La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), denunció esta semana la construcción de una represa hidroeléctrica en el caudaloso río Cuyamel, por atentar contra el derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad garífuna de Sambo Creek, en el departamento de Atlántida.
En 2005 y 2009 se dieron varios intentos de apropiarse de la cuenca del río Cuyamel, para la construcción de un acueducto y posteriormente una represa hidroeléctrica. Actualmente, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha autorizado la construcción de la hidroeléctrica con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica). Esta agencia puso a disposición más de 300 millones de lempiras para su construcción.
El río Cuyamel se encuentra en el área protegida de la cordillera Nombre de Dios y es la principal fuente de agua dulce que tienen más de 8 mil garífunas en la comunidad de Sambo Creek. De este río depende el consumo de agua potable y el riego de cultivos.
Según Ofraneh, las acciones emprendidas por el gobierno de utilizar y concesionar el río sin consultarle a la comunidad, es una violación al Convenio 169 de la OIT y a la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumentos jurídicos que consideran la consulta previa como un paso indispensable para uso de los bienes naturales de las comunidades.
Acciones de protesta
El pasado 28 de enero representantes de la Comunidad de Sambo Creek se movilizaron a Tegucigalpa, para protestar frente a las instalaciones de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) exigiendo el respeto a su autodeterminación.
En esta acción los garífunas denunciaron el papel que están desempeñando las autoridades de la municipalidad de La Ceiba, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quienes ya están realizando trabajos en el río bajo el argumento de que la represa solucionará la crisis energética que enfrente el litoral caribe.
Nahúm Lalin, coordinador de juventudes en Ofraneh, asegura que las protestas continuarán hasta detener la construcción y de no obtener resultados en el país, llevarán el caso hasta instancias internacionales.
Honduras un Estado violador de derechos
A finales del 2015 el Estado de Honduras fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida.
Honduras es responsable internacional por la violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el incumplimiento de delimitar y demarcar las aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993 es el primero en resaltar.
Esta sentencia ha marcado un precedente histórico que pone en discusión la forma en que el gobierno ha otorgado proyectos mineros e hidroeléctricos, así como turísticos o habitacionales en las comunidades sin consultar a las mismas violando el derecho internacional a la consulta previa, libre e informada.
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