Pronunciamiento del Grupo Sociedad Civil en torno a la resolución favorable de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a los recursos de inconstitucionalidad a las pruebas de confianza que efectúa la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
El Grupo Sociedad Civil (GSC), instancia de articulación y coordinación de la Sociedad Civil hondureña, que impulsa acciones de incidencia política para la transformación democrática y dignificación humana en el país, ante la resolución favorable de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a los recursos de inconstitucionalidad a las pruebas de confianza que efectúa la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), se pronuncia de la siguiente forma:
1) Todo aquella institución, pública o privada, que obstaculice el proceso de depuración de los operadores de justicia, evidencia el espíritu de contrarreforma a un proceso impostergable y necesario para mejorar el sistema de justicia y seguridad en el país.
2) Todos los actores de la institucionalidad estatal deben coadyuvar esfuerzos y coordinar acciones para ejecutar una profilaxis de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, en lugar de estar entorpeciendo la misma.
Ante la resolución de la Sala Constitucional de la CSJ, los Sectores y Foros Regionales pertenecientes al GSC demandamos lo siguiente:
1.- Que el pleno de magistrados del Poder Judicial, proceda conforme a Ley y a las disposiciones de nuestra Carta Magna, haciendo que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos y velando para que el país cuente con instituciones operadoras de justicia eficientes y probas.
2.- Que la DIECP, cumpla a cabalidad con su misión de propiciar mediante la práctica de procesos permanentes de investigación, evaluación y vigilancia de la conducta de los miembros de la carrera policial, a fin de que su labor contra la criminalidad policial sea efectiva y transparente, con respeto a las leyes de la República y los derechos humanos; para tal fin, instamos a que se utilicen todos los procedimientos, exámenes y pruebas necesarias para determinar el grado de honestidad, buen desempeño e idoneidad de los policías en servicio.
3) Que se sigan realizando a los miembros de la Policía Nacional y a otros funcionarios vinculados la sector justicia y seguridad, pruebas que determinen el uso de drogas u otro tipo de estimulantes, trastornos psicológicos, enriquecimiento ilícito y/o conexiones socioeconómicas con el crimen organizado o bandas delincuenciales.
4) Acelerar el proceso de depuración a fin de determinar quienes han infringido la Ley, incumplido con sus deberes y/o violado los derechos humanos y cuando el caso amerite- los mismos sean juzgados y sancionados de forma pertinente.
5) Privilegiar los intereses de la ciudadanía, no los de los grupos de poder factico y mucho menos el de transgresores del orden jurídico nacional.
6) Las acciones de depuración deben, no solamente focalizarse en la Policía Nacional, debe priorizarse en las cúpulas que han dirigido a los Operadores de Justicia en el país, como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
7) Expulsar de las estructuras del Estado, mediante los procedimiento que la Ley establece, a los corruptos e incapaces, que representan un impedimento para la adecuada impartición de justicia en el país, y empezar a sanear las instituciones públicas desde los niveles superiores y no solamente en la escala básica, como normalmente ocurre.
8) Finalmente, solicitamos a la Cooperación Internacional evaluar su apoyo técnico y financiero a la Policía Nacional, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, ya que la misma debe estar alineada a las iniciativas de transformación institucional que impulsa la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), y en estricto apego al avance del proceso efectivo de depuración de los operadores de justicia.
Dado en el Municipio del Distrito Central (MDC), a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil doce.
Grupo Sociedad Civil
El GSC está conformado por sectores de gremios de campesinos y trabajadores, federaciones de patronatos, organizaciones comunitarias y de pobladores, pequeños productores y microempresarios, ONG, sector de la economía social; de igual forma, grupos en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social (adulto mayor, indígenas y afrodescendientes, niñez, infancia y juventud, mujeres y discapacidad); y espacios o foros regionales de combate a la pobreza, con presencia en las regiones Norte, Bajo Aguán, Occidente, Centro y Sur.
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