El nuevo Golpe de Estado perpetrado en la madrugada del 12 de diciembre en Honduras, cuando el Congreso Nacional procedió a destituir cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, saca a flote una vez más la dictadura que se vive en el país a partir del 28 de junio del 2009. La ultraderecha hondureña nos viene brindado en los últimos tres años una lección una de sus prácticas de 'canibalismo'.
El escenario local es macabro: Honduras es considerado el país mas violento del mundo con 92 asesinatos por cada cien mil habitantes, al mismo tiempo es el país mas afectado por el cambio climático entre 1991 al 2010, y para colmo de males es el mas pobre del continente. Mientras tanto, la élite de poder se dedica a la destrucción de la endeble democracia para mantener sus privilegios a toda costa.
Como anticipo a la acción tomada por el Congreso en su mayoría de afiliación nacionalista, el actual "mandatario" Pepe Lobo denunció un supuesto Golpe de Estado fraguado por Jorge Canahuati Larach, propietario de varios medios de comunicación y miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la que hace poco le confirió una mención honorífica por la categoría de "Derechos Humanos y servicio a la comunidad".
Tanto Canahuati Larach, como Pepe Lobo y la ilustre caterva de diputados que demolieron la sala de lo Constitucional, estuvieron implicados en el Golpe de Estado del año 2009. Por supuesto que la Corte Suprema participó de lleno en la defenestración de la democracia en el año 2009, que fue rotulada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como "Sucesión Constitucional".
De las Ciudades Modelo a la aplicación del polígrafo
La Sala de los Constitucional pasó a ser cuestionada, al igual que el resto de la Corte Suprema, por los poderes Ejecutivo y Legislativo, al dictaminar inconstitucional la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (RED), alias Ciudades Modelos, proyecto de corte neocolonial, que pretendió subastar franjas del territorio hondureño a inversionistas estadounidenses reconocidos como libertarios de ultraderecha. Entre otras las RED incluía una tercerización de la aplicación de justicia dentro de las ciudades modelo, las que utilizarían a a la isla de Mauricio y finalmente a la Corte Británica para las apelaciones.
La furiosa reacción ante el dictamen de la Corte Suprema sobre las RED, por parte de Pepe Lobo y su delfín Juan Orlando Hernández, Presidente del Congreso Nacional y candidato ungido como futuro presidente de Honduras, demostró que la independencia de poderes en Honduras se encuentra en tela de juicio.
La situación se agravó aun más, cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Depuración de la Policía, la que incluye pruebas psicométricas, socioeconómica, toxicológica y del polígrafo, siendo este último cuestionado método que vulnera tanto las leyes nacionales, como tratados internacionales de derechos humanos.
El colapso de la Policía Nacional, ante su corrupción absoluta y asociación con el crimen organizado, tiene en vilo al país, que vive bajo la férula de los organismos de seguridad, implicados en múltiples asesinatos y ventas de arsenales. La supuesta depuración de la policía iniciada aproximadamente hace un año no ha generado efectos contundentes, agravándose la situación por la suspensión de la ayuda a ese organismo por parte de los Estados Unidos, tras los señalamientos que existen sobre Juan Carlos Bonilla, actual director de esa institución, señalado por haber participado en los escuadrones de la muerte entre 1998 y el 2002.
Al pronunciarse la Sala de lo Constitucional por cuatro votos en contra de uno, sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Depuración de la Policía, se repitió el mismo episodio de la Ley RED, donde el magistrado Oscar Chinchilla tomó partido por las leyes emitidas por el Poder Legislativo. A pesar que Chinchilla señaló como violación a los derechos fundamentales la utilización del polígrafo, no se plegó al fallo de inconstitucionalidad emitido por la mayoría de la Sala. Ante la ausencia de una votación unánime al respecto, el pleno de la Corte Suprema sería el encargado del dictamen final. Horas antes que se reuniera La Corte para definir sobre el el Recurso de inconstitucionalidad, el Congreso Nacional remueve a los magistrados que fallaron en contra de la Ley de Depuración.
Del fraude electoral al recurso interpuesto para el conteo de los votos
El pasado 18 de noviembre se efectuaron las elecciones primarias en Honduras, para escoger los candidatos a la presidencia, congreso y alcaldías. Como es de conocimiento publico se dio un fraude vergonzoso, especialmente entre el Partido Nacional, el que actualmente se encuentra en el poder, y posee una mayoría absoluta en el Congreso Nacional.
Los dos candidatos de ultraderecha postulados por las cúpulas del Partido Nacional aducen haber logrado la mayoría de votos. Finalmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró como ganador a Juan Orlando Hernández, actual presidente del Congreso Nacional , a pesar de los señalamientos del supuesto perdedor, Ricardo Alvarez, el cual en un inicio llevaba la delantera en el conteo y tras una "caída del sistema", quedó rezagado.
La misma historia de fraude se repitió en el otro partido tradicional que concurrió a elecciones, los liberales ungieron a Mauricio Villeda Bermúdez, manifiesto admirador del colombiano Alvaro Uribe y uno de los integrantes del gobierno de facto manejado por el dictador Roberto Micheletti. El TSE señaló que los partidos políticos se encargaron de inflar los votos en las mesas, mientras Ricardo Alvarez indicó la presencia y amenazas de miembros del crimen organizado en las mesas electorales.
Las condiciones políticas en que se efectuaron las elecciones primarias en el país, sirvieron como el perfecto caldo de cultivo para un fraude electoral, y así mantener la pandilla de golpistas que se encuentran incrustados en el poder. El tan famoso Acuerdo de Cartagena, al final de cuentas no garantizó ninguna transparencia en las elecciones y mucho menos fortaleció a los derechos humanos del pueblo hondureño, el que se encuentra sometido a la violencia por un régimen feudal.
La defenestración de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, esta asociada no solamente al rechazo de la misma a la Ley RED y la Ley de Depuración de la Policía, sino que es una estrategia para frenar de antemano el recurso presentado por Ricardo Alvarez para un conteo de los votos, ante el evidente fraude cometido.
Por supuesto que el pugilato actual es entre grupos de poder asociados a la ultraderecha, pero no deja de ser un fraude electoral, el cual es evidente que se repetirá el próximo año en las elecciones presidenciales. En Honduras la supuesta democracia liberal burguesa que existe en el país no es más que una máscara de la dictadura de grupúsculos financieros, muchos de ellos asociados con el crimen organizado y protegidos por el imperio, el cual se destaca por otorgar su beneplácito a aquellos que preconizan el status quo.
El golpe del legislativo al Judicial, está abiertamente asociado con el reciente fraude electoral y el freno a la jugosa subasta de Honduras bajo el marco de las ciudades modelo, que de pasó ya indicó el Lobo se implementarán sino en este gobierno, en el próximo.
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