presentado sus conclusiones.

También el texto europeo presenta una definición tan amplia del secreto comercial que, según Pigeon, incluiría “cualquier información o documento interno cuya publicación perjudicara a la reputación de la empresa”, y penaliza su adquisición, uso y publicación ilegal. Mientras, las excepciones marcadas son vagas –que se haya actuado en “interés del público” y que la publicación haya sido “estrictamente necesaria”– y podrían provocar que periodistas y filtradores tuvieran que justificar ambos supuestos una y otra vez ante los tribunales. Además, explica este investigador, mientras que la definición de secreto comercial será homogénea a nivel europeo, la concreción de las excepciones se dejará a discreción de los Estados miembro. “Esto es un problema porque, como hacen ya con las patentes, hay riesgo de que las empresas lancen sus denuncias desde el país de Europa donde las excepciones sean más débiles”, añade. Además, según este investigador, ya existen a nivel europeo y estatal disposiciones, normativas y cláusulas contra la competencia desleal. “La pregunta que hay que hacerse es: ¿qué quiere hacer este texto más allá de lo que ya hay?”.

De momento, desde Corporate Europe Observatory se ha constatado la presión ejercida por parte de ciertos lobbies para que se apruebe la normativa. Ente ellos se encuentra la Trade Secrets and Innovation Coa­lition, de la que forman parte empresas como Alstom, General Electric o Nestlé, y que lo está gestionando a través de la empresa de relaciones públicas Hill and Knowlton. Según Richard, en Francia “ha habido grandes presiones por parte de empresas porque desde hace tiempo el Medef (organización patronal) defiende el secreto comercial. Pero también a nivel mundial y europeo hay muchas empresas farmacéuticas o del sector agroalimentario que no quieren que nadie meta la nariz en sus asuntos”.

“Y usan el mismo método –continúa–, por el que todas las empresas e industrias potentes han sido recibidas por la Comisión Europea, pero no los periodistas. Es la opinión pública la que será víctima de una nueva directiva sobre el secreto comercial y cuya consecuencia será que los ciudadanos europeos sólo conozcan los comunicados de las empresas y no la información”. Por ello, el grupo Informar No es un Delito, creado por este y otros periodistas para oponerse a la enmienda en Francia, ya ha empezado a trabajar a nivel europeo, donde pretenden convertirse en una plataforma de periodistas de los distintos países para defender el derecho a la información.

Amenazas no sólo contra los medios
No sólo la libertad de prensa se verá afectada por esta directiva. Según una denuncia lanzada por 15 organizaciones en diciembre, la directiva también afectará a grupos que trabajen y quieran sacar a la luz irregularidades en los ámbitos de la salud, el medio ambiente o la seguridad alimentaria en asuntos que afecten a empresas farmacéuticas, agroalimentarias o químicas. Pi­geon explica que “este texto amenaza el trabajo que hacemos desde hace años para pedir a las autoridades de regulación en el ámbito del medicamento o de la alimentación que científicos independientes tengan acceso a los datos de los estudios”.

Noticias que no habrían aparecido
En un vídeo publicado por Anonymous antes de la retirada de la enmienda del secreto comercial en Francia se detallan algunos de los grandes escándalos “de los que no habrías oído hablar” si esta norma se hubiera aprobado. Todos ellos implicaron la publicación de documentos internos o información confidencial de empresas, y afectaron a las compañías y, en algunos casos, también a importantes políticos. Entre ellos, el caso Bygmalion, que afectó gravemente al partido de Sarkozy; un escándalo que afecta al magnate de las armas Serge Dassault; la amplia red de financiación política a través de contratos de armas ideada por el ex primer ministro Édouard Balladur; la estrategia de H&M para no pagar impuestos en Francia: un caso de contaminación de agua provocado por Veolia; la estrategia de Ikea para evitar conflictos laborales en sus tiendas, el escándalo que afecta a la empresa nuclear Areva o el caso LuxLeaks.

La alerta ética a nivel internacional
Según la ONG Transparencia Internacional, salvo en seis países (Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Japón y Ghana), donde se ha regulado al respecto, en el resto de Estados la persona que filtra un escándalo no dispone de un estatuto jurídico protector. Para esta ONG, la “alerta ética es el señalamiento por un empleado de un hecho ilegal, ilícito o peligroso que afecta al interés general, a las personas o a las instancias que pueden ponerle fin”. Según esta organización, “la alerta ética constituye una herramienta fundamental de lucha contra la corrupción”.

El “derecho de alerta” apareció por primera vez en una ley en los Estados Unidos, en 1863. En el año 1982 fue inscrito por la Organización Internacional del Trabajo en un convenio internacional. Actualmente, un estatuto europeo del filtrador (conocido en Francia como lanceur d’alertes y en Inglaterra como whistleblower) se encuentra en discusión en el seno del Consejo de Europa. 

lunes, 30 de marzo de 2015

"La violencia mortal contra las mujeres es mayormente perpetrada por conocidos o familiares"



Violencia mortal contra mujeres es mayormente perpetrada por conocidos o familiares, según analista

En el programa Más que dos, emitido por Radio Progreso a la 1 de la tarde, la experta en temas de seguridad y género, Neesa Medina habló con la periodista Sandra Marybel Sánchez sobre los femicidios, que en Honduras, van en aumento y que según la analista ocurren, en su mayoría en círculos cercanos a las víctimas, círculos que deberían ser de confianza. 

“Casi el 95 por ciento de los actos de violencia en contra de las mujeres se encuentran en la impunidad. El ex fiscal general de la República, Abogado Luis Rubí antes de irse del cargo a manera de denuncia dijo que el 80 por ciento de los casos que ocurren no se investigan y del 20 por ciento que quedan ya se sabe cuales son los resultados que se producen”, mencionó a forma de introducción la periodista Sandra Marybel Sánchez.

Del 2008 al 2014 murieron violentamente 3346 mujeres, y en lo que va de este año, haciendo un corte el 15 de marzo, ya fueron asesinadas 76 mujeres, según datos de Centro de Derechos de las Mujeres (CDM) donde Neesa Medina realiza su trabajo.

Ayer, organizaciones de mujeres y feministas de Tegucigalpa realizaron un plantón en el puente donde fueron ejecutadas tres mujeres jóvenes hace un par de semanas, bautizándolo Puente Margaritas y repudiando la violencia feminicida en Honduras.

“La violencia contra las mujeres es sistemática, implica que se manifiesta de diferentes formas a los largo de la vida, usualmente si no es que en su totalidad por uno o más hombres cercanos, conocidos y desconocidos. Este concepto ha sido  reconocido por diferentes instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional”, expresó Medina de CDM.

 El patriarcado

“Sin importar que un hombre o una mujer tengan la mismas características académicas, que tengan exactamente las mismas características sociodemográficas, que tengan la misma edad, que sean de la misma colonia, que tengan el mismo colorcito de piel, que tengan exactamente los mismos años de estudio, sin importar en el espacio que esté siempre habrá una distinción para ellas, solo por el hecho de ser mujeres, ya que las mujeres tenemos condiciones que nos hacen valer menos, por ejemplo en el ámbito laboral, ya que una mujer queda embarazada y eso implicaría muchos días fuera del trabajo, la identifican como un riesgo laboral”, explicó Medina. 

El patriarcado se traduce en poder y control que muchas veces es sutil, y manifestado en lenguaje sexista,  es como se impone la lógica masculina sobre la vida y cuerpo de las mujeres, concluyeron.

Violencias contra las mujeres

Según Medina, la violencia doméstica, es la más conocido y denunciada, con 20,000 denuncias al año, en los últimos 6 años.

Otra violencia que puede evidenciar de forma particular es la sexualización, que  reduce a las mujeres a un objeto sexual. “Muchos de los casos son conocidos por las víctimas, ya que pueden ser los padres, hermanos, vecinos, es decir, que la violencia sexual no solamente ocurre por conocidos. La mayor cantidad de denuncias son de niñas de 10 a 14 años y el 70 por ciento de lo agresores de violencia sexual son conocidos por la víctimas”, expresó Medina.

En 2012 la impunidad era de 95 por ciento con hubo 606 casos y solo 29 sentencias condenatorias.

Diferencias entre homicidio y femicidio

 Homicidio es el acto en aquel que se le quita la vida a una persona y asesinato es cuando ya es premeditada la acción y que hay alguna ventaja por parte de quien comete el delito por lo tanto tiene una pena más alta.

Femicidio implica que hay hombres que matan a las mujeres solo por el hecho de lo que implica se mujer, por razones de odio, por desprecio, por se madre, por ser la hija de alguien, por asumirle propiedad durante son pareja y después de que ya no lo son, creen los hombres como pertenencias. Así lo explicó Median, “muchas veces son acosadores sexuales que matan a las mujeres ya que ellas no seden, esto pasa mucho con miembros de la seguridad privada que acosan a muchas menores de edad”.

“Nosotras como CDM pudimos evidenciar que el 17 por ciento de los casos de violencia contra las mujeres no estaban siendo registrados por la Secretaría de seguridad”, expresó.  

Medina recordó que las zonas con más muertes violentas de mujeres, con 3 de cada 5 mujeres ocurren en el Distrito Central y San Pedro Sula y que las víctimas de todo un sistema de violencia e impunidad son las más jóvenes. 

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La vida es más que cifras

Movimientos sociales conforman plataforma para rechazar industria extractiva 


Luego de una semana de reuniones con el gabinete económico, el Fondo Monetario Internacional finalizó su visita oficial a Honduras, en donde revisó indicadores macroeconómicos. En un comunicado el organismo financiero internacional consideró alentador que se haya avanzado en el proceso de estabilización de la economía hondureña y que se conduzcan las finanzas públicas por una vía sostenible.

El equipo de economistas y técnicos considera que todas las metas cuantitativas fueron alcanzadas y que en la gran mayoría de los casos ello ocurrió con amplios márgenes. Este comunicado es una palmadita al gobierno de Juan Orlando Hernández, al decirle que su política económica va por buen camino. Que el país se desplaza de número rojos a negros.

Contrario a todo lo mencionado por los personeros del Fondo, la realidad de la ciudadanía transita entre el desempleo, el hambre, la pobreza y la falta de oportunidades. Miles de compatriotas que no encuentran chamba son lanzados a las calles para dedicarse al comercio informal o deben salir del país en busca de los tres golpes diarios. Exponiendo sus vidas en la ruta migratoria.

La realidad económica de Honduras es conducida y marcada por el grupo de familias que obtienen jugosas ganancias a costa de los negocios que mantienen con el Estado, a pesar de las miserias en que sobrevive el resto de la población. No bastando esto, como presión de los organismos internacionales comienzan a reducir presupuestos de gastos sociales para cumplir con indicadores y metas, aunque se traduzca en dejar sin medicinas a hospitales, escuelas y colegios sin docentes y con infraestructura en pésimo estado, además del abandono de las comunidades en todo el país.

En el gobierno de Juan Orlando Hernández, el único rubro de gasto social que muestra aumento son las transferencias hacia programas politizados como el Bono 10,000, Con chamba vivís mejor, los ecofogones y otros similares. Aun cuando la efectividad de estos programas debe evaluarse a fondo, ya que únicamente han logrado atacar la pobreza con medidas asistencialistas y no con estrategias que ataquen las verdaderas causas del empobrecimiento.

Para avanzar en esta materia y revertir las cifras de pobreza, el Estado debe asumir una agenda concreta y creíble que retome políticas públicas que ataquen frontalmente la corrupción, defraudación e impunidad, y dé paso a una cultura de transparencia, rendición de cuentas y justicia social.

