Por Rodolfo Pastor Fasquelle
Los hechos están a la vista. Algunos analistas se retiraron justo a tiempo. Hay gente que ahora como ayer se las arregló para no estar con Dios ni con el diablo, y gente que prospera como la Rectora Castellanos que declara que los golpeados dieron motivos pero que hay cosas oscuras del procedimiento que ella (nadie más) espera que se aclaren. Y otros que, como el propio Presidente de la Corte formó parte de la conspiración, hizo llamadas telefónicas a instancias suyas para concertar los beneficios y no ha condenado nada, porque no ha abierto la boca, cuando preside el órgano que deber pronunciarse sin apelación sobre la legalidad del turbio asunto. Y bueno, Yani, que niega haber participado y contradice al Jefe máximo de la conspiración al respecto. (Y habría que aplicarles a los dos las pruebas del polígrafo para saber quien miente y de repente ninguno de los dos las pasa.) Los periodistas cínicos acusan a LIBRE de haber callado pero no es así, nuestra Candidata explicó que, para ella, el incidente demuestra porqué los Magistrados también deben ser electos, para que no conspiren ni se les pueda destituir (¿será?).
De ahí para allá han manifestado su consentimiento con el nuevo golpe sus instigadores, el Presidente Lobo y el Presidente Hernández y, de ciento diez diputados que firmaron la solicitud para proceder en ese sentido, consignaron su voto a favor de la moción (que destituía a cuatro magistrados), noventa y siete padres de la patria de casi todos los partidos y la gran mayoría del partido gobernante, con las notorias excepciones de Ramos Soto y tres o cuatro diputados de las facciones perdedoras de la reciente elección interna, quienes votaron en contra, junto con la mayoría de la bancada minoritaria. Y a pesar de la campaña mediática en su contra, a favor de la destitución ilegal se han manifestado también amplios sectores de la sociedad hondureña, de la opinión pública en general, bajo la convicción de que esta medida era necesaria para asegurar el avance de la depuración policial, una ingenuidad si se quiere manipulada, pero legítima, en este país que da un paso adelante y dos para atrás, aunque siempre aplaudiendo como decía un cubano hace tiempo.
Más que contar las manos que se levantan a favor o en contra, y las que se esconden luego de lanzar la piedra, me ha interesado escuchar los argumentos de los intelectuales orgánicos de la clase política. Escuchar por ejemplo a los propios magistrados afectados argumentar que se ha producido una alteración del orden constitucional, porque el Congreso no tiene facultades para destituirlos (aunque es el órgano que los ha nombrado o elegido) y que, en su destitución, se han violentado nuestros derechos constitucionales, como el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oídos en una corte.
¿Quién podría estar en desacuerdo? Pero recuerdo perfectamente también que en otra madrugada, durante el golpe de Estado para nada técnico, simplemente brutal, del 28 de Junio de 2009, ellos formaban parte de la Corte Suprema de Justicia que se calló. Que no dijo que el Congreso no tenía facultad para destituir al Presidente Constitucional de la República democráticamente electo por el pueblo soberano. Que todos ellos son miembros con voz y voto de esa misma Corte que un día después falsificó una orden de arresto contra ese mismo Presidente, sin tener tampoco facultades para eso, con el fin de eximir a los militares golpistas de su responsabilidad. Y que más tarde colaboró con la artimaña de una acusación de la Fiscalía, cuyo propósito era eximir a esos militares de la responsabilidad de no haber efectuado ese arresto si no haber exiliado al Presidente por la fuerza y por necesidad. Lo resume brillantemente el amigo Edmundo Orellana cuando dice que le han dado un poco de su propio chocolate, a la Corte a la cual paradójicamente Orellana sigue considerando autoridad legítima pese a haber concluido que cometió delito de traición a la patria.
Y bueno la comunidad internacional y hasta la Comisión de la Verdad oficialista concluyeron en su estudio que al Presidente Zelaya esa Corte Suprema le negó el debido proceso y el derecho a la defensa y el derecho a ser oído. Y la Corte hoy mutilada nunca ha actuado sobre esas violaciones, porque tendría que actuar contra si misma, si no que ha procedido sistemáticamente a dar trámite a las más escandalosas acusaciones fabricadas por la Fiscalía, infundadas para juzgar y perseguir al Presidente Zelaya y a sus más cercanos colaboradores.
Me maravilla escuchar al Fiscal General exigir que el Congreso le remita el Decreto mediante el cual destituyó a los Magistrados importándose de defensor de la Constitución cuando jamás investigó la falsa renuncia pública con base en la cual todavía a media mañana del domingo 28 de junio el Congreso también pretendía proceder a la sucesión constitucional luego del exilio forzado de Mel Zelaya. Ni tampoco ha procedido ese Fiscal a estudiar mucho menos impugnar la inconstitucionalidad de lo acontecido luego de que esa renuncia fuera denunciada como una falsificación, ni exigió que se la mandaran, que no ha impugnado todavía la ilegal destitución del Presidente por estos mismos congresistas (aunque fuera en otra legislatura) y con los votos aquella vez unánime de los nacionalistas, porque no hubo valientes disidentes, como ahora, y aun los gurús del formalismo juridicista como Ramos Soto (que ahora declara que se irrespetó la carta del Estado) porque si eran cachurecos, votaron contra Mel, todos y Juan sin "Meyo", en primer lugar con instrucción del entonces Presidente de su partido Lobo.
Me encanta escuchar al actor de películas en blanco y negro asegurar, Leitzelar, esta vez sin pistola, que no existe la facultad para destituir un magistrado cuando en su momento no dijo que tampoco existía (y por tanto nadie tenía) facultad para destituir a un Presidente constitucional. ¿Qué derecho tienen para hablar estos fantasmas? Me pregunto. ¿Qué derecho tiene un Ombudsman Custodio---que en 2009 declaró que todo, incluso el ametrallamiento de sus protegidos, se hacía en defensa de la ley y del respeto a la institucionalidad---a la perspicacia de descubrir que aquí hubo un montaje político? ¿Qué derecho tiene el jurista R. Pineda a asegurar que volvemos a la época de las cavernas porque se golpeó a cuatro magistrados cuando aplaudió el golpe contra un Presidente hace tres años.
¿Cómo se atreven los empresarios a decir no hay que crear incertidumbre con este golpe cuando aplaudieron el golpe de Estado contra Mel incluso horas antes de que culminara? ¿Qué derecho tienen Bográn, Galeano o Jaar y Bendeck a quejarse de que esa destitución de cuatro jueces, con la connivencia de los tres presidentes legítimos de los tres poderes del Estado va a afectar internacionalmente (sic) al país, porque lo repudiarán los gobiernos amigos como si no hubieran defendido a capa y espada las tesis oficialistas de la sucesión…. contra el mundo entero hasta nuestros días? Y ¿cómo puede ahora, y con que lógica el COHEP a exigir que las autoridades correspondientes se pronuncien jurídicamente sobre la legalidad de los hechos? Es que ¿acaso no ven con prístina claridad que es ilegal? Por supuesto. Pero nunca necesitaron un dictamen legal ni lo mostraron para justificar su apoyo al golpe contra Mel.
¿Qué clase de clase dominante es ésta? ¡Qué vergüenza! Y ¿a qué clase de idiota creen que le están hablando?
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