Ante la crisis nacional, los procesos político-electorales y el despojo de los territorios comunitarios y sus bienes naturales
Las elecciones internas y primarias del pasado 18 de noviembre reconfirmaron la profunda crisis en la que se debate nuestro país desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, caracterizada por la destrucción sistemática de la institucionalidad del Estado, el desgarramiento del tejido social, el progresivo deterioro de la economía, el crecimiento de la corrupción pública, la impunidad que la ampara y la persistente violación de los derechos comunitarios sobre sus territorios y bienes naturales. Todo lo cual se traduce en una pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado y sus autoridades, y en una enorme desconfianza de la ciudadanía ante el futuro de la nación hondureña.
Consciente de su responsabilidad y compromiso político y social con Honduras, especialmente con las comunidades empobrecidas y marginalizadas más afectadas por la crisis política, económica y social que abate a Honduras, el MADJ se pronuncia ante la comunidad nacional e internacional en los términos siguientes:
1.- La crisis nacional se ha profundizado desde el golpe de Estado de 2009, expresándose a través de una falta absoluta de consenso político y social entre las elites, y en general en toda nuestra sociedad. Sin embargo, la situación actual es el resultado de las crisis periódicas que hemos vivido desde el retorno al orden constitucional en 1982, es decir en los últimos 30 años de gobierno bipartidista, cuya incapacidad para responder adecuadamente a los grandes retos nacionales durante este período tiene a nuestra sociedad al borde del fracaso y la destrucción.
2.- Los orígenes estructurales de la crisis se fundamentan en la profunda desigualdad social y económica que caracteriza a nuestra sociedad, la inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza, el uso de la institucionalidad del Estado con fines de dominación política y social al servicio de las elites, el abuso en la represión y la violación sistemática a los derechos humanos para imponer la voluntad de los grupos de poder, así como la exclusión de las comunidades urbanas y rurales de todo beneficio económico y social.
3.- Estos graves problemas se han venido acumulando en los últimos 30 años de gobierno bipartidista, hasta convertirse en una profunda crisis social que se concreta en una ola de violencia y criminalidad sin precedentes, en el desempleo y la migración masiva de nuestra población al extranjero, y un régimen político que actualmente no demuestra ningún interés en satisfacer las demandas de justicia social, mantenimiento del imperio de la ley y la justicia, y mucho menos en proteger nuestro territorio y los intereses de las comunidades y el pueblo hondureño.
4.- El desempleo, la violencia, la falta de confianza y la crisis en la institucionalidad del Estado afectan gravemente a las comunidades rurales y sus bienes naturales, que han sido puestos en venta para que el capital extranjero se beneficie de nuestras riquezas haciendo una explotación irracional de la tierra, los bosques y las aguas nacionales por medio de inescrupulosas concesiones para establecer represas, minas a cielo abierto y explorar los hidrocarburos, sin dejar ningún beneficio para las comunidades rurales y urbanas, aldeas y municipios de nuestro país.
5.- Esta conducta del Estado a favor del capital extranjero y las elites nacionales de origen también extranjero, y en contra de las comunidades empobrecidas en todo nuestro territorio, formó parte de un plan del capital transnacional y de las potencias encabezadas por Estados Unidos para expropiar nuestros bienes naturales desde el inicio del Plan Puebla Panamá, para beneficio exclusivo del poder transnacional en detrimento de nuestra sociedad empobrecida y colonizada. Todo lo cual está provocando una nueva desnacionalización de Honduras y su territorio, como sucedió con la llegada de las compañías mineras y bananeras de Estados Unidos desde 1880; que ahora también está generando un nuevo proceso de concentración de la propiedad de la tierra, los bosques y las aguas en manos de un puñado de capitalistas nacionales y extranjeros que excluyen a nuestras comunidades de los beneficios de explotación de su propio territorio, para empobrecerlas más.
Ante la crisis que vivimos en todos los órdenes y ante la necesidad de que Honduras y sus bienes naturales sean para el beneficio y la felicidad de sus habitantes, como la manda la Constitución de la República, el MADJ propone ante nuestra sociedad y los administradores de la crisis actual, lo siguiente:
1.- Someter a consideración de la nación un nuevo sistema electoral y una nueva institucionalidad electoral, que depure al régimen actual, lo abra a la participación popular, que sea completamente transparente y no deje lugar a dudas sobre el origen del financiamiento de las campañas electorales y reduzca toda posibilidad de fraude contra el pueblo en las elecciones generales del 2013.Todo lo cual no será posible mientras todos los poderes del Estado y las instituciones electorales sigan en manos de dos partidos políticos de probada incapacidad y de reconocida insolvencia moral.
2.- Combatir la corrupción pública ordenando la transparencia y el respeto a las leyes de rendición de cuentas en todas las instituciones del Estado, especialmente en aquellas que están llamadas a garantizar la seguridad pública, la salud, la educación, la seguridad alimentaria y la infraestructura. Asimismo, fortalecer la institucionalidad de los operadores de justicia y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho para identificar y castigar con todo el peso de la ley a quienes la violan para ponerla al servicio de sus intereses.
3.- Prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones al capital transnacional y nacional en todo el territorio nacional para explotar la tierra, los bosques y las aguas nacionales a beneficio exclusivo de intereses ajenos a la nación hondureña a un alto costo para las comunidades, el medioambiente y el futuro del país, como ha venido pasando, con mayor énfasis desde el gobierno de facto de Roberto Micheletti y el gobierno actual.
4.- Derogar todas las concesiones otorgadas en las últimas dos administraciones y comenzar la discusión de una nueva legislación sobre la protección y uso de los bienes naturales, con una amplia participación comunitaria y un amplio consenso social para implementar una nueva estrategia de desarrollo nacional, inclusiva y a favor de la población empobrecida y marginalizada, respetuosa del ambiente, la naturaleza, la salud, el bienestar de la población y la convivencia humana. Asimismo, todas las comunidades que han sido afectadas por las concesiones ya otorgadas deben ser indemnizadas por los capitales que las han perjudicado y por el Estado que lo ha permitido.
5.- Transformar radicalmente el concepto de la legislación y la institucionalidad del Estado sobre el uso, conservación, administración y gestión de los bienes naturales, vinculando estrechamente esta nueva legislación con la aplicación y el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para favorecer a las poblaciones y comunidades empobrecidas y excluidas, en lugar de las políticas actuales de compensación que nada compensan.
6.- Esta Asamblea General del MADJ condena igualmente todo uso demagógico de la lucha contra la corrupción, que procede de los mismos centros de poder, con el cinismo político que caracteriza a la clase política corrupta que mal gobierna el país. La lucha contra la corrupción debe representar el auténtico sentimiento del pueblo que al exigir el combate a la corrupción vela por sus propios intereses, clama por mejores servicios de salud y educación; y, exige un gobierno transparente que vele por los intereses de toda la sociedad y no solo de las elites que han ejercido el gobierno en todo este periodo y que nos han llevado a un fracaso total.
¡Por la Dignidad contra la impunidad!
¡No más concesiones ni venta del territorio nacional y comunitario!
¡Alto a la corrupción pública y el fraude electoral!
Dado en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, a los 9 días del mes de diciembre de 2012,
en la Asamblea General del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
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