Honduras: La precariedad económica y la política de ajuste fiscal Gerson de la Rosa


La economía de Honduras no ha experimentado ningún crecimiento significativo en los últimos seis años. Durante el gobierno de José Manuel Zelaya se visualizó un crecimiento significativo en el PIB, y las razones son varias. Por un lado, la economía norteamericana, principal país importador de la incipiente industria manufacturera no había sido trastocada como producto de la crisis inmobiliaria. Por otro lado, los desembolsos de Petrocaribe y del ALBA provocaron estabilidad para el sector agroexportador, y desde luego la situación para la pequeña empresa era completamente diferente por la estabilidad de los precios y la existencia de circulante que incidía en la excesiva demanda de los bienes y servicios producidos por la pequeña y mediana empresa.

Diputados hondureños aprueban reforma fiscal. Fuente: El Heraldo

El golpe de Estado implicó una enorme desaceleración económica producto del clima de inestabilidad política; así mismo, el gobierno usurpador de Michelleti se vio en la obligación, para cumplir con los compromisos salariales y demás proyectos estatales, de hacer uso de las divisas internacionales. Eso por un lado, pero también se tenía que pagar a los actores involucrados en la defenestración del gobierno y por ello se arrastró en oscuros actos de corrupción y de malversación de los fondos públicos con las divisas del Estado.

El gobierno ilegítimo de Michelleti solamente estuvo siete meses en el poder, pero ese espacio de tiempo fue lo suficiente como para desbaratar las finanzas del Estado y enriquecer a los grupos responsables de sostener a través de la fuerza militar el modelo bipartidista de gobierno.

La estocada del Lobo

El gobierno de Porfirio Lobo fue el resultado de la crisis política abierta con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Previo al suceso, las encuestas demostraban la amplia diferencia entre la candidatura del Partido Liberal y la de Porfirio Lobo. No obstante, como producto del descontento de las bases liberales y los trabajadores, las organizaciones populares dieron una tenaz y fiera lucha contra los golpistas y sus instituciones; lastimosamente las direcciones oportunistas privilegiaron el proceso de la negociación sobre la lucha, y se impusieron frente a los sueños de muchos.

Ante el enorme retroceso producto de la derrota y el giro electorero de la dirección, el panorama se presentaba ampliamente favorable para las políticas de ajuste y de miseria de Porfirio Lobo. De la misma manera, se inició un proceso de desarticulación de lo público a través del saqueo de las empresas estatales como Hondutel, SANAA, ENEE, así mismo con los institutos de seguridad social y de previsión. La mala administración de la institucionalidad del Estado, acompañada de los más grandes actos de corrupción, así como una política débil que no aseguraba una recaudación eficiente de los tributos, contribuyeron al aumento del déficit fiscal, dado que el Estado de Honduras gastaba más de lo que obtenía.

El déficit provocado por el clientelismo político y el enriquecimiento ilícito de los administradores de lo público determinó que el Estado a través de sus representantes iniciara un proceso de endeudamiento con la banca privada nacional, que ante la liquidez que el Estado les aseguraba se permitió prestar a través de elevadas tasas de interés y a corto plazo al gobierno de Porfirio Lobo.

Esta política de endeudamiento provocó enormes daños colaterales, entre los que podemos destacar: cierre de instituciones públicas como el INHFA, incumplimiento en el pago de los trabajadores públicos, irrespeto a las normas laborales, sobre todo las que se refieren al aumento de salarios por costo de vida, reducción del aparato estatal, despido masivo de trabajadores y una excesiva carga tributaria para el pueblo trabajador.

El gobierno de Juan Orlando Hernández no ha demostrado ser distinto que el gobierno de su predecesor; ha asegurado aplicar una batería de reformas desde su mandato en la Asamblea legislativa anterior para desbaratar las enormes conquistas sociales y reducir de forma cuantiosa los ingresos de los trabajadores y con ello su calidad de vida. No obstante, alternamente ha logrado enriquecer de forma desproporcionada al grupo de empresarios que han sostenido su proyecto político. Este es el caso de los dueños de la banca privada y el de las empresas generadoras de energía térmica, así como los dueños de empresas de servicios como los restaurantes de comida rápida y cadenas hoteleras, entre otros.

