“Con la instalación de peajes se está construyendo un bloqueo económico y social a la ciudad de El Progreso, Yoro, justificado con el denominado Corredor Turístico, (comprende el tramo San Pedro Sula-El Progreso, Tela-El Progreso y La Barca-El Progreso) lo que debe ser rechazado por toda la población y por las autoridades municipales” indicó el dirigente popular Carlos Amaya.
A renglón seguido aseguró que este proyecto que privatiza las principales carreteras públicas está atentando contra toda el área metropolitana del Valle de Sula, principal eje de la economía hondureña porque se instalarán además otras casetas de peaje entre Santa Rita-El Progreso y otras dos entre El Progreso y la ciudad de Tela, Atlántida.
“Esto afectará a toda la población, independientemente tenga o no tenga vehículo, porque el pasaje obligatoriamente se tiene que incrementar y los productos de la canasta básica también sufrirán incrementos porque ningún empresario se quedará con las pérdidas económicas que implica el pago de los peajes”, indicó Norma Cruz, empresaria de San Pedro Sula.
Dijo además que por eso como empresarios están en contra de los peajes que al final de cuentas vienen a afectar a los que menos tienen y que cuando se afecta a la gente más pobre entonces las ventas de productos y los viajes de las personas bajan de manera considerable porque hay menos dinero.
“Estamos a tiempo o lo paramos hoy, o lo pagamos toda la vida. Este es un cobro ilegal que nos viene a golpear la débil economía del pueblo, para el caso yo viajo todos los días de El Progreso a trabajar a San Pedro Sula y tendría que pagar 50 lempiras de peaje cada día, y yo no voy a turistear yo voy a trabajar por lo tanto me vale lo del corredor turístico”, indicó Roberto Rivera, ciudadano progreseño.
Por su parte el alcalde de San Manuel Cortés, Arturo Castro ratificó que las casetas de peaje que se construyen entre la colonia Guadalupe y Campin, en la autopista que conduce hacia San Pedro Sula, lo están haciendo sin la venia de la municipalidad y por lo tanto están pasando sobre la autonomía municipal.
“Sin embargo es la población la llamada a salir a las calles para detener este proyecto que sin duda alguna afectará la economía. Yo he visto que ya están saliendo a las calles rechazando el peaje y eso es muy bueno”, indicó el edil de San Manuel Cortés.
De cobrarse el peaje las tarifas que pagará la población serán las siguientes: por carros livianos 19 lempiras, el pesado de dos ejes, 71 lempiras; el de tres ejes, 105 lempiras; el de cuatro ejes, 140 lempiras; el de cinco ejes, 174 lempiras y el de seis ejes, 209 lempiras.
La lucha continúa
“Hay que revertir esta medida impopular que golpea al pueblo hondureño”, gritaba la progreseña Mirian Wood mientras el miércoles recién pasado junto decenas de personas desarrollaba un plantón contra el peaje, en las cercanías del puente La Democracia en la salida de El Progreso a San Pedro Sula.
Para mañana sábado 30 de enero se tiene programado desarrollar una nueva acción a las 4:00 pm saliendo en caravana desde el Obelisco hasta llegar al lugar donde se construyen las casetas de peaje. Esta misma acción se desarrolló el sábado anterior cuando centenares de personas llegaron al lugar para gritar “no al peaje”.
“A pesar de las acciones, la construcción de las casetas de peaje continúa y hoy de forma más acelerada lo que nos indica que tenemos que arreciar lucha. La mayor parte de la población está en contra del peaje sin embargo se quedan protestando desde sus casas y eso no nos conviene”, manifestó Adán Palacios del Movimiento de Indignados de la ciudad de El Progreso.
Indicó que lo que se necesita es una población que salga a las calles a mostrar su rechazo al peaje porque de esa manera el gobierno, el Congreso Nacional y la concesionaria de las carreteras se dan cuenta que nadie quiere que se le cobre por transitar por las calles que incluso han sido construidas con el dinero del pueblo.
“El cobro del peaje para un trabajador que reside en El Progreso y viaja en carro 25 días al mes para San Pedro Sula representará cerca de Lps.1200 que tendrá que pagar mensualmente y eso no estamos dispuesto a pagarlos indicó.
Recurso contra el peaje
“Estamos preparando un recurso legal contra la instalación de las casetas de peaje para ser interpuesto la próxima semana ante la Corte Suprema de Justicia porque el cobro del peaje es ilegal y violenta los derechos humanos”, indicó el abogado Adán Palacios quien es parte del Movimiento Indignados de la ciudad de El Progreso.
Adelanto que la única manera que se podría dar luz verde al cobro del peaje es que la misma empresa construya en el mismo lugar una carretera alterna en buenas condiciones para que de esa manera la población tenga las dos opciones: pagar peaje o viajar por la calle alterna como se hace en muchos países.
La instalación de peajes se hace en clara violación a varios instrumentos de alcance universal y regional que salvaguardan el derecho a la libertad de tránsito, tales como, el artículo 13.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (en adelante la Declaración Universal), que establece que «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado».
Así mismo el artículo 12.1 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 (en adelante el Pacto de Naciones Unidas) que establece que «Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia»; el artículo VIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante la Declaración Americana), que establece que «toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado en que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad».
La libertad de tránsito consiste en la facultad de desplazarse o circular libremente por todo el territorio nacional, así como entrar o salir del mismo y de elegir libremente en él su lugar de residencia. De conformidad al artículo 187 constitucional, solamente se puede restringir el derecho a la libertad de tránsito en los casos de invasión al territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier calamidad general, lo cual debe hacerse vía decreto por el Presidente de la República de acuerdo con el Consejo de Ministros.
La Constitución de la República en su artículo 64 establece que no se pueden aplicar leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas, si los disminuyen, restringen o tergiversen.
De acuerdo al párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución, los tratados internacionales, celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno; por tanto, un tratado internacional, al ser acogido por el ordenamiento jurídico nacional, obliga a las autoridades y tribunales a respetarlo y cumplirlo y genera obligaciones y derechos para los particulares de la misma forma que lo hace una ley aprobada por el Congreso Nacional.
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