La elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se ha desarrollado en un escenario nunca antes visto. La oposición política –Libertad y Refundación y Anticorrupción- emprendió la tarea de terminar de desenmascaran las intenciones del Partido Nacional y el Partido Liberal de querer seguir repartiéndose el poder en el máximo órgano de justicia.
El primer obstáculo se dio el 25 de enero, día que manda la Constitución de la República para elegir a los magistrados del Poder Judicial. Luego de reuniones a todos los niveles para lograr consensos, el partido nacional y liberal no lograron conseguir la mayoría calificada de 86 votos en la nómina de 15 aspirantes que presentó la Comisión Especial, encabezada por el diputado nacionalista Mario Pérez.
En medio de manifestaciones en las que exigían el voto público, los diputados de Libertad y Refundación (LibRe) aseguraban que la no aprobación de la nómina de 15 era un triunfo para el pueblo hondureño.
“No quiso escuchar la voz del pueblo, quiso seguir con el Partido Liberal repartiéndose la Corte Suprema de Justicia. El pueblo quiere una Corte independiente que haga justicia para la gente y no para el presidente Hernández”, dijo Jorge Cálix, diputado de LibRe.
Sin embargo, Carlos Patiño, integrante de la Pastoral Social Caritas, considera que los líderes de los partidos políticos siguen apostando por sus intereses y no por un sistema de justicia independiente: “no sé si no elegir la Corte es un triunfo para el pueblo o es un triunfo para la clase política que está defendiendo ciertos intereses, yo creo que la gente tendrá su triunfo cuando estemos en manos de una Corte que sea realmente independiente con magistrados que no sean señalados y que realmente impartan justicia”.
La presión de las bancadas de la oposición orilló al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, a nombrar una comisión especial de cinco jefes de bancada y una diputada independiente para que elaborar el método de votación en la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
De la comisión, constituida por el nacionalista Mario Pérez, la liberal Gabriela Núñez, el demócrata cristiano Augusto Cruz Asensio, Ana Fortín del Partido Anticorrupción y Manuel Zelaya de Libertad y Refundación, se excluyó a la diputada del Partido Innovación y Unidad -PINU-, Doris Gutiérrez. La parlamentaria criticó “la falta de democracia y el miedo a la denuncia del oficialista Partido Nacional”.
La Comisión Especial acordó que a través de la votación en papeleta los diputados y diputadas del Congreso Nacional elijan a los 15 magistrados y magistradas del Poder Judicial.
La votación
El oficialista Partido Nacional y Partido Liberal “chocaron” con el segundo obstáculo: en la primera ronda de la elección, ocho abogados y abogadas resultaron electos como nuevos magistrados y magistradas del máximo órgano de justicia, cinco de afiliación liberal y tres nacionalistas.
La comisión de escrutinio, integrada por la representación de las siete bancadas del Congreso Nacional, oficializó que los aspirantes electos son: María Fernanda Castro (98 votos), Edgardo Cáceres Castellanos (86 votos), Alma Consuelo Guzmán (86 votos), Edwin Francisco Ortez Cruz (86 votos), Reina Auxiliadora Hércules (86 votos), Jorge Abilio Serrano (86 votos), José Olivio Rodríguez (86 votos) y Rafael Bustillo Romero (86 votos).
A pesar de las negociaciones entre dirigentes de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo la nómina de 15 propuesta por la comisión especial no se logró imponer.
Los diputados de la bancada de Libertad y Refundación cumplieron su promesa de votar con un “No rotundo” a los 45 candidatos que conformaban la papeleta.
José Manuel Zelaya, coordinador de la bancada de Libertad y Refundación, remarcó a los medios de comunicación que no están en contra de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia: “estamos en contra del proceso que ha sido viciado desde el inicio”.
“Pedimos que se incluyan a los candidatos que están calificados para ser magistrados y se excluyeron de las primeras listas por no responder a los intereses del Partido Nacional”, dijo el diputado de Libertad y Refundación, Jari Dixon Herrera.
Por su parte, Doris Gutiérrez, diputada del Partido Innovación y Unidad -PINU-, comenta que la segunda ronda del proceso de elección terminará de definir si la orientación de la nueva Corte Suprema de Justicia responderá a los intereses del Partido Nacional o el Partido Liberal.