El aumento excesivo del precio de los productos de primera necesidad, producto del deficiente control que debería de asegurar el Estado ante la voracidad de los empresarios versus los ingresos raquíticos de los trabajadores ante la depreciación del Lempira son las variables que han asfixiado las economías de los hogares populares en Honduras durante el primer año de gobierno. Por tal razón, desde el Partido Socialista Centroamericano, proponemos organizarnos en pequeños colectivos en los barrios y colonias, así como fortalecer los organismos populares, gremiales y sindicales para iniciar una jornada de lucha para exigir un aumento general de salarios y el control los precios de los productos de la canasta básica.

El golpe de Estado implicó una enorme desaceleración económica producto del clima de inestabilidad política; así mismo, el gobierno usurpador de Michelleti se vio en la obligación, para cumplir con los compromisos salariales y demás proyectos estatales, de hacer uso de las divisas internacionales. Eso por un lado, pero también se tenía que pagar a los actores involucrados en la defenestración del gobierno y por ello se arrastró en oscuros actos de corrupción y de malversación de los fondos públicos con las divisas del Estado.

El gobierno ilegítimo de Michelleti solamente estuvo siete meses en el poder, pero ese espacio de tiempo fue lo suficiente como para desbaratar las finanzas del Estado y enriquecer a los grupos responsables de sostener a través de la fuerza militar el modelo bipartidista de gobierno.

¿Cumbre de las Américas? ¿Para qué?

Rebelión

Por José Suarez Danós

Martirena

Cuando aún faltan tres semanas para que se inicie la VII Cumbre de las Américas que EE.UU. auspicia en Panamá, las inamistosas y beligerantes acciones emprendidas por Washington contra Latinoamérica conducirían a que la cita termine siendo un notorio fracaso político y profundice todavía más el aislamiento de EE.UU. en el continente (1).
Peor aún, cuando existe la sospecha que las insensateces apuradas por Washington contra países de Latinoamérica, tendrían como propósito crear “las condiciones favorables” para que Barack Obama proponga una agenda oculta establecida para esa cita.

Ella pretendería imponer al continente un nuevo y avasallante “Consenso de Washington versión 2.0”, que EE.UU. considera condición “sine qua non” para poder hegemonizar al resto del mundo (dominar primero los países ubicados al sur de sus fronteras).

De allí que el 10 de abril -inicio de la Cumbre- sea la fecha tope que Obama se habría trazado para anunciar que finalmente ha terminado de “torcer los brazos” a gobiernos latinoamericanos “rebeldes”, a la vez que continuaría amenazando a otros gobiernos con emplear su “poder duro” desestabilizador, caso no sujetarse a sus intereses (2).

Lo que en conclusión pretendería el gobierno estadounidense es que los presidentes de la “Comunidad de Estados de Latino América y el Caribe” (CELAC) lleguen a esa Cumbre “rendidos” ante “su indispensabilidad”, para permitir con ello que su agenda oculta sea aprobada “por consenso” en dicha reunión.

Es por esa razón que el Premio Nobel de la Paz –Barack Obama- no ha dudado un momento en decretar contra Venezuela una declaratoria de guerra plagada de pretextos baladíes, propia del “proceso de ensoñación imperial” que viene afectando a la política exterior de EE.UU. (3).

La finalidad de la insólita declaratoria de guerra es la misma que EE.UU se planteó antes de agredir militarmente a otros países del mundo (4).

Y el objetivo propuesto es derrocar mediante acciones compulsivas al gobierno democrático constitucional de Venezuela –de Nicolás Maduro-, para apoderarse de los anhelados recursos energéticos de ese país –emulando a los antiguos corsarios-.

