jueves, 20 de diciembre de 2012
Negocios desde el poder público
Diario Tiempo
La necesidad crea los negocios, pero también puede ser al revés: los negocios crean la necesidad. Eso parece demostrable si nos adentramos en la psicología del consumismo.
En Honduras no hay mucha iniciativa para la diversificación comercial, mediante la invención de productos y especialización de servicios, pero sí la hay para atracar a los contribuyentes y hacer pingües negocios desde el poder público.
La seguridad y la electricidad están entre los rubros más socorridos, a través de la compra-venta de armas, municiones y equipos supuestamente para la “seguridad nacional” en la parte militar y policial, pero también en los servicios de seguridad privada que duplica el contingente estatal. Por otra parte, están las contratas térmicas, de energía sucia.
Son operaciones de altos vuelos que se planifican en la oscuridad, por la vía directa, sin los atrasos legales de contratación pública, con el expediente del secreto de Estado que garantiza la impunidad y la aprobación legislativa expedita a puerta cerrada, en altas horas de la noche, al amparo de la nocturnidad.
Como en nuestro país hoy día la criminalidad es la más alta del mundo, con una tasa de 86 homicidios por 100.000 habitantes, una población de 8,0 millones y un territorio de 112.492 kilómetros cuadrados, el negocio de la seguridad es asombrosamente prolífico, jugoso y redondo.
En el prontuario hondureño del peculado, con sus hojas amarillentas y gastadas por la corrupción, la regla para establecer estos negocios es la creación de empresas sin exigencia de calificaciones o con antecedentes poco confiables. Es la cortina que oculta las complicidades y desdibuja las huellas.
Así fue con el innecesario contrato de emergencia, por 16 años, de 100 megavatios energía térmica, por un monto de 1.600 millones de lempiras, y así han sido las contrataciones, traspasos y prórrogas de Interairports, al margen de la Ley de Contratación del Estado.
Tenemos al final un Estado que no garantiza la seguridad ciudadana y que va cayendo irremisiblemente en la lipidia por la entrega de sus recursos a la explotación de mafias privadas, perfectamente organizadas para apoderarse de las empresas estratégicas y de la riqueza nacional.
Una base empresarial sustentada en exoneraciones y facilidades estatales puestas a su servicio, pero que se niega al pago de los impuestos, dejando esa carga a una clase media sistemáticamente debilitada, empobrecida, y a un sector laboral con régimen salarial disminuido por la pérdida progresiva de su valor de consumo, por la devaluación, la inflación y el desempleo.
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