Por Dina Meza
Mientras ante las víctimas de Ahuas, La Mosquitia, sus familiares y la representación legal a cargo de COFADEH, el Ministerio Público de Honduras mantiene una ilegal secretividad del expediente, a los Estados Unidos le brindó un informe pormenorizado donde reconoció la participación de la Drug Enforcement Administration, DEA, de militares hondureños y policías preventivos, a través de una carta enviada el 12 de septiembre pasado a María Otero, Secretaria de Asuntos Globales del Departamento de Estado.
Es en relación al crimen donde está señalada como partícipe la DEA el 11 de mayo anterior, a eso de las dos de la madrugada, cuando 16 personas viajaban a bordo de un pipante, entre ellos niños y mujeres en estado de embarazo, quienes habían zarpado desde Barra Patuca a las 8:00 p.m. del día 10 de mayo de 2012, con destino final en Ahuas, cuyo desembarque sería hacia las tres de la mañana también en el muelle o landin de Paptalaya.
En mayo el COFADEH se desplazó a la zona con un equipo investigativo para investigar la realidad de los hechos puesto que a nivel de medios corporativos de comunicación en Honduras y se inició una campaña para tergiversar la situación y dejar sin responsabilidad a quienes cometieron el crimen . Vea investigación realizada por COFADEH.
En Estados Unidos también se hizo lo propio para mediatizar el caso a través de varios actos y presentación de videos que no presentaban la realidad de los hechos que fueron mostrados a periodistas que cubren el Departamento de Estado.
Desde que salió públicamente esta investigación las puertas del Ministerio Público se cerraron y el expediente fue declarado en secretividad. El Estado abandonó a los y las supervivientes de la masacre, al extremo que el COFADEH debió enviar una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, para que se asumiera la responsabilidad y se procediera de inmediato a brindarles atención médica, solicitando asimismo medidas cautelares para estas personas y sus familias pues estaban sufriendo amenazas a muerte.
El 24 de mayo el Cofadeh presentó denuncia a la Fiscalía de Puerto Lempira sobre el por los delitos de “muertes, graves lesiones, detenciones ilegales, amenazas de muerte, allanamiento, denegación de auxilio, trato cruel, inhumano y degradante, y abuso de autoridad contra la población del municipio de Ahuas”.
Además se presentó la denuncia en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, ambas contenían peticiones especiales para aplicar al proceso de investigación, a la fecha la denuncia fue presentada a la fiscalía de la Etnias y a la de la Niñez, esta última se negó a recibir la declaración de la Clara Wood, madre de Haskeed, el niño de 14 años que murió durante el tiroteo.
Fiscal General Luis Alberto Rubí
Hace unos días se filtró una carta que el Fiscal General enviara al Departamento de Estdo de los Estados Unidos, dándole la versión desde el Ministerio Público, la cual deja muy mal paradas las argumentaciones tanto de funcionarios hondureños como de los Estados Unidos para alejarse de la responsabilidad.
En la nota el Fiscal General Luis Alberto Rubí, según oficio número FGR No. No. 222-09-2012, poyado en un expediente supuestamente investigativo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, detalla que en la operación, en la que trata de deslindar responsabilidades de los Estados Unidos, participaron los policías preventivos de las Fuerzas Armadas de Honduras Noel Andrés Hernández, Geovany Barahona Cruz, Santos Pablo Cruz Núñez, Eykel Boanerges Valladares, Selvin Emir Espinoza Lagos, Adrián Sánchez Hernández, José Manuel Cáceres, Dunior Leonardo Medina Matute, Oscar Linson Roney Ávila Suárez, Luís Alfredo Valladares Cedillo, Elmer Alexander García Marín, Alexander Ramón Robelo Salgado y Wilson Adil Villalobos Valladares, de la Policía Nacional.
Además señala la participación de militares de la Fuerza Aérea Hondureña sin mencionar nombres de ninguno de ellos.
El Ministerio Público no procedió a decomisar las armas utilizadas por miembros de la DEA que participaron en el Operativo, ni a tomar las declaraciones correspondientes a este personal que está señalado de haber disparado armas de grueso calibre contra la población civil.
