Por Hugo Noé Pino
Los recientes hechos que la sociedad hondureña ha tenido la oportunidad de presenciar en el campo fiscal nos permiten tomar prestado uno de los conceptos que más se usan actualmente en relación a la capacidad de gobernar, el de “gobernabilidad”. Este, además de incorporar como las demandas de los ciudadanos son resueltas adecuadamente por el sistema político, conlleva efectividad en la toma de decisiones. Ambos aspectos son condiciones importantes para la estabilidad institucional.
Pero lo que estamos viendo de parte de las autoridades hondureñas en materia fiscal nos lleva a pensar que estamos cayendo en la ingobernabilidad fiscal, con resultados muy negativos para la mayoría del pueblo hondureño. En primer lugar, es claro que existe un divorcio entre el Plan de Nación y el ejercicio presupuestario, lo que se traduce en la falta de prioridades en la asignación de los recursos, salvo algunos programas sociales que se han impulsado más con un animo clientelista, que como un instrumento efectivo de reducción de la pobreza.
En segundo lugar, el objetivo de estabilizar las finanzas públicas no se ha cumplido después de tres años de gobierno, y el próximo año no parece ser diferente. En efecto, el gobierno actual recibió un déficit heredado del 2009 de un 6.2% del PIB, pero ha sido incapaz de reducirlo sustancialmente dado que en los últimos tres años ha sido en promedio alrededor del 4.5% del PIB. Esto, pese a que se efectuaron reformas tributarias de diferente naturaleza que debieron haber producido reducciones mayores. En otras palabras, las reformas tributarias no han rendido los resultados programados.
El mantener altos los niveles de déficit fiscal se tradujo en un acelerado endeudamiento, principalmente interno, de tal forma que la deuda interna pasó de 12,688 millones de lempiras en 2008 a 23,453 en el 2009, a 38,025 millones en el 2010, 48,861 millones en el 2011, con proyecciones de 53,178 millones para 2012 y 59,012 millones para el próximo año. Obviamente que el golpe de Estado del 2009 y la crisis económica internacional fueron las razones principales de la casi duplicación de la deuda interna para ese año, pero qué explica pasar de 23,000 millones de lempiras en el 2009 a cerca de 60,000 en el 2013.
La deuda flotante que el gobierno actual asegura haber recibido se encontraba en alrededor de 13,000 millones de lempiras, de los cuales solo faltaba cancelar cerca de 1,000 millones a finales del 2011, de acuerdo a informes del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, en la actualidad no se conoce el monto de la deuda flotante y se especula que se trata de una suma considerable.
Esta deuda es producto de la ingobernabilidad de las finanzas públicas debido a que se trata de gastos extra presupuestarios que realizan diferentes ministerios al margen de la ley y que posteriormente son legalizados por el Congreso Nacional. La semana pasada el Congreso aprobó una ampliación del presupuesto nacional del 2012 por cerca de 5,000 millones de lempiras; 2,000 con préstamo del Banco Central y la diferencia para bonificarla internamente. Esto encima de ampliaciones que ya se habían efectuado en el año por un monto similar.
Una simple decisión de voluntad política del Presidente Lobo sería suficiente para impedir estos actos ilegales al señalar que todo funcionario que realice gastos al margen del presupuesto será destituido y deducida las responsabilidades civiles y penales correspondientes. Lo anterior sería un precedente importante las finanzas públicas y una decisión clara de combatir la corrupción, porque atrás de esta práctica hay mucha opacidad.
En tercer lugar, hay muestras claras de pérdida de legitimidad en la aplicación de la política fiscal. Al tradicional argumento de la población de no pagar impuestos porque se los roban, se presentan claras demostraciones de rebeldía para cumplir las obligaciones tributarias; este es el caso de los empresarios y personas con mayores recursos, que a través de múltiples mecanismos se niegan a pagar la tasa de seguridad establecida. Lo cual a su vez es producto del pobre desempeño de la Dirección Ejecutiva de Ingresos en el cumplimiento de sus funciones, de tal forma que necesitó ser intervenida en el tercer año de gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario