Por Sandra Rodríguez
Ana María Torres, de Salamá Olancho, denunció que en horas de la madrugada del pasado 19 de septiembre agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, policía Preventiva, Cobras, y representante del Ministerio Público, MP, dejaron a su esposo, Evin Armando Fúnez, gravemente herido, tras allanarles la casa.
Eran las cuatro de la mañana, cuando de repente, unos hombres que se identificaron como policías y tumbaron las puertas de mí casa, ultrajaron a los niños y no dieron ninguna explicación porqué hacían eso, relató Ana María.
“Mi esposo les preguntó porque entraban así, y como respuesta le dieron un disparo en la boca”, lamentó la señora.
Torres denunció que los agentes no mostraron ninguna orden de cateo, y no creían que fueran policías por la hora en que realizaban el allanamiento, pues esta debe ser emitida por un juez y en horas de seis de la mañana a seis de la tarde. Pero en otros casos se ha evidenciado que los allanamientos se han realizado en horas inhábiles.
“La policía denunció que mi esposo les disparó, lo que es falso, si más bien él quedó muy grave tras el disparo”, aseguró la señora.
Producto del impacto, Fúnez, quedó con la mandíbula destrozada y su tejido facial muy dañado, ahora tiene unos aros en contorno de su boca, mientras espera una próxima operación en que le pondrán platino en la boca, pero esta es muy costosa, detalló Ana, por lo que casi no puede hablar, tampoco ingiere alimentos sólidos, desde hace más de dos meses.
Además, Fúnez está llevando un proceso judicial, pues se le acusa de haber atentado contra la policía.
Ana declaró que, sólo se escuchó un disparo de fusil, y los vecinos los saben, y que mientras esto sucedía, la policía del municipio de Salamá, no actuó en ningún momento, más bien guardaron silencio.
En el allanamiento, participó un promedio de 25 policías, y el que acusa a mi esposo es Heliodoro Argueta, el fiscal Marvin Orellana y el oficial de apellido Merlo” aseveró la esposa del afectado.
Tras esta violación de parte de autoridades estatales, “la imagen pública de mi esposo se vio afectada, porque hasta en los medios de comunicación lo acusaban de que él realizaba acciones indebidas, con el hecho que hasta involucran a su papá, quien ya murió”, añadió Ana.
También ha afectado la estabilidad emocional de familia, porque implicó muchos cambios en el ritmo de vida, deserción escolar e intranquilidad, ya que existe siempre le temor que les vuelva pasar lo que vivieron el pasado 19 de septiembre, con el allanamiento perpetrado por la policía.
Hace una semanas, el profesor Abelardo Suazo que pertenece al Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH) denunció un allanamiento a su casa como una persecución que ha sido desatada en contra de dirigentes magisteriales y provocada desde el propio régimen a través del Secretario de Educación, Marlon Escoto.
El allanamiento se produjo el 1 de noviembre del año en curso, cuando Suazo estaba llegando a su casa procedente de su centro de trabajo. “Cuando llegó miro al montón de policías, de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) encapuchados y cobras, entonces yo les pregunté que qué estaban haciendo y por qué andaban allanando mi casa”.
Suazo señaló que los policías no presentaron ninguna orden de allanamiento, abusaron de las personas que se encontraban ahí e incluso “mi madre se vio afectada de los nervios”.
Las denuncias de allanamientos, han sido hechas por dirigentes sociales, políticos, maestros campesinos, radios comunitarias, entre otros, allí se ha demostrado la participación de policías y militares, y es que el régimen de Porfirio Lobo Sosa aprobó en 2011, en Consejo de Ministros, un decreto de emergencia en materia de seguridad pública que faculta a los miembros de las Fuerzas Armadas a realizar tareas propias de la Policía Nacional.
La iniciativa fue aprobada posteriormente por el Congreso Nacional al “interpretar” el artículo 274 de la Constitución para facultar al ejército a realizar patrullajes, allanamientos, capturas y acciones de fuerza contra la ciudadanía que altere el orden público.
La emergencia en seguridad, planteada a través de la Secretaría de Defensa, fue aprobada por un período de 90 días, prorrogable con el propósito de endurecer las acciones de combate a la violencia en todo el territorio nacional.
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