Las diligencias tampoco abarcaron a los militares de la Fuerza Aérea Hondureña, FAH, que estaban en el operativo. El Ministerio Público se limitó a enunciar que estaban en el sitio.
Aunque eso no ocurrió en el informe dirigido a Otero, el Fiscal General trata de justificar a toda costa la operación, la que señala como una acción antidrogas y que habían civiles disparando contra los agentes estatales tanto de Honduras como de Estados Unidos, “ … reconocen los miembros de la Policía Nacional haber disparado bajo las circunstancias antes imputadas, es decir en la creencia racional que quienes se conducían en la panga eran delincuentes y el temor de que dispararan contra sus vidas…”, dice parte del informe.
En el mismo destaca que el Ministerio Público tomó declaración a los familiares de las víctimas quienes relataron que nunca vieron otro pipante ni portaban armas, tal como lo señalan los agentes de la DEA y EUA.
En la carta a la Secretaria de Asuntos Globales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Fiscal General Luís Rubí expresa que procedieron a solicitarles las armas a los policías preventivos, a pesar que participaron los agentes de la DEA y militares de la Fuerza Aérea Honduras que también utilizaron armas, de esta forma la impunidad de sus acciones queda muy bien protegida.
Los detalles obviaron cosas vitales como la muerte a mansalva de Juana Jackson, con 6 meses de embarazo, Candelaria Pratt Nelson, con 5 meses de embarazo, Emerson Martínez Henríquez (21) y Hasked Brooks Wood (14), y que en las exhumaciones realizadas en forma intempestiva por el Ministerio Público sin la presencia de los representantes legales de las víctimas y sus familiares, no se observó ningún protocolo para llevarlas a cabo de manera imparcial y sin la intervención norteamericana que de forma sospechosa mandó a uno de sus representantes para participar en este proceso. Qué hacía esta persona? Por qué el Ministerio Público permitió su presencia?
La muerte de las dos mujeres con dos vidas en sus entrañas, el joven y el niño, están en completa impunidad, mientras que los sobrevivientes Hilda Rosa Lezama Kenreth (53), Melaño Olopio (60), Wilmer Lucas Walter (14), Lucio Adán Nelson Queen (22), viven el calvario de las consecuencias que tuvieron los disparos de armas de grueso calibre en sus cuerpos.
En lo referente a la exhumación sin la presencia de los apoderados legales de las víctimas y sus familias, el Ministerio Público destaca que las muertes ocurrieron como consecuencia de disparos de fusil calibre 5.56 que destruyeron su corazón, pulmones y otras partes del cuerpo. En la investigación realizada por el COFADEH los orificios de bala en las víctimas mortales dejaron grandes agujeros destacando que se trata de armas de grueso calibre.
Informe del Ministerio Público contradice a funcionarios de Honduras y EUA
Queda evidenciado que el informe del Ministerio Público contradice a funcionarios hondureños como el Canciller Arturo Corrales como al Ministro de Defensa, Marlon Pascua, ambos tratando de dejar de lado la responsabilidad de lo militares de la DEA como de las Fuerzas Armadas de Honduras.
El ministro de Defensa, Marlon Pascua, dijo el 02 de junio, 22 días después de los hechos que el dispositivo no estuvo ni dirigido ni presenciado por los miembros del Ejército hondureño.
Mientras el canciller Arturo Corrales manifestó el 01 de junio que la llegada de la DEA al país “no es reciente, pero no está en acciones que no hayan sido plenamente identificadas a través de un protocolo de cooperación entre Estados Unidos y Honduras”
El canciller aseguró que la labor de los agentes de la DEA estaba definida así "desde el momento en que el operativo fue diseñado", y subrayó que las fuerzas de seguridad hondureñas que viajaban en el helicóptero dispararon en respuesta a un ataque desde la embarcación.
"Ellos no abrieron fuego, sino que contestaron el fuego una vez que fueron atacados", afirmó Corrales. "La operación estaba diseñada para que sean las autoridades hondureñas las que, en caso de ocurrir eso, respondan".
Por su parte Lisa Kubiske, Embajadora de EUA en Honduras, señaló el 01 de junio que “se trata de una tragedia, pero en este caso, según lo que yo entiendo, estaban actuando en autodefensa y ese es su deber, porque la lucha contra la droga es importante”.
