El fiscal del Ministerio Público Vicente Reyes haciendo alarde de su autoridad, con prepotencia y sarcasmo irrespetó el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que se avocaron a su oficina para indagar sobre el asesinato de un líder indígena lenca ocurrido en aquel sector del país.
Reyes les dijo que los defensores de derechos humanos sólo llegan a interrumpir su labor y a obstaculizar los trabajos de investigación que él realiza.
En mayo de 2015 el fiscal Vicente Reyes estuvo encargado de realizar el levantamiento y reconocimiento del cuerpo sin vida del campesino Moisés Duron Sánchez (61), hecho ocurrido el 20 de mayo en la aldea San Juan, municipio de Ceguaca departamento de Santa Bárbara, cuando un grupo campesino realizaba la recuperación de unas tierras.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció y condenó el brutal asesinato de Moisés Durón Sánchez de la comunidad de Somolagua, San Juan, municipio de Ceguaca, departamento de Santa Bárbara, perpetrado por sicarios supuestamente vinculados a los hermanos Ríos (familia a la que se señala como invasora de tierras comunitarias) , en un hecho acontecido el 20 de mayo de 2015.
“El asesinato del compañero Moisés Durón, líder del COPINH en la comunidad de Somolagua, ocurre en el marco del proceso de recuperación de tierras, robadas a 25 familias de la comunidad por los hermanos Ríos (Florencio, Miguel, Saúl, Arsenio) en complicidad con el diputado en el Congreso Nacional Mario Pérez. El compañero Moisés Durón fue un importante dirigente campesino e indígena, miembro activo del COPINH en el departamento de Santa Bárbara y líder de la toma por la recuperación del territorio en Somolagua, iniciada el pasado 28 de abril”, señaló el comunicado emitido en aquella oportunidad por la organización indígena lenca.
Para conocer sobre los avances sobre las investigaciones de este hecho criminal, un equipo de defensoras y defensores del Cofadeh acudió el martes 27 de enero de al Ministerios Público de Santa Bárbara y al ser recibido por el fiscal Reyes, éste se sonrió sarcásticamente cuando el personal del Cofadeh se identificó como defensores de derechos humanos.
Cuando se le preguntó sobre el por qué del sarcasmo de su sonrisa, el fiscal señaló que solo llegábamos a interrumpirlo y a obstaculizar su trabajo, sin haber conocido previamente el objetivo de la visita de los defensores de derechos humanos.
El COFADEH cuenta con varias denuncias interpuestas ante el comité de parte de defensoras y defensores de derechos humanos que reportan el irrespeto y los malos tratos que les profieren autoridades policiales y militares, y en algunos casos, como el que se señala, hasta de fiscales y jueces.
La acción del fiscal Vicente Reyes es inaudita, puesto que refleja un total desconocimiento de las leyes y de la doctrina de derechos humanos y evidencia la ignorancia dentro de algunos operadores de justicia, que desconocen la labor de defensoría, pese a que el país cuenta con una Ley de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Pese a la actitud mostrada, el personal del Cofadeh le explicó al fiscal el objetivo de la visita, pero el funcionario en todo momento estuvo mal encarado y contestando de mala gana y con sarcasmos, las interrogantes que le hacían los defensores de derechos humanos del COFADEH.
En principio dijo desconocer el caso y luego, siempre con actitud prepotente y con malcriadeza, reconoció que él había participado en el levantamiento y reconocimiento del crimen del campesino indígena lenca.
Con voz exaltada expresó que “ese levantamiento lo fui hacer porque la fiscal que estaba de turno no lo quiso ir a hacer y me presté yo para irlo a hacer y el caso lo tiene el abogado Nery Betancour, no lo tengo yo”.
Seguidamente, siempre con su tono de malcriadeza, señaló que “no sé porque me señalan a mi”.
Se le explicó que en la documentación está que fue él el que hizo el levantamiento y que por aso se acudía a él y que además los familiares de la víctima han solicitado información del caso y que se les ha negado.
Con voz más alterada indicó que en el levantamiento fue amenazado por miembros del Copinh y que se lo dijeron de frente, nada llamadas por teléfono ni mensaje.
“Si no es un muchacho barbón que se mete, que no sé cómo se llama, que no tiene nombre de Juan, Pedro, Carlos, que no es común, me hubieran pelado”, denunció muy molesto el fiscal Reyes.
Seguidamente expresó “ustedes cada vez que vienen no tienen ningún respeto, más bien, al contrario, vienen a obstaculizar mis investigaciones y cada vez que unos los requiere solo son evasivas”.
El fiscal dijo en tono molesto que siempre han solicitado el apoyo de los defensores de derechos humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en Santa Bárbara y que éstos solo son evasivas cuando se les requiere.
Se le explicó que el Conadeh es una institución Estado y que COFADEH es una organización de derechos humanos de la sociedad civil, que tiene muchos años de realizar la defensoría de los derechos humanos, mucho antes que surgiera el Conadeh.
También se le hizo del conocimiento que Cofadeh ha realizado varios trabajos con la Fiscalía de los Derechos Humanos con sede en Tegucigalpa y que se han obtenido buenos resultados y que nunca han irrespetado al personal de la organización, tal como lo ha hecho él, que COFASDEH siempre han sido respetuoso en el intercambio de información.
Ya un poco calmado, debido a que sus compañeros lo interrumpían para preguntarle sobre otros casos, señaló que hace unos días se reunió con miembros del Copinh y que tenía entendido que ya se había presentado requerimiento fiscal en esa causa.
Indicó que los testigos que se señalaron no quisieron declarar y que además le estaban preguntando de un caso que no es de él, que es llevado por el fiscal Nery Betancourt.
El personal del COFADEH le expresó al fiscal Reyes que lamentaba su actitud prepotente y de malcriadeza, y que el objetivo es realizar un trabajo de defensoría de los derechos humanos y que si las autoridades lo hicieran bien, no tendríamos razón de existir.
Debido a esa actitud prepotente y de malcriadeza el fiscal brindó datos incorrectos al personal del COFADEH, al señalar que el hecho criminal había ocurrido en agosto de 2015, cuando en el acta de defunción está que el hecho fue el 20 de mayo de ese año.
Finalmente, siempre molesto y para no seguir atendiendo al personal del COFADEH les expresó que esperaran al abogado Nery Betancour para solicitarle información porque al fin y al cabo es el que llevaba el caso y que en esos momentos no estaba porque andaba en una audiencia y que no sabía a qué hora regresaría y que si no, se interpusiera un escrito solicitando la información requerida.
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