Por Sandra Rodríguez
Una de las zonas por las cuales el nombre de Honduras está siempre en la mirada internacional debido a la constante violación a los derechos humanos contra campesinos y por ende la criminalización a los defensores de DDHH, es la zona del Bajo Aguán, en el departamento de Colón, en la costa Norte.
Después de más de dos años de trabajo de parte de defensores de DDHH de todo el país, hasta hace ocho meses el Congreso Nacional aprobó la Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, y operadores de justicia, la cual poco se ha socializado con los sectores de interés, la que al final, no contiene lo que en su principio pretendía el grupo de defensores y organizaciones que la impulsaron.
Parte de ello, es que la Ley desde su nombre ya indica que abarca a muchos, por lo tanto no puede ayudar a todos, y en ella misma contempla la protección de operadores de justicia que son parte de los violadores a DDHH.
Así mismo que los encargados de dar protección a los y las defensoras en riesgo deben ser los órganos de seguridad estatales, y en ellos no se confían porque son parte de los perpetradores, especialmente en el Bajo Aguán, región altamente militarizada y donde los uniformados atacan a cualquier persona sin importar edad, sexo o procedencia, con tal de imponer su autoridad.
Parte de estas apreciaciones se dieron en el taller para la socialización de la Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, y operadores de justicia, en Tocoa, Colón, el pasado fin de semana, con la participación de defensores y defensoras de DDHH, del Bajo Aguán.
En relación al derecho a defender derechos hay una serie de resoluciones y un conjunto de alternativas a nivel internacional que reconocen este derecho: defender derechos y establece la necesidad que para proteger defensores/as, se crean mecanismos a nivel nacional que les permitan gozar de ciertas medidas de protección.
La ley establece que al defensor/a de DDHH que necesite protección se le debe hacer un análisis de riesgo, que lo realiza el Comité Técnico del Mecanismo de Protección.
“La Dirección General del Sistema de Protección, debe ordenar urgentemente a favor de la persona solicitante e instruir lo pertinente a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para que las mismas sean implementadas en un plazo no mayor a ocho (8) horas después de la recepción de la Resolución que decreta la medida respectiva.”
Entonces aquí tenemos dos plazos, el plazo para decretarse –lo decreta la dirección- y el plazo para implementarse -lo implementa la Secretaría de Seguridad-, se le explicó al grupo asistente al taller.
Los defensores y defensoras trabajaron en grupo para identificar cuando hay que hacer procesos ordinario y extraordinario, pues son ellos mismos los que deberán hacer uso de la Ley.
Hay medidas de carácter extraordinario, cuya vigencia es urgente y debe permanecer hasta en tanto el Comité Técnico del Mecanismo de Protección determine su modificación o cancelación previo análisis del riesgo, el cual debe realizarse entre una y dos semanas posteriores al momento en que fueron otorgadas.
Mientras que las medidas de carácter ordinario, se refiere a que cada seis meses el Comité Técnico del Mecanismo de Protección debe realizar un nuevo análisis a fin de medir el nivel de riesgo de las personas beneficiarias, si persiste la situación de riesgo o si se ha modificado y en base a ese análisis, adaptar las medidas ordenadas-ver si mantiene las medidas o las cambia.
Por lo anterior, la Dirección General del Sistema de Protección puede solicitar de oficio o a petición de la persona beneficiaria, la revisión de las medidas de protección implementadas, se explicó en el taller.
Es importante tomar en cuenta que si el solicitante no está de acuerdo con las decisiones tomadas, tiene el derecho a impugnar, pues el propósito es salvaguardar su vida, y eso es lo que no se nos respeta dicen lo defensores, pues no se sienten seguros con tener a alguien cuidándolos, cuando es un policía o militar, ya que ellos son parte del grupo opresor.
Las violaciones a derechos en la región de Bajo Aguán se manifiestan en intimidaciones, persecuciones, ataques físicos, raptos, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos, la mayoría de casos se quedan en la impunidad.
Hay que conocer la Ley y exigir que se aplique
Entre los ataques recientes, sucedió hace unos días contra el septuagenario Agustín Cálix, quien fue víctima de un intento de secuestro cuando un desconocido le ofreció dar útiles escolares, pero lo que quería era meterlo a un vehículo forzadamente en la ciudad de Tocoa, denunció en su momento.
Esperamos que esta Ley sea conocida y bien aprovechada por todos nosotros, porque las leyes sólo se pueden cumplir con la fuerza del pueblo, afirmó don Agustín de 77 años de edad. Será necesario que las organizaciones campesinas estemos unidas porque en la unión está la fuerza y vamos a hacer uso de lo que es nuestro, afirmó.
Además, nosotros somos personas con conocimiento vamos a exigir que se aplique y que defienda a quienes corremos riesgos por defender los derechos humanos y que somos violentados por ejercer nuestro derecho de defender.
