Felipe Benítez
Por Tomy Morales
El Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPA) con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ofreció una conferencia para denunciar hechos violentos en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.
El 35% del territorio hondureño esta concesionado para la explotación de sus recursos naturales como explotación de minas a cielo abierto, ríos para instalación de hidroeléctricas y tala inmisericorde de bosques, los que en una gran parte pertenecen a tierras indígenas, por lo tanto, el Estado de Honduras está fallando en el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, Ratificado por Decreto No.26-94 del Congreso Nacional del 10 de mayo de 1994, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 27,413 del 30 de julio de 1994.
Después del golpe de Estado del 2009 el Congreso Nacional concesionó a uno de los directivos actuales Gladys Aurora López “la dama azul” más de 102 kilómetros de territorios ancestrales lencas, sin consulta previa y 10 concesiones mineras en La Paz; debido a esto cinco comunidades han perdido sus fuentes de agua y como medida para controlarlo a sus habitantes mantienen una alianza policías-militares-sicarios civiles, los que se encargan de hostigar permanentemente a los campesinos indígenas irrespetando sus territorios.
En el departamento de La Paz la lucha de campesinas y campesinos lencas arrecia, porque se enfrentan al poder destructor de “la Dama azul”, diputada (vice presidenta) del Congreso Nacional y presidenta del Partido Nacional; ya que según dicen es dueña de una empresa que maneja junto con su esposo Arnol Castro y ganaron la concesión de varios ríos que bañan a las comunidades indígenas, con la complicidad de la comuna municipal encabezada por el alcalde Víctor Ventura.
Denunciaron que solo en el año 2015 fueron asesinados 20 dirigentes lencas de Santa Elena, sus muertes obedecen a un patrón de terror impuesto en el lugar que a punta de testaferros, sicarios, alcaldes y terratenientes y la reconocida nacionalista dueña de la empresa se está apoderando de los ríos para hidroeléctricas, usurpando los territorios ancestrales de La Paz.
Entre las victimas están Domingo Martínez, Juan Francisco Martínez Márquez hijo, (estuvieron en huelga dos meses en Azacualpa oponiéndose a la hidroeléctrica sobre el rio Chinacla), Selvin Darío Orellana, Javier Vásquez (18) y Silvestre Manueles Gómez (apareció muerto flotando en las aguas del rio Chinacla, fue torturado y le cortaron sus órganos genitales).
La “Dama de Azul” es cómplice de grandes violaciones a los derechos humanos contra lencas niños, jóvenes, mujeres y hombres, violentando derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho de los pueblos originarios.
Para muestra un botón; el reconocido dirigente indígena Rosalio Vásquez de la Aldea El Potrero fue víctima de manos pirómanas que le prendieron fuego a su casa, su esposa fue víctima de una brutal golpiza inferida por policías, militares y civiles enviados por la empresa “Los Encinos”, el fuego consumió las pocas pertenencias que tenían, ambos gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La empresa lanzó una campaña contra la dirigencia de MILPA que cita: “los que mataron a Silvestre actuaron por orden de Felipe” reproducida por el alcalde Ventura y su grupo de “nacionalistas”.
El 1 de junio de 2015 el presidente del Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz (MILPA), Felipe Benítez, compareció ante las oficinas del Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía de las Etnias, para presentar denuncia en la que solicita que se investigue el asesinato del indígena Silvestre Manueles Gómez, vecino de la Comunidad de Gualinga en el Municipio de Santa Elena, quien apareciera brutalmente asesinado la primera semana del mes de mayo 2015 en las riberas del Río Chinacla.
Benítez responsabilizó los gobiernos nacionalistas por la represión en contra de las comunidades indígenas que desde el golpe de Estado aprobaron una avalancha de leyes que les afecta a las y los lencas autóctonos como la ley de minería, ley de hidroeléctricas, ley de protección a los territorios vegetales a la que le llaman “Monsanto” que es la privatización de la semilla.
La empresa con la que “la Dama de Azul” está dañando a las comunidades lencas se llama “Aurora” ubicada en San José del Aguacatal, la que sin consultarles se apoderan de los ríos, los expropia de sus territorios y les quita el líquido vital.
El dirigente calificó como delito la aprobación de concesiones mineras que hizo el legislativo debido al convenio 169, añadió que debieron hacer un mapeo para saber cuáles son los ríos que pertenecen a las comunidades indígenas Pech, Tolupanes, Garífunas, etc.
