Por José Trinidad Sánchez
A propósito de la elección de una nueva Corte de Justicia y su significado para la vida de los históricamente excluidos de sus derechos, quiero hacer la pregunta, ¿estamos hablando de la misma idea de Justicia? Podemos aun soñar en un nuevo sistema hondureño de impartir justicia por igual, sin racismo, clasismo ni sexismo? ¿Será que podemos cambiar el enfoque y exclusividad de las leyes de protección del dinero, y los bienes de la empresa privada por leyes de un crecimiento solidario, armonioso y con dignidad para todo el pueblo?
La ley, desde la época de la conquista, ha sido el instrumento eficiente para someter a las y los individuos del pueblo común y un arma letal para el despojo de tierras de las y los trabajadores del campo, llegando a ser un mecanismo para la destrucción de los medios de vida de las comunidades.
Pero no es tanto la estructura de una corte que garantizará el derecho a un desarrollo económico social y justo de un pueblo sino que es el conjunto, contenido y aplicación de leyes vigentes que rigen la nación. Si examinamos las actuales leyes, podemos encontrar mucho espíritu anti comunitario, racismo, clasismo y antifeminismo, por supuesto con algunas excepciones.
En Honduras, la Ley, además del enfoque del cuido de los bienes de los poderosos, ha tenido el enfoque punitivo, el flagelo y el encarnizamiento. Mi padre fue a la cárcel en tiempos de Carías, en una de aquellas cuaresmas, acusado falsamente de matar a un toro, cuando la verdad era un escarmiento público por ser crítico y opositor al alcalde y juez de San José de Comayagua. Así es, la mayoría de hondureños y hondureñas que hemos crecido en los caseríos, aldeas y barrios populares de Honduras crecimos con la imagen e idea de que la justicia es igual a la palabra del amo, del dueño de la tierra, del político, del alto militar, del abogado temible y el juez poderoso. Como bien lo dice el poeta Roberto Sosa, en el poema La Casa de la Justicia cantado por Karla Lara, “… la Casa de la Justicia de mi país… es un templo de encantadores de serpientes…” En 1978, Monseñor Romero, hizo suya y compartió la frase inolvidable de un campesino salvadoreño “es que la Justicia,… es como una culebra que solo muerde a los que andamos descalzos.” La Corte Suprema saliente, que fue muy eficiente en romper la constitución y participar en el golpe de Estado en Honduras, ha sido incapaz de reducir la mora judicial. Según las declaraciones de los delegados del Subcomité de las Naciones Unidas contra la Prevención de la Tortura, Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes más del 60% de los prisioneros en Honduras continúan en la cárcel esperando sentencia.
En este marco de impunidad, corrupción e ineficiencia judicial que nos hereda la Corte saliente, hay muchas personas inocentes presos pero al mismo tiempo hay delincuentes gozando de impunidad. Un estudio del Banco Mundial sobre Crimen y Violencia en Centroamérica afirma que “el sistema judicial es muy complicado, ineficiente y lento. El 57% de las empresas y el 63% de los usuarios consideran que el sistema judicial es injusto y que los jueces no tienen credibilidad. Más del 80% de los usuarios concuerdan en que el pago de un soborno es una condición para un proceso judicial rápido”.
El 14 de febrero, conmemoramos cuatro años de la muerte por fuego de 361 prisioneros y una persona visitante, en la cárcel de Comayagua, tragedia que había seguido a la muerte. Recordamos también, en las mismas condiciones, 107 prisioneros fallecidos en 2004 y el asesinato de 68 personas en la cárcel de El Porvenir, en la Ceiba en 2003.
En la tragedia de Comayagua, murió mi sobrino, Jhonny Javier, de 26 años de edad, buen esposo y un excelente padre de familia. Trabajaba como taxista en Siguatepeque, fue apresado en su casa de habitación, acusado de “ocultar” un taxi, que alguien le había prestado para trabajar el siguiente día. Las autoridades argumentaron que se trataba de un carro robado, pero no hicieron nada para investigar la verdadera persona que trajo el vehículo a la casa de Johnny, aunque Jhonny les dio nombre, casa, teléfono y lugar de trabajo de la persona que se presentó como dueño del vehículo. Jhonny fue enviado a la cárcel de Comayagua, el 20 de agosto del 2010, un ejemplo de la escasa voluntad y capacidad de investigar a fondo los casos en que se ven involucrados las personas de escasos recursos. En la cárcel, Jhonny compartió el muy reducido espacio con otros jóvenes capturados por delitos menores, y le tocó someterse a la voluntad de los criminales peligrosos, quienes mandan en la cárcel con el visto bueno de las autoridades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado de Honduras por no garantizar la vida, como derecho básico, de todo privado de libertad, menciona los problemas de corrupción, tráfico de drogas y el uso de presos como coordinadores de cárcel para ser autoridades informales, con grandes privilegios dentro de los presidios. La Comisión también encontró que el 32% de las víctimas del incendio eran menores de 25 años, nuestra juventud.
El 1 de Agosto del 2014, Radio Progreso informó de la resolución del gobierno de Honduras, Juan Orlando Hernández, de entregar la administración y control de las cárceles al Ejército Nacional como receta para terminar con las fugas de reos y males denunciados por los entes de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Tal resolución solo confirma la carrera armamentista del presidente que necesita a las fuerzas armadas para sostener su proyecto dictatorial.
¿Podemos aun soñar en un nuevo sistema hondureño de impartir justicia por igual? Los que creemos en que otro mundo es posible, también creemos en que las nuevas generaciones en Honduras podrán construir un verdadero sistema de justicia basado en el respeto a la vida, la convivencia comunitaria y la defensa de los bienes colectivos de los pueblos y sus medios de vida. Debemos seguir demandando el fin de la impunidad y la discriminación como práctica y cultura del poder judicial hondureño. Es urgente la creación de centros educativos de corrección para la transformación personal de los individuos, el tratamiento psicológico y médico para los problemas de conducta corregibles. Debemos adoptar sistemas de resolución de conflictos en vía pacífica y aprender de otros pueblos la vigilancia comunitaria organizada, con una visión clara de defensa de la vida y los bienes colectivos. Así, otro sistema de justicia es posible en Honduras.
* Fundador de Red Comal y activista
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