“Es un dolor que no se calma, es un vacío que nunca se va a llenar. Constantemente sueño que mi muchacho llega a la casa y me abraza. A mi hijo lo amaba con toda mi alma”, indicó entre lágrimas German Rubio, padre de German Rubio (18) quien es una de las 362 personas que murieron calcinadas en el incendio de Comayagua, caso que sigue en total impunidad.
El fuego apocalíptico que enlutó a los familiares de los privados de libertad, y a la sociedad amante y respetuosa de los derechos humanos, inició a las 10:50 de la noche del martes 14 de febrero de 2012, día del Amor y la Amistad, y expuso las condiciones infrahumanas en que vive la población penitenciaria hondureña.
“Al amanecer el 15 de febrero fue cuando me enteré del fatídico hecho, me puse como loco y me fui de inmediato para Comayagua, en todo el camino iba pidiéndole a Dios que todo fuera mentira o que mi hijo no estuviera entre las personas que se quemaron”, manifestaba Rubio, mientras el llanto, el dolor y las lágrimas interrumpían constantemente la conversación.
“Lo único que quiero es que el caso no quede en la impunidad porque los que murieron quemados no eran animales. Mi hijo era bueno, trabajador y tenía como profesión la soldadura y lo metieron preso por algo que él no cometió”, aseguró mientras desviaba la mirada porque sus ojos comenzaban a derramar lágrimas. Cuando logró retomar el diálogo, sólo pudo manifestar “no aguanto el dolor y el recuerdo de mi niño invade mi vida”.
El próximo domingo se cumplen cuatro años de este siniestro, y su historia de cómo inició, aún es un misterio, sin embargo algunos familiares de las víctimas y sobrevivientes del incendio, aseguran que el mismo fue provocado y que no se hizo absolutamente nada para salvar las vidas de los privados de libertad, que en el momento de este lamentable hecho, murieron aferrados a los barrotes de las celdas en donde guardaban prisión.
“Mis dos hijas me preguntan a diario ¿cuándo va a regresar mi papá? y yo les digo que él está en el cielo, y entonces ellas me dicen que le diga a Dios que se lo preste un momento para verlo y abrazarlo, eso a mí me pone con más dolor”, indicó entre lágrimas Nancy Esteves, quien perdió a su esposo y también a su suegro en el incendio del penal.
Manifestó además que el hecho pasó hace cuatro años pero para ellos como familiares es como si ayer hubiera pasado. "La vida ya no es la misma y en lo particular me toca enfrentar la vida sola con mis dos hijas. Mi esposo estaba a punto de cumplir la condena y teníamos muchos planes de trabajo y de vida familiar, pero el incendio quemo nuestras vidas”, remarcó.
“Muchos de los privados de libertad que murieron eran inocentes de lo que se les acusaba, otros estaban por infracciones leves y algunos ya habían cumplido la sentencia pero no se les había entregado la carta de libertad”.
A renglón seguido dijo que la justicia en Honduras solo se aplica a las personas pobres aunque sean inocentes en muchas ocasiones cumplen las condenas, “sin embargo a los poderosos que le roban miles de millones de lempiras al pueblo y quienes son los responsables de la pobreza del país no se les castiga y a los pocos que se logra iniciar un proceso penal les dan casa por cárcel o salen bajo fianza”, indicó.
Incendio provocado
“Unos días antes habían introducido tres galones de gasolina, eso yo lo vi con mis propios ojos, y ese día a las 10:50 de la noche iniciaron las llamas de fuego que avanzaban a gran velocidad, consumiendo cada una de las vidas de mis compañeros presos incluyendo la de mi hijo quien también estaba privado de libertad”, recordó Santos Mejía unos de los sobrevivientes.
Con su rostro lleno de terror como si el incendio hubiese sido ayer don Santos contó que al iniciarse el incendio los privados de libertad se concentraron en la puerta gritando de forma desgarradora pidiendo ayuda pero no fueron escuchados por los guardias penitenciarios.
Indicó que “más bien los policías penitenciarios no nos dejaban salir ni abrían la puerta de las celdas, ante lo cual muchos buscaron la manera de subir y saltar por el techo del penal ante lo cual los policías penitenciarios disparaban sus armas, por eso muchos escaparon con vida aunque con heridas de bala.
