El presidente Lobo Sosa, aparentemente incómodo con el desbalance presupuestario, ha admitido que su gobierno está en crisis, pero que el país no lo está, pues el problema de la administración es el excesivo gasto en las dependencias del Ejecutivo.
Desde el comienzo, la actual administración se vio afectada por el abuso en el gasto público, que no ha podido corregirse. El secretario de Finanzas, Chong Wong, en su momento hizo las advertencias sobre lo que estaba ocurriendo, pero el resultado fue la renuncia —¿o resignación?— de este funcionario.
El desorden administrativo, por consiguiente, ha sido constante en el gobierno actual y que se tipifica en diferentes grados, de acuerdo con los recursos de cada dependencia estatal, prevaleciendo en ello el signo de la corrupción, sin duda maximizado este año político y que se extenderá al último del período.
Por supuesto, el responsable de la administración es el Ejecutivo, que puede equipararse a la de un gerente general en una empresa privada. Es un hecho que los varios cambios ministeriales no solucionaron el derroche, para decirlo de alguna manera, porque los controles administrativos no han funcionado, en parte porque no existe una ajustada rendición de cuentas.
El presidente Lobo trata de centrar las culpas en el sector privado renuente al pago de los impuestos y siempre dispuesto a la evasión fiscal, y, en verdad, en eso le asiste la razón, pero no del todo. El tema principal es que el equipo de gobierno no se ha distinguido por su capacidad administrativa, y en eso también incide la falta de criterio para la selección de los funcionarios.
Ahora el mandatario anuncia una iniciativa legislativa para castigar a los funcionarios abusivos en el uso de las finanzas del gobierno, castigándolo hasta con diez años de inhabilitación para ocupar cargos políticos y puestos públicos, lo cual da la impresión de ser una amenaza más y no un proyecto factible.
En realidad, no habría necesidad de recurrir a ese tipo de sanciones porque existe abundante legislación aplicable a la malversación y la aplicación indebida del dinero público. Sin embargo, está a la vista el hecho de que en nuestro país no se utiliza la ley, al punto de que nadie va a la cárcel por tales motivos, ya que el sistema de la corrupción funciona a la perfección, en tanto se reproduce y expande.
Asimismo, el mandatario insiste en que también “la culpa es de aquellos funcionarios que dirigen las instituciones, que, irresponsablemente, han gastado más de lo que tienen que gastar…”, lo cual se dice como si se tratara de algo ajeno y no de la propia administración. La crisis, entonces, parece ser vista desde un balcón, y, para colmo, se queda en la administración pública, pero no toca al país.
La realidad es muy distinta, mal que pese. El país está en crisis, en una crisis profunda, que no solamente tiene que ver con lo económico sino que lo abarca todo, precisamente porque obedece a un colapso de la institucionalidad. Lo que tenemos es una república degradada, sin administración de justicia, sin función legislativa coherente y sin consistencia ejecutiva.
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