Hay que tener claro, continuó el defensor de los derechos de los campesinos, que las personas que nos agreden también tienen derechos humanos, y si ellos en algún momento nos necesitan también los vamos a acompañar y exigir que se les defienda, porque ellos también sufren violaciones a sus derechos.
Con este tipo de formaciones, estamos preparándonos para contrarrestar estas amenazas, que son consecuencias de que denunciamos la verdad y sin miedo, tenemos el orgullo de ser personas honradas y honestas, ante eso no nos van a vencer, somos personas capacitadas y vamos a empoderarnos de esta Ley que se hizo para defender a quienes defendemos los derechos humanos, apuntó don Agustín Díaz, de la comunidad “Guadalupe Carney” y miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, OPDHA.
También participó Martina García, integrante del OPDHA y vecina de la comunidad de Orica, Colón, dijo que la jornada fue excelente, ya que esta Ley es algo que no conocía y espera que sea beneficiosa para todos, puesto que a veces las Leyes las hacen pero no las cumplen, o las aplican en contra de las personas menos desposeídas.
“Esperamos que cumplan este instrumento, porque los mismos que la hacen son quienes la violentas”.
Nosotras acompañamos a víctimas de violaciones de derechos humanos, y vemos que esta nueva Ley involucra a quienes en la mayoría de veces nos agreden, por ejemplo aquí en el Bajo Aguán son la policía y militares, jueces y fiscales quienes nos atacan.
Hay personas que por miedo no denuncian las agresiones de parte de entidades del Estado, pero nosotras como defensoras de DDHH no tenemos miedo a denunciar, por lo que vamos hacer uso de esta Ley, ya que sin ella hemos denunciado lo que nos sucede por el trabajo de defensoría, ahora con mayor razón, y si creemos que no funciona, lo vamos a demostrar sí es que no se cumple lo establecido para darnos seguridad.
Agregó que, sufrimos persecución, atentado contra la vida de defensores, esas cosas son costumbre de quienes nos atacan, pero nosotros no nos vamos a dar por vencido.
Una de las cosas establecidas en la Ley de Protección de Defensores de DDHH es que podemos presenciar audiencias públicas para fortalecer nuestras capacidad, pero en los juzgados de Tocoa o Trujillo no nos permiten la entrada, nos piden carnet de identificación, chalecos distintivos entre otras cosas, pero lo importante somos nosotros como personas, nuestra presencia, somos nosotros los que importamos y los que tenemos que aprender, no es una identificación que va hablar, y eso lo vamos hacer valer ante las autoridades judiciales, aseguró Martina García.
Mientras que Esly Banegas, representante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, manifestó que, “creemos que lo importante es que está el instrumento jurídico, que esa Ley existe y tiene algunos elementos que son positivos, pero no creemos que sea un instrumento para resolver la problemática que afecta la vida de defensores y defensoras”.
Ya la experiencia nos dice que hay muchísimas leyes que están engavetadas, que solo es un papel más y no se cumple, por lo que no resuelven ninguna problemática. Vamos a tener un arma legal que nos permita hacer uso de ella en el momento que requiramos hacer uso y está hi para poder tener nosotros una base, la base para exigir.
En el Bajo Aguán, vivimos en una región donde surgió una lucha por la defensa de la tierra y con ello a la par la represión y hostigamiento contra cientos de campesinos y campesinas.
Vamos a tener la oportunidad de hacer uso de esa Ley y demostrar su eficacia o por el contrario que no es suficiente, y más en esta zona del Aguán, donde las violaciones a los ddhh y criminalización contra los defensores, es la zona más militarizada del país, por lo que esta Ley que creemos no funciona, la vamos a utilizar y exigir que se aplique, declaró Eslay Banegas.
La impartición de justicia aquí se aplica en contra de los defensores, hemos escuchado a jueces que dicen “los vamos a tener con medidas para que no hagan acciones” especialmente se refieren a los campesinos en procesos de recuperación de tierra, que ellos llaman invasores.
Así mismo tenemos criminalización contra defensores, los acusan de situaciones ajenas a la realidad, y la ley se les aplica en contra, lo que es una forma de represión por el trabajo de la defensa de los ddhh. No hay una investigación en los casos investigados y los fallos van a favor de los grandes terratenientes, añadió la defensora.
Es necesario y urgente que todos los sectores podamos conocer el contenido de la ley, nadie puede negar ignorancia porque está desde mayo del 2015. Esta Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, y operadores de justicia, nos a servir para reforzar nuestro trabajo, defender la vida.
El derecho a defender derechos:
Implementación de la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos de ONU, relativa a la Protección de los DDHH, en la cual se insta al Estado a establecer un centro de coordinación de los DDHH dentro de la Administración Pública.
El Estado reconoce el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a promover y procurar la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Éste puede ejercerse desde organizaciones de DDHH o más a nivel local, por ejemplo, un grupo de vecinos-as que en un patronato se reúnen para reivindicar o defender el derecho al agua potable, son un grupo de defensores-as aunque no estrictamente formen parte de una organización de DDHH.
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