Sin embargo el Ministro de Defensa Marlon Pascua señaló a pocas horas de sucedidos los hechos en el diario digital proceso.hn (que “Esta no es una operación de las Fuerzas Armadas, no es coordinada por las Fuerzas Armadas, creo que es importante que esto se reconozca de una vez por todas, no es algo que nosotros hemos dirigido o hemos coordinado”, aclaró.
Prosiguió que “no es una acción de las Fuerzas Armadas, en este caso, las personas que dieron la información desde un inicio, ellos son los que tienen que informarnos de cómo se dio la operación, ¿por qué sucedió lo que sucedió?”.
Exigencia de justicia y heridas sin curar
En medio de la impunidad en que se mantiene este múltiple crimen, hay exigencia de justicia, aunque pretendan cerrar este capítulo funesto desde las instancias deslegitimadas del Estado hondureño.
La falta de atención a las víctimas continúa, el niño Wilmer Walter no fue atendido debidamente por el Estado hondureño y ha seguido un largo proceso de terapia en acompañamiento con el COFADEH, aunque han pasado ya casi ocho meses la movilidad de su mano izquierda no es la adecuada y no puede hacer con normalidad sus actividades diarias.
Entretanto la herida en el brazo de Lucio Adán Nelson Queen , todavía emana pus y podría conducirlo a una situación de peligro grave para su salud, según lo destacó en conferencia de prensa el pasado 13 de diciembre la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, quien señaló que el Ministerio Público es una lavandería para dejar sin efecto la responsabilidad de altos mandos de la fuerza pública.
Periodistas de diferentes medios de comunicación pudieron conocer de viva voz de los sobrevivientes las peripecias que están pasando con su salud, mientras tienen de frente a un Estado que esconde la información para que no se exija deducción de responsabilidades a altos mandos tanto de la DEA de Estados Unidos como de militares hondureños, que operan con total impunidad en la zona de la Mosquitia sembrando el terror en la población como parte de la militarización y la intromisión en suelo patrio de los Estados Unidos, que tienen como pretexto la lucha contra el narcotráfico.
Solo si me traen autorización del Fiscal General les muestro el expediente
Así le dijo la fiscal Leyla Alemán a la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH el 23 de noviembre anterior cuando ella junto con un equipo periodístico de esta organización pretendía tomar nota de las acciones del Ministerio Público sobre este caso.
“Solo si me traen autorización del Fiscal General les muestro el expediente”, dijo en tono irónico con la seguridad que no se contará con esa autorización del Fiscal General Luís Alberto Rubí.
Meses atrás la excusa fue que el expediente estaba en secretividad, debido a ello el COFADEH interpuso una denuncia el 17 de octubre pasado por los delitos de Abuso de Autoridad y Falta a los Deberes de los Funcionarios contra la Fiscal Alemán.
La Fiscal no respetó el oficio FEDH 1372-2012, de fecha 03 de septiembre de 2012, firmado por el titular de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, German Enamorado, en respuesta a Bertha Oliva Coordinadora General de COFADEH, quien le denunció que la Fiscal Leyla Alemán se negaba a que una abogada de COFADEH viera el expediente.
Enamorado expresó que: “La secretividad de las investigaciones literalmente expresa: Las investigaciones realizadas por la autoridad competente, se mantendrán en secreto respecto a toda persona que no forme parte de las misma, mientras sus resultados no sean presentados ante los órganos jurisdicciones. Las autoridades encargadas de la investigación, procurarán no lesionar los derechos de los investigados durante la práctica de sus investigaciones…”
La nota dirigida por Enamorado a la Coordinadora General del COFADEH continúa en estos términos: “Dichas regulaciones obligan a disponer lo siguiente: 1.-Se conceda copia de las declaraciones de los testigos, y en lo demás se permita la vista del expediente al representante de COFADEH, que esté debidamente representando en dicho expediente”.
Otro punto señalado por el Fiscal Especial de Derechos Humanos expresa que “2.-De igual manera el fiscal a cargo del mismo Abob. Leyla Alemán, le explicará con amplitud el curso de las investigaciones, que obviamente muestran un denotable avance para lo cual se impone que la fiscal rinda el informe solicitado por su persona, en los términos que no afecte las reglas que regulan la divulgación de información………”.
