Por Ricardo Arturo Salgado
Más impunidad, muerte, persecución, solo eso.
Siguiendo con la técnica de la conmoción, la sociedad hondureña ha sido llevada a presenciar absorta el espectáculo de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que habrá de estar en funciones, cualquiera que estas sean, durante los próximos siete años.
Naturalmente, no es el futuro de la justicia el que está en juego; son los intereses de una clase dominante corrupta, podrida, incapaz de producir riqueza sin incurrir en los más diversos crímenes.
Ya la naturaleza misma del sistema aleja a las sociedades de la idea liberal de justicia. Si somos realistas, el derecho, y las instituciones destinadas a la justicia son instrumentos de represión de un grupo contra otro. Son el ámbito en el que se legítima la opresión, la explotación y el orden de cosas. Sin embargo, la teoría hasta aquí no considera la acelerada decadencia de la clase dominante, que en el transcurso de la reproducción de sus excedentes ha ido mezclándose más y más en aguas turbias de crimen e impunidad.
El proceso de selección de magistrados en Honduras es ya muy peculiar, pues implica una profunda investigación y evaluación de cada candidato. Esto se debe a que la sociedad presume, con mucho acierto, que los candidatos ni son honorables, ni son honestos, ni están preparados para impartir justicia. Es decir, el proceso parte completamente del supuesto de que está seleccionando entre delincuentes y busca la forma de convertirlos en institución, en poder del Estado.
Es relevante ver aquí que los partidos políticos juegan un papel importante pero instrumental, pues siempre imperan los intereses de una clase dominante, cuya cara es difícil determinar pero que está asociada a organismos tenebrosos. Es fácil establecer vínculos entre empresarios (muy probablemente los más grandes), la CIA, la DEA, los Carteles de la droga, el tráfico de armas y la trata de personas. Esta es, actores más actores menos, la constitución de la clase dominante que, como es obvio, es la mayor beneficiaria de la impunidad en el país.
Para el proceso de selección se nombra una junta nominadora de candidatos que remite una lista de “aspirantes” al Congreso Nacional, que es donde finalmente se consuma la legitimación. Esa junta nominadora está compuesta por representantes de varios sectores, todos cooptados por esa clase dominante. La careta democrática viene dada por la sociedad civil, los obreros organizados, el sector académico, la empresa privada, el Colegio de Abogados, los que funcionan bajo la egida no oficial de la embajada americana.
Esta vez, la junta nominadora consulto públicamente a la embajada de Estados Unidos sobre la condición moral e idoneidad de los candidatos, obteniendo como respuesta una lista de 24 personas que no eran bien vistas por los gringos. Parece un cuento de horror, en el que la soberanía no es más que una chabacanada que se invoca solo para agredir a nuestros hermanos (como cuando albergamos a la Contra nicaragüense). No debe olvidarse que los niveles de intromisión gringos son múltiples y profundos; la mayoría de la llamada sociedad civil es financiada por ONG norteamericanas, asociadas a la seguridad nacional de aquel país. Igualmente, los trabajadores organizados están corrompidos hasta la medula y sirven sin reserva a los dictados de los patrones.
Esta junta nominadora recibe unas doscientas postulaciones, y su tarea es reducir esa lista a 45 personas que en teoría son propuestas al pleno del Congreso Nacional. Sin embargo, en el trayecto, se conforma una planilla de 15 magistrados que es votada como una sola cosa; no se vota individualmente por cada postulante. Esa ha sido la forma convencional, aceptada como transparente por los políticos y pregonada como la mejor forma de obtener “gobernabilidad, estabilidad y paz”.
Este año, este patrón se ha visto alterado. La planilla de quince no alcanzo los dos tercios de los votos requeridos en este caso (llamada mayoría calificada y que significa 86 votos de 128). Esto llevo a una elección individual donde solo alcanzaron el número mágico 8 candidatos, quedando pendientes 7 para completar la nueva Corte Suprema de Justicia. Todo esto acontece como es usual, en medio de millonarias sumas, chantajes, sobornos, nuevos ricos, nada que tenga que ver con la justicia.