Es así que las primeras acciones de la agresión estadounidense se vienen dando ya a través del Departamento de Estado, el cual viene intentando bloquear internacionalmente a la empresa petrolera estatal “PDVSA”, para así poder suprimir recursos económicos a la población de Venezuela y facilitar de este modo la intervención militar del país (5).

Por otro lado se anuncia que en Puerto Rico, EE.UU. ya apresta tropas de República Dominicana y Honduras para realizar el “trabajo sucio” de la agresión, deduciéndose de ello que serían latinoamericanos los que se inmolarían en aras del imperio de EE.UU. (6).

Entonces, nos preguntamos inicialmente, ¿es propio que Latinoamérica asista a una Cumbre propiciada por el gobierno del país que va a ser su inminente agresor?

Para la misma Cumbre de las Américas el gobierno de Obama aún se niega a satisfacer los petitorios soberanos de Cuba para un real restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Sin embargo, voceros estadounidenses ya anuncian propagandísticamente -cual ficticio logro-, que “antes del 15 de abril” estaría funcionando la nueva embajada de EE.UU. en Cuba –su ansiado objetivo en estas tratativas-.

Para dicha sede, EE.UU. adicionalmente viene exigiendo se le otorguen “amplias facultades” en territorio cubano, que como ya es de suponer, las emplearía en subvertir a Cuba para “cambiar su régimen político” desde el interior –como lo hizo en otros países-.

A estas acciones del gobierno de Barack Obama se suma la guerra política que viene aplicando contra Argentina y Brasil, a fin de desestabilizar políticamente a ambos países y derrocar a sus presidentas Cristina Fernández y Dilma Rousseaff –respectivamente-.

A estos actos inamistosos se adiciona el incremento de sus bases militares en el Perú con la pérfida ayuda del presidente Humala, desde las que pretendería agredir a otros gobiernos “hostiles” a los intereses estadounidenses -Bolivia y Ecuador-.

También son reprobables los desfachatados y céleres esfuerzos que realiza en Centroamérica el vicepresidente de EE.UU. Joe Biden, para intentar desmembrar y desarticular a la “CELAC” antes de la fecha inicio de la Cumbre de las Américas.

Para ese fin Obama se propone adquirir por 5 mil millones de dólares los territorios de Guatemala, Honduras y El Salvador, y convertir a esos países en un área neoliberal bajo dominio estadounidense, a la que anuncia denominaría “La Alianza Para la Prosperidad”.

Pero Latinoamérica ya conoció del doblez y la demagogia de Obama desde la Cumbre de las Américas del 2009, en la cual manifestó: “durante mi gobierno EE.UU. se relacionará con América Latina a través de la cooperación y el respeto, pero para ello, es necesario pasar las páginas de la historia a fin de poder avanzar hacia un futuro de prosperidad”.

Audazmente, con ese eufemismo proponía en aquél año a los presidentes de la región, “olvidar el historial de décadas de agresiones de EE.UU. contra países del continente”.

Y en esa fecha los presidentes latinoamericanos decidieron ser anuentes con la petición del flamante presidente Barack Obama, en el criterio que su diferente etnia –negra- introduciría “cambios” importantes en la política exterior de los EE.UU. hacia Latinoamérica.

Pero la efímera esperanza tuvo que ser enterrada prontamente, cuando el Nobel Obama comenzó a superar en genocidios a su antecesor presidencial -George Bush-.

Hechos posteriores demostrarían que el presidente de EE.UU. sólo se burló de los mandatarios de Latinoamérica, al evidenciarse que sus propósitos eran tan iguales a los de presidentes blancos del imperio norteamericano que aplicaron “la política del garrote”.

En ese orden de cosas, entonces surgen las interrogantes siguientes:

¿Qué lazos debe estrechar Latinoamérica en la Cumbre de las Américas con EE.UU., el “Estado canalla” que se burla del derecho internacional y ha decretado que agredirá militarmente a Venezuela con el único fin de apropiarse de sus recursos naturales?