“La gente votó como quería votar, unos lo hicimos público, otros lo hicieron privado de acuerdo a lo que su partido les ordenaba, entonces yo creo que sí hubo una relativa libertad. Ahorita están preocupado por los resultados, deberíamos tener más capacidad de diálogo”, dijo Gutiérrez.
Fátima Mena, coordinadora de la bancada del Partido Anticorrupción, manifestó que las personas electas no son las mejores, sin embargo, fueron las mejores calificadas por la Junta Nominadora: “nosotros estamos y estaremos siempre en el ánimo de romper los paradigmas tradicionales de hacer política, porque creemos que así vamos a renovar la clase política de este país y asegurar que no vamos a elegir solo por tener una nueva Corte, sino que será una Corte en contra de la impunidad y la corrupción”.
A falta de consensos suspenden segunda ronda
Tras horas de diálogo entre los jefes de bancada, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y el presidente nacionalista Juan Orlando Hernández la sesión de elección para los siete magistrados restantes que integrarán la Corte Suprema de Justicia, fue cancelada por el vicepresidente, Antonio Rivera Callejas.
“Esperamos que Dios ilumine a los jefes de bancada para llegar a acuerdos que permitan completar la nómina de 15”, dijo Rivera Callejas y volvió a convocar a sesión el lunes a las dos de la tarde.
Los diputados de Libertad y Refundación manifestaron que entre las propuestas para lograr los consensos entre el partido de gobierno están las reformas electorales: la segunda vuelta electoral y la representación como partido en el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas.
Conozca a los ocho magistrados y magistradas electas en la primera ronda de votación:
Rafael Bustillo Romero:
47 años con 86 votos casado, nacido en Comayagua. Exjuez de letras supernumerario, exjuez de sentencia, exmagistrado de corte de apelaciones. Actualmente cursa el doctorado en derecho tributario y derecho mercantil. Además labora como magistrado de corte segunda de apelaciones.
Edgardo Cáceres Castellanos:
76 años con 86 votos, casado, nacido en Tegucigalpa (Francisco Morazán). Ex magistrado propietario de la Corte Suprema de Justicia (1994-1998 y 1998-2002), exsecretario general de la UNAH, ex miembro del Consejo Universitario, exdiputado al Congreso Nacional 1990-1994.
María Fernanda Castro Mendoza:
42 años de edad con 98 votos, soltera, doctora en derecho del trabajo, previsión social y derechos humanos en la Universidad de San Carlos, Guatemala. Post título en derechos humanos de la mujer en la Universidad de Chile. 23 años de carrera judicial. Actualmente asistente de magistrados Sala Penal.
Alma Consuelo Guzmán García:
59 años con 86 votos, casada. Con vasta experiencia en el ejercicio privado. Actualmente consultora independiente para el PNUD. Ex magistrada suplente de corte de apelaciones, ex fiscal especial de la Mujer del Ministerio Público y ex catedrática de la facultad de derecho de la UNAH.
Reina Auxiliadora Hércules Rosa:
55 años de edad con 86 votos, soltera. Bufete Hércules Rosa de la ciudad de Gracias, Lempira. Actualmente docente de la Universidad Cristiana de Honduras en Gracias, Lempira. Ex jueza de letras, ex presidenta del capítulo de Gracias del Colegio de Abogados de Honduras.
Edwin Francisco Ortez Cruz:
42 años de edad con 86 votos, casado con diplomado en derecho procesal penal en la Universidad de Salamanca, España. Ex asistente de magistrado en Corte Suprema de Justicia. 20 años de experiencia entre sector privado y sector justicia. Curso de especialización en postgrado en derecho civil.
José Olivio Rodríguez Vásquez:
43 años de edad con 86 votos, casado. Docente de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), ex consultor de la Fiscalía General, actualmente jefe de la unidad de asesoría legal del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y exsecretario general de esa institución.
Jorge Abilio Serrano Villanueva:
49 años de edad con 86 votos, casado. Actual subprocurador general de la República. Con un doctorado en derecho tributario y derecho mercantil en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con maestría en derecho mercantil en la UNAH. 25 años en el ejercicio profesional privado y actualmente subprocurador general de la República.
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