Radio Progreso
Llegamos a fin de año y el panorama con respecto a la impunidad en el país es desolador y la imposición de una supuesta normalidad política y social que comenzó con los acuerdos de Cartagena y el reingreso de Honduras a la OEA, ha sido sellada con el proceso electoral como única vía de arreglo de los conflictos y de cambio social.
Mientras tanto, el país sigue hundiéndose en el fango de la violencia, la corrupción, la impunidad y la vulnerabilidad de los sectores más golpeados de nuestra sociedad, y continúa siendo calificado internacionalmente como un país en una situación altamente delicada.
Así, el Fondo para la Paz ha ubicado a Honduras en el puesto 78 en un listado de 177 países, declarándolo al borde del “Estado fallido” y el Banco Mundial en su último informe “Haciendo negocios” lo ubica en la posición 131 de 183 países, declarándolo “país en riesgo”. Detrás de estas calificaciones se encuentra una realidad que nos confirma que las estructuras del golpe de Estado y de la violencia estructural siguen intactas.
La criminalidad que asesina a 20 personas diariamente; las más de 80 personas asesinadas a causa del conflicto en el Aguán; la cifra escalofriante de 7400 menores de 23 años ejecutados desde el año 1998; las 278 muertes violentas de niñas y mujeres sólo entre enero y junio de este año; los 33 periodistas y comunicadores asesinados, 9 sólo en el año 2012; y a la aplicación del decreto de amnistía a violadores a derechos humanos.
La elaboración de un presupuesto que privilegia las armas y la violencia de la policía y el ejército en detrimento de la inversión social; los millones de lempiras que engrosan las cuentas bancarias privadas de los corruptos y que despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, empleo, condenando a millones de personas a la muerte por hambre, por falta de acceso a una vivienda adecuada y agua potable, por desnutrición y enfermedades curables.
Es cuestión de vida o muerte romper con esta cultura de impunidad que nos consume y construir alianzas basadas en la honestidad y el bien común que nos lleven a las organizaciones comunitarias, populares, campesinas, defensoras de derechos humanos, étnicas, de género y juveniles a iniciar un camino que conduzca hacia la construcción de un país más justo y más compartido.
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