Por Francisco Pavón
Los asesinatos y amenazas contra líderes sociales y campesinos acontecidos los últimos días en Honduras, han reavivado la preocupación general de estar retrocediendo a la época oscura de asesinatos, torturas y desapariciones de la década de los ochenta.Para líderes sociales y defensores de derechos humanos, los fantasmas que provocaron atroces actos contra las libertades individuales y contra la vida en aquella época, nunca desaparecieron. Hoy día, los fantasmas han reaparecido para perpetuar la política actual del terror en Honduras. En la década de los ochenta se registraron alrededor de 200 personas a las cuales se torturó, asesinó y desapareció bajo la doctrina de la “Seguridad Nacional”, doctrina anticomunista exportada desde los Estados Unidos. Estas personas fueron víctimas de tales vejámenes por suponerlos “subversivos”. Ser subversivo en aquel tiempo era sinónimo de ser estudiante, campesino, líder sindical o social e incluso religioso, pero de ideas progresistas. El ser subversivo o “comunista” era el pecado por el cual se aplicaba dicha doctrina con todo el rigor posible, bajo el mando de uno de sus mayores defensores, el aquel entonces jefe de las fuerzas armadas, Gral. Álvarez Martínez, peón y figura de la guerra sucia en Honduras. Con el asesinato de Álvarez Martínez un 26 de enero de 1989, bajo la supuesta autoría de un comando revolucionario, se pensó que el fantasma de la represión había desaparecido y el oscuro capítulo de violaciones a derechos humanos se había cerrado.
Una política del terror sostenida por la oligarquía
Hoy día Honduras afronta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, 92 por cada 100 mil habitantes según la UNODC. Pero este clima de violencia, agravado desde el golpe de Estado de 2009, pareciera que ha reabierto las criptas de los fantasmas de los asesinatos selectivos y desapariciones forzadas de aquella época. El asesinato del abogado Antonio Trejo, defensor de organizaciones campesinas, el pasado 22 de Septiembre de 2012, es el más claro ejemplo de la nueva ola de asesinatos políticos. Trejo había denunciado sobre cualquier atentado contra su vida a terratenientes empresarios de la palma aceitera, entre ellos Miguel Facussé y René Morales.
No es de extrañar que algunos de estos terratenientes, hayan pertenecido a la desaparecida logia corporativa “Asociación para el Progreso de Honduras” (APROH), nombre con el cual se conoció a la cúpula integrada por notables empresarios y jefes militares durante los 80’s. A varios de sus integrantes se les acusa de haber financiado escuadrones de la muerte en Honduras durante el período de la guerra fría, como ser el tristemente recordado batallón 3-16, el cual uno de sus creadores fue el desaparecido Álvarez Martínez. Hoy día estos empresarios siguen manteniendo una gran influencia política y económica en el país.
Si cae uno, atrás vienen más
Desde el golpe de Estado de 2009, el despertar de las luchas por las transformaciones sociales y en contra del status quo se han hecho más evidentes. Sin embargo, nuevamente la represión ha resucitado para mermar dichos procesos. “En los últimos tres años el movimiento campesino hondureño ha decidido luchar decididamente por el derecho a la tierra y por la soberanía alimentaria. Al mismo tiempo ha existido una represión feroz contra esta lucha, más de 70 compañeros campesinos y campesinas han perdido la vida por parte de los terratenientes. Ahora se ha pasado a la siguiente fase, primero mataban a campesinos afiliados a las bases y ahora la represión es selectiva. El asesinato del abogado Trejo y las amenazas hacia mi persona atentan directamente contra el movimiento campesino y cualquier proceso de transformación agraria en el país”, mencionó Rafael Alegría, reconocido dirigente de la organización Vía Campesina para Honduras y Centroamérica. Alegría denunció hace un par de semanas que existe un plan para acabar con su vida, información obtenida del propio presidente Porfirio Lobo y su ministro de Seguridad.
Las características de un Estado Fallido
La ruptura del orden democrático en 2009, altos niveles de pobreza y desigualdad -Honduras es el segundo país de la región centroamericana con mayor cantidad de millonarios según The Economist y un 64% de pobreza- sumado a la criminalidad y violencia que azota a la sociedad, son las notorias características de Honduras como Estado fallido. Tan evidente es que las amenazas contra la vida se realizan abiertamente incluso contra funcionarios del actual gobierno. El actual ministro del INA César Ham y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, también han sido alertados por las autoridades de estar dentro del plan para arrebatar la vida a personajes vinculados al conflicto agrario que atraviesa el país.
Sin embargo, los ministros por ser parte del gabinete de gobierno gozan enteramente de las medidas de seguridad necesarias para proteger su integridad física. Con los líderes sociales, defensores de derechos humanos y campesinos no sucede lo mismo, ellos mismos deben velar por su propia seguridad.
Durante el año 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgo 11 medidas cautelares a ciudadanas y ciudadanos hondureños. El gobierno y las autoridades están en la obligación de acatar dichas medidas, sin embargo la propia CIDH y otras organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la poca efectividad y falta de atención a las mismas.
“Estamos en la tierra de sálvese quien pueda. Las autoridades sólo advierten que uno debe cuidarse y protegerse, pero no informan sobre los avances en la investigación o de donde provienen las amenazas a pesar de que las autoridades tienen las pistas y saben realmente quienes son los asesinos”, acotó Rafael Alegría.
Sin duda, la oligarquía hondureña es dueña de los poderes del Estado y es quien paga a los sicarios. Su poderío va más allá que hasta puede resucitar fantasmas. Hoy los fantasmas están más vivos que nunca.
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