Suceso golpista

Diario Tiempo

La destitución, por el congreso nacional, de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al margen de la Constitución de la República, configura una situación de golpe en el interior del Poder Judicial, cuya consecuencia inmediata es su total descalificación.

Independientemente de las formalidades jurídicas que fundamentan la ilegalidad de la actuación del Legislativo para intervenir en las funciones jurisdiccionales privativas de la Corte Suprema de Justicia, el fondo patético de esta cuestión es la imperfección manifiesta de nuestro sistema político y el profundo debilitamiento de la armazón institucional.

Lo ocurrido en la madrugada del miércoles 12/12 /12 (número, si se quiere, cabalístico), no es un hecho espontáneo ni tampoco sorprendente. Además de ser un producto del sistema, también lo es –y en grado superlativo—una consecuencia lógica, natural, del golpe de Estado 28-J de 2009, y, por lo tanto, un subproducto de la crisis política generada, hasta ahora sin resolución.

Por eso no debe extrañar la aparente calma con que la población hondureña, e incluso la comunidad internacional, han reaccionado ante este suceso golpista, que viene a confirmar en la conciencia hondureña su convicción del fracaso de la “clase” política y de la necesidad de un cambio de liderazgo y de sistema.

Las interioridades de esta maniobra, eminentemente política, no son desconocidas para la mayoría de los hondureños, como tampoco las motivaciones reales, que, está claro, se desprenden de la naturaleza fraudulenta del proceso electoral en su etapa primaria y que apunta al desenlace de las elecciones generales del próximo año.

Como se ve, en todo esto hay una conexión que tiene mucho que ver con el hecho de que en Honduras no se ha podido dar paso a un proceso de reconstrucción política y social, y, mucho menos, a un replanteamiento revolucionario, debido a la incapacidad de la “clase” política de ofrecer alternativas viables para un nuevo modelo de integración política y social equitativa e incluyente.

La sola carencia de la instrumentación jurídica para resolver los conflictos entre los poderes en el Estado es una prueba de esa incapacidad política, y, asimismo, la renuencia absoluta al replanteamiento del andamiaje institucional, debilitado y carcomido por el abuso elitista, es otra prueba irrefutable que se ratifica con el recurso golpista en sus diferentes modalidades.

La crisis política está ahí, intacta y sin solución en el horizonte. La debilidad institucional es ahora más ostensible por la descalificación del sistema jurídico pero también por la deslegitimación, de hecho, del proceso electoral. No hay, por lo tanto, espacio para el diálogo en estas condiciones de volatilidad jurídica y política, y las elecciones, que pudieron ser la mejor expresión de diálogo nacional, van perdiendo los resquicios de credibilidad ciudadana que aún quedan.

Sin embargo, la naturaleza es sabia y tiene formas misteriosas de resolver sus propias contradicciones cuando se la deja actuar sin cortapisa. Es el momento, entonces, de reflexionar sobre la necesidad de darle a la nación, al pueblo, la oportunidad de que actúe en conformidad con su instinto y que forme su nuevo liderazgo.

Al fin de la jornada, lo que cuenta es la voluntad compartida, que es la esencia del gran diálogo nacional.