Hoy como hace más de 218 años, los tambores suenan en Sambo Creek, La Ceiba, Atlántida, como símbolo de resistencia, instrumento poderoso de lucha, en esta ocasión contra la instalación de una represa hidroeléctrica en el río Cuyamel, que amenaza con desaparecer la histórica y emblemática comunidad garífuna ubicada en la zona norte de Honduras.
“La construcción de esta hidroeléctrica es la muestra que desde el Estado en alianza con el gran capital nacional e internacional se impulsa un proceso de despojo de las tierras ancestrales y otros recursos naturales (bosque, minerales y ríos) en contra del pueblo; Tolupan, Lenca, Chortí, Misquito, Tawahka y Garífuna”, indicó Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH.
Sambo Creek es una bella y alegre aldea garífuna donde habitan un promedio de 8 mil habitantes y está ubicada a 15 kilómetros al este de La Ceiba. La comunidad posee una increíble belleza natural con playas de arena blanca y la rodean los ríos Sambo y Cuyamel además de una exótica vegetación. La población cuida de estos bienes comunes ya que son parte de su cultura.
Sin embargo la belleza y tranquilidad está amenazada por la construcción de la represa hidroeléctrica en el caudaloso río Cuyamel (El proyecto solo está aprobado). “Nuestra comunidad se ve amenazada y asediada por la municipalidad de La Ceiba, la que pretende asumir control sobre la cuenca hidrográfica del río”, manifestó Elisa López, vicepresidenta del patronato.
Amenaza a la comunidad
“El Gobierno en vez de solucionar los problemas como la falta de empleo y la crisis alimentaria que enfrentamos los garífunas y demás pueblos diferenciados, más bien nos traen grandes problemas que amenazan con destruir las comunidades como es el caso de la construcción de la represa sobre el río Cuyamel”, manifestó Melisa Chávez, tesorera del patronato de Sambo Creek.
Según el subgerente regional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Alfredo Ortega, en La Ceiba, Atlántida, la represa en el río Cuyamel tendría una doble función: la producción de dos a cuatro megavatios de energía eléctrica y una línea de conducción que abastecería de agua potable a la zona este de La Ceiba.
De acuerdo a los impulsores del proyecto, con la construcción de la hidroeléctrica se solucionará el problema energético y el abastecimiento de agua potable en una de las ciudades más importantes de país, donde habitan más de 300 mil personas.
Sin embargo la dirigente comunitaria Melisa Chávez se preguntó “¿Desarrollo para quienes? Para nosotros no, a nuestra comunidad lo que traerá es la destrucción completa y sequía ya que la mitad de la comunidad nos quedaríamos sin agua porque nos abastecemos del afluente de dicho río”.
A renglón seguido aseguró que un promedio de mil viviendas serían inundadas por el mar y el cementerio también desaparecería porque las olas del mar ingresarían a la comunidad. Recordó que cuando llueve la creciente del río Cuyamel hace que las fuertes olas del mar se contengan y no ingresen a la comunidad.
De acuerdo a análisis realizados por la OFRANEH, la comunidad Garífuna de Sambo de Creek, padece de una severa erosión costera, que viene devorando las casas más cercanas a la línea más alta de la marea, la que hace unos diez años se encontraba a unos 50 metros del lugar que alcanza hoy en día.
Según el estudio el fenómeno de erosión costera, se encuentra ligado entre otros factores al cambio climático, además de la desaparición de la arena en las playas. La construcción de represas evita el flujo de la arena hacia el mar, incrementando de esta forma la erosión costera.
“A parte de eso imagínese que la compuerta de la represa colapse, eso significa que se llevará de encuentro la comunidad de Sambo Creek porque estamos en la parte de abajo. Por eso estamos en contra y lucharemos hasta el final, aclaramos que nuestro pueblo es pacífico, lo único que tenemos son nuestros tambores y el espíritu de resistencia a proyectos de destrucción y de muerte”, remarcó la dirigente garífuna.
Recordó que desde hace diez años están protestando por esa construcción a la cual le han cambiado cinco veces el nombre, pero el objetivo y las condiciones siguen siendo las mismas. “No estamos en contra del desarrollo pero si estamos en contra de proyectos que vengan a destruir nuestras comunidades manifestó.
Violenta convenios Internacionales
“Las autoridades no han consultado a nuestra comunidad y tampoco han informado sobre los impactos ambientales y problemas que se puedan dar a futuro. En pocas palabras se está violentando el derecho a la consulta previa libre e informada a la que tenemos derecho como comunidad Garífuna”, indicó Elisa López dirigente comunitaria.
El proyecto ya fue priorizado por el Gobierno que encabeza Juan Orlando Hernández, tiene un costo de 303 millones de lempiras, su perfil ya fue entregado a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica), quien estaría financiando su construcción.
La Municipalidad de La Ceiba impulsa el proyecto con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, y El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA, sin embargo se pretende represar el río Cuyamel, sin efectuar una consulta previa como un paso indispensable para la posible obtención del consentimiento.
De acuerdo a Mirian Miranda de la OFRANEH, esta actitud de negación trae consigo el desconocimiento del derecho ancestral que el pueblo garífuna tiene sobre sus territorios, pretendiendo así eludir la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales.
“De esa manera se niega el legítimo derecho que tenemos los garífunas a la Consulta Previa, consignada en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la élite de poder y el capital transnacional”, indicó.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, después de su visita al país el año anterior, instó al Estado hondureño a intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, y adoptar las medidas estatales necesarias para cumplir con su obligación de garantizar una consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas sobre los proyectos desarrollados en sus tierras, territorios, y que afectan sus recursos naturales, tomando en consideración la especial relación entre estos pueblos, y la tierra y los recursos naturales.
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