Un nuevo informe de Derechos Humanos denuncia la injerencia extranjera, el incremento de la pobreza, la grave situación en los campamentos de desplazados, la inseguridad jurídica para las personas, y la responsabilidad de la MINUSTAH en la epidemia del cólera en Haití. En el Día Internacional de los Derechos Humanos ponemos la mirada en uno de los epicentros de la exclusión sistemática de Nuestra América.
Las organizaciones haitianas Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) y Centro Ecuménico para los Derechos Humanos (CEDH) junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaron el informe ”Haiti. Human Security in Danger”. El reporte concluye que la situación del país constituye un peligro para la seguridad de la mayoría de las personas que habitan el país, y explica que “Todo eso no obedece a la fatalidad, sino a políticas públicas nacionales, en gran parte dominadas por los responsables políticos internacionales”.
La reconstrucción: inadecuada, degradante e insegura
Las organizaciones denuncian que “el 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, en una situación de extrema precariedad, que el huracán Sandy ha agravado. Para los 370.000 damnificados por el terremoto que aún viven en campamentos de desplazados, la situación está empeorando día a día, las condiciones de vida son indignas y degradantes, los desalojos forzados de los damnificados siguen produciéndose en los campamentos ubicados en terrenos privados... En ese ambiente tan degradado y degradante de los campamentos de desplazados, la violencia no hace sino acrecentarse y las mujeres y las niñas siguen siendo especialmente vulnerables a la violencia sexual.” El informe lamenta que “las soluciones a las víctimas del terremoto de enero de 2010 hayan sido inadecuadas e inseguras, y que hayan pospuesto los problemas en el tiempo y en el espacio, en lugar de resolverlos”. Las organizaciones recuerdan que la comunidad internacional se comprometió a proporcionar un apoyo masivo a la reconstrucción del país tras el devastador terremoto que dejó cerca de 300.000 muertos y más de un millón y medio de personas desplazadas.
El dictador libre y los detenidos sin asistencia legal “Las graves deficiencias del sistema judicial contribuyen a la perpetuación de la impunidad, la falta de acceso a la justicia y la persistencia de la corrupción”, advierten las organizaciones haitianas de Derechos Humanos y la FIDH, y expresan que “la orden del juez que declara prescritos los cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el ex dictador Jean Claude Duvalier, plantea serias inquietudes sobre el compromiso de la justicia haitiana para juzgar las atrocidades cometidas durante dictadura.”
Llaman la atención asimismo sobre la inseguridad jurídica y las míseras condiciones en que viven las personas detenidas en las cárceles. “Casi el 70% de la población reclusa se encuentra en detención preventiva prolongada, a veces desde hace varios años, y sin acceso a asistencia legal. Las condiciones de vida en las cárceles son inhumanas y degradantes. Debido a la falta de higiene y el hacinamiento existente, 275 reclusos han muerto de cólera desde su aparición en octubre de 2010.”
MINUSTAH: responsabilidad en la epidemia y violación a los derechos humanos
Las organizaciones dedican un capítulo a la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH), que ocupa Haití por mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el año 2004, luego de la intervención militar conjunta de Estados Unidos, Canadá, Francia y Chile que derrocó al Presidente Jean-Bertrand Aristide.
El presupuesto para la operación de la MINUSTAH para el periodo 2001/2012 fue el tercero más alto de las 13 misiones de mantenimiento de la paz en todo el mundo. El informe señala que “Ya en el 2004 el mantenimiento de esta presencia militar en Haití era difícil de justificar. En la actualidad está aún menos justificada. Hoy la violencia en el país no es política y la inseguridad proviene principalmente de la actividad de bandas criminales, un hecho que ha sido confirmado por el Secretario General de las Naciones Unidas. En este contexto, Haití necesita un sistema eficaz de justicia penal (incluido personal policial competente) para combatir la delincuencia organizada, no una presencia militar” extranjera. La FIDH, el RNDDH y el CEDH exigen a la MINUSTAH “que reconozca su responsabilidad por el estallido de la epidemia de cólera” y que establezca un comité permanente para atender las reclamaciones de las víctimas de la epidemia. También exigen a la MINUSTAH “que informe sobre la situación de los soldados que regresaron a sus países por haber cometido violaciones de derechos humanos en el marco de la política de tolerancia cero”, ya que estos deben ser objeto de investigación y de sanciones en sus países.
El informe además expresa su preocupación porque “a pesar del inicio de un proceso de depuración de los agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH), la participación de algunos de estos en actividades delictivas o violaciones de los derechos humanos persiste”. Estas son algunas de las recomendaciones que hacen la FIDH, el RNDDH y el CEDH:
A las autoridades haitianas:
Garantizar las debidas condiciones de realojamiento y un acompañamiento estructural de los desplazados ;
Implementar las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 16 de noviembre de 2010 contra los desalojos forzosos;
Implementar las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 2010 en favor de las mujeres y de las niñas desplazadas;
Tomar las medidas necesarias para luchar contra el hacinamiento y garantizar condiciones dignas de detención ;
Juzgar a las personas en prisión preventiva y proporcionar asistencia legal a cada persona acusada;
Completar el proceso de formación de la Policía Nacional y la depuración de los mismos;
Juzgar a Jean Claude Duvalier por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen;
Organizar un trabajo de memoria sobre las víctimas de la dictadura.
A la comunidad internacional:
Asegurar una mayor coordinación de los proyectos de reconstrucción y de desarrollo entre los actores públicos y privados, promoviendo proyectos que tengan como objetivo soluciones sostenibles que asocien a las poblaciones afectadas;
Realizar estos proyectos en consulta y colaboración con la sociedad civil haitiana.
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