La oposición cuenta con 43 votos, lo que deja solamente 85 a quienes quieren imponer la lista de magistrados (los primeros ocho ya estaban en la lista rechazada). Sin embargo, la oposición no es homogénea, y dos de los partidos en ella siguen apostando a las herramientas del sistema. Por otro lado, está el partido LibRe, que inicio su gestión legislativa con 37 diputados en 2014, y a la fecha ya solo le quedan 29 (aun así es la segunda fuerza en el congreso). Los diputados tránsfugas se han ido después de jugosos acuerdos materiales con el régimen, al que ahora apoyan con todo descaro. Como se puede deducir la acción de la oposición no es capaz de detener la maquinaria de la clase dominante.
Ahora nos queda un poco de espacio para reflexionar (hacer análisis no significa hacer profecías) sobre las razones que han llevado a esta situación de descontrol aparente, en el que un actor clave, los Estados Unidos, ha estado profundamente involucrado, pero aún no se pronuncia por una salida. La primera posibilidad apunta a un desacuerdo a nivel de cúpula en la clase dominante que mantiene a los partidos políticos en posiciones estáticas. Esto podría estar provocado por la política de extradición que tiene ya en Estados Unidos a varios “ilustres” miembros de esos grupos de poder, así como disputas internas en los negocios ilegales (No hace mucho circulaban en medios independientes pruebas del involucramiento del Banco más antiguo del país en lavado de dinero del narcotráfico, banco que fue traído por la Standard Fruit Company).
La otra opción, es la posibilidad de un plan para generar inestabilidad y propiciar las condiciones para una escalada represiva, que permita al régimen (entiéndase esto como el conjunto de intereses que controlan el país) desembarazarse de lo que ellos entienden como focos de hostilidad. Aquí llama la atención como los medios de comunicación, y las redes sociales están inundadas de argumentos que responsabilizan al expresidente José Manuel Zelaya y el partido LibRe de estar liderando una conspiración para defenestrar al gobierno de Juan Orlando Hernández; en la trama, dicen estos argumentos, estaría implicado Salvador Nasralla y su partido PAC; Nasralla es un Ingeniero Industrial educado en el Chile de Pinochet, y que ha dedicado toda su vida a la televisión deportiva (con alguna modesta incursión en la academia).
Al momento en que escribo estas líneas, llegan a la ciudad capital buses llenos de personas pagadas por el régimen, procedentes de todo el país, bajo el argumento de que vienen a “defender al gobierno de un Golpe de Estado de Mel y Nasralla”. En todo esto no parecen haber cabos sueltos; se genera miedo, pánico, y un ambiente propicio para la represión, que pone en peligro las vidas de Zelaya y Nasralla, pero también de los diputados de sus partidos y muchas otras personas opuestas al régimen.
Es importante resaltar el hecho de que los golpes de estado no salen de hadas mágicas, que los producen espontáneamente. Acciones de ese tipo solo las puede hacer el que tiene el monopolio de la fuerza. Es ridículo el argumento de un Golpe contra un régimen sostenido por la fuerza, fraude electoral incluido, desde la asonada militar de 2009. Entonces vale la pena estar pendientes de la crisis que están generando, que bien puede traer varias consecuencias, incluso el continuismo, que no goza de la popularidad que requiere.
Para finalizar, el Partido LibRe ha mantenido una posición coherente, de negarse a participar votando por cualquiera de los candidatos, por considerar que todo el proceso es una burla, y la continuidad de todos los entuertos y crímenes cometidos hasta hoy. Recuerde el lector que el régimen Honduras, es el mismo que perpetro el Golpe de Estado Militar de junio de 2009, incluida la actual Corte Suprema de Justicia. Muchos de los personajes involucrados son culpables de crímenes contra la humanidad, y lo que hoy está consumando en la preservación misma de la infamia.
El proceso actual está tan torcido como la Constitución misma, que fue violada por primera vez apenas entró en vigor en 1982, y que como decía un connotado politiquero local (diputado y ministro) en los ochenta “para eso está la Constitución, para violarla”. La bestia liberada con el Golpe de Estado de 2009 sigue suelta, y todo lo que vemos son intentos vanos por maquillarla con algo de humanidad.
* Ricardo Arturo Salgado Bonilla es Secretario de Relaciones Internacionale, Partido Libertad y Refundación, LibRe - Skype: ricardo.salgadobonilla
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