El pleno de los más altos jueces hondureños reaccionó luego de que el presidente Porfirio Lobo, y varios de sus ministros en su reunión semanal de Consejo, arremetieron contra la Corte Suprema, les llamaron “dioses del Olimpo”, dejaron entrever posibles medidas para removerlos e insinuaron que el más alto órgano podría estar coludido con el crimen.
Ante los señalamientos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, compareció para divulgar un comunicado del pleno en el que además de llamar al respeto institucional, reafirma que la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia seguirán asumiendo decididamente el rol democrático que debe de mantener.
Igualmente, se pronuncian por la vigencia irrestricta supremacía constitucional, controlando y sometiendo el orden jurídico todos los actos de los demás poderes del Estado, cuando los mismos no se inserten armónicamente en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, la Constitución y las leyes para asegurar los ideales propios del estado de derecho a los ciudadanos y ciudadanas.
El pronunciamiento es la respuesta a los señalamientos realizados por el presidente Lobo y parte de sus ministros a un fallo de la Sala Constitucional en la que declara inconstitucional la aplicación de pruebas de confianza a policías, fuera del debido proceso. El tema deberá ser llevado al pleno del Poder Judicial.
Lobo manifestó su inconformidad por el fallo emitido la semana pasada y expresó que “Honduras debe estar de luto” a la vez que se refirió que la CSJ primero le asestó un duro golpe al gobierno al haber declarado inconstitucional el decreto que imponía el cobro del uno por ciento sobre los ingresos brutos de las empresas que han declarado pérdidas en los últimos años de manera consecutiva.
El presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés dijo que frente a los últimos acontecimientos en donde se ha involucrado a la CSJ y que de alguna manera se ha irrespetado nuestra independencia los magistrados pedimos respeto a la independencia de poderes.
El titular de la CSJ, indicó que el pleno de magistrados, por medio de un comunicado se pronuncia de la siguiente manera:
1.- Honduras es un Estado de derecho constituido y cuya forma de gobierno es republicana democrática y representativa, donde ejercen tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes para garantizar el ejercicio de democracia, representatividad así como el respeto a las declaraciones de ellos y garantías establecidas en la Constitución de la República.
Asimismo, ejerciendo el control de las mismas otorgado a la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional en su condición incuestionable de ser interprete último y definitivo en la toma de decisiones cometidas a su conocimiento cuando no hay unanimidad de sus fallos pasa a conocimiento y decisión del pleno de magistrados.
2.- Asumiendo plenamente la promesa de ley, da pie a la República de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, con independencia de criterio jurídico y haciendo su actuación en eventos exógenos de cualquier naturaleza rechaza con firmeza la estimación de que los fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional se encuentran parcializados hacia un sector de la población; sus decisiones se toman únicamente cumpliendo con la Constitución y sus leyes vigentes sin asumir criterios que desborden lo jurídico.
3.- Al pueblo hondureño reafirma que la función de control de constitucionalidad de las leyes y normas de carácter general, emanadas de los demás poderes del Estado, atribuidas por mandato constitucional a la Sala de lo Constitucional con fin de mantener la congruencia del ordenamiento jurídico, la plena vigencia del principio de legalidad y de los principios y prácticas del derecho internacional que protegen a la solidaridad humana y al afianzamiento de la democracia universal, con especial mención al respecto irrestricto de los derechos humanos lo cual obliga a todos y cada uno de los servidores públicos, puesto que en una democracia nadie puede permitir encontrarse por encima de la constitución y sus leyes.
4.- Se proclama enérgicamente su fe en el fortalecimiento de la institucionalidad del país y en la constante consolidación de los valores democráticos entre los cuales están las aspiraciones y exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático, lo cual se ha de llevar a cabo siempre y en todo caso con respeto a la igualdad de la ley y la supremacía de la Constitución de la República como imperativo ineludible del estado de derecho.
5.- Se reafirma una vez más que la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia seguirán asumiendo decididamente el rol democrático que debe de mantener, por la vigente irrestricta supremacía constitucional controlando y sometiendo el orden jurídico y todos los actos de los demás poderes del Estado, cuando los mismos no se inserten armónicamente en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, la constitución y las leyes para asegurar los ideales propios del estado de derecho a los ciudadanos y ciudadanas.
6.- En aras de la tranquilidad institucional y observancia de los principios de poderes consideramos que deben cesar los ataques a la independencia del Poder Judicial y a la institucionalidad democrática, ya que los poderes del Estado no tienen más atribuciones que lo que la ley exige.
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