Por Edmundo Orellana
Las acusaciones de fraude sobre el proceso electoral son muchas y de variados tonos. Son tan graves que se exige con insistencia al Tribunal Supremo Electoral el recuento voto por voto.
Estas elecciones internas tenían la finalidad fundamental de legitimar nuestro sistema político, deslegitimado desde las últimas elecciones generales porque sus resultados no fueron reconocidos por la comunidad internacional -cuya actitud cambió casi dos años después por razones meramente humanitarias- y rechazados por una gran cantidad de hondureños. El régimen militar-policial bajo el cual se celebraron, la ausencia de observadores internacionales, la duda que generó el comportamiento sospechoso del TSE y las acusaciones veladas del candidato liberal, fueron las causas de esta deslegitimación. Que la OEA estuviese presente observando este proceso interno, revela la importancia del mismo para apuntalar la desvencijada estructura del sistema electoral hondureño.
Pero no han cumplido siquiera para lo que supuestamente sirven: seleccionar transparentemente los candidatos oficiales de cada partido.
No hay duda que hay responsables. Pero estos no solo son los movimientos de los partidos políticos, también tiene su cuota de responsabilidad el TSC, y en muy alto grado. Es más, este es el principal responsable.
Las prácticas fraudulentas en el proceso electoral son harto conocidas por el TSC. Porque son comportamientos que nacieron desde que hay elecciones y son recurrentes.
Se sabe del tráfico de credenciales desde siempre. Muchos entran a la contienda con la esperanza de convertirse en millonarios vendiendo credenciales, porque son miles y cada vez más cotizadas. Esta práctica inevitablemente lleva a otra: que las elecciones se decidan en las actas, no en el escrutinio de votos. Se anulan votos o se llenan los espacios vacíos, inclinándose el triunfo hacia aquellos que compraron más credenciales. A esto agréguese la compra de votos, con dinero o con bienes del Estado.
Ahora bien, si estas prácticas son del conocimiento de todos, particularmente del TSC electoral, ¿por qué, entonces, este no hizo lo correcto: blindar el proceso electoral?
Cualesquiera que sean las excusas que alegue el TSC serán inaceptables para las elecciones generales. Hay mucho en juego, sobre todo nuestro futuro como país.
Por otro lado, se gastó mucho dinero del erario nacional (en otras palabras, de nuestros impuestos) en estas elecciones internas. Tanto en el proceso como en la propaganda electoral. Se dice que el TSC gastó aproximadamente mil millones.
¿Cuánto se gastó en propaganda electoral? ¿Cuánto en la compra de credenciales? ¿Cuánto en la compra de votos?
Difícilmente lo sabremos, pero sí sus consecuencias. Por eso, el gobierno busca desesperadamente -hipotecando nuestro futuro y el de las próximas generaciones- 20 mil millones de lempiras para, supuestamente, cumplir sus compromisos de este año. ¿Y las elecciones del próximo año cuánto nos costará? ¿De dónde sacará dinero el gobierno?
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