Por Carlos H. Reyes
El destacado dirigente obrero, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), Carlos H. Reyes analiza la situación socio-política del país tomando en cuenta las más recientes decisiones adoptadas por el Congreso Nacional y las consecuencias que traerá para el futuro político de Honduras.
El régimen de Porfirio Lobo Sosa en Honduras, ha generado contradicciones a lo interno del grupo oligárquico golpista, que se han venido agudizando, a medida que avanza la crisis fiscal del gobierno, los golpes del crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos y avanzaba también, el proceso electoral interno para tres partidos, que se llevó a cabo el 18 de noviembre 2012.
Ese proceso electoral fraudulento, la resolución de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el decreto del Congreso para dividir nuestro territorio en “ciudades modelo”, y la amenaza darle otro golpe al Congreso, cuando la sala de lo constitucional voto por mayoría , que el decreto del Congreso, para aplicar el polígrafo a los policías por los actos criminales y de corrupción que ahí se practican, iba también por el mismo camino de declararlo inconstitucional; ello agudizo la crisis contra la Corte Suprema de Justicia, que en las últimas semanas ha permanecido bajo amenazas de destituciones y han aflorado dos bandos: el grupo oligárquico, supuestamente menos a la derecha, encabezado por Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández Presidente del Congreso y candidato a la presidencia por una corriente del Partido Nacional en el poder; y, el otro grupo oligárquico, más a la derecha, encabezado por Ricardo Álvarez de la otra corriente del partido nacional, con Mauricio Villeda de la corriente más golpista de los liberales.
Ricardo Álvarez, no ha reconocido el triunfo de Juan Orlando Hernández en las elecciones internas del Partido Nacional y ha acudido a la Corte Suprema, a demandar se haga un conteo voto por voto, del proceso electoral, porque se considera víctima de un fraude, montado por Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo.
Así las cosas, ante la posibilidad que en la Corte resuelvan a favor de Ricardo Álvarez su demanda, el Presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, movió todos sus tentáculos. Se aprovechó, que la Sala de lo Constitucional, no había resuelto en el tiempo que manda la ley el caso del decreto para depurar la policía, haciéndolo un día después del término y cuando además ya había caducado. El Congreso lo interpretó como un mensaje no solo en su contra, sino que impediría que se emitiera un nuevo decreto para seguir usando el polígrafo, uso que la mayoría de la Sala de lo Constitucional consideró, es como obligar a los policías a acusarse a si mismos, lo cual es prohibido por la ley.
El proceso de la destitución de 4 de los 5 Magistrados, por parte del Congreso, implicó primero, que se presentara una moción para “investigar la conducta administrativa de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia” a través de una Comisión; y una vez hecha la investigación, donde no se escuchó a los investigados, la Comisión pidió al Congreso proceda conforme a su criterio. Segundo, procedió a la destitución de los Magistrados que votaron a favor de declarar inconstitucional la “Ley Especial de Depuración de la Policía” y que por no haber habido mayoría, correspondía entonces al Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolver. La resolución se emitiría el día que destituyeron a los cuatro Magistrados y ello impidió hacerlo.
En la defensa del Congreso, se han alineado el grupo oligárquico supuestamente menos a la derecha; y en su contra, el más derechista con los medios de comunicación golpistas.
Ambos grupos son golpistas, actualmente divididos, lo que provoca otra crisis que sumada a nuestra tragedia y al tener un Estado Degradado, peligra nos declaren Estado fallido y venga más intervención gringa, cuando ya hay un convenio para que la seguridad la dirija ese imperio, que tiene tres bases militares y la DEA, con el pretexto del narcotráfico, nos tiene como su potrero y asesina impunemente a los hondureños.
La Corte Suprema de Justicia, hoy golpeada, fue copartícipe del golpe contra el Presidente Manuel Zelaya y declaró inconstitucional el Decreto emitido en el gobierno de Zelaya para entregar tierra a los campesinos; las nuevas tasas impositivas contra algunos capitalistas; y, las “Ciudades Modelo”. La Corte Suprema, no declaró inconstitucional la ley de educación favoreciendo su privatización, y al suponer el Congreso, que declararía inconstitucional la ley de depuración de la policía y resolvería favorablemente la demanda de Ricardo Álvarez, consideraron a la Corte como un peligro y empezaron las amenazas. En medio de la crisis, Porfirio Lobo Sosa denunció un golpe de Estado.
El Congreso Nacional, por su parte, ha sido el responsable: de emitir Decretos para entregar el territorio y los recursos naturales al capital nacional y extranjero; del golpe de Estado contra Manuel Zelaya; de emitir la ley de educación para privatizarla; la Ley de Escuchas; la ley de empleo Temporal por Hora para continuar derogando el Código del Trabajo; la ley para quitar al magisterio su instituto de previsión y la ley de “ciudades modelo”. Emitió Decretos para sacar a Honduras de PETROCARIBE y el ALBA; ratificó los decretos que nos convierten en paraíso fiscal; permite la devaluación de la moneda; y emitió otras leyes, contra el pueblo y a favor del capital transnacional, con el pretexto que da empleo no importando si es precario, sobre explota el trabajo asalariado y no desarrolla nuestra fuerzas productivas.
Estamos ante Instituciones que delinquen contra el pueblo, contra nuestra soberanía y se dan golpes y contra goles que acaban con la poca institucionalidad que quedaba. El grupo oligárquico más de derecha acusa de haber una agenda oculta entre el grupo de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández con Manuel Zelaya, para ir a una Constituyente.
De profundizarse esta crisis, entre los dos grupos oligárquicos golpistas y vende patrias, en el marco de la tragedia que vivimos, provoca que a Honduras se le declare Estado Fallido para una mayor intervención gringa. El control de los Tres Poderes del Estado, al seguirse agudizando la crisis, puede traer mayores niveles de represión. Ante la ausencia de institucionalidad y de un Estado de Derecho, hoy más que nunca se hace necesaria una Asamblea Nacional Constituyente que siente las bases para la Refundación del Estado.
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