Por ejemplo en el Aguacatal la hidroeléctrica está construida a pesar de que existe un fallo en contra de un viceministro de la “SERNA”, le otorgaron medidas cautelares por haber dado un permiso ambiental para la construcción de dicha represa. Después aprobaron la represa de Santa Elena en el Río Chinacla ignorando a los consejos indígenas comunitarios.
Benítez informó que “ella trajo un cabildo abierto pagado en contubernio con el alcalde Ventura, tenemos los videos en donde trasladaron seis camiones de salvadoreños que votaron a favor de la hidroeléctrica, lo hicieron dentro de una iglesia católica de Santa Elena”.
Por las influencias políticas que tiene la empresa se ha criminalizado la protesta, la violación a los derechos humanos es latente a cada momento, los cuerpos represivos del Estado se están prestando para ir a sacar por la madrugada a golpes a las y los lencas de sus hogares, les queman sus casas, los persiguen, son procesados, los torturan y los matan.
Utilizan falsos positivos, a Rosalio Vásquez lo acusan del crimen contra un señor que fue asesinado en una cantina, empero que ya detuvieron al culpable. Vásquez se encuentra escondido porque tiene miedo que al entregarse lo metan a la cárcel sin un proceso justo, según Benítez su compañero de tribu es el presidente del Consejo Indígena de la zona y le estorba a “la Dama Azul” para consolidar sus perversos propósitos con el río Chinacla.
Las comunidades hicieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción la que “está durmiendo el sueño de los justos”, cuando van a preguntar no les dicen nada “los fiscales tienen miedo, porque como es un Estado corrupto” adujo el lenca.
El territorio de La Paz está siendo invadido por hidroeléctricas unas terminadas y otras con intenciones de construcción en Marcala, en el Coral de Piedra, en Yarula; además de 11 zonas concesionadas para efectos de minería.
Benítez ejemplificó el impacto ambiental con lo sucedido en el Valle de Siria que antes del desastre que ocasionaron las concesiones mineras tenían 22 caudalosos ríos y en la actualidad la población depende de tres ríos con aguas contaminadas.
“Juan Orlando no ha vendido a su madre porque le da vergüenza, más de 7 mil kilómetros los está vendiendo para minería a cielo abierto, nosotros, las comunidades lencas estamos listos para defender nuestros territorios, vamos a morir de pie y no de rodillas ante ese poder, porque nos están matando”, aseguró el dirigente tribal.
Mencionó algunas leyes que los mal llamados “padres de la patria” han aprobado como la ley “antiterrorista”, Benítez dijo que era para aplicársela a las personas que se atreven a luchar por sus derechos, agregó que “antes nos quitaron los valles de Comayagua y La Paz nos tiraron a los cerros, ahora que se dan cuenta que tenemos ríos y minerales, nos quieren sacar de allí”.
Por su parte, la coordinadora del COFADEH Bertha Oliva expresó que a inicios de enero visitaron las comunidades lencas de La Paz, se reunieron con MILPA y la Central de Trabajadores del Campo CNTC, les costaba creer lo que los denunciantes decían, porque los reportes de violencia reflejan que en ese departamento se registra “0 muertes” y que en general a nivel nacional las cifras de violencia disminuyó considerablemente.
Les tocó ver las expresiones de dolor de las y los lencas por los asesinatos de más de 20 de sus comunidades totalmente olvidados, ya que las mismas autoridades que deben garantizar su protección, los persiguen e incluso algunos casos de dirigentes se los quieren revertir para librar ordenes de captura, indicó la defensora.
“Las comunidades que hacen su trabajo de defender su pedazo de tierra no para hacerse ricos sino para comer, ellos enfrentan hasta la muerte, por eso con firmeza les digo que es necesario ir allá para que escuchen las voces de los familiares que sufren, nosotras ponemos en el debate público lo que viven las comunidades indígenas lencas por defender su territorio” retó Oliva.
La situación de las mujeres está en precariedad como es el caso de la esposa de Rosalio, ella está en estado de embarazo llevando a cuestas cuatro hijos más “su mujer está pariendo sin el acompañamiento de su marido”, su hogar fue destruido físicamente y hubo una separación de la familia, finalizó la defensora.
Hicieron un llamado a la comunidad internacional para proteger la vida de Rosalio Vásquez, su familia y compañeros de organización que enfrentan una serie de hostilidades judiciales y de terrorismo directo que podrían causar hechos de peores consecuencias en la zona.
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