La orden de no permitir acceso al expediente viene de arriba
A pesar de la obligatoriedad, la Fiscal Leyla Alemán continuó negando el acceso al expediente, de allí que el COFADEH a través de Oliva envió una nueva comunicación, esta vez al Fiscal General, Luís Alberto Rubí, con fecha 18 de septiembre de 2012.
“Me comunico con usted de manera urgente con el propósito de exponer algunos hechos relacionados al caso en referencia que violentan una de las funciones primordiales del Ministerio Público : Tutelar los derechos y garantías constitucionales, por lo que solicito una pronta respuesta…”.
Oliva detalló a Rubí que la Fiscal Alemán desconoció instrucciones del Fiscal Especial de los Derechos Humanos en el sentido de que procediera a facilitar las copias de las declaraciones de los testigos, en lo demás permitir la vista del expediente y que la Fiscal Alemán explicara con amplitud el curso de las investigaciones.
La Coordinadora General del COFADEH le explicó en esta carta al Fiscal Rubí que Alemán argumenta “Si le doy copia de los testigos me corre… y Germán Enamorado no está autorizado para dar copias….la orden viene de arriba, así que pídansela al Fiscal Luís Rubí”.
Ante esta arbitrariedad y falta de respuestas, el COFADEH interpuso una denuncia por Abuso de Autoridad y Falta a los Deberes de los Funcionarios ante Danelia Ferrera, Directora de Fiscales, con fecha 17 de octubre de 2012, y en contra de la Fiscal Leyla Alemán.
Después de explicar las reiteradas negativas, la denuncia del COFDEH expresa que: “..respetuosamente pido: Admitir la presente denuncia, proceder deducir la responsabilidad administrativa que hubiere lugar en derecho a la señora Leyla Alemán, así como la responsabilidad penal, por haber faltado a los deberes como funcionaria, y abusado de su autoridad al negarse cumplir una orden de su superior jerárquico….”.
Todas estas comunicaciones no han surtido ningún efecto, esto deja evidenciado la falta de institucionalidad que tiene el país desde el golpe de Estado de 2009.
COFADEH recusa a fiscal Leyla Alemán
Con fecha 06 de diciembre de 2012 el COFADEH presentó ante la Directora de Fiscales, Danelia Ferrera, una Recusación Contra la Fiscal Leyla Alemán, por la negación de la información sobre los avances del caso de la masacre contra víctimas mortales y sobrevivientes del ataque militar de la DEA, ejército y policía de Honduras.
Esta recusación se fundamenta en los artículos 80 de la Constitución de la República, 83 numeral 2, 84, 85,86, 87, 88, 89, 90 y 91 del Código Procesal Penal, artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La recusación expresa en su parte final que “…solicito que de manera urgente se ordene a la fiscal Alemán se excuse de seguir conociendo la investigación, se aplique la sanción disciplinaria o administrativa …….y que la indagación se traslade a un fiscal que pueda ser objetivo, imparcial y efectivo para llegar a la verdad de los hechos, además que cumpla con el deber de informar a las víctimas y sus representantes sobre todas las diligencias investigativas y los avances de las mismas..”
Sobre esta otra petición tampoco el COFADEH ha tenido una respuesta oficial por parte del Ministerio Público, por lo que las aseveraciones de la Fiscal Alemán de que las órdenes vienen de arriba pueden considerarse como ciertas si no hay ninguna medida que restituya el derecho a las víctimas y a sus familiares, así como a sus apoderados legales a conocer la verdad de las diligencias que ha realizado el Ministerio Público en el caso antes mencionado.
COFADEH denuncia internacionalmente y describe situación de huérfanos y sobrevivientes
Varias denuncias han sido presentadas en el ámbito internacional por este caso, debido a que hay denegación de justicia en Honduras, se acudió entre otras instancias a la Relatoría sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; al Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios como Medio de Violar los Derechos Humanos y de Obstaculizar el Ejercicio del Derecho de los Pueblos a la Libre Determinación, de la Organización de las Naciones Unidas.
