En medio de los tira y encoge, negociaciones y enfrentamientos por elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por primera vez se atreve a mencionar la necesidad de contar con un nuevo contrato social.
Lo que antes era prohibido y provocó un golpe de Estado que trajo el derrocamiento y expulsión de un presidente y sistemáticas violaciones a los derechos humanos a la ciudadanía que salió en defensa de la institucionalidad y el Estado de derecho, ahora es propuesta del mismo presidente Juan Orlando Hernández-JOH-.
En una entrevista con una cadena televisiva JOH dijo que: “yo por primera vez voy decir algo que creo que es el sentimiento de muchos hondureños, y particularmente en mi caso como ciudadano y como servidor público, creo que a llegado el momento de que revisemos todo el contrato social del país y que lo hagamos de una forma seria transparente y altamente participativa, y que si vamos a revisar todo el estamento constitucional hagámoslo para contar con una nueva Constitución”.
Hernández agregó que en esta revisión de la Constitución deben participar no solo los partidos políticos, sino los sectores sociales y productivos, “que se escuche a los humildes luchadores y después puede ser que este Congreso revise un borrador que logre modificar la actual Constitución”.
La actual Constitución de la República fue redactada en 1982, en un contexto de guerras en la región, de gobiernos presididos por militares y por el bipartidismo, contexto que ha cambiado en la actualidad.
Como toda Constitución, la de 1982 surgió de una Asamblea Nacional Constituyente que se instaló en abril de 1980 y que posteriormente convocó a elecciones generales en noviembre de 1981 para elegir a las máximas autoridades del país.
De esta manera, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1980 no estuvieron representados todos los sectores de la población hondureña, sino solo estuvo conformada por aquellos grupos vinculados a las altas esferas del poder económico, empresarial, religioso y militar del país, y por eso, la Constitución actual, en vez de ser el producto de un genuino pacto social, es un acuerdo entre los militares y los dirigentes de los partidos políticos tradicionales, menciona la investigación Aspectos históricos, conceptuales y sustanciales sobre el proceso constituyente en Honduras, elaborada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.
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La clase política en Honduras ha modificado y violentado la Constitución de la República cuantas veces ha querido, asegurando que las nuevas reformas son para privilegiar a las mayorías. En esa línea se enmarca las declaraciones que brindó años atrás el ya fallecido político liberal del departamento de El Paraíso, Rodrigo Castillo Aguilar, quien afirmó que, “la Constitución había que violarla cuantas veces fuese necesario”.
Trampa
Para el abogado y catedrático universitario Ramón Enrique Barrios, lo que hace seis años era inconstitucional y que originó un golpe de Estado, ahora es legal y se puede hacer.
El profesional del derecho dijo en una entrevista con Radio Progreso que esta propuesta puede ser una trampa porque el pensar en un nuevo contrato sin la participación del soberano (el pueblo) se convierte en un problema en vez de ser solución.
“Es importante recordar que las leyes que regulan las relaciones entre el Estado y el soberano no las puede hacer un gobierno que ya está constituido. Pensar en un nuevo contrato social debe pasar por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para que sea la ciudadanía quien decida qué es lo que quiere. El anuncio del presidente se puede interpretar como que su reelección está en precario, y puede estar movimiento a un Congreso Nacional que él controla para crear figuras jurídicas que le garanticen perpetuarse en el poder. Debemos tener mucho cuidado, estar alertas”.
Barrios deja claro que es necesario hacer diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. En el primero caso se refiere al pueblo que se convierte en soberano y que tiene como objetivo constituir al Estado y su ordenamiento político-jurídico para lo cual instaura órganos, proceso, garantías y principios que permitan el poder que el pueblo delega. Y el soberano tiene la facultad de cambiar la Constitución vigente.
El poder constituido es la representación de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y cada una de sus funciones. Estos son constituidos por el poder constituyente con el fin de que hagan el ejercicio cotidiano del poder soberano que el pueblo les delega de cara a la administración pública.
UNAH propone una Constitución
En medio de la avalancha de reacciones de los distintos sectores, la universidad pública a través de su rectora Julieta Castellanos propuso realizar una nueva propuesta de Constitución de la República, que sería diseñada por juristas internacional en coordinación en el alma mater, el nuevo estamento estaría listo a más tarde un año.
“Aprovechando que estamos sacando la primera maestría en derecho constitucional, creemos necesario que se haga una nueva propuesta de Constitución de la República y que el reto recaiga directamente en la Universidad en compañía de juristas de la Universidad de Valencia, España, y que luego ésta se traslade a través de consultas a la ciudadanía. La UNAH se compromete a colocar fondos adicionales en esta materia para poder contratar los trabajos de consultoría internacional para que a más tardar un año ya haya nueva Constitución en Honduras”, dijo Castellanos.
Salidas a la crisis
En el reciente Sondeo de Opinión Pública, presentado esta semana por el ERIC, la gente está clara que Honduras se sumerge en una crisis. La ciudadanía cree que los caminos para salir a la actual situación del país es convocar a un diálogo nacional con la participación de todos los sectores.
En la encuesta 7 de cada 10 personas afirman estar muy o algo de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y siguiendo esa misma tendencia, 7 de cada 10 hondureños y hondureñas creen que se debe firmar acuerdos mínimo nacionales.
Soluciones a la crisis
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Tras conocer los datos del Sondeo, el analista político y director para Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, Hugo Noé Pino, dijo coincidir con los datos devueltos, ya que la crisis actual del país requiere de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que refleje un nuevo pacto social en Honduras.
“Según la encuesta nuestro sistema político representado en la desconfianza a las instituciones públicas, en el Congreso Nacional, en la administración central, en la Corte Suprema de Justicia, solo refleja algo que desde el ICEFI venimos señalando: Honduras tiene una crisis institucional que requiere esfuerzos enormes de la clase política por tratar realmente de cambiar el rumbo del país. Y allí coincidimos con las reflexiones que en la presentación del sondeo hizo el padre Ismael Moreno.
Por razones diferentes a las que parecen haberse planteado tanto en el 2009 como en la actualidad, Honduras necesita una Asamblea Nacional Constituyente que haga una nueva Constitución que refleje, como el presidente Hernández lo dijo, un nuevo pacto social, pero este no se puede hacer con el actual Congreso Nacional, ésta requiere hacer una convocatoria con mucho patriotismo, para crear consensos que nos permitan salir de la crisis tremenda que tiene el país”, dijo Pinu.
Al igual que Hugo Noé, el abogado Enrique Barrios cree que más que entregar un proyecto de nueva Constitución al Congreso Nacional, es buscar la participación de la ciudadanía a través de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que conduzca a la construcción de nuevas reglas del juego que abonen a las salidas a la crisis que vive Honduras.
Vea resultados del Sondeo de Opinión AQUÍ
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