Comparecemos en esta rueda de prensa junto a la dirigencia del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPA), para denunciar hechos violentos en el municipio de Santa Elena que podrían marcar una tendencia de nuevas consecuencias trágicas en 2016.
El pasado viernes 29 de enero de 2016 desconocidos prendieron fuego a la casa del dirigente indígena Rosalío Vásquez en la aldea El Potrero, departamento de La Paz, fronterizo con El Salvador.
Este acto terrorista es parte de una serie de asesinatos, intimidaciones, amenazas y enjuiciamientos que están ejecutando contra las comunidades indígenas que se oponen a las concesiones mineras y represamientos de ríos en el occidente del país.
En 2015 fueron asesinados 20 dirigentes lencas en el Municipio de Santa Elena, sus muertes obedecen a un patrón de terror impuesto en la zona que apunta a testaferros y sicarios de una empresa represadora, propiedad de una dirigenta política del partido de gobierno en el departamento de La Paz; pero también a alcaldes y terratenientes ladinos usurpadores de territorios ancestrales.
En el último mes del año pasado cinco liderazgos fueron asesinados en la comunidad de Gualinga, Santa Elena, todos relacionados a la lucha de resistencia contra el represamiento del río Chinacla.
Las víctimas son Domingo Martínez, Juan Francisco Martínez Márquez (hijo) -- ellos estuvieron en huelga dos meses en Azacualpa oponiéndose a la represa hidroeléctrica sobre el río Chinacla --; Selvin Darío Orellana, Javier Vásquez (18 años) y Silvestre Manueles Gómez, quien apareció muerto flotando en las aguas del río Chinacla, cortado sus órganos genitales y torturado.
En esos días que ocurrieron los crímenes, la hidroeléctrica lanzó una campaña contra la dirigencia de MILPA, que decía: “los que mataron a Silvestre actuaron por orden de Felipe”, una campaña que repetía el mismo alcalde de Santa Elena, Santos Víctor Ventura, y su grupo del Partido Nacional.
En noviembre, la esposa de Rosalío Vásquez, Ana Romero, quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), igual que su esposo, fue víctima de una golpiza inferida por policías militares y civiles enviados por la empresa Los Encinos.
Rosalío Vásquez enfrenta orden de captura emitida por un Juzgado de Marcala, La Paz, por suponerlo responsable de un homicidio que no cometió, según la defensa de su organización, el Movimiento MILPA.
En 2009 después del golpe de Estado, el Congreso Nacional concesionó a uno de los directivos actuales de este poder del Estado, más de 102 kilómetros de territorios ancestrales lencas, sin consulta previa, y al menos 10 concesiones mineras fueron autorizadas en La Paz. Como consecuencia de las inversiones impuestas por una diputada, cinco comunidades han perdido sus fuentes de agua y se ha desarrollado una alianza perversa entre policías militares y sicarios civiles que hostigan a las comunidades originarias, irrespetando sus territorios.
Ante esta situación el Cofadeh ha planteado la adopción de planes de seguridad, que serán definidos en los próximos días conjuntamente con MILPA y la CNTC.
En esta comparecencia pública hacemos un llamado a la comunidad internacional a proteger la vida de Rosalío Vásquez, su familia y compañeros de organización, pues enfrentan una serie de hostilidades judiciales y de terrorismo directo que podrían causar hechos de peores consecuencias en la zona.
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