El COFADEH describió los hechos y relató la situación actual de los y las niñas sobrevivientes y huérfanos, a continuación lo que la organización destaca:
“Desde el día de los hechos, las familias de las víctimas sobrevivientes se enfrentan a reiteradas dificultades para cubrir los costos de atención médica y manutención de los huérfanos hijos de las víctimas mortales: Emerson Martínez era padre de dos hijos un niño de tres años y una niña de un año, estaba casado con Semdi Faviola Eulopio Lezama. También dependía de Emerson su madre Que vive en la extrema pobreza en Puerto Lempira”.
Agregó que Juana Jackson era madre soltera, de dos hijos: un niño de 9 años y una niña de dos años. Vivía con su madre y con su hermana en Ahuas, después de la muerte de su madre en marzo de 2012. La hermana de Juana, también madre soltera, es desempleada, y es la única familiar inmediata de la víctima asumió el cuidado de los niños.
Candelaria Trapp, madre soltera, de seis hijos de 22, 19, 18, 17, 16 y 14 años de edad. A pesar de sus escasos recursos económicos sostenía la educación de sus seis hijos después de su muerte violenta su hermana asumió el cuido y manutención de los seis hijos, debido a las nuevas dificultades solo cuarto están cursando estudios de secundaria, en el municipio de Brus Laguna.
Wilmer Morgan Lucas recibió un disparo en la mano derecha que le fracturó cuatro huesos importantes para la funcionalidad de su mano. Tiene solo 14 años hijo de una madre soltera con tres hijos mas, tuvo que dejar su trabajo en una fábrica de empaque de camarones de Roatán, y a sus dos hijas, una de ellas con epilepsia para ir a cuidarlo al hospital en tierra firme.
La familia también tuvo que pagar los costos del tratamiento y de los desplazamientos. El hospital en La Ceiba no tenía capacidad para realizar la operación e inicialmente proponían amputarle la mano la intervención de la Cruz Roja Internacional y del COFADEH, contribuyó para que fuera operado en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Evaluaciones de médicos Privados especialistas en ortopedia general y ortopedia de mano, así como cirujanos plásticos y neurólogos han dictaminado que requiere una segunda cirugía para liberar los tendones que se encuentran atrapados, ayudaría a recuperar la funcionalidad de la mano en 60% la nueva cirugía de liberación tendinosa y reconstructiva tiene un costo superior a los 100 mil lempiras.
Asimismo requiere seis meses continuos de terapia funcional y ocupacional y la aplicación de electricidad en sus tendones mediante equipo médico especial valorado en 200 Dólares de Estados Unidos. La terapia Física-ocupacional únicamente es aplicada en la ciudad de Tegucigalpa, la Mosquitia y Roatán de donde es originario y residente el niño carecen de centros especializados en este tipo de terapias. Por lo que se requiere que el estado asuma en forma urgente la obligación de la rehabilitación funcional y los costos de alojamiento alimentación y movilización de la madre y el niño así mismo garantice su acceso a la educación durante el tratamiento.
Pido a las víctimas y familiares que no se cansen de exigir justicia
El pasado 13 de diciembre en que COFADEH realizó una conferencia de prensa con víctimas y familiares de cuatro casos emblemáticos entre ellos el de Ahuás, también llegaron los sobrevivientes, a quienes se llevó a Medicina Forense para que se constate las consecuencias que el ataque dejó en sus cuerpos.
El viernes 14 de diciembre el Fiscal Especial de Derechos Humanos, Germán Enamorado, llegó a la sede del COFADEH, donde se encontraban las víctimas sobrevivientes y familiares de las personas que perdieron su vida en esta acción producto de la militarización norteamericana en Honduras. Él pudo constatar la grave situación que están pasando los sobrevivientes.
“Tenemos 30 años de luchar por la justicia y no nos cansaremos hasta lograr que prevalezca la verdad, les pedimos a las víctimas y a sus familias que tampoco se cansen ni se dejen desesperanzar por este Estado que protege la impunidad, ánimo sigamos luchando”, declaró la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva ante este panorama oscuro que vive Honduras.
¿Hasta cuándo será la espera?, ¿la mano de la justicia alcanzará a los agentes de la DEA involucrados en este hecho deleznable? La historia será el juez que dicte la sentencia.
Vea los siguientes documentos:
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