En el 2015 se desató en el departamento de La Paz una ola de agresiones contra comunidades indígenas lencas. Las agresiones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por parte de alcaldes, testaferros y reconocidos políticos, van desde intimidaciones, hostigamientos, amenazas y hasta asesinatos, así lo han denunciado miembros del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPA).
Para documentar las diferentes violaciones a los derechos humanos que son víctimas los indígenas lencas en el departamento de La Paz, un equipo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), estuvo en la zona entrevistándose con familiares de las personas asesinadas, así como con testigos e indígenas lencas que están siendo amenazadas, en su lucha por la defensa de sus territorios.
El Cofadeh se ha comprometido a documentar los casos y hacer denuncias periódicas de las violaciones a derechos humanos que están viviendo los indígenas lencas del departamento de La Paz.
Asimismo a demandar ante las autoridades nacionales e internacionales que se brinden las garantías necesarias para que puedan vivir dignamente, bajo protección, con medidas de seguridad y libres de las amenazas que actualmente experimentan.
La documentación de estos hechos permitirá fortalecer las denuncias que facilitaron el otorgamiento de medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en beneficio de varios líderes indígenas y de ser necesario hacer la solicitud de nuevas medidas.
De acuerdo a lo informado por MILPA, se estima que en el año 2015 al menos 20 asesinatos se produjeron en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz, de los cuales cinco sucedieron en el mes de diciembre.
La muertes obedecen a un patrón de terror impuesto en el lugar por testaferros, alcaldes, terratenientes y reconocidos políticos, ha sostenido la dirigencia de MILPA.
Entre las víctimas se encuentran Silvestre Manueles Gómez (39), Javier Vásquez (17), Selvin Darío Orellana, Domingo Martínez y Juan Francisco Martínez Márquez, estos dos últimos estuvieron dos meses en huelga en Azacualpa, oponiéndose a la hidroeléctrica sobre el río Chinacla.
Los fallecidos eran luchadores del municipio de Santa Elena que manifestaron su desacuerdo a la construcción de una hidroeléctrica en el río Chinacla, zona fronteriza con el municipio de San Marcos de la Sierra, departamento de Intibucá.
Estos crímenes, algunos de los cuales se produjeron en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades, detonó el sentimiento de protesta y exigencia de justicia de la comunidad nacional e internacional, quienes mediante acciones urgentes se han pronunciado al respecto, solicitando al Gobierno hondureño una investigación exhaustiva de los hechos y que los mismos no queden en la impunidad.
De acuerdo a familiares de las víctimas, en estos hechos no ha habido voluntad de las autoridades policiales y judiciales en investigar y todo apunta a que estas muertes quedaran en la impunidad.
“Las autoridades no han hecho nada y me preocupa porque este caso va a quedar en la impunidad”, expresó a www.defensoresenlinea.com Matilde Manueles Gómez, hermano de Silvestre Manueles Gómez (39), quien apareció muerto flotando en las aguas del río Chinacla el 9 de mayo de 2015, luego de haber sido reportado desaparecido el día 26 de abril de ese año.
De acuerdo al informe de levantamiento del cuerpo, el cual estaba en estado de descomposición, el mismo presentaba perforaciones de bala y no tenía los ojos ni las orejas.
El cuerpo de Manueles Gómez fue enterrado en el lugar de donde fue encontrado, a la orilla del río Chinacla, a un kilómetro del puente de hamaca que comunica al municipio de San Marcos de la Sierra, Intibucá, con el municipio Santa Elena, La Paz.
Matilde Manueles Gómez pidió a las autoridades que haya justicia de conformidad con la ley, porque si se queda así, está dando lugar a que se establezca la criminalidad y después pueden seguir sucediendo más muertes y más desaparecidos en la zona.
Por su parte, Jilberto Vásquez, padre del menor Javier Vásquez (17), relató que el día 20 de diciembre en horas de la mañana su menor hijo salió hacia una reunión que sostendría en una pequeña empresa asociativa campesina de producción llamada EMAGUL, de la que su vástago era miembro. La reunión estaba destinada para la evaluación del Plan Operativo Anual.
Vásquez indicó a www.defensoresenlinea.com que ese mismo día, como a eso de las 6:00 de la tarde, llegaron avisarle a su vivienda que su hijo había perdido la vida al caerse de un barranco de más de 100 metros de profundidad.
Asimismo relató al periódico digital especializado en derechos humanos, que cuando llegaron al lugar, encontraron huellas donde el cuerpo de su hijo había sido arrastrado hacia el barranco, yque estaba claro que no había caído, sino que había sido lanzado al vacío.
El padre del menor relató que su hijo era una de las personas que también estaba en contra de una represa que quieren construir en el río Chinacla y responsabilizó de la muerte a Gregorio Martínez y Rosendo Lazo, personas que están a favor del proyecto de la represa.
Otro de los casos que conoció el equipo del Cofadeh es la situación que viven los habitantes de la comunidad de Simpinula, donde su dirigencia ha sido amenazada por Gabino Argueta Gálvez, alcalde del municipio de San José, así como de allegados al edil y terratenientes de ese municipio.
El día sábado 25 de junio del 2015 en una reunión que se realizó en el Centro Comunal de Simpinula, donde se abordó el problema de la instalación de la energía eléctrica en la comunidad, el alcalde Gabino Argueta Gálvez le dijo al dirigente Víctor Vásquez que se iba a morir con el título debajo de los sobacos, denunció el propio afectado.
El Consejo Indígena Lenca de Simpinula posee un título de propiedad en dominio pleno que les otorgó el Instituto Nacional Agrario (INA) en noviembre de 1999.
También el equipo de Cofadeh pudo documentar otros casos, donde están involucradas las autoridades municipales locales, terratenientes, políticos y sicarios, quienes se han dedicado a amedrentar a las comunidades indígenas lencas que se oponen al represamiento de sus ríos y a ser despojados de sus territorios.
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