Por Emilio Godoy
La industria textil mexicana, en particular la que elabora prendas para grandes marcas de prestigio mundial, es acusada de inundar ríos y otros cursos de agua con residuos que contienen sustancias nocivas para la salud y el ambiente.
Prácticamente la totalidad de la ropa cosida en las grandes fábricas del país “contiene sustancias químicas peligrosas”, asegura el coordinador de la campaña de Tóxicos del capítulo mexicano de Greenpeace, Pierre Terras. “Son ampliamente usadas, lo cual es preocupante. No sabemos qué tan peligrosa es su exposición, pero cuando se liberan al agua se vuelven activas y se convierten en tóxicas”, añadió.
En su informe “Hilos tóxicos: Al desnudo. Exponiendo el papel de la industria textil en la contaminación de los ríos de México“, Greenpeace indica que las textiles nacionales Lavamex, del Grupo Inisa, y Kaltex, filial del consorcio de igual nombre, vierten polución en el San Pedro y en el San Juan, dos cursos fluviales que atraviesan los centrales estados de Aguascalientes y Querétaro, al norte de la Ciudad de México. Inisa y Kaltex proveen a cadenas globales de vestimenta, como las estadounidenses Levi Strauss y Nike, la holando-germana C&A y la francesa LVMH, además de producir, teñir y lavar tejidos en este país.
“Muchas de las sustancias químicas identificadas se utilizan en la producción en las plantas textiles, o se crean como resultado de la descomposición de las sustancias químicas usadas en el procesamiento”, cita el reporte, precedido por cinco estudios sobre las descargas y usos de sustancias peligrosas en este sector y en el del calzado en China y otros países.
El documento sobre México, divulgado el miércoles 5, indica que se desconoce el alcance de la contaminación y que la regulación es limitada y desacatada.
A partir de 1994 se instalaron en México docenas de plantas de manufactura en “maquila” (zona franca de fábricas para exportación), atraídas por los bajos salarios y costos para abastecer los mercados de Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por los tres países ese año. Las maquilas, que gozan de exenciones impositivas, bajas tarifas de agua y electricidad y flexibilidad laboral, se dedican especialmente a la producción de ropa y al ensamblaje de automóviles y de aparatos electrónicos.
Las manufacturas textiles en estas áreas emplean a más de 500.000 personas en la confección de camisetas, pantalones vaqueros y otras prendas con tela de algodón rústico, para exportarlas a Estados Unidos, de quien México es el cuarto proveedor de tejidos y vestimenta, según la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación. Desde octubre de 2011, México exportó 4.684 millones de dólares en vestimentas y telas a Estados Unidos, según cifras de la Oficina de Vestuario y Textiles del Departamento (ministerio) de Comercio de ese último país.
“Hay un montón de descargas clandestinas. Las que más se dan son las industriales y las del ‘rastro’ (instalación donde se mata y destaza ganado). Tenemos una contaminación brutal. No se aplica la normatividad. Es increíble la negación del problema”, se lamenta la activista Enriqueta Medellín, fundadora en 1992 de la no gubernamental Conciencia Ecológica de Aguascalientes.
Greenpeace muestreó los vertidos de ambas plantas en mayo, los cuales analizó en los laboratorios de la británica Universidad de Exeter, y que arrojaron presencia de restos de químicos como nonilfenol, bencenos triclorados y ftalatos, usados en la producción de detergentes, resinas y plásticos. Las normas mexicanas para la descarga de aguas residuales se basan en niveles permisibles de ocho indicadores de calidad de agua y concentraciones de nueve metales pesados. Pero no miden otras sustancias y se carece de regulaciones para las aguas con color, como las emanadas de las maquilas.
Ante nuestra consulta, la firma Lavemex respondió por correo electrónico que “se enorgullece de ser un ciudadano (sic) responsable con el ambiente y de trabajar diligentemente con el gobierno, sus clientes y grupos de monitoreo para asegurarse (de) que cumpla y hasta exceda los estándares” ambientales. Por su parte, Kaltex, que ya se ha extendido Estados Unidos, América del Sur y Europa, se negó a comentar el problema planteado.
Unos 60 casos de contaminación del agua, sobreexplotación de acuíferos y dificultades de acceso al líquido en México han llegado al Tribunal Latinoamericano del Agua, instancia de la sociedad civil creada en 2001 para enjuiciar las políticas hídricas aplicadas por los estados. “Debiera declararse una urgencia nacional por el agua. Las políticas de desarrollo ponen en riesgo la riqueza hídrica”, advirtió el presidente del Tribunal, el costarricense Javier Bogantes.
Esa entidad declaró culpable la semana pasada a la Ciudad de México y al país como tal por “la violación a los tratados internacionales y al ordenamiento jurídico interno, que garantizan el derecho al agua” y por la incapacidad de las autoridades “para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental”. El tribunal, que analizó el expediente “Posible colapso hídrico en México y violación del derecho humano al agua de sus presentes y futuras generaciones” presentado por la no gubernamental Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, reconoce “el creciente deterioro del derecho humano al agua” y “la insuficiencia de los mecanismos jurídico-políticos” para frenarlo.
Greenpeace busca que las marcas internacionales de gran prestigio exijan estándares ambientales a las maquilas mexicanas
“La primera respuesta la tiene la marca que compra a esos proveedores, porque tiene la capacidad de cambiar la cadena de suministro para asegurar a sus clientes productos sin tóxicos y sin contaminación”, planteó Terras. Seis sellos de moda y ropa deportiva se han unido al desafío Detox que Greenpeace, que ya emprendió una campaña mundial para que Levi Strauss se sume, lanzó en 2011 mediante compromisos individuales para alcanzar el vertido cero de sustancias peligrosas para 2020.
Asimismo, le pide al gobierno mexicano enlistar las sustancias químicas peligrosas para ejercer acciones inmediatas y un registro público sobre las descargas, emisiones y fugas de esos compuestos. En su fallo, el TLA, que sesionará en octubre de 2013 en Lima, sugirió defender las leyes y políticas para el acceso al agua y revisar el sistema de procuración de justicia ambiental.
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