¿Deben asistir los presidentes de Latinoamérica a una Cumbre en la que nuevamente serían utilizados como “platea” para oír más engaños e imposiciones de parte del presidente de EE.UU. que se presume “nuevo e indispensable emperador de América Latina”?

Los niveles de agresión impulsados por Barack Obama contra Latinoamérica dificultan ahora, incluso para la diplomacia continental, retrotraer las cosas a su normalidad.

Medidas que ayudarían a Barack Obama a encontrar la sindéresis, serían que Latinoamérica suspenda por 48 horas sus relaciones diplomáticas con EE.UU. a fin que ese gobierno reflexione, y que la VII Cumbre de las Américas de Panamá, sea postergada hasta que se confirme que los actos beligerantes de la potencia hayan cesado totalmente en el continente.

Notas





(5)


La Doctrina Monroe o la paródica reedición del colonialismo estadounidense en América Latina


Por Arsinoé Orihuela

Kalvellido

El despido de Carmen Aristegui de MVS en México, los fondos buitre o el misterioso homicidio del fiscal Nisman en Argentina, la catalogación de “inusual amenaza” que por decreto unilateral endosó la administración de Barack Obama a Venezuela, el “fuera” Dilma de las movilizaciones en Brasil, el opaco “reencuentro diplomático” entre EE.UU. y Cuba, la infiltración de los intereses norteamericanos en el proceso de paz colombiano que tiene lugar en La Habana, el “fortalecimiento” del dólar frente a las unidades monetarias latinoamericanas, son prueba fehaciente de otro episodio de colonialismo estadounidense en la región. Sin duda que ciertos analistas argüirán que estos eventos están libres del injerencismo de Estados Unidos. Pero basta con observar el perfil de las acciones de la alicaída potencia en otras geografías, y la terca presencia de la “solución” militar en el tratamiento de los problemas que enfrenta el “pináculo de la jerarquía estadounidense”, señaladamente los países limítrofes con Rusia, Afganistán, Siria e Irak, para inferir la presencia de un plan global de acción contra los territorios que en otra época administró sin restricciones Estados Unidos. Otras referencias valiosas que apuntan en la dirección de una agenda de reconquista regional son las tentativas de desestabilización en Ecuador, Bolivia, y los golpes de Estado exitosos en Honduras y Paraguay, en cuya confabulación estuvieron involucrados abiertamente ciertos conciliábulos de Washington.
¿Qué habría ocurrido si un hecho análogo a la desaparición de los normalistas en Guerrero hubiera tenido lugar en Venezuela? En México –país vecino de Estados Unidos– el crimen sigue impune, y la comunicadora que más cobertura brindó a ese y otros temas de corrupción sórdida fue abruptamente retirada del aire, en un despido masivo que involucró a todo su equipo de investigaciones especiales. Ningún funcionario público está bajo proceso penal por el delito en Guerrero, aún cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificara los hechos violentos en Iguala como un acto de “desaparición forzada” y por consiguiente un crimen de Estado. Hay que señalar que Estados Unidos nunca condenó propiamente la desaparición de los 43 normalistas. Los heraldos de Washington, incluida la prensa pretendidamente crítica, urdieron un discurso de censura, pero rigurosamente concentrado en la figura de Enrique Peña Nieto; una administración de la tragedia que hace suponer que se trató de una típica reprimenda de un patrón a un empleado, con el propósito de conseguir más docilidad u obsecuencia de ese subalterno.

Venezuela, que ni por asomo atraviesa una crisis humanitaria equiparable a la de México (aún cuando se acuse que los índices de inseguridad son altos), que jamás insinuó agredir u ocupar militarmente un país soberano, fue declarado, a través de un decreto expedido por el presidente Barack Obama, una “amenaza para la seguridad de Estados Unidos”.