“Por todo lo que observé, este fue un incendio provocado. En término de 10 minutos los módulos del 6 al 10 ya estaban consumidos por completo, como que si la gasolina que en días anteriores introdujeron había sido utilizada para acelerar el siniestro que nos marcó para siempre”, indicó.
Las llamas de la impunidad
La investigación sobre las causas y responsables del incendio del penal sigue siendo tarea pendiente. Sin embargo el Estado se ha quedado complacido con un informe del Equipo de Respuesta Internacional (IRT) del Buró de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) donde reveló que el incendio fue accidental.
En base a los hallazgos de la IRT, la causa del fuego se cree haber sido una llama abierta (el origen del cual podría incluirse, pero no se limita a, un cigarro, un encendedor, fósforos, entre otros, aunque la fuente real de la combustión no fue recuperada.
Lo único que ha hecho el Juzgado Penal de Comayagua fue dictar Auto de Formal Procesamiento contra el exdirector y tres expolicías penitenciarios de la granja penal, a estas personas se les presentó acusación por “homicidio culposo y falta de deberes de los funcionarios”.
En ese entonces, el director de la granja penal era el inspector Wilmer Obdulio López Irías, a quien se le sigue el caso por los delitos de homicidio culposo y violación a los deberes de los funcionarios. Lo mismo sucede con los policías penitenciarios José Víctor Mejía, Santos Soriano, Rito Yánez Licona, entre otros.
López Irías tenía unos 42 días de haber sido nombrado en el cargo cuando ocurrió el incendio. Los imputados se encuentran en libertad con medidas sustitutivas y el juicio está parado desde el año 2014.
Aunque un informe de expertos de Estados Unidos reveló que no hubo mano criminal. En el hecho, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos ha seguido una investigación en torno al suceso para confirmar si existió dolor y negligencia de parte de las autoridades y custodios penitenciarios en manejar adecuadamente el caso, que conllevara a evitar la gran cantidad de muertes.
Sin embargo de acuerdo a la abogada Brenda Mejía del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, las investigaciones han sido lentas y raquíticas. Manifestó además que las acusaciones contra los guardias penitenciarios y el ex director del penal deberían ser por homicidio doloso, porque ellos no abrieron los portones a los privados de libertados de libertad.
“En este incendio hay responsabilidad de las propias instituciones públicas porque la seguridad y vida de los privados de libertad están en estricta responsabilidad del Estado y eso que pasó demuestra que hay una fuerte responsabilidad estatal”.
Acuerdo amistoso
Con el objetivo de brindar una compensación económica y en especies a los representantes de los familiares de las víctimas del incendio ocurrido en el Centro Penal de Comayagua el 14 de febrero del 2012 a través de Asociación Juntos Avanzamos en el Bienestar de la Población Carcelaria de Honduras (AJABPCH), el gobierno a través del Comité Interinstitucional suscribió el año anterior un Convenio de “Arreglo Amistoso”.
En dicho acuerdo se establece dar una compensación económica de L.200, 000 (Doscientos mil lempiras exactos) por cada una de las víctimas, lo cual asciende a un monto de L.72,000,000.00 (Setenta y dos millones de lempiras) los cuales se honrarán en varios pagos.
Adicionalmente, se les construirá 360 viviendas saludables para las familias de las víctimas a las que no tienen o mejora para las que tienen. También se les proporcionará del Bono Vida Mejor y becas estudiantiles a tres niñas y tres niños con discapacidad.
“En este acuerdo no está estipulado el tema de la investigación y las acciones penales contra los responsables directos e indirectos del incendio del centro penal por lo tanto es una tarea pendiente”, indicó la abogada Brenda Mejía.
No es caso único
En 2003, en la penitenciaría de El Porvenir, en la caribeña ciudad de La Ceiba, 68 personas fallecieron durante un “enfrentamiento” entre los 'rondines' de la cárcel (los presos que manejan el poder) y los miembros de la mara Barrio 18. La Policía y el Ejército también acabaron con las manos ensangrentadas.
Sólo un año después, un incendio en el sector de la Mara Salvatrucha en el penal de San Pedro Sula dejó 107 muertos más. Por este hecho Honduras fue condena por La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Las 24 prisiones que hay en el país están superpobladas, y están gestionadas desde hace años por los propios privados de libertad. El autogobierno sustituye al Estado, cuya omisión de funciones provoca corrupción y violencia, y deja un reguero de fallecidos a causa de motines, incendios o luchas internas por el control de los presidios.
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