Adviértase el doble rasero. En México, el propio Estado es una amenaza para la seguridad de la población doméstica. Pero como el gobierno de México es un aliado rastrero de Estados Unidos, allí la solución a la crisis siguió un curso favorable para los poderes públicos: el silenciamiento de la única informadora crítica en el ámbito de la prensa comercial, y la disposición ex profeso de un manto de opacidad e impunidad alrededor del caso Ayotzinapa. El mutismo de Estados Unidos al respecto es un guiño de anuencia. En cambio Venezuela, cuyo gobierno representa un freno para la agenda estadounidense en la región del sur, es blanco de castigos e imposiciones (destaca la sanción a siete funcionarios de ese país), por cuanto constituye, según Washington, “una amenaza extraordinaria (sic) para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, que es como un revival de aquella declaratoria de Ronald Reagan que terminó en una impresentable intriga de corrupción, crimen y contrainsurgencia en Nicaragua (Irán-Contra). Reagan dijo: “Yo, Ronald Reagan, encuentro que las políticas y acciones del gobierno de Nicaragua constituyen una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos, y declaro una emergencia nacional para enfrentar esa amenaza”.

En el fondo, Estados Unidos está obstinado con cambiar esa situación que oportunamente describe Evo Morales: “Washington debe saber que no estamos en tiempos de reparto imperial y el modelo neoliberal ya no sirve para América Latina”.

Con base en la evidencia disponible se pueden anticipar algunas inercias en la acción intervencionista de Estados Unidos.

El modelo más efectivo para hacer avanzar la agenda de Washington es el de la guerra, especialmente en la modalidad colombo-mexicana. Estados Unidos entrena a grupos paramilitares de origen venezolano en territorio mexicano y colombiano. No es ninguna novedad que ese país escoja el paramilitarismo como estrategia de insurgencia y/o desestabilización de gobiernos legítimos adversos a la injerencia estadounidense. La apuesta de los barones en Washington es introducir suficientes células de insurgencia paramilitar en Venezuela, con el apoyo de las élites de este país (históricamente disciplinadas), sabotear la economía de la nación sudamericana, y desestabilizar el gobierno en turno con base en tácticas multifactoriales. El derrocamiento de un régimen por la vía paramilitar es altamente rentable para la segunda etapa del golpe: arrastra una estela de violencia, delincuencia e inseguridad que justifica una eventual guerra contra el crimen que, como se ha visto en Colombia y México, es el preámbulo de una usurpación de patrimonios y recursos.

Dawn Paley, periodista independiente, resume este procedimiento rutinario: “Inmediatamente después del Plan Colombia, la compañía estatal de petróleo, Ecopetrol, fue privatizada, y nuevas leyes fueron promulgadas para alentar la inversión extranjera directa… batallones especiales del ejército fueron entrenados para proteger los oleoductos que pertenecían a compañías estadounidenses. En el marco del Plan Colombia, la inversión foránea en las industrias extractivas se elevó a los cielos, y se firmaron nuevos acuerdos comerciales”.

¿Acaso no es la misma fórmula que se usó en México? Primero la guerra; luego la militarización o el Plan México (Iniciativa Mérida); y por último el ciclo de reformas que abarcó la privatización de la industria petrolera.

En Colombia y México todo está organizado alrededor de la rapiña. Los intentos de desestabilización en Argentina, Brasil, Venezuela y otras naciones de Centro y Suramérica, aspiran a la restauración oligárquica en esos países. Básicamente apuntan a la instauración de regímenes con vocación entreguista, como Colombia y México. Él propósito es que todo se organice alrededor de la desposesión, de tal modo que Estados Unidos conserve una posición dominante en esa carrera por la supremacía que sostiene con China, Rusia, y en menor medida Europa.

Y aunque es cierto que estos eventos descritos traen a la memoria el fantasma de la Doctrina Monroe, cabe recordar, acaso a modo de aliento, la advertencia del viejo Marx: “Hegel señala que a veces los hechos y personajes de gran importancia en la historia mundial se repiten dos veces. Olvidó agregar: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa”.